El director de una empresa de inteligencia artificial escribió en cierta ocasión que los seres humanos serían la primera especie capaz de diseñar a sus propios descendientes. La palabra que merece atención en esa frase es «descendientes». Un inventor puede describir una máquina enumerando lo que hace. Llamarla descendiente supone afirmar algo más acerca de la relación entre el inventor y su invención. Aun cuando la máquina llegara algún día a superar a su inventor en cada tarea en que ambos admitieran comparación, seguiría siendo razonable preguntar qué habría heredado exactamente y en qué sentido cabría llamar al inventor su ascendiente. [1]
Un senador que se opone al rumbo de estas empresas toma en serio ese lenguaje. No le faltan motivos. Quien dirige una empresa de inteligencia artificial puede comprometer personas y recursos en una idea que otro sólo puede contemplar. El propietario de varias empresas semejantes va más lejos. «Propagar la superinteligencia hasta las estrellas es una magnífica condición de éxito para un cargador de arranque biológico», escribe. Un cargador de arranque cumple su función hasta que el sistema que pone en marcha puede asumir el control. Conforme a su analogía, la humanidad podría, por tanto, desempeñar con éxito el papel que él le asigna sin que quedara resuelta la cuestión de su propio porvenir. Sin embargo, cuando el senador pasa de estas declaraciones a la tesis de que las máquinas ya empiezan a reemplazarnos, ocurre algo singular. Impugna la conveniencia del porvenir que estos hombres imaginan, al tiempo que les concede una autoridad considerable para dictaminar qué porvenir trae consigo su obra. [2, 3]
Supóngase que dos testigos han rendido declaración sobre la misma tarde. Cada relato, leído por separado, resulta verosímil. Cuando se le pide que los compare, un modelo de lenguaje advierte que, si ambos testigos han indicado la hora correcta, una misma persona habría tenido que encontrarse en dos lugares a la vez. Ninguno de los testigos formuló esa observación. El modelo ha deducido una consecuencia de la relación entre ambos relatos, y el lector puede verificar la inferencia volviendo a las dos declaraciones. Queda por indagar cuál de los testigos indicó la hora correcta, si es que alguno lo hizo. Un modelo más perfeccionado podría detectar discrepancias que escaparon a cien lectores. Tal perfeccionamiento acreditaría cuánto más puede un instrumento de comparación ofrecer a la atención humana.
Una evaluación internacional de la inteligencia artificial de propósito general, elaborada por investigadores de numerosos países, describe modelos capaces de resolver cuestiones difíciles de matemáticas que, no obstante, apenas logran sobreponerse a errores elementales en tareas prolongadas. [4] Me parece del todo posible que razonar a partir de lo registrado, hallar relaciones entre observaciones y sugerir qué convendría examinar después siga siendo el logro principal de los modelos de lenguaje. Una relación que ningún investigador ha advertido puede alterar el curso de una investigación. Que un sistema capaz de tales hallazgos pueda también llegar a experimentar el mundo, formarse propósitos propios o encontrar el modo de perseguirlos contra la oposición humana plantea varias cuestiones ulteriores. Un perfeccionamiento de la inferencia nos da motivo para indagar esas posibilidades. No ofrece medida alguna de la distancia que separa una inferencia de una intención.
Las fortunas comprometidas en la búsqueda de la superinteligencia importan de un modo bien preciso. El dinero puede mantener viva una investigación a lo largo de años de fracaso. Puede costear equipos, atraer investigadores y permitir un segundo enfoque una vez agotado el primero. Donde el obstáculo es la escasez de recursos, una fortuna puede alterar el resultado. Donde el obstáculo consiste en que los investigadores aún no han determinado qué contaría como éxito, el gasto no puede zanjar la cuestión que su experimento pretende resolver. Antes de que un inversor pueda proclamar avances hacia la creación de un sucesor, alguien ha de ser capaz de explicar qué observación distinguiría a un sucesor incipiente de un instrumento más capaz. La disposición del inversor a pagar por uno u otro acredita la seriedad de su propósito. Ofrece al público escaso fundamento para decidir cuál de los dos está construyendo.
Mientras esa cuestión permanece abierta, el mismo gasto puede producir consecuencias para las cuales la palabra «reemplazo» tiene un sentido más inmediato. Supóngase que un empleador somete los expedientes de dos aspirantes a un sistema de selección basado en un modelo de lenguaje. Uno de ellos ha ocupado el mismo puesto durante diez años. La otra persona dejó un puesto equivalente para atender a uno de sus padres y más tarde se reincorporó al trabajo. El empleador acepta la clasificación del sistema y convoca a entrevista únicamente al primero. La segunda aspirante escribe para explicar la interrupción. El empleado que recibe su carta puede confirmar que las fechas se consignaron correctamente. Carece de autoridad para reconsiderar el sentido que se atribuyó a esas fechas.
Para esa aspirante, el hecho decisivo ocurrió antes de que presentara su solicitud. El empleador ya había decidido de quién sería el juicio capaz de incidir en el resultado y había otorgado al empleado que respondería a su carta únicamente la atribución de corregir un registro. Su expediente era exacto. Lo que necesitaba era alguien facultado para considerar si una interrupción en el empleo guardaba relación con su aptitud para desempeñar el trabajo. De haber admitido el empleador semejante revisión, el mismo modelo, con idénticas capacidades, habría podido producir la misma clasificación y la aspirante aún habría podido ser oída. Su perjuicio derivó de una decisión acerca de las condiciones en que el empleador estaría dispuesto a oírla.
El proyecto de ley con el que el senador procura proscribir la superinteligencia artificial confiere consecuencia a la distinción. Prohibiría un sistema capaz de planificar y ejecutar la destrucción de la humanidad o su desapoderamiento. Vedaría también un sistema por el motivo distinto de que su desempeño cognitivo excede las capacidades humanas en la mayoría de los ámbitos o tareas. La prohibición se extiende a los sistemas fácilmente modificables para exhibir cualquiera de ambas capacidades y a los que ya presentan alguna de las características precursoras que el proyecto especifica. [5] Un órgano legislativo puede concluir que un desempeño superior a la capacidad humana en la mayoría de los ámbitos entraña un riesgo inadmisible aun mientras el sistema permanezca sujeto al control humano. Esa conclusión exige explicar cómo podría la capacidad burlar los controles y por qué el peligro justifica la prohibición. El caso de la aspirante plantea la dificultad inversa. Un sistema de capacidad del todo ordinaria puede ejercer una influencia decisiva sobre una vida porque quienes lo emplean han hecho definitiva su recomendación.
Hay un acuerdo oculto en el lenguaje de que se dispone para describir lo que le ocurrió a la aspirante. El empleador puede decir que el sistema la rechazó. Un crítico puede decir que una máquina ha reemplazado a un juez humano. La primera descripción puede eximir al empleador de la carga de explicar el rechazo. La segunda puede hacer que la disposición del empleador parezca derivada de un avance de la máquina. Ambas descripciones dejan a la aspirante escribiendo a la dirección equivocada. No tiene reparo alguno que oponer a las fechas de su expediente. Tiene una pregunta para la persona que decidió que nadie estaría autorizado a oír lo que esas fechas callaban.
El punto de convergencia. Ricardo F. Morín. Imagen digital, 2026.
Ricardo F. Morín
El 10 de noviembre de 2026, The New York Times informó de que un documento confidencial elaborado por KPMG por encargo del Gobierno de Estados Unidos había revelado el ingreso de aproximadamente 12 260 millones de dólares, procedentes de los recursos naturales venezolanos, en una cuenta sometida al control del Departamento del Tesoro estadounidense. Según la información publicada por el periódico, los depósitos correspondían al período comprendido entre el 3 de enero y el 30 de septiembre, tras la intervención militar estadounidense que apartó del poder a Nicolás Maduro. La cuenta de custodia se estableció inicialmente en Catar y fue trasladada a Citibank, en Nueva York, a finales de enero. De los fondos recibidos, unos 11 700 millones de dólares se destinaron posteriormente a subastas de divisas concebidas para sostener la moneda venezolana, mientras que otros 130 millones se aplicaron al cumplimiento de obligaciones gubernamentales en el exterior. Al concluir septiembre, el saldo de la cuenta ascendía a aproximadamente 170 millones de dólares. Aunque la mayor parte de los ingresos había sido desembolsada, el documento no permitía identificar a los beneficiarios finales de las subastas de divisas ni determinar en qué medida esos recursos habían mejorado las condiciones de vida de los hogares venezolanos.¹
La distinción entre la custodia y la titularidad de los fondos resulta fundamental para comprender el acuerdo. Los ingresos provenían de recursos venezolanos y no constituían una asignación presupuestaria de fondos públicos estadounidenses. La Orden Ejecutiva 14373, dictada el 9 de enero, reconocía que los depósitos pertenecían al Gobierno de Venezuela, aunque sometía su disposición a restricciones administradas por los departamentos del Tesoro y de Estado de Estados Unidos. La orden atribuía al secretario de Estado la facultad de determinar los fines gubernamentales y diplomáticos a los que podían destinarse los recursos y obligaba al Tesoro a cumplir sus instrucciones en materia de desembolsos. Venezuela conservaba la titularidad jurídica de los fondos, pero correspondía a funcionarios estadounidenses autorizar los pagos. Quedaban así separados el derecho sobre los recursos nacionales y la potestad administrativa de decidir el destino de los ingresos obtenidos mediante su explotación.²
La devolución de la mayor parte del dinero a Venezuela no resuelve por sí sola esa distinción. Las subastas de divisas pueden cumplir funciones monetarias legítimas, entre ellas facilitar a las empresas el acceso a moneda extranjera y reducir las presiones sobre una divisa sometida a depreciación. Sin embargo, sus beneficios dependen de los criterios de adjudicación, los precios aplicados y el destino posterior de las divisas adquiridas. El volumen total de los desembolsos no permite saber si los importadores tuvieron oportunidades comparables, si determinadas operaciones favorecieron a ciertos intermediarios o si los hogares recibieron un alivio material. Investigaciones anteriores de The New York Times habían señalado que una proporción considerable de las divisas llegaba a un grupo relativamente reducido de empresas venezolanas de los sectores agroindustrial y de bienes de consumo, mientras numerosas compañías de menor tamaño encontraban dificultades para conseguir la moneda extranjera necesaria para invertir. Los datos disponibles permiten constatar una desigualdad en el acceso, pero no determinar qué proporción de esa diferencia obedecía a los procedimientos estadounidenses de autorización, a las decisiones de las instituciones financieras venezolanas o a las condiciones comerciales de las subastas. El importe liberado de la cuenta de custodia no basta, por consiguiente, para establecer cómo se distribuyeron sus beneficios.
Los funcionarios estadounidenses han justificado el régimen de custodia como un mecanismo destinado a impedir que los ingresos sean desviados mediante prácticas corruptas o a través de intermediarios comerciales. La experiencia venezolana ofrece motivos fundados para desconfiar de la administración de la riqueza pública. Diversos gobiernos favorecieron la intervención de intereses políticos en la distribución de oportunidades económicas, mientras que la concentración del poder ejecutivo bajo Chávez y Maduro debilitó los controles institucionales sobre la asignación de recursos. Tales antecedentes, sin embargo, no permiten concluir que la supervisión extranjera garantice necesariamente una administración más responsable. La cuestión consiste en determinar si el nuevo régimen permite examinar las decisiones gubernamentales con independencia, conocer la identidad de sus beneficiarios y exigir a quienes ejercen autoridad que respondan por las consecuencias del ejercicio de su discrecionalidad.
La preocupación no se limita a las instituciones venezolanas. Mediante una carta fechada el 16 de septiembre y anunciada públicamente por el Comité de Finanzas del Senado el día 17, los senadores Ron Wyden, Elizabeth Warren y Sheldon Whitehouse solicitaron información al secretario del Tesoro, Scott Bessent, y al secretario de Estado, Marco Rubio, acerca de la administración estadounidense de los ingresos provenientes de los recursos naturales de Venezuela. Sus preguntas comprendían las restricciones jurídicas aplicables a esos fondos y las garantías previstas para impedir ventajas económicas indebidas. Los senadores advirtieron, además, de la posibilidad de que la Administración utilizara su control sobre los ingresos venezolanos para disponer de miles de millones de dólares sin autorización ni aprobación del Congreso. La intervención parlamentaria no demostraba que se hubieran malversado recursos. Planteaba, más bien, qué límites jurídicos regían la discrecionalidad del poder ejecutivo estadounidense respecto de unos ingresos cuya titularidad venezolana el propio Gobierno de Estados Unidos reconocía. La fiscalización del Congreso podía someter a examen la actuación de las autoridades estadounidenses, pero no otorgaba por sí misma a los ciudadanos venezolanos una participación efectiva en las decisiones relativas a la administración de su riqueza nacional.³
Las relaciones comerciales vinculadas a la cuenta de custodia introdujeron otra distribución de facultades y ventajas económicas. Según el informe divulgado en noviembre, Trafigura y Vitol representaban el sesenta y uno por ciento de los depósitos efectuados hasta finales de septiembre. Ambas empresas dedicadas al comercio internacional de materias primas habían obtenido amplias facultades para comercializar petróleo venezolano después de la intervención estadounidense. Su participación podía facilitar las ventas, abrir el acceso a compradores internacionales y generar ingresos que, en otras circunstancias, habrían resultado difíciles de conseguir. La justificación económica de esos servicios, sin embargo, es distinta del interés público en conocer las condiciones contractuales, las remuneraciones retenidas y las oportunidades ofrecidas a otros posibles compradores. Un gobierno puede incrementar el volumen de las operaciones comerciales sin garantizar con ello que sus ventajas económicas se repartan equitativamente entre la población.
La concentración de las adjudicaciones de divisas dentro de Venezuela añade otra dimensión al problema. El Gobierno estadounidense podía autorizar la liberación de los ingresos, mientras que los bancos y las autoridades económicas venezolanas determinaban qué empresas obtenían las divisas puestas a su disposición. Los intermediarios comerciales podían beneficiarse de operaciones realizadas antes del ingreso de los fondos en la cuenta, mientras determinados compradores nacionales obtenían acceso a los dólares después de su liberación. El proceso comprendía, por tanto, las ventas de petróleo negociadas con comerciantes internacionales, la autorización de los pagos en Washington y las subastas efectuadas mediante instituciones venezolanas. Cada etapa determinaba un aspecto diferente de la disponibilidad final de los recursos. La concentración de las adjudicaciones entre empresas de mayor tamaño sitúa las condiciones de las subastas y la identificación de sus participantes en el centro del examen financiero.
La importancia de estas circunstancias aumenta al considerar la situación de los venezolanos que han abandonado el país. Años de contracción económica, deterioro de los servicios públicos, represión política y reducción de oportunidades llevaron a millones de personas a buscar seguridad y trabajo en el extranjero. Según los datos gubernamentales recopilados por ACNUR, en diciembre de 2025 había cerca de 7,9 millones de refugiados y migrantes venezolanos en todo el mundo.⁴ Las causas de la emigración fueron diversas, como también lo fueron las condiciones en que cada persona emprendió su partida. Algunas disponían de medios suficientes para establecerse en otro país, mientras otras dependían de permisos temporales, empleos precarios o familiares que ya residían fuera de Venezuela. Una emigración de semejante magnitud modificó las responsabilidades económicas de quienes permanecieron en el territorio nacional. Los ingresos obtenidos en el exterior contribuyeron cada vez más al sostenimiento de hogares que no podían contar con salarios, pensiones o servicios públicos adecuados.
Para los venezolanos acogidos al Estatus de Protección Temporal de Estados Unidos, conocido por sus siglas inglesas TPS, la posibilidad de permanecer y trabajar legalmente dependía de una protección concebida expresamente como provisional. Venezuela recibió designaciones de TPS en 2021 y 2023. En 2025, el Departamento de Seguridad Nacional inició la terminación de ambas designaciones y dejó sin efecto una prórroga concedida anteriormente. Estas decisiones precedieron a la intervención estadounidense del 3 de enero de 2026 y a los acuerdos posteriores para administrar los ingresos venezolanos. Los beneficiarios que carecían de otra condición migratoria legal quedaron expuestos a perder sus autorizaciones de empleo y la protección frente a la expulsión. Los recursos judiciales interpuestos no impidieron que las decisiones de terminación surtieran efecto durante los períodos amparados por las suspensiones ordenadas por la Corte Suprema de Estados Unidos, y algunos venezolanos anteriormente protegidos por el TPS afrontaron, en consecuencia, la detención y la deportación.⁵
El Departamento de Seguridad Nacional defendió esas decisiones invocando su evaluación de las condiciones existentes en Venezuela y los intereses nacionales de Estados Unidos. Al disponer la terminación de la designación de 2023, la secretaria Kristi Noem determinó que la situación venezolana había mejorado en diversos ámbitos, entre ellos la economía, la salud pública y la criminalidad, y que los beneficiarios podían regresar sin peligro. El Departamento concluyó asimismo que permitir la permanencia temporal de esa población era contrario al interés nacional estadounidense, aunque admitía la posibilidad de que subsistieran determinadas circunstancias extraordinarias y transitorias. La terminación posterior de la designación de 2021 se fundamentó igualmente en la apreciación de la secretaria de que ya no concurrían las condiciones exigidas por la ley. Se trataba de determinaciones administrativas adoptadas en ejercicio de las competencias conferidas por la legislación migratoria. El alcance jurídico de esas determinaciones no resolvía si todas las personas afectadas podían regresar a condiciones que les permitieran obtener empleo suficiente, atención médica, seguridad personal o medios para sostener a sus familiares.
Los procedimientos judiciales posteriores modificaron el marco jurídico dentro del cual podían impugnarse esas decisiones. El 25 de junio de 2026, la Corte Suprema de Estados Unidos resolvió, en Mullin v. Doe, que la prohibición legal de revisión judicial de las determinaciones relativas al TPS impedía conocer de impugnaciones no constitucionales contra las decisiones de la secretaria. El 5 de octubre, la Corte dejó sin efecto la sentencia dictada el 28 de enero por el Tribunal Federal de Apelaciones del Noveno Circuito en National TPS Alliance v. Noem y devolvió el litigio venezolano para que fuera reconsiderado a la luz de Mullin. Esa decisión no resolvió definitivamente la legalidad de las terminaciones ni restableció una protección duradera para los venezolanos afectados. Aunque Mullin no excluyó categóricamente las impugnaciones constitucionales, restringió considerablemente la posibilidad de someter las determinaciones de la secretaria al control judicial ordinario del derecho administrativo.⁵
La pérdida de protección afectaba a más personas que al titular de la autorización extinguida. Un venezolano empleado en Estados Unidos podía contribuir al sostenimiento de familiares que dependían de sus remesas. Su deportación, o la decisión de marcharse ante la imposibilidad jurídica o económica de continuar residiendo en el país, podía interrumpir esa ayuda. Las consecuencias variaban según las circunstancias personales, la posibilidad de obtener otro permiso de residencia y las oportunidades de trabajo disponibles después de la partida. Los avisos administrativos de terminación no permiten calcular una cifra única que represente esas pérdidas. Con todo, la retirada de la protección introdujo una nueva inseguridad en los acuerdos familiares mediante los cuales numerosos venezolanos habían procurado compensar la insuficiencia de oportunidades económicas y servicios públicos en su país de origen.
La concurrencia de ambas políticas pone de manifiesto una contradicción. El poder ejecutivo estadounidense asumió el control de la liberación de ingresos procedentes de los recursos venezolanos mientras mantenía medidas migratorias, adoptadas antes de la intervención, que reducían la seguridad de quienes habían buscado empleo y refugio en Estados Unidos. Ambas actuaciones tenían fundamentos jurídicos diferentes y habían surgido en momentos distintos. Una se refería a fondos soberanos administrados mediante una orden económica de emergencia; la otra, a protecciones migratorias previstas por ley cuya continuidad dependía de determinaciones del ejecutivo. Su coexistencia no demuestra que alguna de las decisiones se hubiera adoptado con el propósito de perjudicar a los hogares venezolanos. Sí revela que un mismo gobierno podía ejercer amplias facultades sobre la recuperación económica del país mientras renunciaba a mantener las protecciones concedidas a personas desplazadas por las circunstancias que habían hecho necesaria esa recuperación.
La historia estadounidense ofrece un término de comparación esclarecedor. Después de la Revolución cubana, Estados Unidos impuso restricciones económicas a Cuba y, simultáneamente, organizó un amplio programa de acogida y asistencia para los cubanos que habían abandonado la isla. En 1960 se estableció en Miami el Centro de Emergencia para Refugiados Cubanos, y la Administración Kennedy encomendó posteriormente el programa al Departamento de Salud, Educación y Bienestar. La Ley de Migración y Asistencia a los Refugiados de 1962 proporcionó fundamento legal a la asistencia federal, que comprendía ayudas económicas, reasentamiento, atención médica y preparación para el empleo. En 1966, el Congreso aprobó la Ley de Ajuste Cubano, que estableció un procedimiento especial para que los ciudadanos cubanos que reunieran los requisitos pudieran obtener la residencia permanente. La oposición económica de Washington al Gobierno cubano estuvo acompañada, por consiguiente, de un compromiso sostenido de asistencia a una parte considerable de la población que había emigrado.⁶
La política hacia los cubanos surgió en circunstancias particulares de la Guerra Fría. La acogida de refugiados respondía a propósitos humanitarios, pero también favorecía los objetivos políticos estadounidenses en el enfrentamiento con La Habana. No todos podían acogerse a los programas, las condiciones de admisión variaron con el tiempo y los beneficios disponibles para las sucesivas generaciones de emigrantes cubanos tampoco fueron idénticos. Restricciones más recientes han afectado igualmente a ciudadanos de Cuba, incluida la terminación en 2025 de los programas de permiso humanitario establecidos para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. Por ello, el sistema de acogida cubano de las primeras décadas no puede interpretarse como un compromiso estadounidense invariable y extensivo a cuantos cubanos llegaran posteriormente. Su importancia histórica reside en que las instituciones estadounidenses fueron capaces de establecer programas duraderos de asistencia y una vía especial de acceso a la residencia permanente cuando las autoridades políticas competentes consideraron conveniente hacerlo.⁷
La comparación no exige que las circunstancias históricas fueran idénticas para reconocer las diferencias de tratamiento. Los cubanos que reunían los requisitos de los programas anteriores podían obtener la residencia legal mediante una disposición legislativa cuya vigencia sobrevivió a la Administración bajo la cual fue promulgada. Los venezolanos dependientes del TPS no disponían de una vía equivalente, reservada a su nacionalidad, para adquirir la residencia permanente. El carácter provisional de su protección dejaba su continuidad expuesta a sucesivas determinaciones del ejecutivo, dentro de un régimen legal que la Corte Suprema de Estados Unidos interpretó en el sentido de restringir considerablemente el control judicial. Una población se benefició de una decisión legislativa destinada a facilitar su incorporación permanente a la sociedad estadounidense; la otra recibió una protección temporal susceptible de retirada aun cuando las causas que habían provocado su desplazamiento no hubieran desaparecido necesariamente.
Para esta comparación importa distinguir las competencias del Congreso de las del poder ejecutivo. El Congreso aprobó la Ley de Ajuste Cubano y estableció por ley las bases de la asistencia a los refugiados, mientras que el ejecutivo creó y administró programas dentro de ese marco legislativo. En cambio, el TPS concedido a Venezuela procedía de determinaciones adoptadas por el ejecutivo en aplicación de la legislación migratoria general aprobada por el Congreso. Su terminación fue igualmente una decisión ejecutiva, aunque sus límites y las posibilidades de revisión judicial dependían de las disposiciones legislativas y de la interpretación posterior de los tribunales. La diferencia de tratamiento no puede atribuirse, por tanto, exclusivamente a las preferencias de los sucesivos presidentes. También refleja hasta qué punto el Congreso ha decidido establecer protecciones jurídicas duraderas para determinadas poblaciones desplazadas o dejar la continuidad de su residencia sujeta a decisiones administrativas temporales.
La diferencia entre ambos regímenes jurídicos también condicionaba el tiempo disponible para asumir responsabilidades económicas ordinarias. Una persona con posibilidades de obtener la residencia permanente podía aceptar un empleo, constituir un hogar y planificar obligaciones cuya duración excediera la de una autorización administrativa. La protección temporal permitía trabajar legalmente, pero no garantizaba la continuidad de ese permiso. Su terminación podía interrumpir, por consiguiente, compromisos adquiridos durante un período en el que el propio Gobierno había autorizado al interesado a residir y trabajar. La ley distinguía entre el permiso provisional y el derecho a establecer la residencia permanente, pero las consecuencias económicas de retirar aquella autorización no quedaban circunscritas a su duración original.
No existe una incompatibilidad necesaria entre restringir las relaciones comerciales con otro Estado y admitir a personas que lo abandonan. Tampoco el hecho de emigrar obliga, por sí solo, al país receptor a conceder residencia permanente a todos los solicitantes. La dificultad aparece cuando un gobierno que ejerce presión económica y control sobre los recursos de otro país considera el desplazamiento humano resultante como un asunto prácticamente independiente de su política exterior. Los fracasos de los gobiernos venezolanos precedieron a muchas de las principales restricciones estadounidenses, y la responsabilidad por esos fracasos corresponde a los funcionarios que adoptaron las decisiones pertinentes. Las actuaciones posteriores de Estados Unidos introdujeron nuevas limitaciones y obligaciones cuyas consecuencias podían alcanzar a personas privadas de medios efectivos para influir en las decisiones de cualquiera de los dos gobiernos.
El contraste con Cuba revela algo más que una disparidad entre disposiciones migratorias. Permite examinar las diferentes responsabilidades que las instituciones de un Estado pueden decidir asumir frente a quienes resultan afectados por una confrontación internacional. Estados Unidos consideró en otro tiempo que el reasentamiento de los refugiados cubanos justificaba la asignación de recursos federales y la promulgación de leyes que facilitaran su residencia permanente. En el caso venezolano, Washington ha asumido una función excepcional en la administración económica del país sin establecer un régimen duradero de acogida comparable para los venezolanos desplazados por décadas de deterioro institucional y económico. Corresponde al Congreso la potestad de legislar esas protecciones, mientras que el ejecutivo ejerce las competencias que le atribuye la legislación vigente. La diferencia no puede explicarse únicamente mediante la distinción jurídica entre refugiados y personas acogidas a protección temporal, porque la creación de esas categorías, los derechos que confieren y el margen de discrecionalidad permitido en su administración derivan también de decisiones legislativas.
La cuestión de la soberanía proporciona un punto común a estas contradicciones. La soberanía política reside en la nación, mientras que las instituciones del Estado ejercen autoridad en su nombre. Esta distinción resulta indispensable allí donde los funcionarios públicos comprometen recursos nacionales, contraen obligaciones internacionales o determinan las condiciones en que los ciudadanos reciben beneficios públicos. El deterioro de Venezuela demuestra hasta qué punto el ejercicio de la autoridad estatal puede apartarse de los intereses de la población. El control extranjero sobre determinadas decisiones económicas puede presentarse como un remedio provisional frente a esa desviación, pero no restituye necesariamente a la nación la capacidad de exigir responsabilidades a quienes ejercen el poder.
La cuenta de custodia plantea, por consiguiente, un problema que no puede resolverse mediante el importe de los depósitos ni el volumen de los desembolsos. Su funcionamiento pudo haber impedido determinados abusos, reducido la incertidumbre financiera y facilitado el retorno de ingresos considerables a Venezuela. Tales resultados serían importantes. Sin embargo, la documentación disponible al público debe permitir examinar las decisiones adoptadas en la administración de la cuenta, incluidas las condiciones impuestas a los desembolsos y los intereses económicos favorecidos. La concentración de las adjudicaciones de divisas entre empresas venezolanas de mayor tamaño vuelve aún más necesario ese examen. Sin un conocimiento suficiente de las decisiones mediante las cuales se autoriza y distribuye el dinero, denominar custodio a Estados Unidos describe el fundamento jurídico invocado para poseer los fondos, pero no demuestra que su actuación haya estado sometida a una rendición de cuentas adecuada.
La misma exigencia de responsabilidad corresponde a las autoridades interinas de Venezuela. Una solicitud presentada por el banco central no significa, por sí misma, que la población venezolana haya ejercido un control efectivo sobre el destino del dinero. La existencia de consentimiento o participación de las autoridades nacionales en un acuerdo entre gobiernos no equivale a la posibilidad de que los ciudadanos examinen sus condiciones y consecuencias. Si una administración interina destina los ingresos a empresas, instituciones o acreedores preferidos, no puede trasladarse íntegramente a los funcionarios estadounidenses que autorizan los desembolsos la responsabilidad por esas decisiones. Tampoco la intervención de autoridades venezolanas exime a Washington de responder por la discrecionalidad que ha decidido ejercer.
El tratamiento dispensado a los venezolanos desplazados introduce una cuestión correspondiente acerca de la distribución de obligaciones. Una familia privada de ingresos domésticos suficientes puede depender de un pariente establecido en el extranjero. Ese familiar puede obtener permiso temporal para trabajar, contraer compromisos económicos y contribuir al sostenimiento de quienes permanecen en Venezuela. La retirada de la protección migratoria puede poner en peligro esos acuerdos sin restablecer las condiciones nacionales que hicieron necesaria la emigración. Mientras tanto, los ingresos procedentes de los recursos naturales del país pueden continuar sujetos a decisiones adoptadas por funcionarios de dos gobiernos y a operaciones realizadas por intermediarios privados. La población experimenta sus consecuencias mediante los precios, el empleo, los servicios públicos y la seguridad económica de familiares cuya contribución se ha vuelto indispensable.
De estas circunstancias no puede deducirse una intención gubernamental única ni una política concertada para despojar a los venezolanos. Las decisiones proceden de leyes diferentes, responden a objetivos administrativos distintos e involucran instituciones dotadas de competencias propias. Sin embargo, sus consecuencias concurrentes poseen una importancia que no desaparece por esa diversidad de fundamentos. Medidas defendidas individualmente como instrumentos de estabilización financiera, prevención de la corrupción, aplicación de las leyes migratorias o restablecimiento de la actividad comercial pueden imponer obligaciones acumulativas a personas cuyas circunstancias son consideradas por separado desde cada autoridad gubernamental. No hay garantía de que alguna institución evalúe las consecuencias acumuladas para el hogar que debe soportarlas.
La posibilidad de reconstrucción tampoco elimina la contradicción. Una mayor producción petrolera, una disponibilidad más amplia de divisas y la recuperación de las relaciones comerciales podrían beneficiar materialmente a Venezuela. Pero el aumento del ingreso nacional no garantiza que quienes padecieron con mayor intensidad el deterioro anterior reciban un alivio proporcional. Un emigrante que regresa puede encontrar empleo insuficiente y servicios públicos deficientes. Una familia dependiente de remesas puede perder su principal medio de subsistencia. Una empresa puede obtener acceso a divisas mientras otra continúa privada de las importaciones necesarias para funcionar. La recuperación general de la actividad económica y la distribución de sus beneficios constituyen dimensiones diferentes de la situación nacional.
La acumulación de estas consecuencias confiere a la situación presente su carácter combustible. Los fracasos de los gobiernos venezolanos crearon vulnerabilidades sobre las que actuaron posteriormente las sanciones extranjeras, los intereses comerciales, las políticas migratorias y los regímenes excepcionales de administración de los ingresos nacionales. La autoridad para adoptar esas decisiones permaneció distribuida entre gobiernos, instituciones financieras y empresas privadas. Sus consecuencias, sin embargo, podían recaer sobre una misma población. La separación de las competencias decisorias no impidió que los costos se acumularan entre quienes disponían de menores posibilidades de modificar las decisiones que los originaban.
La restauración de la soberanía venezolana no puede medirse, por tanto, únicamente por el retorno de los ingresos a cuentas administradas dentro del país. Tampoco cabe juzgar su recuperación prescindiendo de las condiciones impuestas a sus ciudadanos desplazados. La autoridad pública exige algo más que una declaración jurídica que identifique al propietario de los recursos nacionales. Requiere instituciones mediante las cuales esos recursos se administren para fines públicos y los funcionarios que ejercen facultades discrecionales deban responder por sus decisiones.
La información divulgada el 10 de noviembre describe un régimen en el que la riqueza venezolana permaneció bajo autoridad estadounidense y fue desembolsada en gran medida, sin que se haya proporcionado una relación pública suficiente de su distribución final. La historia de la asistencia a los refugiados cubanos demuestra que las administraciones estadounidenses y el Congreso han combinado anteriormente la confrontación económica con compromisos importantes hacia personas desplazadas desde un país sometido a esas presiones. El tratamiento dispensado a los venezolanos acogidos a protecciones migratorias temporales revela una respuesta diferente y considerablemente más precaria. No se trata de ejercicios idénticos de autoridad gubernamental, pero sus relaciones no pueden descartarse simplemente porque procedan de instrumentos jurídicos distintos o dependan de decisiones adoptadas por diferentes poderes del Estado.
Una nación puede conservar la titularidad soberana de su riqueza y depender, al mismo tiempo, de funcionarios extranjeros para obtener autorización de disponer de ella. Sus ciudadanos pueden sostener hogares mediante ingresos obtenidos en el exterior mientras continúan expuestos a la retirada del permiso que les permite ganarlos. La recuperación de los ingresos públicos puede avanzar sin resolver la inseguridad de quienes, mediante su emigración, contribuyeron a preservar a sus familias durante el deterioro del país. La cuestión fundamental reside en determinar si las facultades ejercidas en nombre de la recuperación de Venezuela devolverán a los venezolanos una autoridad efectiva sobre las decisiones que afectan sus vidas, o si la riqueza nacional y sus propios ciudadanos continuarán sometidos a regímenes administrativos separados cuyas consecuencias conjuntas ninguno de los dos gobiernos está obligado a asumir.
Ricardo F. Morin
11 de noviembre de 2026
San Francisco California
Notas documentales
1. Tyler Pager y Anatoly Kurmanaev. «U.S. Received $12 Billion in Venezuelan Oil Revenues, Secret Report Shows». The New York Times, 10 de noviembre de 2026; reproducido por The Philadelphia Inquirer. Investigación basada en un documento confidencial elaborado por KPMG por encargo del Gobierno de Estados Unidos acerca de la cuenta de custodia de ingresos venezolanos. Comprende los depósitos efectuados entre el 3 de enero y el 30 de septiembre de 2026; la apertura inicial de la cuenta en Catar y su posterior traslado a Citibank, en Nueva York; ingresos aproximados de 12 260 millones de dólares; desembolsos destinados a subastas de divisas; intervención de intermediarios comerciales; y ausencia de una relación pública completa que permita identificar a los beneficiarios finales de las operaciones. El artículo también remite a investigaciones anteriores acerca de la concentración de las adjudicaciones de divisas entre empresas venezolanas de mayor tamaño.
2. La Casa Blanca. Orden Ejecutiva 14373, «Safeguarding Venezuelan Oil Revenue for the Good of the American and Venezuelan People», 9 de enero de 2026. Publicada en el Federal Register el 15 de enero de 2026, 91 FR 2045. Las secciones 2 a 5 definen los fondos comprendidos en la orden, prohíben las transferencias no autorizadas y los embargos judiciales, reconocen su titularidad por el Gobierno de Venezuela, establecen que Estados Unidos conserva los fondos en calidad de custodio y disponen que el secretario del Tesoro cumpla las determinaciones del secretario de Estado relativas a los desembolsos. La orden invoca la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (International Emergency Economic Powers Act) y la Ley de Emergencias Nacionales (National Emergencies Act).
3. Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos. «Wyden, Warren, Whitehouse Press Trump Administration Over Revenue from Venezuelan Oil and Gold Deals», publicado el 17 de septiembre de 2026. La carta adjunta, fechada el 16 de septiembre de 2026, fue suscrita por los senadores Ron Wyden, Elizabeth Warren y Sheldon Whitehouse y dirigida al secretario del Tesoro, Scott Bessent, y al secretario de Estado, Marco Rubio. Los senadores solicitaron información sobre la administración de los ingresos venezolanos procedentes de recursos naturales, los límites constitucionales y legales de la discrecionalidad ejecutiva, las garantías financieras, la identificación de los beneficiarios efectivos, los posibles conflictos de intereses, las actividades de KPMG y el riesgo de que la Administración dispusiera de fondos sin autorización ni aprobación del Congreso. La correspondencia requería estados de cuenta, registros de transacciones, solicitudes de desembolso presentadas por autoridades venezolanas e información sobre los destinatarios y beneficiarios efectivos de los pagos.
4. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). «Venezuela situation». Datos actualizados en diciembre de 2025. Según las cifras gubernamentales recopiladas por ACNUR, había cerca de 7,9 millones de refugiados y migrantes venezolanos fuera de Venezuela, distribuidos por el mundo. La estimación corresponde a la diáspora mundial y no únicamente a las personas residentes en Estados Unidos o acogidas al Estatus de Protección Temporal.
5. Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. «Termination of the October 3, 2023 Designation of Venezuela for Temporary Protected Status». Federal Register, 5 de febrero de 2025, 90 FR 9040–9044, documento n.º 2025-02294. El aviso recoge la determinación de la secretaria acerca de las condiciones existentes en Venezuela, el interés nacional estadounidense y la terminación de la designación de 2023.
Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. «Termination of the 2021 Designation of Venezuela for Temporary Protected Status». Federal Register, 8 de septiembre de 2025, 90 FR 43225–43231, documento n.º 2025-17087. El aviso dispone la terminación de la designación de 2021 con efectos a partir del 7 de noviembre de 2025, sin perjuicio de los procedimientos judiciales posteriores.
Corte Suprema de Estados Unidos. Mullin v. Doe, asuntos n.os 25-1083 y 25-1084, 25 de junio de 2026, 609 U.S. 324. La Corte resolvió que 8 U.S.C. § 1254a(b)(5)(A) impide la revisión judicial de impugnaciones no constitucionales relativas a la designación de un país para el TPS, a su terminación o a la prórroga de esa designación, incluidas las objeciones dirigidas contra el procedimiento administrativo que conduce a tales determinaciones.
En el litigio acumulado de Miot, la Corte Suprema concluyó igualmente que la alegación de vulneración del principio de igualdad formulada por los demandantes haitianos tenía escasas posibilidades de prosperar a los efectos de obtener medidas provisionales. La Corte no resolvió definitivamente si la prohibición legal de revisión judicial excluía de manera categórica las impugnaciones constitucionales, ni decidió mediante ese pronunciamiento las alegaciones constitucionales independientes presentadas por los demandantes venezolanos.
Corte Suprema de Estados Unidos. Mullin v. National TPS Alliance, asunto n.º 26-48, 5 de octubre de 2026. La Corte admitió el recurso, dejó sin efecto la sentencia del Noveno Circuito de 28 de enero de 2026 en National TPS Alliance v. Noem, 166 F.4th 739, y devolvió el asunto para su reconsideración conforme a Mullin v. Doe.
Tribunal Federal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos. National TPS Alliance v. Mullin, asunto n.º 25-5724, órdenes de 30 de octubre y 3 de noviembre de 2026. La primera denegó la solicitud gubernamental de suspensión y la petición alternativa de suspensión administrativa. La orden de 3 de noviembre dejó sin efecto esa decisión y concedió una suspensión administrativa de catorce días a partir del 6 de noviembre. Esta relación procesal corresponde al estado del litigio al 11 de noviembre de 2026. La anulación de la sentencia y la devolución del asunto por la Corte Suprema obligaban al Noveno Circuito a determinar los efectos de Mullin sobre las pretensiones formuladas, incluidos los límites de la revisión judicial y el tratamiento de las impugnaciones constitucionales que pudieran subsistir.
6. Administración Nacional de Archivos y Registros de Estados Unidos. «Cuban Refugee Program, 1960–1970». Grupo documental 363, archivos del Servicio de Asistencia Social y Rehabilitación (Social and Rehabilitation Service). Documentación histórica relativa al establecimiento del Centro de Emergencia para Refugiados Cubanos, la organización de la asistencia federal durante la Administración Kennedy y los organismos responsables de los programas de reasentamiento.
Oficina General de Contabilidad de Estados Unidos (General Accounting Office). Analysis of Federal Expenditures to Aid Cuban Refugees. Informe B-164031(3), 3 de noviembre de 1971. Preparado por el contralor general para la Subcomisión de Investigación de Problemas Relacionados con Refugiados y Exiliados de la Comisión de Asuntos Judiciales del Senado estadounidense. El informe examina los gastos federales destinados a la asistencia a los refugiados, la educación, el transporte y el reasentamiento.
Congreso de Estados Unidos. Migration and Refugee Assistance Act of 1962, Ley Pública 87-510, 28 de junio de 1962, 76 Stat. 121, codificada en lo pertinente en 22 U.S.C. § 2601 y siguientes. Establece la autoridad legal para prestar asistencia a refugiados y migrantes comprendidos en las categorías previstas.
Congreso de Estados Unidos. Cuban Adjustment Act, Ley Pública 89-732, 2 de noviembre de 1966, 80 Stat. 1161, con sus modificaciones posteriores. Establece un procedimiento legal especial mediante el cual los naturales o ciudadanos cubanos que cumplan los requisitos aplicables pueden obtener la residencia permanente legal en Estados Unidos.
7. Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. «Termination of Parole Processes for Cubans, Haitians, Nicaraguans, and Venezuelans». Federal Register, 25 de marzo de 2025, 90 FR 13611–13622, documento n.º 2025-05128. Anuncia la terminación de los programas colectivos de permisos humanitarios para las cuatro nacionalidades e incluye los fundamentos invocados por el Departamento, así como las consecuencias para la vigencia de los permisos y las correspondientes autorizaciones de empleo. La medida es distinta de los avisos de terminación del TPS venezolano y de las disposiciones legislativas contenidas en la Cuban Adjustment Act.
Una nación obligada a pagar. Ricardo F. Morín. Imagen digital, 2026.
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Ricardo F. Morín
4 de Noviembre de 2026
Rohnert, Ca
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En 2025, la Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida registró en Venezuela un descenso de la pobreza de ingresos de los hogares, que pasó del 73,2 al 68,5 por ciento, mientras la pobreza extrema bajaba del 36,5 al 31,7 por ciento. La mejoría fue real. También fue real la privación que persistía. Casi un tercio de los hogares venezolanos seguía careciendo de ingresos suficientes para cubrir sus necesidades alimentarias básicas. Entre los hogares abastecidos por acueductos públicos, apenas el 29 por ciento recibía agua a diario, y sólo uno de cada diez hogares conectados a la red eléctrica declaraba un servicio ininterrumpido. La encuesta identificó además a cerca de 1,2 millones de niños, niñas y adolescentes fuera del sistema educativo. El aumento del ingreso no había traído consigo un restablecimiento equivalente de los servicios públicos ni de la seguridad de la vida cotidiana. Para las familias obligadas a comprar lo que las instituciones públicas dejaban de proveer, una reducción de la pobreza medida no significaba necesariamente una mejora comparable de sus condiciones de vida.[1]
La severidad de la situación actual debe mucho a las decisiones de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, pero el origen de esa situación es anterior a ambos gobiernos. La historia de Venezuela registra reiterados casos en que las autoridades políticas comprometieron territorio, rentas públicas, derechos mineros y obligaciones económicas futuras mediante arreglos cuyas consecuencias perduraron después de la salida de los gobiernos que los habían concertado. Algunos de esos arreglos fueron soluciones lícitas de controversias; otros fueron actos de discrecionalidad gubernamental, y otros más nacieron de la coacción o del abuso de la autoridad pública. El carácter jurídico y las consecuencias inmediatas de esos arreglos fueron distintos. La carga que esos arreglos impusieron a las generaciones posteriores revela, sin embargo, una separación persistente entre quienes tienen la facultad de gobernar y quienes deben vivir bajo las decisiones de los gobernantes.
La formación de la República no estableció una correspondencia duradera entre la autoridad política y la rendición de cuentas ante la ciudadanía. La Independencia aseguró la existencia de un Estado soberano sin extender de inmediato la participación política a todos los habitantes del territorio ni establecer instituciones capaces de contener el ejercicio personal del poder. Los jefes militares intervinieron repetidamente en el gobierno civil, y los cargos públicos y los privilegios económicos se distribuían según la lealtad política. Esas prácticas fueron combatidas a lo largo de la historia venezolana, y diversas reformas constitucionales las restringieron periódicamente. La sucesión de gobiernos, sin embargo, no siempre alteró la relación mediante la cual la autoridad política disponía de recursos y obligaciones que afectaban a personas excluidas de las decisiones mismas.
Las controversias territoriales de la Guayana Esequiba y de La Guajira surgieron en circunstancias históricas y jurídicas distintas. El laudo arbitral de 1899 fijó una frontera entre Venezuela y la Guayana Británica que Venezuela impugnó después. El Acuerdo de Ginebra de 1966 estableció un marco para resolver la controversia, y la controversia llegó con el tiempo a la Corte Internacional de Justicia. La Corte escuchó los alegatos sobre el fondo en mayo de 2026, tras decisiones anteriores relativas a la competencia de la propia Corte y a medidas provisionales. Guyana administra el territorio disputado y sostiene la validez del laudo; Venezuela impugna esa validez. La controversia ha continuado a través de la sucesión de gobiernos en ambos países, mientras los habitantes del territorio siguen sujetos a las consecuencias políticas y económicas de la condición disputada de ese territorio.[2]
La Guajira siguió otro curso. El arbitraje español de 1891, el arbitraje suizo de 1922 y el Tratado López de Mesa–Gil Borges de 1941 fijaron la frontera terrestre entre Venezuela y Colombia. La mayor parte de la península quedó en Colombia, y la porción oriental de la península quedó en Venezuela. La delimitación terrestre no resolvió la controversia marítima, de naturaleza distinta, en el golfo de Venezuela. La percepción venezolana de una pérdida territorial tampoco demuestra, por sí sola, que las decisiones fueran ilícitas o se obtuvieran mediante una diplomacia indebida. El arreglo dividió, no obstante, un territorio habitado por comunidades cuya existencia precedió a la formación de una y otra república. El pueblo wayuu siguió viviendo a ambos lados de una frontera negociada entre dos Estados cuya jurisdicción ese pueblo quedó obligado a reconocer desde entonces.[3]
Las fronteras internacionales requieren estabilidad, y un arreglo territorial no puede permanecer indefinidamente provisional por el solo hecho de que las generaciones sucesivas discrepen de los términos del arreglo. Un gobierno que ejerce una autoridad legítima debe poder obligar al Estado que representa. La dificultad surge cuando la capacidad de contraer tales obligaciones excede los medios de que dispone la población afectada para examinar la decisión, influir en los términos de la decisión o pedir cuentas a quienes la adoptaron. En esa circunstancia, la permanencia que exigen las relaciones internacionales permite también que las consecuencias del error gubernamental sobrevivan a las personas responsables del error.
La crisis de la deuda de 1902 y 1903 expuso el problema de modo más directo en la disposición de las rentas públicas. Gran Bretaña, Alemania e Italia bloquearon los puertos venezolanos para hacer efectivas sus reclamaciones contra el gobierno de Cipriano Castro. Los acuerdos de Washington que siguieron al bloqueo asignaron el treinta por ciento de los derechos aduaneros recaudados en La Guaira y Puerto Cabello al pago de las reclamaciones extranjeras. El arbitraje de La Haya concedió luego un trato preferente a las potencias bloqueadoras. Las fallas fiscales internas habían contribuido a provocar la crisis, mientras los gobiernos extranjeros se valían de la coacción militar para asegurar a sus acreedores un trato favorable. Las obligaciones resultantes se satisficieron con rentas procedentes del comercio futuro. Las mercancías que entraban en los puertos seguían generando derechos, pero una porción predeterminada de esos ingresos quedaba comprometida con reclamaciones nacidas de decisiones anteriores a la recaudación misma. El arreglo aseguró el pago sin devolver a la población venezolana las rentas ya asignadas.[4]
El petróleo ofreció otro medio de financiar el Estado y de distribuir ventajas políticas. Bajo Juan Vicente Gómez, los funcionarios otorgaron concesiones a personas con conexiones políticas, muchas de las cuales traspasaron después sus derechos a compañías extranjeras. La expansión de la producción transformó la economía nacional y creó empleo, renta pública y oportunidades comerciales en una escala hasta entonces desconocida. Esos beneficios fueron sustanciales. El derecho a obtener una concesión podía depender, sin embargo, de la cercanía al gobernante antes que de la contribución económica del intermediario. Los funcionarios conferían ventajas privadas mediante derechos sobre recursos que pertenecían a la nación. El concesionario podía transferir el valor comercial del privilegio, mientras el Estado conservaba la responsabilidad por las condiciones institucionales y económicas en que se desarrollaba la industria.[5]
La ampliación de la participación política siguió un curso separado y desigual. Las mujeres venezolanas obtuvieron un sufragio municipal restringido en 1945, la participación electoral universal conforme al estatuto que rigió la elección de la Asamblea Nacional Constituyente de 1946 y el reconocimiento constitucional de sus derechos electorales en 1947. Había transcurrido más de un siglo desde la Independencia cuando la República admitió formalmente a las mujeres en la participación política en condiciones de igualdad. En noviembre de 1948, los militares derrocaron al gobierno electo de Rómulo Gallegos e interrumpieron el ensayo constitucional en el que esos derechos se habían consagrado. El reconocimiento de esos derechos había ampliado el electorado sin establecer todavía instituciones capaces de preservar el orden constitucional frente a la intervención de quienes controlaban las fuerzas armadas.[6]
El restablecimiento del gobierno civil en 1958 demostró que los fracasos anteriores no eran inevitables ni universalmente aceptados. Venezuela sostuvo después instituciones electorales durante unas cuatro décadas. Las reformas petroleras y la nacionalización de 1976 aumentaron el control del Estado sobre una industria hasta entonces dominada por concesionarios extranjeros. La educación pública se extendió, la infraestructura se desarrolló y la participación política se arraigó más ampliamente. Esos logros transformaron el país en lo material y en lo institucional. Los mismos logros no eliminaron la dependencia de las finanzas públicas respecto de la renta petrolera, ni la capacidad de los partidos políticos para distribuir oportunidades económicas mediante el acceso al gobierno. La propiedad pública de una industria estableció quién era el propietario legal de los recursos; esa propiedad no determinó con cuánta fidelidad administrarían los ingresos quienes controlaban el Estado.[7]
La autoridad del Ejecutivo se expandió considerablemente durante los gobiernos de Chávez y Maduro, hasta abarcar la actividad productiva, los contratos públicos, el régimen cambiario y la distribución de ventajas económicas. El deterioro de las operaciones petroleras, la insuficiencia de la inversión y del mantenimiento, la dependencia fiscal, la inestabilidad monetaria y los controles administrativos debilitaron la economía antes de que se impusieran las sanciones petroleras estadounidenses de mayor alcance. Esas fallas redujeron la capacidad productiva del país y la aptitud del país para resistir restricciones posteriores. Los funcionarios venezolanos controlaban las instituciones mediante las cuales se tomaron esas decisiones. La responsabilidad de esos funcionarios no puede transferirse a gobiernos extranjeros por el solo hecho de que medidas externas posteriores agravaran las consecuencias.
El deterioro alteró las condiciones en que los venezolanos sostenían sus hogares. Un gobierno que restringe el acceso a las divisas, menoscaba la producción o deja de mantener los servicios esenciales no confina las consecuencias a las instituciones que administran esas políticas. Una empresa privada de importaciones necesarias puede reducir el empleo. Un hospital sin equipos en funcionamiento traslada gastos adicionales a los pacientes. Las interrupciones de la electricidad o del agua obligan a las familias a reorganizar las responsabilidades domésticas y, cuando las familias pueden hacerlo, a comprar alternativas. El costo se produce fuera de las cuentas públicas en que se registraron las decisiones originales. Quienes pueden obtener servicios privados o divisas se protegen con mayor eficacia que quienes dependen de salarios, pensiones y servicios públicos.
Las sanciones estadounidenses introdujeron nuevas restricciones en esa economía debilitada. En 2021, la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de los Estados Unidos concluyó que las sanciones, en particular las impuestas en 2019 a la empresa petrolera estatal, probablemente contribuyeron a la contracción económica más pronunciada al restringir los ingresos petroleros. La misma oficina identificó también la mala gestión y la caída de los precios del petróleo entre las causas del deterioro. Las conclusiones de la oficina no atribuyeron a ninguno de los dos gobiernos la responsabilidad exclusiva de la situación resultante. Los funcionarios venezolanos habían menoscabado la capacidad productiva del país antes de las principales sanciones petroleras, mientras los Estados Unidos impusieron después medidas cuyas consecuencias económicas alcanzaron a personas distintas de los funcionarios a quienes esas medidas pretendían restringir. Las excepciones humanitarias permitían determinadas transacciones, pero las restricciones bancarias, comerciales y de pagos internacionales siguieron entorpeciendo la actividad humanitaria.[8]
El gobierno de Caracas buscó relaciones comerciales alternativas a través de las cuales el petróleo y otros recursos pudieran seguir generando ingresos. China ya había concedido cuantiosos créditos respaldados por entregas futuras de petróleo. Empresas rusas tenían participaciones en el sector energético, y Turquía estableció un comercio sustancial de oro venezolano. La participación de cada uno de esos países difería considerablemente. Los préstamos chinos entrañaban obligaciones financieras garantizadas con la producción; las relaciones rusas comprendían inversión y cooperación estratégica; las transacciones turcas versaban principalmente sobre la compra, la refinación y el comercio del oro. Varios de esos arreglos precedieron a las sanciones que más tarde acentuaron la dependencia venezolana de canales alternativos. La consecuencia común de esos arreglos fue que el acceso del país a los mercados internacionales dependiera cada vez más de intermediarios financieros y comerciales cuyas condiciones se negociaban en una situación de desigualdad en el poder de negociación.
Un comprador dispuesto a adquirir petróleo bajo sanciones podía exigir descuentos o modalidades de pago que no habría obtenido en un mercado sin restricciones. Un acreedor reembolsado con entregas futuras obtenía un derecho sobre la producción antes de que esa producción pudiera venderse libremente. Un intermediario que facilitaba una transacción retenía una compensación sobre el producto de la venta. Ninguno de esos arreglos era necesariamente ilegítimo. Los efectos económicos de cada arreglo dependían de las condiciones aceptadas y de las alternativas disponibles. El gobierno venezolano podía seguir percibiendo ingresos mientras la porción retenida para fines públicos disminuía a causa de los costos de financiamiento, los descuentos o las comisiones. La diferencia afectaba los recursos disponibles para servicios e inversión pública, aunque la pérdida atribuible a cada transacción dependía de los términos efectivos de esa transacción.
El comercio del oro puso de manifiesto otras dificultades. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos documentó graves riesgos de corrupción, financiamiento ilícito, violaciones de derechos humanos y daño ambiental en las cadenas de suministro del oro venezolano. La producción pasaba a menudo por intermediarios cuyas relaciones con autoridades políticas, militares y comerciales dificultaban la identificación de los beneficiarios. El oro podía salir del país por canales oficiales o por redes dispersas, y entrar en el comercio internacional tras pasar por mercados y refinerías extranjeros. El destino del metal no revelaba necesariamente las circunstancias de la extracción ni la distribución de las ganancias.[9]
Los compromisos financieros chinos relativos a proyectos mineros venezolanos precedieron a la acumulación más reciente de reservas oficiales de oro por parte de China. La cantidad de oro venezolano adquirida por intereses chinos, y la porción, si la hubo, incorporada luego a las reservas monetarias de China, no constan en las cuentas públicamente disponibles. Entre tanto, los habitantes de las regiones mineras venezolanas han padecido daños ambientales, coacción y la actividad de grupos armados y de intermediarios comerciales señalados en las investigaciones sobre la producción aurífera. El valor monetario atribuido al metal podía aumentar después de la salida del metal del país, mientras las consecuencias físicas de la extracción permanecían en el lugar de origen. Las ventajas financieras obtenidas en el exterior y los daños sufridos dentro de Venezuela no recayeron necesariamente en las mismas personas ni en las mismas instituciones.
El desarrollo de sistemas de pago alternativos introdujo otra forma de intermediación. En abril de 2024, Reuters informó que Petróleos de Venezuela ampliaba el uso de USDT, una criptomoneda vinculada al dólar, en las transacciones petroleras, en momentos en que se restablecían las sanciones estadounidenses. Algunos pagos se efectuaron con la intervención de intermediarios comerciales, y esos intermediarios cobraban comisiones que reducían lo percibido por el vendedor venezolano. El mecanismo permitía que las transacciones avanzaran por canales menos dependientes de la banca convencional, aunque no sustraía esas transacciones de toda posible supervisión regulatoria. La consecuencia económica del mecanismo era más inmediata que la cuestión de la jurisdicción regulatoria. Cada intermediario adicional podía retener una parte de los ingresos generados por la venta de la producción venezolana.[10]
La diversificación del poder financiero internacional ofrecía escasa garantía de que esos costos desaparecieran. China podía reducir su dependencia de los activos denominados en dólares, Rusia podía establecer canales comerciales alternativos y otros Estados podían emprender transacciones menos expuestas a las restricciones estadounidenses. La autonomía financiera de esos Estados no ampliaba necesariamente la libertad de negociación de Venezuela. Un país dotado de grandes reservas, capacidad industrial y numerosos proveedores podía rechazar condiciones desfavorables con más facilidad que otro país que dependiera de un número limitado de acreedores y compradores. Para Venezuela, la existencia de varios socios comerciales poderosos no significaba necesariamente que el gobierno venezolano pudiera obtener de alguno de esos socios condiciones favorables. La competencia entre esos socios podía mejorar la posición venezolana, pero la ventaja dependía de las condiciones obtenidas y del destino asignado a los ingresos.
Las consecuencias alcanzaron a los venezolanos que vivían fuera del país. La Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela estimó que en noviembre de 2025 había aproximadamente 7,9 millones de venezolanos en el exterior. Esos venezolanos se marcharon por motivos diversos, y las circunstancias de cada uno después de partir distaban de ser uniformes. Muchos de los emigrados buscaban ingresos, seguridad, atención médica y oportunidades que en Venezuela no existían o resultaban insuficientes. La migración impuso costos a quienes partieron y alteró las responsabilidades de las familias que permanecieron en el país. Las remesas aliviaban la privación inmediata, pero la capacidad de los parientes en el exterior para sostener un hogar no restablecía las instituciones cuyo fracaso había hecho necesario ese sostén. Los ingresos privados cumplían cada vez más funciones que los servicios públicos y el empleo nacional ya no podían sostener de manera fiable.[11]
Los arreglos petroleros estadounidenses anunciados en agosto de 2026 introdujeron una nueva redistribución de derechos comerciales. La Casa Blanca describió un acuerdo en virtud del cual North American Blue Energy Partners recibía concesiones por cien años sobre diecisiete campos petroleros venezolanos. El 1 de octubre, NABEP asumió el control operativo de catorce campos adicionales, que se sumaron a los tres proyectos que la empresa operaba desde su ingreso en la industria petrolera venezolana en 2024. Según funcionarios estadounidenses entrevistados por Reuters, entre los operadores anteriores de los proyectos transferidos a NABEP figuraban cinco compañías chinas y una firma rusa. El nuevo arreglo transfirió así operaciones que antes realizaban intereses chinos y rusos a una empresa en la que los Estados Unidos ejercerían una considerable autoridad económica y gerencial. La administración estadounidense presentó el acuerdo como parte de un programa de estabilización, reconstrucción y transición democrática.[12]
Los términos anunciados iban más allá del traspaso de los derechos de operación. La Casa Blanca declaró que la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono obtendría una participación accionaria del treinta y cinco por ciento en la sociedad matriz de NABEP. El Departamento de Estado obtendría el derecho a comprar el veinte por ciento de la producción a precio de costo y un derecho de tanteo sobre el ochenta por ciento restante. El gobierno estadounidense ejercería además un veto sobre los nombramientos en la junta directiva de la empresa, cuya mayoría debía estar integrada por ciudadanos estadounidenses. La Casa Blanca atribuyó a NABEP un plan de inversión de hasta cien mil millones de dólares en infraestructura petrolera venezolana. La inversión privada proyectada, la participación accionaria gubernamental y los derechos de compra constituían arreglos comerciales y gubernamentales distintos, y cada uno de esos arreglos confería beneficios y responsabilidades diferentes.[12]
La participación accionaria gubernamental se estructuró mediante certificados de opción de compra a precio simbólico, según un funcionario estadounidense entrevistado por Reuters en septiembre. Esos certificados otorgaban al gobierno el derecho, sin la obligación, de adquirir acciones a un precio nominal en una fecha posterior. Los certificados tenían también por objeto proteger contra la dilución la posición del treinta y cinco por ciento del gobierno a medida que NABEP captara capital adicional. El funcionario afirmó que el arreglo daba derecho a los Estados Unidos a percibir dividendos antes de ejercer los certificados. La distinción entre adquirir acciones y obtener las ventajas económicas que normalmente acompañan a la condición de accionista resultaba, por tanto, sustancial. Washington podía obtener derechos contractuales a dividendos futuros y preservar su posición accionaria prospectiva mientras la expansión productiva de la empresa seguía incompleta. El funcionario atribuyó además al Pentágono un derecho de primera oferta para comprar la producción petrolera de NABEP, y describió la compra del veinte por ciento a costo de producción y la del resto a precios de mercado. La Casa Blanca había asignado al Departamento de Estado un derecho de tanteo sobre el ochenta por ciento restante. Un derecho de primera oferta y un derecho de tanteo confieren privilegios de compra distintos, y las versiones publicadas dejaron sin aclarar la relación entre ambos derechos.[15]
La inversión anunciada no equivalía al capital ya comprometido. En octubre, NABEP declaró a Reuters que había invertido aproximadamente mil millones de dólares de capital propio desde 2024 y que se proponía aumentar la reinversión anual hasta en un cincuenta por ciento. El portavoz de la empresa afirmó que el plan de negocios no contemplaba obtener financiamiento externo. Esas declaraciones dejaban una distancia considerable entre la actividad financiera informada por la empresa y la escala de desarrollo descrita en el anuncio de la Casa Blanca. La rehabilitación de diecisiete campos exigiría abundantes equipos de perforación, personal calificado, transporte, generación eléctrica y la restauración de instalaciones deterioradas. La expansión propuesta por la empresa dependía de una disponibilidad de capital y de capacidad productiva que excedía las operaciones existentes de NABEP. La contribución final de NABEP a los ingresos públicos venezolanos dependería de la inversión efectivamente realizada, de la producción alcanzada y de los pagos recibidos, y no de la magnitud del plan anunciado.[13]
La duración jurídica de las concesiones planteaba otra dificultad. La Casa Blanca describió derechos de cien años de duración y afirmó al mismo tiempo que los arreglos se regían por la legislación venezolana de hidrocarburos. La reforma aprobada en enero de 2026 fija para las empresas mixtas un plazo inicial de veinticinco años, prorrogable por quince años más. La misma reforma permite también que empresas privadas realicen actividades de producción mediante contratos con empresas del Estado, conforme a un régimen jurídico distinto. Los límites aplicables dependen, por tanto, de la forma jurídica de los arreglos de NABEP y de los instrumentos mediante los cuales se otorgaron los derechos de la empresa. El anuncio público no identificó esos instrumentos con la precisión suficiente para conciliar las concesiones de cien años con los plazos legales que rigen las distintas formas de participación petrolera.[14]
La trascendencia económica de esa discrepancia es considerable. Francisco Monaldi, director del Programa de Energía para América Latina del Instituto Baker de la Universidad Rice, estimó que aproximadamente diez mil millones de barriles podrían desarrollarse de manera realista en un período operativo de veinticinco años, cifra muy inferior a los cerca de sesenta y cinco mil millones de barriles de reservas atribuidos a los diecisiete campos. La posibilidad legal de quince años adicionales no produciría necesariamente un aumento proporcional del petróleo recuperable. La producción depende de la inversión, de las características de los yacimientos, de la infraestructura, de los costos de operación y de las condiciones del mercado. La diferencia entre los recursos presentes en el subsuelo y los recursos recuperables dentro de un período operativo determinado incide directamente en la escala de la inversión requerida, en los ingresos que pueden resultar y en la justificación económica de los derechos conferidos.[13]
La reforma de enero de 2026 introdujo también cláusulas de estabilización contractual destinadas a preservar el equilibrio económico y financiero de las empresas mixtas y de los contratos de producción. Los cambios sustancialmente adversos en el marco jurídico, fiscal, regulatorio o contractual pueden exigir ajustes en las regalías, los impuestos, las contribuciones, las condiciones contractuales o las compensaciones. Tales protecciones responden a un propósito comercial reconocible. Los inversionistas que asumen riesgos considerables necesitan una garantía razonable de que las decisiones gubernamentales posteriores no destruirán arbitrariamente la base económica de sus acuerdos. Las cláusulas de estabilización inciden también, sin embargo, en la discrecionalidad de los gobiernos futuros para modificar las condiciones fiscales o regulatorias. La reforma permite además que las empresas mixtas se constituyan mediante autorización presidencial, y sustituye así el requisito previo de aprobación legislativa por una notificación a la Asamblea Nacional. La combinación de autorización ejecutiva y protección contractual a largo plazo confiere una importancia considerable a la autoridad bajo la cual se contraen los compromisos originales.[14]
Las cuestiones constitucionales van más allá de la competencia de los funcionarios que otorgaron las concesiones. El artículo 302 de la Constitución venezolana de 1999 reserva al Estado la actividad petrolera conforme a la ley orgánica respectiva, y el artículo 303 exige que el Estado conserve la totalidad de las acciones de Petróleos de Venezuela o del ente creado para el manejo de la industria. Esta última disposición exceptúa expresamente a las filiales, asociaciones estratégicas, empresas y cualquier otra que se haya constituido como consecuencia del desarrollo de negocios de PDVSA. La participación privada no queda, por tanto, categóricamente excluida, pero la forma y el alcance permisibles de esa participación dependen del marco constitucional y legal. Una empresa que ejerce una amplia autoridad operativa y gerencial sobre diecisiete campos plantea una cuestión distinta de la legitimidad del gobierno que autorizó la participación de esa empresa: si los derechos otorgados preservan la relación que la Constitución exige entre el Estado y la administración de la industria petrolera. El comentario jurídico ha planteado la caracterización de NABEP como una empresa que opera en paralelo con PDVSA. La competencia de los funcionarios que otorgaron los derechos y los límites constitucionales de los derechos mismos siguen siendo cuestiones separadas.[16]
Los arreglos estadounidenses suscitaron cuestiones distintas en materia de facultades legales y de gasto público. El 30 de septiembre, los senadores Jeanne Shaheen, Jack Reed, Elizabeth Warren y Martin Heinrich dirigieron una carta a los secretarios de Estado, de Defensa y de Energía en la que solicitaban los acuerdos y las bases legales de la adquisición accionaria y de los derechos de compra de petróleo. La carta, que la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado hizo pública el 1 de octubre, cuestionaba que las facultades legales de la Oficina de Capital Estratégico autorizaran una participación accionaria en una empresa petrolera privada, y pedía información sobre los fondos de que dispondría el Departamento de Estado para las compras. Los senadores solicitaron también que se revelaran los posibles intereses financieros de miembros de la administración y de otras personas con vínculos políticos. La intervención de los senadores no invalidó el arreglo ni demostró un enriquecimiento indebido. Esa intervención sometió al escrutinio formal del Congreso la autoridad invocada por la administración, las obligaciones financieras propuestas y la identidad de los posibles beneficiarios.[17]
La diferencia temporal importa. Los derechos comerciales pueden otorgarse antes de que se produzca petróleo adicional. La duración y la exigibilidad de esos derechos pueden extenderse mucho más allá del período necesario para restablecer la producción actual del país. Un inversionista puede obtener un derecho a largo plazo a cambio de asumir un riesgo considerable, mientras el beneficio público sigue dependiendo del éxito de la empresa y de la administración de los ingresos resultantes. La estructura de certificados de opción del gobierno estadounidense, tal como fue informada, introduce otro intervalo entre la adquisición de derechos económicos y la realización futura del valor productivo. Si la producción decepciona, si los costos exceden las proyecciones o si un gobierno sucesor procura revisar el acuerdo, las consecuencias dependerán de obligaciones ya contraídas. La estabilización contractual puede proteger la posición económica esperada del inversionista y limitar a la vez los cambios al alcance de un gobierno futuro. El país podría recuperar capacidad productiva y aceptar, al mismo tiempo, restricciones al ejercicio ulterior de la autoridad económica nacional.
El arreglo tiene un antecedente histórico en las concesiones petroleras otorgadas bajo Gómez, aunque las circunstancias y los instrumentos jurídicos no son idénticos. Ambos casos implican la asignación de derechos sobre recursos nacionales mediante la autoridad gubernamental y la participación de intereses comerciales extranjeros. El arreglo contemporáneo difiere también de la cesión aduanera de 1903, que siguió a una coacción armada y se refería al pago de reclamaciones públicas. Los episodios anteriores demuestran, no obstante, la duración de las obligaciones creadas por decisiones gubernamentales particulares. Las concesiones sobrevivieron al gobernante que las otorgó; los pagos aduaneros continuaron después de que terminara el bloqueo. Las consecuencias de esos episodios no se extinguieron con la sucesión política, ni fueron necesariamente reconsideradas por quienes heredaron la responsabilidad de cumplir las obligaciones.
La misma distinción se aplica a los arreglos territoriales históricos. Una frontera internacional, una deuda soberana y una concesión petrolera tienen fundamentos jurídicos diferentes. La continuidad de esos instrumentos puede servir a propósitos legítimos, entre ellos la certeza jurídica y la seguridad de las relaciones comerciales. El agravio surge cuando las autoridades públicas contraen obligaciones mediante el poder discrecional, una representación insuficiente o una rendición de cuentas defectuosa, y las cargas resultantes siguen siendo exigibles a una población incapaz de corregir las circunstancias en que esas cargas se crearon. La estabilidad de una obligación puede ser necesaria para el Estado, mientras la conducta de quienes contrajeron la obligación sigue sujeta a juicio.
Los gobernantes venezolanos son responsables de decisiones relativas a la participación política, la administración de los recursos públicos, la inversión productiva, la política monetaria y el ejercicio de la autoridad coercitiva que contribuyeron a la vulnerabilidad del país. Los funcionarios que controlaban las instituciones mediante las cuales se adoptaron esas decisiones poseían facultades de las que carecía la población afectada por las consecuencias de las decisiones. La existencia de acreedores extranjeros y de beneficiarios comerciales no puede eximir a esos funcionarios de las obligaciones que descuidaron ni de los poderes de que abusaron. Las sanciones externas tampoco pueden explicar fallas gubernamentales anteriores a la imposición de esas sanciones.
Los gobiernos extranjeros y los intereses privados contraen responsabilidades distintas mediante las decisiones que toman dentro de esa vulnerabilidad. Un acreedor puede exigir legítimamente el pago, un inversionista puede requerir compensación por el riesgo y un gobierno puede regular las transacciones dentro de su jurisdicción. Cada una de esas actividades tiene un fundamento económico. La legitimidad del propósito no determina la equidad de cada condición impuesta en procura de ese propósito. La existencia de un gobierno debilitado puede explicar por qué hay concesiones disponibles en condiciones favorables para intereses externos, pero la debilidad del gobierno no justifica por sí misma cada ventaja obtenida de esa debilidad. La responsabilidad interna por crear las condiciones de la dependencia y la responsabilidad externa por aprovechar esas condiciones conciernen a decisiones diferentes, adoptadas por actores que poseen poderes diferentes.
A la población venezolana no puede asignársele una responsabilidad equivalente por el solo hecho de que sus miembros tengan la nacionalidad del país. A lo largo de la historia nacional, los venezolanos se han organizado en pos de derechos políticos, se han opuesto a gobiernos militares, han establecido instituciones civiles, han exigido rendición de cuentas y han resistido el ejercicio discrecional del poder. La larga persistencia de la autoridad personalista y de la intervención militar no puede atribuirse, por tanto, a una disposición nacional inmutable. Las prácticas políticas sobreviven por obra de instituciones, intereses y una distribución desigual del poder coercitivo y económico. La persistencia de esas prácticas no borra los esfuerzos de quienes intentaron sustituirlas.
La distinción entre la responsabilidad de los gobiernos y la herencia de las consecuencias de los actos de gobierno explica la dificultad particular de la reconstrucción. Venezuela requiere capital, inversión productiva, instituciones públicas que funcionen y la recuperación de la actividad económica ordinaria. Esas necesidades crean oportunidades para que acreedores, inversionistas y gobiernos negocien derechos sobre la riqueza futura del país. El país debe obtener los medios para reparar daños cuyas causas abarcan sucesivas administraciones y relaciones internacionales. Los hogares que soportaron la caída de los ingresos, el deterioro de los servicios y la partida de familiares podrían verse obligados, sin embargo, a sostener las obligaciones contraídas para financiar esa reparación.
Las consecuencias de tales arreglos no se distribuirán necesariamente de manera equitativa. Una industria petrolera restablecida puede generar empleo e ingresos públicos y dejar desatendidos otros sectores productivos. Un acuerdo comercial puede producir rendimientos para los inversionistas mientras los beneficios públicos siguen dependiendo de la administración de los impuestos y las regalías. Un mayor ingreso nacional puede coexistir con familias que aún no logran obtener de manera fiable agua, electricidad, atención médica o educación. La recuperación de la producción, por considerable que sea, no establece por sí misma la recuperación de las instituciones a través de las cuales los beneficios de esa producción llegan a la población.
Las dificultades del país tampoco pueden resolverse si se equipara el restablecimiento de la soberanía venezolana con la sustitución de un beneficiario extranjero por otro. El control nacional de los recursos puede ejercerse mediante instituciones que permanecen fuera del alcance del escrutinio público. Un gobierno electo puede heredar compromisos de largo plazo contraídos por el gobierno anterior y disponer de medios limitados para revisar esos compromisos. La inversión extranjera puede mejorar la capacidad productiva sin garantizar que las ganancias se distribuyan mediante una administración pública sujeta a rendición de cuentas. La autoridad legal para celebrar un acuerdo, las ventajas económicas obtenidas del acuerdo y las consecuencias impuestas a la población siguen siendo cuestiones distintas, aun cuando el acuerdo se defienda como necesario para la recuperación nacional.
La herencia histórica de Venezuela contiene auténticos logros constitucionales y también reiterados fracasos institucionales. Los derechos políticos se ampliaron, el gobierno civil se restableció y el control nacional sobre la producción petrolera se extendió. Esos logros transformaron el país y no pueden reducirse a interrupciones pasajeras de una tradición autoritaria. Las limitaciones de esos logros se manifiestan, no obstante, dondequiera que las instituciones creadas para proteger la autoridad pública resultan incapaces de contener el ejercicio discrecional de esa autoridad. Los gobiernos sucesivos heredan los poderes del Estado sin heredar necesariamente restricciones eficaces al uso de esos poderes. La población hereda las consecuencias de decisiones que no siempre pudo impedir, mientras los funcionarios responsables de esas decisiones pueden marcharse antes de que las consecuencias lleguen a medirse por completo.
El restablecimiento de la capacidad productiva requiere decisiones que obliguen a los gobiernos futuros. Ningún Estado puede funcionar sin la facultad de contraer obligaciones que se extiendan más allá del mandato de sus funcionarios. La distinción reside en las instituciones mediante las cuales se contraen esas obligaciones y en la responsabilidad que conservan quienes están facultados para crearlas. Cuando los beneficios de una decisión se distribuyen de inmediato entre partes identificables mientras los costos de esa decisión se difieren al público, el paso del tiempo puede ocultar la asignación original de la ventaja. Lo que una generación posterior percibe como una obligación nacional ineludible puede haberse originado en un ejercicio del poder del que esa generación obtuvo escaso beneficio.
El pueblo venezolano ha soportado reiteradamente las consecuencias de decisiones adoptadas bajo la autoridad del Estado, en las relaciones del Estado con potencias extranjeras y en la administración de los recursos del país. La responsabilidad del pueblo por esas decisiones rara vez ha guardado proporción con las cargas impuestas al pueblo mismo. La reconstrucción puede restablecer los ingresos del país y las instituciones productivas, pero también puede crear obligaciones cuyos costos sobrevivirán a los gobiernos que negocian esas obligaciones. La misma población que padeció el daño original podría verse obligada entonces a financiar la corrección de ese daño mediante derechos sobre una riqueza todavía no producida.
La injusticia persistiría dondequiera que quienes están facultados para comprometer el futuro de la nación permanecieran desvinculados de las consecuencias de sus propias decisiones. Un gobierno podría anunciar la recuperación de la soberanía, los inversionistas podrían registrar el restablecimiento de la producción y los acreedores podrían obtener la seguridad de sus créditos, mientras los hogares venezolanos siguieran soportando costos generados mucho antes de la recuperación prometida. La carga de la reparación constituiría entonces otra herencia de una autoridad ejercida por otros, y no la corrección de la condición que había hecho necesaria la reparación.
Notas documentales
[1] Universidad Católica Andrés Bello, Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales. Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida 2025. Presentada el 7 de mayo de 2026. Pobreza, servicios de los hogares y cobertura educativa.
[2] Corte Internacional de Justicia. Laudo arbitral del 3 de octubre de 1899 (Guyana c. Venezuela). Sentencias sobre la competencia, medidas provisionales y procedimiento sobre el fondo, incluidas las audiencias celebradas del 4 al 11 de mayo de 2026. Naciones Unidas, Acuerdo para resolver la controversia entre Venezuela y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre la frontera entre Venezuela y Guayana Británica, Ginebra, 17 de febrero de 1966.
[3] Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Frontera Terrestre Colombia–Venezuela. Arbitraje español de 1891, arbitraje suizo de 1922 y Tratado López de Mesa–Gil Borges de 1941. Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia, materiales sobre la historia territorial wayuu.
[4] Departamento de Estado de los Estados Unidos. Foreign Relations of the United States, documentos diplomáticos sobre el bloqueo de Venezuela, los Protocolos de Washington de 1903 y el arbitraje de La Haya.
[5] B. S. McBeth. Juan Vicente Gómez and the Oil Companies in Venezuela, 1908–1935. Cambridge University Press, 1983.
[6] Venezuela. Estatuto para la Elección de Representantes a la Asamblea Nacional Constituyente, marzo de 1946. Constitución de 1947, artículos 80 a 82. Fundación Empresas Polar, registros históricos sobre el derrocamiento militar de noviembre de 1948.
[7] Council on Foreign Relations. Venezuela: The Rise and Fall of a Petrostate. Relato histórico del período democrático posterior a 1958, de la política petrolera y de la nacionalización.
[8] Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de los Estados Unidos. Venezuela: Additional Tracking Could Aid Treasury’s Efforts to Mitigate Any Adverse Impacts U.S. Sanctions Might Have on Humanitarian Assistance. GAO-21-239, febrero de 2021.
[9] Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Gold Flows from Venezuela: Supporting Due Diligence on the Production and Trade of Gold in Venezuela. Publicado en septiembre de 2021.
[10] Reuters. Venezuela to Accelerate Cryptocurrency Shift as Oil Sanctions Return. 22 de abril de 2024.
[11] Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V). Estimaciones de población, noviembre de 2025. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Venezuela Situation, diciembre de 2025.
[12] La Casa Blanca. Fact Sheet: President Donald J. Trump Announces Historic Oil Agreement to Secure American Energy Dominance and Drive Venezuela’s Economic Recovery. 31 de agosto de 2026. Reuters, Steve Holland y Jarrett Renshaw, información sobre el traspaso de proyectos petroleros operados por empresas chinas y rusas, 31 de agosto de 2026.
[13] Reuters. Trump Touted a Record Venezuela Oil Deal. Now Reality Is Setting In. 30 de octubre de 2026. Información sobre el traspaso del control operativo el 1 de octubre, el financiamiento de NABEP, las estimaciones de producción y la evaluación de Francisco Monaldi.
[14] Venezuela. Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. 29 de enero de 2026, Gaceta Oficial n.º 6.978 Extraordinario. Baker McKenzie, Venezuela’s Hydrocarbons Law Reform: What Businesses Need to Know, 2 de marzo de 2026. Disposiciones relativas a las empresas mixtas, los contratos privados de producción, la duración contractual, la autorización ejecutiva y la estabilización económica.
[15] Reuters, Mike Stone. US Structured Venezuela Oil Position to Protect It from Dilution, Official Says. 4 de septiembre de 2026. Descripción de los certificados de opción de compra a precio simbólico (penny warrants), las cláusulas contra la dilución, el derecho a dividendos, la adquisición accionaria prospectiva y el derecho de primera oferta atribuido al Pentágono. El anuncio de la Casa Blanca del 31 de agosto describe por separado un derecho de tanteo del Departamento de Estado.
[16] Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999, artículos 302 y 303. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, WIPO Lex. José Ignacio Hernández, Understanding the Implications of the U.S.–Venezuela Oil Deal, Center for Strategic and International Studies, 4 de septiembre de 2026. Reserva constitucional de la actividad petrolera, propiedad de PDVSA, excepciones societarias permitidas y caracterización jurídica del papel operativo de NABEP.
[17] Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos. Shaheen, Reed, Warren, Heinrich Press Secretaries Rubio, Hegseth, Wright for Answers on Administration’s Oil Deal. Publicado el 1 de octubre de 2026, en referencia a la carta enviada el 30 de septiembre. Preguntas sobre las facultades legales, la participación accionaria gubernamental, las compras de petróleo y los posibles conflictos de intereses.
Ricardo F. Morín El riesgo del sometimiento Imagen generada por ordenador (CGI) 2026
*
La votación ha concluido. El electorado ha modificado la composición del Congreso, pero las atribuciones de la Presidencia permanecen en manos de su actual titular. Conforme a la Vigésima Enmienda, la nueva legislatura asumirá sus funciones el tres de enero; hasta entonces, el Congreso saliente conservará todas sus facultades. Ese intervalo concluirá en la fecha prevista. La distribución de competencias entre el Legislativo y el Ejecutivo permanecerá intacta. Los ciudadanos han elegido nuevos representantes sin elegir un nuevo presidente, y el juicio expresado en las urnas no puede, por sí solo, alterar las decisiones de una magistratura que no estaba sometida a elección.
El electorado decide quiénes ocuparán los cargos públicos, pero el acto de votar no constituye, por sí mismo, el ejercicio de las atribuciones correspondientes a esos cargos. Ninguna papeleta deroga una ley, deniega una partida presupuestaria, obliga a comparecer a un testigo ni revoca un acuerdo del Ejecutivo. El sufragio confiere un mandato representativo, pero las facultades para ejercerlo proceden de la Constitución. Al Congreso corresponden la legislación, la aprobación de los gastos públicos, la fiscalización y la regulación del comercio exterior. Al presidente competen la conducción de las relaciones diplomáticas, la recepción de representantes extranjeros y la dirección de los departamentos ejecutivos dentro de los límites de sus atribuciones. Las competencias de ambos poderes concurren en determinadas materias, pero una modificación de la composición del Congreso no traslada las facultades de un poder al otro. La separación responde a una decisión constitucional: impedir que una mayoría legislativa disponga de la totalidad del gobierno. Esa misma separación impide que el juicio electoral referido al Congreso obligue al presidente a abandonar una política comprendida dentro de sus atribuciones legítimas.
El Congreso dispone de medios considerables para limitar la actuación del Ejecutivo. Una comisión parlamentaria puede investigar y citar testigos, pero la información obtenida no revoca por sí misma el acto investigado. El Congreso puede aprobar leyes que restrinjan las atribuciones del Ejecutivo, aunque toda ley requiere la aprobación de ambas cámaras y la conformidad presidencial, o los votos necesarios para superar un veto. El Legislativo puede negar fondos para actuaciones futuras sin que esa decisión extinga necesariamente las pretensiones derivadas de compromisos anteriores. Los tribunales pueden determinar si una actuación del Ejecutivo excedió las facultades legales o constitucionales, siempre que exista una controversia sometida válidamente a su conocimiento. Cada medio de control está sujeto a requisitos propios, y ninguno garantiza el resultado perseguido. La cuestión no depende de que los representantes estén dispuestos o no a actuar, sino de que las atribuciones constitucionales, aun ejercidas, puedan resultar insuficientes para rectificar las decisiones sometidas a examen.
El nuevo Congreso no recibirá una situación libre de compromisos anteriores. Las leyes conservan su vigencia mientras no sean derogadas; los contratos obligan conforme a sus cláusulas y al derecho aplicable; los compromisos internacionales subsisten después de la salida de los funcionarios que los contrajeron. Esa continuidad resulta indispensable. Un gobierno cuyos compromisos caducaran con cada elección no podría obtener crédito ni celebrar acuerdos con otros Estados, y los propios ciudadanos carecerían de garantías sobre el cumplimiento de las obligaciones públicas. La dificultad surge cuando determinados compromisos no se limitan a perdurar, sino que pretenden restringir las facultades mediante las cuales los sucesores podrían revisarlos. Un acuerdo relativo al petróleo venezolano, celebrado entre funcionarios estadounidenses y una empresa privada y sustraído al examen público, contiene, según las informaciones conocidas, cláusulas destinadas a impedir que gobiernos futuros modifiquen la empresa constituida. La existencia de esas cláusulas no acredita que los firmantes tuvieran facultades para imponerlas. Tampoco la eventual extralimitación de los firmantes extingue las pretensiones que puedan formular los beneficiarios del acuerdo. La nueva legislatura heredará tanto la cuestión de la validez de esas disposiciones como las consecuencias de un acuerdo cuya ejecución ya ha comenzado.
El intervalo anterior al relevo parlamentario añade otra limitación. Varios senadores solicitaron una sesión informativa sobre el acuerdo petrolero, pero la comparecencia prevista para octubre fue aplazada hasta noviembre a petición del personal de la mayoría parlamentaria, con el argumento de que el Senado se había ausentado de la capital. El aplazamiento no suprimió la facultad de fiscalización del Congreso, pero situó la información que pudiera obtenerse fuera del alcance del juicio electoral al que habría podido servir. No fue necesaria una negativa expresa para que se produjera esa consecuencia. El electorado votó sin disponer de los resultados de un examen que sus representantes todavía estaban facultados para realizar. El nuevo Congreso podrá reanudar la investigación, pero sus conclusiones ya no podrán incorporarse a una elección concluida. Tampoco podrá recuperar necesariamente las facultades de decisión restringidas por compromisos cuya ejecución haya comenzado. La impugnación de un acto puede producirse cuando sus consecuencias ya afectan a relaciones jurídicas y comerciales de terceros ajenos al juicio electoral. Rectificar un acto y revertir las consecuencias que ese acto ha producido son operaciones distintas.
Sustituir a los titulares de los cargos públicos no equivale a modificar las disposiciones mediante las cuales se ejerce el poder. El juicio electoral determina la sustitución de los representantes, pero no garantiza la modificación de esas disposiciones, incluso cuando los elegidos cumplen las responsabilidades que el mandato les encomienda. La división constitucional de poderes preserva las atribuciones del Ejecutivo frente al predominio del Legislativo, pero también limita la capacidad del electorado para alterar la conducta presidencial mediante la renovación del Congreso. Una investigación puede esclarecer lo ocurrido sin deshacer sus consecuencias; una ley puede restringir las actuaciones futuras sin resolver todas las pretensiones nacidas de decisiones anteriores. El sufragio ha conferido la representación del electorado, no la capacidad de decidir todas las consecuencias del ejercicio de esa representación. El límite no reside en un voto que haya quedado sin emitir, ni necesariamente en la falta de voluntad de un representante para actuar, sino en la distancia entre las atribuciones que el electorado puede conferir y las consecuencias que su ejercicio alcanza a producir en la acción del gobierno.
Ricardo F. Morín Sin título, 2005 Carboncillo y tinta 24 × 18 pulgadas
Los desarrolladores, los gobiernos y las personas afectadas por la inteligencia artificial atribuyen distinta significación a un mismo logro técnico. Un desarrollador que persigue una ventaja comercial puede considerar un avance como fundamento de un derecho de propiedad. Un gobierno interesado en el predominio estratégico puede considerarlo un instrumento de poder nacional. Quienes están expuestos a sus consecuencias pueden juzgarlo por sus efectos sobre el empleo, la educación, la comunicación o el juicio público. Cada perspectiva depende de relaciones que el logro, por sí solo, no revela.
Estas relaciones intervienen en el propio desarrollo. Los inversores influyen en la selección de los problemas que reciben atención. Los propietarios determinan quién puede utilizar una capacidad y en qué condiciones. Los gobiernos establecen autorizaciones, restricciones e incentivos. La tecnología de la que dispone un usuario incorpora decisiones cuyos propósitos no tienen por qué resultar evidentes en su funcionamiento.
Una respuesta aparece en una pantalla. Su fluidez puede inducir al usuario a aceptarla como suficiente para comprender. Sin embargo, la respuesta, por sí sola, no revela cómo entrenaron los desarrolladores el sistema, qué fuentes contribuyeron a su elaboración, qué restricciones rigen el contenido generado ni cómo disponen los desarrolladores su presentación para inspirar confianza. El usuario puede encontrar útil la respuesta sin conocer todas estas condiciones. Esa utilidad no acredita la adecuación de la respuesta.
La mediación designa esta dependencia: la comprensión descansa en relaciones que la atención a su objeto inmediato no revela necesariamente. La respuesta ocupa la atención del usuario. Las condiciones que sustentan su producción, presentación y aceptación permanecen solo parcialmente a la vista.
Las interpretaciones públicas de la inteligencia artificial presentan una dependencia comparable. Las interpretaciones comerciales identifican la innovación mediante la inversión, la demanda y la rentabilidad. Las estratégicas identifican la capacidad tecnológica mediante la ventaja sobre los competidores. Las centradas en la seguridad identifican los usos mediante los peligros que introducen o previenen. Cada interpretación dirige la atención hacia relaciones pertinentes para su propósito. Cada una deja cuestiones que el propósito rector no permite responder adecuadamente.
Estas interpretaciones también orientan las decisiones. Una institución que mide los logros por su rentabilidad comercial tiene motivos para favorecer las aplicaciones por las que los clientes están dispuestos a pagar. Un gobierno que mide los logros por su ventaja estratégica tiene motivos para favorecer las capacidades que fortalecen su posición. Los criterios mediante los cuales una institución reconoce el valor inciden, por tanto, en los fines que autoriza y en los recursos que asigna. Aquello que queda fuera de esos criterios puede carecer de peso efectivo en sus decisiones.
Quienes determinan los criterios de reconocimiento pueden influir en qué necesidades cuentan como razones para actuar. Su autoridad no se deriva de que su interpretación sea completa. Puede descansar en la propiedad, los recursos financieros, las potestades legales o el control de las infraestructuras. Una interpretación puede regir el desarrollo sin someter a examen buena parte de su significación social.
El Plan de Acción de Estados Unidos para la Inteligencia Artificial, de 2025, presenta expresamente el desarrollo como una carrera por el dominio mundial y vincula el liderazgo tecnológico con la ventaja económica y militar. El Pacto Digital Global de las Naciones Unidas sitúa la gobernanza internacional en el marco de un compromiso con el beneficio público y la participación inclusiva. El primero establece actuaciones para los organismos federales; el segundo recoge compromisos entre los Estados participantes. Los propósitos expresados en estos documentos se llevan a efecto por medios institucionales distintos. Su coexistencia no establece una autoridad común que dirima el conflicto entre sus exigencias. [1]
El éxito comercial acredita que un producto suscita un gasto. No acredita cómo se distribuyen sus beneficios y sus cargas. El predominio nacional acredita una ventaja respecto de otras potencias. No acredita que esa ventaja mejore las circunstancias de quienes están sujetos a sus consecuencias. La protección frente a usos malintencionados atiende una preocupación ineludible. Los usos autorizados también pueden reducir la capacidad de las personas para comprender, cuestionar o influir en las decisiones que las afectan.
Las capacidades en desarrollo permiten, sin embargo, logros de considerable valor para la humanidad. Los investigadores pueden incorporar capacidades concretas a etapas sucesivas de la investigación y utilizarlas para examinar relaciones complejas, formular hipótesis y contribuir al diseño de invenciones. Aplicaciones específicas pueden propiciar avances en medicina, en el estudio de los materiales o en otros campos relacionados con el bienestar humano. El valor de un logro depende de lo que permite hacer a las personas y de las consecuencias de su uso. La propiedad comercial o el patrocinio estratégico no agotan ese valor.
La misma capacidad de asistir a la investigación introduce incertidumbre cuando las instituciones delegan decisiones y actuaciones en los sistemas. Los desarrolladores y los usuarios pueden permitir que un sistema seleccione medios, inicie operaciones o actúe sobre otros sistemas con una intervención limitada. Sus efectos dependen entonces del alcance de esa autorización, de las condiciones que rigen su funcionamiento y de la capacidad de los responsables para examinar o interrumpir sus actuaciones.
En estas circunstancias, la capacidad de acción no necesita asemejarse a la intención humana para ejercer poder sobre los asuntos humanos. Un sistema puede influir en la conducta mediante recomendaciones que las instituciones aceptan habitualmente, clasificaciones de las que depende el acceso u operaciones realizadas en virtud de una autoridad delegada. La incertidumbre concierne a la interacción entre sus actuaciones y circunstancias que sus diseñadores y usuarios no pueden prever por completo, así como a la eficacia con que los seres humanos pueden conservar el control de esas interacciones.
El sistema también puede influir en las relaciones mediante las cuales las personas comprenden y autorizan su uso. Si una institución se apoya en él para establecer prioridades, valorar pruebas o evaluar resultados, la información que genera orienta las decisiones sobre delegaciones posteriores. La autoridad que los seres humanos conceden inicialmente puede, por tanto, sustentar operaciones que configuran los fundamentos de nuevas concesiones de autoridad. El recurso de la institución al sistema rebasa la ejecución de una tarea y alcanza el juicio sobre qué tareas merecen realizarse y bajo la dirección de quién.
Los beneficios graduales y la incertidumbre acerca de la capacidad de acción pueden coexistir en una misma configuración institucional. Una invención puede mejorar el bienestar humano y, al mismo tiempo, aumentar el recurso continuado a sistemas que las personas afectadas no pueden examinar ni impugnar fácilmente. Ese recurso continuado puede obedecer al coste, a las infraestructuras, a las restricciones contractuales o a la ausencia de alternativas viables. Una comprensión limitada puede dificultar el examen de esa configuración sin constituir la única causa de ese recurso a los sistemas. El logro conserva su valor. Ese valor no explica suficientemente el vínculo de uso continuado que la invención establece con esos sistemas.
La mejora de la sociedad depende, por consiguiente, de algo más que las intenciones de quienes dirigen el desarrollo. Si esas instituciones conservan la autoridad exclusiva para definir la mejora, sus criterios determinan qué consecuencias reciben reconocimiento. Un aumento de la productividad puede ir acompañado de una menor estabilidad del empleo. Un mayor acceso a la información puede ir acompañado de un mayor recurso a un número reducido de proveedores. La ampliación de las capacidades puede dejar a las personas afectadas con menos medios para impugnar su aplicación.
Quién recibe el beneficio, quién soporta la carga y quién posee la autoridad para decidir son cuestiones distintas. Una evaluación circunscrita a la mejora global puede ocultar las diferencias en las que descansa su juicio.
El alcance mundial de la inteligencia artificial extiende esas diferencias a distintas sociedades. La disponibilidad mundial no acredita una participación mundial en la determinación de sus propósitos. Una comunidad puede recibir un sistema sin disponer de los recursos necesarios para adaptarlo a su lengua, examinar sus limitaciones o impugnar sus condiciones de uso. Los proveedores amplían el acceso mientras conservan el control de las condiciones de participación. La tecnología sirve a una población más extensa sin una distribución correspondiente de la autoridad sobre su desarrollo.
Tampoco la invocación del bien común resuelve qué propósitos deben regir. Los juicios sobre el bien común dependen de las circunstancias de quiénes reciben atención, qué consecuencias tienen peso y qué formas de recurso a los sistemas están dispuestas las personas a aceptar. Las instituciones pueden afirmar un beneficio universal y excluir, a la vez, a las comunidades afectadas de esos juicios.
La competencia técnica, los recursos financieros, la autoridad política, la seguridad y las necesidades sociales sustentan, cada uno, exigencias respecto del desarrollo. Ninguno ofrece una explicación suficiente del conjunto. La desigual fuerza institucional que respalda esas exigencias incide en cuáles prevalecen, cuáles permanecen sujetas a negociación y cuáles carecen de medios efectivos de expresión.
Cuando las instituciones consideran suficiente un solo criterio, sus juicios sustituyen las relaciones que lo sustentan por una medida parcial. Los agentes comerciales identifican la expansión con el progreso. Los gobiernos identifican el predominio con la protección. Las autoridades responsables de la seguridad identifican la prevención de usos prohibidos con la seguridad. Los proveedores identifican la disponibilidad con la participación. Cada identificación deja fuera de la interpretación que justifica la empresa las dependencias que intervienen en ella.
La respuesta en la pantalla ofrece al usuario algo inmediatamente disponible para el juicio. Su utilidad puede ser real. Su fluidez no revela quién determinó sus condiciones, qué autoridad sustenta su uso ni cómo el recurso a ella influye en los juicios posteriores. Las capacidades emergentes de la inteligencia artificial amplían las consecuencias de esas relaciones. Quienes delegan autoridad en los sistemas necesitan conocer las condiciones que los rigen y disponer de potestades para denegar, limitar o revocar esa delegación. Quienes sufren sus efectos sin haber participado en la delegación se encuentran en una relación distinta: su capacidad para impugnar sus consecuencias depende del acceso a los fundamentos de las decisiones y de medios institucionales para exigir que las autoridades delegantes rindan cuentas.
“Alegoría Geométrica”, pintura digital 2023 de Ricardo Morín (artista visual estadounidense nacido en Venezuela–1954)
Nota del Autor
Esta entrega continúa el examen diagnóstico de la condición política venezolana y se centra en las consecuencias éticas e institucionales que emergen cuando la autoridad, la gobernanza y la rendición de cuentas dejan de permanecer alineadas. Más que proponer prescripciones, examina cómo la degradación de los derechos humanos, la normalización de la violencia y la difusión de la responsabilidad operan como condiciones sistémicas dentro de un contexto autoritario prolongado. La indagación permanece situada dentro de un patrón histórico más amplio, atenta a las estructuras más que a los acontecimientos y a las consecuencias más que a las intenciones. Los casos documentados son tratados como instancias en las que las afirmaciones del marco analítico pueden volverse verificables, y el análisis evita extenderse más allá de aquello que la evidencia permite sostener.
Ricardo F. Morín
13 de enero de 2026
Oakland Park, Florida
Capítulo XVII
El Cuarto Asunto
Sobre los Derechos Humanos
1
La historia política moderna de Venezuela ha estado marcada por un escepticismo recurrente hacia las instituciones colectivas y por una sustitución persistente de la autoridad personal por marcos cívicos compartidos. Con el tiempo, la ciudadanía ha dejado de esperar que la libertad pueda ejercerse dentro de la vida cotidiana más que invocarse únicamente dentro del lenguaje público. En tales contextos, los derechos humanos no desaparecen retóricamente; pierden su fuerza operativa. Su ausencia se vuelve visible no en declaraciones formales, sino en la capacidad disminuida de las personas para actuar sin miedo, participar sin coerción y sostener la dignidad sin dependencia.
2
Una sociedad puede conservar riqueza, instituciones y declaraciones formales mientras las personas pierden la capacidad práctica de desplazarse, hablar, trabajar, disentir o planificar sin miedo. En esa condición, los derechos humanos dejan de operar como aspiraciones formuladas dentro del lenguaje público; se convierten en umbrales que determinan si la vida social y política puede seguir siendo posible. Allí donde esos umbrales se preservan, las personas conservan agencia dentro de la vida pública. Allí donde son suspendidos, la posibilidad social se contrae independientemente de los recursos disponibles.
3
El aislamiento, ya sea político, ideológico o institucional, acelera esta contracción. Cuando los gobiernos o los grupos sociales se retraen de la rendición de cuentas, la corrupción deja de ser una anomalía y se convierte en un mecanismo de gobierno. En Venezuela, donde el Estado se ha retraído progresivamente de las normas democráticas y de la supervisión internacional, la ciudadanía actúa cada vez más como si los procedimientos institucionales ya no fueran capaces de protegerla, mientras las decisiones arbitrarias de los funcionarios han dejado de provocar corrección o incluso sorpresa. Desde una perspectiva diagnóstica, la responsabilidad primaria del Estado no es el liderazgo moral, sino la preservación de las condiciones cívicas bajo las cuales las personas pueden ejercer elecciones consecuentes. Enfoques como el marco de las capacidades articulan esta responsabilidad no como caridad, sino como una obligación institucional de preservar las precondiciones materiales y políticas de la dignidad. [1]
4
Las personas no pueden ejercer la libertad de manera significativa allí donde la vida cotidiana permanece modelada simultáneamente por el miedo y la precariedad material: condiciones cuya operación prolongada en Venezuela ha desplazado aproximadamente a 6,9 millones de ciudadanos más allá de las fronteras del país. [3] La protección frente a la violencia arbitraria y el acceso a las condiciones básicas necesarias para la supervivencia operan, por tanto, de manera inseparable dentro de la vida cívica. El conflicto político no constituye en sí mismo evidencia de fracaso social; las sociedades pluralistas generan inevitablemente desacuerdo, competencia y tensión. La distinción decisiva emerge en la forma en que las instituciones regulan esos conflictos. Los tribunales dejan de fallar contra el ejecutivo; los ciudadanos que cumplen la ley ya no quedan protegidos frente a la detención; y los agentes del Estado actúan sabiendo que la revisión interna no tendrá lugar. Los derechos enumerados en la Constitución de 1999 se vuelven así inaccesibles en la práctica para quienes intentan invocarlos. El texto constitucional permanece presente dentro del lenguaje oficial incluso mientras sus protecciones se vuelven progresivamente ausentes de la realidad cívica vivida. [2]
Endnotes — Capítulo XVII
§ 3
[1] Nussbaum, Martha C., Women and Human Development: The Capabilities Approach (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), 4–14, 71–72, 114–123.
§ 4
[2] Rawls, John, A Theory of Justice (Cambridge: Harvard University Press, 1971), 111, 337–338, 511, 515, 545.
[3] Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), Refugees and Migrants from Venezuela, https://www.r4v.info/es/refugiadosymigrantes. Hasta mediados de 2025, R4V reporta aproximadamente 6,9 millones de venezolanos desplazados a través de los diecisiete países incluidos dentro de la respuesta regional. Consultado en enero de 2026.
Capítulo XVIII
El Quinto Asunto
Sobre la Naturaleza de la Violencia
1
La violencia modela una sociedad no solo a través del daño infligido sobre quienes la padecen, sino también mediante aquello que sigue o deja de seguirle: si los responsables son identificados; si la evidencia es preservada y los procesos judiciales avanzan; y si las instituciones encargadas de esas tareas permanecen ellas mismas sujetas a revisión. Su regulación depende de dos estructuras interdependientes: el contrato social y la gobernanza. El contrato social establece las condiciones bajo las cuales las personas renuncian a ciertas libertades a cambio de protección y justicia. La gobernanza operacionaliza ese contrato al traducir la autoridad en una acción previsible y limitada. Cuando la gobernanza fracasa, ya sea por incapacidad, corrupción o distorsión deliberada, la violencia deja de ser excepcional y se vuelve sistémica.
2
La distinción entre fuerza legítima y violencia ilegítima no es meramente retórica. La tradición jurídico-procedimental fundamenta esa distinción en la ley, la proporcionalidad y la rendición de cuentas institucional: la fuerza ejercida dentro de tales límites difiere en naturaleza de aquella ejercida fuera de ellos. La tradición crítica, aun cuando atiende con mayor énfasis a las condiciones históricas y políticas bajo las cuales se constituye la legitimidad, distingue igualmente entre el poder que preserva la capacidad de acción colectiva y la violencia que la destruye. Ambas tradiciones, pese a sus diferencias, convergen en un mismo punto diagnóstico: la fuerza separada de la restricción ética y de la supervisión institucional deja de operar como autoridad legítima. Las revoluciones históricas demuestran que cuando la gobernanza colapsa por completo, la violencia puede surgir como sustituto más que como solución. Tales sustituciones rara vez restablecen el orden; por el contrario, consolidan la inestabilidad, fragmentan la autoridad en centros no responsables y prolongan la recuperación social durante generaciones.
3
En la Venezuela contemporánea, la violencia se ha convertido en un instrumento de preservación política más que de protección pública. El patrón se encuentra documentado más que inferido. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas ha informado, a través de hallazgos sucesivos desde 2020, que fuerzas de seguridad del Estado y servicios de inteligencia participaron en ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y violencia sexual contra opositores percibidos, y que esos actos respondían a cadenas de mando identificables más que a desviaciones individuales. Durante las protestas de 2017 se registraron más de cien muertes a lo largo de cuatro meses, junto con el uso de tribunales militares contra civiles. La represión postelectoral de 2024 produjo más de dos mil detenciones en pocas semanas, incluidos menores de edad, bajo un dispositivo que el gobierno denominó «Operación Tun Tun». Casos emblemáticos anteriores, Leopoldo López encarcelado en 2014, Antonio Ledezma detenido en 2015 y Manuel Rosales arrestado ese mismo año, anticiparon un patrón en el cual las instituciones judiciales, incluido el Tribunal Supremo de Justicia, funcionaron no como salvaguardas, sino como mecanismos que legitimaron la represión mediante la forma legal. [1] [2][3]
4
Los relatos oficiales presentan tales acciones como defensas de la seguridad nacional. Sin embargo, cuando los servicios de inteligencia vigilan a figuras opositoras más que a amenazas externas, cuando la Guardia Nacional es desplegada contra protestas vecinales más que frente a incursiones exteriores, y cuando la detención sin cargos se convierte en un instrumento aplicado a ciudadanos más que a combatientes, el ciudadano que se aproxima a un funcionario uniformado o a un tribunal deja de esperar protección frente al daño y comienza a calcular la probabilidad de convertirse en su próximo objeto. La ciudadanía deja de experimentar las instituciones como salvaguardas que operan bajo la ley, y pasa a percibirlas como estructuras a través de las cuales se administran la incertidumbre y la exposición. En esa condición, la legitimidad se debilita incluso cuando la autoridad permanece intacta: la gobernanza depende cada vez más de la representación pública más que de la confianza cívica; el procedimiento jurídico se separa de su función protectora; y la violencia se normaliza gradualmente como instrumento de gobierno.
5
La normalización de la violencia procede de manera incremental y rara vez es percibida en tiempo real. Lo que inicialmente se defiende como excepcional, toques de queda, tribunales militares para civiles, detenciones preventivas indefinidas, restricciones a la reunión pública, se acumula gradualmente dentro de la arquitectura ordinaria de la gobernanza. Cada medida recalibra las expectativas: la ciudadanía adapta su conducta; las instituciones adaptan sus procedimientos; y el umbral que separa la fuerza legítima de la coerción arbitraria migra sin declaración formal. La vigilancia diagnóstica consiste en seguir esa migración antes que esperar su término.
6
Allí donde estas restricciones institucionales fracasan o desaparecen, los abusos dejan de ser interrumpidos consistentemente mediante revisión judicial, documentación pública, investigación legislativa o independencia procesal. Las violaciones se acumulan sin corrección confiable; los funcionarios operan cada vez más sin expectativa de consecuencia; y la ciudadanía se adapta gradualmente a protecciones disminuidas. Bajo tales condiciones, la repetición institucional comienza ella misma a normalizar el abuso: las mismas operaciones reaparecen contra cohortes sucesivas de ciudadanos; las mismas categorías de casos permanecen sin abrirse; y los mismos resultados continúan recibiendo confirmación judicial. Lo que antes habría requerido justificación como medida de emergencia deja finalmente de requerir justificación alguna.
Endnotes — Capítulo XVIII
§ 3
[1] Newman, William, “Venezuelan Opposition Leader Leopoldo López Sentenced to Prison Over Protest,” New York Times, September 10, 2015.
[2] “Venezuelan Opposition Politician Manuel Rosales Arrested,” BBC News, October 15, 2015.
[3] “Venezuela Police Raid Arrests Caracas Mayor Antonio Ledezma,” BBC News, February 20, 2015.
Capítulo XIX
El Sexto Asunto
Sobre la Persistencia de la Injusticia
1
La durabilidad de la injusticia dentro de sistemas políticos donde las decisiones se toman sin revisión transparente, donde los fracasos institucionales producen escasas consecuencias para quienes los provocan y donde la ciudadanía pierde gradualmente la confianza en que la participación pueda alterar resultados, termina excediendo las intenciones de los propios dirigentes. Una década de sustitución institucional y exclusión electoral en Venezuela, documentada progresivamente a lo largo de la Serie IX, ha permitido observar ese proceso con claridad. Allí donde las decisiones quedan concentradas dentro de un círculo cada vez más reducido de funcionarios que no enfrentan revisión alguna, los costos de esas decisiones, económicos, jurídicos y personales, son absorbidos por ciudadanos que no participaron en su formulación. Bajo tales condiciones, la ciudadanía ocupa progresivamente la posición de espectadora más que de participante, y la gobernanza pierde las presiones correctivas mediante las cuales los sistemas democráticos suelen ajustarse, limitarse y renovarse. [1]
2
La apatía no constituye simplemente una disposición personal; es una condición política producida por la exclusión sostenida de una agencia significativa. Cuando la participación implica riesgo sin capacidad de influencia, el retraimiento se vuelve racional. La elección presidencial venezolana de julio de 2024, precedida por el antecedente de 2018 y documentada en capítulos anteriores de la Serie IX, ilustra esta dinámica en forma concentrada. Testigos opositores recopilaron actas electorales que documentaban un resultado que la autoridad oficial se negó a reconocer; el resultado proclamado invirtió el documentado, mientras ciudadanos, juristas y observadores electorales que insistieron en señalar la discrepancia fueron detenidos, forzados al exilio o despojados de legitimidad pública. Una vez detenidos quienes conservaban las actas, exiliados quienes impugnaban la proclamación y neutralizados quienes documentaban la discrepancia, el resultado oficial dejó de enfrentar cualquier institución nacional capaz de revisarlo, y aquello que comenzó como un desenlace disputado terminó por asentarse como realidad operativa del país.
3
En sistemas políticos donde los gobiernos pueden perder elecciones, donde los cuerpos legislativos pueden rechazar solicitudes del ejecutivo y donde los tribunales pueden fallar contra quienes los nombraron, la justicia y la libertad no se sostienen como posesiones estáticas, sino mediante la repetición ordinaria de esos reajustes. Allí donde cada una de esas posibilidades ha sido progresivamente clausurada, la apariencia de estabilidad termina adquiriéndose al costo de los propios mecanismos correctivos. Cuando la gobernanza impide la negociación entre intereses en competencia, necesita presentar sus decisiones como asuntos ya resueltos; la apariencia de certeza sustituye entonces el trabajo más lento del ajuste, y el sistema pierde capacidad para corregirse cuando las condiciones cambian. La gobernanza efectiva depende de la capacidad de absorber el conflicto sin suprimirlo. [2]
4
La agencia individual continúa siendo relevante no como heroísmo moral, sino como forma de participación estructural. Cuando la ciudadanía todavía puede publicar aquello que los funcionarios preferirían mantener oculto, reunirse sin autorización previa y acudir a tribunales que conservan algún margen de independencia, un funcionario que contempla un acto arbitrario debe considerar la posibilidad de que dicho acto sea registrado, cuestionado y eventualmente revisado; algunos, enfrentados a esa posibilidad, deciden no proceder. [3]
La restauración de la justicia depende de reconstituir condiciones bajo las cuales las personas puedan actuar sin miedo y sin ilusión. La ciudadanía debe conservar la capacidad de criticar a los funcionarios públicos sin anticipar detención, documentar irregularidades sin esperar represalias y acudir a los tribunales sin asumir de antemano que las decisiones ya han sido tomadas en otra parte. Las elecciones no pueden funcionar como ceremonias de ratificación cuyos resultados permanecen resueltos antes de emitirse los votos. El periodismo no puede operar bajo la expectativa de que la investigación misma termine provocando vigilancia, procesamiento o exilio. Bajo tales condiciones, la participación deja de asemejarse a una exposición administrada y comienza nuevamente a recuperar el carácter práctico de la agencia cívica.
La restauración de la justicia depende igualmente de reconectar la responsabilidad personal con estructuras colectivas en lugar de aislarla únicamente dentro de la conciencia. Un juez que reconoce privadamente abusos procesales, pero comprende que la revisión apelativa ha dejado de funcionar, puede optar por guardar silencio pese a su objeción personal. Cuando editores, tribunales, universidades y asociaciones profesionales dejan de defender la investigación independiente, los periodistas que continúan documentando irregularidades terminan operando sin protección institucional. Los ciudadanos que reconocen manipulaciones electorales, pero no encuentran mecanismos confiables mediante los cuales la evidencia pueda alterar resultados, se retraen gradualmente hacia una desilusión privada. Bajo tales condiciones, el reconocimiento ético sobrevive individualmente mientras la capacidad correctiva desaparece colectivamente. La responsabilidad termina interiorizándose como conciencia privada más que sosteniéndose mediante instituciones capaces de transformar el reconocimiento en consecuencia cívica.
[2] Sen, Amartya, Development as Freedom (New York: Knopf, 1999), 123–137, 146–159, 282–287.
§ 4
[3] Nussbaum, Martha C., Women and Human Development: The Capabilities Approach (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), 66–72, 104–110, 124–130.
“Alegoría geométrica”, pintura digital 2023 de Ricardo Morín (artista visual estadounidense nacido en Venezuela–1954)
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Nota del autor:
Esta entrega cierra el Capítulo XII, “El cuarto signo”. Presenta los §§ 26–34 bajo el encabezado “La asimetría de las sanciones”, y examina la aplicación desigual y los efectos diferenciados de las medidas económicas y políticas externas dentro del marco más amplio establecido por las secciones precedentes sobre la autocracia y Venezuela.
Ricardo F. Morín
13 de Enero, 2026
Oakland Park, Fl
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Capítulo XII: Parte 3
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La asimetría de las sanciones
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Las sanciones se emplean con frecuencia como instrumento diplomático para debilitar regímenes autocráticos. Sin embargo, su uso revela una asimetría más profunda en la tensión entre responsabilidad democrática y persistencia autoritaria. Según datos del V-Dem Institute, cerca del 72 % de la población mundial vive actualmente bajo formas de gobierno autocráticas, la proporción más elevada desde 1978. Esta constatación obliga a reconsiderar las sanciones no como medidas excepcionales frente a regímenes aislados, sino como políticas aplicadas en un orden global donde la autocracia se ha convertido en la forma predominante de gobierno.
27
Por un lado, las sanciones buscan aislar a las autocracias en los planos económico y político. Por otro, regímenes como el de Nicolás Maduro han demostrado una notable capacidad de adaptación frente a tales medidas. Su perdurabilidad pone de relieve los límites de instrumentos concebidos para un mundo en el que se presuponía la primacía de la democracia.
27a
Los desarrollos posteriores, incluida la remoción de Nicolás Maduro del poder, alteran el objeto inmediato hacia el cual se dirigían las sanciones, pero no resuelven las condiciones estructurales aquí examinadas. Las redes de autoridad, los arreglos institucionales y las alianzas externas que sostuvieron su mandato no han sido disueltas por su salida. Lo que se observa en este caso no es la permanencia de una figura individual, sino la persistencia de una estructura de gobierno capaz de adaptarse más allá de ella.
28
Maduro ha tejido alianzas adversariales con el fin de eludir la presión externa y sostener su permanencia en el poder. Al invocar nociones de soberanía y resistencia frente a la influencia occidental, ha transformado el aislamiento en un relato de desafío.
29
Este relato sirve de base para asociaciones con otros Estados autocráticos, entre ellos Rusia, China, Cuba, Irán y Turquía. [43][44][45][46] [47]Impulsadas por intereses pragmáticos más que por una afinidad ideológica estricta, estas alianzas permiten a Venezuela atenuar los efectos previstos de las sanciones.
30
El resultado es paradójico: mientras las sanciones aspiran a debilitar a las autocracias, contribuyen de manera involuntaria a su resiliencia. La dependencia de alianzas alternativas brinda a regímenes como el de Maduro acceso a recursos, apoyo militar y respaldo político, lo que a su vez los resguarda de disrupciones económicas severas y del escrutinio internacional. En un contexto donde la mayoría de la población mundial vive bajo regímenes autocráticos, la lógica del aislamiento pierde eficacia; se convierte en una lectura errónea del equilibrio global.
31
De este modo, las sanciones favorecen la persistencia de la autocracia. Regímenes como el de Maduro explotan su aislamiento para presentarse como defensores de la soberanía nacional y de la resistencia frente a la hegemonía global. Esta dinámica refuerza la noción de un orden mundial multipolar. [48]A medida que el poder global se desplaza desde una dominación unipolar, estos regímenes encuentran nuevas vías para sostenerse.
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Al encuadrar su cooperación como resistencia a la primacía occidental, los regímenes autoritarios legitiman sus alianzas bajo el estandarte de la multipolaridad. Este reposicionamiento estratégico no solo elude las sanciones; reconfigura activamente el orden global. En la medida en que estos regímenes amplían su influencia, debilitan las normas democráticas al sustituirlas por un sistema en el que el poder se concentra sin rendición externa de cuentas.
33
Este desplazamiento no se limita a regímenes como el de Maduro. Refleja una tendencia más amplia en la que el autoritarismo avanza aprovechando fracturas ideológicas internas en las sociedades democráticas. En Europa y Asia, movimientos nacionalistas y de derecha reproducen cada vez más narrativas alineadas con el Kremlin para intensificar el escepticismo hacia las instituciones occidentales. El ascenso de estas fuerzas en países como Hungría, Italia e India no constituye únicamente un giro interno; señala una convergencia con un marco global en el que la soberanía se invoca no para fortalecer a los ciudadanos, sino para aislar a los dirigentes de toda exigencia de responsabilidad.
34
Contrariamente a la tesis de que el autoritarismo sería solo una reacción a la hegemonía estadounidense, su expansión revela un impulso propio que persiste al margen de la intervención de Estados Unidos. China y Rusia no buscan disputar el poder norteamericano en nombre de un orden más equitativo; aspiran a consolidar su autoridad sin restricciones externas. En este escenario, la división ideológica tradicional entre izquierda y derecha pierde centralidad frente a una confrontación más fundamental: la pugna entre la concentración del poder y la resiliencia democrática. [49]Ya sea bajo la forma del populismo o del nacionalismo, el objetivo permanece constante: debilitar los contrapesos institucionales y concentrar el poder sin una rendición de cuentas suficiente.
NOTAS FINALES
§ 29
[43] En 2019, la empresa estatal rusa Rosneft gestionó cerca del 70 % de las exportaciones de crudo venezolano, eludiendo sanciones estadounidenses. Rusia también suministró equipamiento militar y programas de adiestramiento destinados a reforzar el control de Maduro sobre las fuerzas armadas.
[44] La participación de China incluye empresas mixtas en la Faja del Orinoco, proyectos de infraestructura como el ferrocarril Tinaco–Anaco y programas habitacionales asociados a la Gran Misión Vivienda. Pese a dificultades operativas, estas iniciativas evidencian el interés estratégico chino en el sector energético venezolano.
[45] De acuerdo con el Brookings Institution, Cuba y Venezuela han mantenido vínculos políticos y estratégicos estrechos, especialmente durante las administraciones de Chávez y Maduro. Esta relación ha abarcado cooperación en materia de seguridad e inteligencia. Instituciones cubanas han aportado formación, asesoría y apoyo técnico a fuerzas militares y de seguridad venezolanas, incluida la Dirección de Inteligencia (DI, G2), los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y la Brigada Especial Nacional del Ministerio del Interior.
[46] Irán ha respaldado a Venezuela mediante cooperación energética y militar, aportando combustible refinado y asistencia técnica para la industria petrolera. Acuerdos de trueque e intercambios tecnológicos, incluidos sistemas no tripulados, reflejan la profundización de esta alianza.
[47] Turquía facilitó el comercio de oro venezolano, permitiendo al gobierno eludir sanciones. Este intercambio, que alcanzó aproximadamente 900 millones de dólares en 2018, ha sido cuestionado por su opacidad y por su vínculo con la minería ilegal en la región del Arco Minero.
§ 31
[48] Pérez-Liñán, Aníbal y Mainwaring, Scott, Democracies and Dictatorships in Latin America: Emergence, Survival, and Fall (Cambridge: Cambridge University Press, 2014), 183–187, 199–202.
§ 34
[49] Levitsky, Steven y Ziblatt, Daniel How Democracies Die (Nueva York: Crown, 2018), 212–215.
Ricardo Morín Retrato de un presidente 14 x 20 pulgadas Acuarela, tinta sumi, creyones de cera, y gesso sobre papel 2003
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Nota del autor
Este ensayo continúa una indagación iniciada en « Retrato de un Presidente: Ensayo diagnóstico sobre poder, postura y patrón histórico », donde los patrones de actuación del Poder Ejecutivo fueron examinados a partir de acciones observables y no de intenciones declaradas. El presente texto desplaza esa indagación del plano descriptivo al procedimental; toma una orden ejecutiva reciente sobre inteligencia artificial como caso para examinar cómo se determinan, se revisan y se sostienen las decisiones.
El ensayo se publica a continuación de « La aritmética del progreso », que analiza cómo los relatos contemporáneos del progreso suelen disociar el cálculo de la consecuencia. Leído en secuencia, ese texto establece las condiciones generales bajo las cuales las apelaciones a la inevitabilidad y a la eficiencia adquieren fuerza, mientras que el presente ensayo examina, en cambio, cómo esas apelaciones operan dentro del propio proceso ejecutivo.
Este ensayo se apoya asimismo en « Gobernar por Excepción: El Poder Ejecutivo Estadounidense », publicado a comienzos de este año, donde se examinó la normalización de medidas excepcionales en la presidencia contemporánea. Mientras aquel texto se centraba en la expansión de la discrecionalidad ejecutiva, el presente ensayo examina las consecuencias procedimentales que se producen cuando la excepción se vuelve rutinaria.
El ensayo también guarda relación con « ¿Convergencia por diseño o por consecuencia?: Sobre Trump, Putin y el eje velado de Kiev a Caracas », dedicado a examinar la alineación entre autocracias contemporáneas en el plano geopolítico. Aquí, el enfoque se desplaza hacia el interior —al procedimiento ejecutivo doméstico— para considerar cómo métodos similares de ejercicio de la autoridad pueden emerger sin coordinación explícita ni declaración ideológica.
Considerados en conjunto, estos ensayos conforman una secuencia de indagación más que un argumento unificado. Cada uno aborda el mismo problema desde un registro distinto —excepción, cálculo, procedimiento y alineación— sin requerir continuidad de título ni de tema.
Este ensayo ocupa el centro de esa secuencia. A lo largo del análisis, la acción designa la acción del Poder Ejecutivo en su relación con las demás ramas del gobierno estadounidense. Desde ese punto de partida, el ensayo se inicia en una observación sobre la ordenación del ejecutivo bajo condiciones de urgencia y traza cómo la restricción constitucional puede verse desplazada en la práctica sin ser formalmente abolida.
Ricardo F. Morín
31 de diciembre de 2025
Oakland Park, Fl.
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Dislocación procedimental y la retórica de la dominación
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I
La reciente orden ejecutiva que presenta la inteligencia artificial como una cuestión de “dominación global” ofrece un ejemplo pertinente sobre dislocación procedimental y la retórica de la dominación. No es necesario compartir los objetivos declarados de la orden ejecutiva para que amerite examen. Su relevancia no reside en lo que promete alcanzar, sino en la manera en que impulsa el avance de las decisiones.
La inteligencia artificial entra en este análisis no como un asunto técnico, sino como un contexto en el que la acción del Poder Ejecutivo se presenta como urgente. La orden parte del supuesto de que la rapidez y la dirección centralizada son condiciones necesarias para el éxito. Como consecuencia, las decisiones avanzan antes de que las formas existentes de revisión, coordinación y elaboración normativa hayan tenido oportunidad de definir sus términos.
Este ordenamiento resulta significativo. Cuando la autoridad presidencial se afirma en primer lugar, la deliberación queda relegada a condiciones restringidas. La revisión institucional —entendida aquí como los criterios previos a la acción, los umbrales de evaluación y la secuenciación mediante la cual las decisiones suelen autorizarse— deja de determinar si la acción del Poder Ejecutivo debe proceder y pasa, en cambio, a ajustarse a una acción ya en curso. Una vez fijada esta secuencia, las formas posteriores de participación —ya provengan de agencias, órganos consultivos o instancias constitucionales— pueden matizar la implementación sin alterar la dirección de los decretos presidenciales.
Este ensayo considera la orden como un caso de ese ordenamiento. Examina lo que sigue cuando la urgencia gobierna la temporalidad de las decisiones y cuando afirmaciones amplias de propósito comienzan a desempeñar funciones que normalmente corresponden a la revisión, la coordinación y la elaboración normativa.El interés no es el liderazgo tecnológico en sí, sino lo que sucede cuando las decisiones avanzan antes de que existan medios para evaluarlas, revisarlas o contenerlas.
II
Las decisiones ejecutivas determinan la dirección dentro del ámbito del Poder Ejecutivo; la acción ejecutiva compromete esa determinación a consecuencias institucionales.
Cuando las decisiones se adoptan antes de una revisión sostenida, el orden de la evaluación se invierte. La revisión procedimental —en tanto condición de pre autorización— deja de regir si la acción del Poder Ejecutivo queda autorizada y pasa, en cambio, a concebirse como un paso anticipado después de que la acción ejecutiva ya ha sido puesta en marcha. Esta inversión entre inversión y autorización altera la forma en que se distribuye la responsabilidad dentro del proceso ejecutivo.
En esta secuencia, los criterios articulados se difieren en lugar de establecerse.La revisión judicial existe, pero suele producirse después de la implementación, cuando las políticas ya han comenzado a surtir efecto.Los controles del Congreso existen, pero dependen de la coordinación, del momento político y de alineamientos que los relatos de urgencia comprimen, desplazan o eluden activamente. Los remedios constitucionales existen, pero operan en horizontes temporales incompatibles con una acción ejecutiva acelerada.Los estándares mediante los cuales una decisión podría evaluarse —alcance, límites, parámetros o condiciones de revisión— permanecen indefinidos en el momento de la ejecución.La ausencia de criterios articulados se presenta como provisional, aun cuando la acción del Poder Ejecutivo avanza como si dichos criterios ya estuvieran ya resueltos.
Este análisis no parte del supuesto de que los controles constitucionales estén ausentes.En ausencia de criterios articulados, no existe un punto de referencia estable frente al cual una decisión pueda evaluarse, ajustarse o detenerse. La revisión se vuelve reactiva, encargada de acomodar decisiones ya adoptadas en lugar de someter a examen sus premisas.
Esta secuencia también altera el papel de la participación institucional.Las agencias y los órganos consultivos quedan situados para responder dentro de instancias de revisión posteriores a la implementación, en lugar de contribuir a la formación misma de la decisión.Su intervención se desplaza de la deliberación a la implementación, reduciendo el espacio disponible para una participación sustantiva.
Lo que emerge no es la eliminación de la revisión.Las restricciones permanecen formalmente intactas, pero ya no se determinan si la acción del ejecutivo debe proceder; intervienen sólo después de que la acción ya ha comenzado.
El resultado no es la eliminación de la restricción, sino su desplazamiento:los mecanismos concebidos para gobernar si la acción del Poder Ejecutivo procede; intervienen únicamente después de que dicha acción ya ha comenzado.Los controles constitucionales solo entran en funcionamiento una vez que se ha puesto en marcha la acción ejecutiva, en lugar de regular si dicha acción puede llevarse a cabo.
III
La prelación normativa federal se afirma antes de que exista una estructura sustitutiva.En este caso, la actividad regulatoria a nivel estatal queda desplazada aun cuando todavía no se ha establecido un marco federal integral que asuma su lugar.El ejercicio del poder por decreto se afirma con anterioridad a los mecanismos que normalmente deberían sostener, coordinar o limitar la acción del Poder Ejecutivo.
No se trata aquí de una cuestión de supremacía constitucional.El marco constitucional que rige la prevalencia de la ley federal sobre la ley estatal está bien establecido, aunque su aplicación sigue siendo objeto de controversia. El problema es de secuencia. La prelación normativa suele desplazar regulaciones existentes al sustituirlas por una alternativa definida mediante la cual se reasignan responsabilidades, supervisión y rendición de cuentas. Cuando esa sustitución no se produce, el desplazamiento genera un vacío, no una transición.
Esta secuencia reordena el papel de los estados. En lugar de servir como espacios de coordinación, experimentación o gobernanza provisional, son tratados principalmente como fuentes de fricción. Sus esfuerzos regulatorios se caracterizan como interferencia, aun cuando no se haya ofrecido ninguna estructura destinada a absorber las funciones regulatorias que están siendo desplazadas.
El resultado de esta organización es una forma de autoridad que se ejerce antes de contar con el apoyo institucional necesario para sostenerla. La prelación opera como afirmación más que como arreglo. La cuestión que se plantea no es si la autoridad existe, sino cómo se espera que la autoridad ejecutiva funcione una vez ejercida sin las estructuras que normalmente la sostienen.
IV
La orden ejecutiva invoca una carrera global por la dominación como justificación de la urgencia. Esta referencia se introduce sin especificar participantes, alcance ni criterios. La referencia se presenta como una condición y no como una afirmación que requiera articulación o examen.
Al no estar definida, la carrera no puede ser evaluada desde el punto de vista procedimental. No se ofrecen parámetros para medir el avance o la demora, ni se establece un horizonte temporal frente al cual puedan pautarse las acciones del Poder Ejecutivo. Aun así, la invocación se trata como decisiva.
Una vez invocado, este encuadre global reconfigura el tiempo y la secuencia de la revisión y la coordinación internas. Los procesos de revisión, coordinación y equilibrio federal pasan a medirse frente a un ritmo afirmado externamente. Las salvaguardas procedimentales comienzan a aparecer como pasivos, no porque hayan fallado, sino porque operan a un ritmo considerado incompatible con la carrera afirmada.
De este modo, la invocación de una “carrera” global no especifica qué está en juego; en su lugar, la apelación a la competencia global reubica el tiempo de la toma de decisiones en un ritmo afirmado externamente. La ausencia de especificación habilita la aceleración.
La relevancia de esta reordenación procedimental no reside en si existe competencia global, sino en cómo su invocación altera la secuencia interna del Poder Ejecutivo estadounidense. Una referencia externa se introduce como justificación procedimental y permite que las decisiones ejecutivas avancen antes de que existan una revisión sostenida y una estructura articulada.
V
Junto al encuadre competitivo externo, la presión interna también modifica el momento y la forma en que avanzan las decisiones ejecutivas. Esta presión proviene de actores privados con una exposición financiera concentrada en el desarrollo y el despliegue de tecnologías de inteligencia artificial. Sus inversiones dependen de la aceleración, la escala y una limitación de la regulación.
Estos actores no requieren coordinación para ejercer influencia. Sus intereses convergen de manera estructural. Las demoras asociadas a una revisión sostenida, a una supervisión escalonada o a una regulación descentralizada introducen incertidumbre en los horizontes de inversión. La aceleración, por el contrario, estabiliza las expectativas y preserva ingresos potenciales.
Esta presión opera con anterioridad a la deliberación pública. Se manifiesta a través de funciones de asesoría, consultas de política pública y mecanismos formales de cabildeo que existen fuera de la secuencia de revisión abierta. La influencia no es ilícita; está institucionalizada. Lo que distingue a esta influencia es su temporalidad y su asimetría.
Dado que estos intereses no quedan plenamente expuestos en el registro formal de la toma de decisiones y de la revisión, sus efectos aparecen como indirectos. No obstante, modelan las condiciones bajo las cuales la urgencia se encuadra como necesidad y la prelación ejecutiva como inevitabilidad. La ausencia de criterios articulados no obstaculiza este proceso; lo facilita al mantener los resultados flexibles mientras la dirección permanece fija.
La competencia externa proporciona una razón para la aceleración, mientras que la presión de la inversión interna la sostiene. De este modo, la dislocación procedimental se refuerza desde el interior de la propia secuencia ejecutiva. En conjunto, ambas generan un entorno ejecutivo en el que la aceleración se justifica de manera continua, incluso cuando la revisión institucional y las estructuras de sustitución permanecen diferidas.
VI
Lo que sigue marca un desplazamiento no en el contenido de la política, sino en la manera en que se orienta la acción del Poder Ejecutivo cuando la guía procedimental deja de regir su temporalidad.
Cuando las decisiones continúan avanzando sin criterios articulados ni estructuras de sustitución, el lenguaje comienza a asumir funciones que ordinariamente corresponden a la guía procedimental. Por guía procedimental, este análisis se refiere a los criterios articulados, los umbrales de revisión, la secuencia institucional y las estructuras de sustitución mediante las cuales las decisiones suelen evaluarse, revisarse o suspenderse antes de que la acción del Poder Ejecutivo proceda. En lugar de ello, las órdenes ejecutivas se emplean para encuadrar la acción del Poder Ejecutivo y para proporcionar orientación allí donde la guía procedimental está ausente.
En este contexto, términos como “dominación”, “necesidad” o “liderazgo” no operan principalmente como descripciones. Dichos términos establecen dirección sin especificación. Su función es hacer avanzar las decisiones mientras dejan sin resolver los objetivos, los límites y las medidas.
Esta ampliación del lenguaje modifica la manera en que se comprende la acción del Poder Ejecutivo. En lugar de aclarar qué se hace y bajo qué condiciones, el lenguaje organiza la atención en torno al impulso procedimental. El movimiento mismo pasa a ser la prioridad, aun cuando los fundamentos de la evaluación permanezcan sin asentarse.
El efecto es acumulativo en el tiempo. A medida que aumenta la dependencia del encuadre retórico, quedan disponibles menos marcadores procedimentales para ralentizar, revisar o redirigir la acción del Poder Ejecutivo. El lenguaje comienza a asumir responsabilidades que normalmente corresponden a la revisión y a la especificación.
En esta etapa, el lenguaje no ha desplazado por completo a la explicación, pero ha comenzado a excederla. Este lenguaje continúa remitiéndose a la política, pero ahora desempeña un trabajo adicional al sostener la acción del Poder Ejecutivo en ausencia de un soporte procedimental asentado.
VII
Las solicitudes de especificación dejan de conducir a criterios articulados o a mecanismos de revisión y pasan, en cambio, a producir la reiteración del encuadre original. La explicación cede ante el énfasis, y el énfasis ante la repetición, sin que se resuelvan los vacíos procedimentales subyacentes.
A medida que el lenguaje comienza a asumir responsabilidades que normalmente corresponden a la revisión y a la especificación, su relación con la explicación se modifica. Las formulaciones inicialmente destinadas a orientar la comprensión pasan a convertirse en puntos de referencia que se repiten en lugar de ser examinados.
Con el tiempo, este patrón reduce la capacidad de pausar, reconsiderar o revisar decisiones ya en curso. Cuando el lenguaje pasa a utilizarse para sostener la acción, volver sobre sus premisas se vuelve más difícil. El ajuste aparece como retroceso y la reconsideración como demora, aun cuando no se hayan articulado estándares asentados.
El efecto de esta sustitución retórica no es una resistencia abierta a la revisión, sino un estrechamiento de su alcance. La revisión persiste formalmente, pero queda cada vez más encargada de acomodar decisiones ya avanzadas. El espacio para cuestionar la secuencia, la autoridad o los criterios se contrae sin cerrarse de manera explícita.
En este punto, el lenguaje ya no se limita a impulsar la acción del Poder Ejecutivo; comienza a protegerla. Las decisiones siguen siendo explicables en términos generales, pero se vuelven menos accesibles a un examen sostenido. Lo que ha cambiado no es la transparencia, sino las condiciones bajo las cuales la clarificación aún puede producirse.
VIII
Esta sección rastrea las consecuencias de sustituciones procedimentales anteriores, mostrando cómo los puntos de referencia para la evaluación desaparecen incluso mientras la acción del Poder Ejecutivo continúa.
Los resultados se proyectan, pero no se especifican. Los medios se despliegan, pero no se miden frente a criterios estables. Está ausente un punto de referencia compartido mediante el cual tanto los medios como los resultados puedan ser evaluados. Cuando las decisiones se adoptan antes de una revisión sostenida y se mantienen mediante encuadres retóricos en lugar de criterios articulados, las bases disponibles para juzgar esas decisiones se reducen.
En tales condiciones, los resultados proyectados dejan de funcionar como controles sobre la acción ejecutiva presente. Los beneficios proyectados permanecen abstractos, diferidos o supeditados a una aclaración futura. En ausencia de parámetros definidos o de mecanismos de revisión, los resultados operan más como justificación que como objetos de evaluación.
Esto desplaza un mayor peso hacia el proceso. Cuando los fines permanecen indeterminados, la secuencia procedimental se convierte en la única medida disponible de legitimidad. Si esa secuencia se encuentra dislocada, no queda base alguna para distinguir entre una acción ejecutiva provisional y una dirección asentada.
Las apelaciones a la necesidad adquieren prominencia en estas condiciones. Estas apelaciones tienden un puente entre medios inciertos y fines no especificados mediante la afirmación de inevitabilidad. Sin embargo, la inevitabilidad no aporta medida; hace avanzar la acción ejecutiva mientras difiere la evaluación.
El resultado es la suspensión de la evaluación, en la medida en que el juicio se difiere hacia resultados que aún no han sido definidos. Los medios del Ejecutivo avanzan sin referencia a fines que puedan ser examinados y dejan la evaluación suspendida en lugar de resuelta.
IX
La significación de lo que sigue no reside en la escalada ni en el colapso, sino en la capacidad de este patrón de gobierno para persistir sin desencadenar una ruptura formal.
Considerada a la luz de la secuencia precedente, la orden ejecutiva aparece menos como respuesta a un desafío tecnológico que como expresión de la forma en que la autoridad presidencial opera en la actualidad.
En esta secuencia, la restricción constitucional persiste de manera formal mientras pierde su capacidad para gobernar el momento de la acción presidencial. Lo que define este modo de operación no es la ambición declarada, sino el ejercicio de la autoridad ejecutiva antes de que existan estructuras, instancias de revisión y criterios de medida asentados.
A pesar de la suspensión de la evaluación procedimental, la acción del Poder Ejecutivo continúa avanzando y se consolida como un patrón de gobierno. La acción del Poder Ejecutivo avanza sin criterios estables, y la evaluación la sigue en lugar de orientarla. El encuadre retórico sostiene la continuidad una vez que la autorización, la especificación y la revisión dejan de gobernar el inicio de la acción, y la inevitabilidad pasa a ocupar el lugar de la articulación.
En estas condiciones, la gobernanza conserva movimiento, pero pierde su referencia procedimental. Las decisiones siguen siendo inteligibles en términos generales, pero resultan cada vez más difíciles de evaluar, revisar o detener.
Más que resolverse en una crisis, la condición persiste mediante la afirmación ejecutiva en lugar de la secuencia procedimental. La autoridad ejecutiva continúa funcionando, pero lo hace con menos puntos internos de corrección.
La relevancia de esta condición no reside en su novedad, sino en su durabilidad. Cuando la dislocación procedimental se convierte en un rasgo estable de la acción ejecutiva, reconfigura la manera en que se entiende la legitimidad y cómo puede ejercerse la rendición de cuentas. Lo que se produce no es una excepción, sino una forma normalizada de proceder.
X
Un orden constitucional presupone la cooperación sin poder imponerla de antemano. La ley establece procedimientos, umbrales y divisiones de autoridad, pero no puede asegurar la disposición de los actores que deben habitar esos roles. La responsabilidad de la cooperación queda así situada precisamente en el punto en que la previsibilidad ya no puede asegurarse —el juicio humano, la ambición, el temor, el cálculo, la fatiga, el orgullo. Esto no constituye un fracaso de la ley como texto; es una condición de la ley como estructura vivida.
Vista de este modo, la inestabilidad no es una aberración introducida únicamente por malos actores. Es una posibilidad siempre presente, generada por el hecho de que los sistemas constitucionales dependen de una contención ejercida de manera voluntaria, secuencial y, a menudo, contra el interés inmediato. Allí donde la cooperación falla, los procedimientos permanecen formalmente intactos, pero pierden fuerza operativa en la práctica. La ley persiste en el papel mientras su capacidad de coordinación se debilita con el tiempo.
Por esta razón, el problema trazado a lo largo de este ensayo es, en última instancia, ético y no moralizante. No plantea quién tiene razón o quién se equivoca, sino qué puede razonablemente esperarse de agentes humanos que operan bajo presión, asimetría y confianza incompleta. La gobernanza constitucional presupone una ética mínima de reciprocidad —un acuerdo para esperar, para impugnar, para diferir, para revisar. Cuando esa ética no logra sostenerse, el sistema no colapsa de inmediato; persiste en una condición en la que la coordinación deja de gobernar la acción. La autoridad del Poder Ejecutivo llena el vacío que deja la cooperación, a menudo en nombre de la continuidad.
Esto explica por qué el desplazamiento resulta duradero, por qué la contención permanece frágil y por qué los sistemas pueden seguir funcionando incluso cuando sus fundamentos éticos pierden fuerza de sostén. La ironía que se sostiene aquí no es pesimista; es lúcida como cierre de la indagación.
Los marcos cooperativos son siempre provisionales. Existen en tensión con la desconfianza, la defección estratégica y la circunstancia cambiante. Nunca quedan resueltos; sólo se renegocian. El hecho ético no es que aparezca la desconfianza, sino que la gobernanza debe funcionar a pesar de ella.
Condiciones preprocedimentales de dislocación
La responsabilidad política comienza antes que la gobernanza. Precede a los programas, a los eslóganes y a la coreografía institucional. Mucho antes de que la autoridad se ejerza, esta es confiada, y en ese acto ya se emite un juicio—no sobre el detalle de la política, sino sobre el temperamento, la contención y la capacidad de autolimitación.
El centro ético del liderazgo no se revela a través de la ambición ni de la promesa retórica, sino mediante señales inmediatamente legibles: flexibilidad sin oportunismo, firmeza sin dominación, cautela sin parálisis. Estas cualidades son visibles casi de inmediato, a menudo en los primeros momentos de exposición. Pasarlas por alto no es un fallo de inteligencia, sino de atención.
Esta responsabilidad no puede desplazarse hacia las instituciones a posteriori. Tampoco puede excusarse por urgencia, fatiga o agravio personal. Una vez conferida la autoridad, el derecho debe gestionar aquello que ya ha sido autorizado, incluso cuando la corrección resulta costosa o se produce con retraso. Ninguna salvaguarda procedimental puede compensar plenamente la indiferencia ética en el momento de la selección.
Los sistemas políticos no se deterioran únicamente por quienes gobiernan. También reflejan los criterios —explícitos o tácitos— mediante los cuales se elige a quienes gobiernan. El bienestar colectivo depende menos de los resultados prometidos que del carácter al que se le permite ejercer el mando. En este sentido, el liderazgo no se impone a una sociedad. Es reconocido, aceptado y sostenido por ella.