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Nota del Autor
Esta serie continúa el examen diagnóstico de la condición política venezolana, centrándose en las consecuencias éticas e institucionales que emergen cuando la autoridad, la gobernanza y la rendición de cuentas dejan de estar alineadas. En lugar de proponer prescripciones, examina cómo la degradación de los derechos humanos, la normalización de la violencia y la difusión de la responsabilidad funcionan como condiciones sistémicas dentro de un contexto autoritario prolongado. La indagación permanece situada dentro de un patrón histórico más amplio, atenta a las estructuras más que a los acontecimientos y a las consecuencias más que a las intenciones.
Ricardo F. Morín
13 de enero de 2026
Oakland Park, Florida
Capítulo XVII
El Cuarto Asunto
Sobre los Derechos Humanos
1
La historia política moderna de Venezuela ha estado marcada por un escepticismo recurrente hacia las instituciones colectivas y por una sustitución persistente de la autoridad personal en lugar de marcos cívicos compartidos. Con el tiempo, este patrón ha contribuido al desplazamiento de la confianza en la libertad como condición vivida, más que como principio abstracto. En tales contextos, los derechos humanos no desaparecen retóricamente; pierden su fuerza operativa. Su ausencia se vuelve visible no en declaraciones formales, sino en la capacidad disminuida de las personas para actuar sin miedo, participar sin coerción y sostener la dignidad sin dependencia.
2
Los derechos humanos funcionan diagnósticamente como umbrales más que como aspiraciones. Donde se respetan, las personas conservan agencia dentro de la vida social y política; donde se suspenden, el potencial social se contrae independientemente de los recursos disponibles. La crisis prolongada de Venezuela demuestra que la abundancia material por sí sola no produce libertad. Sin garantías institucionales que aseguren la integridad corporal, la participación política y la igualdad ante la ley, el desarrollo democrático pierde continuidad operativa, y la vida social se reorganiza en torno a la supervivencia más que a la posibilidad.
3
El aislamiento—ya sea político, ideológico o institucional—acelera esta contracción. Cuando los gobiernos o los grupos sociales se retraen de la rendición de cuentas, la corrupción deja de ser una anomalía y se convierte en un mecanismo de gobierno. En Venezuela, el aislamiento prolongado de las normas democráticas y de la supervisión internacional ha coincidido con la pérdida de la confianza social como condición operativa y con la normalización de la arbitrariedad. Desde una perspectiva diagnóstica, la responsabilidad primaria del Estado no es el liderazgo moral, sino la protección de las condiciones sociales que permiten a las personas ejercer una elección significativa. Enfoques como el marco de las capacidades articulan esta responsabilidad no como caridad, sino como una obligación institucional de preservar las condiciones materiales y políticas de la dignidad. [1]
4
En el núcleo de los derechos humanos se encuentra la libertad entendida en forma dual: protección frente a la violencia y acceso a las condiciones materiales necesarias para la supervivencia. Estas dimensiones son inseparables. El conflicto político no es evidencia de fracaso social; es una característica esperada de las sociedades pluralistas. Lo que distingue a los sistemas autoritarios no es el conflicto en sí, sino la supresión de las restricciones éticas que regulan la forma en que se gestiona el conflicto. Allí donde el poder sustituye a la reciprocidad y la coerción reemplaza a la legitimidad, los derechos humanos dejan de funcionar como salvaguardas y se convierten en artefactos simbólicos desvinculados de la realidad vivida. [2]
Endnotes — Capítulo XVII
§ 3
- [1] Nussbaum, Martha C., Women and Human Development: The Capabilities Approach (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), 4–14, 71–72, 114–123.
§ 4
- [2] Rawls, John, A Theory of Justice (Cambridge: Harvard University Press, 1971), 111, 337–338, 511, 515, 545.
Capítulo XVIII
El Quinto Asunto
Sobre la Naturaleza de la Violencia
1
La violencia altera el orden social no solo mediante el daño físico, sino a través del colapso de la rendición de cuentas que la hace posible. Su regulación depende de dos estructuras interdependientes: el contrato social y la gobernanza. El contrato social establece las condiciones bajo las cuales las personas renuncian a ciertas libertades a cambio de protección y justicia. La gobernanza operacionaliza ese contrato al traducir la autoridad en una acción previsible y limitada. Cuando la gobernanza fracasa—ya sea por incapacidad, corrupción o distorsión deliberada—la violencia deja de ser excepcional y se vuelve sistémica.
2
La distinción entre fuerza legítima y violencia ilegítima es estructural, no retórica. La fuerza legítima está delimitada por la ley, la proporcionalidad y la rendición de cuentas; existe para preservar el contrato social. La violencia ilegítima surge cuando el poder se ejerce de forma arbitraria, desvinculado de la restricción ética y de la supervisión institucional. Las revoluciones históricas demuestran que cuando la gobernanza colapsa por completo, la violencia puede surgir como sustituto más que como solución. Tales sustituciones rara vez restablecen el orden; por el contrario, consolidan la inestabilidad, fragmentan la autoridad en centros no responsables y prolongan la recuperación social durante generaciones.
3
En la Venezuela contemporánea, la violencia se ha convertido en un instrumento de preservación política más que de protección pública. Las fuerzas del Estado y las milicias aliadas han sido desplegadas de manera reiterada para suprimir la disidencia, en particular durante las protestas nacionales de 2017 y 2024. Estas acciones produjeron muertes, lesiones generalizadas, detenciones masivas y la persecución sistemática de figuras opositoras. Dirigentes políticos prominentes fueron encarcelados o forzados al exilio, mientras que las instituciones judiciales—incluido el Tribunal Supremo de Justicia—funcionaron no como salvaguardas, sino como mecanismos que legitimaron la represión mediante la forma legal. [1] [2] [3]
4
Los relatos oficiales enmarcan estas acciones como defensas de la seguridad nacional. Desde un punto de vista diagnóstico, sin embargo, indican la disolución del contrato social. Cuando el Estado dirige la violencia hacia el interior, la legitimidad colapsa incluso si la autoridad persiste. La gobernanza se vuelve performativa, el derecho se reduce a procedimiento, y la violencia se normaliza como método de gobierno.
5
La libertad no persiste a través de la fuerza, sino mediante la resistencia sostenida a la normalización de la violencia. Las sociedades que no interrogan la coerción—ya sea impuesta o tolerada—se adaptan gradualmente a ella. La vigilancia diagnóstica exige reconocer cómo la violencia migra de respuesta excepcional a gobernanza ordinaria, reconfigurando instituciones, expectativas y conductas cívicas en el proceso.
6
Allí donde se restablece la rendición de cuentas, la violencia puede ser contenida dentro de límites éticos. Donde está ausente, la violencia se vuelve auto‑perpetuante. La preservación de la justicia depende, por tanto, menos de la resolución moral que de la reconstrucción de instituciones capaces de imponer límites efectivos al poder.
Endnotes — Capítulo XVIII
§ 3
- [1] Newman, William, “Venezuelan Opposition Leader Leopoldo López Sentenced to Prison Over Protest,” New York Times, September 10, 2015.
- [2] “Venezuelan Opposition Politician Manuel Rosales Arrested,” BBC News, October 15, 2015.
- [3] “Venezuela Police Raid Arrests Caracas Mayor Antonio Ledezma,” BBC News, February 20, 2015.
Capítulo XIX
El Asunto Final
Sobre la Persistencia de la Injusticia
1
La durabilidad de la injusticia dentro de cualquier sistema político depende menos de las intenciones de los dirigentes que de la distribución de la rendición de cuentas. Cuando la responsabilidad se concentra en la cúspide y se difunde hacia abajo, la vida política queda aislada de las consecuencias. En tales sistemas, la ciudadanía es reducida a espectadora más que a participante, y la gobernanza avanza sin presión correctiva. [1]
2
La apatía no es simplemente una disposición personal; es una condición política producida por la exclusión sostenida de una agencia significativa. Cuando la participación implica riesgo sin influencia, el retraimiento se vuelve racional. Con el tiempo, este retiro estabiliza la injusticia al eliminar la resistencia del sistema.
3
La justicia y la libertad no son logros estáticos; emergen de una negociación continua entre intereses en competencia dentro de marcos limitados. Los sistemas autoritarios prosperan en la ilusión precisamente porque eliminan la negociación, sustituyendo la adaptabilidad por la certeza. La gobernanza efectiva depende de la capacidad de absorber el conflicto sin suprimirlo. [2]
4
La agencia individual sigue siendo relevante no como heroísmo moral, sino como participación estructural. Cuando la ciudadanía conserva la capacidad de reconocer la diferencia, confrontar el sesgo y actuar dentro de instituciones compartidas, la injusticia encuentra fricción. La restauración de la justicia depende de reconstituir las condiciones bajo las cuales las personas pueden actuar sin miedo y sin ilusión, reconectando la responsabilidad personal con las estructuras colectivas en lugar de aislarla únicamente en la conciencia. [3]
Endnotes — Capítulo XIX
§ 1
- [1] O’Donnell, Guillermo “Delegative Democracy,” Journal of Democracy 5, no. 1 (1994): 55–69.
§ 3
- [2] Sen, Amartya, Development as Freedom (New York: Knopf, 1999), 123–137, 146–159, 282–287.
§ 4
- [3] Nussbaum, Martha C., Women and Human Development: The Capabilities Approach (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), 66–72, 104–110, 124–130.
Observaciones sobre la percepción 