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« Mediación »

October 9, 2026

Ricardo F. Morín
Sin título, 2005
Carboncillo y tinta
24 × 18 pulgadas

Los desarrolladores, los gobiernos y las personas afectadas por la inteligencia artificial atribuyen distinta significación a un mismo logro técnico.  Un desarrollador que persigue una ventaja comercial puede considerar un avance como fundamento de un derecho de propiedad.  Un gobierno interesado en el predominio estratégico puede considerarlo un instrumento de poder nacional.  Quienes están expuestos a sus consecuencias pueden juzgarlo por sus efectos sobre el empleo, la educación, la comunicación o el juicio público.  Cada perspectiva depende de relaciones que el logro, por sí solo, no revela.

Estas relaciones intervienen en el propio desarrollo.  Los inversores influyen en la selección de los problemas que reciben atención.  Los propietarios determinan quién puede utilizar una capacidad y en qué condiciones.  Los gobiernos establecen autorizaciones, restricciones e incentivos.  La tecnología de la que dispone un usuario incorpora decisiones cuyos propósitos no tienen por qué resultar evidentes en su funcionamiento.

Una respuesta aparece en una pantalla.  Su fluidez puede inducir al usuario a aceptarla como suficiente para comprender.  Sin embargo, la respuesta, por sí sola, no revela cómo entrenaron los desarrolladores el sistema, qué fuentes contribuyeron a su elaboración, qué restricciones rigen el contenido generado ni cómo disponen los desarrolladores su presentación para inspirar confianza.  El usuario puede encontrar útil la respuesta sin conocer todas estas condiciones.  Esa utilidad no acredita la adecuación de la respuesta.

La mediación designa esta dependencia:  la comprensión descansa en relaciones que la atención a su objeto inmediato no revela necesariamente.  La respuesta ocupa la atención del usuario.  Las condiciones que sustentan su producción, presentación y aceptación permanecen solo parcialmente a la vista.

Las interpretaciones públicas de la inteligencia artificial presentan una dependencia comparable.  Las interpretaciones comerciales identifican la innovación mediante la inversión, la demanda y la rentabilidad.  Las estratégicas identifican la capacidad tecnológica mediante la ventaja sobre los competidores.  Las centradas en la seguridad identifican los usos mediante los peligros que introducen o previenen.  Cada interpretación dirige la atención hacia relaciones pertinentes para su propósito.  Cada una deja cuestiones que el propósito rector no permite responder adecuadamente.

Estas interpretaciones también orientan las decisiones.  Una institución que mide los logros por su rentabilidad comercial tiene motivos para favorecer las aplicaciones por las que los clientes están dispuestos a pagar.  Un gobierno que mide los logros por su ventaja estratégica tiene motivos para favorecer las capacidades que fortalecen su posición.  Los criterios mediante los cuales una institución reconoce el valor inciden, por tanto, en los fines que autoriza y en los recursos que asigna.  Aquello que queda fuera de esos criterios puede carecer de peso efectivo en sus decisiones.

Quienes determinan los criterios de reconocimiento pueden influir en qué necesidades cuentan como razones para actuar.  Su autoridad no se deriva de que su interpretación sea completa.  Puede descansar en la propiedad, los recursos financieros, las potestades legales o el control de las infraestructuras.  Una interpretación puede regir el desarrollo sin someter a examen buena parte de su significación social.

El Plan de Acción de Estados Unidos para la Inteligencia Artificial, de 2025, presenta expresamente el desarrollo como una carrera por el dominio mundial y vincula el liderazgo tecnológico con la ventaja económica y militar.  El Pacto Digital Global de las Naciones Unidas sitúa la gobernanza internacional en el marco de un compromiso con el beneficio público y la participación inclusiva.  El primero establece actuaciones para los organismos federales; el segundo recoge compromisos entre los Estados participantes.  Los propósitos expresados en estos documentos se llevan a efecto por medios institucionales distintos.  Su coexistencia no establece una autoridad común que dirima el conflicto entre sus exigencias.  [1]

El éxito comercial acredita que un producto suscita un gasto.  No acredita cómo se distribuyen sus beneficios y sus cargas.  El predominio nacional acredita una ventaja respecto de otras potencias.  No acredita que esa ventaja mejore las circunstancias de quienes están sujetos a sus consecuencias.  La protección frente a usos malintencionados atiende una preocupación ineludible.  Los usos autorizados también pueden reducir la capacidad de las personas para comprender, cuestionar o influir en las decisiones que las afectan.

Las capacidades en desarrollo permiten, sin embargo, logros de considerable valor para la humanidad.  Los investigadores pueden incorporar capacidades concretas a etapas sucesivas de la investigación y utilizarlas para examinar relaciones complejas, formular hipótesis y contribuir al diseño de invenciones.  Aplicaciones específicas pueden propiciar avances en medicina, en el estudio de los materiales o en otros campos relacionados con el bienestar humano.  El valor de un logro depende de lo que permite hacer a las personas y de las consecuencias de su uso.  La propiedad comercial o el patrocinio estratégico no agotan ese valor.

La misma capacidad de asistir a la investigación introduce incertidumbre cuando las instituciones delegan decisiones y actuaciones en los sistemas.  Los desarrolladores y los usuarios pueden permitir que un sistema seleccione medios, inicie operaciones o actúe sobre otros sistemas con una intervención limitada.  Sus efectos dependen entonces del alcance de esa autorización, de las condiciones que rigen su funcionamiento y de la capacidad de los responsables para examinar o interrumpir sus actuaciones.

En estas circunstancias, la capacidad de acción no necesita asemejarse a la intención humana para ejercer poder sobre los asuntos humanos.  Un sistema puede influir en la conducta mediante recomendaciones que las instituciones aceptan habitualmente, clasificaciones de las que depende el acceso u operaciones realizadas en virtud de una autoridad delegada.  La incertidumbre concierne a la interacción entre sus actuaciones y circunstancias que sus diseñadores y usuarios no pueden prever por completo, así como a la eficacia con que los seres humanos pueden conservar el control de esas interacciones.

El sistema también puede influir en las relaciones mediante las cuales las personas comprenden y autorizan su uso.  Si una institución se apoya en él para establecer prioridades, valorar pruebas o evaluar resultados, la información que genera orienta las decisiones sobre delegaciones posteriores.  La autoridad que los seres humanos conceden inicialmente puede, por tanto, sustentar operaciones que configuran los fundamentos de nuevas concesiones de autoridad.  El recurso de la institución al sistema rebasa la ejecución de una tarea y alcanza el juicio sobre qué tareas merecen realizarse y bajo la dirección de quién.

Los beneficios graduales y la incertidumbre acerca de la capacidad de acción pueden coexistir en una misma configuración institucional.  Una invención puede mejorar el bienestar humano y, al mismo tiempo, aumentar el recurso continuado a sistemas que las personas afectadas no pueden examinar ni impugnar fácilmente.  Ese recurso continuado puede obedecer al coste, a las infraestructuras, a las restricciones contractuales o a la ausencia de alternativas viables.  Una comprensión limitada puede dificultar el examen de esa configuración sin constituir la única causa de ese recurso a los sistemas.  El logro conserva su valor.  Ese valor no explica suficientemente el vínculo de uso continuado que la invención establece con esos sistemas.

La mejora de la sociedad depende, por consiguiente, de algo más que las intenciones de quienes dirigen el desarrollo.  Si esas instituciones conservan la autoridad exclusiva para definir la mejora, sus criterios determinan qué consecuencias reciben reconocimiento.  Un aumento de la productividad puede ir acompañado de una menor estabilidad del empleo.  Un mayor acceso a la información puede ir acompañado de un mayor recurso a un número reducido de proveedores.  La ampliación de las capacidades puede dejar a las personas afectadas con menos medios para impugnar su aplicación.

Quién recibe el beneficio, quién soporta la carga y quién posee la autoridad para decidir son cuestiones distintas.  Una evaluación circunscrita a la mejora global puede ocultar las diferencias en las que descansa su juicio.

El alcance mundial de la inteligencia artificial extiende esas diferencias a distintas sociedades.  La disponibilidad mundial no acredita una participación mundial en la determinación de sus propósitos.  Una comunidad puede recibir un sistema sin disponer de los recursos necesarios para adaptarlo a su lengua, examinar sus limitaciones o impugnar sus condiciones de uso.  Los proveedores amplían el acceso mientras conservan el control de las condiciones de participación.  La tecnología sirve a una población más extensa sin una distribución correspondiente de la autoridad sobre su desarrollo.

Tampoco la invocación del bien común resuelve qué propósitos deben regir.  Los juicios sobre el bien común dependen de las circunstancias de quiénes reciben atención, qué consecuencias tienen peso y qué formas de recurso a los sistemas están dispuestas las personas a aceptar.  Las instituciones pueden afirmar un beneficio universal y excluir, a la vez, a las comunidades afectadas de esos juicios.

La competencia técnica, los recursos financieros, la autoridad política, la seguridad y las necesidades sociales sustentan, cada uno, exigencias respecto del desarrollo.  Ninguno ofrece una explicación suficiente del conjunto.  La desigual fuerza institucional que respalda esas exigencias incide en cuáles prevalecen, cuáles permanecen sujetas a negociación y cuáles carecen de medios efectivos de expresión.

Cuando las instituciones consideran suficiente un solo criterio, sus juicios sustituyen las relaciones que lo sustentan por una medida parcial.  Los agentes comerciales identifican la expansión con el progreso.  Los gobiernos identifican el predominio con la protección.  Las autoridades responsables de la seguridad identifican la prevención de usos prohibidos con la seguridad.  Los proveedores identifican la disponibilidad con la participación.  Cada identificación deja fuera de la interpretación que justifica la empresa las dependencias que intervienen en ella.

La respuesta en la pantalla ofrece al usuario algo inmediatamente disponible para el juicio.  Su utilidad puede ser real.  Su fluidez no revela quién determinó sus condiciones, qué autoridad sustenta su uso ni cómo el recurso a ella influye en los juicios posteriores.  Las capacidades emergentes de la inteligencia artificial amplían las consecuencias de esas relaciones.  Quienes delegan autoridad en los sistemas necesitan conocer las condiciones que los rigen y disponer de potestades para denegar, limitar o revocar esa delegación.  Quienes sufren sus efectos sin haber participado en la delegación se encuentran en una relación distinta:  su capacidad para impugnar sus consecuencias depende del acceso a los fundamentos de las decisiones y de medios institucionales para exigir que las autoridades delegantes rindan cuentas.

Ricardo F. Morín

5 de Octubre, 2026

Bala Cynwyd, Pensilvania

[1] Casa Blanca, America’s AI Action Plan, julio de 2025:  
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2025/07/Americas-AI-Action-Plan.pdf

Naciones Unidas, Pacto Digital Global, anexo I del Pacto para el Futuro, 2024:  
https://www.un.org/pact-for-the-future/en/annex-i-global-digital-compact

« ASUNTOS PENDIENTES »

August 29, 2026

Ricardo F. Morín
« El templo de Zeus bajo el agua »
CGI
2003

Los hermanos llevaban muchos años intentando concluir asuntos que habían sobrevivido a la muerte de ambos padres.  El padre había muerto casi tres décadas antes.  La madre murió años después, y aun así las responsabilidades no terminaron.  Algunas propiedades seguían sin venderse.  Antes de que aquellos asuntos pudieran concluirse, otra pérdida entró en la familia.  La hermana del medio murió el año anterior.  Sus bienes y asuntos personales tuvieron entonces que incorporarse a responsabilidades que ya se habían prolongado durante muchos años.

Antiguos registros y cadenas titulativas que se remontaban al siglo diecinueve conservaban certificaciones, sellos y anotaciones provenientes de distintas décadas y distintos gobiernos.

El país mismo había cambiado durante las últimas tres décadas.  La moneda y las propiedades perdían valor antes de que las transacciones pudieran completarse.  Las oficinas cerraban y reabrían bajo reglamentos distintos, en ocasiones incluso bajo otros nombres.

Para poder liberar propiedades, formalizar transferencias y liquidar activos, era necesario reunir registros, certificaciones y cadenas documentales que distintas oficinas y autoridades fiscales requerían presentar.  Los trámites quedaban detenidos entre exigencias administrativas, obligaciones fiscales e intermediarios capaces de acelerarlos, que de otro modo podían permanecer paralizados durante meses.  Expedientes se acumulaban junto a sellos, firmas y anotaciones provenientes de distintas décadas.

Los trámites se habían prolongado por meses y años.  Mientras tanto, los hermanos envejecían separados a ambos lados del Atlántico.  El mayor, todavía ejerciendo la abogacía en Venezuela, seguía desplazándose entre tribunales, registros y oficinas en procura de reclamaciones y transferencias aún sin resolver.

Al mismo tiempo, unas tierras que anteriormente habían pertenecido a la familia continuaban ligadas a un litigio después de haber sido expropiadas ilegalmente por el Estado años atrás.  Sostener el reclamo exigía certificaciones, registros de archivo, escritos judiciales, autorizaciones, apelaciones y contrademandas.  Tasas municipales, impuestos y costos procesales seguían acumulándose mientras las responsabilidades mismas permanecían inconclusas.

Desde fuera del país solo podía percibirse parcialmente cómo los procedimientos allí cambiaban de un mes a otro y, en ocasiones, de un día para otro.  Algunos introducían exigencias.  Otros dejaban de estar disponibles por completo.  Otro día ya se había ido entre oficinas, registros y tribunales.

Los mensajes circulaban constantemente entre ellos mediante llamadas, correos reenviados, recibos, documentos escaneados, explicaciones y recordatorios.  Uno de los hermanos preguntó si todavía podía efectuarse un pago antes de que otro aumento de impuestos en el extranjero volviera aún más onerosa la transferencia.  La respuesta enumeraba oficinas ya visitadas aquella semana y certificaciones que seguían faltando.  Antes de que la pregunta volviera a retomarse, el intercambio ya se había desplazado hacia un desacuerdo anterior que otros creían resuelto.

El segundo de los hermanos, que había salido de Venezuela muchos años antes, le explicó a uno de ellos que los recordatorios relacionados con los poderes buscaban evitar retrasos.  A otro le explicó que los mensajes sin respuesta comenzaban a entenderse de otra manera.  Uno de los hermanos escribía hasta altas horas de la noche para evitar malentendidos.  Otro respondía brevemente a la mañana siguiente antes de regresar a las oficinas.

Una firma que se creía suficiente fue rechazada más tarde por carecer de una autenticación adicional que nadie había mencionado antes.  Una oficina solicitó documentos que ya habían sido enviados semanas atrás.  Otra confirmó haberlos recibido, aunque no pudo indicar cuándo revisarían el asunto.  Una respuesta demorada dejó de ser solamente una demora.

Algunas preguntas recibían respuestas parciales.  Otras eran reconocidas y dejadas sin responder.  Un mensaje preguntando si todavía podían enviarse los fondos antes de finalizar el mes recibió únicamente esta respuesta:  “Estamos haciendo lo que podemos desde aquí.”  Otro mensaje preguntando si los documentos de la venta de la propiedad ya habían sido consignados recibió como respuesta comentarios sobre planes de viaje de verano y sobre si la firma necesaria todavía podría obtenerse a tiempo.

Recordó un juego de la infancia en el que una frase pasaba de una persona a otra hasta regresar alterada, a veces accidentalmente y otras no.  En aquel entonces, las alteraciones formaban parte de la diversión.

Cuando intentó describir parte de aquello, uno de los hermanos le dijo que estaba filosofando otra vez.  El comentario fue lo bastante moderado para evitar una discusión, aunque la explicación no continuó después de eso.

Un requisito completado una semana regresaba a la siguiente acompañado de una nueva condición.

Un mensaje revisado varias veces antes de ser enviado permaneció sin respuesta durante días.  Otro recibió apenas un breve acuse que no hacía referencia a lo que realmente se había escrito.  Para cuando llegó la siguiente respuesta, aquello que había quedado sin responder en el mensaje anterior ya comenzaba a afectar el intercambio que siguió.

Más tarde llegó un mensaje informando que uno de los asuntos pendientes finalmente había sido completado.  Nadie hizo referencia a lo que había precedido la resolución.  Los intercambios retomaron un tono más calmado, y la atención se desplazó hacia lo que seguía pendiente.

Ricardo F. Morín, 7 de Mayo de 2026, Bala Cynwyd, PA.


« La ilusión de la autodefensa »

July 1, 2026
Ricardo F. Morin
Platónico 3
CGI
2005

La guerra, la división, la desconfianza y la incertidumbre no solo alteran a una sociedad.  Bajo una exposición sostenida a la amenaza, ya sea externa o interna, una sociedad puede orientarse gradualmente hacia la protección como su postura cívica principal.  Lo que comienza como prudencia puede endurecerse en hábito.  Lo que comienza como defensa puede convertirse en derecho asumido.

La amenaza a veces es real.  Las personas son agredidas.  Los hogares son invadidos.  Ningún sistema de vigilancia gubernamental puede cubrir cada momento privado.  En casos extremos, cualquier ciudadano puede actuar de manera proporcionada para preservar la vida.  Tales momentos son trágicos e inmediatos, pero las emergencias no pueden definir la estructura de una sociedad, porque el orden cívico debe construirse sobre condiciones generales y no sobre eventos excepcionales.

Las armas, en este contexto, no son solo instrumentos de defensa.  También se adoptan en respuesta a la inseguridad.  Un arma promete capacidad de defensa cuando las instituciones parecen distantes o demoradas.  Sin embargo, ningún instrumento puede abolir la vulnerabilidad.  El riesgo no puede eliminarse.  Cuando las armas de defensa se utilizan no solo en emergencias sino también como una fuente habitual de tranquilidad, la expectativa supera la realidad porque ningún instrumento puede eliminar el riesgo.  Cuando el riesgo persiste, la demanda de tranquilidad aumenta en lugar de disminuir.

En los Estados Unidos, la Segunda Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, ratificada en 1791, inscribió el derecho a portar armas en el lenguaje constitucional.  Esa inscripción alteró el carácter del debate.  Una medida formulada en un contexto histórico específico se convirtió en una reclamación constitucional permanente.  El derecho ahora se defiende dentro de la identidad cívica y la posición política incluso cuando la justificación histórica original ya no se acepta como determinante.  Cuando el lenguaje constitucional se trata como permiso sin proporción, la protección desplaza la limitación y la mediación se debilita.

Sigue un patrón recursivo.  La amenaza percibida justifica la expansión defensiva.  La expansión defensiva aumenta la vigilancia.  La vigilancia sostenida mantiene la percepción de amenaza.  El instrumento destinado a casos extremos se convierte en parte de la expectativa ordinaria.  Lo que estaba destinado a la emergencia se vuelve rutinario.  La herramienta no crea inseguridad; sostiene la ilusión de que la inseguridad puede dominarse de forma permanente.  La lógica se asemeja a la de naciones rivales involucradas en la acumulación de armas, donde la posesión se defiende como protección mientras la condición subyacente de vulnerabilidad permanece sin cambios.

La distribución de la capacidad letal y la preparación normalizada se desarrollan juntas.  Incluso cuando no se empuña ningún arma, la normalización de la capacidad letal altera el desacuerdo cívico, porque la posibilidad permanente de fuerza pasa a formar parte de la interacción ordinaria.  La sospecha se convierte en hábito.  El hábito altera la manera en que los ciudadanos se encuentran en público y configura las condiciones bajo las cuales se desarrolla el desacuerdo.

A nivel de naciones, la era nuclear produjo una lógica paralela de tranquilidad basada en la capacidad destructiva.  La doctrina estratégica de la Destrucción Mutua Asegurada buscó estabilidad mediante vulnerabilidad recíproca, suponiendo que la certeza de una represalia catastrófica impediría la escalada.  Sin embargo, incluso tales sistemas dependen en última instancia de un juicio ininterrumpido dentro de complejas estructuras de mando.  Durante la Crisis de los Misiles de Cuba de 1962, el lanzamiento de un torpedo nuclear desde el submarino soviético B-59 fue evitado solo cuando el oficial Vasily Arkhipov se negó a autorizarlo.  El episodio muestra que los sistemas construidos sobre capacidad catastrófica pueden parecer estables mientras dependen de momentos de contención individual que ninguna doctrina puede garantizar.  En tales momentos la lógica mecánica de la fuerza puede ser interrumpida por un solo acto de reconocimiento:  una persona que reconoce una condición humana compartida que ningún sistema de poder puede anular.

La proporcionalidad sigue siendo decisiva porque la escala altera la consecuencia.  Un instrumento adecuado para repeler una agresión inmediata difiere categóricamente de un armamento capaz de una letalidad rápida e indiscriminada.  Cuanto mayor es la capacidad destructiva, mayor es la necesidad de regulación.  Los derechos operan dentro de estructuras que establecen límites; no los suspenden.  Cuando la capacidad letal se normaliza ampliamente, el uso indebido a gran escala se vuelve estructuralmente posible en lugar de excepcional.  Si las armas se tratan como una fuente habitual de tranquilidad, los episodios recurrentes de violencia masiva exponen los límites de esa tranquilidad en lugar de resolver la inseguridad.

La cuestión más profunda concierne al poder colectivo y la fuerza instrumental.  El poder colectivo surge cuando los ciudadanos actúan juntos dentro de un marco compartido que presupone que el conflicto se resolverá sin violencia.  La fuerza instrumental opera mediante el uso de mecanismos defensivos que no requieren acuerdo más allá de su utilización.  Cuando aumenta la dependencia de tales mecanismos, la acción política compartida disminuye porque la tranquilidad se desplaza de las instituciones hacia la capacidad individual.

La defensa responde a la amenaza en momentos particulares.  La libertad requiere una confianza duradera en que tales momentos permanecerán excepcionales y no permanentes.  Una comunidad organizada principalmente en torno a la anticipación permanente de la amenaza altera su carácter porque la precaución comienza a reemplazar la confianza en la mediación.  La soberanía se desplaza de las instituciones compartidas hacia la posesión individual.  La tranquilidad se individualiza.  Se debilita la presunción de que los conflictos serán gestionados mediante procesos comunes.

El argumento no niega la realidad de la amenaza ni la tragedia de la autodefensa inmediata.  Establece que armarse con armas de defensa no puede servir como fundamento estable de la tranquilidad cívica, porque el orden cívico depende de la mediación, los límites compartidos y la aceptación de que la vulnerabilidad no puede abolirse.  El pensamiento de emergencia no puede convertirse en pensamiento normal.  La tarea no es abolir la defensa sino impedir que la defensa defina la gramática de la convivencia.

Ricardo F. Morín

March 4, 2026

Oakland Park, Florida