Archive for October, 2026

« Al alcance »

October 11, 2026


Ricardo F. Morín
Guerrero en reposo
Linograbado
Aproximadamente 8¾″ de alto × 12″ de ancho
1975

Ya había oído aquellas palabras de Nightbirde:  «No puedes esperar a que la vida deje de ser difícil para decidir ser feliz».  Hoy me conmovieron con una intensidad que no recordaba de la primera vez.  ¿La había sentido entonces?  ¿Volvería a sentirla con igual fuerza?  No sabía responder a ninguna de las dos preguntas.  Sin embargo, deseaba conservar aquellas palabras en algún lugar donde pudiera encontrarlas de nuevo. (parade.com)

Una frase puede perdurar en la memoria mientras se vuelve difícil recobrar el sentimiento que despertó.  Puedo repetir sus palabras, comprender su sentido, y reconocer su verdad.  Que puedan sostenerme cuando las necesite es otra cuestión.  El deseo de conservarlas nace, en parte, de esa incertidumbre.  Algo me ha conmovido, y quisiera poder volver a ello.

Esas palabras sitúan la felicidad en el presente, donde tanto sigue sin resolverse.  Si hago depender la felicidad del alivio de todas mis dificultades, la dejo a merced de circunstancias cuyo curso no puedo determinar.  Siempre habrá razones para esperar.  Incluso la expectativa de una mejoría puede absorber la atención que me permitiría disfrutar de algo ahora.

Sin embargo, la palabra «decidir» me hace detenerme.  Sé cuán escaso puede ser el dominio de una persona sobre lo que es capaz de sentir.  El sufrimiento puede agotar la capacidad misma de disfrutar.  Una frase que hoy me sostiene no permite establecer qué debería haber podido sentir ayer, ni qué debería sentir otra persona bajo el peso de una vida distinta.  Es en este encuentro donde esas palabras adquieren su fuerza.

Quizá por eso dudo en llamar resiliencia a lo ocurrido.  El término sugiere una capacidad que podría poseer y a la que podría recurrir de nuevo.  Lo que viví no ofrece semejante certeza.  Oí unas palabras conocidas y sentí de inmediato la posibilidad de ser feliz.  Deseo que esa posibilidad me acompañe, incluso en los momentos en que me cueste reconocerla.

Al escribir estas líneas, conservo algo de lo vivido.  Dejo constancia de que aquellas palabras volvieron a conmoverme, de que aún podían hacerlo con una intensidad que no había previsto.  Una lectura posterior quizá me revele algo más sereno, o algo que ahora no puedo anticipar.  Quisiera dejar lugar también para ello.

¿Volveré a sentirlo con igual fuerza?  Sigo sin saberlo.  Espero encontrar esas palabras cuando las busque, y conservar la capacidad de recibir lo que entonces puedan ofrecerme.

Ricardo F. Morín

7 de octubre de 2026

Bala Cynwyd, Pensilvania


« El Otro »

October 10, 2026
Ricardo F. Morín
Serie Triangulación Nº 7
37″ x 60″ x 2″
Óleo sobre lino
2006

Un hombre de edad avanzada está de pie junto a su equipaje, cerca del borde de una acera ancha, en una parada de autobús.  Otro hombre, más joven, repara en él desde lejos y se aproxima con una mirada fija que el mayor percibe como calculadora y resuelta.  Hay espacio para pasar.  El joven, sin embargo, se desvía y golpea al hombre mayor con fuerza suficiente para desplazarlo del lugar que ocupa; luego sigue andando sin dar explicaciones ni disculparse.  No hay discusión previa y el golpe no causa lesiones graves.

La mirada y el cambio de rumbo hacen pensar en un golpe deliberado, pero apenas permiten entrever qué lo ha motivado.  Cabe imaginar desprecio, irritación, resentimiento o el deseo de imponerse a alguien.  Que una de esas hipótesis permita comprender el acto no basta para darla por cierta.  Se puede seguir la atención del joven hasta el momento del golpe; no se puede precisar con igual certeza el motivo de su conducta.

Antes de golpearlo, el joven había reparado en el hombre mayor.  Lo que percibió bastó para dirigir sus pasos hacia él; advertir la presencia de alguien, sin embargo, no permite saber hasta qué punto se lo reconoce como persona.  La atención puede fijarse con precisión en el destinatario de un acto y permanecer indiferente a la vida en la que ese acto irrumpe.

Normalmente, se pasa junto a un desconocido sin exigirle que justifique su presencia.  El hombre que espera junto a su equipaje no necesita explicar adónde va ni por qué se ha detenido allí.  No hace falta conocer casi nada de él para tener la consideración elemental de pasar sin tocarlo.

Alguien que en otras circunstancias guardaría esa consideración puede negársela a una persona de la que espera poca resistencia o ante la que cree no tener que responder por sus actos.  La contención se debilita de manera selectiva y la vulnerabilidad ajena puede ofrecer una ocasión para actuar.  No se sabe si la edad del hombre mayor o una expectativa de impunidad influyeron en la elección del joven.  Aun si se confirmara el resentimiento, quedaría por saber por qué se dirigió precisamente contra ese desconocido.

Al joven le bastaba con pasar.  Quienes tienen a su cargo la protección de una población pueden verse ante situaciones en las que no atajar un peligro exponga a otros a nuevos daños.  Puede ser necesario que recurran a la fuerza, y quienes aguardan su decisión pueden tener razones apremiantes para exigirlo.

Un gobierno que defiende su territorio, otro que invade un país ajeno y otro que actúa frente a un peligro que prevé no se hallan en las mismas circunstancias ni les corresponde la misma responsabilidad.  El sufrimiento que sobreviene no borra la responsabilidad por el origen de una guerra.  Tampoco esa responsabilidad decide por sí sola cómo deben juzgarse las acciones posteriores.

Antes de decidir cómo proseguir, los responsables deben examinar qué peligro subsiste, qué ha cambiado y qué podría lograrse con una nueva acción.  Las personas que siguen expuestas a ataques pueden necesitar defensa mucho después del daño inicial, mientras que una operación breve puede infligir daños para los que nunca existió justificación suficiente.  Ni la duración de una guerra ni la magnitud de las pérdidas ya sufridas bastan para determinar lo que deba hacerse a continuación.

Quienes han sufrido un ataque pueden, sin embargo, seguir teniendo más presente el daño inicial que los cambios que se producen mientras se decide cómo responder y se actúa.  Un peligro remite, se alcanza un objetivo o una nueva acción introduce riesgos que antes no existían, mientras lo ocurrido sigue reclamando una respuesta.  Cuando se le pregunta qué lograría otro ataque, un dirigente puede invocar las pérdidas ya sufridas.  La contestación puede ser del todo sincera y, aun así, dejar la pregunta sin responder.

En el duelo puede perdurar una fidelidad a los muertos que ningún cambio de circunstancias alcanza a satisfacer.  La acción política, sin embargo, se desarrolla entre los vivos.  La exigencia de responder a una pérdida puede persistir cuando una acción concreta ya no cumple el propósito protector que llevó a emprenderla.  Reconsiderar lo que se hace puede entonces vivirse como una deslealtad, aun cuando sea necesario para seguir protegiendo.

Quienes ejercen la fuerza pueden, entretanto, identificar a las personas expuestas a ella sobre todo por el lugar donde viven o por sus vínculos con otras personas.  Pueden incluir en un mismo ámbito de actuación a quien dirigió un ataque, a quien lo apoyó y a quien simplemente vivía donde se originó, aunque no les corresponda la misma responsabilidad.  Nadie necesita negar que cada uno tiene una historia o es capaz de sufrir.  Es posible reconocer esos hechos y luego descartarlos por irrelevantes para lo que se va a hacer.

Desde la distancia, quienes dirigen una operación quizá sólo conozcan a las personas expuestas a ella por las reuniones informativas, las labores de vigilancia, los partes de bajas y las observaciones transmitidas a través de la cadena de mando.  Esos medios pueden revelar lo que no está al alcance de la observación directa de quienes deciden.  Un informe puede dar a conocer a alguien alejado del peligro lo que quienes están expuestos a él no tienen medios para comunicarle por sí mismos.  Los propios procedimientos con que se adopta la decisión pueden acortar la distancia entre unos y otros.

Sin embargo, los informes pueden seguir llegando cuando ya no se admite revisar la decisión de continuar.  Alguien puede registrar una pérdida con exactitud y, aun así, verla únicamente como un dato que debe anotarse antes de emitir la siguiente autorización.  Las personas afectadas siguen figurando en los registros, pero se impide que cuanto se sabe de ellas influya en la decisión de proseguir.  La información ha llegado; los fundamentos de la actuación han quedado a resguardo de ella.

Alguien a quien se ha confiado la seguridad de otros puede causar daño conscientemente y creer que, de no actuar, el daño sería mayor.  El conflicto puede ser real y no resolverse por el mero hecho de conocer mejor las consecuencias.  Pero cuando quienes actúan se convencen de que su responsabilidad justifica por sí sola su actuación, pueden considerar a quienes sufrirán el daño sólo como un coste ya aceptado.  Quienes cuestionan ese daño pueden entonces ser tratados como si se opusieran a la protección misma.

Un funcionario puede disponer de autoridad para ordenar una acción y de medios para ejecutarla, mientras quienes sufrirán sus consecuencias apenas pueden cuestionar la primera o contrarrestar los segundos.  Puede imponer su decisión sin dar cuenta de lo que les debe.  La cuestión de la justicia subsiste, aun cuando actúe con la intención sincera de proteger a otros.

El hombre mayor estaba lo bastante cerca para que el joven pudiera dirigirse hacia él deliberadamente.  Una población lejana puede describirse hasta el último detalle.  Ni la proximidad ni la información revelan por sí solas qué lugar ocupa la presencia del otro en una decisión.  La atención puede limitarse a lo que facilita el acto; también es posible ejecutarlo sin perder la conciencia clara del sufrimiento que causará.  El fallo puede darse en la propia atención.

Una persona puede comprender un daño, condenar que se cause y, sin embargo, consentir otro semejante contra alguien a quien se ha dejado al margen de la protección de ese juicio.  Lo comprendido permanece intacto, pero se restringe su alcance.  Dar cuenta de los temores, agravios o convicciones de esa persona puede hacer más inteligible su conducta sin esclarecer cómo concilia lo que hace con lo que condena.

El joven sigue su camino sin dar explicaciones.  No saber por qué actuó así deja una pregunta acerca de él, pero no borra la fuerza que ejerció.  Con más información quizá se comprendería mejor qué lo impulsó, pero le debía al hombre mayor la contención elemental que le habría permitido permanecer donde estaba.

El otro sigue siendo alguien cuya vida excede los términos en que se lo ha considerado.  El agravio, la amenaza, el procedimiento y la necesidad pueden limitar lo que se acepta tener en cuenta de esa persona.  No se la conoce por entero.  Sin embargo, quizá se haya decidido ya actuar como si nada más de ella pudiera importar.

Ricardo F. Morín
6 de octubre de 2026
Bala Cynwyd, Pensilvania

Nota del autor:
Las condiciones aquí descritas ya se examinaron en « La gramática del conflicto », a partir de la estructura del lenguaje y no de encuentros concretos.

« Mediación »

October 9, 2026

Ricardo F. Morín
Sin título, 2005
Carboncillo y tinta
24 × 18 pulgadas

Los desarrolladores, los gobiernos y las personas afectadas por la inteligencia artificial atribuyen distinta significación a un mismo logro técnico.  Un desarrollador que persigue una ventaja comercial puede considerar un avance como fundamento de un derecho de propiedad.  Un gobierno interesado en el predominio estratégico puede considerarlo un instrumento de poder nacional.  Quienes están expuestos a sus consecuencias pueden juzgarlo por sus efectos sobre el empleo, la educación, la comunicación o el juicio público.  Cada perspectiva depende de relaciones que el logro, por sí solo, no revela.

Estas relaciones intervienen en el propio desarrollo.  Los inversores influyen en la selección de los problemas que reciben atención.  Los propietarios determinan quién puede utilizar una capacidad y en qué condiciones.  Los gobiernos establecen autorizaciones, restricciones e incentivos.  La tecnología de la que dispone un usuario incorpora decisiones cuyos propósitos no tienen por qué resultar evidentes en su funcionamiento.

Una respuesta aparece en una pantalla.  Su fluidez puede inducir al usuario a aceptarla como suficiente para comprender.  Sin embargo, la respuesta, por sí sola, no revela cómo entrenaron los desarrolladores el sistema, qué fuentes contribuyeron a su elaboración, qué restricciones rigen el contenido generado ni cómo disponen los desarrolladores su presentación para inspirar confianza.  El usuario puede encontrar útil la respuesta sin conocer todas estas condiciones.  Esa utilidad no acredita la adecuación de la respuesta.

La mediación designa esta dependencia:  la comprensión descansa en relaciones que la atención a su objeto inmediato no revela necesariamente.  La respuesta ocupa la atención del usuario.  Las condiciones que sustentan su producción, presentación y aceptación permanecen solo parcialmente a la vista.

Las interpretaciones públicas de la inteligencia artificial presentan una dependencia comparable.  Las interpretaciones comerciales identifican la innovación mediante la inversión, la demanda y la rentabilidad.  Las estratégicas identifican la capacidad tecnológica mediante la ventaja sobre los competidores.  Las centradas en la seguridad identifican los usos mediante los peligros que introducen o previenen.  Cada interpretación dirige la atención hacia relaciones pertinentes para su propósito.  Cada una deja cuestiones que el propósito rector no permite responder adecuadamente.

Estas interpretaciones también orientan las decisiones.  Una institución que mide los logros por su rentabilidad comercial tiene motivos para favorecer las aplicaciones por las que los clientes están dispuestos a pagar.  Un gobierno que mide los logros por su ventaja estratégica tiene motivos para favorecer las capacidades que fortalecen su posición.  Los criterios mediante los cuales una institución reconoce el valor inciden, por tanto, en los fines que autoriza y en los recursos que asigna.  Aquello que queda fuera de esos criterios puede carecer de peso efectivo en sus decisiones.

Quienes determinan los criterios de reconocimiento pueden influir en qué necesidades cuentan como razones para actuar.  Su autoridad no se deriva de que su interpretación sea completa.  Puede descansar en la propiedad, los recursos financieros, las potestades legales o el control de las infraestructuras.  Una interpretación puede regir el desarrollo sin someter a examen buena parte de su significación social.

El Plan de Acción de Estados Unidos para la Inteligencia Artificial, de 2025, presenta expresamente el desarrollo como una carrera por el dominio mundial y vincula el liderazgo tecnológico con la ventaja económica y militar.  El Pacto Digital Global de las Naciones Unidas sitúa la gobernanza internacional en el marco de un compromiso con el beneficio público y la participación inclusiva.  El primero establece actuaciones para los organismos federales; el segundo recoge compromisos entre los Estados participantes.  Los propósitos expresados en estos documentos se llevan a efecto por medios institucionales distintos.  Su coexistencia no establece una autoridad común que dirima el conflicto entre sus exigencias.  [1]

El éxito comercial acredita que un producto suscita un gasto.  No acredita cómo se distribuyen sus beneficios y sus cargas.  El predominio nacional acredita una ventaja respecto de otras potencias.  No acredita que esa ventaja mejore las circunstancias de quienes están sujetos a sus consecuencias.  La protección frente a usos malintencionados atiende una preocupación ineludible.  Los usos autorizados también pueden reducir la capacidad de las personas para comprender, cuestionar o influir en las decisiones que las afectan.

Las capacidades en desarrollo permiten, sin embargo, logros de considerable valor para la humanidad.  Los investigadores pueden incorporar capacidades concretas a etapas sucesivas de la investigación y utilizarlas para examinar relaciones complejas, formular hipótesis y contribuir al diseño de invenciones.  Aplicaciones específicas pueden propiciar avances en medicina, en el estudio de los materiales o en otros campos relacionados con el bienestar humano.  El valor de un logro depende de lo que permite hacer a las personas y de las consecuencias de su uso.  La propiedad comercial o el patrocinio estratégico no agotan ese valor.

La misma capacidad de asistir a la investigación introduce incertidumbre cuando las instituciones delegan decisiones y actuaciones en los sistemas.  Los desarrolladores y los usuarios pueden permitir que un sistema seleccione medios, inicie operaciones o actúe sobre otros sistemas con una intervención limitada.  Sus efectos dependen entonces del alcance de esa autorización, de las condiciones que rigen su funcionamiento y de la capacidad de los responsables para examinar o interrumpir sus actuaciones.

En estas circunstancias, la capacidad de acción no necesita asemejarse a la intención humana para ejercer poder sobre los asuntos humanos.  Un sistema puede influir en la conducta mediante recomendaciones que las instituciones aceptan habitualmente, clasificaciones de las que depende el acceso u operaciones realizadas en virtud de una autoridad delegada.  La incertidumbre concierne a la interacción entre sus actuaciones y circunstancias que sus diseñadores y usuarios no pueden prever por completo, así como a la eficacia con que los seres humanos pueden conservar el control de esas interacciones.

El sistema también puede influir en las relaciones mediante las cuales las personas comprenden y autorizan su uso.  Si una institución se apoya en él para establecer prioridades, valorar pruebas o evaluar resultados, la información que genera orienta las decisiones sobre delegaciones posteriores.  La autoridad que los seres humanos conceden inicialmente puede, por tanto, sustentar operaciones que configuran los fundamentos de nuevas concesiones de autoridad.  El recurso de la institución al sistema rebasa la ejecución de una tarea y alcanza el juicio sobre qué tareas merecen realizarse y bajo la dirección de quién.

Los beneficios graduales y la incertidumbre acerca de la capacidad de acción pueden coexistir en una misma configuración institucional.  Una invención puede mejorar el bienestar humano y, al mismo tiempo, aumentar el recurso continuado a sistemas que las personas afectadas no pueden examinar ni impugnar fácilmente.  Ese recurso continuado puede obedecer al coste, a las infraestructuras, a las restricciones contractuales o a la ausencia de alternativas viables.  Una comprensión limitada puede dificultar el examen de esa configuración sin constituir la única causa de ese recurso a los sistemas.  El logro conserva su valor.  Ese valor no explica suficientemente el vínculo de uso continuado que la invención establece con esos sistemas.

La mejora de la sociedad depende, por consiguiente, de algo más que las intenciones de quienes dirigen el desarrollo.  Si esas instituciones conservan la autoridad exclusiva para definir la mejora, sus criterios determinan qué consecuencias reciben reconocimiento.  Un aumento de la productividad puede ir acompañado de una menor estabilidad del empleo.  Un mayor acceso a la información puede ir acompañado de un mayor recurso a un número reducido de proveedores.  La ampliación de las capacidades puede dejar a las personas afectadas con menos medios para impugnar su aplicación.

Quién recibe el beneficio, quién soporta la carga y quién posee la autoridad para decidir son cuestiones distintas.  Una evaluación circunscrita a la mejora global puede ocultar las diferencias en las que descansa su juicio.

El alcance mundial de la inteligencia artificial extiende esas diferencias a distintas sociedades.  La disponibilidad mundial no acredita una participación mundial en la determinación de sus propósitos.  Una comunidad puede recibir un sistema sin disponer de los recursos necesarios para adaptarlo a su lengua, examinar sus limitaciones o impugnar sus condiciones de uso.  Los proveedores amplían el acceso mientras conservan el control de las condiciones de participación.  La tecnología sirve a una población más extensa sin una distribución correspondiente de la autoridad sobre su desarrollo.

Tampoco la invocación del bien común resuelve qué propósitos deben regir.  Los juicios sobre el bien común dependen de las circunstancias de quiénes reciben atención, qué consecuencias tienen peso y qué formas de recurso a los sistemas están dispuestas las personas a aceptar.  Las instituciones pueden afirmar un beneficio universal y excluir, a la vez, a las comunidades afectadas de esos juicios.

La competencia técnica, los recursos financieros, la autoridad política, la seguridad y las necesidades sociales sustentan, cada uno, exigencias respecto del desarrollo.  Ninguno ofrece una explicación suficiente del conjunto.  La desigual fuerza institucional que respalda esas exigencias incide en cuáles prevalecen, cuáles permanecen sujetas a negociación y cuáles carecen de medios efectivos de expresión.

Cuando las instituciones consideran suficiente un solo criterio, sus juicios sustituyen las relaciones que lo sustentan por una medida parcial.  Los agentes comerciales identifican la expansión con el progreso.  Los gobiernos identifican el predominio con la protección.  Las autoridades responsables de la seguridad identifican la prevención de usos prohibidos con la seguridad.  Los proveedores identifican la disponibilidad con la participación.  Cada identificación deja fuera de la interpretación que justifica la empresa las dependencias que intervienen en ella.

La respuesta en la pantalla ofrece al usuario algo inmediatamente disponible para el juicio.  Su utilidad puede ser real.  Su fluidez no revela quién determinó sus condiciones, qué autoridad sustenta su uso ni cómo el recurso a ella influye en los juicios posteriores.  Las capacidades emergentes de la inteligencia artificial amplían las consecuencias de esas relaciones.  Quienes delegan autoridad en los sistemas necesitan conocer las condiciones que los rigen y disponer de potestades para denegar, limitar o revocar esa delegación.  Quienes sufren sus efectos sin haber participado en la delegación se encuentran en una relación distinta:  su capacidad para impugnar sus consecuencias depende del acceso a los fundamentos de las decisiones y de medios institucionales para exigir que las autoridades delegantes rindan cuentas.

Ricardo F. Morín

5 de Octubre, 2026

Bala Cynwyd, Pensilvania

[1] Casa Blanca, America’s AI Action Plan, julio de 2025:  
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2025/07/Americas-AI-Action-Plan.pdf

Naciones Unidas, Pacto Digital Global, anexo I del Pacto para el Futuro, 2024:  
https://www.un.org/pact-for-the-future/en/annex-i-global-digital-compact

« La mistificación de la monotonía »

October 8, 2026


Ricardo Morín, Luchadores, 2026.  Imagen generada por ordenador a partir de la escultura original en arcilla del artista, realizada en 1975.  12 × 9 pulgadas, sin incluir el pedestal ovalado.

El Cybertruck hace especialmente patente su constitución material.  En el perfil lateral, la línea del parabrisas asciende hasta un vértice pronunciado del techo, desde el cual el contorno superior desciende hacia la zaga.  Bajo ese perfil anguloso se extienden amplios planos de acero inoxidable, interrumpidos por los oscuros pasos de rueda y las juntas entre paneles.  Los reflejos cambian bruscamente en los pliegues; sobre las superficies mayores se extienden con escasa modulación de la curvatura.  Las ruedas circulares introducen una geometría distinta, pero la impresión dominante de la carrocería sigue siendo la reiteración de superficies planas y transiciones abruptas.  Su singularidad concentra la atención en unos pocos rasgos insistentemente repetidos.

El informe de Tesla sobre el cuarto trimestre y el conjunto del ejercicio de 2024, publicado el 29 de enero de 2025, describe la contribución del acero a la rigidez estructural y el procedimiento de plegado desarrollado para fabricar el revestimiento exterior.  Se trata de logros de ingeniería con fines que pueden precisarse.  [1]  Su importancia técnica deja sin resolver la relación perceptiva entre las superficies.  La mirada encuentra planos extensos y límites acentuados; una explicación de la resistencia del material no añade diferenciación a esas superficies.  Conocer su fabricación puede orientar la atención sin determinar la calidad de la experiencia.  Las razones que explican la producción de una forma no pueden sustituir la experiencia de percibirla.

El abandono de una convención adquiere significación estética por aquello que permite percibir.  En su explicación de la ruptura cubista de la representación, el Museo Reina Sofía describe la geometrización de las formas, la multiplicidad de puntos de vista y la transformación de la profundidad pictórica.  [2]  Esas operaciones alteraron las relaciones visibles mediante las cuales podía aprehenderse un motivo.  El reconocimiento persistía, mientras los medios que lo hacían posible perdían estabilidad.  La experiencia exigía renovar la atención a la representación y la percepción de los objetos.  La angulosidad participaba en esa transformación; por sí sola no la constituía.

El Arte Povera también atribuyó una función artística específica a materiales ajenos a las convenciones.  En la presentación de su exposición dedicada a Luciano Fabro, el Museo Reina Sofía vincula el empleo de materiales sencillos y cotidianos con una práctica escultórica crítica de la industrialización y la sociedad de consumo.  [3]  La pobreza de esos materiales concernía a su posición dentro de las jerarquías artísticas; no demostraba una ausencia de sensibilidad.  La relación económica cambia cuando una superficie industrial expuesta se convierte en un atributo distintivo que hace deseable un producto manufacturado.  La semejanza entre materiales no preserva los fines para los que se emplean.  La apariencia de una ruptura artística puede convertirse en un rasgo reconocible, separado del descubrimiento perceptivo que dio significación a esa ruptura.

La monotonía puede, por tanto, coexistir con lo llamativo.  Un objeto puede distinguirse marcadamente de su entorno y ofrecer escasas variaciones dentro del gesto formal que lo domina.  La escala, el brillo y la extrañeza pueden atraer de inmediato la atención sin sostener una experiencia de semejante riqueza perceptiva.  Las referencias elaboradas pueden imponer una limitación análoga cuando reconocerlas agota lo que ofrecen.  La impresión inicial promete una experiencia que la atención prolongada apenas encuentra ocasión de desarrollar.

La monotonía mistificada aparece cuando la promesa adquiere mayor autoridad que la experiencia.  El material expuesto pasa a acreditar autenticidad; la diferencia ostensible, innovación; la referencia histórica, profundidad cultural.  Cada uno de esos atributos puede contribuir al logro de una obra.  La sustitución se produce cuando reconocer el atributo se acepta como prueba suficiente de ese logro.  El gusto se aproxima a su propia antítesis cuando la identificación de signos de prestigio desplaza el ejercicio del discernimiento.

El lenguaje que confiere autoridad a esos atributos puede reproducir la misma condición.  Una formulación preliminar de este argumento atribuyó la apariencia del Cybertruck a un planteamiento matemático erróneo.  Esa formulación daba a un juicio estético la aparente precisión de un dictamen técnico.  Sin embargo, no identificaba un cálculo incorrecto ni una relación geométrica cuya rectificación permitiera establecer la calidad perceptiva de la forma.  Su certeza suplía lo que sus términos dejaban sin examinar.  El reconocimiento de la autoridad de las matemáticas puede obtener asentimiento antes de que el lector se pregunte qué se ha demostrado.

La sustitución adquiere consecuencias cuando un juicio de esa índole circula desligado de sus fundamentos.  La imputación de un planteamiento matemático erróneo puede extraerse y repetirse sin perder su apariencia de explicación.  Un examen de la proporción, la superficie, la escala y las transiciones exige que las relaciones consideradas permanezcan al alcance del escrutinio.  Allí donde la atención adquiere valor comercial, la brevedad y la aparente suficiencia de la afirmación pueden constituir ventajas:  ofrecen una conclusión reconocible y transmisible con escaso contexto.  La misma condensación que facilita su circulación puede ocultar el trabajo que el juicio ha omitido.

La firmeza sigue siendo compatible con el discernimiento cuando el alcance de lo afirmado encuentra respaldo en aquello que el lector puede examinar.  La demostración da sustancia al énfasis.  La sustitución se produce cuando se acepta la contundencia de la frase en lugar de ese trabajo.  Tanto en el lenguaje como en los objetos, el signo de un logro puede circular con mayor facilidad que las relaciones que permitirían acreditarlo.

La arquitectura da a esta sustitución un ámbito físico que envuelve la vida cotidiana.  Una estética de Disneyland aparece allí donde los símbolos históricos y culturales se simplifican hasta convertirse en efectos inmediatamente reconocibles.  Fachadas pintorescas, motivos ornamentales tomados de otros contextos y secuencias teatrales convocan la imaginación mediante asociaciones ya seleccionadas y dispuestas para el consumo.  La historia proporciona ambientación; la diferencia cultural, variedad decorativa.  Las circunstancias que dieron significación a las formas prestadas retroceden ante las impresiones que se les hace producir.

La propia invitación a imaginar se convierte en mercancía.  La participación se encauza hacia la identificación de la alusión, la recepción del estado de ánimo prometido y el tránsito a la impresión siguiente.  Las tensiones, las ambigüedades y la experiencia acumulada mediante las cuales un símbolo adquiere profundidad se convierten en obstáculos para su comprensión inmediata.  Suprimirlas facilita ofrecer y repetir la experiencia.  Fachadas distintas prometen mundos diferentes mientras reproducen una misma relación abreviada con aquello que evocan.  La abundancia simbólica oculta la pobreza de esa relación, y la sucesión de efectos distrae de lo poco que queda por descubrir más allá de ellos.

La complejidad matemática puede sostener la misma condición mediante otro vocabulario visual.  Una geometría elaborada ofrece un signo inmediatamente reconocible de distinción técnica, del mismo modo que una fachada pintoresca ofrece un signo de continuidad histórica.  Ninguno permite establecer cómo los accesos, los umbrales, la luz natural, la acústica y los lugares de reunión favorecen la vida que transcurre en un edificio.  Cuando la imagen se convierte en la principal medida del logro, la experiencia continuada de habitar queda subordinada a una impresión concebida para ser reconocida.  El historicismo teatral y el espectáculo geométrico pueden así coincidir en su tratamiento del habitante como receptor de un efecto.

En la Viena de finales del siglo XIX y comienzos del XX, la búsqueda de una arquitectura acorde con la vida contemporánea llevó a reconsiderar el empleo de los estilos históricos, la función del ornamento y la organización de los espacios habitables.  Las distintas respuestas a esas cuestiones muestran cómo la sensibilidad podía ejercerse tanto mediante la ornamentación como mediante la contención.  La historia arquitectónica de la Secesión de Viena documenta cómo Joseph Maria Olbrich coordinó volúmenes geométricos, ornamentación simbólica y espacios expositivos en su edificio.  El uso continuado de esos espacios por la institución también demuestra su capacidad para acoger una actividad artística cambiante.  [4]  Adolf Loos exploró otra relación entre la contención y la experiencia.  La documentación de la exposición Adolf Loos.  Espacios privados, del Museu del Disseny de Barcelona, describe interiores en los que el mármol convive con tejidos y esteras, concebidos para proporcionar comodidad y recibir las vivencias del habitante.  Su oposición a la ornamentación coexistía con la atención a la intimidad y al uso.  [5]  Por ello, ni el ornamento ni su supresión bastan para distinguir la sensibilidad del empobrecimiento.  La distinción se manifiesta en las relaciones que una obra sostiene entre sus materiales, sus espacios y quienes la perciben y la habitan.

Los recursos que permiten dar presencia física a esas relaciones tienen consecuencias.  La historia del edificio de la Secesión registra que la ciudad de Viena aportó el terreno y que varios mecenas, entre ellos el industrial Karl Wittgenstein, contribuyeron a financiar la construcción.  Los ingresos de la exposición inaugural de la asociación cubrieron el resto.  [4]  Su ruptura institucional dependió de acuerdos que permitieron dar existencia material a una alternativa.  La imaginación que concibe un entorno diferente debe procurarse acceso a los medios necesarios para realizarlo.

Esos medios siguen distribuidos de manera profundamente desigual.  El Informe sobre la Desigualdad Global 2026 estima que la décima parte más rica de la población mundial posee tres cuartas partes de la riqueza, mientras que la mitad más pobre posee el dos por ciento.  [6]  Estas cifras no establecen por sí mismas una consecuencia estética.  Su pertinencia reside en la desigualdad de los recursos disponibles para encargar edificios, disponer de locales, mantener talleres y sostener una obra cuyo valor puede tardar en reconocerse.  La capacidad de imaginar otro entorno y la capacidad de hacerlo existir se distribuyen de manera diferente.

La difusión de nuevas herramientas de creación tampoco garantiza la estabilidad de quienes las emplean.  En su presentación del informe de la UNESCO de 2026, Re|pensar las políticas para la creatividad, Laetitia Kaci señala que la rápida expansión de esas herramientas viene acompañada de amenazas a los ingresos y los derechos de los creadores.  [7]  La singularidad individual puede alcanzar gran visibilidad mientras siguen siendo frágiles los medios que permiten sostener una práctica independiente.  La circulación de una imagen, una declaración o una apariencia ajena a las convenciones les da visibilidad; los recursos necesarios para desarrollar y mantener la práctica que las sustenta constituyen una cuestión distinta.

La indumentaria, las posesiones y el entorno privado ofrecen ámbitos inmediatos de elección.  Esas elecciones pueden preservar y desarrollar la sensibilidad, pero su disponibilidad no confiere una influencia comparable sobre los espacios que quedan fuera de ellas.  Allí donde la individualidad encuentra su expresión más accesible en distinciones que pueden adquirirse, el mercado puede dar cabida al descontento sin ceder el control de las condiciones que lo suscitan.  La capacidad de elegir entre los signos de diferencia disponibles puede ampliarse mientras permanece restringida la capacidad de determinar las condiciones compartidas.

La actividad contracultural persiste en esa distancia.  Su existencia demuestra que la sensibilidad no ha desaparecido.  Su visibilidad no permite establecer que hayan concurrido los recursos, las instituciones y la continuidad colectiva necesarios para una transformación de mayor alcance.  El descontento, la invención creadora y el poder de alterar las condiciones compartidas siguen siendo realidades distintas.  La distancia entre ellas da sustancia a la incertidumbre del presente. [8]

Notas

[1] Tesla.  Q4 and FY 2024 Update, 29 de enero de 2025, p.  15 de la numeración impresa, apartado Cybertruck:  Advancements in Vehicle Technology and Architecture.  Se conserva la fuente original en inglés:  no se ha localizado una versión española que permita comprobar los dos datos citados.
https://ir.tesla.com/_flysystem/s3/sec/000162828025002993/tsla-20250129-gen.pdf

[2] Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.  La irrupción del siglo XX, apartado La explosión de la representación.  Fuente en español que sustituye la referencia al Museo Metropolitano de Arte.
https://recursos.museoreinasofia.es/Publicaciones/la_irrupcion_del_siglo_xx.pdf

[3] Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.  Luciano Fabro, presentación de la exposición celebrada entre el 27 de noviembre de 2014 y el 4 de abril de 2015.  Fuente en español que sustituye la referencia al MoMA.
https://www.museoreinasofia.es/exposicion/luciano-fabro/

[4] Secesión de Viena.  Building, apartados sobre arquitectura e historia del edificio.  Se conserva la fuente original en inglés, que documenta la aportación municipal del terreno, el mecenazgo y los ingresos de la exposición inaugural.
https://secession.at/building

Como complemento en español, la exposición digital El edificio de la Secesión documenta el proyecto arquitectónico y el mecenazgo, aunque no reproduce todos los datos financieros citados:
https://artsandculture.google.com/story/el-edificio-de-la-secesi%C3%B3n-secession/uAUBHhOdD2y9LA?hl=es-419

[5] Museu del Disseny de Barcelona.  Adolf Loos.  Espacios privados, dossier de prensa, apartado 3.5, Los interiores:  construir, habitar y usar.  Fuente en castellano que sustituye el estudio de Amanda Dunsmore.  Copia del dossier institucional alojada en la plataforma de arquitectura ArchDaily.
https://images.adsttc.com/submissions/events/pdf_file/3379/Dossier_Prensa_-_Adolf_Loos_CASTE.pdf

[6]World Inequality Report 2026.  Resumen ejecutivo, apartado sobre la distribución mundial de la riqueza.  Se conserva la fuente original en inglés:  los porcentajes citados se comprobaron en el texto indexado del editor.
https://wir2026.wid.world/insight/executive-summary/

Se ha localizado la siguiente dirección de la versión española del resumen ejecutivo, pero su contenido no ha podido verificarse debido a un error de acceso.  La sustitución queda pendiente de comprobación:
https://wir2026.wid.world/www-site/uploads/2025/11/WIR26_Executive_Summary_Spanish.pdf

[7] Laetitia Kaci.  ¿Todavía se puede vivir del arte?  El Correo de la UNESCO, 6 de abril de 2026.  Fuente en español que sustituye la presentación general en inglés del informe de 2026.
https://courier.unesco.org/es/articles/todavia-se-puede-vivir-del-arte

[8] Ricardo Morín, Hazañas del talento individual, 2 de octubre de 2009.  Un examen anterior de la experiencia estética, la autoridad crítica y el comercio.  https://observacionessobrelanaturalezade.com/2009/10/02/hazanas-del-talento-individual/⁠

« La imposibilidad del aislamiento »

October 7, 2026
Ricardo F. Morin
Serie de Nueva York, Sin título
24″ x 36″
Óleo sobre lienzo
1992

1.  Una persona apartada de la interrupción, el juicio, la dependencia y el ruido puede llegar a creer que la soledad esclarece el ser.  Alejado de la presencia continua de los demás, el individuo se vuelve más consciente de hábitos, recuerdos, reacciones y movimientos interiores que normalmente se dispersan en la relación cotidiana.  El silencio parece reunir la experiencia dentro de una mayor claridad.  Sin embargo, el aislamiento prolongado revela algo menos esperado:  la vida interior no permanece inmóvil simplemente porque ocurra en soledad.

2.  El pensamiento comienza a girar dentro de su propia continuidad sin resistencia.  La reflexión pierde proporción cuando nada la interrumpe desde fuera de sí misma.  Un recuerdo repetido suficientes veces comienza a sentirse cada vez más completo cuando no lo es.  Un temor que no recibe otra perspectiva se profundiza dentro de su propio encierro.  Incluso el silencio cambia de carácter.  Ninguna respuesta llega.  Ninguna interrupción.  Nada entra desde fuera de uno mismo.

3.  Quizás por ello la soledad termina buscando nuevamente alguna forma de relación, incluso allí donde no hay otra persona presente.  El ermitaño habla con Dios, con la memoria, con la naturaleza o con el propio silencio.  La mente se extiende más allá de su propio encierro no necesariamente por debilidad, sino porque la vida interior por sí sola no logra restituirse plenamente la proporción.

4.  No nos descubrimos únicamente en la abstracción.  Gran parte de lo que llamamos individualidad se vuelve perceptible a través de la relación.  La paciencia, el resentimiento, la ternura, la vanidad, el valor, el perdón y la responsabilidad no se revelan plenamente en separación de los demás.  Emergen mediante el contacto, la decepción, el afecto, el malentendido, la dependencia y el cuidado.  El otro no disminuye la individualidad.  Algo en nosotros se vuelve más visible en la relación que en el retiro.

5.  La comunicación no elimina la distancia entre los seres humanos.  La revela.  Ninguna persona cruza por completo la distancia interior que separa una conciencia de otra.  El sufrimiento, la mortalidad, la memoria y la percepción permanecen como experiencias singulares.  Sin embargo, suele ser precisamente a través del esfuerzo por comunicarnos que esa separación llega a volverse reconocible.  Descubrimos cuán lejos permanecemos unos de otros precisamente en el intento de alcanzarnos a través de esa distancia.

6.  El otro no es una extensión de uno mismo ni una abstracción simbólica.  Permanece distinto, vulnerable y finito.  El amor, por tanto, no puede consistir únicamente en apego, posesión o dependencia.  Su fuerza más profunda reside en la capacidad de reconocer otra existencia sin intentar disolverla dentro de las propias necesidades, temores o proyecciones.  La compasión surge silenciosamente de esta condición.

7.  El aislamiento se vuelve imposible no porque la soledad carezca de valor, sino porque la vida humana se extiende continuamente más allá de la continuidad privada.  Incluso el retiro conserva rastros de relación:  lenguaje, memoria, anhelo, reconocimiento, plegaria, imaginación.  La mente no sólo se encierra en sí misma.  También responde.  Busca.  Recuerda.  Se dirige hacia aquello que permanece más allá de ella.

8.  Quizás por ello las formas más profundas del amor no eliminan la soledad.  Le permiten sostenerse sin endurecerse en encierro.  La compasión no supera la distancia eliminando la diferencia.  Cada persona permanece singular y, en última instancia, inalcanzable en su totalidad, y aun así digna de cuidado.  En ese reconocimiento, el aislamiento deja de parecer posible como condición final de la vida humana.

Ricardo F. Morín

14 de Mayo de 2026

Bala Cynwyd, Pennsylvania


« De la continuidad al infinito: una transición de campos »

October 6, 2026

Ricardo F. Morín
Infinity3
30″ x 22″
Sanguina sobre papel
2005

Cabe distinguir dos formas por su construcción:  una curva abierta, continua a lo largo de su recorrido y susceptible de prolongarse sin cerrarse, y una cinta de Möbius, formada al unir los extremos de una banda con una torsión de media vuelta.  La curva admite prolongación sin retorno; la cinta mantiene una sola cara continua al volver sobre sí misma.  Ambas son continuas.  Lo que difiere es cómo se sostiene la continuidad.

La curva abierta admite el recorrido sin exigir que concluya.  Se sostiene en cada punto sin depender de un retorno.  La cinta, acogida como forma que retorna sobre sí misma, presenta su recorrido como ya completo.  Su coherencia se aprehende en la relación que la vincula consigo misma.

Se puede seguir la curva sin preguntar dónde termina.  Un trayecto por el interior de la cinta puede recorrerse indefinidamente sin alcanzar su único borde.  La extensión finita de la cinta no impone una última vuelta.  En ambos casos basta la continuidad.

La diferencia se manifiesta cuando la atención pasa de lo dado a cómo se sostiene.  En la curva, la continuidad se realiza al seguir su recorrido.  El trayecto se sostiene solo mientras no haya interrupción.  La cinta, acogida como un todo, parece contener esa continuidad sin exigir que se siga su recorrido.

El retorno de la cinta puede así sustentar la invocación del infinito.  Se acoge un recorrido inagotable como algo ya dado en una forma finita.  La continuidad que sostiene esa apariencia permanece implícita.  La curva abierta no ofrece esa misma garantía de un recorrido ya completo.  Su prolongación exige que se la siga, y su coherencia depende de que la relación no se interrumpa a lo largo del recorrido.

Mientras la cinta se acoja como algo dado, la distinción se mantiene.  El infinito aparece como ya presente, y la continuidad queda absorbida en esa apariencia.  En la curva, en cambio, la continuidad opera sin ser nombrada.

El cambio comienza cuando lo dado ya no puede sostenerse por sí solo.  La apariencia de totalidad de la cinta deja de bastar.  Lo que aparecía como un campo sin término requiere ahora que se siga la relación que lo sustenta.

La curva siempre dependió de la continuidad, aunque no la nombrara.  Seguir el recorrido de la cinta revela la misma dependencia.  Lo que aparecía como infinito pierde su primacía.  Esa apariencia depende de la continuidad que había permanecido implícita.

La curva permanece abierta, y la cinta conserva su retorno.  La continuidad no se circunscribe a la prolongación ni al retorno.  Es lo que permite que ambas se sostengan.

La apariencia de infinitud depende de la continuidad, pero la continuidad no requiere esa apariencia.  Se mantiene allí donde la relación no se interrumpe, incluso en un recorrido finito.

Al acoger, se admite lo que se presenta sin exigir de antemano que se explique qué lo sustenta.  Al seguirlo, se recorren las relaciones que lo sustentan y se examina si su coherencia se mantiene.  Cada modalidad exige una disciplina propia.  Ninguna excluye a la otra.

Las dos modalidades siguen siendo distintas, aunque no están separadas.  La continuidad que sustenta la apariencia en una se examina en la otra.  El fundamento que comparten no hace intercambiables sus exigencias.

En la modalidad invocativa, la virtud reside en acoger sin imponer un cierre, en no forzar lo que aparece con una explicación prematura.  La tarea no consiste en verificar, sino en acoger sin distorsión.

En la modalidad diagnóstica, la virtud reside en sostener la relación sin dar por supuesta la coherencia.  Es preciso seguir lo que aparece, no para reducirlo, sino para impedir que se sostenga sin aquello que lo sustenta.  Aquí la tarea no se limita a permanecer receptivo; exige mantener la relación.

Ninguna modalidad prescinde de la relación que sustenta lo que aparece.  En la acogida, esa relación puede permanecer implícita.  En el seguimiento, ha de mantenerse sin sustituir lo dado por un orden impuesto.

Ninguna modalidad se disuelve en la otra.  La receptividad no establece la coherencia, y el seguimiento no impide por sí solo la distorsión.  El paso de una a otra exige atender a lo que cada una preserva y a lo que puede alterar.

La virtud no pertenece a una sola modalidad.  Se manifiesta allí donde se mantiene sin exceso la condición propia de cada una.  En una, al no forzar un cierre.  En la otra, al no permitir que lo que aparece se sostenga sin relación.

Lo que difiere no es lo dado, sino cómo se sostiene.

Ricardo F. Morin, 6 de octubre de 2026, Bala Cynwyd, Pensilvania


« Desenmascarar la desilusión: Serie XIX »

October 5, 2026

« Alegoría geométrica », pintura digital (2023) de Ricardo Morín (artista visual estadounidense, nacido en Venezuela en 1954)

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Alcance y uso

Esta entrega forma parte del corpus constitucional presentado en el Apéndice, que reúne las constituciones de Venezuela para su consulta, sin exigir una lectura consecutiva.  La comparación se articula mediante códigos de rúbricas permanentes, cuya identidad se mantiene en todo el corpus; la ausencia de una rúbrica indica silencio constitucional, y los códigos retirados no se reasignan.  Las referencias se fundan, en primer término, en el número del artículo y siguen la recensión del CIDEP cuyo enlace figura al cierre de cada entrada.  La definición del corpus, el método editorial y las convenciones de cita constan en la nota « Alcance y uso » que introduce las constituciones del siglo XIX en Desenmascarar la Desilusión: Serie XI.

17) La Constitución de 1928

La Constitución de los Estados Unidos de Venezuela de 1928, fechada el 22 de mayo de 1928 en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, fue mandada ejecutar por el Presidente Juan Vicente Gómez el 23 de mayo de 1928, en el Palacio Federal, en Caracas. (CIDEP 1928, p. 23, fórmulas de cierre y ejecución).

DOC-PRE—Preámbulo

(texto original castellano según la recensión del CIDEP)

« El Congreso de los Estados Unidos de Venezuela, en nombre de Dios Todopoderoso, y en ejercicio de la facultad que le concede el artículo 133 del Pacto Federal vigente, decreta la presente CONSTITUCIÓN »

(CIDEP 1928, p. 3, preámbulo).

FND-TER—Territorio

La Nación Venezolana reúne a todos los venezolanos en un pacto de organización política con el nombre de Estados Unidos de Venezuela; es para siempre e irrevocablemente libre e independiente de toda dominación o protección extranjera.  Su territorio corresponde al de la Capitanía General de Venezuela anterior a la transformación política de 1810, con las modificaciones resultantes de los tratados.  No puede cederse, traspasarse, arrendarse ni enajenarse de ningún otro modo a una potencia extranjera, ni siquiera temporalmente. (Arts. 1–2; cont., 1925, Arts. 1–2).

El territorio nacional se divide en Estados, Distrito Federal, Territorios Federales y Dependencias Federales.  Los veinte Estados son Anzoátegui, Apure, Aragua, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Yaracuy, Zamora y Zulia. (Arts. 3–4; cont., 1925, Arts. 3–4).

Los límites de los Estados se determinan por los de las antiguas provincias establecidos en la Ley de 28 de abril de 1856, con las variaciones derivadas de la creación del Distrito Federal, los Territorios Federales y las Dependencias Federales, de la Constitución de 5 de agosto de 1909 y del convenio celebrado en 1917 entre Aragua y Carabobo.  Los Estados limítrofes pueden modificar su frontera común mediante convenios aprobados por sus respectivas legislaturas, con las compensaciones o cesiones recíprocas de territorio que acuerden. (Art. 5; cont., 1925, Art. 5).

El Distrito Federal comprende los departamentos Libertador y Vargas.  El texto incluye en Libertador la ciudad de Caracas y sus parroquias foráneas de El Recreo, El Valle, La Vega, Antímano, Macarao y Macuto.  Una ley especial organiza el distrito y determina sus atribuciones municipales, de modo que no se entrabe la acción política federal. (Art. 6; cont., 1925, Art. 6).

Caracas es la capital y el asiento del gobierno federal, sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 100, atribuciones 24(b) y 25. (Art. 7; cont., 1925, Art. 7).

Amazonas y Delta Amacuro son Territorios Federales organizados por leyes especiales.  Sus límites y los del Distrito Federal con los Estados vecinos pueden modificarse mediante convenios celebrados por el Poder Ejecutivo Federal y los respectivos gobiernos estadales, con aprobación del Congreso y de las correspondientes Asambleas Legislativas. (Art. 8; cont., 1925, Art. 8).

Un Territorio Federal puede adquirir la categoría de Estado si reúne la población exigida para elegir un diputado y acredita ante el Congreso su capacidad para atender todos los ramos del servicio público y sufragar sus gastos. (Art. 9; cont., 1925, Art. 9).

Las Dependencias Federales comprenden las islas venezolanas del mar de las Antillas, salvo Margarita y Coche, que constituyen Nueva Esparta.  Su gobierno y administración corresponden directamente al Ejecutivo hasta que la ley las eleve a la categoría de Territorios Federales. (Art. 10; cf. 1925, Art. 10:  « excepto la de Margarita, que constituye el Estado Nueva Esparta »).

La Corte Federal y de Casación dirime las controversias sobre límites entre los Estados, así como las que surjan entre estos y el Distrito Federal o los Territorios Federales, mediante el procedimiento establecido por la ley. (Art. 11; cf. 1925, Art. 11:  « Las controversias existentes entre los Estados por razón de sus límites, y las que en lo sucesivo surgieren por la misma causa »).

POW-LEG—Congreso

El Poder Legislativo se ejerce por el Congreso de los Estados Unidos de Venezuela, integrado por la Cámara de Diputados y la Cámara del Senado.  Tanto los Diputados como los Senadores duran tres años en sus funciones. (Art. 55; cf. 1925, Art. 55:  « compuesta de dos Cámaras, una de Diputados y otra de Senadores »).

Cada Estado elige directamente, conforme a su Ley de Elecciones, un Diputado por cada treinta y cinco mil habitantes y otro por cada exceso de quince mil.  El Estado que no alcance treinta y cinco mil habitantes elige un diputado.  Se elige igual número de Suplentes, que cubren las vacantes por el orden de su elección. (Art. 56; cont., 1925, Art. 56).

Los Diputados duran tres años en sus funciones y se renuevan en su totalidad. (Art. 56, párrafo final; cont., 1925, Art. 56, párrafo final).

Para ser diputado se requiere ser venezolano por nacimiento y haber cumplido veintiún años.  El Distrito Federal y los Territorios Federales que alcancen la población exigida eligen directamente sus Diputados, con las formalidades que establezca la ley.  La base de población excluye a los indígenas no reducidos. (Arts. 57–58; cont., 1925, Arts. 57–58).

La Cámara de Diputados puede emitir un voto de censura contra los Ministros del Despacho cuyos actos considere merecedores de esa medida.  El Presidente de la República no está obligado a separarlos de sus cargos mientras la Corte Federal y de Casación no declare que hay mérito para su enjuiciamiento.  La ley puede conferir a la Cámara otras atribuciones. (Art. 59; cont., 1925, Art. 59).

La Asamblea Legislativa de cada Estado elige, fuera de su seno, dos Senadores principales y dos Suplentes; estos cubren las vacantes por el orden de su elección.  Para ser senador se requiere ser venezolano por nacimiento y mayor de treinta años. (Arts. 60–61; cont., 1925, Arts. 60–61).

El Art. 60 concluye con el orden para cubrir las vacantes.  La duración del mandato de los senadores figura en el Art. 55. (Arts. 55, 60; cf. 1925, Art. 60:  « Los Senadores durarán en sus funciones tres años y se renovarán en su totalidad. »).

La Cámara del Senado puede acordar el traslado al Panteón Nacional de los restos de venezolanos ilustres, transcurridos veinticinco años de su muerte; consentir que los empleados nacionales acepten dádivas, cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros; y prestar su consentimiento para los ascensos militares desde Coronel y navales desde Capitán de Navío, inclusive. (Art. 62(1–3); cont., 1925, Art. 62(1–3)).

La Cámara del Senado ejerce, además, las atribuciones que le asignen las leyes. (Art. 62(4); cont., 1925, Art. 62(4)).

Las Cámaras Legislativas se reúnen anualmente en la capital, el 19 de abril o el día más próximo posible, sin convocatoria previa.  Las sesiones ordinarias duran noventa días improrrogables; dentro de ese lapso, todos los días y horas son hábiles para sesionar.  Las sesiones extraordinarias convocadas por el Ejecutivo se ocupan de los asuntos señalados en la convocatoria y de las leyes conexas cuya reforma sea necesaria. (Art. 63; cont., 1925, Art. 63).

Para instalar las Cámaras se requiere la presencia de dos tercios de sus miembros; si no se alcanza ese número, los presentes forman una Comisión Preparatoria y adoptan las medidas necesarias para lograr la concurrencia.  Las sesiones posteriores requieren mayoría absoluta.  Las sesiones son públicas, salvo que la Cámara respectiva acuerde celebrarlas en secreto. (Arts. 64–65; cont., 1925, Arts. 64–65).

Cada Cámara dicta su Reglamento Interior y de Debates, sanciona sus infracciones, mantiene el orden en su recinto, corrige o castiga a los espectadores que lo perturben, remueve los obstáculos al ejercicio legítimo de sus funciones, ejecuta sus decisiones privativas, califica a sus miembros y conoce de sus renuncias.  Ambas Cámaras sesionan en la misma población y abren y cierran sus sesiones el mismo día y a la misma hora; para suspenderlas o trasladarse requieren el consentimiento de la otra Cámara, y los desacuerdos se resuelven en sesión conjunta. (Arts. 66–67; cont., 1925, Arts. 66–67).

Durante las sesiones, el ejercicio de cualquier empleo público es incompatible con la condición de miembro de una Cámara.  La ley fija las remuneraciones, cuyo aumento solo puede regir para el período siguiente. (Arts. 68–69; cont., 1925, Arts. 68–69).

La inmunidad legislativa rige desde treinta días antes del 19 de abril hasta treinta días después de la clausura de las sesiones.  Durante ese lapso, los miembros no pueden ser presos, arrestados, confinados, detenidos ni coartados en el ejercicio de sus funciones, aun cuando incurran en delito.  Si el hecho atribuido merece pena corporal, el sumario queda paralizado mientras dure la inmunidad, sin perjuicio de practicar las diligencias de investigación.  Tampoco están obligados a contestar demandas, absolver juramento ni posiciones durante ese lapso, que se excluye del cómputo de los términos judiciales.  Las Cámaras no pueden allanar la inmunidad de sus miembros. (Art. 70; cont., 1925, Art. 70).

El Art. 70(1) excluye la aplicación del Art. 32(15)(c) con la precisión « respecto a la duración del sumario ». (Art. 70(1); cf. 1925, Art. 70(1):  « sin que rija en este caso el precepto contenido en la letra c), garantía 15, Artículo 32 de la presente Constitución »).

Los miembros no son responsables por las opiniones que expresen en sus Cámaras.  No pueden contratar con el Ejecutivo Federal por cuenta propia o ajena ni gestionar ante él reclamaciones de terceros. (Arts. 71–72; cont., 1925, Arts. 71–72).

Cuando la muerte u otra causa de falta absoluta agote o reduzca el número de Suplentes de un Estado en el Senado, la Asamblea Legislativa respectiva cubre las vacantes por el tiempo restante del período legislativo.  Las constituciones estadales y la Ley Orgánica del Distrito Federal determinan cómo se suplen las faltas en la Cámara de Diputados. (Art. 73; cf. 1925, Art. 73:  « por el tiempo que faltaba al sustituido o sustituidos »).

Las Cámaras actúan separadamente, pero se reúnen en sesión conjunta cuando lo ordenan la Constitución o las leyes, o cuando una invita a la otra y esta acepta y fija la hora de reunión.  Sus actos separados como cuerpos colegisladores se denominan Leyes; los que adoptan conjuntamente, o separadamente sobre materias privativas de una Cámara, se denominan Acuerdos.  El presidente de la Cámara del Senado preside el Congreso, y el de la Cámara de Diputados ejerce su vicepresidencia. (Arts. 74–76; cont., 1925, Arts. 74–76).

Las Cámaras reunidas en Congreso practican las elecciones que les corresponden, conocen de la renuncia del Presidente de la República, examinan el Mensaje anual, aprueban o imprueban las Memorias y Cuentas ministeriales, elevan a Estados los Territorios Federales que reúnen los requisitos y examinan si los Créditos Adicionales se ajustan al procedimiento constitucional. (Art. 77; cont., 1925, Art. 77).

Como cuerpos colegisladores, las Cámaras decretan los impuestos y empréstitos nacionales, regulan la deuda nacional, crean y suprimen empleos nacionales, legislan sobre la administración federal y la moneda, y autorizan la enajenación de inmuebles de la Nación.  Se prohíbe imponer la circulación de billetes bancarios o de cualquier representación de valor en papel, y debe mantenerse el patrón de oro.  Las pesas y medidas se rigen por el sistema métrico decimal. (Art. 78(1–4, 7–8); cont., 1925, Art. 78(1–4, 7–8)).

Los tratados y convenios diplomáticos requieren aprobación legislativa antes de su ratificación o canje.  La ley aprobatoria recibe el Ejecútese cuando consta la aceptación de la otra parte; la publicación oficial tiene lugar después de la ratificación y el canje.  Requieren aprobación legislativa los contratos sobre ferrocarriles, cables aéreos de tracción, comunicaciones telegráficas o inalámbricas, inmigración y otros asuntos de interés nacional autorizados.  Se exceptúan las concesiones mineras y los títulos de tierras baldías otorgados conforme a sus leyes respectivas. (Art. 78(5–6); cont., 1925, Art. 78(5–6)).

Las Cámaras sancionan la Ley de Presupuesto General de Rentas y Gastos Públicos, que fija los sueldos y gastos federales del ejercicio económico.  Fuera de esa ley, no pueden ordenar otro gasto determinado mediante ley o acuerdo especial.  Examinan y aprueban el Censo Nacional, establecen la administración especial de los Territorios Federales y aumentan la base de población para elegir Diputados cuando lo exija el censo aprobado. (Art. 78(9–12); cont., 1925, Art. 78(9–12)).

Las pensiones civiles, jubilaciones y montepíos militares a cargo del Tesoro Nacional se rigen por leyes generales.  El presupuesto consigna partidas globales, que el Ejecutivo distribuye por medio del ministro competente y conforme a la ley.  Las Cámaras decretan la guerra, requieren la negociación de la paz, legislan sobre la formación y el reemplazo de las fuerzas de mar y tierra, conceden amnistías y legislan sobre la seguridad de los puertos y las costas. (Art. 78(13–17); cont., 1925, Art. 78(13–17)).

La competencia legislativa comprende el Censo electoral, la Instrucción Pública, la Hacienda Nacional, la navegación aérea, marítima y fluvial, los muelles, los Correos, Telégrafos y comunicaciones inalámbricas, los ferrocarriles, caminos nacionales y el tránsito de vehículos automotores, las tierras baldías, las salinas, la pesca de perlas y las minas, además de las materias enumeradas en el Art. 15(4) y los demás asuntos de competencia federal. (Art. 78(18–19); cont., 1925, Art. 78(18–19)).

Los proyectos de ley pueden iniciarse en cualquiera de las Cámaras por presentación de, al menos, tres de sus miembros, o por el ministro competente cuando procedan del Ejecutivo.  Admitido el proyecto, se somete a tres discusiones, separadas por un día como mínimo.  La otra Cámara sigue el mismo procedimiento y devuelve las modificaciones que introduzca.  Si persiste el desacuerdo después de que la Cámara de origen exponga por escrito sus razones, ambas deciden en sesión conjunta, por mayoría, los artículos controvertidos y los conexos, pudiendo acordar una redacción distinta. (Arts. 79–82; cont., 1925, Arts. 79–82).

Los proyectos rechazados no pueden presentarse de nuevo hasta el año siguiente o después.  Los que queden pendientes al clausurarse las sesiones deben presentarse nuevamente y cumplir todas las discusiones en un año posterior.  La ley que reforme otra debe reproducir íntegramente su texto y derogar por completo la anterior; la derogación exige las mismas formalidades que la sanción. (Arts. 83–84, 86–87; cont., 1925, Arts. 83–84, 86–87).

La fórmula de las leyes comprende el nombre del Congreso de los Estados Unidos de Venezuela, seguido de « Decreta: ».  Los textos sancionados se extienden por duplicado y sin alteraciones, con las firmas de los presidentes y secretarios del Congreso y la fecha de aprobación definitiva.  Un ejemplar se remite al Presidente de la República para que lo refrende junto con los ministros competentes y ordene su publicación oficial.  Los errores de impresión se subsanan mediante nueva publicación corregida o una fe de erratas certificada por el ministerio correspondiente. (Arts. 85, 88–89; cont., 1925, Arts. 85, 88–89).

La ley entra en vigor en la fecha que indique o, a falta de señalamiento, con su publicación oficial.  No puede delegarse la facultad de legislar.  Las leyes no tienen efecto retroactivo, salvo cuando imponen una pena menor.  Las leyes procesales se aplican de inmediato a las causas pendientes; en materia penal, las pruebas ya evacuadas se aprecian conforme a la ley vigente cuando se promovieron, en cuanto ello favorezca al encausado. (Arts. 90–92; cont., 1925, Arts. 90–92).

ECO-HAC—Hacienda

Corresponden a la competencia federal las Aduanas, los derechos de importación y los de tránsito de mercancías procedentes del extranjero y destinadas a otro país.  El Impuesto Territorial continúa cobrándose en las Aduanas mientras no lo suprima la ley, y su producto ingresa en el Tesoro Nacional.  La exportación está libre de impuestos.  Las rentas federales comprenden los impuestos de estampillas o timbres fiscales, cigarrillos, tabaco, registro, herencia, fósforos, aguardientes, licores y los demás que la ley establezca con carácter nacional. (Art. 15(14, 17); cont., 1925, Art. 15(14, 17)).

El Situado Constitucional equivale al doce por ciento del total de ingresos por rentas, calculado para cada ejercicio económico sobre lo recaudado en el año civil inmediatamente anterior e incluido anualmente en el presupuesto nacional de gastos.  Se distribuye entre los Estados, el Distrito Federal y los Territorios Federales en proporción a su población. (Art. 17(4)(1); cf. 1925, Art. 17(4)(1):  « La suma así fijada se distribuirá entre todos los Estados proporcionalmente a su población »).

El Art. 17(4)(1) establece la asignación del doce por ciento sin la disposición inicial que fijaba una suma anual durante tres años. (Art. 17(4)(1); cf. 1925, Art. 17(4)(1):  « en la suma de diez millones de bolívares por año […] Pasados tres años de estar en vigencia esta Constitución »).

Las rentas estadales comprenden también el impuesto de papel sellado, los de consumo y las contribuciones que establezcan sus Asambleas Legislativas.  No puede exigirse papel sellado para liquidar o pagar impuestos nacionales ni emplearse para recaudar contribuciones prohibidas.  Los Estados no pueden crear Aduanas, cobrar derechos de importación o exportación, gravar mercancías extranjeras de tránsito al exterior, imponer contribuciones sobre materias tributarias nacionales o municipales, gravar el tránsito entre estados ni las mercancías antes de ofrecerse al consumo, prohibir el consumo de bienes de otra procedencia o gravarlos de manera discriminatoria, exigir a los funcionarios fiscales federales que recauden tributos estadales ni establecer impuestos pagaderos en trabajo personal o en su equivalente monetario. (Art. 17(4)(2–3); cont., 1925, Art. 17(4)(2–3)).

Las atribuciones rentísticas municipales quedan sujetas a las restricciones del Art. 17(4)(3).  Se prohíben las patentes sobre la agricultura, la cría y la pesca de peces comestibles en los ámbitos municipal, estadal y nacional.  Los Estados y las Municipalidades no pueden contratar empréstitos en el extranjero. (Arts. 18(3), 24; cont., 1925, Arts. 18(3), 24).

No puede cobrarse un impuesto sin autorización legal.  Todo gasto del Tesoro Nacional requiere una asignación en la Ley de Presupuesto General de Rentas y Gastos Públicos o un Crédito Adicional decretado previamente.  Los funcionarios que infrinjan esta disposición responden civilmente ante el Tesoro Nacional por las cantidades pagadas. (Art. 48; cf. 1925, Art. 48:  « en el Presupuesto General de Gastos Públicos »).

El Presidente de la República, en Consejo de Ministros, puede decretar Créditos Adicionales cuando sea insuficiente la asignación de un capítulo presupuestario o no se haya previsto el gasto, siempre que existan fondos para cubrirlos sin menoscabo de las erogaciones ordinarias, que tienen preferencia.  El Congreso examina el cumplimiento de estos requisitos.  Los ministros rinden cuenta de los fondos que administran; el encargado de las rentas nacionales prepara el proyecto de presupuesto de acuerdo con los demás. (Arts. 100(30), 77(6), 109; cont., 1925, Arts. 100(30), 77(6), 109).

Cada Estado conserva la propiedad de sus salinas, tierras baldías y sus productos, ostrales de perlas y minas, cuya administración corresponde al Ejecutivo Federal.  Las rentas de esos bienes, incluido el producto de la venta de tierras baldías, ingresan en el Tesoro Nacional.  Las salinas son inalienables.  Las tierras baldías de las islas marítimas, fluviales y lacustres no pueden enajenarse, y su aprovechamiento no puede entrañar, directa ni indirectamente, la transferencia de su propiedad. (Art. 15(18); cont., 1925, Art. 15(18)).

Las concesiones mineras son temporales.  Las leyes sobre venta, arrendamiento o adjudicación gratuita de tierras baldías deben establecer un derecho de preferencia a favor de sus ocupantes. (Art. 15(18); cf. 1925, Art. 15(18):  « que las concesiones mineras no serán perpetuas »).

La cláusula de preferencia a favor de los ocupantes figura en el Art. 15(18) de la recensión de 1928; no aparece en el Art. 15(18) de la recensión de 1925.

POW-EXE—Poder Ejecutivo

La administración federal que la Constitución no atribuye a otra autoridad corresponde al Poder Ejecutivo Federal, ejercido por el Presidente de los Estados Unidos de Venezuela.  Las leyes determinan los empleados y agentes federales por cuyo conducto se ejerce la administración; en los casos permitidos por la Constitución puede requerirse el auxilio de los gobiernos estadales. (Arts. 93–94; cf. 1925, Art. 93:  « en unión de los Ministros del Despacho »).

El Presidente de la República debe ser venezolano por nacimiento, mayor de treinta años, de estado seglar y estar en posesión de todos sus derechos civiles y políticos. (Art. 95; cont., 1925, Art. 95).

Los Arts. 95–99 regulan el cargo de Presidente de la República y su suplencia ministerial; no establecen el cargo de Vicepresidente de la República. (Arts. 95–99; cf. 1925, Art. 95:  « Habrá también un Vicepresidente de la República que debe reunir las mismas condiciones requeridas para ser Presidente. »).

El Congreso elige al Presidente de la República dentro de los primeros quince días de su instalación en el año en que comienza el período constitucional.  La sesión electoral se fija con cinco días de antelación, como mínimo, y se anuncia mediante publicación oficial.  El juramento se presta ante el Congreso o, si las circunstancias lo impiden, ante la Corte Federal y de Casación. (Arts. 96, 99; cf. 1925, Art. 96:  « hacer la elección del Presidente y del Vicepresidente de los Estados Unidos de Venezuela »).

Las faltas temporales del Presidente de la República las suple el Ministro del Despacho que este designe.  En caso de falta absoluta, el Congreso elige un sustituto por el resto del período.  Hasta su toma de posesión continúa el ministro que ya ejerza la suplencia; si no lo hubiere, el Gabinete elige a uno de sus ministros por mayoría.  Si el Congreso no se encuentra en sesiones ordinarias, el ministro encargado lo convoca a sesiones extraordinarias. (Art. 97; cf. 1925, Art. 98:  « Las faltas temporales y las absolutas del Presidente de la República las suplirá el Vicepresidente de la República »).

La ausencia de la capital, mientras el presidente permanezca en el territorio nacional, no constituye falta temporal.  Desde cualquier lugar del país, el Presidente de la República puede comunicar instrucciones a los ministros para las resoluciones que deban expedir en la capital y recibir a los ministros diplomáticos extranjeros. (Art. 98; cf. 1925, Art. 98:  « no está obligado a separarse del ejercicio de su cargo por mera ausencia de la capital »).

Los períodos constitucionales federales duran siete años y se cuentan desde el 19 de abril de 1922.  El ejercicio de la presidencia comienza con el juramento y concluye el 19 de abril del año en que termina el período.  Ese día, el Ejecutivo se entrega al miembro o suplente de la Corte Federal y de Casación que esta designe conforme al Art. 120(17), hasta que tome posesión el sucesor electo. (Arts. 54, 103, 120(17); cf. 1925, Art. 103:  « se encargará del Poder Ejecutivo el Presidente de la Corte Federal y de Casación »).

El Presidente de la República nombra y remueve a los Ministros del Despacho, recibe a los ministros diplomáticos extranjeros, firma las cartas oficiales dirigidas a los jefes de Estado, administra el Distrito Federal y los Territorios Federales, y puede designar a un Ministro del Despacho para que ejerza temporalmente la presidencia y reasumirla durante el período constitucional. (Art. 100(1–6); cf. 1925, Art. 100(6):  « Llamar al Vicepresidente al ejercicio de la Presidencia de la República cuando lo crea conveniente »).

El Presidente de la República manda ejecutar y publicar la Constitución y las leyes; expide en Consejo de Ministros los Decretos y Reglamentos necesarios para su ejecución, sin alterar su espíritu, propósito o razón; negocia los empréstitos autorizados por el legislador, por medio del ministro competente y con aprobación del Gabinete; reglamenta en Consejo de Ministros los servicios públicos o privados de sanidad, correos, telégrafos y teléfonos; y ordena levantar el censo y lo somete a aprobación legislativa. (Art. 100(7–11); cont., 1925, Art. 100(7–11)).

Por medio de los ministros competentes, el Presidente de la República expide patentes de navegación y cartas de nacionalidad, nombra a los empleados nacionales cuya elección no corresponde a otro funcionario, los remueve y administra las rentas nacionales.  En Consejo de Ministros, crea y dota los servicios públicos necesarios durante el receso legislativo.  Con aprobación del Gabinete, dispone que el Ministerio Público Federal acuse a los funcionarios que den motivo a ello y convoca extraordinariamente al Congreso.  Declara la guerra después de que la haya decretado el Congreso. (Art. 100(12–19); cont., 1925, Art. 100(12–19)).

El Presidente de la República dirige las negociaciones diplomáticas personalmente o por medio del ministro competente y celebra tratados por conducto de los plenipotenciarios que elija, con aprobación del Consejo de Ministros y posterior aprobación legislativa.  Los tratados no pueden menoscabar los Arts. 37–39 y deben prever el arbitramento de las diferencias sobre su interpretación o ejecución.  Los contratos de interés nacional permitidos se celebran por medio de los ministros competentes, con aprobación del Consejo de Ministros, y se someten al Congreso.  Puede prohibirse la entrada de extranjeros y ordenarse su expulsión en los casos permitidos por el derecho internacional o la legislación nacional. (Art. 100(20–22); cont., 1925, Art. 100(20–22)).

El Presidente de la República dirige la guerra, manda personalmente el Ejército y la Armada o designa a quien deba hacerlo, organiza el Ejército y la Milicia Nacional conforme a la ley y fija el número de las fuerzas de mar y tierra. (Art. 100(23); cont., 1925, Art. 100(23)).

El Presidente de la República decreta la suspensión de garantías constitucionales en los casos del Art. 36.  Durante la guerra civil o internacional, sus facultades adicionales comprenden pedir auxilios a los Estados, trasladar temporalmente los poderes federales, disponer el enjuiciamiento por traición a la Patria, reorganizar los Estados dominados por rebeldes o participantes en la rebelión, y expedir patentes de corso y autorizar represalias. (Art. 100(24); cont., 1925, Art. 100(24)).

Durante la visita oficial a los Estados o Territorios Federales con todos o algunos de los Ministros del Despacho, el asiento del Poder Ejecutivo Federal es el lugar donde se encuentre el Presidente de la República; el decreto de visita regula el despacho de los asuntos administrativos corrientes en Caracas.  El Presidente de la República puede emplear la fuerza pública para poner fin a una colisión armada entre Estados cuando resulten ineficaces sus buenos oficios, ejercer las funciones que le deleguen las constituciones estadales, conceder indultos y ordenar la expedición de títulos de adjudicación o arrendamiento de tierras baldías y de concesiones mineras. (Art. 100(25–29); cf. 1925, Art. 100(25):  « junto con todos o algunos de los Ministros del Despacho y el Secretario general »).

El Mensaje anual se presenta personalmente o por medio de un ministro dentro de los primeros diez días de las sesiones ordinarias; en él se da cuenta de los actos de administración y del estado de la República. (Art. 101, primer párrafo; cf. 1925, Art. 101:  « e indicará las mejoras que a su juicio fuere conveniente adoptar en la legislación vigente »).

En el último año del período presidencial, el Mensaje se presenta el 19 de abril o se deja firmado en poder del encargado de la presidencia para que lo remita cuando se reúna el Congreso. (Art. 101, párrafo final; nuevo).

El Presidente de la República solo responde por traición a la Patria y por delitos comunes. (Art. 102; cf. 1925, Art. 102:  « El Presidente de la República o el que haga sus veces sólo son responsables por traición a la Patria y por delitos comunes. »).

Los Ministros del Despacho son los órganos legalmente necesarios para el ejercicio de las atribuciones presidenciales.  La ley determina sus funciones y organiza sus departamentos.  Los decretos presidenciales requieren el refrendo de los ministros competentes, quienes expiden las resoluciones y órdenes comprendidas en las atribuciones del presidente.  Sin ese requisito, las disposiciones presidenciales carecen de eficacia, salvo los nombramientos ministeriales y la designación del ministro encargado conforme al Art. 100(6).  El Gobernador del Distrito Federal, de libre nombramiento y remoción, es el órgano del presidente para la administración del Distrito Federal. (Arts. 104–105; cf. 1925, Art. 104:  « Los actos del Presidente carecerán de eficacia sin el expresado requisito. »).

Para ser Ministro del Despacho se requiere ser venezolano por nacimiento, mayor de treinta años y estar en posesión de los derechos civiles y políticos.  Las decisiones se adoptan en Gabinete cuando lo exige la Constitución o la ley, o cuando el Presidente de la República lo convoca por la importancia del asunto.  En los demás casos, el ministro o los ministros competentes refrendan o ejecutan la decisión presidencial. (Arts. 106–107; cf. 1925, Art. 106:  « Para ser Ministro del Despacho y Secretario general »).

Los Arts. 104–107 contienen las disposiciones ministeriales sin el cargo de Secretario general previsto en la carta antecedente. (Arts. 104–107; cf. 1925, Art. 105:  « Tendrá además el Presidente de los Estados Unidos de Venezuela un Secretario general »).

Los actos de los ministros deben ajustarse a la Constitución y las leyes.  Las órdenes presidenciales, aun escritas, no los eximen de responsabilidad personal; la responsabilidad por los actos resueltos en Gabinete es solidaria.  Los ministros presentan sus Memorias y Cuentas, razonadas y documentadas, dentro de los primeros diez días de las sesiones anuales.  Pueden intervenir en las Cámaras y deben concurrir cuando estas los llamen para informar. (Arts. 108, 109 (primer párrafo), 110; cont., 1925, Arts. 108, 109 (primer párrafo), 110).

En el último año presidencial, los ministros presentan sus Memorias y Cuentas el 19 de abril o, si aún no se han reunido las Cámaras Legislativas, las dejan en poder del encargado de la presidencia para que las remita cuando se reúna el Congreso. (Art. 109, párrafo final; nuevo).

POW-JUD—Poder Judicial

El Poder Judicial reside en la Corte Federal y de Casación y en los demás tribunales establecidos por la ley.  Los Jueces Federales se nombran por un período determinado y no pueden ser removidos durante él, salvo en los casos previstos por la ley. (Arts. 116–117; cont., 1925, Arts. 116–117).

La Corte Federal y de Casación se compone de siete Vocales, venezolanos por nacimiento, mayores de treinta años y abogados de la República, que duran siete años en sus funciones.  Al concluir el período, permanecen en sus cargos hasta que tomen posesión sus sustitutos.  La Corte funciona en Salas, cuya composición determina la ley. (Art. 118; cf. 1925, Art. 118:  « los cuales durarán en sus funciones siete años »).

El Congreso elige separadamente a cada uno de los siete Vocales, por mayoría absoluta, dentro de los primeros treinta días de sesiones del año en que comienza el período constitucional.  En la misma sesión elige siete Suplentes numerados, que cubren las faltas temporales y absolutas por ese orden.  La Corte provee las faltas accidentales conforme a la ley.  El Congreso completa la lista de Suplentes cuando disminuye su número y coloca los nuevos nombramientos al final; las excusas sucesivas sin renuncia se consideran faltas accidentales. (Art. 119; cf. 1925, Art. 119:  « Las accidentales se proveerán conforme indique la ley. »).

La Corte conoce de las acusaciones contra el Presidente de la República o quien lo supla, los Ministros del Despacho, el Procurador General de la Nación, el Gobernador del Distrito Federal y sus propios miembros, así como contra los presidentes de los Estados y los demás altos funcionarios estadales que determine la ley respectiva.  Conoce de las causas civiles y penales relativas a funcionarios diplomáticos cuando lo permita el derecho internacional, y de las causas penales por la conducta de agentes diplomáticos venezolanos en el exterior. (Art. 120(1–4); cont., 1925, Art. 120(1–4)).

Su competencia comprende el recurso de casación, los demás recursos que le atribuya la ley, las causas de presas, las controversias entre los funcionarios políticos y las entidades federales o estadales señalados, y los conflictos de competencia judicial cuando no exista otra autoridad llamada a resolverlos. (Art. 120(5–8); cont., 1925, Art. 120(5–8)).

La Corte declara la nulidad de las leyes nacionales o estadales contrarias a la Constitución; la nulidad se limita a las disposiciones incompatibles, salvo que su conexión con las restantes exija anular toda la ley.  Determina qué ley nacional o estadal debe prevalecer, o cuál de las disposiciones contradictorias de una misma ley.  Anula los actos legislativos o ejecutivos que lesionen los derechos o la autonomía de los Estados, y los actos estadales o municipales que infrinjan las restricciones rentísticas señaladas. (Art. 120(9–11); cont., 1925, Art. 120(9–11)).

La Corte anula los Decretos y Reglamentos del Ejecutivo que alteren el espíritu, razón o propósito de las leyes, así como los actos comprendidos en los Arts. 42–43 emanados de autoridades nacionales, del Distrito Federal o de altos funcionarios estadales.  Las resoluciones ministeriales relativas a la ejecución, interpretación o caducidad de contratos federales se someten al procedimiento del Art. 120(13). (Art. 120(12); cont., 1925, Art. 120(12)).

Mediante juicio contencioso, la Corte resuelve las controversias entre la Nación y los contratistas o concesionarios sobre nulidad, caducidad, resolución, alcance, interpretación o cumplimiento de contratos federales, concesiones mineras y adjudicaciones de tierras baldías, incluidas las negativas a expedir títulos que se reclamen como debidos.  Se exceptúan los asuntos que la ley aplicable al tiempo de su celebración reserve a la decisión del Ejecutivo sin recurso judicial.  Con sujeción a los tratados y a los requisitos legales, la Corte concede fuerza ejecutoria a las sentencias extranjeras y conoce de las reclamaciones por daños y perjuicios y de las demás reclamaciones pecuniarias contra la Nación previstas en la ley. (Art. 120(13–15); cont., 1925, Art. 120(13–15)).

La Corte dirime las controversias sobre límites previstas en el Art. 11. (Art. 120(16); cf. 1925, Art. 120(16):  « Dirimir las controversias sobre límites que ocurran entre los Estados de la Unión conforme al Artículo 11. »).

El 19 de abril, al comienzo de cada período federal, la Corte designa a un miembro principal o suplente para encargarse del Ejecutivo conforme al Art. 103.  Si se designa a un principal, este se separa de la Corte al asumir el Ejecutivo.  El designado permanece hasta que tome posesión el Presidente de la República electo, aunque entretanto se renueve la Corte. (Art. 120(17); nuevo).

La Constitución y las leyes pueden atribuir a la Corte otros asuntos de competencia federal. (Art. 120(18); cont., 1925, Art. 120(17)).

En las acusaciones previstas en el Art. 120(1–2), la Corte resuelve sumariamente si hay mérito para la formación de causa, atendiendo a las pruebas aportadas y a las que ordene practicar.  La declaración afirmativa suspende al funcionario durante el proceso; la negativa pone fin al procedimiento.  Los delitos comunes pasan al tribunal ordinario competente, mientras que los delitos políticos permanecen ante la Corte hasta sentencia definitiva.  La Corte remite anualmente al Congreso una memoria de sus trabajos y de las reformas legislativas que proponga. (Arts. 121–122; cont., 1925, Arts. 121–122).

La competencia judicial federal comprende los asuntos atribuidos a la Corte, la justicia ordinaria del Distrito Federal, los Territorios Federales y las Dependencias Federales, y la actuación de Tribunales Federales, aun dentro de los Estados, en causas en que sea parte la Nación, procesos militares y asuntos relativos a tierras baldías, minas, salinas, tributos federales y los demás casos determinados por la ley.  La ley puede encomendar funciones judiciales federales a los Tribunales de los Estados. (Art. 15(7); cf. 1925, Art. 15(7), cláusula final:  « en los casos que se dejan mencionados »).

El Ministerio Público Federal representa al Ejecutivo Federal ante los tribunales federales y estadales cuando lo exigen la Constitución y las leyes.  Lo dirige el Procurador General de la Nación, de libre nombramiento y remoción por el Presidente de la República; los nombramientos de sus subordinados se rigen por la ley.  Vela por la recta aplicación de las leyes en los procesos penales y en los asuntos que interesen al Fisco Nacional, al orden público o a las buenas costumbres; emite dictámenes jurídicos para el Ejecutivo o la Corte; ejerce el Ministerio Fiscal en las causas del Art. 120(1–3); y representa judicialmente a la Nación.  El Procurador General de la Nación cumple las instrucciones legales del Ejecutivo transmitidas por el ministerio competente. (Arts. 111–115; cont., 1925, Arts. 111–115).

A instancia del Ejecutivo Federal, el Procurador General de la Nación formula ante la autoridad competente acusaciones contra los funcionarios federales que den motivo a ser enjuiciados. (Art. 114(3); cont., 1925, Art. 114(3)).

POW-SUB—Gobierno subnacional

Los Estados reconocen recíprocamente su autonomía e igualdad política y conservan la soberanía no delegada por la Constitución.  Su primer deber y el de la Federación es conservar la independencia e integridad nacionales.  No pueden romper la unidad nacional, aliarse con potencias extranjeras, solicitar su protección ni cederles territorio.  El gobierno nacional y el de los Estados es republicano, federal, democrático, electivo, representativo, responsable y alternativo. (Arts. 12–13; cont., 1925, Arts. 12–13).

Los Estados se dividen en Distritos con autonomía municipal, independientes del poder político estadal en sus asuntos administrativos, dentro de las restricciones constitucionales.  Durante la guerra exterior o interior, el Ejecutivo estadal puede asumir la administración de los distritos conforme a la constitución del Estado. (Art. 14; cont., 1925, Art. 14).

Los Estados dictan sus constituciones y las leyes que organizan sus poderes públicos, eligen a estos conforme a sus constituciones y leyes, y pueden delegar determinadas funciones en el Presidente de la República.  Pueden conservar o cambiar sus nombres.  Administran la justicia civil y penal por medio de sus tribunales, salvo en los asuntos reservados a jueces federales; sus sentencias solo están sujetas a revisión por la Corte Federal y de Casación, mediante los recursos y con los efectos establecidos por la ley. (Art. 17(1–3, 5); cont., 1925, Art. 17(1–3, 5)).

Las Municipalidades organizan los servicios de policía, abastos, cementerios, ornamentación municipal, arquitectura civil, alumbrado, acueductos, tranvías urbanos y los demás de carácter municipal.  Administran los ejidos y otros terrenos municipales, que en lo sucesivo no pueden enajenarse salvo para edificaciones. (Art. 18(1–2); cont., 1925, Art. 18(1–2)).

Los servicios de higiene se sujetan a las leyes y reglamentos sanitarios federales y quedan « bajo la inspección del servicio sanitario federal ». (Art. 18(1); cf. 1925, Art. 18(1):  « bajo la suprema inspección del servicio sanitario federal »).

Los Estados deben cumplir y ejecutar la Constitución, las leyes y las órdenes legales federales.  Los Estados y las Municipalidades dan entera fe a los actos públicos y judiciales de las autoridades federales, de otros Estados y del Distrito Federal, y disponen su cumplimiento y ejecución. (Arts. 16, 19; cf. 1925, Art. 19:  « emanados de las autoridades federales o de los otros Estados »).

Dentro de los Estados pueden actuar jueces, fiscales, funcionarios administrativos y rentísticos federales, así como las fuerzas destinadas a las fronteras, la paz pública, las guarniciones, los arsenales, las costas y los puertos.  Su jurisdicción se limita a sus funciones; no gozan de fuero ni privilegio personal que los distinga de los demás habitantes.  Los Estados no pueden imponerles deberes incompatibles con su servicio federal.  El gobierno federal puede construir las obras necesarias para su administración. (Arts. 20–21; cont., 1925, Arts. 20–21).

Los Estados deben impedir los reclutamientos y las levas destinados a atentar contra la paz, libertad o independencia de otra nación, o a perturbar la paz interior.  No pueden hacerse la guerra entre sí y deben guardar neutralidad en las controversias entre otros Estados hasta que el gobierno federal requiera su intervención. (Arts. 22–23; cont., 1925, Arts. 22–23).

Dos o más Estados pueden unirse para formar uno solo, conservando la libertad de recuperar su autonomía.  En ambos casos deben comunicarlo al Ejecutivo Federal, al Congreso y a los demás Estados. (Art. 25; cf. 1925, Art. 25:  « pero conservando siempre la libertad de recuperar su carácter de Estados »).

Los actos públicos y documentos oficiales de la Nación, los Estados, el Distrito Federal, los Territorios Federales y las Municipalidades deben indicar la fecha del calendario y los años de la Independencia, contados desde el 19 de abril de 1810, y de la Federación, desde el 20 de febrero de 1859. (Art. 26; cf. 1925, Art. 26:  « de la Nación y de los Estados »).

El Poder Público se distribuye entre las autoridades federales, estadales y municipales dentro de los límites constitucionales.  El Poder Federal se divide en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. (Art. 51; cont., 1925, Art. 51).

CON-AMD—Reforma constitucional

El Congreso, reunido en sesiones ordinarias, declara la reforma total o parcial a petición de tres cuartas partes de las Asambleas Legislativas de los Estados, también reunidas en sesiones ordinarias.  Las enmiendas y adiciones solo pueden versar sobre los puntos en que convenga la mayoría de los Estados. (Art. 123; cont., 1925, Art. 123).

Las enmiendas y adiciones siguen el procedimiento de formación de las leyes.  Una vez aprobadas por el Congreso, su presidente las somete a las Asambleas Legislativas para su ratificación definitiva. (Arts. 124–125; cont., 1925, Arts. 124–125).

El Congreso puede también iniciar enmiendas o adiciones conforme al procedimiento de los Arts. 124–125; quedan sancionadas cuando las ratifican dos terceras partes de las Asambleas Legislativas estadales.  Tanto si la iniciativa procede de estas como de las Cámaras Legislativas, los votos definitivos de los Estados vuelven al Congreso para su escrutinio. (Arts. 126–127; cf. 1925, Art. 126:  « por el procedimiento indicado en el Artículo anterior »).

CIV-SUF—Sufragio

El derecho de sufragio confiere a los venezolanos mayores de veintiún años, que no estén sujetos a interdicción ni a condena penal con inhabilitación política, la condición de electores y elegibles para cargos públicos, con las restricciones constitucionales y los requisitos legales de competencia o capacidad para determinados empleos. (Art. 32(12); cont., 1925, Art. 32(12)).

Las constituciones estadales deben establecer el voto directo y secreto para elegir Concejos Municipales, Asambleas Legislativas y Diputados, sobre la base del Censo electoral regulado por la ley federal.  Los Diputados se eligen directamente; los Senadores, por las Asambleas Legislativas de los Estados y fuera de su seno.  El Congreso elige a los miembros principales y suplentes de la Corte Federal y de Casación. (Arts. 17(1), 56, 58, 60, 119; cont., 1925, Arts. 17(1), 56, 58, 60, 119).

El Congreso elige al Presidente de la República. (Art. 96; cf. 1925, Art. 96:  « hacer la elección del Presidente y del Vicepresidente de los Estados Unidos de Venezuela »).

Para ser diputado se requiere haber cumplido veintiún años, y para ser senador, ser mayor de treinta.  El Presidente de la República debe ser mayor de treinta años, venezolano por nacimiento, de estado seglar y estar en posesión de sus derechos civiles y políticos. (Arts. 57, 61, 95; cont., 1925, Arts. 57, 61, 95).

Las tropas deben permanecer acuarteladas durante los períodos electorales. (Art. 47; cont., 1925, Art. 47).

CIV-CIT—Ciudadanía

La nacionalidad venezolana se posee por nacimiento o se adquiere por naturalización.  Son venezolanos por nacimiento quienes nacen en el territorio nacional y los hijos de padres venezolanos, cualquiera que sea su lugar de nacimiento. (Arts. 27–28; cont., 1925, Arts. 27–28).

El Art. 29(1) comprende a los hijos mayores de edad nacidos en el extranjero, de padre y madre venezolanos por naturalización, que se domicilien en el país y manifiesten su voluntad de ser venezolanos. (Art. 29(1); cf. 1925, Art. 29(1):  « de padre o madre venezolanos por naturalización »).

La comparación consigna la conjunción impresa en cada recensión del CIDEP; no determina si la variante procede del instrumento sancionado o de su reproducción.

Las demás categorías comprenden a quienes hayan nacido en las repúblicas iberoamericanas, establezcan su residencia en el país y manifiesten su voluntad de ser venezolanos; a los extranjeros que obtengan carta de naturaleza conforme a la ley; y a la extranjera casada con venezolano mientras subsista el matrimonio, o que, dentro del año siguiente a su disolución, manifieste su voluntad de continuar siendo venezolana. (Art. 29(2–4); cont., 1925, Art. 29(2–4)).

Las manifestaciones de voluntad previstas en el Art. 29(1), (2) y (4) se presentan ante el Registrador Principal de la jurisdicción donde se establezca el domicilio.  Se extienden en el Protocolo y se remite copia al Ejecutivo Federal para su publicación oficial, previo cumplimiento de los trámites legales.  La nacionalidad no se adquiere antes de esa publicación. (Art. 30; cf. 1925, Art. 30:  « Las manifestaciones de voluntad a que se refiere el anterior Artículo »).

Los venezolanos deben defender la patria y obedecer la Constitución, las leyes y las órdenes legales dictadas para su ejecución.  No pueden prestar servicios contra Venezuela; de hacerlo, quedan sujetos a las penas legales por traición.  La ley determina los derechos y deberes de los extranjeros, que no pueden exceder los de los venezolanos.  Los extranjeros que intervengan en las contiendas políticas venezolanas contraen las mismas responsabilidades que los venezolanos y quedan sujetos a las medidas previstas en la carta. (Arts. 31, 37–38; cont., 1925, Arts. 31, 37–38).

Ni los nacionales ni los extranjeros pueden reclamar a la Nación, los Estados o las Municipalidades indemnizaciones por daños, perjuicios o expropiaciones que no hayan efectuado autoridades legítimas en ejercicio de sus funciones públicas. (Art. 39; cont., 1925, Art. 39).

RTS-GAR—Derechos

La vida es inviolable y ninguna ley ni autoridad puede establecer o imponer la pena de muerte.  La propiedad queda sujeta a las contribuciones legales y a su ocupación para obras de utilidad pública mediante juicio contradictorio e indemnización previa, conforme a la ley.  Los propietarios deben observar las disposiciones legales sobre higiene pública, conservación de bosques y aguas y otras exigencias análogas en beneficio de la comunidad. (Art. 32(1–2); cf. 1925, Art. 32(2):  « previo juicio contradictorio e indemnización »).

La correspondencia postal y telegráfica y los papeles privados son inviolables; su ocupación requiere orden judicial competente y el cumplimiento de las formalidades legales, con reserva de los asuntos domésticos y privados ajenos a la causa.  Solo puede entrarse en el hogar para impedir la comisión o consumación de un delito, ejecutar decisiones judiciales dictadas conforme a la ley o practicar visitas sanitarias legalmente autorizadas. (Art. 32(3–4); cont., 1925, Art. 32(3–4)).

La libertad personal comprende la abolición del reclutamiento forzoso, quedando el servicio militar sujeto a la ley; la proscripción perpetua de la esclavitud y la libertad de toda persona esclavizada que ingrese en el país; la facultad de hacer cuanto no perjudique a otro; y el derecho a no ser obligado a lo que la ley no ordene ni impedido de hacer lo que no prohíba. (Art. 32(5); cont., 1925, Art. 32(5)).

El pensamiento puede expresarse de palabra, por escrito o por medio de la imprenta, sin perjuicio de las sanciones legales por injuria, calumnia, difamación, ultraje e instigación a delinquir.  Se prohíbe la propaganda del comunismo. (Art. 32(6); cf. 1925, Art. 32(6):  « los delitos de injuria, calumnia, difamación o ultraje »).

Las personas pueden transitar sin pasaporte, mudar de domicilio con las formalidades legales, salir de la República y regresar a ella, y llevar o traer sus bienes.  El trabajo y la industria son libres dentro de los límites del orden público y las buenas costumbres.  Se prohíben los monopolios industriales, salvo los privilegios temporales expresamente permitidos por el Art. 32(8). (Art. 32(7–8); cont., 1925, Art. 32(7–8)).

Las reuniones públicas o privadas, sin armas, no pueden ser coartadas por las autoridades; la asociación queda sujeta a las restricciones y prohibiciones legales.  Las peticiones dirigidas a funcionarios o corporaciones oficiales llevan consigo el derecho a obtener respuesta oportuna.  Los funcionarios que infrinjan sus deberes pueden ser acusados ante los tribunales competentes.  Se garantiza la libertad de enseñanza. (Art. 32(9–11, 13); cont., 1925, Art. 32(9–11, 13)).

Nadie puede ser preso por deudas que no provengan de delito ni juzgado por tribunales o comisiones especiales, sino por sus Jueces naturales y conforme a leyes preexistentes.  El arresto o la detención requieren una información sumaria que acredite un delito merecedor de pena corporal y una orden escrita que exprese su motivo, salvo aprehensión in fraganti.  El sumario no puede prolongarse más de treinta días desde la detención. (Art. 32(15)(a–c); cont., 1925, Art. 32(15)(a–c)).

Nadie puede ser incomunicado ni obligado a prestar juramento o sufrir interrogatorio penal contra sí mismo, sus ascendientes, sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o su cónyuge.  La detención debe cesar cuando una decisión judicial firme destruya sus fundamentos o se preste fianza suficiente en los casos en que la ley permita la libertad provisional. (Art. 32(15)(d–f); cont., 1925, Art. 32(15)(d–f)).

La imposición de una pena requiere la notificación personal de los cargos y audiencia del encausado en la forma legal.  Ninguna pena corporal puede exceder de veinte años.  Se prohíben las penas infamantes y las perpetuas, aun cuando no restrinjan la libertad personal.  Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. (Art. 32(15)(g–i); cont., 1925, Art. 32(15)(g–i)).

Todos están sujetos a las mismas leyes, gozan de igual protección legal en el territorio nacional y deben cumplir los mismos deberes, servicios y contribuciones; las exenciones requieren autorización legal.  No pueden concederse títulos de nobleza, distinciones hereditarias ni empleos cuya remuneración se prolongue más allá de su ejercicio.  Los tratamientos oficiales se limitan a ciudadano y usted, salvo las fórmulas diplomáticas. (Art. 32(16); cont., 1925, Art. 32(16)).

La enumeración de derechos no niega los demás que correspondan a los ciudadanos.  Son nulas las leyes federales, las constituciones y leyes estadales y las ordenanzas municipales que menoscaben los derechos garantizados, según declare la Corte Federal y de Casación.  Quienes expidan, firmen, ejecuten u ordenen medidas contrarias a esos derechos son punibles conforme a la ley, salvo las medidas de autoridades competentes en las circunstancias del Art. 36. (Arts. 33–35; cont., 1925, Arts. 33–35).

En caso de guerra internacional, guerra civil o peligro inminente de una u otra, el Presidente de la República, en Consejo de Ministros, declara la situación y suspende las garantías constitucionales en todo el territorio o en la parte señalada, hasta el restablecimiento de la paz.  Se mantienen la inviolabilidad de la vida y la prohibición de penas infamantes.  Se prohíbe la confiscación, salvo a título de represalias recíprocas contra nacionales de un país enemigo que haya confiscado previamente bienes de venezolanos. (Art. 36(1–2); cont., 1925, Art. 36(1–2)).

Los nacionales o extranjeros que se opongan a la conservación o al restablecimiento de la paz pueden ser arrestados, sometidos a confinamiento o expulsados.  Estas medidas cesan al desaparecer las circunstancias que las motivaron, salvo que el Ejecutivo mantenga la expulsión de extranjeros. (Art. 36(3); cont., 1925, Art. 36(3)).

La soberanía reside en el pueblo y se ejerce por medio de los poderes públicos.  Estos tienen funciones definidas, cuyo exceso constituye usurpación.  La ley regula la nulidad de los actos que excedan las atribuciones; son nulas las decisiones impuestas por la fuerza o por una reunión popular en actitud subversiva.  Los funcionarios responden individualmente por extralimitación de sus facultades o por infracción de la ley que rige su cargo, con la salvedad del Art. 102, y quedan sujetos a pena por los demás delitos. (Arts. 40–44; cont., 1925, Arts. 40–44).

Nadie puede desempeñar simultáneamente más de un empleo público remunerado; la aceptación del segundo equivale a la renuncia del primero.  Se exceptúan los suplentes mientras no sustituyan al principal, los jueces accidentales y los empleados en academias, hospitales e instituciones docentes.  La ley regula el juramento que deben prestar los empleados nacionales al asumir sus cargos. (Arts. 46, 53; cf. 1925, Art. 46:  « excepto respecto de los profesores de enseñanza pública, los empleados en Academias u Hospitales y los Jueces accidentales »).

REG-MIL—Fuerza armada

El Ejército, la Armada y la Aviación Militar corresponden a la competencia federal.  Los Estados y las Municipalidades solo pueden mantener fuerzas de policía y guardias de cárceles, salvo las que organicen por orden federal.  El Ejército se forma con contingentes llamados al servicio en proporción a la población de los Estados, el Distrito Federal, los Territorios Federales y las Dependencias Federales.  La ley regula las milicias ciudadanas y puede establecer enganches por contrato.  Todos los elementos de guerra existentes en el país o introducidos desde el extranjero pertenecen a la Nación. (Art. 15(8); cont., 1925, Art. 15(8)).

La autoridad civil y la militar no pueden ejercerse simultáneamente por un mismo funcionario, salvo el Presidente de la República o el funcionario civil al que la ley confiera funciones militares durante la guerra.  La fuerza armada no puede deliberar; es pasiva y obediente.  Los cuerpos armados solo pueden requisar o exigir auxilios por conducto de las autoridades civiles y en la forma legal.  Las tropas permanecen acuarteladas durante las elecciones, y los jefes que infrinjan estas disposiciones son punibles. (Arts. 45, 47; cont., 1925, Arts. 45, 47).

Se abole el reclutamiento forzoso y el servicio militar se rige por la ley.  La Cámara del Senado presta su consentimiento para los ascensos desde Coronel y Capitán de Navío, inclusive.  El Congreso legisla sobre la formación y el reemplazo de las fuerzas de mar y tierra. (Arts. 32(5)(a), 62(3), 78(15); cont., 1925, Arts. 32(5)(a), 62(3), 78(15)).

El Presidente de la República dirige la guerra, manda personalmente el Ejército y la Armada o designa a quien deba hacerlo, organiza el Ejército y la Milicia Nacional y fija el número de las fuerzas de mar y tierra. (Art. 100(23); cont., 1925, Art. 100(23)).

REG-REL—Religión

Se garantiza la libertad religiosa conforme a la ley y bajo la suprema inspección de todo culto por el Ejecutivo Federal, con resguardo del Patronato Eclesiástico.  La Nación ejerce ese derecho conforme a la Ley de 28 de julio de 1824.  El Presidente de la República debe ser de estado seglar. (Arts. 32(14), 52, 95; cont., 1925, Arts. 32(14), 52, 95).

ECO-INF—Infraestructura

La legislación federal rige las materias civil, mercantil, penal y procesal; los bancos y las instituciones de crédito; la previsión social; la Sanidad; la conservación y el fomento de los montes, las aguas y las demás riquezas naturales; el trabajo; las marcas de fábrica; la propiedad literaria, artística e industrial; el registro público; la expropiación por causa de utilidad pública; la inmigración; la naturalización; la admisión y expulsión de extranjeros; y la reglamentación de las garantías constitucionales. (Art. 15(4); cont., 1925, Art. 15(4)).

La Federación legisla sobre Instrucción Pública.  La instrucción primaria elemental es obligatoria y la impartida en institutos oficiales es gratuita.  La formación del censo y la estadística nacionales requiere la cooperación de los Estados y las municipalidades; los actos que toman como base la población se rigen por el último censo aprobado por el Congreso.  El Art. 15(10) comprende expresamente a la Nación, los Estados, el Distrito Federal y los Territorios Federales. (Art. 15(9–10); cf. 1925, Art. 15(10):  « así de la Nación como de los Estados »).

Son de competencia federal la navegación aérea, marítima y fluvial, los muelles y las obras de desembarque.  No puede restringirse mediante impuestos o privilegios la navegación de ríos y otras aguas navegables que no hayan requerido obras especiales.  También corresponden a la Federación los Correos, Telégrafos, Teléfonos y las comunicaciones inalámbricas. (Art. 15(13, 15); cont., 1925, Art. 15(13, 15)).

Son caminos nacionales los que atraviesan un Estado, el Distrito Federal o un Territorio Federal y salen de sus límites.  La competencia federal comprende también los cables aéreos de tracción y los ferrocarriles, aun cuando se encuentren dentro de un solo Estado.  La concesión y reglamentación de los tranvías y cables de tracción urbanos corresponden a las Municipalidades respectivas. (Art. 15(16); cont., 1925, Art. 15(16)).

La competencia federal comprende las obras públicas necesarias en todo el territorio nacional, sin coartar el derecho de los Estados y las Municipalidades a emprenderlas por su cuenta.  Las obras de administración federal dentro de los Estados pueden comprender fuertes, muelles, almacenes, astilleros, penitenciarías y estaciones de cuarentenas. (Arts. 15(19), 21; cont., 1925, Arts. 15(19), 21).

Los privilegios temporales previstos por la ley pueden proteger la propiedad intelectual, las patentes de invención y las marcas de fábrica, y autorizar por tiempo limitado ferrocarriles, empresas de navegación aérea, canales, tranvías, líneas telefónicas o telegráficas y sistemas inalámbricos.  Las obras deben construirse o instalarse a costa del concesionario, sin garantía de rendimiento ni subvenciones de la Nación o de los Estados. (Art. 32(8); cont., 1925, Art. 32(8)).

Los contratos de interés público no pueden cederse, total ni parcialmente, a gobiernos extranjeros.  Deben incorporar una cláusula que someta las controversias no resueltas a los tribunales venezolanos competentes y a las leyes venezolanas, y excluya las reclamaciones extranjeras.  No pueden celebrarse con compañías que carezcan de domicilio legal en Venezuela ni cederse a ellas. (Art. 50; cont., 1925, Art. 50).

CON-FIN—Disposiciones finales

Continúa el período presidencial iniciado el 19 de abril de 1922, y el Presidente de la República en ejercicio permanece hasta su conclusión.  Los Senadores y Diputados conservan sus mandatos por el tiempo restante de sus períodos de tres años.  Al entrar en vigor la Constitución, el Congreso elige siete Vocales principales y siete Suplentes, que ejercen hasta la elección prevista en el Art. 119 para el siguiente período constitucional. (Art. 128; cf. 1925, Art. 128:  « continuará en sus cargos el Presidente y el Vicepresidente actuales de la República y los Vocales de la Corte Federal y de Casación »).

Las constituciones estadales vigentes continúan rigiendo hasta que los respectivos Estados las deroguen. (Art. 129; cf. 1925, Art. 129:  « El Presidente de la República organizará provisionalmente los Estados de la Unión mientras éstos dicten sus nuevas Constituciones »).

Las disposiciones transitorias no contienen una disposición correspondiente al mandato de 1925 de proveer el cargo de Procurador General de la Nación conforme al Art. 113. (Arts. 128–129 (disposiciones transitorias); cf. 1925, Art. 128, oración final:  « Respecto al Procurador general de la Nación, el Presidente de los Estados Unidos de Venezuela proveerá el cargo en virtud de lo dispuesto en el Artículo 113. »).

Las disposiciones transitorias no contienen una disposición correspondiente a la renuncia de los Estados, prevista en 1925, a los derechos sobre los saldos de sus situados constitucionales hasta el ejercicio de 1924–1925, inclusive, ni a la renuncia recíproca de la Nación a sus reclamaciones contra los Estados hasta ese mismo ejercicio. (Arts. 128–129 (disposiciones transitorias); cf. 1925, Art. 130:  « Los Estados renuncian en favor de la Nación cualquier derecho que pudiera corresponderles por saldos de sus situados constitucionales hasta el año económico de 1924-1925, inclusive.  Recíprocamente la Nación renuncia en favor de los Estados cualquier reclamación que le corresponda contra ellos hasta el citado año económico inclusive. »).

Una vez escrutadas las ratificaciones estadales, la Constitución se promulga con el Ejecútese presidencial y entra en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial. (Art. 130; cf. 1925, Art. 131:  « se promulgará y entrará en vigencia tan pronto como escrutados que sean por el Congreso Nacional los votos de la Asambleas Legislativas de los Estados se encuentre que la han ratificado »).

Se deroga la Constitución de 24 de junio de 1925, mandada cumplir y publicada en la Gaceta oficial el 1 de julio de 1925.  El texto constitucional de 1928 concluye con la fecha de 22 de mayo de 1928; la fórmula de ejecución suscrita por J. V. Gómez está fechada el 23 de mayo de 1928. (Art. 131; fórmulas de cierre y ejecución).

Recensión

Centro para la Integración y el Derecho Público (CIDEP).

18) La Constitución de 1929

La Constitución de los Estados Unidos de Venezuela de 1929 fue declarada sancionada por el Congreso en su Acuerdo de 29 de mayo de 1929, expedido en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, tras la ratificación unánime de las Asambleas Legislativas de los Estados consignada en el propio acuerdo.  Su ejecución fue ordenada por J. B. Pérez ese mismo día, en el Palacio Federal, en Caracas. (CIDEP 1929, p. 3, acuerdo preliminar; p. 23, fórmula de ejecución).

Nota histórica

Concluido el período presidencial 1922–1929 del Presidente Juan Vicente Gómez, el Presidente Juan Bautista Pérez ejerció la presidencia en calidad de encargado desde el 19 de abril de 1929 y como Presidente constitucional a partir del 30 de mayo del mismo año.  Durante la presidencia de Pérez, que concluyó el 13 de junio de 1931, Gómez ejerció el mando militar como Comandante en Jefe del Ejército Nacional.

Fuente: Manuel Rodríguez Campos, « Pérez, Juan Bautista », Diccionario de Historia de Venezuela, Fundación Empresas Polar.

https://bibliofep.fundacionempresaspolar.org/dhv/entradas/p/perez-juan-bautista

DOC-PRE—Preámbulo

(texto original castellano según la recensión del CIDEP)

« El Congreso de los Estados Unidos de Venezuela, en el nombre de Dios Todopoderoso y en ejercicio de la facultad que le concede el Artículo 126 del Pacto Federal vigente, la presente CONSTITUCIÓN »

(CIDEP 1929, p. 3, preámbulo).

El preámbulo de la recensión del CIDEP (p. 3) carece del verbo de la fórmula de sanción.

FND-TER—Territorio

La Nación Venezolana reúne a todos los venezolanos en un pacto de organización política con el nombre de Estados Unidos de Venezuela; es para siempre e irrevocablemente libre e independiente de toda dominación o protección extranjera.  Su territorio corresponde al de la Capitanía General de Venezuela anterior a la transformación política de 1810, con las modificaciones resultantes de los tratados.  No puede cederse, traspasarse, arrendarse ni enajenarse de ningún otro modo a una potencia extranjera, ni siquiera temporalmente. (Arts. 1–2; cont., 1928, Arts. 1–2).

El territorio nacional se divide en Estados, Distrito Federal, Territorios Federales y Dependencias Federales.  Los veinte Estados son Anzoátegui, Apure, Aragua, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Yaracuy, Zamora y Zulia. (Arts. 3–4; cont., 1928, Arts. 3–4).

Los límites de los Estados se determinan por los de las antiguas provincias establecidos en la Ley de 28 de abril de 1856, con las variaciones derivadas de la creación del Distrito Federal, los Territorios Federales y las Dependencias Federales, de la Constitución de 5 de agosto de 1909 y del convenio celebrado en 1917 entre Aragua y Carabobo.  Los Estados limítrofes pueden modificar su frontera común mediante convenios aprobados por sus respectivas legislaturas, con las compensaciones o cesiones recíprocas de territorio que acuerden. (Art. 5; cont., 1928, Art. 5).

El Distrito Federal comprende los departamentos Libertador y Vargas.  El texto incluye en Libertador la ciudad de Caracas y sus parroquias foráneas de El Recreo, El Valle, La Vega, Antímano, Maracao y Macuto.  Una ley especial organiza el distrito y determina sus atribuciones municipales, de modo que no se entrabe la acción política federal. (Art. 6; cf. 1928, Art. 6:  « Macarao y Macuto »).

La recensión del CIDEP imprime el nombre de la parroquia como Maracao en el Art. 6; la de 1928 imprime Macarao.  Se conservan aquí ambas formas impresas.

Caracas es la capital y el asiento del gobierno federal, sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 100, atribuciones 23(b) y 24. (Art. 7; cf. 1928, Art. 7:  « sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso b), atribución 24 del Artículo 100, y en la atribución 25 del propio Artículo »).

Amazonas y Delta Amacuro son Territorios Federales organizados por leyes especiales.  Sus límites y los del Distrito Federal con los Estados vecinos pueden modificarse mediante convenios celebrados por el Poder Ejecutivo Federal y los respectivos gobiernos estadales, con aprobación del Congreso y de las correspondientes Asambleas Legislativas. (Art. 8; cont., 1928, Art. 8).

Un Territorio Federal puede adquirir la categoría de Estado si reúne la población exigida para elegir un diputado y acredita ante el Congreso su capacidad para atender todos los ramos del servicio público y sufragar sus gastos. (Art. 9; cont., 1928, Art. 9).

Las Dependencias Federales comprenden las islas venezolanas del mar de las Antillas, salvo Margarita y Coche, que constituyen Nueva Esparta.  Su gobierno y administración corresponden directamente al Ejecutivo hasta que la ley las eleve a la categoría de Territorios Federales. (Art. 10; cont., 1928, Art. 10).

La Corte Federal y de Casación dirime las controversias sobre límites entre los Estados, así como las que surjan entre estos y el Distrito Federal o los Territorios Federales, mediante el procedimiento establecido por la ley. (Art. 11; cont., 1928, Art. 11).

POW-LEG—Congreso

El Poder Legislativo se ejerce por el Congreso de los Estados Unidos de Venezuela, integrado por la Cámara de Diputados y la Cámara del Senado.  Tanto los Diputados como los Senadores duran tres años en sus funciones. (Art. 55; cont., 1928, Art. 55).

Cada Estado elige directamente, conforme a su Ley de Elecciones, un Diputado por cada treinta y cinco mil habitantes y otro por cada exceso de quince mil.  El Estado que no alcance treinta y cinco mil habitantes elige un diputado.  Se elige igual número de Suplentes, que cubren las vacantes por el orden de su elección. (Art. 56; cont., 1928, Art. 56).

El Art. 56 concluye con la disposición sobre los Suplentes; el mandato de tres años permanece en el Art. 55. (Arts. 55–56; cf. 1928, Art. 56, párrafo final:  « Los Diputados durarán en sus funciones tres años y se renovarán en su totalidad. »).

Para ser diputado se requiere ser venezolano por nacimiento y haber cumplido veintiún años.  El Distrito Federal y los Territorios Federales que alcancen la población exigida eligen directamente sus Diputados, con las formalidades que establezca la ley.  La base de población excluye a los indígenas no reducidos. (Arts. 57–58; cont., 1928, Arts. 57–58).

La Cámara de Diputados puede emitir un voto de censura contra los Ministros del Despacho cuyos actos considere merecedores de esa medida.  El Presidente de la República no está obligado a separarlos de sus cargos mientras la Corte Federal y de Casación no declare que hay mérito para su enjuiciamiento.  La ley puede conferir a la Cámara otras atribuciones. (Art. 59; cont., 1928, Art. 59).

La Asamblea Legislativa de cada Estado elige, fuera de su seno, dos Senadores principales y dos Suplentes; estos cubren las vacantes por el orden de su elección.  Para ser senador se requiere ser venezolano por nacimiento y mayor de treinta años. (Arts. 60–61; cont., 1928, Arts. 60–61).

La Cámara del Senado puede acordar el traslado al Panteón Nacional de los restos de venezolanos ilustres, transcurridos veinticinco años de su muerte; consentir que los empleados nacionales acepten dádivas, cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros; y prestar su consentimiento para los ascensos militares desde Coronel y navales desde Capitán de Navío, inclusive. (Art. 62(1–3); cont., 1928, Art. 62(1–3)).

El Art. 62 contiene tres atribuciones numeradas. (Art. 62; cf. 1928, Art. 62(4):  « 4. Las demás que le señalen las Leyes. »).

Las Cámaras Legislativas se reúnen anualmente en la capital, el 19 de abril o el día más próximo posible, sin convocatoria previa.  Las sesiones ordinarias duran noventa días improrrogables; dentro de ese lapso, todos los días y horas son hábiles para sesionar.  Las sesiones extraordinarias convocadas por el Ejecutivo se ocupan de los asuntos señalados en la convocatoria y de las leyes conexas cuya reforma sea necesaria. (Art. 63; cont., 1928, Art. 63).

Para instalar las Cámaras se requiere la presencia de dos tercios de sus miembros; si no se alcanza ese número, los presentes forman una Comisión Preparatoria y adoptan las medidas necesarias para lograr la concurrencia.  Las sesiones posteriores requieren mayoría absoluta.  Las sesiones son públicas, salvo que la Cámara respectiva acuerde celebrarlas en secreto. (Arts. 64–65; cont., 1928, Arts. 64–65).

Cada Cámara dicta su Reglamento Interior y de Debates, sanciona sus infracciones, mantiene el orden en su recinto, corrige o castiga a los espectadores que lo perturben, remueve los obstáculos al ejercicio legítimo de sus funciones, ejecuta sus decisiones privativas, califica a sus miembros y conoce de sus renuncias.  Ambas Cámaras sesionan en la misma población y abren y cierran sus sesiones el mismo día y a la misma hora; para suspenderlas o trasladarse requieren el consentimiento de la otra Cámara, y los desacuerdos se resuelven en sesión conjunta. (Arts. 66–67; cont., 1928, Arts. 66–67).

Durante las sesiones, el ejercicio de cualquier empleo público es incompatible con la condición de miembro de una Cámara.  La ley fija las remuneraciones, cuyo aumento solo puede regir para el período siguiente. (Arts. 68–69; cont., 1928, Arts. 68–69).

La inmunidad legislativa rige desde treinta días antes del 19 de abril hasta treinta días después de la clausura de las sesiones.  Durante ese lapso, los miembros no pueden ser presos, arrestados, confinados, detenidos ni coartados en el ejercicio de sus funciones, aun cuando incurran en delito.  Si el hecho atribuido merece pena corporal, el sumario queda paralizado mientras dure la inmunidad, sin perjuicio de practicar las diligencias de investigación.  Tampoco están obligados a contestar demandas, absolver juramento ni posiciones durante ese lapso, que se excluye del cómputo de los términos judiciales.  Las Cámaras no pueden allanar la inmunidad de sus miembros. (Art. 70; cont., 1928, Art. 70).

El Art. 70(1) excluye la aplicación del Art. 32(15)(c) con la precisión « respecto a la duración del sumario ». (Art. 70(1); cont., 1928, Art. 70(1)).

Los miembros no son responsables por las opiniones que expresen en sus Cámaras.  No pueden contratar con el Ejecutivo Federal por cuenta propia o ajena ni gestionar ante él reclamaciones de terceros. (Arts. 71–72; cont., 1928, Arts. 71–72).

Cuando la muerte u otra causa de falta absoluta agote o reduzca el número de Suplentes de un Estado en el Senado, la Asamblea Legislativa respectiva cubre las vacantes por el tiempo restante del período legislativo.  Las constituciones estadales y la Ley Orgánica del Distrito Federal determinan cómo se suplen las faltas en la Cámara de Diputados. (Art. 73; cont., 1928, Art. 73).

Las Cámaras actúan separadamente, pero se reúnen en sesión conjunta cuando lo ordenan la Constitución o las leyes, o cuando una invita a la otra y esta acepta y fija la hora de reunión.  Sus actos separados como cuerpos colegisladores se denominan Leyes; los que adoptan conjuntamente, o separadamente sobre materias privativas de una Cámara, se denominan Acuerdos.  El presidente de la Cámara del Senado preside el Congreso, y el de la Cámara de Diputados ejerce su vicepresidencia. (Arts. 74–76; cont., 1928, Arts. 74–76).

Las Cámaras reunidas en Congreso practican las elecciones que les corresponden, conocen de la renuncia del Presidente de la República, examinan el Mensaje anual, aprueban o imprueban las Memorias y Cuentas ministeriales, elevan a Estados los Territorios Federales que reúnen los requisitos y examinan si los Créditos Adicionales se ajustan al procedimiento constitucional. (Art. 77; cont., 1928, Art. 77).

La remisión que rige el examen de los Créditos Adicionales corresponde al Art. 100(29). (Art. 77(6); cf. 1928, Art. 77(6):  « los trámites indicados en la atribución 30 del Artículo 100 »).

Como cuerpos colegisladores, las Cámaras decretan los impuestos y empréstitos nacionales, regulan la deuda nacional, crean y suprimen empleos nacionales, legislan sobre la administración federal y la moneda, y autorizan la enajenación de inmuebles de la Nación.  Se prohíbe imponer la circulación de billetes bancarios o de cualquier representación de valor en papel, y debe mantenerse el patrón de oro.  Las pesas y medidas se rigen por el sistema métrico decimal. (Art. 78(1–4, 7–8); cont., 1928, Art. 78(1–4, 7–8)).

Los tratados y convenios diplomáticos requieren aprobación legislativa antes de su ratificación o canje.  La ley aprobatoria recibe el Ejecútese cuando consta la aceptación de la otra parte; la publicación oficial tiene lugar después de la ratificación y el canje.  Requieren aprobación legislativa los contratos sobre ferrocarriles, cables aéreos de tracción, comunicaciones telegráficas o inalámbricas, inmigración y otros asuntos de interés nacional autorizados.  Se exceptúan las concesiones mineras y los títulos de tierras baldías otorgados conforme a sus leyes respectivas. (Art. 78(5–6); cont., 1928, Art. 78(5–6)).

Las Cámaras sancionan la Ley de Presupuesto General de Rentas y Gastos Públicos, que fija los sueldos y gastos federales del ejercicio económico.  Fuera de esa ley, no pueden ordenar otro gasto determinado mediante ley o acuerdo especial.  Examinan y aprueban el Censo Nacional, establecen la administración especial de los Territorios Federales y aumentan la base de población para elegir Diputados cuando lo exija el censo aprobado. (Art. 78(9–12); cont., 1928, Art. 78(9–12)).

Las pensiones civiles, jubilaciones y montepíos militares a cargo del Tesoro Nacional se rigen por leyes generales.  El presupuesto consigna partidas globales, que el Ejecutivo distribuye por medio del ministro competente y conforme a la ley.  Las Cámaras decretan la guerra, requieren la negociación de la paz, legislan sobre la formación y el reemplazo de las fuerzas de mar y tierra, conceden amnistías y legislan sobre la seguridad de los puertos y las costas. (Art. 78(13–17); cont., 1928, Art. 78(13–17)).

La competencia legislativa comprende el Censo electoral, la Instrucción Pública, la Hacienda Nacional, la navegación aérea, marítima y fluvial, los muelles, los Correos, Telégrafos y comunicaciones inalámbricas, los ferrocarriles, caminos nacionales y el tránsito de vehículos automotores, las tierras baldías, las salinas, la pesca de perlas y las minas, además de las materias enumeradas en el Art. 15(4) y los demás asuntos de competencia federal. (Art. 78(18–19); cont., 1928, Art. 78(18–19)).

Los proyectos de ley pueden iniciarse en cualquiera de las Cámaras por presentación de, al menos, tres de sus miembros, o por el ministro competente cuando procedan del Ejecutivo.  Admitido el proyecto, se somete a tres discusiones, separadas por un día como mínimo.  La otra Cámara sigue el mismo procedimiento y devuelve las modificaciones que introduzca.  Si persiste el desacuerdo después de que la Cámara de origen exponga por escrito sus razones, ambas deciden en sesión conjunta, por mayoría, los artículos controvertidos y los conexos, pudiendo acordar una redacción distinta. (Arts. 79–82; cont., 1928, Arts. 79–82).

Los proyectos rechazados no pueden presentarse de nuevo hasta el año siguiente o después.  Los que queden pendientes al clausurarse las sesiones deben presentarse nuevamente y cumplir todas las discusiones en un año posterior.  La ley que reforme otra debe reproducir íntegramente su texto y derogar por completo la anterior; la derogación exige las mismas formalidades que la sanción. (Arts. 83–84, 86–87; cont., 1928, Arts. 83–84, 86–87).

La fórmula de las leyes comprende el nombre del Congreso de los Estados Unidos de Venezuela, seguido de « Decreta: ».  Los textos sancionados se extienden por duplicado y sin alteraciones, con las firmas de los presidentes y secretarios del Congreso y la fecha de aprobación definitiva.  Un ejemplar se remite al Presidente de la República para que lo refrende junto con los ministros competentes y ordene su publicación oficial.  Los errores de impresión se subsanan mediante nueva publicación corregida o una fe de erratas certificada por el ministerio correspondiente. (Arts. 85, 88–89; cont., 1928, Arts. 85, 88–89).

La ley entra en vigor en la fecha que indique o, a falta de señalamiento, con su publicación oficial.  No puede delegarse la facultad de legislar.  Las leyes no tienen efecto retroactivo, salvo cuando imponen una pena menor.  Las leyes procesales se aplican de inmediato a las causas pendientes; en materia penal, las pruebas ya evacuadas se aprecian conforme a la ley vigente cuando se promovieron, en cuanto ello favorezca al encausado. (Arts. 90–92; cont., 1928, Arts. 90–92).

La publicación mencionada en los Arts. 88–90 es la Gaceta Oficial de los Estados Unidos de Venezuela. (Arts. 88–90; cf. 1928, Art. 90:  « desde su publicación en la Gaceta oficial »).

ECO-HAC—Hacienda

Corresponden a la competencia federal las Aduanas, los derechos de importación y los de tránsito de mercancías procedentes del extranjero y destinadas a otro país.  El Impuesto Territorial continúa cobrándose en las Aduanas mientras no lo suprima la ley, y su producto ingresa en el Tesoro Nacional.  La exportación está libre de impuestos.  Las rentas federales comprenden los impuestos de estampillas o timbres fiscales, cigarrillos, tabaco, registro, herencia, fósforos, aguardientes, licores y los demás que la ley establezca con carácter nacional. (Art. 15(14, 17); cont., 1928, Art. 15(14, 17)).

El Situado Constitucional equivale al doce por ciento del total de ingresos por rentas, calculado para cada ejercicio económico sobre lo recaudado en el año civil inmediatamente anterior e incluido anualmente en el presupuesto nacional de gastos.  Se distribuye entre los Estados, el Distrito Federal y los Territorios Federales en proporción a su población. (Art. 17(4)(1); cont., 1928, Art. 17(4)(1)).

Las rentas estadales comprenden también el impuesto de papel sellado, los de consumo y las contribuciones que establezcan sus Asambleas Legislativas.  No puede exigirse papel sellado para liquidar o pagar impuestos nacionales ni emplearse para recaudar contribuciones prohibidas.  Los Estados no pueden crear Aduanas, cobrar derechos de importación o exportación, gravar mercancías extranjeras de tránsito al exterior, imponer contribuciones sobre materias tributarias nacionales o municipales, gravar el tránsito entre estados ni las mercancías antes de ofrecerse al consumo, prohibir el consumo de bienes de otra procedencia o gravarlos de manera discriminatoria, exigir a los funcionarios fiscales federales que recauden tributos estadales ni establecer impuestos pagaderos en trabajo personal o en su equivalente monetario. (Art. 17(4)(2–3); cont., 1928, Art. 17(4)(2–3)).

Las atribuciones rentísticas municipales quedan sujetas a las restricciones del Art. 17(4)(3).  Se prohíben las patentes sobre la agricultura, la cría y la pesca de peces comestibles en los ámbitos municipal, estadal y nacional.  Los Estados y las Municipalidades no pueden contratar empréstitos en el extranjero. (Arts. 18(3), 24; cont., 1928, Arts. 18(3), 24).

No puede cobrarse un impuesto sin autorización legal.  Todo gasto del Tesoro Nacional requiere una asignación en la Ley de Presupuesto General de Rentas y Gastos Públicos o un Crédito Adicional decretado previamente.  Los funcionarios que infrinjan esta disposición responden civilmente ante el Tesoro Nacional por las cantidades pagadas. (Art. 48; cont., 1928, Art. 48).

El Presidente de la República, en Consejo de Ministros, puede decretar Créditos Adicionales cuando sea insuficiente la asignación de un capítulo presupuestario o no se haya previsto el gasto, siempre que existan fondos para cubrirlos sin menoscabo de las erogaciones ordinarias, que tienen preferencia.  El Congreso examina el cumplimiento de estos requisitos.  Los ministros rinden cuenta de los fondos que administran; el encargado de las rentas nacionales prepara el proyecto de presupuesto de acuerdo con los demás. (Arts. 100(29), 77(6), 109; cont., 1928, Arts. 100(30), 77(6), 109).

Cada Estado conserva la propiedad de sus salinas, tierras baldías y sus productos, ostrales de perlas y minas, cuya administración corresponde al Ejecutivo Federal.  Las rentas de esos bienes, incluido el producto de la venta de tierras baldías, ingresan en el Tesoro Nacional.  Las salinas son inalienables.  Las tierras baldías de las islas marítimas, fluviales y lacustres no pueden enajenarse, y su aprovechamiento no puede entrañar, directa ni indirectamente, la transferencia de su propiedad. (Art. 15(18); cont., 1928, Art. 15(18)).

Las concesiones mineras son temporales.  Las leyes sobre venta, arrendamiento o adjudicación gratuita de tierras baldías deben establecer un derecho de preferencia a favor de sus ocupantes. (Art. 15(18); cont., 1928, Art. 15(18)).

POW-EXE—Poder Ejecutivo

La administración federal que la Constitución no atribuye a otra autoridad corresponde al Poder Ejecutivo Federal, ejercido por el Presidente de los Estados Unidos de Venezuela.  Las leyes determinan los empleados y agentes federales por cuyo conducto se ejerce la administración; en los casos permitidos por la Constitución puede requerirse el auxilio de los gobiernos estadales. (Arts. 93–94; cont., 1928, Arts. 93–94).

El Presidente de la República debe ser venezolano por nacimiento, mayor de treinta años, de estado seglar y estar en posesión de todos sus derechos civiles y políticos. (Art. 95; cont., 1928, Art. 95).

El Congreso elige al Presidente de la República dentro de los primeros quince días de su instalación en el año en que comienza el período constitucional.  La sesión electoral se fija con cinco días de antelación, como mínimo, y se anuncia mediante publicación oficial.  El juramento se presta ante el Congreso o, si las circunstancias lo impiden, ante la Corte Federal y de Casación. (Arts. 96, 99; cont., 1928, Arts. 96, 99).

Las faltas temporales del Presidente de la República las suple el Ministro del Despacho que este designe.  En caso de falta absoluta, el Congreso elige un sustituto por el resto del período.  Hasta su toma de posesión continúa el ministro que ya ejerza la suplencia; si no lo hubiere, el Gabinete elige a uno de sus ministros por mayoría.  Si el Congreso no se encuentra en sesiones ordinarias, el ministro encargado lo convoca a sesiones extraordinarias. (Art. 97; cont., 1928, Art. 97).

La ausencia de la capital, mientras el presidente permanezca en el territorio nacional, no constituye falta temporal.  Desde cualquier lugar del país, el Presidente de la República puede comunicar instrucciones a los ministros para las resoluciones que deban expedir en la capital y recibir a los ministros diplomáticos extranjeros. (Art. 98; cont., 1928, Art. 98).

Los períodos constitucionales federales duran siete años.  El ejercicio de la presidencia comienza con el juramento y concluye el 19 de abril del año en que termina el período.  Ese día, el Ejecutivo se entrega al miembro o suplente de la Corte Federal y de Casación que esta designe conforme al Art. 120(17), hasta que tome posesión el sucesor electo. (Arts. 54, 103, 120(17); cont., 1928, Arts. 54, 103, 120(17)).

El Art. 54 fija el comienzo de los períodos federales en el 19 de abril de 1929. (Art. 54; cf. 1928, Art. 54:  « se contarán desde el 19 de abril de 1922 y durarán siete años »).

Para el período constitucional en curso, el Congreso elige un Comandante en Jefe del Ejército Nacional.  El Presidente de la República debe ejercer de acuerdo con ese funcionario las atribuciones 1, 4, 17, 18, 23, 25 y 27 del Art. 100, relativas al nombramiento y remoción de ministros, la administración del Distrito Federal, la convocatoria extraordinaria del Congreso, la declaración de guerra, la suspensión de garantías y las medidas de guerra enumeradas, la intervención armada en las colisiones entre Estados y los indultos. (Art. 128; nuevo).

El Presidente de la República nombra y remueve a los Ministros del Despacho, recibe a los ministros diplomáticos extranjeros, firma las cartas oficiales dirigidas a los jefes de Estado, administra el Distrito Federal y los Territorios Federales, y puede designar a un Ministro del Despacho para que ejerza temporalmente la presidencia y reasumirla durante el período constitucional. (Art. 100(1–6); cont., 1928, Art. 100(1–6)).

El Presidente de la República manda ejecutar y publicar la Constitución y las leyes; expide en Consejo de Ministros los Decretos y Reglamentos necesarios para su ejecución, sin alterar su espíritu, propósito o razón; negocia los empréstitos autorizados por el legislador, por medio del ministro competente y con aprobación del Gabinete; reglamenta en Consejo de Ministros los servicios públicos o privados de sanidad, correos, telégrafos y teléfonos; y ordena levantar el censo y lo somete a aprobación legislativa. (Art. 100(7–11); cont., 1928, Art. 100(7–11)).

Por medio de los ministros competentes, el Presidente de la República expide patentes de navegación y cartas de nacionalidad, nombra a los empleados nacionales cuya elección no corresponde a otro funcionario, los remueve y administra las rentas nacionales.  En Consejo de Ministros, crea y dota los servicios públicos necesarios durante el receso legislativo.  Con aprobación del Gabinete, dispone que el Ministerio Público Federal acuse a los funcionarios que den motivo a ello y convoca extraordinariamente al Congreso.  Declara la guerra después de que la haya decretado el Congreso. (Art. 100(12–19); cont., 1928, Art. 100(12–19)).

El Presidente de la República dirige las negociaciones diplomáticas personalmente o por medio del ministro competente y celebra tratados por conducto de los plenipotenciarios que elija, con aprobación del Consejo de Ministros y posterior aprobación legislativa.  Los tratados no pueden menoscabar los Arts. 37–39 y deben prever el arbitramento de las diferencias sobre su interpretación o ejecución.  Los contratos de interés nacional permitidos se celebran por medio de los ministros competentes, con aprobación del Consejo de Ministros, y se someten al Congreso.  Puede prohibirse la entrada de extranjeros y ordenarse su expulsión en los casos permitidos por el derecho internacional o la legislación nacional. (Art. 100(20–22); cont., 1928, Art. 100(20–22)).

El Presidente de la República decreta la suspensión de garantías constitucionales en los casos del Art. 36.  Durante la guerra civil o internacional, sus facultades adicionales comprenden pedir auxilios a los Estados, trasladar temporalmente los poderes federales, disponer el enjuiciamiento por traición a la Patria, reorganizar los Estados dominados por rebeldes o participantes en la rebelión, y expedir patentes de corso y autorizar represalias. (Art. 100(23); cont., 1928, Art. 100(24)).

Durante la visita oficial a los Estados o Territorios Federales con todos o algunos de los Ministros del Despacho, el asiento del Poder Ejecutivo Federal es el lugar donde se encuentre el Presidente de la República; el decreto de visita regula el despacho de los asuntos administrativos corrientes en Caracas.  El Presidente de la República puede emplear la fuerza pública para poner fin a una colisión armada entre Estados cuando resulten ineficaces sus buenos oficios, ejercer las funciones que le deleguen las constituciones estadales, conceder indultos y ordenar la expedición de títulos de adjudicación o arrendamiento de tierras baldías y de concesiones mineras. (Art. 100(24–28); cont., 1928, Art. 100(25–29)).

El Mensaje anual se presenta personalmente o por medio de un ministro dentro de los primeros diez días de las sesiones ordinarias; en él se da cuenta de los actos de administración y del estado de la República. (Art. 101, primer párrafo; cont., 1928, Art. 101, primer párrafo).

En el último año del período presidencial, el Mensaje se presenta el 19 de abril o se deja firmado en poder del encargado de la presidencia para que lo remita cuando se reúna el Congreso. (Art. 101, párrafo final; cont., 1928, Art. 101, párrafo final).

El Presidente de la República solo responde por traición a la Patria y por delitos comunes. (Art. 102; cont., 1928, Art. 102).

Los Ministros del Despacho son los órganos legalmente necesarios para el ejercicio de las atribuciones presidenciales.  La ley determina sus funciones y organiza sus departamentos.  Los decretos presidenciales requieren el refrendo de los ministros competentes, quienes expiden las resoluciones y órdenes comprendidas en las atribuciones del presidente.  Sin ese requisito, las disposiciones presidenciales carecen de eficacia, salvo los nombramientos ministeriales y la designación del ministro encargado conforme al Art. 100(6).  El Gobernador del Distrito Federal, de libre nombramiento y remoción, es el órgano del presidente para la administración del Distrito Federal. (Arts. 104–105; cont., 1928, Arts. 104–105).

Para ser Ministro del Despacho se requiere ser venezolano por nacimiento, mayor de treinta años y estar en posesión de los derechos civiles y políticos.  Las decisiones se adoptan en Gabinete cuando lo exige la Constitución o la ley, o cuando el Presidente de la República lo convoca por la importancia del asunto.  En los demás casos, el ministro o los ministros competentes refrendan o ejecutan la decisión presidencial. (Arts. 106–107; cont., 1928, Arts. 106–107).

Los actos de los ministros deben ajustarse a la Constitución y las leyes.  Las órdenes presidenciales, aun escritas, no los eximen de responsabilidad personal; la responsabilidad por los actos resueltos en Gabinete es solidaria.  Los ministros presentan sus Memorias y Cuentas, razonadas y documentadas, dentro de los primeros diez días de las sesiones anuales.  Pueden intervenir en las Cámaras y deben concurrir cuando estas los llamen para informar. (Arts. 108, 109 (primer párrafo), 110; cont., 1928, Arts. 108, 109 (primer párrafo), 110).

En el último año presidencial, los ministros presentan sus Memorias y Cuentas el 19 de abril o, si aún no se han reunido las Cámaras Legislativas, las dejan en poder del encargado de la presidencia para que las remita cuando se reúna el Congreso. (Art. 109, párrafo final; cont., 1928, Art. 109, párrafo final).

POW-JUD—Poder Judicial

El Poder Judicial reside en la Corte Federal y de Casación y en los demás tribunales establecidos por la ley.  Los Jueces Federales se nombran por un período determinado y no pueden ser removidos durante él, salvo en los casos previstos por la ley. (Arts. 116–117; cont., 1928, Arts. 116–117).

La Corte Federal y de Casación se compone de siete Vocales, venezolanos por nacimiento, mayores de treinta años y abogados de la República, que duran siete años en sus funciones.  Al concluir el período, permanecen en sus cargos hasta que tomen posesión sus sustitutos.  La Corte funciona en Salas, cuya composición determina la ley. (Art. 118; cont., 1928, Art. 118).

El Congreso elige separadamente a cada uno de los siete Vocales, por mayoría absoluta, dentro de los primeros treinta días de sesiones del año en que comienza el período constitucional.  En la misma sesión elige siete Suplentes numerados, que cubren las faltas temporales y absolutas por ese orden.  La Corte provee las faltas accidentales conforme a la ley.  El Congreso completa la lista de Suplentes cuando disminuye su número y coloca los nuevos nombramientos al final; las excusas sucesivas sin renuncia se consideran faltas accidentales. (Art. 119; cont., 1928, Art. 119).

La Corte conoce de las acusaciones contra el Presidente de la República o quien lo supla, los Ministros del Despacho, el Procurador General de la Nación, el Gobernador del Distrito Federal y sus propios miembros, así como contra los presidentes de los Estados y los demás altos funcionarios estadales que determine la ley respectiva.  Conoce de las causas civiles y penales relativas a funcionarios diplomáticos cuando lo permita el derecho internacional, y de las causas penales por la conducta de agentes diplomáticos venezolanos en el exterior. (Art. 120(1–4); cont., 1928, Art. 120(1–4)).

Su competencia comprende el recurso de casación, los demás recursos que le atribuya la ley, las causas de presas, las controversias entre los funcionarios políticos y las entidades federales o estadales señalados, y los conflictos de competencia judicial cuando no exista otra autoridad llamada a resolverlos. (Art. 120(5–8); cont., 1928, Art. 120(5–8)).

La Corte declara la nulidad de las leyes nacionales o estadales contrarias a la Constitución; la nulidad se limita a las disposiciones incompatibles, salvo que su conexión con las restantes exija anular toda la ley.  Determina qué ley nacional o estadal debe prevalecer, o cuál de las disposiciones contradictorias de una misma ley.  Anula los actos legislativos o ejecutivos que lesionen los derechos o la autonomía de los Estados, y los actos estadales o municipales que infrinjan las restricciones rentísticas señaladas. (Art. 120(9–11); cont., 1928, Art. 120(9–11)).

La Corte anula los Decretos y Reglamentos del Ejecutivo que alteren el espíritu, razón o propósito de las leyes, así como los actos comprendidos en los Arts. 42–43 emanados de autoridades nacionales, del Distrito Federal o de altos funcionarios estadales.  Las resoluciones ministeriales relativas a la ejecución, interpretación o caducidad de contratos federales se someten al procedimiento del Art. 120(13). (Art. 120(12); cont., 1928, Art. 120(12)).

Mediante juicio contencioso, la Corte resuelve las controversias entre la Nación y los contratistas o concesionarios sobre nulidad, caducidad, resolución, alcance, interpretación o cumplimiento de contratos federales, concesiones mineras y adjudicaciones de tierras baldías, incluidas las negativas a expedir títulos que se reclamen como debidos.  Se exceptúan los asuntos que la ley aplicable al tiempo de su celebración reserve a la decisión del Ejecutivo sin recurso judicial.  Con sujeción a los tratados y a los requisitos legales, la Corte concede fuerza ejecutoria a las sentencias extranjeras y conoce de las reclamaciones por daños y perjuicios y de las demás reclamaciones pecuniarias contra la Nación previstas en la ley. (Art. 120(13–15); cont., 1928, Art. 120(13–15)).

La Corte dirime las controversias sobre límites previstas en el Art. 11. (Art. 120(16); cont., 1928, Art. 120(16)).

El 19 de abril, al comienzo de cada período federal, la Corte designa a un miembro principal o suplente para encargarse del Ejecutivo conforme al Art. 103.  Si se designa a un principal, este se separa de la Corte al asumir el Ejecutivo.  El designado permanece hasta que tome posesión el Presidente de la República electo, aunque entretanto se renueve la Corte. (Art. 120(17); cont., 1928, Art. 120(17)).

La Constitución y las leyes pueden atribuir a la Corte otros asuntos de competencia federal. (Art. 120(18); cont., 1928, Art. 120(18)).

En las acusaciones previstas en el Art. 120(1–2), la Corte resuelve sumariamente si hay mérito para la formación de causa, atendiendo a las pruebas aportadas y a las que ordene practicar.  La declaración afirmativa suspende al funcionario durante el proceso; la negativa pone fin al procedimiento.  Los delitos comunes pasan al tribunal ordinario competente, mientras que los delitos políticos permanecen ante la Corte hasta sentencia definitiva.  La Corte remite anualmente al Congreso una memoria de sus trabajos y de las reformas legislativas que proponga. (Arts. 121–122; cont., 1928, Arts. 121–122).

La competencia judicial federal comprende los asuntos atribuidos a la Corte, la justicia ordinaria del Distrito Federal, los Territorios Federales y las Dependencias Federales, y la actuación de Tribunales Federales, aun dentro de los Estados, en causas en que sea parte la Nación, procesos militares y asuntos relativos a tierras baldías, minas, salinas, tributos federales y los demás casos determinados por la ley.  La ley puede encomendar funciones judiciales federales a los Tribunales de los Estados. (Art. 15(7); cont., 1928, Art. 15(7)).

El Ministerio Público Federal representa al Ejecutivo Federal ante los tribunales federales y estadales cuando lo exigen la Constitución y las leyes.  Lo dirige el Procurador General de la Nación, de libre nombramiento y remoción por el Presidente de la República; los nombramientos de sus subordinados se rigen por la ley.  Vela por la recta aplicación de las leyes en los procesos penales y en los asuntos que interesen al Fisco Nacional, al orden público o a las buenas costumbres; emite dictámenes jurídicos para el Ejecutivo o la Corte; ejerce el Ministerio Fiscal en las causas del Art. 120(1–3); y representa judicialmente a la Nación.  El Procurador General de la Nación cumple las instrucciones legales del Ejecutivo transmitidas por el ministerio competente. (Arts. 111–115; cont., 1928, Arts. 111–115).

A instancia del Ejecutivo Federal, el Procurador General de la Nación formula ante la autoridad competente acusaciones contra los funcionarios que den motivo a ser enjuiciados. (Art. 114(3); cf. 1928, Art. 114(3):  « acusación contra los funcionarios federales que dieren motivo a ser enjuiciados »).

POW-SUB—Gobierno subnacional

Los Estados reconocen recíprocamente su autonomía e igualdad política y conservan la soberanía no delegada por la Constitución.  Su primer deber y el de la Federación es conservar la independencia e integridad nacionales.  No pueden romper la unidad nacional, aliarse con potencias extranjeras, solicitar su protección ni cederles territorio.  El gobierno nacional y el de los Estados es republicano, federal, democrático, electivo, representativo, responsable y alternativo. (Arts. 12–13; cont., 1928, Arts. 12–13).

Los Estados se dividen en Distritos con autonomía municipal, independientes del poder político estadal en sus asuntos administrativos, dentro de las restricciones constitucionales.  Durante la guerra exterior o interior, el Ejecutivo estadal puede asumir la administración de los distritos conforme a la constitución del Estado. (Art. 14; cont., 1928, Art. 14).

Los Estados dictan sus constituciones y las leyes que organizan sus poderes públicos, eligen a estos conforme a sus constituciones y leyes, y pueden delegar determinadas funciones en el Presidente de la República.  Pueden conservar o cambiar sus nombres.  Administran la justicia civil y penal por medio de sus tribunales, salvo en los asuntos reservados a jueces federales; sus sentencias solo están sujetas a revisión por la Corte Federal y de Casación, mediante los recursos y con los efectos establecidos por la ley. (Art. 17(1–3, 5); cont., 1928, Art. 17(1–3, 5)).

Las Municipalidades organizan los servicios de policía, abastos, cementerios, ornamentación municipal, arquitectura civil, alumbrado, acueductos, tranvías urbanos y los demás de carácter municipal.  Administran los ejidos y otros terrenos municipales, que en lo sucesivo no pueden enajenarse salvo para edificaciones. (Art. 18(1–2); cont., 1928, Art. 18(1–2)).

Los servicios de higiene se sujetan a las leyes y reglamentos sanitarios federales y quedan « bajo la suprema inspección del servicio sanitario federal ». (Art. 18(1); cf. 1928, Art. 18(1):  « bajo la inspección del servicio sanitario federal »).

Los Estados deben cumplir y ejecutar la Constitución, las leyes y las órdenes legales federales.  Los Estados y las Municipalidades dan entera fe a los actos públicos y judiciales de las autoridades federales, de otros Estados y del Distrito Federal, y disponen su cumplimiento y ejecución. (Arts. 16, 19; cont., 1928, Arts. 16, 19).

Dentro de los Estados pueden actuar jueces, fiscales, funcionarios administrativos y rentísticos federales, así como las fuerzas destinadas a las fronteras, la paz pública, las guarniciones, los arsenales, las costas y los puertos.  Su jurisdicción se limita a sus funciones; no gozan de fuero ni privilegio personal que los distinga de los demás habitantes.  Los Estados no pueden imponerles deberes incompatibles con su servicio federal.  El gobierno federal puede construir las obras necesarias para su administración. (Arts. 20–21; cont., 1928, Arts. 20–21).

Los Estados deben impedir los reclutamientos y las levas destinados a atentar contra la paz, libertad o independencia de otra nación, o a perturbar la paz interior.  No pueden hacerse la guerra entre sí y deben guardar neutralidad en las controversias entre otros Estados hasta que el gobierno federal requiera su intervención. (Arts. 22–23; cont., 1928, Arts. 22–23).

Dos o más Estados pueden unirse para formar uno solo, conservando la libertad de recuperar su autonomía.  En ambos casos deben comunicarlo al Ejecutivo Federal, al Congreso y a los demás Estados. (Art. 25; cont., 1928, Art. 25).

Los actos públicos y documentos oficiales de la Nación, los Estados, el Distrito Federal, los Territorios Federales y las Municipalidades deben indicar la fecha del calendario y los años de la Independencia, contados desde el 19 de abril de 1810, y de la Federación, desde el 20 de febrero de 1859. (Art. 26; cont., 1928, Art. 26).

El Poder Público se distribuye entre las autoridades federales, estadales y municipales dentro de los límites constitucionales.  El Poder Federal se divide en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. (Art. 51; cont., 1928, Art. 51).

CON-AMD—Reforma constitucional

El Congreso, reunido en sesiones ordinarias, declara la reforma total o parcial a petición de tres cuartas partes de las Asambleas Legislativas de los Estados, también reunidas en sesiones ordinarias.  Las enmiendas y adiciones solo pueden versar sobre los puntos en que convenga la mayoría de los Estados. (Art. 123; cont., 1928, Art. 123).

Las enmiendas y adiciones siguen el procedimiento de formación de las leyes.  Una vez aprobadas por el Congreso, su presidente las somete a las Asambleas Legislativas para su ratificación definitiva. (Arts. 124–125; cont., 1928, Arts. 124–125).

El Congreso puede también iniciar enmiendas o adiciones conforme al procedimiento de los Arts. 124–125; quedan sancionadas cuando las ratifican dos terceras partes de las Asambleas Legislativas estadales.  Tanto si la iniciativa procede de estas como de las Cámaras Legislativas, los votos definitivos de los Estados vuelven al Congreso para su escrutinio. (Arts. 126–127; cont., 1928, Arts. 126–127).

CIV-SUF—Sufragio

El derecho de sufragio confiere a los venezolanos mayores de veintiún años, que no estén sujetos a interdicción ni a condena penal con inhabilitación política, la condición de electores y elegibles para cargos públicos, con las restricciones constitucionales y los requisitos legales de competencia o capacidad para determinados empleos. (Art. 32(12); cont., 1928, Art. 32(12)).

Las constituciones estadales deben establecer el voto directo y secreto para elegir Concejos Municipales, Asambleas Legislativas y Diputados, sobre la base del Censo electoral regulado por la ley federal.  Los Diputados se eligen directamente; los Senadores, por las Asambleas Legislativas de los Estados y fuera de su seno.  El Congreso elige a los miembros principales y suplentes de la Corte Federal y de Casación. (Arts. 17(1), 56, 58, 60, 119; cont., 1928, Arts. 17(1), 56, 58, 60, 119).

El Congreso elige al Presidente de la República. (Art. 96; cont., 1928, Art. 96).

Para ser diputado se requiere haber cumplido veintiún años, y para ser senador, ser mayor de treinta.  El Presidente de la República debe ser mayor de treinta años, venezolano por nacimiento, de estado seglar y estar en posesión de sus derechos civiles y políticos. (Arts. 57, 61, 95; cont., 1928, Arts. 57, 61, 95).

El Congreso elige al Presidente de la República y al Comandante en Jefe del Ejército Nacional para el período 1929–1936 inmediatamente después de sancionarse la Constitución; ambos prestan juramento ante él. (Arts. 128–129; nuevo).

Las tropas deben permanecer acuarteladas durante los períodos electorales. (Art. 47; cont., 1928, Art. 47).

CIV-CIT—Ciudadanía

La nacionalidad venezolana se posee por nacimiento o se adquiere por naturalización.  Son venezolanos por nacimiento quienes nacen en el territorio nacional y los hijos de padres venezolanos, cualquiera que sea su lugar de nacimiento. (Arts. 27–28; cont., 1928, Arts. 27–28).

El Art. 29(1) comprende a los hijos mayores de edad nacidos en el extranjero, de padre o madre venezolanos por naturalización, que se domicilien en el país y manifiesten su voluntad de ser venezolanos. (Art. 29(1); cf. 1928, Art. 29(1):  « de padre y madre venezolanos por naturalización »).

La comparación consigna la conjunción impresa en cada recensión del CIDEP; no determina si la variante procede del instrumento sancionado o de su reproducción.

Las demás categorías comprenden a quienes hayan nacido en las repúblicas iberoamericanas, establezcan su residencia en el país y manifiesten su voluntad de ser venezolanos; a los extranjeros que obtengan carta de naturaleza conforme a la ley; y a la extranjera casada con venezolano mientras subsista el matrimonio, o que, dentro del año siguiente a su disolución, manifieste su voluntad de continuar siendo venezolana. (Art. 29(2–4); cont., 1928, Art. 29(2–4)).

Las manifestaciones de voluntad previstas en el Art. 29(1), (2) y (4) se presentan ante el Registrador Principal de la jurisdicción donde se establezca el domicilio.  Se extienden en el Protocolo y se remite copia al Ejecutivo Federal para su publicación oficial, previo cumplimiento de los trámites legales.  La nacionalidad no se adquiere antes de esa publicación. (Art. 30; cont., 1928, Art. 30).

Los venezolanos deben defender la patria y obedecer la Constitución, las leyes y las órdenes legales dictadas para su ejecución.  No pueden prestar servicios contra Venezuela; de hacerlo, quedan sujetos a las penas legales por traición.  La ley determina los derechos y deberes de los extranjeros, que no pueden exceder los de los venezolanos.  Los extranjeros que intervengan en las contiendas políticas venezolanas contraen las mismas responsabilidades que los venezolanos y quedan sujetos a las medidas previstas en la carta. (Arts. 31, 37–38; cont., 1928, Arts. 31, 37–38).

Ni los nacionales ni los extranjeros pueden reclamar a la Nación, los Estados o las Municipalidades indemnizaciones por daños, perjuicios o expropiaciones que no hayan efectuado autoridades legítimas en ejercicio de sus funciones públicas. (Art. 39; cont., 1928, Art. 39).

RTS-GAR—Derechos

La vida es inviolable y ninguna ley ni autoridad puede establecer o imponer la pena de muerte.  La propiedad queda sujeta a las contribuciones legales y a su ocupación para obras de utilidad pública mediante juicio contradictorio e indemnización previa, conforme a la ley.  Los propietarios deben observar las disposiciones legales sobre higiene pública, conservación de bosques y aguas y otras exigencias análogas en beneficio de la comunidad. (Art. 32(1–2); cont., 1928, Art. 32(1–2)).

La correspondencia postal y telegráfica y los papeles privados son inviolables; su ocupación requiere orden judicial competente y el cumplimiento de las formalidades legales, con reserva de los asuntos domésticos y privados ajenos a la causa.  Solo puede entrarse en el hogar para impedir la comisión o consumación de un delito, ejecutar decisiones judiciales dictadas conforme a la ley o practicar visitas sanitarias legalmente autorizadas. (Art. 32(3–4); cont., 1928, Art. 32(3–4)).

La libertad personal comprende la abolición del reclutamiento forzoso, quedando el servicio militar sujeto a la ley; la proscripción perpetua de la esclavitud y la libertad de toda persona esclavizada que ingrese en el país; la facultad de hacer cuanto no perjudique a otro; y el derecho a no ser obligado a lo que la ley no ordene ni impedido de hacer lo que no prohíba. (Art. 32(5); cont., 1928, Art. 32(5)).

El pensamiento puede expresarse de palabra, por escrito o por medio de la imprenta, sin perjuicio de las sanciones legales por injuria, calumnia, difamación, ultraje e instigación a delinquir.  Se prohíbe la propaganda del comunismo. (Art. 32(6); cont., 1928, Art. 32(6)).

Las personas pueden transitar sin pasaporte, mudar de domicilio con las formalidades legales, salir de la República y regresar a ella, y llevar o traer sus bienes.  El trabajo y la industria son libres dentro de los límites del orden público y las buenas costumbres.  Se prohíben los monopolios industriales, salvo los privilegios temporales expresamente permitidos por el Art. 32(8). (Art. 32(7–8); cont., 1928, Art. 32(7–8)).

Las reuniones públicas o privadas, sin armas, no pueden ser coartadas por las autoridades; la asociación queda sujeta a las restricciones y prohibiciones legales.  Las peticiones dirigidas a funcionarios o corporaciones oficiales llevan consigo el derecho a obtener respuesta oportuna.  Los funcionarios que infrinjan sus deberes pueden ser acusados ante los tribunales competentes.  Se garantiza la libertad de enseñanza. (Art. 32(9–11, 13); cont., 1928, Art. 32(9–11, 13)).

Nadie puede ser preso por deudas que no provengan de delito ni juzgado por tribunales o comisiones especiales, sino por sus Jueces naturales y conforme a leyes preexistentes.  El arresto o la detención requieren una información sumaria que acredite un delito merecedor de pena corporal y una orden escrita que exprese su motivo, salvo aprehensión in fraganti.  El sumario no puede prolongarse más de treinta días desde la detención. (Art. 32(15)(a–c); cont., 1928, Art. 32(15)(a–c)).

Nadie puede ser incomunicado ni obligado a prestar juramento o sufrir interrogatorio penal contra sí mismo, sus ascendientes, sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o su cónyuge.  La detención debe cesar cuando una decisión judicial firme destruya sus fundamentos o se preste fianza suficiente en los casos en que la ley permita la libertad provisional. (Art. 32(15)(d–f); cont., 1928, Art. 32(15)(d–f)).

La imposición de una pena requiere la notificación personal de los cargos y audiencia del encausado en la forma legal.  Ninguna pena corporal puede exceder de veinte años.  Se prohíben las penas infamantes y las perpetuas, aun cuando no restrinjan la libertad personal.  Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. (Art. 32(15)(g–i); cont., 1928, Art. 32(15)(g–i)).

Todos están sujetos a las mismas leyes, gozan de igual protección legal en el territorio nacional y deben cumplir los mismos deberes, servicios y contribuciones; las exenciones requieren autorización legal.  No pueden concederse títulos de nobleza, distinciones hereditarias ni empleos cuya remuneración se prolongue más allá de su ejercicio.  Los tratamientos oficiales se limitan a ciudadano y usted, salvo las fórmulas diplomáticas. (Art. 32(16); cont., 1928, Art. 32(16)).

La enumeración de derechos no niega los demás que correspondan a los ciudadanos.  Son nulas las leyes federales, las constituciones y leyes estadales y las ordenanzas municipales que menoscaben los derechos garantizados, según declare la Corte Federal y de Casación.  Quienes expidan, firmen, ejecuten u ordenen medidas contrarias a esos derechos son punibles conforme a la ley, salvo las medidas de autoridades competentes en las circunstancias del Art. 36. (Arts. 33–35; cont., 1928, Arts. 33–35).

En caso de guerra internacional, guerra civil o peligro inminente de una u otra, el Presidente de la República, en Consejo de Ministros, declara la situación y suspende las garantías constitucionales en todo el territorio o en la parte señalada, hasta el restablecimiento de la paz.  Se mantienen la inviolabilidad de la vida y la prohibición de penas infamantes.  Se prohíbe la confiscación, salvo a título de represalias recíprocas contra nacionales de un país enemigo que haya confiscado previamente bienes de venezolanos. (Art. 36(1–2); cont., 1928, Art. 36(1–2)).

Los nacionales o extranjeros que se opongan a la conservación o al restablecimiento de la paz pueden ser arrestados, sometidos a confinamiento o expulsados.  Estas medidas cesan al desaparecer las circunstancias que las motivaron, salvo que el Ejecutivo mantenga la expulsión de extranjeros. (Art. 36(3); cont., 1928, Art. 36(3)).

La soberanía reside en el pueblo y se ejerce por medio de los poderes públicos.  Estos tienen funciones definidas, cuyo exceso constituye usurpación.  La ley regula la nulidad de los actos que excedan las atribuciones; son nulas las decisiones impuestas por la fuerza o por una reunión popular en actitud subversiva.  Los funcionarios responden individualmente por extralimitación de sus facultades o por infracción de la ley que rige su cargo, con la salvedad del Art. 102, y quedan sujetos a pena por los demás delitos. (Arts. 40–44; cont., 1928, Arts. 40–44).

Nadie puede desempeñar simultáneamente más de un empleo público remunerado; la aceptación del segundo equivale a la renuncia del primero.  Se exceptúan los suplentes mientras no sustituyan al principal, los jueces accidentales y los empleados en academias, hospitales e instituciones docentes.  La ley regula el juramento que deben prestar los empleados nacionales al asumir sus cargos. (Arts. 46, 53; cont., 1928, Arts. 46, 53).

REG-MIL—Fuerza armada

El Ejército, la Armada y la Aviación Militar corresponden a la competencia federal.  Los Estados y las Municipalidades solo pueden mantener fuerzas de policía y guardias de cárceles, salvo las que organicen por orden federal.  El Ejército se forma con contingentes llamados al servicio en proporción a la población de los Estados, el Distrito Federal, los Territorios Federales y las Dependencias Federales.  La ley regula las milicias ciudadanas y puede establecer enganches por contrato.  Todos los elementos de guerra existentes en el país o introducidos desde el extranjero pertenecen a la Nación. (Art. 15(8); cont., 1928, Art. 15(8)).

La autoridad civil y la militar no pueden ejercerse simultáneamente por un mismo funcionario, salvo el Presidente de la República o el funcionario civil al que la ley confiera funciones militares durante la guerra.  La fuerza armada no puede deliberar; es pasiva y obediente.  Los cuerpos armados solo pueden requisar o exigir auxilios por conducto de las autoridades civiles y en la forma legal.  Las tropas permanecen acuarteladas durante las elecciones, y los jefes que infrinjan estas disposiciones son punibles. (Arts. 45, 47; cont., 1928, Arts. 45, 47).

Se abole el reclutamiento forzoso y el servicio militar se rige por la ley.  La Cámara del Senado presta su consentimiento para los ascensos desde Coronel y Capitán de Navío, inclusive.  El Congreso legisla sobre la formación y el reemplazo de las fuerzas de mar y tierra. (Arts. 32(5)(a), 62(3), 78(15); cont., 1928, Arts. 32(5)(a), 62(3), 78(15)).

Para el período constitucional en curso, el Congreso elige un Comandante en Jefe del Ejército Nacional, quien manda el Ejército, la Aviación y la Marina y fija el número de las fuerzas de mar y tierra.  El Art. 100 ya no contiene la atribución separada de mando militar que antes llevaba el número 23; las restantes atribuciones, desde la suspensión de garantías, pasan a numerarse del 23 al 29. (Arts. 100, 128; cf. 1928, Art. 100(23):  « Dirigir la guerra y mandar el Ejército y la Armada en persona, o nombrar quien haya de hacerlo »).

El Presidente de la República ejerce las atribuciones del Art. 100(1, 4, 17, 18, 23, 25, 27) de acuerdo con el Comandante en Jefe del Ejército Nacional.  Ambos son elegidos inmediatamente después de sancionarse la Constitución, para el período 1929–1936, y prestan juramento ante el Congreso. (Arts. 128–129; nuevo).

El Art. 128 enumera las atribuciones 1, 4, 17, 18, 23, 25 y 27 del « Artículo 100 de la Constitución ».  Ese mismo artículo confiere separadamente el mando militar al Comandante en Jefe del Ejército Nacional. (Art. 128; nuevo).

En el Art. 100 de 1929, las atribuciones 23, 25 y 27 corresponden, respectivamente, a la suspensión de garantías y las medidas de guerra señaladas, al empleo de la fuerza en las colisiones armadas entre Estados y a los indultos. (Art. 100(23, 25, 27); cont., 1928, Art. 100(24, 26, 28)).Art. 100: atribuciones 23, 25 y 27 en las dos recensionesAtribución1928, Art. 1001929, Art. 10023cf. 1928, Art. 100(23):  « Dirigir la guerra y mandar el Ejército y la Armada en persona, o nombrar quien haya de hacerlo […] »« Decretar la suspensión de garantías en los casos previstos en el Artículo 36 […] »25cf. 1928, Art. 100(25):  « Declararse en visita oficial, junto con todos o algunos de los Ministros del Despacho, a determinados Estados de la Unión y Territorios Federales. […] »« Hacer uso de la fuerza pública para poner término a la colisión armada entre dos o más Estados cuando fuere ineficaz la interposición de sus buenos oficios. »27cf. 1928, Art. 100(27):  « Ejercer, respecto a los Estados, las funciones que éstos le delegaren en sus respectivas Constituciones. »« Conceder indultos. »

REG-REL—Religión

Se garantiza la libertad religiosa conforme a la ley y bajo la suprema inspección de todo culto por el Ejecutivo Federal, con resguardo del Patronato Eclesiástico.  La Nación ejerce ese derecho conforme a la Ley de 28 de julio de 1824.  El Presidente de la República debe ser de estado seglar. (Arts. 32(14), 52, 95; cont., 1928, Arts. 32(14), 52, 95).

ECO-INF—Infraestructura

La legislación federal rige las materias civil, mercantil, penal y procesal; los bancos y las instituciones de crédito; la previsión social; la Sanidad; la conservación y el fomento de los montes, las aguas y las demás riquezas naturales; el trabajo; las marcas de fábrica; la propiedad literaria, artística e industrial; el registro público; la expropiación por causa de utilidad pública; la inmigración; la naturalización; la admisión y expulsión de extranjeros; y la reglamentación de las garantías constitucionales. (Art. 15(4); cont., 1928, Art. 15(4)).

La Federación legisla sobre Instrucción Pública.  La instrucción primaria elemental es obligatoria y la impartida en institutos oficiales es gratuita.  La formación del censo y la estadística nacionales requiere la cooperación de los Estados y las municipalidades; los actos que toman como base la población se rigen por el último censo aprobado por el Congreso.  El Art. 15(10) comprende expresamente a la Nación, los Estados, el Distrito Federal y los Territorios Federales. (Art. 15(9–10); cont., 1928, Art. 15(9–10)).

Son de competencia federal la navegación aérea, marítima y fluvial, los muelles y las obras de desembarque.  No puede restringirse mediante impuestos o privilegios la navegación de ríos y otras aguas navegables que no hayan requerido obras especiales.  También corresponden a la Federación los Correos, Telégrafos, Teléfonos y las comunicaciones inalámbricas. (Art. 15(13, 15); cont., 1928, Art. 15(13, 15)).

Son caminos nacionales los que atraviesan un Estado, el Distrito Federal o un Territorio Federal y salen de sus límites.  La competencia federal comprende también los cables aéreos de tracción y los ferrocarriles, aun cuando se encuentren dentro de un solo Estado.  La concesión y reglamentación de los tranvías y cables de tracción urbanos corresponden a las Municipalidades respectivas. (Art. 15(16); cont., 1928, Art. 15(16)).

La competencia federal comprende las obras públicas necesarias en todo el territorio nacional, sin coartar el derecho de los Estados y las Municipalidades a emprenderlas por su cuenta.  Las obras de administración federal dentro de los Estados pueden comprender fuertes, muelles, almacenes, astilleros, penitenciarías y estaciones de cuarentenas. (Arts. 15(19), 21; cont., 1928, Arts. 15(19), 21).

Los privilegios temporales previstos por la ley pueden proteger la propiedad intelectual, las patentes de invención y las marcas de fábrica, y autorizar por tiempo limitado ferrocarriles, empresas de navegación aérea, canales, tranvías, líneas telefónicas o telegráficas y sistemas inalámbricos.  Las obras deben construirse o instalarse a costa del concesionario, sin garantía de rendimiento ni subvenciones de la Nación o de los Estados. (Art. 32(8); cont., 1928, Art. 32(8)).

Los contratos de interés público no pueden cederse, total ni parcialmente, a gobiernos extranjeros.  Deben incorporar una cláusula que someta las controversias no resueltas a los tribunales venezolanos competentes y a las leyes venezolanas, y excluya las reclamaciones extranjeras.  No pueden celebrarse con compañías que carezcan de domicilio legal en Venezuela ni cederse a ellas. (Art. 50; cont., 1928, Art. 50).

CON-FIN—Disposiciones finales

El Congreso elige al Comandante en Jefe del Ejército Nacional para el período constitucional en curso.  El Art. 128 le confiere el mando militar y exige que el Presidente de la República ejerza de acuerdo con él las atribuciones allí enumeradas.  Las elecciones del presidente y del comandante para el período 1929–1936 se celebran tan pronto como se sancione la Constitución, y ambos prestan juramento ante el Congreso. (Arts. 128–129; nuevo).

Los funcionarios en ejercicio de los demás ramos del Poder Federal permanecen hasta que concluyan los períodos para los cuales fueron elegidos. (Art. 130; cf. 1928, Art. 128:  « luego que entrare en vigencia esta Constitución el Congreso elegirá los siete Vocales Principales y los siete Suplentes que deben componerla »).

Las constituciones estadales vigentes continúan rigiendo hasta que los respectivos Estados las deroguen. (Art. 131; cont., 1928, Art. 129).

Una vez que el escrutinio comprueba la ratificación por las Asambleas Legislativas de los Estados, se promulga la Constitución con el Ejecútese del Encargado del Poder Ejecutivo.  La Constitución entra en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial de los Estados Unidos de Venezuela. (Art. 132; cf. 1928, Art. 130:  « con el Ejecútese del Presidente de la República »).

Se deroga la Constitución de 1928.  El Art. 133 señala el 23 de mayo de 1928 como fecha de la Constitución derogada y de su publicación.  El acuerdo, la fórmula de cierre del texto constitucional y la orden de ejecución de 1929 llevan la fecha de 29 de mayo de 1929; la orden de ejecución está suscrita por J. B. Pérez. (Art. 133; acuerdo preliminar, fórmulas de cierre y ejecución).

La fecha que el Art. 133 atribuye a la Constitución de 1928 difiere del 22 de mayo consignado en la fórmula de cierre de la recensión de 1928 del CIDEP.  Esta edición registra ambas fechas impresas.

Recensión

Centro para la Integración y el Derecho Público (CIDEP).


« Un examen planetario »

October 4, 2026
Ricardo F. Morín
Triangulación 10
22″ x 30″
Acuarela y lápiz de cera sobre papel
2007

Prefacio

Este ensayo parte de una observación: las fuerzas que hoy moldean la vida colectiva y las instituciones que responden por ella ya no operan a la misma escala. La volatilidad del clima, la aceleración digital, el desplazamiento migratorio y la interdependencia económica se mueven por el aire, el agua, los datos y las cadenas de suministro sin atender a los límites territoriales. El mundo sigue organizado como un conjunto de soberanías separadas, cada una llamada a responder por una intemperie que se forma en otra parte y se propaga por todas partes.

Lo que sigue es un examen de esa condición. No predice nada ni recomienda nada. Una desproporción de escala puede describirse, y la descripción hace visible lo que el orden heredado oscurece: dónde se fragmenta la responsabilidad, dónde se acumula la intemperie, dónde el vocabulario del gobierno deja de corresponder al movimiento de los hechos.

El examen se mueve como se mueve la percepción. Comienza dentro de la condición, donde la desproporción entre fuerzas e instituciones puede observarse en su anatomía. Sostenida en la mirada el tiempo suficiente, la condición comienza a dejar ver lo que el orden heredado oscurece, y el examen sigue ese descubrimiento. De lo que se hace visible, ciertas formas se vuelven concebibles, y el examen las considera tal como la percepción las encuentra, sin elegir entre ellas. Y porque toda condición incluye aquello que resiste su propia alteración, el examen termina entre las resistencias, que pertenecen a la condición tan plenamente como las fuerzas y persisten según sus propias medidas del tiempo.

El ensayo nombra una condición. Lo que siga de ese nombrar ocurre en quien la percibe.

I. Geometría:

i.

El calor no se presenta a inspección. Se mueve por la atmósfera como una sola circulación, subiendo la temperatura de una cosecha, de un embalse, del agosto de una ciudad, sin registrar dónde termina una administración y dónde comienza otra. El carbono liberado sobre una cuenca industrial entra en el mismo aire que lo devuelve, años después, como sequía en un continente que liberó poco. La atmósfera no lleva cuentas del origen; distribuye la consecuencia por física, con horario propio.

El agua se conduce de la misma manera a otra velocidad. Los ríos nacen en una jurisdicción y se desbordan en otra; los acuíferos yacen bajo varias a la vez; las corrientes redistribuyen el calor a lo largo de costas que no comparten más que el agua misma. Una sequía es regional por naturaleza y nacional solo en el mapa que se le pone encima.

Un patógeno se mueve por el aliento y la cercanía. Secuenciado en un país, circula en cuarenta antes de que la secuencia se publique. Su itinerario se compone de aeropuertos, mercados y hogares; nada en su manera de viajar corresponde al perímetro de un ministerio de salud.

Los datos se mueven más rápido que todo lo demás. Una transacción, un rumor y un modelo cruzan el planeta en menos tiempo del que exige cualquier procedimiento para examinarlos. La infraestructura que los lleva está situada físicamente en territorios y funcionalmente en ninguno.

Las cadenas de suministro mueven objetos más despacio, pero atan sus extremos por completo. Un vehículo ensamblado en un país contiene el trabajo y los minerales de una docena de otros; una interrupción en un solo puerto cambia los precios en todos los continentes. La dependencia es real en cada punto de la cadena y no es visible entera desde ninguno.

Y la gente se mueve, desplazada por los otros movimientos: por la cosecha seca, el acuífero vaciado, la economía encarecida. El desplazamiento es el único tránsito que la frontera registra, y lo que registra es a la persona; las condiciones que la movieron cruzaron antes, sin examen.

ii.

Las instituciones que responden por estos movimientos están organizadas por perímetro. La autoridad de un Estado se define por el territorio en que opera: su ley obliga dentro de la raya, su presupuesto se gasta dentro de la raya, sus funcionarios responden ante quienes residen dentro de la raya. Esta es su manera de hacerse cargo. La responsabilidad se vuelve gobernable al estar acotada; el instrumento funciona porque su campo de acción es finito y conocido.

Dentro del perímetro, los sentidos de la institución son agudos. Un gobierno mide su propio aire, cuenta sus propios casos, audita sus propios puertos, registra sus propias llegadas. Lo que queda más allá le llega por otros canales y bajo otros nombres: asuntos exteriores, importaciones, externalidad. La gramática de la institución vuelve el afuera contexto y no objeto.

La rendición de cuentas sigue la misma geometría. Un electorado, donde lo hay, le pide cuentas a su gobierno por las condiciones dentro del territorio; no existe en ninguna parte un electorado de la consecuencia entregada afuera. A la institución la premian y la castigan los de adentro de la raya, y su atención toma esa forma.

iii.

La desproporción aparece dondequiera que las dos maneras se encuentran. La atmósfera está encima de todos los territorios y dentro de ninguno; los instrumentos que actúan sobre ella se financian, se legislan y se juzgan perímetro por perímetro. El itinerario del patógeno y el alcance del ministerio se cruzan en el aeropuerto por unas horas; el resto del itinerario sigue en otra parte. La interrupción de la cadena de suministro ocurre en todas partes a la vez y no se administra en ninguna en particular. Los datos que cruzan una frontera se examinan, donde llegan a examinarse, en puntos terminales que el movimiento mismo no necesita.

En cada lugar la estructura es la misma: el instrumento actúa sobre la porción de la fuerza que cae dentro de su campo, y la fuerza no queda partida por el instrumento. El resto de la fuerza sigue su camino, llevándose la porción consigo. Esta es la condición tal como está hoy: una geometría de alcances que no coinciden, observable punto por punto.

II. Intemperie:

i.

Lo primero que aparece es la intemperie. El instrumento actúa sobre su porción, el resto sigue su camino, y quienes viven dentro de cada perímetro viven en el camino de lo que ningún instrumento alcanza. Una intemperie así se comparte sin tenerse en común: todos los territorios están en ella; ninguno la administra.

Se la puede ver viajar. Una cosecha se seca en una región. En una estación, el grano se encarece en mercados que nunca han visto el campo; en un año, un hogar en otro continente gasta más de su ingreso en pan; la ciudad de ese hogar se tensa en proporciones que ninguna oficina mide. La secuencia es continua del campo a la calle, y en ningún punto de su recorrido institución alguna ve más que el tramo dentro de su raya. La privación se forma en un lugar y llega a otros como inestabilidad, habiendo hecho todo el camino sin ser vista entera ni una sola vez.

Tampoco la intemperie se reparte por igual. Se junta donde los medios para absorberla son más delgados: en el hogar que ya no tiene qué recortar, en la región cuyo acuífero ya estaba bajo. La geometría de los alcances distribuye la consecuencia sin atender a la capacidad de recibirla.

ii.

La frontera, mirada contra este movimiento, se hace visible dos veces. En un registro está completa: la persona presenta un documento, el contenedor se abre, el arancel se cobra; nada de lo construido en la frontera ha fallado, y todo lo que fue hecha para registrar, lo registra. En el otro registro no aparece en absoluto: el calor y la señal pasan a alturas y velocidades para las que la frontera no tiene instrumento, porque nunca fue construida para ellas. La misma raya está entera y ausente a la vez, según el registro en que se la observe. Su persistencia es un hecho administrativo; su cobertura, una porción. Esa doble condición es lo que queda a la vista: lo que se percibía como el borde de la responsabilidad se muestra como el borde de una sola clase de tránsito.

iii.

Después se adelantan las palabras, en los lugares donde todo el mundo se las encuentra. El noticiero de la noche le da a una inundación en el extranjero treinta segundos y a una inundación en casa una semana; la primera es asunto exterior, la segunda emergencia nacional, aunque el agua se conduce igual en las dos. Un ministerio llama externalidad al humo que llega de los incendios del país vecino, y la palabra ejecuta una operación callada: archiva el humo como cosa de afuera, mientras se asienta en los pulmones de los de adentro. La sequía que vacía un acuífero lejano es asunto ajeno hasta que la gente que desplazó llega al cruce, y en ese momento la misma sequía se vuelve asunto propio, aunque nada en la sequía ha cambiado; se movió la palabra, no el hecho.

Mirado así, el vocabulario muestra lo que está haciendo. Propio y ajeno, interior y exterior ordenan los hechos según el lado de la raya en que caen, y ese orden se sostiene solo en el registro donde la raya aparece. Las palabras se aprenden tan temprano y se usan tan constantemente que pasan por los hechos mismos; puestas contra el movimiento real de los hechos, se muestran como propiedad de la raya, términos de su manera de presentar el mundo.

iv.

La secuencia que comenzó en el campo seco termina en una persona. La consecuencia tiene origen: el carbono tiene sus cuencas, el encarecimiento tiene su puerto, el desplazamiento tiene su sequía. Tiene una ruta, rastreable tramo por tramo. Lo que no tiene es una dirección donde se la reciba entera: cada institución a lo largo de la ruta encaró su porción, y la consecuencia, armada de todas las porciones, no encara institución alguna en ninguna parte. La persona que está en medio de ella, a quien el pan le cuesta más, cuyo pozo saca arena, cuya calle se ha tensado, está en medio de algo producido a la vista de muchas oficinas y tomado por objeto de ninguna. A la persona se la puede contar, y se la cuenta; asistir, a veces; nombrar, rara vez. Lo que la condición hace visible, sostenida hasta el final, es esto: una consecuencia entera, una persona adentro, y entre el origen y la llegada ningún punto en el que alguien le diera la cara al todo.

III. Imágenes:

i.

Lo que se ha visto comienza, por sí solo, a producir algo. Cualquiera que haya vivido en un pueblo conoce la experiencia en pequeño: se revienta una tubería del agua, la calle se inunda, y sea incierto lo que sea, una cosa no lo es: que en alguna parte hay una oficina a la que esto le toca. La reparación puede tardar y la oficina puede ser pobre, pero la inundación tiene dirección, y la mente descansa en esa dirección sin que nadie se lo pida.

La consecuencia rastreada en el segundo movimiento no tiene ninguna. Viajó del campo seco por el puerto y el mercado hasta la calle que se ha tensado, y en ningún punto cayó sobre un despacho como asunto de ese despacho. Quien ha visto esto entero forma la imagen de una dirección sin proponérselo: un despacho a la escala de la ruta, algo que encara la consecuencia entera como la oficina del pueblo encara la tubería rota. La imagen llega sin ser llamada; eso es lo que significa que una forma se vuelva concebible. Nada en la imagen dice que esté cerca, ni que sea simple, ni que sea buena. Dice solamente que la mente, puesta ante una falta entera, completa la figura de lo que falta.

ii.

Una segunda imagen se sigue del reparto desigual. Dentro de cualquier pueblo, ciertas cosas ya se tienen en común porque todos están debajo de ellas por igual. Ningún hogar construye su propio dique; el dique responde al río, que no visita casa por casa. El arreglo es tan familiar que pasa inadvertido: donde lo que llega, llega a todos, lo que lo absorbe es de todos.

La intemperie mostrada antes está sobre todos los territorios como el río está sobre el pueblo bajo, y se junta, como halló el segundo movimiento, en el hogar que ya no tiene qué recortar. Sostenido en la mirada, el arreglo familiar se extiende en la mente hasta la escala del agua verdadera: los medios de absorber lo que llega, tenidos tan en común como la llegada. La imagen es la del dique a la medida del río que de veras tiene, nada más. No prescribe nada sobre cómo se construye una cosa así, ni por quién, ni sobre si los que hoy viven consentirían en construirla. Es la figura que la mente le da a un amparo a la medida de una intemperie ya compartida.

iii.

La tercera imagen es la de la raya, y es una imagen de continuidad. Nada de lo anterior mostró que la raya fallara en su propio trabajo. El documento se sigue presentando, el contenedor se sigue abriendo; la lengua de la calle, el juzgado adonde los vecinos llevan sus pleitos, la escuela, las fiestas, la manera en que un pueblo entierra a sus muertos, todo esto vive dentro de la raya y no fue cruzado ni una vez por el calor ni por la señal. Lo que esa doble condición dejó a la vista fue el tamaño del registro de la raya, nunca una falla dentro de él.

De modo que la imagen que se forma es doble, como el descubrimiento que la produce: la raya continuando entera en su propio registro, sosteniendo todo lo que siempre ha sostenido, mientras los registros que nunca cubrió, el calor, la señal, la ruta del patógeno, encuentran instrumentos por primera vez. Las dos partes llegan juntas y todavía no descansan juntas. Lo que encarara el todo de una consecuencia atraería medios y lealtades, y los medios y las lealtades viven hoy dentro de las rayas; la imagen lleva esta tensión adentro: dos registros distintos para la percepción y en pugna dondequiera que ambos tuvieran que sostenerse. Si semejante superposición podría sostenerse fuera de la mente, la imagen no lo dice; mirada con honestidad, muestra a la vez la doble condición y la tensión.

IV. Calendarios:

i.

La lealtad tiene escala, y es pequeña. Una persona pertenece primero a una calle, a una mesa, a una lengua hablada en esa mesa, a las tumbas que se visitan en los días señalados. Cualquier pertenencia mayor que se aprenda después, la bandera, el himno, se enseña a un corazón ya ocupado por lo cercano, y prende en la medida en que toma prestado el calor de lo cercano. Nadie es del planeta. La palabra nombra el lugar donde todos viven y el lugar donde nadie ha vivido nunca.

Parte de la confianza que se le da a la oficina del pueblo está en que se puede llegar a ella caminando. El funcionario tiene cara; la oficina tiene puerta; el reclamo puede llevarse en persona, y si no sale nada de eso, también la falla tiene dirección. El despacho a la escala de la ruta no tiene una puerta a la que se pueda llegar. La imagen le pide a la mente extender la confianza a una distancia en la que la confianza no se ha formado todavía, más allá de la última cara, más allá de la última puerta. La mente que formó la imagen es la misma que vacila ante ella, y la vacilación es en sí misma una percepción: el amor a lo cercano dando cuenta exacta de lo que lo cercano provee.

ii.

La segunda resistencia lleva la cuenta. En la mayor parte del mundo, las empresas que han operado a través de muchas rayas a la vez son recordadas por la gente cuyas rayas cruzaron: la compañía que vino por el metal, la administración que les cambió el nombre a las calles, la escuela que castigaba la lengua de la mesa. La imagen de un instrumento que encare el todo llega, en esos lugares, a la memoria del último instrumento que dijo encarar el todo, y la memoria contesta antes de que pueda comenzar argumento alguno: esas cosas se construyen en alguna parte, y esa parte nunca ha sido esta.

La memoria es una constancia, guardada en archivos y en hogares, leída a la escala en que fue vivida. Consultarla antes de tender la mano es de los actos de percepción más ordinarios que existen. La imagen del despacho no borra la constancia; es recibida en ella, y lo que llegue a ser allí lo decide la constancia, no la imagen.

iii.

Los medios viven dentro de las rayas, y lo que tiene medios los defiende. El alcance del ministerio es su presupuesto; la industria está asentada donde hoy corre la cadena, y la cadena, al correr, paga el asiento. Y más pequeño, en la cocina: el jornal del estibador vive a la sombra del arancel, la escuela del pueblo la financia la refinería, la pensión descansa en el acomodo de las cosas tal como están acomodadas. Cualquier cosa que encarara el todo de una consecuencia atraería medios y lealtades, como ya lo mostró la tensión, y los medios y las lealtades no se traspasan solos; se tienen, y el tener tiene manos en todas las escalas. El movimiento de esas manos es el mismo en el palacio y en la cocina, la mano cerrándose sobre lo que la alimenta, y el examen no se lo atribuye a nadie como culpa. Lo asienta como lo que hace la posición, dondequiera que la posición se tenga.

iv.

Las tres resistencias llevan sus propios calendarios. El apego se renueva con cada infancia, y una generación es la unidad de su tiempo. La memoria sobrevive a sus testigos; el hogar y el archivo la llevan más allá del siglo. La posición se reproduce por herencia y por nombramiento, a un paso más lento que una vida. Contra estos calendarios, las fuerzas se mueven a la velocidad del aire y de la señal: el calor por estaciones, el precio por días, el patógeno por horas. Dentro de la condición se hace visible una segunda desproporción, de ritmo y no de alcance: lo que se mueve más rápido cruza todas las rayas, y lo que tendría que moverse para que algo le saliera al encuentro se mueve al paso de la infancia, de la memoria y de la herencia. La condición sostiene las dos desproporciones a la vez, y pueden observarse juntas, calendario por calendario.

Epílogo

Un examen se cierra sin dictamen. Nada en los movimientos anteriores ha propuesto remedio, porque ningún remedio viene dado en la condición misma. Lo que viene dado ha quedado descrito.

Lo que aquí ha quedado descrito es visible desde dentro de la condición y desde ninguna otra parte. Las formas que parecen concebibles se lo parecen a una percepción situada en este intervalo, bajo estas presiones; otro intervalo traerá otro horizonte. El ensayo no afirma nada más allá de ese límite. Permanece dentro del horizonte de lo que la condición presente permite percibir.

Ricardo F. Morín

9 de junio de 2026

Bala Cynwyd, Pensilvania

« Suprematismo »

October 3, 2026

El suprematismo funciona como la gramática universal de la justificación represiva.  
Es menos una doctrina que un hábito de explicación:  la forma en que la dominación llega a parecer necesaria, el privilegio llega a parecer ordenado y la exclusión llega a describirse como preservación.  Sus formas varían—raza, religión, nación, civilización, partido, destino histórico—pero su lógica permanece constante:  algunos se presumen aptos para decidir, otros para acatar.

Este hábito no está confinado a una sola sociedad ni a un solo sistema.  Aparece allí donde la jerarquía puede narrarse como natural o merecida, y donde la autoridad queda eximida de la carga de explicarse.  Lo que distingue a las sociedades no es su inmunidad al suprematismo, sino el grado en que este es contenido.  El progreso no consiste en su desaparición, sino en limitar las circunstancias bajo las cuales la supremacía puede excusarse.

Cuando ese límite se debilita, la ventaja adquiere cobertura moral, la queja se endurece en derecho adquirido y la autoridad se reorganiza en torno a la excepción más que a la obligación.  El suprematismo deja entonces de ser una simple tendencia social y se convierte en un principio de coherencia—uno que prepara el terreno para la represión no por la fuerza, sino por la familiaridad.

El suprematismo rara vez se nombra en el momento en que se instala.  Entra en la vida social de manera discreta, a través del hábito más que de la declaración, y mediante el permiso más que mediante la fuerza.  La mayoría de las personas no lo encuentran como una creencia, sino como un patrón:  quién es creído sin cuestionamiento, a quién se le perdonan los errores, qué quejas se toman en serio y qué presencias se tratan como una complicación.  Mucho antes de volverse político, el suprematismo organiza las expectativas cotidianas.

En su núcleo, el suprematismo es la suposición de que el orden depende de la jerarquía—de que algunos están naturalmente habilitados para decidir, mientras otros deben adaptarse.  Esta suposición ha aparecido en toda forma de sociedad organizada.  Se adhiere con facilidad a distinciones ya existentes, pero no depende de ninguna de ellas.  Su contenido cambia.  Su función no.  Allí donde arraiga, libera al poder de la carga de explicarse y sustituye la justificación por la herencia.

Ninguna sociedad supera por completo este impulso.  Lo decisivo es si se lo contiene.  Donde el límite se mantiene, la autoridad sigue siendo condicional, las reglas resisten la incomodidad y la queja no se endurece en derecho adquirido.  Donde se debilita, la dominación reaparece bajo nuevos nombres y la desigualdad comienza a parecer práctica más que peligrosa.

El suprematismo se vuelve más persuasivo en momentos de tensión.  La incertidumbre económica, el cambio cultural y la fragmentación política hacen que la vida procedimental parezca lenta y frágil.  En tales momentos, la jerarquía ofrece claridad.  Promete estabilidad sin negociación y coherencia sin igualdad.  Lo que oculta es el costo de esa promesa:  la sustitución silenciosa de la obligación compartida por el privilegio selectivo.  Estas condiciones no crean el suprematismo; revelan cuán fácilmente se adapta al lenguaje mediante el cual las sociedades interpretan la amenaza.

En la política estadounidense contemporánea, ciertas corrientes del conservadurismo funcionan cada vez menos como custodias de la continuidad institucional y más como vehículos mediante los cuales el razonamiento suprematista encuentra una expresión renovada.  El lenguaje de la preservación — tradición, orden, defensa cultural — suele servir para presentar la jerarquía como necesidad y no como preferencia.  Dentro de sectores del Partido Republicano, la retórica populista reformula el desacuerdo político como una lucha entre un pueblo auténtico y fuerzas presentadas como ajenas o corruptas.  Este encuadre no solo moviliza apoyo; reorganiza la legitimidad misma, reduciendo el campo de la pluralidad aceptable mientras presenta la exclusión como protección.

Históricamente, el populismo no siempre ha culminado en formas autoritarias; sin embargo, su gramática se presta a ellas cuando el agravio se convierte en el principio organizador de la identidad política.  El suprematismo prospera precisamente en tales momentos, porque no requiere una doctrina explícita; opera mediante la normalización de la desigualdad y a través de narrativas que presentan el dominio como restauración.  Lo que aparece como resistencia al cambio se convierte así en un mecanismo mediante el cual la jerarquía se reafirma bajo la apariencia de necesidad, permitiendo la concentración del poder mientras conserva la apariencia de expresión democrática.

Debido a que la premisa se refiere al orden más que a la identidad, viaja fácilmente entre contextos.  En un lugar se expresa abiertamente; en otro se insinúa mediante la costumbre o la historia.  En todas partes funciona por los mismos medios:  presentar la desigualdad como herencia y no como elección, y tratar el dominio como continuidad en lugar de imposición.  Su fuerza no reside en lo que afirma, sino en lo poco que necesita explicar.

Lo que ha sido aceptado socialmente pronto reorganiza la autoridad.  Una vez que el poder desigual se experimenta como estabilizador, su concentración deja de parecer alarmante.  Las decisiones ascienden con escasa resistencia, justificadas menos por el argumento que por el temperamento, la experiencia o la supuesta aptitud.  La excepción entra de manera discreta, no como ruptura sino como ajuste, una desviación temporal que dice proteger lo que permanece intacto.  La ley continúa existiendo, pero su función se desplaza.  Ya no gobierna de antemano.  Sigue, explicando después lo que la autoridad ya ha decidido.

Cuando esta reorganización ocurre, la autoridad comienza a actuar de manera directa en lugar de procedimental.  El poder ejecutivo se justifica como cumplimiento de la expectativa popular y se trata como licencia para eludir la mediación legislativa y judicial.  La aplicación de la ley se expande hacia el interior, organizada en torno a objetivos más que a órdenes judiciales, y la selección se desplaza de la infracción comprobada al riesgo presunto.  Al mismo tiempo, la administración electoral se redefine como un problema de seguridad, y la autoridad se traslada desde los estados sobre la base de que los resguardos existentes no son confiables.  En ambos casos, una amenaza invocada se utiliza para reemplazar los límites previos por el mando, concentrar el poder y presentar el cambio como necesidad en lugar de elección.

A medida que este patrón se asienta, la contención se vuelve desigual.  Las reglas siguen siendo visibles, pero su fuerza depende cada vez más de quién las invoca y contra quién.  La obligación se enfatiza hacia abajo, mientras la discreción se acumula hacia arriba.  Lo que antes se justificaba como excepción comienza a parecer ordinario, incluso prudente.  La expectativa de que la autoridad se someta al procedimiento se debilita, reemplazada por la creencia de que los resultados importan más que los medios por los cuales se alcanzan.  La vida constitucional no desaparece; se adelgaza.  Sobrevive como lenguaje y forma, mientras su disciplina se deja de lado de manera silenciosa.

El suprematismo no se anuncia como crueldad ni ambición.  Se presenta como sentido común.  Aparece cada vez que el poder deja de sentirse obligado a explicarse, y cada vez que la desigualdad se trata como una condición del orden más que como su fracaso.  Las sociedades no colapsan porque carezcan de ideales, sino porque se acostumbran a la excepción.  Cuando se permite que la supremacía se justifique a sí misma—por la historia, la identidad, la urgencia o el temor—la ley se vuelve selectiva, la autoridad se personaliza y el procedimiento se convierte en una formalidad observada solo cuando resulta conveniente.  El desorden que sigue no es caos, sino un desequilibrio disciplinado en el que la contención se exige a unos y el derecho se concede a otros.  Así es como termina la vida constitucional:  no en la ruptura, sino en la aceptación.

Ricardo F. Morín

31 de enero de 2026

Oakland Park, Fl


« El Derecho que obliga a Estados Unidos »

October 2, 2026


Ricardo F. Morín
Ligadura
Acuarela y tinta con líneas incisas sobre papel cartón
20,3 × 25,4 cm
2005

Estados Unidos no deja de estar sujeto al Derecho cuando adquiere el poder de determinar lo que otro país puede hacer.  Sus funcionarios necesitan habilitación conforme al ordenamiento estadounidense.  El Estado sigue sujeto a sus obligaciones internacionales.  Ninguna de esas exigencias queda satisfecha por el mero hecho de que el gobierno sometido al poder estadounidense consienta en el acuerdo resultante.

La competencia constitucional venezolana y la responsabilidad jurídica estadounidense son cuestiones distintas.  La primera atañe a la potestad de conferir derechos sobre la riqueza de la República.  La segunda, a los medios por los cuales Estados Unidos obtuvo esos derechos y al fundamento jurídico de la actuación de sus funcionarios.  Un contrato estadounidense no puede suplir una competencia venezolana inexistente.  El consentimiento del gobierno venezolano tampoco puede conferir una potestad que el ordenamiento estadounidense no otorga ni excusar el incumplimiento de una obligación internacional que vincula a Estados Unidos.

La distinción ya estaba presente antes de la intervención de enero.  El 23 de diciembre de 2025, la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia dictaminó que el presidente podía ordenar la participación de militares en la extracción de Nicolás Maduro de Venezuela para someterlo a proceso penal en Estados Unidos.  El memorando se circunscribía expresamente al Derecho interno.  Su conclusión inicial dependía de los intereses nacionales atendidos y de que la fuerza prevista no alcanzara el umbral de una guerra en sentido constitucional. [1]

El dictamen recogía la interpretación del poder ejecutivo sobre la potestad presidencial para la operación propuesta.  La autorización del Congreso y el control judicial conservan su condición de instancias distintas de decisión constitucional.  Cada ejercicio posterior del poder estadounidense sobre el gobierno, los ingresos o el petróleo de Venezuela requiere su propio fundamento jurídico.

La Constitución atribuye al Congreso la potestad de declarar la guerra y hace del presidente el comandante en jefe.  La controversia sobre el límite entre esas atribuciones no puede resolverse mediante la descripción que el presidente haga de sus propios actos.  Tampoco un dictamen del ejecutivo sobre ese límite determina si es lícito vulnerar la soberanía de otro Estado. [2]

El 4 de enero, el embajador Mike Waltz invocó públicamente la legítima defensa al amparo del artículo 51. [3]  El 5 de enero declaró ante el Consejo de Seguridad que Estados Unidos había llevado a cabo una operación de persecución penal con apoyo militar.  Invocó las acusaciones contra Maduro y Cilia Flores, la responsabilidad del presidente de proteger a los estadounidenses y la falta de legitimidad de Maduro.  Negó asimismo que Estados Unidos estuviera ocupando Venezuela. [4]

Una acusación penal habilita actuaciones dentro de un ordenamiento jurídico.  No autoriza por sí sola el empleo de la fuerza armada en otro Estado.  La Carta de las Naciones Unidas prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política.  Entre los fundamentos pertinentes para exceptuar esa prohibición figuran la autorización del Consejo de Seguridad y la legítima defensa; el consentimiento válido del Estado territorial exige un examen distinto.  El artículo 51 establece el ataque armado como presupuesto del derecho inmanente que reconoce. [5]

La Administración debe explicar cómo se articulan esas justificaciones y acreditar los presupuestos de cada una.  El propósito de perseguir un delito no satisface por sí mismo los requisitos internacionales de la legítima defensa; invocar la legítima defensa tampoco acredita por sí mismo la habilitación interna para la operación.  La Administración debe identificar el ataque armado en que se funda y explicar la necesidad y la proporcionalidad de su respuesta.  El artículo 51 exige además comunicar inmediatamente al Consejo las medidas adoptadas en legítima defensa. [5]

El 6 de enero, la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos rechazó la intervención militar unilateral como medio de exigir responsabilidad por las violaciones de derechos humanos en Venezuela y sostuvo que la operación menoscababa la prohibición del uso de la fuerza.  El 13 de enero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos insistió igualmente en el respeto de la soberanía, la no intervención y las prohibiciones de la agresión y del uso de la fuerza, al tiempo que reiteró sus conclusiones sobre la represión del gobierno de Maduro. [6] [7]

Esos pronunciamientos institucionales identifican obligaciones que siguen vigentes aunque el gobierno contra el cual se actúa cometa abusos.  Si la Administración se ampara, en cambio, en una invitación a intervenir, debe identificar un consentimiento válido anterior a la operación y acreditar que sus fuerzas se mantuvieron dentro de sus límites.  El reconocimiento de una autoridad de su preferencia no puede sustituir al consentimiento mismo. [8]

La Resolución sobre los Poderes de Guerra somete la actuación militar del presidente a deberes de información y a requisitos de cese. [9]  El 14 de enero, el Senado acogió una cuestión de orden contra la tramitación privilegiada de la resolución conjunta S.J.Res. 98, que disponía la retirada de las fuerzas estadounidenses de hostilidades no autorizadas dentro de Venezuela o contra ella.  La votación quedó empatada, cincuenta a cincuenta; el vicepresidente votó a favor de la cuestión de orden. [10]

Esa votación impidió que la medida avanzara y dejó sin resolver la cuestión de sujeción a la ley.  El Congreso confiere potestades mediante leyes.  El fracaso de una iniciativa destinada a contener al presidente acredita la incapacidad política de imponer ese límite, no el otorgamiento de la potestad controvertida.

Las disposiciones financieras plantean sus propias exigencias de habilitación jurídica estadounidense.

La Orden Ejecutiva 14373, dictada el 9 de enero, reconoce determinados ingresos procedentes de recursos naturales venezolanos como bienes soberanos de Venezuela y califica la posesión estadounidense como custodia.  Sin embargo, encomienda al secretario de Estado determinar los fines públicos, gubernamentales o diplomáticos para los cuales podrán desembolsarse esos fondos y ordena al Tesoro seguir sus instrucciones. [11]

La orden invoca la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.  El apartado 1702(a)(1)(B) autoriza una amplia regulación de las transacciones que afectan a bienes extranjeros.  El apartado 1702(a)(1)(C) permite, por separado, su confiscación cuando Estados Unidos participa en hostilidades armadas o ha sufrido un ataque, previa determinación presidencial que vincule al propietario extranjero con esas hostilidades o ataques.  La ley distingue el control de las transacciones de la atribución de la propiedad en beneficio estadounidense. [12]

La Administración debe dar cuenta de su conducta conforme a esa distinción.  Su orden de enero afirma que ejerce la custodia, pero atribuye a funcionarios estadounidenses las decisiones sobre el uso de la riqueza venezolana.  Toda adquisición posterior de la propiedad requiere habilitación para adquirirla.  Las potestades de control de las transacciones no pueden equipararse sin más a potestades de apropiación en beneficio estadounidense. [11] [12]

Los senadores Ron Wyden, Elizabeth Warren y Sheldon Whitehouse abordaron precisamente ese problema de control sin propiedad en una carta fechada el 16 de septiembre y publicada al día siguiente.  Con remisión a informaciones de prensa, señalaron que se habían depositado al menos 13.000 millones de dólares de ingresos petroleros venezolanos en una cuenta de custodia del Tesoro.  Preguntaron qué límites constitucionales o legales rigen unos fondos que no pertenecen a Estados Unidos, pero cuyo uso controlan sus funcionarios. [13]

Los senadores solicitaron estados de cuenta, registros de transacciones, solicitudes venezolanas de gasto y salvaguardias contra desembolsos indebidos.  El plazo de respuesta, fijado para el 5 de octubre, aún no había vencido el 30 de septiembre.  La carta exige formalmente a la Administración que dé cuenta de sus atribuciones y de su conducta. [13]  La propia orden de la Administración califica esos fondos como bienes soberanos venezolanos bajo custodia estadounidense.  Sobre esa premisa, corresponde a la Administración acreditar la potestad en virtud de la cual funcionarios estadounidenses deciden su uso. [11]

El acuerdo petrolero añade otro acto que requiere habilitación.  El 31 de agosto, la Casa Blanca anunció que North American Blue Energy Partners había otorgado a la Oficina de Capital Estratégico una participación del 35 por ciento en el capital de su sociedad matriz.  Anunció asimismo derechos preferentes de compra y facultades sobre el gobierno de la sociedad.  La hoja informativa destacó que la participación estadounidense no suponía coste alguno para el contribuyente. [14]

La aceptación, la administración y la disposición de esa participación requieren, cada una, habilitación jurídica.  La gratuidad de la adquisición resuelve una cuestión de coste, pero deja por acreditar la potestad del organismo para adquirir el activo.  Los ingresos percibidos por cuenta de Estados Unidos también deben someterse a la legislación federal sobre ingresos y gastos públicos. [15]

Un informe del Servicio de Investigación del Congreso, actualizado el 8 de septiembre, describe el programa de asistencia financiera de la Oficina de Capital Estratégico en términos de préstamos, garantías de préstamos y asistencia técnica.  Identifica por separado un proyecto legislativo que autorizaría determinadas inversiones en capital social. [16]

Corresponde, por tanto, a la Administración identificar el fundamento jurídico concreto de la participación en NABEP.  El instrumento que la confiere y la habilitación invocada permitirían determinar si la operación se encuentra dentro de una potestad existente y cumple sus condiciones.  Un anuncio de prensa deja incompleta esa justificación legal.

La habilitación legal estadounidense, aun acreditada, sólo resolvería la cuestión interna.  El Derecho internacional determina por separado si Estados Unidos ha incumplido una obligación que le incumbe fuera de su propio ordenamiento.  El artículo 3 de los artículos de la Comisión de Derecho Internacional sobre la responsabilidad del Estado expresa la distinción:  la calificación de un acto como lícito en el Derecho interno no determina su licitud internacional. [17]

La Carta de la Organización de los Estados Americanos regula con particular precisión la obtención de ventajas.  El artículo 19 prohíbe la intervención directa e indirecta.  El artículo 20 prohíbe la coacción económica o política dirigida a forzar la voluntad soberana de otro Estado y obtener ventajas.  El artículo 21 rechaza el reconocimiento de adquisiciones territoriales o ventajas especiales obtenidas por la fuerza u otros medios de coacción. [18]

Esas disposiciones someten al Derecho la relación entre presión y beneficio.  Puede haber intervención coercitiva sin ocupación militar, y una empresa privada puede servir de instrumento para obtener una ventaja mediante presión gubernamental.

La secuencia documentada resulta, por ello, pertinente:  las fuerzas estadounidenses capturaron al presidente y lo sacaron del país; una orden estadounidense sometió a supervisión estadounidense las decisiones sobre los ingresos venezolanos; la Administración anunció después intereses estadounidenses duraderos en la producción petrolera y en el gobierno societario.  Ya en abril, el presidente Trump había descrito la relación económica como semejante a una empresa conjunta y había afirmado que el ataque había rendido muchas veces lo que había costado. [4] [11] [14] [19]

La secuencia permite inferir una relación entre la intervención y la ventaja económica.  Para establecer la existencia de coacción prohibida es preciso acreditar cómo la presión estadounidense limitó la decisión soberana venezolana y contribuyó a obtener los derechos concretos.  La descripción del propio presidente aporta prueba de esa relación y exige examinar conjuntamente la acción militar y su rendimiento económico.

La invocación del acuerdo gubernamental por la Administración debe examinarse, por tanto, a la luz de las circunstancias en que se obtuvo.  El consentimiento es pertinente.  Su constancia en un instrumento no basta, sin examen, para descartar la alegación de que fue obtenido mediante fuerza o coacción.

La estructura societaria exige igual precisión.  La Casa Blanca distingue su acuerdo con NABEP, regido por el Derecho estadounidense, de las concesiones venezolanas de la empresa, regidas por la legislación venezolana. [14]  Un contrato con una sociedad privada no constituye automáticamente un tratado entre Estados.  Antes de aplicar las normas sobre validez de los tratados, deben identificarse los compromisos intergubernamentales que puedan acompañarlo.

Cuando el instrumento es un tratado, la regla recogida en el artículo 52 de la Convención de Viena contempla el consentimiento obtenido mediante amenazas o fuerza ilícitas.  La falta de ratificación estadounidense exige atender a la norma consuetudinaria aplicable.  La pregunta previa sobre la conducta estadounidense sigue siendo directa:  ¿empleó Estados Unidos fuerza o coacción prohibidas para obtener las ventajas que ahora reivindica? [20] [21]

Los funcionarios estadounidenses siguen respondiendo de sus propios actos en toda esa estructura societaria.  Sus decisiones de dirigir el uso de ingresos, adquirir participaciones y ejercer potestades gubernamentales constituyen conducta de Estados Unidos.  Atribuirle otros actos de la sociedad requiere prueba adicional, pero la propia Administración ya ha anunciado su participación. [17]

La soberanía permanente sobre los recursos naturales aporta otro principio aplicable.  Su fuerza jurídica no depende únicamente del valor de una declaración de la Asamblea General.  La Corte Internacional de Justicia lo ha reconocido como principio de Derecho internacional consuetudinario y reafirmó expresamente ese carácter en su opinión consultiva del 19 de julio de 2024. [22]

Su aplicación exige atender a la política y a la conducta acreditadas.  En este caso, la Administración ha anunciado expresamente una política destinada a procurar beneficio estadounidense a partir de los recursos venezolanos.  Un beneficiario privado venezolano y un beneficiario gubernamental estadounidense pueden concurrir en una misma operación sin que ninguno represente al pueblo soberano cuyos recursos le dan valor.

La ocupación impondría obligaciones adicionales si los hechos la acreditaran.  Conforme al Reglamento de La Haya, el presupuesto pertinente es la autoridad efectiva de fuerzas armadas hostiles sobre un territorio.  La supervisión financiera y el predominio político no bastan por sí solos para establecerlo.  Tampoco la negativa estadounidense lo desvirtúa.  Debe examinarse la autoridad efectivamente ejercida sobre un territorio determinado durante el período pertinente. [23]

Si se acredita la ocupación, el Derecho que la rige limita la administración de los bienes públicos y de los recursos naturales por la potencia ocupante.  El ocupante no adquiere soberanía.  Sus facultades son temporales, y las reglas del usufructo le obligan a conservar el capital de los recursos que administra.  La Corte Internacional de Justicia ha reiterado esos límites. [22] [23]

Las prohibiciones del uso ilícito de la fuerza y de la intervención coercitiva se aplican con independencia de esa calificación territorial.  Cabe, por tanto, examinar la responsabilidad por la intervención y por las ventajas obtenidas mediante ella aunque la prueba relativa a la ocupación siga incompleta.

La Administración debe dar una justificación precisa:  la habilitación para adquirir su participación societaria, las normas que rigen sus decisiones sobre ingresos soberanos y el fundamento jurídico de la fuerza y de la presión mediante las cuales obtuvo las ventajas anunciadas.  Los instrumentos que confieren los derechos y los registros de las transacciones son necesarios para contrastar esa justificación.  Su ausencia deja sin acreditar las pretensiones de autoridad legítima de la Administración precisamente donde sus actos exigen explicación.

El control del Congreso, los límites legales y las obligaciones internacionales someten la conducta a examen desde posiciones jurídicas distintas.  La exigencia de cumplimiento puede seguir siendo objeto de controversia y el pronunciamiento judicial puede estar pendiente.  Recae, no obstante, sobre la Administración la carga de identificar las potestades que ejerce y de responder por las obligaciones que sus actos comprometen.

La Administración ha anunciado lo que Estados Unidos obtuvo.  No ha acreditado con ello qué autorizaba el Derecho estadounidense a adquirir a sus funcionarios ni qué permitía el Derecho internacional exigir a Estados Unidos.

El Derecho que rige esa conducta no es una condición que Estados Unidos pueda imponer a Venezuela.  Es una obligación que el propio Estados Unidos debe cumplir.

Ricardo F. Morín

30 de septiembre de 2026

Bala Cynwyd, Pensilvania

Notas

[1] Departamento de Justicia de Estados Unidos, Oficina de Asesoría Jurídica, « Proposed War Department Operation to Support Law Enforcement Efforts in Venezuela », 23 de diciembre de 2025, especialmente pp. 1–2; publicado con supresiones.

https://www.justice.gov/olc/media/1423306/dl

[2] Constitución de Estados Unidos, artículo I, sección 8, cláusula 11, y artículo II, sección 2, cláusula 1.  Congress.gov, Constitution Annotated, suplemento de 2024, examen de las atribuciones del presidente y del Congreso en materia de guerra.

[3] Embajador Mike Waltz, entrevista en Sunday Morning Futures, de Fox News, 4 de enero de 2026, en la que invoca el artículo 51; información de la emisora y entrevista incorporada.  Esta declaración pública es distinta de una comunicación al Consejo de Seguridad sobre medidas adoptadas en legítima defensa.

https://www.foxnews.com/media/un-ambassador-waltz-defends-us-capture-maduro-ahead-security-council-meeting

[4] Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, S/PV.10085, 5 de enero de 2026, pp. 13–14, intervención del embajador Mike Waltz.

[5] Carta de las Naciones Unidas, artículos 2.4, 39–42 y 51.  La documentación examinada para este ensayo no permite establecer si Estados Unidos presentó una comunicación al amparo del artículo 51 sobre la operación de enero.  No se afirma aquí que haya incumplido el deber de informar.

https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text

[6] Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, declaración de la portavoz Ravina Shamdasani sobre la intervención estadounidense en Venezuela, 6 de enero de 2026; transcripción oficial de las Naciones Unidas en Ginebra.

https://www.unognewsroom.org/story/en/2959/un-human-rights-spokesperson-ravina-shamdasani-on-u-s-intervention-in-venezuela/8823

[7] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, « IACHR expresses concern over armed incursion in Venezuela, calls for respect for international law, and the end of repression », 13 de enero de 2026.

https://www.oas.org/en/IACHR/jsForm/?File=/en/iachr/media_center/PReleases/2026/007.asp

[8] Comisión de Derecho Internacional, artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, con comentarios, 2001, artículo 20 y su comentario, sobre el consentimiento válido, sus límites y su otorgamiento anterior al acto.  El comentario aporta el marco jurídico del consentimiento, no una determinación de qué autoridad venezolana podía invitar a intervenir.  Una invitación atribuida a una autoridad reconocida que carezca de control efectivo exige examinar su capacidad internacional, el momento y el alcance de su consentimiento y la conducta autorizada.  El reconocimiento no resuelve por sí solo esas cuestiones.

[9] Resolución sobre los Poderes de Guerra, 50 U.S.C. §§ 1543(a)(1), 1544(b) y 1547.  La regla de los sesenta días se refiere al informe presentado o exigible conforme al § 1543(a)(1); el período adicional de treinta días requiere la determinación presidencial prevista en el § 1544(b).  Para aplicar el plazo es preciso establecer cuándo se presentó o debió presentarse el informe y si continuó el empleo de las fuerzas correspondiente.  La continuidad de la supervisión financiera no constituye por sí misma continuidad de las hostilidades militares.

[10] Senado de Estados Unidos, votación nominal n.º 9, 119.º Congreso, segundo período de sesiones, 14 de enero de 2026, cuestión de orden relativa a la tramitación privilegiada de S.J.Res. 98.

https://www.senate.gov/legislative/LIS/roll_call_votes/vote1192/vote_119_2_00009.htm

[11] Orden Ejecutiva 14373, « Safeguarding Venezuelan Oil Revenue for the Good of the American and Venezuelan People », 9 de enero de 2026, especialmente secciones 4(a), 4(b), 4(c)(ii) y 5(a)(ii).

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2026/01/safeguarding-venezuelan-oil-revenue-for-the-good-of-the-american-and-venezuelan-people

[12] Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, 50 U.S.C. §§ 1701–1702, especialmente § 1702(a)(1)(B)–(C).  El presupuesto de hostilidades armadas del apartado (C) es distinto del umbral de guerra constitucional examinado por la Oficina de Asesoría Jurídica.  El apartado (C) exige además una determinación presidencial de que el propietario extranjero planeó, autorizó, ayudó a realizar o participó en las hostilidades o el ataque pertinentes.  La adquisición de una participación societaria requiere identificar su propio fundamento jurídico; no se califica aquí como confiscación por el mero carácter gubernamental del adquirente.

https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=(title:50%20section:1702%20edition:prelim)

[13] Senadores Ron Wyden, Elizabeth Warren y Sheldon Whitehouse, carta al secretario del Tesoro, Scott Bessent, y al secretario de Estado, Marco Rubio, fechada el 16 de septiembre de 2026 y publicada el 17 de septiembre de 2026, pp. 1–3.  El comunicado del comité y el título de la descarga llevan la fecha del 17 de septiembre; la carta lleva la del 16 de septiembre.

https://www.finance.senate.gov/ranking-members-news/wyden-warren-whitehouse-press-trump-administration-over-revenue-from-venezuelan-oil-and-gold-deals

[14] Casa Blanca, « Fact Sheet:  President Donald J. Trump Announces Historic Oil Agreement to Secure American Energy Dominance and Drive Venezuela’s Economic Recovery », 31 de agosto de 2026.

https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2026/08/fact-sheet-president-donald-j-trump-announces-historic-oil-agreement-to-secure-american-energy-dominance-and-drive-venezuelas-economic-recovery

[15] Constitución de Estados Unidos, artículo I, sección 9, cláusula 7; Ley de Ingresos Diversos, 31 U.S.C. § 3302(b).  El § 3302(b) exige, como regla general, depositar el dinero recibido por cuenta del Gobierno, sin perjuicio de las excepciones legales aplicables.  La cláusula de asignaciones presupuestarias rige las extracciones de fondos del Tesoro.  Los fondos soberanos venezolanos bajo custodia no constituyen automáticamente ingresos públicos ni asignaciones presupuestarias estadounidenses.  Los ingresos derivados de una participación societaria del Gobierno estadounidense requieren una calificación separada.

https://constitution.congress.gov/browse/essay/artI-S9-C7-2/ALDE_00013189

[16] Servicio de Investigación del Congreso, « Office of Strategic Capital:  Overview and Considerations », IF13215, actualizado el 8 de septiembre de 2026, apartados sobre el programa piloto de asistencia financiera y las cuestiones sometidas al Congreso.  Reproducción pública del informe.

https://www.everycrsreport.com/reports/IF13215.html

[17] Comisión de Derecho Internacional, artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, 2001, especialmente artículos 2–5, 8 y 20; anexos a la Resolución 56/83 de la Asamblea General.  Estos artículos no constituyen un tratado; muchas de sus disposiciones reflejan el Derecho consuetudinario.  El artículo 4 se refiere a los órganos del Estado.  El artículo 5 exige habilitación jurídica para ejercer atribuciones del poder público y una actuación en esa calidad; las facultades ordinarias de gobierno societario no acreditan por sí mismas tal delegación.  El artículo 8 se refiere a una conducta concreta realizada bajo instrucciones, dirección o control del Estado.  La participación estatal en el capital no permite atribuirle por sí sola todos los actos de la sociedad.

[18] Carta de la Organización de los Estados Americanos, artículos 19–23.

https://www.oas.org/en/sla/dil/inter_american_treaties_A-41_charter_OAS.asp

[19] GovInfo, « Remarks During a Document Signing Ceremony and an Exchange With Reporters », 30 de abril de 2026, p. 8.

[20] Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, 1969, artículos 2.1(a), 46 y 52.  El artículo 46 establece una conexión distinta y limitada entre competencia interna y validez internacional:  la violación debe afectar a una norma interna fundamental sobre la competencia para celebrar tratados y ser manifiesta.  El vencimiento de un período de suplencia presidencial temporal no acredita por sí solo esos requisitos ni invalida todos los actos posteriores.  Esa cuestión sigue siendo distinta de la responsabilidad por la fuerza o la coacción estadounidenses.

[21] Departamento de Estado de Estados Unidos, « Vienna Convention on the Law of Treaties », orientación archivada sobre la firma de la Convención por Estados Unidos, su falta de ratificación y su reconocimiento del Derecho consuetudinario de los tratados.

https://2009-2017.state.gov/s/l/treaty/faqs/70139.htm

[22] Corte Internacional de Justicia, Consecuencias jurídicas que se derivan de las políticas y prácticas de Israel en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, opinión consultiva del 19 de julio de 2024, párrafos 124–125, 133 y 240; reproducida en el documento A/78/968 de las Naciones Unidas.  La opinión examina el asunto Actividades armadas en el territorio del Congo (República Democrática del Congo c. Uganda), sentencia del 19 de diciembre de 2005, párrafo 244.  En la sentencia de 2005, la Corte no aplicó el principio de soberanía permanente al saqueo y la explotación allí examinados.  El párrafo 125 de la opinión de 2024 distingue la falta de prueba creíble de una política gubernamental de explotación en aquel asunto de la explotación emprendida como política gubernamental contraria a los deberes impuestos por el Derecho de la ocupación.  El principio no queda, por tanto, excluido de toda ocupación ni sustituye la acreditación de los hechos y las obligaciones pertinentes.

[23] Comité Internacional de la Cruz Roja, « Occupation and international humanitarian law », 4 de agosto de 2004, especialmente el examen de los artículos 42 y 55 del Reglamento de La Haya y de los presupuestos fácticos de la ocupación.

https://www.icrc.org/en/article/occupation-international-humanitarian-law-questions