Este ensayo examina la promesa del beneficio descendente (teoría trickled-down) no como una teoría económica, sino como un axioma. Indaga el momento en que una hipótesis discutida deja de requerir demostración y comienza a operar como justificación permanente. En ese punto, deja de explicar resultados. Los autoriza.
La promesa del beneficio descendente suele presentarse como un mecanismo mediante el cual la acumulación genera beneficio general. La concentración se describe como provisional, la desigualdad como temporal y la recompensa como finalmente compartida.
Estas afirmaciones desplazan la atención de la verificación hacia la expectativa. La promesa sustituye a la prueba. Lo que se describe como distribución depende de una retención previa. Se afirma que el beneficio fluye solo después de haber sido asegurado en otro lugar.
Un mecanismo que requiere desigualdad para justificar igualdad se contradice a sí mismo. La lógica depende del aplazamiento. Quienes están llamados a esperar no son quienes deciden. La contradicción se vuelve ética cuando la paciencia se asigna de manera desigual. Quienes deben confiar durante más tiempo son quienes menos pueden absorber la demora. Quienes se benefician primero no están expuestos al fracaso en la misma medida. El riesgo no se comparte. El tiempo no es recíproco.
La promesa del beneficio descendente no impone por la fuerza. Gobierna mediante la garantía. Exige que la desigualdad se soporte en el presente a cambio de un beneficio que no puede reclamarse.
Lo que la promesa del beneficio descendente es, entonces, es un relato que estabiliza la concentración al postergar la rendición de cuentas. Lo que no es es un mecanismo distributivo ni una ética mutua.
Cuando la promesa sustituye a la demostración, la promesa del beneficio descendente deja de examinarse y comienza a funcionar como axioma.
Un estudio diagnóstico de cómo la vida pública continúa funcionando cuando el juicio es limitado y las condiciones permanecen inestables
*
Ricardo Morín Mantra: Dominios de acción 21 x 28,5 pulgadas Acuarela, grafito, ceras, tinta y gesso sobre papel 2003
Nota:
Nada de lo que diga pertenece a la obra.
La obra no necesita palabras.
Ya habla en su propio medio, para el cual el lenguaje no tiene equivalente.
Ricardo F. Morín
18 de diciembre de 2025
Oakland Park, Fl
Prefacio
Este trabajo no fue escrito para sostener una posición ni para cerrar un debate. Surgió de una atención sostenida a condiciones que no podían ser ignoradas sin distorsión. Escribir, en este sentido, no es una expresión de propósito, sino una consecuencia de la conciencia.
Las páginas que siguen no reclaman autoridad por pericia ni por urgencia. Parten del reconocimiento de que el juicio debe actuar con frecuencia bajo condiciones incompletas, y de que la claridad, cuando aparece, lo hace de manera gradual y sin garantía. Lo que aquí se ofrece no es una conclusión, sino una continuidad: un esfuerzo por mantenerse fiel a lo que puede observarse cuando la atención se sostiene.
Este estudio no procede de la especialización constitucional, de la autoridad institucional ni de la proximidad profesional al ejercicio del gobierno. Procede de la observación. Sus afirmaciones surgen de una atención sostenida a la manera en que la vida pública continúa funcionando bajo condiciones en las que el juicio está limitado, la información permanece incompleta y, aun así, las decisiones deben tomarse.
En ámbitos donde el conocimiento acreditado suele determinar la legitimidad, escribir desde fuera de la autoridad formal puede dar lugar al rechazo antes incluso de la lectura. Ese riesgo es real. Sin embargo, las condiciones examinadas aquí no pertenecen exclusivamente a dominios técnicos. Se presentan cotidianamente a ciudadanos, funcionarios, instituciones y sistemas por igual. El juicio bajo incertidumbre no es una actividad especializada; es una condición compartida.
La ausencia de credenciales formales no exime a este trabajo del rigor. Exige otro tipo de disciplina: contención en la afirmación, precisión en la descripción y fidelidad a lo que puede observarse sin presuponer dominio. El análisis no pretende resolver cuestiones constitucionales ni proponer soluciones institucionales. Examina cómo la gobernanza persiste cuando la claridad es parcial, cuando la autoridad opera a través de múltiples dominios y cuando la continuidad depende menos de la certeza que del ajuste.
Si este trabajo posee algún valor, no será porque hable desde la autoridad, sino porque atiende con cuidado a la forma en que la autoridad funciona cuando ninguna posición —experta o no— puede reclamar pleno control sobre las condiciones que enfrenta.
Nota del autor
Este trabajo aclara una confusión presente en numerosas culturas políticas: la tendencia a tratar república y democracia como ideales intercambiables, en lugar de entenderlos como componentes distintos de la gobernanza. Los capítulos observan cómo los arreglos políticos continúan operando cuando las categorías heredadas dejan de esclarecer lo que está ocurriendo.
El método es observacional. La vida política se describe tal como se experimenta: decisiones tomadas sin conocimiento pleno, términos utilizados por hábito e instituciones que se ajustan internamente mientras conservan su forma exterior. El análisis parte de los límites del juicio como condición cotidiana: las personas deben actuar antes de comprender plenamente las circunstancias en las que actúan.
Lo que sigue no propone un modelo ni defiende una tradición. Traza cómo el lenguaje, las instituciones y las expectativas se separan a lo largo de distintos dominios de acción, y cómo la vida pública continúa operando bajo condiciones que no permiten una claridad plena.
Capítulo I
Los límites del juicio en la vida pública
*
1
La vida pública depende de formas de juicio desiguales, moldeadas con frecuencia por las presiones que enfrentan las personas. Los individuos llegan a las cuestiones políticas con experiencias distintas, niveles diversos de conocimiento y condiciones variables desde las cuales ponderan lo que se les presenta. Estas diferencias no impiden la toma de decisiones colectivas, pero condicionan la claridad con la que se perciben los términos y los arreglos políticos. Todo lo que sigue —la organización de la autoridad, la estructura de la participación y el modo en que ambas se describen— se desarrolla dentro de una claridad limitada y variable.
2
Los términos políticos permanecen estables incluso cuando se comprenden en grados distintos. Palabras como república y democracia poseen significados diferenciados —una refiere a un arreglo de autoridad, la otra a un método de participación— y, sin embargo, se utilizan con frecuencia de manera indistinta. Los términos conservan familiaridad aun cuando la claridad necesaria para mantenerlos separados varía según la circunstancia. Como resultado, el debate público puede apoyarse en un lenguaje establecido sin corresponder siempre a los arreglos efectivamente vigentes.
3
Una república designa un arreglo en el cual la autoridad reside en cargos públicos y se ejerce mediante instituciones, no a través del gobierno personal. Una democracia designa el método mediante el cual las personas participan en las decisiones públicas, ya sea de forma directa o representativa. La república describe cómo se contiene la autoridad; la democracia, cómo se organiza la participación. Dado que estos términos remiten a dimensiones distintas de la vida política —una estructural, la otra procedimental— un mismo sistema puede combinar ambas. Estados Unidos ilustra esta combinación: la autoridad es institucional y pública, mientras que la participación se organiza mediante elecciones y decisiones colectivas.
4
El discurso público suele recurrir a términos familiares para describir arreglos políticos sin examinar cómo se organizan efectivamente la autoridad y la participación. Las referencias amplias sustituyen el funcionamiento institucional concreto, permitiendo que el lenguaje permanezca continuo incluso cuando las circunstancias se modifican. Los términos persisten no porque describan con precisión los arreglos actuales, sino porque ofrecen un vocabulario estable a través del cual la vida pública puede seguir siendo discutida mientras se adapta.
5
Patrones de este tipo aparecen en muchas sociedades. Cuando las circunstancias son inestables, la autoridad tiende a concentrarse; cuando las condiciones son más estables, la participación suele ampliarse. La dirección no es uniforme entre países ni períodos, pero el patrón es reconocible: la autoridad se concentra o se dispersa en respuesta a las condiciones, no al lenguaje utilizado para describir la vida política. Lo que varía es la claridad con la que una sociedad distingue entre la estructura que contiene la autoridad y el método mediante el cual ocurre la participación.
6
Este desplazamiento entre autoridad concentrada y autoridad dispersa se manifiesta de manera distinta según el contexto nacional. En Venezuela, las referencias a la república han acompañado con frecuencia períodos de fortalecimiento de la conducción ejecutiva, aun cuando no se consoliden procedimientos duraderos de participación. En Estados Unidos, el énfasis suele invertirse. La participación se afirma de manera más visible en el umbral electoral, mientras que la autoridad se ejerce posteriormente a través de procesos institucionales que restringen la intervención pública en lugar de ampliarla.
Tras las elecciones presidenciales, decisiones de alto impacto se desarrollan mediante canales estructurados que limitan la participación por diseño: la selección de nominados, el control de los tiempos de confirmación, la gestión de vacantes estratégicas y la secuenciación de los procedimientos dentro del Comité Judicial del Senado. Las votaciones de confirmación y la concesión de cargos de duración indefinida trasladan aún más la autoridad desde el electorado hacia ámbitos institucionales protegidos. De este modo, la participación alcanza su punto máximo en el momento de la selección y se retrae a medida que la autoridad avanza.
Los términos difieren, pero el patrón converge: en ambos casos, la participación pública se reduce a medida que la autoridad decisoria se consolida.
7
La vida pública resulta más inteligible cuando la distinción entre estructura y participación permanece visible. La república identifica cómo se dispone la autoridad mediante cargos e instituciones; la democracia identifica cómo se organiza la participación mediante procedimientos colectivos. Cuando estos términos se emplean sin esa distinción, la atención se desplaza del funcionamiento institucional hacia la denominación. El debate gira en torno al lenguaje más que a los procesos, y el movimiento de la autoridad se vuelve más difícil de seguir.
8
Ninguna combinación única de estructura y participación satisface todas las exigencias que se imponen a la vida pública. La autoridad concentrada permite rapidez, pero restringe la inclusión; la participación amplia incrementa la inclusión, pero ralentiza la coordinación. La mayoría de los gobiernos combinan estos elementos en proporciones variables, y esas proporciones cambian conforme cambian las condiciones. La relación entre autoridad y participación se vuelve más clara en ciertos períodos y más opaca en otros.
9
Cuando esta relación no es clara, las personas se orientan por lo que resulta más visible. Para algunos, la referencia es la acción ejecutiva; para otros, los cuerpos representativos; muchos responden principalmente a resultados inmediatos. Estos puntos de referencia configuran la experiencia del sistema incluso cuando su estructura formal permanece intacta.
10
La vida pública continúa no porque sus condiciones estén resueltas, sino porque las decisiones no pueden esperar a una certeza plena. La autoridad actúa mientras las circunstancias permanecen incompletas, y la participación ocurre sin una anticipación total de sus efectos. El sistema perdura por esta necesidad: las decisiones se toman bajo visibilidad parcial, los términos sobreviven más allá de su precisión y las instituciones se ajustan internamente sin perder su forma exterior. Lo que mantiene unida a la vida pública no es la claridad, sino la necesidad de proceder en su ausencia.
10
La vida pública continúa no porque sus condiciones estén resueltas, sino porque las decisiones no pueden esperar a una certeza plena. La autoridad actúa aun cuando las circunstancias son incompletas, y la participación ocurre aun cuando sus efectos no pueden anticiparse del todo. El sistema perdura por esta necesidad: se decide en entornos parcialmente visibles, con términos que no siempre corresponden a las condiciones vigentes y mediante instituciones que se ajustan sin perder su forma. Lo que mantiene unido al sistema no es la claridad, sino la necesidad de proceder en su ausencia.
Capítulo II
La acción ejecutiva bajo incertidumbre
*
1
La acción ejecutiva es el dominio en el que las decisiones son menos postergables. A diferencia de los cuerpos deliberativos, el ejecutivo está estructurado para actuar antes de que las condiciones se estabilicen. La presión del tiempo, la información incompleta y las señales contradictorias definen su entorno operativo. Esto no vuelve excepcional al juicio ejecutivo; hace más visibles sus límites.
2
Dado que las decisiones ejecutivas son observables públicamente, con frecuencia se convierten en el principal punto de referencia desde el cual se interpreta la vida política. Órdenes, declaraciones, nombramientos y acciones de cumplimiento resultan más visibles que los procesos que las preceden o las siguen. La visibilidad produce una impresión de control incluso cuando los resultados permanecen inciertos.
3
La autoridad del ejecutivo suele describirse como personal, aunque se ejerce mediante mecanismos institucionales. Las decisiones atribuidas a una figura se ejecutan a través de agencias, procedimientos y discrecionalidades delegadas. Esta ejecución estratificada permite que la acción avance mientras la responsabilidad se distribuye entre estructuras que permanecen en gran medida fuera de la vista.
4
Los períodos de incertidumbre tienden a comprimir la autoridad hacia el ejecutivo. Cuando la coordinación se ralentiza en otros ámbitos, la acción ejecutiva ocupa el espacio disponible. Esta concentración no requiere un cambio en la estructura constitucional; ocurre dentro de las formas existentes, a medida que las responsabilidades se estrechan y los plazos se acortan.
5
El juicio público suele centrarse en la apariencia de decisión más que en las condiciones que la rodean. La rapidez se confunde con claridad; la repetición, con determinación. La cuestión de si una decisión podría haber sido distinta queda desplazada por si fue tomada de manera visible y sin titubeos.
6
Este enfoque altera la percepción de la rendición de cuentas. Dado que la acción ejecutiva es inmediata, absorbe elogios y reproches incluso cuando los resultados dependen de factores que exceden su control. El dominio ejecutivo se sobrecarga simbólicamente y comienza a funcionar como sustituto del sistema en su conjunto.
7
Con el tiempo, esta dinámica reconfigura las expectativas. Se espera que los ejecutivos resuelvan condiciones que ningún cargo individual puede gestionar por sí solo. Cuando los resultados no satisfacen esas expectativas, la insatisfacción se personaliza en lugar de volverse estructural. El juicio se estrecha hacia las figuras, no hacia los procesos.
8
La persistencia de la acción ejecutiva bajo incertidumbre no indica un fracaso en otros ámbitos. Refleja la necesidad de actuar en entornos donde la demora tiene costos propios. El ejecutivo no elimina la incertidumbre; opera dentro de ella.
9
Tal como se establece en el Capítulo I —Los límites del juicio en la vida pública—, la distinción entre estructura y método se mantiene intacta. La autoridad ejecutiva es un componente estructural de la república. Su prominencia bajo incertidumbre no convierte al sistema en gobierno personal ni disuelve otras formas de participación. Modifica su visibilidad relativa.
10
La acción ejecutiva continúa porque las decisiones no pueden esperar a que las condiciones se estabilicen. Lo que el público observa no es dominio, sino movimiento. El ámbito parece decisivo no porque resuelva la incertidumbre, sino porque debe actuar mientras la información relevante permanece en flujo.
Capítulo III
Desplazamiento administrativo y sustitución procedimental
*
1
La acción administrativa opera a distancia de la atención pública, no porque se oculte, sino porque se despliega mediante estructuras diseñadas para la continuidad más que para la visibilidad. Las normas se aplican, los procedimientos se ajustan y las prioridades se reordenan dentro de organismos cuyo trabajo sostiene la gobernanza sin ocupar el primer plano de la vida política. Estas acciones rara vez se presentan como decisiones discretas, pero moldean los resultados con la misma eficacia que los actos legislativos o las órdenes ejecutivas.
2
Aunque el poder ejecutivo soporta el peso más visible de la acción, no actúa en soledad. La autoridad circula a través de una estructura interna densa —departamentos, oficinas y jerarquías administrativas— que traduce la orientación ejecutiva en práctica efectiva. Dentro de esta estructura coexisten distintas orientaciones temporales: algunas responden a la inmediatez del mandato político; otras operan dentro de marcos constitucionales y legales concebidos para asegurar duración, estabilidad y memoria institucional.
3
Lo que en el espacio público aparece como un acto ejecutivo unitario es, en la práctica, el borde visible de un proceso distribuido. Las autoridades administrativas no sustituyen la función legislativa ni interpretan la ley en sentido judicial. Aplican estatutos, reglamentos y precedentes existentes a circunstancias concretas, ejerciendo discrecionalidad únicamente dentro de límites ya definidos. La gobernanza continúa a través de esta aplicación no porque la interpretación se expanda, sino porque la ejecución debe proseguir incluso cuando la acción legislativa directa está ausente o se retrasa.
4
La sustitución procedimental ocurre cuando la toma de decisiones formales no puede avanzar al mismo ritmo que los acontecimientos. Cuando la legislación se estanca o la autoridad ejecutiva alcanza sus límites constitucionales, los procesos administrativos absorben responsabilidad ajustando la aplicación de las normas vigentes. Se afinan directrices, se reordenan prioridades de cumplimiento y se recalibran recorridos procedimentales para que la acción continúe sin alterar el marco legal.
5
El efecto de este ajuste es acumulativo, no declarativo. Los procedimientos adquieren fuerza mediante su uso sostenido a lo largo del tiempo, entre casos y oficinas. Lo decisivo no es el anuncio de una decisión, sino la consolidación de una práctica que se vuelve operativa por repetición. La autoridad se ejerce por continuidad de aplicación, no por proclamación ni exhibición.
6
Dado que la responsabilidad se distribuye entre organismos y rutinas, el juicio público suele tener dificultades para identificar dónde ocurre el cambio. Los resultados aparecen sin un momento único de decisión al que puedan atribuirse. Esta dispersión no elimina la responsabilidad, pero la vuelve más compleja. Los efectos se experimentan antes de que se comprendan sus orígenes procedimentales, si es que llegan a comprenderse.
7
Con el tiempo, este modo de gobernanza reconfigura las expectativas públicas. Las personas pueden percibir que las condiciones han cambiado sin tener claridad sobre quién actuó o de qué manera. La insatisfacción se adhiere al sistema en su conjunto más que a actores identificables, no porque la autoridad esté ausente, sino porque opera a través de canales que no coinciden con los relatos públicos de decisión y responsabilidad.
8
El desplazamiento administrativo no señala una ruptura institucional. Refleja la necesidad de sostener la gobernanza bajo restricción. Cuando las decisiones formales no pueden adoptarse con la rapidez requerida, los procedimientos se adaptan para que la autoridad continúe funcionando sin exceder sus límites legales. El sistema no se suspende; ajusta sus trayectorias.
9
Este dominio ilustra la separación entre forma y operación establecida en el capítulo inicial. La estructura constitucional de la autoridad permanece intacta, mientras que su ejecución desplaza énfasis y secuencia. Lo que cambia no es quién detenta el poder, sino cómo ese poder se despliega bajo condiciones que no permiten una resolución explícita.
10
La gobernanza persiste a través de estas sustituciones porque la acción no puede detenerse. La autoridad avanza no abandonando sus límites, sino trabajando dentro de ellos. La continuidad de la vida pública depende menos de decisiones visibles que de la capacidad institucional de aplicar marcos existentes a circunstancias cambiantes, de manera imperfecta y sin pretensión de cierre definitivo.
Capítulo IV
Ritual electoral y persistencia de la forma
*
1
Las elecciones son el rasgo más reconocible de la participación democrática. Proporcionan una estructura recurrente mediante la cual la implicación pública se organiza y se exhibe. Su regularidad genera una sensación de continuidad incluso cuando las condiciones circundantes cambian.
2
Como ritual, las elecciones afirman la participación mediante la repetición. Los procedimientos permanecen familiares —campañas, votación, certificación, transición— y establecen una secuencia compartida que señala orden y legitimidad. Estas formas exteriores sostienen la confianza en el proceso, incluso cuando los resultados permanecen inciertos.
3
Las elecciones perduran no porque resuelvan el conflicto, sino porque organizan la confianza en el punto de selección. No zanjan el desacuerdo; hacen posible la coordinación continuada al establecer un momento reconocido de autorización.
4
Una vez organizada la confianza en el punto de selección, la atención pública se desplaza de los mecanismos de participación hacia la visibilidad de los resultados. Ganar y perder sustituyen el examen de cómo la participación se traduce en política, administración o ejecución. El ritual satisface la expectativa de involucramiento, mientras la atención se aparta de los trayectos mediante los cuales la autoridad opera después de la selección.
5
Este énfasis en el resultado refuerza la estabilidad simbólica. Mientras las elecciones se celebren según lo previsto y los resultados sean reconocidos, el sistema parece intacto. Las preguntas sobre cómo se toman las decisiones posteriormente —cómo se transporta, distribuye y limita la autoridad— reciben una atención menos sostenida.
6
Las discrepancias entre la elección electoral y la experiencia vivida suelen atribuirse a individuos más que a trayectorias institucionales. La insatisfacción se personaliza, mientras la distancia estructural entre participación y gobernanza permanece en gran medida sin examinar.
7
Los rituales electorales persisten porque cumplen una función estabilizadora. Marcan transiciones, renuevan la legitimidad y proporcionan un punto de referencia compartido para la vida pública. Su perdurabilidad no depende de su capacidad para resolver presiones subyacentes, sino de su aptitud para preservar la coordinación en presencia del desacuerdo.
8
A medida que cambian las condiciones, la participación puede volverse más expresiva que efectiva. El voto señala presencia y alineamiento, incluso cuando no modifica de manera sustantiva las trayectorias administrativas o ejecutivas. La expresión permanece visible; la influencia se vuelve más incierta.
9
La democracia, entendida como método, permanece visible y activa. Lo que fluctúa es el grado en que la participación alcanza los dominios donde las decisiones se ajustan de forma continua, y donde la autoridad sigue operando después del momento del voto.
10
La vida pública continúa mediante este arreglo porque la acción no puede detenerse en el punto de selección. Las decisiones prosiguen mientras las condiciones evolucionan, la información se acumula de forma desigual y la responsabilidad se desplaza entre dominios. Lo que perdura no es la resolución, sino la continuidad: la gobernanza avanza mediante ajuste, no mediante clausura, sostenida por instituciones que actúan sin reclamar finalidad.
Ricardo F. Morin Escatología Acuarela, gouache, corrector blanco y tinta negra sobre papel 14″x20″ 2004
Ricardo F. Morín
11 de enero de 2026
Oakland Park, Fl
1. Las civilizaciones describen periódicamente su presente como un momento singularmente peligroso. Estas afirmaciones rara vez se apoyan en comparaciones históricas o en análisis institucionales. Surgen, más bien, de una falla de escala: la incapacidad de distinguir entre perturbación y colapso, entre incertidumbre y final, entre incoherencia y apocalipsis.
2. Los momentos de peligro civilizatorio real no son hipotéticos. La peste negra eliminó a un tercio de la población europea. La Guerra de los Treinta Años devastó regiones enteras. El siglo XX combinó guerra industrializada, genocidio y la aparición de la aniquilación nuclear. Estos episodios no necesitaron lenguaje profético para ser reconocidos como catastróficos. Su magnitud era mensurable. Sus efectos, materiales. Sus causas, rastreables.
3. La retórica apocalíptica aparece no cuando el peligro es mayor, sino cuando la comprensión falla. Convierte la incertidumbre en drama moral. Cuando los procesos políticos se vuelven opacos, cuando los resultados resisten la previsión y cuando la autoridad actúa sin un patrón inteligible, la explicación se retira. En su lugar entra la escatología: un relato que simplifica la complejidad, asigna culpas absolutas y promete clausura.
4. La figura del Anticristo pertenece a este registro. No es una categoría analítica. Es una condensación simbólica del miedo. Al situar el peligro total en una sola persona, el pensamiento escatológico libera a la sociedad de examinar instituciones, incentivos y límites. Sustituye la indagación causal por la revelación.
5. Este encuadre también distorsiona la responsabilidad. Las civilizaciones no se desintegran por individuos aislados. Se deterioran mediante fallas acumulativas de gobernanza, adaptación y legitimidad. Estos procesos se desarrollan de manera desigual, a menudo reversible, y sin finalidad predeterminada. No se anuncian con señales. No culminan según calendario.
6. La escatología prospera allí donde la explicación se retira. Ofrece certeza emocional donde el análisis exige paciencia. Resulta persuasiva porque promete el fin de la ambigüedad, no porque aclare las causas. Al transformar el desorden político en lucha cósmica, desvía la atención de condiciones examinables hacia mitos que no admiten corrección.
7. El peligro del pensamiento apocalíptico no reside en exagerar el riesgo, sino en desviar la atención. Entrena a los ciudadanos a buscar presagios en lugar de causas, villanos en lugar de condiciones, destino en lugar de decisiones. Con ello, profundiza la misma impotencia que pretende describir.
8. Lo que el presente requiere no es profecía, sino proporción. No teatro moral, sino discernimiento. No el lenguaje de la revelación, sino la disciplina de comprender cómo opera el poder, dónde falla y cómo puede ser limitado.
9. Allí donde la explicación regresa, la superstición retrocede. Donde se restablece la claridad, el apocalipsis pierde su fuerza.
Ricardo F. Morin Viabilidad Frotados con acuarela y corrector blanco sobre papel vegetal para dibujo 50,8 x 76,2 cm 2005
Ricardo F. Morín
11 de Enero de 2026
Oakland Park, Fl
1. La pregunta suele plantearse en términos de por qué ciertos regímenes corruptos se convierten en objeto de acción política mientras otros, no menos comprometidos, no lo hacen. A primera vista, esto parecería exigir una explicación moral comparativa. En realidad, no es así. La dificultad no radica en la falta de información, sino en la suposición de que tales acciones están guiadas por un sistema coherente y generalizable de principios.
2. Lo que puede observarse no es la aplicación de un principio entre distintos casos, sino decisiones adoptadas uno a uno. La acción política no sigue una regla que pueda aplicarse de antemano a diferentes regímenes. Por esa razón, las comparaciones entre Venezuela, Arabia Saudita, Rusia o Argentina oscurecen más de lo que aclaran. Presuponen un criterio de decisión que, en la práctica, no orienta la acción.
3. Las acciones examinadas aquí son aquellas emprendidas por Donald Trump en su condición de actor político. Su nombre se introduce no para explicar el comportamiento mediante la personalidad o la intención, sino para situar la responsabilidad. El análisis parte de decisiones observables y de las circunstancias en las que dichas decisiones fueron tomadas, y no de suposiciones sobre carácter, motivo o disposición.
4. La pregunta relevante no es, por tanto, por qué algunos regímenes son confrontados y otros ignorados, sino en qué circunstancias un país presenta pocos obstáculos a la acción, y qué intereses inmediatos se alinean para hacerla viable. Esta reformulación desplaza el análisis del juicio moral hacia las circunstancias observables.
5. Entendida en estos términos, la cuestión admite una respuesta, no como regla, sino como un relato de cómo se toman decisiones en casos concretos. No existe manera de inferir, a partir del nivel de corrupción por sí solo, si la acción ocurrirá. Sí existe, en cambio, una forma de explicar por qué, en determinadas circunstancias, la acción avanza.
6. En el caso venezolano confluyen varias condiciones.
7. En primer lugar, la resistencia externa inmediata es limitada. Venezuela carece de aliados dispuestos a imponer consecuencias materiales, militares o económicas en respuesta a presiones o a una intervención de alcance limitado.
8. En segundo lugar, las instituciones del Estado no actúan de manera coordinada. Los organismos administrativos, las fuerzas de seguridad y las autoridades políticas no operan de forma consistente bajo un mando único, lo que reduce la capacidad de articular una respuesta conjunta y facilita la acción externa.
9. En tercer lugar, Venezuela puede ser presentada públicamente como un caso excepcional —marcado por colapso, conductas delictivas y fallas administrativas— lo que permite exponer acciones ante audiencias internas sin necesidad de invocar un principio general que deba aplicarse en otros contextos.
10. En cuarto lugar, los intereses económicos se canalizan mediante negociaciones de corto plazo más que a través de compromisos duraderos. El petróleo venezolano, bajo sanciones y desorden administrativo, puede incorporarse a acuerdos circunstanciales sin exigir alianzas estables.
11. Por último, la presión ejercida sobre Venezuela no provoca una disrupción inmediata de mercados clave ni de equilibrios estratégicos mayores. A diferencia de los casos de Arabia Saudita o Rusia, la acción no desencadena respuestas económicas o militares en cadena.
12. Ninguno de estos factores constituye una explicación moral ni una doctrina rectora. Considerados en conjunto, describen cuándo una administración actúa mediante la política exterior: no porque la corrupción sea mayor, sino porque la resistencia es limitada, los intereses convergen con rapidez y puede sostenerse una justificación ante el público—condiciones ausentes en muchos casos de corrupción igualmente grave.
13. Esto no explica el mundo. Explica una decisión.
Este ensayo considera la inflación no como una variable técnica, sino como un axioma. Examina el momento en que la inflación deja de presentarse como un resultado de políticas y comienza a operar como una condición de fondo. En ese punto, deja de justificarse. Se soporta.
La inflación suele describirse como neutral. Se afirma que afecta a todos por igual, que surge de forma impersonal y que corrige excesos con el tiempo. Estas descripciones le confieren el estatuto de condición natural en lugar de decisión mediada por instituciones. Así, la indagación ética queda suspendida.
Lo que se presenta como general es, en la práctica, asimétrico. La inflación redistribuye valor a lo largo del tiempo. Quienes pueden postergar consumo, mantener activos o cubrir su exposición no se ven afectados del mismo modo que quienes dependen de salarios, alquileres u obligaciones fijas.
Una condición que produce desigualdad previsible mientras se presenta como neutral se contradice a sí misma. La contradicción se acentúa cuando la inflación se formula como inevitable. La inevitabilidad elimina la agencia de la decisión, pero conserva sus efectos. La responsabilidad se disuelve en explicación.
Se exige ajuste sin consentimiento y se prescribe la paciencia como virtud. La tensión ética no reside en el sacrificio, sino en la ausencia de reciprocidad. Quienes deciden no están expuestos en el mismo marco temporal que quienes absorben el costo.
La inflación opera de forma silenciosa. No impone por la fuerza, sino por normalización. Se acepta porque se explica y persiste porque se presenta como ineludible.
Lo que la inflación es, entonces, es un mecanismo distributivo inscrito en el tiempo. Lo que no es es neutral, impersonal ni equitativamente compartido.
Cuando esta distinción se oscurece, la inflación deja de examinarse y comienza a gobernar como axioma.
Ricardo F. Morín Borraduras Frotados de acuarela sobre papel de seda japonés 14″x20″ 2005
Ricardo F. Morín
10 de Enero de 2026
Oakland Park, Fl
*
1.
El debate público suele presentar la corrupción como una serie de escándalos aislados vinculados a individuos identificables. Ese encuadre es engañoso. La investigación periodística y los registros judiciales muestran que, en el caso venezolano, la responsabilidad se desplaza mediante acciones repetidas que permiten el beneficio ilícito mientras se oculta la rendición de cuentas.
2.
El documental de PBS Frontline que examina el ascenso y el papel de Alex Saab ofrece un punto de entrada claro. Saab no actuó como decisor político ni como figura simbólica. Según acusaciones formales de los Estados Unidos y reportajes de investigación sostenidos, actuó como testaferro fraudulento, canalizando contratos, activos y pagos para ocultar a los beneficiarios reales.
3.
La relevancia diagnóstica de Saab no reside en su perfil personal, sino en la acción que desempeñó. El testaferro no es un intermediario neutral. Presta su nombre para que la autoridad obtenga beneficios mientras niega responsabilidad por las consecuencias de sus decisiones. El firmante contractual no es el centro de decisión.
4.
Esta acción se repite en Venezuela en distintos ámbitos: ventas de petróleo realizadas mediante intermediarios, programas de importación de alimentos con productos sobrevalorados o en mal estado, proyectos de vivienda financiados y no concluidos, y transferencias financieras destinadas a evadir sanciones y controles. Las formas varían; la acción es la misma: se autoriza la conducta, el beneficio se concentra y la responsabilidad se desplaza.
5.
El mismo desplazamiento de responsabilidad se manifiesta en el uso de grupos armados irregulares que ejercen coerción sin una atribución formal. Sus acciones no requieren un mando demostrable. La ausencia de una cadena de autoridad rastreable no es coincidental, sino constitutiva: se aplica la fuerza mientras que la autoría permanece negable.
6.
En este punto, la corrupción individual da paso a una conducta delictiva sostenida en el tiempo. Fiscales estadounidenses han alegado que estas acciones financieras y logísticas coinciden con narcotráfico y lavado de dinero atribuidos a altos funcionarios civiles y militares, incluido Nicolás Maduro. Estas imputaciones se apoyan en alegaciones de coordinación, protección y beneficio.
7.
Lo que las acusaciones judiciales y la investigación periodística denominan Cartel de los Soles no depende de la existencia de una cadena de mando unificada. El término describe una situación en la que el tráfico de drogas depende del permiso, la tolerancia o la protección de autoridades estatales.
8.
Desde esta perspectiva, Saab no es una anomalía ni un cerebro aislado. Es un participante sustituible cuya remoción no interrumpe la conducta descrita. La persistencia de la actividad depende de la sustitución, no de jerarquía.
9.
Esta precisión despeja una confusión recurrente en el debate público. Describir estas acciones no implica emitir juicios morales ni expresar hostilidad ideológica. Implica identificar un fraude delegado mediante el cual la autoridad conserva una apariencia de legitimidad trasladando la exposición legal a intermediarios.
10.
Cuando estas acciones se extienden a través de ministerios, fronteras y mercados y se sostienen mediante poder coercitivo, superan la corrupción ordinaria. Constituyen criminalidad organizada ejercida con capacidad estatal, con independencia de la forma organizativa.
11.
La relevancia del trabajo de Frontline no reside en añadir un episodio más a una historia conocida. Reside en mostrar cómo el uso de testaferros permite que esta conducta persista en el tiempo. De ello no se desprende vindicación, sino claridad sobre por qué la rendición de cuentas no se logra sustituyendo individuos.
Ricardo F. Morín Un acuerdo para disentir Acuarela, gouache, corrector líquido y tinta negra sobre papel 14″x20″ 2005
Ricardo F. Morín
9 de enero de 2026
Oakland Park, Fl.
Algunos antagonismos no reclaman vindicación, sino claridad
*
Nuestro intercambio reveló no un desacuerdo susceptible de resolución, sino una desalineación que no podía repararse mediante una argumentación adicional. Lo que en un inicio pareció una diferencia analítica fue dejando ver una divergencia más profunda en la manera misma de abordar la comprensión. En ese punto, la explicación dejó de aclarar y comenzó a oscurecer.
Hay momentos en la vida en los que las relaciones antagónicas deben ser afrontadas no para prevalecer, sino para reconocer límites. No todo cuestionamiento constituye una invitación al intercambio, ni toda afirmación de autoridad merece respuesta. Cuando el discurso se desplaza de la indagación hacia la autoafirmación, la tarea deja de ser la persuasión y pasa a ser el reconocimiento: de lo que puede compartirse, de lo que no, y de cuándo la distancia se convierte en una forma de integridad y no de evasión.
El distanciamiento, así entendido, no supone una abdicación de la razón ni una retirada del rigor. Supone el reconocimiento de que la autoridad intelectual no surge de la superioridad moral, de la acumulación de fuentes ni de la exigencia de ser reconocido como correcto. Una autoridad que no tolera límites se socava a sí misma por la postura que adopta.
El distanciamiento, entonces, no es ni silencio ni concesión. Es un apartamiento que tiene peso: liberador y decepcionante, real y conmovedor. No ofrece consuelo, pero afirma la vida misma al negarse a persistir en la distorsión. Lo que permanece no es la victoria, sino una verdad preservada mediante la contención.
La autoridad intolerante de los límites sucumbe a la soberbia por sí misma.
La transición de Venezuela y la supervivencia de Ucrania constituyen ahora una sola prueba: si el poder puede ser contenido sin ilusiones, y si Estados Unidos es capaz de actuar con coherencia incluso cuando su presidente no logra percibirla plenamente.
Este texto no propone una política ni anticipa un desenlace. Señala el umbral en el que la coherencia deja de ser discrecional y pasa a convertirse en una condición de supervivencia.
Estados Unidos no puede actuar en un escenario de manera que invalide los principios que afirma defender en otro. Si la soberanía, la integridad territorial, la continuidad institucional y la responsabilidad jurídica se consideran vinculantes en Ucrania, no pueden volverse flexibles, provisionales o estratégicamente inconvenientes en Venezuela. Y el principio inverso debe sostenerse igualmente: si esos mismos principios se tratan como vinculantes en Venezuela, no pueden relajarse, reinterpretarse ni aplicarse de forma selectiva en Ucrania. Una vez cruzada esa línea en cualquiera de los dos sentidos, la coherencia se derrumba, no solo en el plano retórico, sino estructural. El poder deja de estabilizar resultados y comienza a administrar el deterioro.
No se trata de una afirmación moral, sino funcional. El poder contemporáneo no fracasa por carecer de fuerza, sino por perder consistencia interna. Cuando los mismos instrumentos —sanciones, acusaciones judiciales, presión militar, reconocimiento diplomático— se aplican según la conveniencia del momento y no conforme a principios, dejan de restringir a los adversarios. Los instruyen. Rusia y China no necesitan imponerse militarmente si pueden demostrar que la legalidad misma es selectiva, contingente y susceptible de reinterpretación por quien detente la ventaja circunstancial.
Por esta razón, ninguna transición puede apoyarse en la personalización. La confianza entre líderes no sustituye la verificación, ni el trato personal puede reemplazar a las instituciones. Esta vulnerabilidad es bien conocida en la diplomacia centrada en personalidades y ha sido especialmente visible bajo Donald Trump, en su reiterada mala lectura de Vladimir Putin. Sin embargo, el peligro más profundo no es psicológico, sino procedimental. Una política que depende de quién habla con quién no resiste la presión. Solo puede perdurar aquella que sigue siendo legible cuando las personalidades desaparecen.
Tampoco pueden proclamarse resultados antes de que existan las instituciones capaces de sostenerlos. El control territorial sin autoridad civil no es estabilidad. Las elecciones celebradas sin garantías de seguridad exigibles no son legitimidad. El acceso a los recursos sin mecanismos de custodia, auditoría y revisión jurídica no es recuperación, sino extracción bajo otra denominación. Cuando Estados Unidos acepta resultados sin estructuras, aplaza el colapso en lugar de prevenirlo.
Igualmente corrosiva es la improvisación jurídica. El derecho aplicado a posteriori —acusaciones justificadas retroactivamente, sanciones reajustadas para acomodar hechos consumados— no limita el poder; lo representa. Cuando la legalidad se vuelve explicativa en lugar de normativa, pierde su capacidad disciplinaria. Los adversarios aprenden que las reglas son instrumentos narrativos, no límites efectivos.
Por último, no puede haber tolerancia alguna hacia la preservación de intermediarios coercitivos. Una transición que deja intactas milicias, financiadores opacos o estructuras de coerción paralelas no es una transición. Es una redistribución del riesgo que garantiza una ruptura futura. Los actores externos pueden ser contenidos, auditados o retrasados, pero no pueden ser apaciguados mediante la ambigüedad sin socavar todo el proceso.
La prueba es severa e implacable. Si una acción adoptada en Venezuela o en Ucrania no pudiera defenderse, palabra por palabra, al aplicarse en el otro caso —o si una concesión aceptada en uno fuese condenada al reproducirse en el otro— entonces el axioma ya ha sido vulnerado.
Lo que, por tanto, debe mantenerse verdadero en ambos escenarios a la vez es lo siguiente: el poder debe someterse al mismo estándar que invoca, sin excepciones, sin personalización y sin refugiarse en una conveniencia disfrazada de realismo.
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Autoridad donde la legitimidad aún no ha convergido
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Esta sección no evalúa la legitimidad democrática ni el mérito político. Observa cómo se constituye y se ejerce la autoridad cuando la coherencia se encuentra bajo presión.
Una pregunta formulada durante una conferencia de prensa —relativa a la coalición opositora encabezada por María Corina Machado y a la victoria electoral de Edmundo González Urrutia— provocó una respuesta desdeñosa del presidente Donald Trump. Al preguntársele por qué un liderazgo de transición no se articularía en torno a dicha coalición, respondió que “no había respeto por ella,” dando a entender una ausencia de autoridad dentro del país.
Tomada al pie de la letra, la observación parece personal. Leída de manera diagnóstica, expone una distinción más consecuente: la legitimidad no se traduce actualmente en autoridad dentro de Venezuela. La misma distinción —entre legitimidad y autoridad exigible— ha marcado la resistencia de Ucrania ante la invasión rusa: una legitimidad establecida internamente que debió ser defendida materialmente frente a la agresión externa.
La victoria electoral, el reconocimiento internacional y la credibilidad moral confieren legitimidad. No confieren, por sí solos, poder exigible. La autoridad, tal como existe sobre el terreno, deriva de la capacidad de imponer cumplimiento —ya sea mediante el control de instituciones coercitivas, de puntos críticos de recursos o de la maquinaria operativa del Estado. En Ucrania, esa autoridad se ejerce de forma defensiva para preservar un orden soberano ya legítimo frente a la agresión externa. En Venezuela, la autoridad persiste con independencia del resultado electoral, sostenida por instituciones y mecanismos desvinculados de la legitimidad.
En este sentido, la cuestión planteada por la observación de Trump no es si la coalición de Machado es legítima, sino qué otorga actualmente autoridad dentro del país —y quién es capaz de hacer cumplir decisiones, evitar la fragmentación o imponer obediencia. La respuesta no es retórica ni normativa. Se trata de cómo la autoridad se constituye y se ejerce actualmente, bajo las condiciones presentes.
La reciente discusión en torno al involucramiento de Estados Unidos con actores venezolanos ha vuelto esta distinción operativa, más que abstracta. La marginación de María Corina Machado no ha girado en torno a cuestiones de legitimidad democrática, mandato electoral o reconocimiento internacional. Ha girado en torno a su negativa a participar en arreglos transaccionales con los estratos tecnocráticos y financieros existentes que actualmente ejercen control dentro del Estado. En contraste, figuras como la Vice Presidente Delcy Rodríguez son tratadas como interlocutoras viables precisamente porque detentan una autoridad ejecutable mediante la continuidad de aquellos mecanismos —coercitivos, financieros y administrativos— que persisten con independencia de la legitimidad. La criminalidad, en esta lógica, no resulta descalificadora. Constituye una prueba de control. Lo que se privilegia no es la credibilidad moral, sino la capacidad de negociación bajo presión.
Esta distinción importa porque las transiciones que confunden legitimidad con autoridad tienden a derivar en desorden o enquistamiento. La autoridad negociada sin legitimidad produce represión. La legitimidad afirmada sin autoridad produce parálisis. Una transición duradera exige que ambas converjan, pero no parten del mismo punto ni convergen a través de los mismos medios.
En Ucrania, legitimidad y autoridad están alineadas, aunque tensionadas por la agresión externa; en Venezuela, la autoridad persiste en ausencia de legitimidad. Tratar estas condiciones como moral o procedimentalmente equivalentes oscurece las obligaciones que imponen. Cuando el apoyo se condiciona con mayor severidad allí donde la legitimidad está intacta que allí donde está ausente, la coherencia cede paso a un desequilibrio ético.
La observación de Trump no aclara la estrategia de Estados Unidos. Sin embargo, expone la línea de falla a lo largo de la cual la política corre ahora el riesgo de fracturarse: si la autoridad es evaluada y transformada en relación con la legitimidad, o acomodada al margen de ella en nombre del orden. La elección no es neutral. Determina si el poder refuerza o socava los principios que invoca.
La distinción entre legitimidad y autoridad no invalida la exigencia de coherencia. La afila. Cuando la coherencia se abandona de forma selectiva, el colapso deja de ser un riesgo y pasa a ser un resultado.
Ricardo Morín Retrato de un presidente 14 x 20 pulgadas Acuarela, tinta sumi, creyones de cera, y gesso sobre papel 2003
Ricardo F. Morín
31 de diciembre de 2025
Oakland Park, Fl.
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Nota del autor
Este ensayo continúa una indagación iniciada en « Retrato de un Presidente: Ensayo diagnóstico sobre poder, postura y patrón histórico », donde los patrones de actuación del Poder Ejecutivo fueron examinados a partir de acciones observables y no de intenciones declaradas. El presente texto desplaza esa indagación del plano descriptivo al procedimental; toma una orden ejecutiva reciente sobre inteligencia artificial como caso para examinar cómo se determinan, se revisan y se sostienen las decisiones.
El ensayo se publica a continuación de « La aritmética del progreso », que analiza cómo los relatos contemporáneos del progreso suelen disociar el cálculo de la consecuencia. Leído en secuencia, ese texto establece las condiciones generales bajo las cuales las apelaciones a la inevitabilidad y a la eficiencia adquieren fuerza, mientras que el presente ensayo examina, en cambio, cómo esas apelaciones operan dentro del propio proceso ejecutivo.
Este ensayo se apoya asimismo en « Gobernar por Excepción: El Poder Ejecutivo Estadounidense », publicado a comienzos de este año, donde se examinó la normalización de medidas excepcionales en la presidencia contemporánea. Mientras aquel texto se centraba en la expansión de la discrecionalidad ejecutiva, el presente ensayo examina las consecuencias procedimentales que se producen cuando la excepción se vuelve rutinaria.
El ensayo también guarda relación con « ¿Convergencia por diseño o por consecuencia?: Sobre Trump, Putin y el eje velado de Kiev a Caracas », dedicado a examinar la alineación entre autocracias contemporáneas en el plano geopolítico. Aquí, el enfoque se desplaza hacia el interior —al procedimiento ejecutivo doméstico— para considerar cómo métodos similares de ejercicio de la autoridad pueden emerger sin coordinación explícita ni declaración ideológica.
Considerados en conjunto, estos ensayos conforman una secuencia de indagación más que un argumento unificado. Cada uno aborda el mismo problema desde un registro distinto —excepción, cálculo, procedimiento y alineación— sin requerir continuidad de título ni de tema.
Este ensayo ocupa el centro de esa secuencia. A lo largo del análisis, la acción designa la acción del Poder Ejecutivo en su relación con las demás ramas del gobierno estadounidense. Desde ese punto de partida, el ensayo se inicia en una observación sobre la ordenación del ejecutivo bajo condiciones de urgencia y traza cómo la restricción constitucional puede verse desplazada en la práctica sin ser formalmente abolida.
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Dislocación procedimental y la retórica de la dominación
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I
La reciente orden ejecutiva que presenta la inteligencia artificial como una cuestión de “dominación global” ofrece un ejemplo pertinente sobre dislocación procedimental y la retórica de la dominación. No es necesario compartir los objetivos declarados de la orden ejecutiva para que amerite examen. Su relevancia no reside en lo que promete alcanzar, sino en la manera en que impulsa el avance de las decisiones.
La inteligencia artificial entra en este análisis no como un asunto técnico, sino como un contexto en el que la acción del Poder Ejecutivo se presenta como urgente. La orden parte del supuesto de que la rapidez y la dirección centralizada son condiciones necesarias para el éxito. Como consecuencia, las decisiones avanzan antes de que las formas existentes de revisión, coordinación y elaboración normativa hayan tenido oportunidad de definir sus términos.
Este ordenamiento resulta significativo. Cuando la autoridad presidencial se afirma en primer lugar, la deliberación queda relegada a condiciones restringidas. La revisión institucional —entendida aquí como los criterios previos a la acción, los umbrales de evaluación y la secuenciación mediante la cual las decisiones suelen autorizarse— deja de determinar si la acción del Poder Ejecutivo debe proceder y pasa, en cambio, a ajustarse a una acción ya en curso. Una vez fijada esta secuencia, las formas posteriores de participación —ya provengan de agencias, órganos consultivos o instancias constitucionales— pueden matizar la implementación sin alterar la dirección de los decretos presidenciales.
Este ensayo considera la orden como un caso de ese ordenamiento. Examina lo que sigue cuando la urgencia gobierna la temporalidad de las decisiones y cuando afirmaciones amplias de propósito comienzan a desempeñar funciones que normalmente corresponden a la revisión, la coordinación y la elaboración normativa.El interés no es el liderazgo tecnológico en sí, sino lo que sucede cuando las decisiones avanzan antes de que existan medios para evaluarlas, revisarlas o contenerlas.
II
Las decisiones ejecutivas determinan la dirección dentro del ámbito del Poder Ejecutivo; la acción ejecutiva compromete esa determinación a consecuencias institucionales.
Cuando las decisiones se adoptan antes de una revisión sostenida, el orden de la evaluación se invierte. La revisión procedimental —en tanto condición de pre autorización— deja de regir si la acción del Poder Ejecutivo queda autorizada y pasa, en cambio, a concebirse como un paso anticipado después de que la acción ejecutiva ya ha sido puesta en marcha. Esta inversión entre inversión y autorización altera la forma en que se distribuye la responsabilidad dentro del proceso ejecutivo.
En esta secuencia, los criterios articulados se difieren en lugar de establecerse.La revisión judicial existe, pero suele producirse después de la implementación, cuando las políticas ya han comenzado a surtir efecto.Los controles del Congreso existen, pero dependen de la coordinación, del momento político y de alineamientos que los relatos de urgencia comprimen, desplazan o eluden activamente. Los remedios constitucionales existen, pero operan en horizontes temporales incompatibles con una acción ejecutiva acelerada.Los estándares mediante los cuales una decisión podría evaluarse —alcance, límites, parámetros o condiciones de revisión— permanecen indefinidos en el momento de la ejecución.La ausencia de criterios articulados se presenta como provisional, aun cuando la acción del Poder Ejecutivo avanza como si dichos criterios ya estuvieran ya resueltos.
Este análisis no parte del supuesto de que los controles constitucionales estén ausentes.En ausencia de criterios articulados, no existe un punto de referencia estable frente al cual una decisión pueda evaluarse, ajustarse o detenerse. La revisión se vuelve reactiva, encargada de acomodar decisiones ya adoptadas en lugar de someter a examen sus premisas.
Esta secuencia también altera el papel de la participación institucional.Las agencias y los órganos consultivos quedan situados para responder dentro de instancias de revisión posteriores a la implementación, en lugar de contribuir a la formación misma de la decisión.Su intervención se desplaza de la deliberación a la implementación, reduciendo el espacio disponible para una participación sustantiva.
Lo que emerge no es la eliminación de la revisión.Las restricciones permanecen formalmente intactas, pero ya no se determinan si la acción del ejecutivo debe proceder; intervienen sólo después de que la acción ya ha comenzado.
El resultado no es la eliminación de la restricción, sino su desplazamiento:los mecanismos concebidos para gobernar si la acción del Poder Ejecutivo procede; intervienen únicamente después de que dicha acción ya ha comenzado.Los controles constitucionales solo entran en funcionamiento una vez que se ha puesto en marcha la acción ejecutiva, en lugar de regular si dicha acción puede llevarse a cabo.
III
La prelación normativa federal se afirma antes de que exista una estructura sustitutiva.En este caso, la actividad regulatoria a nivel estatal queda desplazada aun cuando todavía no se ha establecido un marco federal integral que asuma su lugar.El ejercicio del poder por decreto se afirma con anterioridad a los mecanismos que normalmente deberían sostener, coordinar o limitar la acción del Poder Ejecutivo.
No se trata aquí de una cuestión de supremacía constitucional.El marco constitucional que rige la prevalencia de la ley federal sobre la ley estatal está bien establecido, aunque su aplicación sigue siendo objeto de controversia. El problema es de secuencia. La prelación normativa suele desplazar regulaciones existentes al sustituirlas por una alternativa definida mediante la cual se reasignan responsabilidades, supervisión y rendición de cuentas. Cuando esa sustitución no se produce, el desplazamiento genera un vacío, no una transición.
Esta secuencia reordena el papel de los estados. En lugar de servir como espacios de coordinación, experimentación o gobernanza provisional, son tratados principalmente como fuentes de fricción. Sus esfuerzos regulatorios se caracterizan como interferencia, aun cuando no se haya ofrecido ninguna estructura destinada a absorber las funciones regulatorias que están siendo desplazadas.
El resultado de esta organización es una forma de autoridad que se ejerce antes de contar con el apoyo institucional necesario para sostenerla. La prelación opera como afirmación más que como arreglo. La cuestión que se plantea no es si la autoridad existe, sino cómo se espera que la autoridad ejecutiva funcione una vez ejercida sin las estructuras que normalmente la sostienen.
IV
La orden ejecutiva invoca una carrera global por la dominación como justificación de la urgencia. Esta referencia se introduce sin especificar participantes, alcance ni criterios. La referencia se presenta como una condición y no como una afirmación que requiera articulación o examen.
Al no estar definida, la carrera no puede ser evaluada desde el punto de vista procedimental. No se ofrecen parámetros para medir el avance o la demora, ni se establece un horizonte temporal frente al cual puedan pautarse las acciones del Poder Ejecutivo. Aun así, la invocación se trata como decisiva.
Una vez invocado, este encuadre global reconfigura el tiempo y la secuencia de la revisión y la coordinación internas. Los procesos de revisión, coordinación y equilibrio federal pasan a medirse frente a un ritmo afirmado externamente. Las salvaguardas procedimentales comienzan a aparecer como pasivos, no porque hayan fallado, sino porque operan a un ritmo considerado incompatible con la carrera afirmada.
De este modo, la invocación de una “carrera” global no especifica qué está en juego; en su lugar, la apelación a la competencia global reubica el tiempo de la toma de decisiones en un ritmo afirmado externamente. La ausencia de especificación habilita la aceleración.
La relevancia de esta reordenación procedimental no reside en si existe competencia global, sino en cómo su invocación altera la secuencia interna del Poder Ejecutivo estadounidense. Una referencia externa se introduce como justificación procedimental y permite que las decisiones ejecutivas avancen antes de que existan una revisión sostenida y una estructura articulada.
V
Junto al encuadre competitivo externo, la presión interna también modifica el momento y la forma en que avanzan las decisiones ejecutivas. Esta presión proviene de actores privados con una exposición financiera concentrada en el desarrollo y el despliegue de tecnologías de inteligencia artificial. Sus inversiones dependen de la aceleración, la escala y una limitación de la regulación.
Estos actores no requieren coordinación para ejercer influencia. Sus intereses convergen de manera estructural. Las demoras asociadas a una revisión sostenida, a una supervisión escalonada o a una regulación descentralizada introducen incertidumbre en los horizontes de inversión. La aceleración, por el contrario, estabiliza las expectativas y preserva ingresos potenciales.
Esta presión opera con anterioridad a la deliberación pública. Se manifiesta a través de funciones de asesoría, consultas de política pública y mecanismos formales de cabildeo que existen fuera de la secuencia de revisión abierta. La influencia no es ilícita; está institucionalizada. Lo que distingue a esta influencia es su temporalidad y su asimetría.
Dado que estos intereses no quedan plenamente expuestos en el registro formal de la toma de decisiones y de la revisión, sus efectos aparecen como indirectos. No obstante, modelan las condiciones bajo las cuales la urgencia se encuadra como necesidad y la prelación ejecutiva como inevitabilidad. La ausencia de criterios articulados no obstaculiza este proceso; lo facilita al mantener los resultados flexibles mientras la dirección permanece fija.
La competencia externa proporciona una razón para la aceleración, mientras que la presión de la inversión interna la sostiene. De este modo, la dislocación procedimental se refuerza desde el interior de la propia secuencia ejecutiva. En conjunto, ambas generan un entorno ejecutivo en el que la aceleración se justifica de manera continua, incluso cuando la revisión institucional y las estructuras de sustitución permanecen diferidas.
VI
Lo que sigue marca un desplazamiento no en el contenido de la política, sino en la manera en que se orienta la acción del Poder Ejecutivo cuando la guía procedimental deja de regir su temporalidad.
Cuando las decisiones continúan avanzando sin criterios articulados ni estructuras de sustitución, el lenguaje comienza a asumir funciones que ordinariamente corresponden a la guía procedimental. Por guía procedimental, este análisis se refiere a los criterios articulados, los umbrales de revisión, la secuencia institucional y las estructuras de sustitución mediante las cuales las decisiones suelen evaluarse, revisarse o suspenderse antes de que la acción del Poder Ejecutivo proceda. En lugar de ello, las órdenes ejecutivas se emplean para encuadrar la acción del Poder Ejecutivo y para proporcionar orientación allí donde la guía procedimental está ausente.
En este contexto, términos como “dominación”, “necesidad” o “liderazgo” no operan principalmente como descripciones. Dichos términos establecen dirección sin especificación. Su función es hacer avanzar las decisiones mientras dejan sin resolver los objetivos, los límites y las medidas.
Esta ampliación del lenguaje modifica la manera en que se comprende la acción del Poder Ejecutivo. En lugar de aclarar qué se hace y bajo qué condiciones, el lenguaje organiza la atención en torno al impulso procedimental. El movimiento mismo pasa a ser la prioridad, aun cuando los fundamentos de la evaluación permanezcan sin asentarse.
El efecto es acumulativo en el tiempo. A medida que aumenta la dependencia del encuadre retórico, quedan disponibles menos marcadores procedimentales para ralentizar, revisar o redirigir la acción del Poder Ejecutivo. El lenguaje comienza a asumir responsabilidades que normalmente corresponden a la revisión y a la especificación.
En esta etapa, el lenguaje no ha desplazado por completo a la explicación, pero ha comenzado a excederla. Este lenguaje continúa remitiéndose a la política, pero ahora desempeña un trabajo adicional al sostener la acción del Poder Ejecutivo en ausencia de un soporte procedimental asentado.
VII
Las solicitudes de especificación dejan de conducir a criterios articulados o a mecanismos de revisión y pasan, en cambio, a producir la reiteración del encuadre original. La explicación cede ante el énfasis, y el énfasis ante la repetición, sin que se resuelvan los vacíos procedimentales subyacentes.
A medida que el lenguaje comienza a asumir responsabilidades que normalmente corresponden a la revisión y a la especificación, su relación con la explicación se modifica. Las formulaciones inicialmente destinadas a orientar la comprensión pasan a convertirse en puntos de referencia que se repiten en lugar de ser examinados.
Con el tiempo, este patrón reduce la capacidad de pausar, reconsiderar o revisar decisiones ya en curso. Cuando el lenguaje pasa a utilizarse para sostener la acción, volver sobre sus premisas se vuelve más difícil. El ajuste aparece como retroceso y la reconsideración como demora, aun cuando no se hayan articulado estándares asentados.
El efecto de esta sustitución retórica no es una resistencia abierta a la revisión, sino un estrechamiento de su alcance. La revisión persiste formalmente, pero queda cada vez más encargada de acomodar decisiones ya avanzadas. El espacio para cuestionar la secuencia, la autoridad o los criterios se contrae sin cerrarse de manera explícita.
En este punto, el lenguaje ya no se limita a impulsar la acción del Poder Ejecutivo; comienza a protegerla. Las decisiones siguen siendo explicables en términos generales, pero se vuelven menos accesibles a un examen sostenido. Lo que ha cambiado no es la transparencia, sino las condiciones bajo las cuales la clarificación aún puede producirse.
VIII
Esta sección rastrea las consecuencias de sustituciones procedimentales anteriores, mostrando cómo los puntos de referencia para la evaluación desaparecen incluso mientras la acción del Poder Ejecutivo continúa.
Los resultados se proyectan, pero no se especifican. Los medios se despliegan, pero no se miden frente a criterios estables. Está ausente un punto de referencia compartido mediante el cual tanto los medios como los resultados puedan ser evaluados. Cuando las decisiones se adoptan antes de una revisión sostenida y se mantienen mediante encuadres retóricos en lugar de criterios articulados, las bases disponibles para juzgar esas decisiones se reducen.
En tales condiciones, los resultados proyectados dejan de funcionar como controles sobre la acción ejecutiva presente. Los beneficios proyectados permanecen abstractos, diferidos o supeditados a una aclaración futura. En ausencia de parámetros definidos o de mecanismos de revisión, los resultados operan más como justificación que como objetos de evaluación.
Esto desplaza un mayor peso hacia el proceso. Cuando los fines permanecen indeterminados, la secuencia procedimental se convierte en la única medida disponible de legitimidad. Si esa secuencia se encuentra dislocada, no queda base alguna para distinguir entre una acción ejecutiva provisional y una dirección asentada.
Las apelaciones a la necesidad adquieren prominencia en estas condiciones. Estas apelaciones tienden un puente entre medios inciertos y fines no especificados mediante la afirmación de inevitabilidad. Sin embargo, la inevitabilidad no aporta medida; hace avanzar la acción ejecutiva mientras difiere la evaluación.
El resultado es la suspensión de la evaluación, en la medida en que el juicio se difiere hacia resultados que aún no han sido definidos. Los medios del Ejecutivo avanzan sin referencia a fines que puedan ser examinados y dejan la evaluación suspendida en lugar de resuelta.
IX
La significación de lo que sigue no reside en la escalada ni en el colapso, sino en la capacidad de este patrón de gobierno para persistir sin desencadenar una ruptura formal.
Considerada a la luz de la secuencia precedente, la orden ejecutiva aparece menos como respuesta a un desafío tecnológico que como expresión de la forma en que la autoridad presidencial opera en la actualidad.
En esta secuencia, la restricción constitucional persiste de manera formal mientras pierde su capacidad para gobernar el momento de la acción presidencial. Lo que define este modo de operación no es la ambición declarada, sino el ejercicio de la autoridad ejecutiva antes de que existan estructuras, instancias de revisión y criterios de medida asentados.
A pesar de la suspensión de la evaluación procedimental, la acción del Poder Ejecutivo continúa avanzando y se consolida como un patrón de gobierno. La acción del Poder Ejecutivo avanza sin criterios estables, y la evaluación la sigue en lugar de orientarla. El encuadre retórico sostiene la continuidad una vez que la autorización, la especificación y la revisión dejan de gobernar el inicio de la acción, y la inevitabilidad pasa a ocupar el lugar de la articulación.
En estas condiciones, la gobernanza conserva movimiento, pero pierde su referencia procedimental. Las decisiones siguen siendo inteligibles en términos generales, pero resultan cada vez más difíciles de evaluar, revisar o detener.
Más que resolverse en una crisis, la condición persiste mediante la afirmación ejecutiva en lugar de la secuencia procedimental. La autoridad ejecutiva continúa funcionando, pero lo hace con menos puntos internos de corrección.
La relevancia de esta condición no reside en su novedad, sino en su durabilidad. Cuando la dislocación procedimental se convierte en un rasgo estable de la acción ejecutiva, reconfigura la manera en que se entiende la legitimidad y cómo puede ejercerse la rendición de cuentas. Lo que se produce no es una excepción, sino una forma normalizada de proceder.
X
Un orden constitucional presupone la cooperación sin poder imponerla de antemano. La ley establece procedimientos, umbrales y divisiones de autoridad, pero no puede asegurar la disposición de los actores que deben habitar esos roles. La responsabilidad de la cooperación queda así situada precisamente en el punto en que la previsibilidad ya no puede asegurarse —el juicio humano, la ambición, el temor, el cálculo, la fatiga, el orgullo. Esto no constituye un fracaso de la ley como texto; es una condición de la ley como estructura vivida.
Vista de este modo, la inestabilidad no es una aberración introducida únicamente por malos actores. Es una posibilidad siempre presente, generada por el hecho de que los sistemas constitucionales dependen de una contención ejercida de manera voluntaria, secuencial y, a menudo, contra el interés inmediato. Allí donde la cooperación falla, los procedimientos permanecen formalmente intactos, pero pierden fuerza operativa en la práctica. La ley persiste en el papel mientras su capacidad de coordinación se debilita con el tiempo.
Por esta razón, el problema trazado a lo largo de este ensayo es, en última instancia, ético y no moralizante. No plantea quién tiene razón o quién se equivoca, sino qué puede razonablemente esperarse de agentes humanos que operan bajo presión, asimetría y confianza incompleta. La gobernanza constitucional presupone una ética mínima de reciprocidad —un acuerdo para esperar, para impugnar, para diferir, para revisar. Cuando esa ética no logra sostenerse, el sistema no colapsa de inmediato; persiste en una condición en la que la coordinación deja de gobernar la acción. La autoridad del Poder Ejecutivo llena el vacío que deja la cooperación, a menudo en nombre de la continuidad.
Esto explica por qué el desplazamiento resulta duradero, por qué la contención permanece frágil y por qué los sistemas pueden seguir funcionando incluso cuando sus fundamentos éticos pierden fuerza de sostén. La ironía que se sostiene aquí no es pesimista; es lúcida como cierre de la indagación.
Los marcos cooperativos son siempre provisionales. Existen en tensión con la desconfianza, la defección estratégica y la circunstancia cambiante. Nunca quedan resueltos; sólo se renegocian. El hecho ético no es que aparezca la desconfianza, sino que la gobernanza debe funcionar a pesar de ella.
Condiciones preprocedimentales de dislocación
La responsabilidad política comienza antes que la gobernanza. Precede a los programas, a los eslóganes y a la coreografía institucional. Mucho antes de que la autoridad se ejerza, esta es confiada, y en ese acto ya se emite un juicio—no sobre el detalle de la política, sino sobre el temperamento, la contención y la capacidad de autolimitación.
El centro ético del liderazgo no se revela a través de la ambición ni de la promesa retórica, sino mediante señales inmediatamente legibles: flexibilidad sin oportunismo, firmeza sin dominación, cautela sin parálisis. Estas cualidades son visibles casi de inmediato, a menudo en los primeros momentos de exposición. Pasarlas por alto no es un fallo de inteligencia, sino de atención.
Esta responsabilidad no puede desplazarse hacia las instituciones a posteriori. Tampoco puede excusarse por urgencia, fatiga o agravio personal. Una vez conferida la autoridad, el derecho debe gestionar aquello que ya ha sido autorizado, incluso cuando la corrección resulta costosa o se produce con retraso. Ninguna salvaguarda procedimental puede compensar plenamente la indiferencia ética en el momento de la selección.
Los sistemas políticos no se deterioran únicamente por quienes gobiernan. También reflejan los criterios —explícitos o tácitos— mediante los cuales se elige a quienes gobiernan. El bienestar colectivo depende menos de los resultados prometidos que del carácter al que se le permite ejercer el mando. En este sentido, el liderazgo no se impone a una sociedad. Es reconocido, aceptado y sostenido por ella.
Ricardo Morín Escena Seis: La Aritmética del Progreso Óleo sobre lienzo 35,5 x 45,7 x 2 cm 2010
Resumen
Este ensayo examina la suposición de que los avances tecnológicos y científicos han producido una mejora universal en la vida humana. Aunque el discurso contemporáneo suele equiparar innovación con progreso, la distribución de sus beneficios sigue siendo profundamente asimétrica. El crecimiento tecnológico aumenta la capacidad, pero no corrige las inequidades estructurales presentes en los sistemas económicos modernos. Lo que parece un avance colectivo suele reflejar la consolidación de ventajas entre quienes ya estaban posicionados para recibirlas. Al distinguir capacidad de justicia y tendencias agregadas de condiciones reales, el ensayo sostiene que la idea de un mejoramiento histórico es menos una medida de dignidad compartida que una narrativa que oculta jerarquías persistentes.
1
El argumento moderno del progreso se apoya en una premisa conocida: los avances tecnológicos y científicos han hecho que la vida actual sea mejor que en cualquier otro momento de la historia humana. Pensadores como Steven Pinker sostienen esta visión con confianza empírica—señalando el aumento de la esperanza de vida, la reducción de la mortalidad, las mejoras médicas y el incremento sostenido de la alfabetización global. Bajo este marco, la innovación y la expansión macroeconómica constituyen no solo evidencia del mejoramiento histórico, sino los motores que lo producen.
2
Sin embargo, la estructura de este razonamiento es frágil. Equipara la capacidad técnica con el avance cívico y trata la expansión de herramientas como sinónimo de expansión de dignidad. Supone que los beneficios de la innovación se distribuyen de manera natural y uniforme. Sugiere que el progreso es una herencia compartida y no un resultado selectivo. Estas premisas aplanan las complejidades de la vida económica en una narrativa que oculta las asimetrías de las que dependen los sistemas contemporáneos.
3
El registro histórico ofrece otra imagen. El crecimiento tecnológico ha aumentado de forma constante la eficiencia de la extracción, la velocidad de la acumulación y el alcance del poder centralizado. Ha amplificado la productividad sin alterar la jerarquía básica de la distribución. El conocimiento se expande, pero la arquitectura de la inequidad persiste. Lo que parece un avance colectivo suele ser una redistribución de ventajas hacia quienes ya estaban en posición de capturarlas. No es un fallo de la tecnología; es la continuidad de una lógica primitiva incrustada en las estructuras económicas modernas.
4
La promesa ilustrada—que la razón y la innovación elevarían la condición de todos—ha producido, en la práctica, una economía dual. Una parte se beneficia de la capacidad científica, las mejoras médicas y el acceso informativo. La otra experimenta precariedad, desposesión y vulnerabilidad estructural, aun viviendo bajo el mismo horizonte tecnológico. El progreso, en este sentido, no es un hecho universal, sino una abstracción estadística. Describe promedios, no realidades vividas. Trata la media como medida de lo moral.
5
Algunos defienden la concentración de poder argumentando que un gobernante virtuoso podría lograr lo que las instituciones plurales no pueden. Sin embargo, este argumento sustituye la estructura por el carácter. Si la justicia depende del azar de la benevolencia, deja de ser un principio y se convierte en una contingencia.
6
Las narrativas macroeconómicas refuerzan esta ilusión. El aumento del PIB se interpreta como evidencia de ascenso colectivo, incluso cuando la riqueza se concentra en fracciones cada vez más estrechas. La producción globalizada se expande, pero sus beneficios se consolidan entre quienes tienen acceso al capital, a la infraestructura y a privilegios amortiguadores. La apariencia de mejoramiento colectivo oculta la asimetría interna: crecimiento para algunos, estancamiento o deterioro para muchos. La aritmética del progreso se convierte en una retórica de consuelo más que en un diagnóstico de la realidad social.
7
Cuestionar este marco no implica negar los logros de la ciencia ni el valor del descubrimiento. Implica rechazar la confusión entre capacidad y justicia. Implica observar que nuestras herramientas han avanzado mientras nuestras instituciones han permanecido elementales—con frecuencia primitivas—en su distribución del poder y la oportunidad. La inequidad no está menos arraigada hoy que en épocas anteriores; simplemente ha sido racionalizada bajo el estandarte de la innovación.
8
Si emergen ecos de Thomas Paine en este argumento, no son intencionales. Surgen de una intuición compartida: los sistemas que se presentan como ilustrados pueden reproducir las mismas condiciones que afirman superar. Thomas Paine se enfrentó a la monarquía; nosotros enfrentamos la monarquía del capital, que se presenta como progresista mientras opera mediante concentración, asimetría y narrativas manufacturadas de mejoramiento.
9
El desafío no es rechazar el avance tecnológico, sino evaluar sus consecuencias cívicas sin aceptar su mitología. El progreso existe, pero su distribución no es natural ni inevitable. Hasta que se reexaminen, en lugar de darlas por sentadas, las estructuras que distribuyen los beneficios, la afirmación de una mejora histórica funciona menos como un relato de justicia que como una historia que las sociedades se cuentan a sí mismas para evitar enfrentarse a la ausencia de la misma.
Ricardo Morin La gramática del castigo 25 x 30 cm Acuarela 2003
Ricardo F. Morín
Noviembre, 2025
Oakland Park, Florida
Nota del autor
Las sociedades responden al daño mediante dos modos de acción fundamentalmente distintos. Uno se despliega a través de patrones lentos y acumulativos de conducta y creencia que configuran la vida colectiva; el otro, mediante intervenciones deliberadas y codificadas llevadas a cabo por instituciones en nombre del orden. « La gramática del conflicto » y « La gramática del castigo » son ensayos complementarios, cada uno dedicado a uno de estos modos de acción. La gramática del conflicto describe cómo el odio, la victimización, la hipocresía, el tribalismo y la violencia se entrelazan hasta formar un sistema autosostenido —un sistema que se mantiene mediante explicaciones reiteradas en cada giro y que perdura no por necesidad, sino por los relatos que las sociedades eligen reproducir. La gramática del castigo concierne a la autoridad del Estado, es decir, a un ejercicio formal y estructurado del poder que impone consecuencias dentro de límites definidos por la interpretación jurídica. La gramática del conflicto describe cómo el antagonismo cívico y político se vuelve habitual y se justifica a sí mismo. La gramática del castigo aborda los casos en los que el Estado, al exceder sus límites, puede convertir la injusticia en un sistema de normas carentes de razón. Considerados en conjunto, ambos ensayos ofrecen perspectivas complementarias sobre las fuerzas que perpetúan el daño y sobre las decisiones deliberadas que pueden interrumpir su recurrencia.
Resumen
La gramática del castigo aborda las consecuencias que una sociedad impone frente a la transgresión y la manera en que dichas consecuencias configuran el orden político y el paisaje moral. El ensayo trata el castigo como un instrumento cívico limitado y, a la vez, como una práctica arraigada. Describe las condiciones bajo las cuales un mismo acto punitivo puede sostener normas compartidas o debilitarlas, cuando el alcance y el propósito del castigo exceden la justificación moral y cívica original para imponerlo. El desplazamiento más allá de esa justificación suele producirse porque el castigo se extiende más allá de la rendición de cuentas: cuando el castigo se convierte en un vehículo de venganza, en una demostración de poder y en un medio para perpetuar la autoridad o los relatos morales que permiten su continuidad mucho después de que la infracción original ha sido atendida. Este ensayo no se opone al castigo; aborda las condiciones bajo las cuales el castigo desplaza a la justicia. En un momento en que las medidas punitivas configuran cada vez más el discurso político y las políticas públicas, comprender la lógica interna del castigo resulta esencial para preservar la frontera entre justicia y poder.
El ensayo describirá cómo el castigo evoluciona desde una respuesta medida a una infracción específica hasta convertirse en un sistema autosostenido de gobierno. Mostrará cómo las instituciones creadas originalmente para restablecer la justicia llegan a afirmar autoridad, a sostener relatos de legitimidad y a ocultar los principios que fueron establecidas para defender. El análisis identificará las condiciones bajo las cuales el castigo conserva credibilidad (cuando el ejercicio de la autoridad punitiva se encuentra delimitado por la razón, el procedimiento, el alcance, la proporcionalidad, el tiempo y la revisión) y los puntos en los que el castigo deja de proteger el orden social y comienza, en cambio, a perpetuar el daño. El ensayo, sin embargo, no dictará políticas específicas ni condenará el uso de políticas. Su propósito será aclarar los roles atribuidos al castigo, los puntos en los que dichos roles se descomponen y la forma en que la dependencia continuada de medidas punitivas pone de manifiesto elecciones sociales más profundas relativas a la autoridad, la responsabilidad y el impulso de responder al agravio—elecciones que revelan tanto los valores de una sociedad como sus temores.
1
El castigo es un acto público que impone un costo como respuesta a la infracción de una ley o de una norma compartida. El castigo marca un límite, declara una regla y demuestra su aplicación. Esta definición distingue el castigo de la prevención, la restricción, la rendición de cuentas y la reparación. La prevención se refiere a hechos que aún no han ocurrido. La restricción limita la capacidad de un individuo o de un grupo para causar daño. La rendición de cuentas establece hechos y asigna responsabilidad. La reparación aborda la pérdida e intenta restituir lo que ha sido sustraído. El castigo se diferencia de estas respuestas porque aborda una violación específica después de ocurrida e impone una consecuencia.
2
Toda evaluación seria del castigo debe responder a tres preguntas: ¿cuál es el propósito del castigo?, ¿a quién va dirigido el castigo?, y ¿cuál es el resultado del castigo? La primera pregunta se refiere a una intención razonada, en oposición a una vaga. La segunda concierne al objetivo y al alcance del acto punitivo. La tercera se refiere a su manifestación, en contraste con la intención original del castigo. Un castigo que invoca la disuasión pero produce recurrencia, o que resiste el cumplimiento, yerra no en grado sino en la comprensión del castigo como instrumento. Al ignorar la causa, la aplicación del castigo puede confundir reacción con resolución y ejecutar justicia sin comprensión —un ciclo que no corrige nada porque no comprende nada.
3
Se reconocen comúnmente cuatro propósitos principales del castigo: delimitación de fronteras, disuasión, incapacitación y reconocimiento. La delimitación de fronteras define los límites de la conducta aceptable y afirma que las reglas conservan significado únicamente cuando su violación conlleva una consecuencia; dichos límites deben definirse con claridad. La disuasión busca prevenir daños futuros haciendo visible y mensurable el costo de la infracción. La incapacitación protege a la sociedad restringiendo la capacidad del infractor para causar nuevas lesiones. El reconocimiento satisface la necesidad moral de afirmar que se ha producido una falta y que la comunidad ha respondido a ella. Estos fines son conceptualmente claros, pero su eficacia depende de la interpretación y de la aplicación —cada una revelando si la búsqueda del orden permanece fiel a la idea de justicia.
4
Una sanción concebida inicialmente para corregir una infracción específica puede, con el tiempo, ser transformada por las instituciones en un instrumento de gobierno. Esta transformación comienza cuando las autoridades amplían el alcance de la sanción, la aplican de manera reiterada como demostración mecánica y tratan su continuidad como prueba de la autoridad institucional y de la legitimidad del sistema. Lo que comienza como una reacción dirigida a una violación concreta es repetido, extendido y mantenido más allá de su ámbito original. Con el tiempo, la expectativa de la acción punitiva adquiere una dinámica propia y el apoyo al castigo se convierte en un marcador de adhesión al orden vigente. Acciones que en un principio se orientaban a corregir conductas evolucionan hacia afirmaciones de dominio, y la disidencia es reinterpretada como deslealtad. A medida que este proceso se profundiza, las sanciones se vuelven más severas, el círculo de responsabilidad se amplía y los límites temporales se disuelven. El castigo, aplicado en un inicio para resolver un conflicto, se mantiene bajo condiciones que reproducen ese mismo conflicto. Cuando una medida punitiva debe repetirse indefinidamente solo para demostrar que una regla sigue vigente, la medida deja de reforzar la regla; la medida misma se convierte en la regla. Cuando el castigo se aplica de manera habitual, su función cambia —ya no opera como ley sino como poder. El hábito otorga al poder un vocabulario moral que disfraza su interés como principio. Cuando la ley adopta el tono de la justicia misma, el castigo se presenta como restauración.
5
Una vez que el poder comienza a hablar en lugar de la ley, la línea entre lo permitido y lo prohibido puede permanecer oscura, pero la sanción por la transgresión es cierta. Tal oscuridad transforma la ley de un límite de comprensión en un campo de intimidación. El poder adquiere elasticidad al rehuir la claridad; recompensa a quienes se conforman y aísla a quienes interpretan con excesiva libertad. En esta inversión, el Estado de derecho sobrevive solo en la forma, mientras que su gramática—definición, proporción y previsibilidad—ha sido borrada.
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La legitimidad es el fundamento sobre el cual se sostiene el castigo. Sin legitimidad, el castigo deja de funcionar como justicia y se convierte en una imposición de poder sin control —un ejercicio de poder sin base jurídica. La legitimidad exige definición; la tiranía prospera en la ambigüedad. Para que el castigo sea legítimo, las reglas que impone deben establecerse con antelación, redactarse en un lenguaje comprensible para el público y quedar abiertas al examen y a la revisión mediante procedimientos legales. Redactar las reglas de antemano es vincular el poder a la razón; convierte el castigo en un acto cívico —previsible, responsable y compartido— y no en la decisión de quien detenta el mando. Cuando se cumplen estas condiciones, el castigo cumple una función cívica, refuerza el Estado de derecho y asegura su propia legitimidad en lugar de debilitarla.
7
Los límites temporales son salvaguardias esenciales que impiden que el castigo se convierta en una condición permanente. Una consecuencia sin un punto final definido deja de abordar una violación específica y se transforma en una estructura permanente de poder. Cuando la duración del castigo no está limitada por su propósito, el castigo deja de servir a la ley y la sustituye. Este principio se aplica tanto dentro de las sociedades como entre ellas: una sanción impuesta a un individuo, a una comunidad o a un Estado sigue la misma lógica moral y estructural. En las relaciones internacionales, medidas punitivas como sanciones o embargos funcionan como instrumentos de disciplina entre Estados y corren el mismo riesgo de transformación —de respuesta a dominación— cuando no se define un camino hacia la resolución. La posibilidad de restauración —ya sea mediante reconocimiento jurídico, reconocimiento político o el fin de las hostilidades— no constituye un acto de indulgencia, sino una condición previa para la estabilidad. Sin un punto de cierre definido, la parte castigada carece de incentivos para modificar su curso, y la oposición se convierte en la única respuesta racional. Los órdenes duraderos, cívicos o internacionales, requieren por tanto una salida del castigo si han de asegurar una paz sostenida.
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La disuasión suele describirse como el propósito más racional del castigo; sin embargo, su lógica se invoca con frecuencia bajo condiciones que incluyen otros motivos. Bajo estatutos imprecisos, la disuasión deja de advertir y comienza a confundir. Las autoridades políticas invocan a menudo la disuasión para justificar medidas más severas y sostienen que el temor a la consecuencia evitará daños futuros. Pero el temor impone cumplimiento sin abordar las condiciones subyacentes que dan origen a la transgresión. Una política punitiva diseñada para intimidar, en lugar de comprender o corregir dichas condiciones, se convierte menos en un instrumento de prevención y más en un mecanismo de afirmación del control. No enseña respeto por el Estado de derecho, sino sumisión al poder. Cuando la disuasión funciona de este modo, deja de servir a la justicia y sostiene, en cambio, la misma inestabilidad que afirma prevenir.
9
La incertidumbre es una condición inherente a todo sistema de castigo. Los hechos suelen ser incompletos, los motivos se entremezclan y las consecuencias rara vez pueden predecirse con precisión. Cuando la falta de razón se institucionaliza bajo el pretexto de la incertidumbre, surge la tentación de castigar no por actos ya cometidos, sino por aquellos meramente anticipados. Medidas como la detención preventiva o la deportación se imponen no sobre conductas verificadas, sino sobre supuestos relativos a comportamientos futuros. Estas acciones, aunque defendidas como salvaguardias frente a posibles daños, corren el riesgo de convertir la sospecha en veredicto. Esta forma de castigo preventivo difumina la distinción entre justicia y prevención, sustituyendo la evidencia por la predicción. A medida que el alcance del castigo se extiende más allá de los actos probados hacia el ámbito de la conjetura, la obligación de justificar su uso debe aumentar de manera proporcional.
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Existen casos en los que el castigo no solo está justificado, sino que resulta necesario. Ciertas violaciones —traición, corrupción sistémica, violencia sostenida— quiebran el fundamento del orden compartido. Ignorar tales violaciones indica que las reglas comunes han dejado de acarrear consecuencias; esta quiebra en la aplicación crea las condiciones para nuevos daños. En tales circunstancias, el castigo funciona como un acto de preservación: restablece límites jurídicos y afirma que ninguna persona o grupo se sitúa por encima de las normas que rigen la vida colectiva. Sin embargo, la legitimidad de esta respuesta depende de la proporción y de la contención. Cuando el castigo se convierte en la respuesta automática a toda infracción, deja de servir a la justicia y consolida, en su lugar, una cultura de retribución. El castigo cumple su finalidad únicamente cuando se aplica después de que la explicación razonada, el procedimiento justo y la reparación tangible han fracasado en resolver la violación; bajo esas condiciones, el castigo restituye los límites del orden sin extender el daño más allá de lo necesario.
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La clemencia funciona como una condición limitante dentro de los sistemas de castigo, más que como una negación de la justicia. Allí donde los sistemas jurídicos conservan mecanismos de indulto, revisión o ajuste proporcional, el castigo permanece acotado por su propósito cívico original. Los sistemas que aplican el castigo sin posibilidad de mitigación o terminación tratan la duración como autoridad y convierten la consecuencia en permanencia. Bajo tales condiciones, el castigo deja de responder a una infracción específica y establece, en cambio, una relación duradera de dominación.
La disponibilidad de la clemencia modifica el funcionamiento del castigo al introducir límites temporales y proporcionales. Estos límites impiden que la autoridad punitiva se extienda más allá de las circunstancias que justificaron su aplicación inicial. Cuando el procedimiento jurídico excluye tales límites, la aplicación persiste de manera independiente de la conducta que la motivó, y la legalidad se reduce a repetición en lugar de juicio. En esa condición, el castigo se administra como una práctica continua más que como una respuesta razonada.
Los sistemas que incorporan la clemencia preservan una distinción entre ley y mando al permitir que el castigo concluya una vez cumplido su propósito declarado. Allí donde se mantiene esa distinción, el castigo sigue siendo un instrumento dentro de la ley y no un sustituto de ella. Allí donde no se mantiene, el castigo opera sin referencia a la restauración y la pertenencia cívica es reemplazada por una exposición continuada a la sanción.
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Estos principios no son abstracciones, sino salvaguardias que mantienen el ejercicio del poder sujeto a la ley. Cuando las instituciones aplican el castigo dentro de esos límites, la ley conserva su credibilidad porque la consecuencia permanece vinculada a la razón. Cuando las instituciones exceden esos límites, el castigo reemplaza a la ley como fuente de autoridad y el conflicto se expande en el espacio que la razón ha abandonado. En esa condición, el castigo ya no resuelve la transgresión; la reproduce. La justicia subsiste únicamente cuando la ley habla con una claridad que el poder no puede reescribir.
Ricardo Morín Triangulación 10: Una propuesta planetaria 56 x 76 cm Acuarela y lápiz de cera sobre papel 2007
Ricardo F. Morín
Noviembre 2025
Oakland Park, Florida
PREFACIO
Este ensayo procede de un reconocimiento sencillo: las estructuras políticas heredadas por la humanidad ya no corresponden a las fuerzas que hoy configuran su supervivencia. La volatilidad climática, la aceleración digital, la interdependencia económica y la vulnerabilidad transfronteriza operan a escala planetaria. Atraviesan el aire, el agua, los datos y las cadenas de suministro sin atender a los límites territoriales. Sin embargo, el mundo continúa organizado como un conjunto de soberanías discretas, cada una responsable de riesgos que no puede ni contener ni resolver por sí sola.
Lo que sigue no procede del optimismo, de la inevitabilidad ni de visiones de armonía. Parte, en cambio, de la insuficiencia. Las instituciones que en otro tiempo estabilizaron la vida política no fueron concebidas para condiciones en las que la disrupción se propaga de forma global e instantánea. La propuesta aquí expuesta —un sistema estratificado de coordinación planetaria, provisión universal y protecciones para la autonomía cultural— no intenta anticipar qué formas políticas habrán de surgir. Ofrece, más bien, una arquitectura conceptual de aquello que ha pasado a ser pensable si la continuidad humana ha de seguir siendo plausible bajo condiciones de profunda interdependencia.
El ensayo se despliega en tres movimientos. En primer lugar, perfila un marco proporcional a la escala del riesgo contemporáneo. En segundo término, enfrenta las objeciones más sólidas —psicológicas, culturales, geopolíticas, económicas e históricas— que limitan cualquier reorganización de este tipo. A continuación, el análisis se orienta hacia formas transicionales a través de las cuales la identidad local puede persistir y la coordinación puede emerger en contextos donde la fragmentación ya ha introducido riesgo. El trabajo no prescribe un futuro; permanece dentro del horizonte en el que opera hoy la imaginación política.
MARCO DENTRO DE LA TEORÍA POLÍTICA CONTEMPORÁNEA
i
Este ensayo se apoya en un cuerpo creciente de teoría política atento a la brecha cada vez mayor entre las presiones de alcance global y el radio limitado de acción del Estado-nación. Pensadores como Ulrich Beck (World Risk Society, 1999), David Held (Democracy and the Global Order, 1995), Jürgen Habermas (The Postnational Constellation, 2001) y Saskia Sassen (Territory, Authority, Rights, 2006) han mostrado cómo el cambio climático, los sistemas digitales y la interdependencia económica exceden hoy las capacidades de la gobernanza territorial. Beck identifica el riesgo mismo como fenómeno global; Held y Habermas examinan formas de gobernanza multinivel; Sassen describe la migración de la autoridad a través de redes que eluden las fronteras. Este ensayo permanece alineado con estos planteamientos y fundamenta su argumentación no en la probabilidad de que los Estados existentes se unifiquen, sino en condiciones materiales ya en vigor.
ii
Los teóricos del riesgo global —en particular Beck y Anthony Giddens (Runaway World, 1999)— describen un mundo unido por vulnerabilidades compartidas: inestabilidad climática, pandemias, contagio financiero y exposición digital. Ningún Estado puede contenerlas de manera aislada. Este ensayo desarrolla ese diagnóstico al tratar el riesgo compartido como la razón central para el rediseño institucional. Investigaciones sobre soberanía compartida o superpuesta, como las de Anne-Marie Slaughter (A New World Order, 2004) y Neil Walker (Intimations of Global Law, 2015), muestran que la autoridad ya se distribuye en múltiples niveles. Lo que sigue es una observación: la dispersión sin estructura produce fragilidad; la autoridad compartida requiere diseño, no mera acumulación.
iii
Filósofos de la justicia global como Martha Nussbaum (Frontiers of Justice, 2006), Amartya Sen (Development as Freedom, 1999) y Thomas Pogge (World Poverty and Human Rights, 2002) sostienen que las capacidades humanas básicas ya no pueden garantizarse exclusivamente dentro de las fronteras nacionales. El bienestar y la oportunidad se han convertido en hechos transnacionales. Teóricos de la política ambiental como Bruno Latour (Facing Gaia, 2017) y Robyn Eckersley (The Green State, 2004) muestran además que los sistemas ecológicos imponen exigencias que ningún gobierno aislado puede atender. Este ensayo toma estas afirmaciones como relevantes y propone instituciones dimensionadas según la interdependencia ecológica y tecnológica, en lugar de apoyarse en jurisdicciones heredadas.
iv
Los debates en torno al poder digital refuerzan esta necesidad. Autoras y autores como Shoshana Zuboff (The Age of Surveillance Capitalism, 2019), Kate Crawford (Atlas of AI, 2021) y Helen Nissenbaum (Privacy in Context, 2010) documentan cómo la inteligencia artificial, las infraestructuras de datos y los sistemas algorítmicos operan a través de fronteras mientras eluden los marcos nacionales de supervisión. El poder tecnológico se desplaza hoy con independencia de los dispositivos concebidos para regularlo. La propuesta sitúa la gobernanza tecnológica en el núcleo de la coordinación planetaria, y no como una preocupación auxiliar.
v
Tomados en conjunto, estos enfoques indican que ni el repliegue nacionalista ni el universalismo abstracto resultan adecuados para las condiciones presentes. Este ensayo permanece alineado con estos planteamientos y fundamenta su argumentación no en la probabilidad de que los Estados existentes se unifiquen, sino en condiciones materiales ya en vigor. No se orienta hacia la abstracción, sino hacia una propuesta legible y coherente, calibrada según las realidades que ya se están desarrollando.
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I. La propuesta: un nuevo mundo para una especie en convergencia
1
La humanidad se encuentra hoy en un umbral en el que las formas políticas heredadas ya no logran absorber las presiones que configuran la vida colectiva. La inestabilidad climática, la aceleración digital, el desplazamiento migratorio y la interdependencia económica operan a escala planetaria. Atraviesan las fronteras con una velocidad para la cual los sistemas basados en el Estado nunca fueron concebidos. En tales condiciones, la cuestión de la supervivencia converge con la cuestión del rediseño institucional.
2
La propuesta parte del reconocimiento de que los Estados soberanos fragmentan la responsabilidad precisamente en el momento en que la coherencia se vuelve necesaria. Los riesgos se propagan de manera global; la rendición de cuentas permanece localizada. Un marco planetario emerge no como aspiración, sino como respuesta proporcional a vulnerabilidades que exceden la capacidad nacional.
3
Dicho marco se limita a ejercer autoridad únicamente allí donde la fragmentación produce exposición sistémica: a saber, en la salud pública, la estabilización climática, la migración, la gestión de recursos y las tecnologías globales. La autonomía cultural, jurídica y administrativa permanece firmemente radicada en las instituciones regionales y locales.
4
El bienestar universal constituye la base estructural de este planteamiento. No opera como caridad, sino como estabilización. En un mundo interconectado, la privación en una región genera inestabilidad en muchas otras. El acceso a la atención sanitaria, a los recursos esenciales y a una educación significativa define el umbral mínimo de participación en la vida colectiva.
5
De ello se sigue una reconfiguración del valor. Los mercados continúan operando, pero ciertos bienes —salud, educación, seguridad ambiental y acceso digital— quedan garantizados como derechos. El ingreso universal cede su lugar a la provisión universal: un compromiso con las condiciones materiales e intelectuales requeridas para la dignidad y la resiliencia.
6
A medida que estos cambios toman forma, las fronteras asumen una función distinta. Persisten como marcadores administrativos, pero su capacidad para regular el riesgo disminuye. Los sistemas climáticos ignoran los límites; los patógenos los atraviesan sin control; las infraestructuras digitales disuelven las restricciones territoriales. Una arquitectura planetaria aparece así no como un punto de llegada, sino como un ajuste a condiciones ya en curso.
7
Articular un mundo de este tipo no constituye un acto de idealismo, sino de razonamiento proporcional. Las presiones contemporáneas exigen una imaginación política acorde con su escala. Esta propuesta no anticipa el futuro; permanece dentro del horizonte.
II. Los contraargumentos: un examen desde la abogacía crítica
8
La primera objeción se refiere a la identidad. La soberanía no funciona únicamente como un orden jurídico, sino también como un depósito de memoria, historia y continuidad afectiva. Un marco de alcance planetario introduce una capa adicional de identificación para la cual no existe precedente histórico directo.
9
A esta objeción se suma la resistencia geopolítica. Los Estados —en particular aquellos con mayor capacidad de influencia— disponen de escasos incentivos para diluir ventajas estratégicas ya adquiridas. Cualquier forma de autoridad global tiende a ser percibida no como coordinación, sino como pérdida relativa de control.
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Una tercera objeción concierne a la escala. Las instituciones que operan en un ámbito planetario enfrentan riesgos de opacidad, inercia o captura. La coordinación a tal magnitud puede introducir nuevas formas de fragilidad allí donde pretende reducirlas.
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Los argumentos económicos cuestionan la viabilidad. La provisión universal requiere mecanismos distributivos de una complejidad sin precedentes. Los mercados, pese a sus distorsiones, conservan capacidad de adaptación; las alternativas, en cambio, suelen ser percibidas como propensas a la ineficiencia o a la coerción.
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Los planteamientos culturales señalan el riesgo de homogeneización. Incluso bajo protecciones formales, los sistemas de alcance global pueden ejercer presiones sutiles hacia la uniformidad, debilitando especificidades lingüísticas y culturales sin necesidad de imposición explícita.
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Las objeciones psicológicas subrayan los límites de la contención. La cooperación a escala planetaria presupone capacidades de empatía y autocontrol que no siempre se sostienen en ausencia de incentivos claros o de mecanismos de cumplimiento.
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La memoria histórica refuerza el escepticismo. Proyectos de integración previos han dado lugar, en numerosos casos, a procesos de fragmentación. Un marco planetario podría generar resistencia precisamente en razón de su amplitud.
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Consideradas en conjunto, estas objeciones configuran un campo denso de restricciones —psicológicas, culturales, geopolíticas, organizativas e históricas— que complica cualquier transición hacia formas de organización planetaria.
III. La resolución: un movimiento hacia la organización planetaria
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Una resolución que resulte creíble requiere la incorporación de estos contraargumentos, no su desestimación. La coherencia planetaria no puede construirse allí donde el acuerdo es más sencillo, sino allí donde la resistencia es mayor.
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El primer elemento adopta una forma arquitectónica. La gobernanza debe ser estratificada, no monolítica. La autoridad global queda limitada a ámbitos acotados de vulnerabilidad compartida, mientras que los Estados conservan su autonomía interna. Los límites jurídicos, la transparencia y la representación distribuida actúan como restricciones frente a la concentración del poder.
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El segundo elemento concierne al bienestar. La provisión universal establece una base estructural financiada mediante gravámenes globales y sistemas nacionales coordinados. Los mercados operan por encima de ese umbral; los bienes esenciales quedan resguardados de la volatilidad.
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El tercer elemento se refiere a la identidad. La ciudadanía planetaria funciona como una afiliación complementaria, no como un reemplazo. La educación y los medios de comunicación fomentan la conciencia de sistemas ecológicos y tecnológicos compartidos sin eliminar la distinción cultural.
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El cuarto elemento atañe al poder. Las instituciones se distribuyen por funciones y quedan protegidas mediante rotación en los liderazgos, mecanismos de supervisión independiente y transparencia digital. La autoridad permanece limitada, visible y divisible.
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El quinto elemento concierne al ritmo. La transición se desarrolla a través de disposiciones intermedias: pactos climáticos exigibles, marcos estandarizados de gobernanza digital, protocolos sanitarios ante pandemias y uniones regionales que experimentan con formas de bienestar transfronterizo.
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A través de estas disposiciones, la soberanía se vuelve estratificada, el bienestar adquiere carácter fundacional, la identidad se articula de forma dual y la gobernanza se ajusta a la escala de la vulnerabilidad.
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Lo que emerge no es un diseño utópico, sino un desplazamiento navegable desde la fragmentación hacia la coherencia: un trayecto mediante el cual la organización se vuelve posible.
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EPÍLOGO
Este ensayo fue escrito desde una condición de reconocimiento, no desde una expectativa de resultados. Observó la emergencia de la interdependencia planetaria como un estado de hecho —ambiental, tecnológico y económico— sin asumir que el reconocimiento, por sí solo, conduciría a la coordinación, a la contención o a una acción compartida. La propuesta se apoyaba en la visibilidad de la escala, no en la presunción de una respuesta.
Lo que con el tiempo se ha vuelto más claro no es que la condición planetaria haya sido mal leída, sino que sus implicaciones fueron sobreestimadas. La interdependencia no suspende los hábitos políticos. La exposición global no disuelve el cálculo nacional. La existencia de un riesgo compartido no neutraliza la desconfianza ni desplaza la lógica mediante la cual los Estados preservan su autonomía a través del aplazamiento, el aislamiento o la participación selectiva.
La ausencia que hoy se hace evidente no es empírica, sino estructural. Una condición planetaria puede ser reconocida mientras la responsabilidad permanece local, fragmentada o diferida. Los sistemas se adaptan a la crisis sin reorientar sus prioridades. La cooperación se vuelve condicional, provisional o transaccional, más que vinculante. Lo que persiste es el ajuste, no la alineación.
Esto no invalida el marco planetario; aclara sus límites. El mundo no avanza hacia la coherencia por el reconocimiento tan sólo. Avanza mediante negociación, repliegue, recalibración y autoprotección —a menudo de forma simultánea. El equilibrio, cuando aparece, no es diseñado; se alcanza de manera desigual, a través de la restricción más que del consenso.
Vista desde este ángulo, « Una propuesta planetaria » registra un momento de claridad antes que un programa. Señala el punto en el que la exposición global se volvió innegable, sin presuponer que tal exposición produciría una forma correspondiente de acción. Lo que sigue en los ensayos posteriores no prolonga esa propuesta. Estrecha el foco y atiende, en cambio, a las condiciones bajo las cuales el reconocimiento se estanca, la agencia se fragmenta y el ajuste sustituye a la resolución.
Este texto no es un alegato a favor ni en contra de una figura política, ni un ejercicio de adjudicación moral. Se trata de un retrato diagnóstico, sustentado en acciones públicamente documentadas, conductas observables y un registro históricamente verificable. Allí donde las distinciones jurídicas resultan pertinentes, se respetan; cuando la percepción diverge del motivo, dicha divergencia se examina en lugar de ser desestimada.
El propósito del retrato no es invalidar las experiencias de quienes perciben sinceridad o calidez en el sujeto, sino situar tales percepciones dentro de una estructura más amplia de comportamiento a lo largo del tiempo. El afecto momentáneo (Affekt), el talante privado y los encuentros selectivos no se consideran aquí como prueba de continuidad de carácter, sino como elementos que coexisten —a veces de manera tensa— con patrones que han tenido consecuencias públicas.
Este mismo enfoque rige la manera en que se abordan las afirmaciones sobre capacidades excepcionales. Las aseveraciones que sustituyen la evidencia por el mito —como las declaraciones de inteligencia casi sobrehumana— no se aceptan sin examen. Más allá de cómo se interpreten el razonamiento errático, la confusión procedimental o la reiterada incomprensión de los límites legales e institucionales, tales afirmaciones requieren la suspensión de la realidad observable. En ese sentido, funcionan menos como descripción que como compensación: intentos de reconciliar una disonancia con una imagen de dominio. Cuando la coherencia se debilita, el recurso se desplaza hacia otro lugar. La validación a través de lo falso no esclarece la capacidad; neutraliza la contradicción.
No se formulan afirmaciones de carácter médico, psicológico ni patológico. El análisis se mantiene estrictamente dentro del ámbito de la conducta, la postura y la recurrencia. La interpretación se ofrece cuando resulta justificada; se ejerce contención cuando los hechos, por sí solos, deben bastar.
A los lectores inclinados tanto a la afirmación como al rechazo se les invita a suspender ambos impulsos. El texto solicita únicamente que las acciones se consideren en secuencia y que los patrones se examinen sin premura. No se presupone el acuerdo; sí una lectura atenta.
Ensayo diagnóstico sobre poder, postura y patrón histórico
Lo que sigue no considera el cuerpo como evidencia de una disposición interior, sino como una superficie pública sobre la cual se han asentado, con el paso del tiempo, hábitos de poder, repetición y afirmación.
En el umbral de su octava década, la fisonomía del presidente no se limita a registrar el curso natural del envejecimiento, sino una separación progresiva entre impulso y contención, entre reflejo y aquellos mecanismos que en otro momento podrían haberlo moderado. Lo que se manifiesta no es una ausencia, sino una desalineación: capacidades que persisten sin coordinación, reacciones que proceden sin mediación.
El agotamiento de las reservas mentales se hace visible en el rostro como una tensión sostenida. En él coexisten —sin reconciliación— ambición y negación, afirmación y fragilidad. La fricción entre la realidad vivida y una aspiración intransigente se registra como una forma de orgullo endurecido, resistente a la revisión.
Esta disyunción ya era visible décadas atrás. En 1989, durante el caso de la violación en grupo (gang-rape) ocurrida en Central Park, en la ciudad de Nueva York, actuó públicamente mediante un anuncio a página completa en la prensa que afirmaba la culpabilidad y reclamaba castigos severos para cinco jóvenes que aún no habían sido juzgados. Esa certidumbre impulsiva contribuyó al endurecimiento de la condena pública y acompañó años de encarcelamiento injusto antes de su posterior exoneración. Dicho juicio no fue revisado. El episodio no se limitó a revelar un error; puso de manifiesto una estructura instintiva: la certeza desplazando a la deliberación, la acusación antecediendo al proceso.
Esta misma insistencia en la continuidad por encima de la corrección se manifiesta en otros ámbitos, no solo en la conducta, sino también en la apariencia. La cuidada arquitectura de la imagen pública —hasta el elaborado peinado, mantenido con notable constancia a lo largo de las décadas— denota una preferencia por la estabilidad sin alterar el rumbo. El cambio se absorbe superficialmente; la forma se conserva.
Conviene señalar, no obstante, que muchos entre sus seguidores —e incluso algunos que no se alinean con él políticamente pero se abstienen de oponérsele por razones de autopreservación— lo describen no desde la adulación, sino desde la convicción genuina de que existe en él un aspecto sincero, incluso cálido. Esta percepción no debe ser descartada de plano. Refleja una realidad experimentada por quienes lo tratan en contextos limitados o controlados. Sin embargo, merece ser examinada, precisamente porque tales impresiones pueden confundir el talante momentáneo con el motivo duradero. La calidez, cuando se halla desvinculada de la consistencia o de la contención, no necesariamente modera el impulso; puede coexistir con él, desplegada de manera selectiva, mientras los patrones subyacentes permanecen inalterados.
Ese mismo reflejo permanece latente en la actualidad, aparentemente sin haber sido atenuado por el paso del tiempo. Reaparece no como argumento, sino como postura.
La boca, marcada por un labio superior retraído, indica contención más que disposición al habla. El impulso parece mantenerse en suspensión antes que moderarse. Los ojos, asimétricos y vigilantes, permanecen orientados hacia el exterior más que hacia el interior, y registran el entorno menos como un espacio de intercambio que como un ámbito a ser evaluado. Las cejas elevadas ya no transmiten convicción; reaparecen como una afirmación habitual, reiteradamente reafirmada.La piel, excesivamente oxigenada y revestida de un tono dorado y acerado, enfatiza la continuidad superficial por encima de la variación; presenta la vitalidad como apariencia más que como integración.
La respiración se registra como laboriosa más que relajada, marcada por la insistencia antes que por la soltura. La leve inclinación hacia adelante de la cabeza no solicita respuesta; la precede, situando al mundo circundante como algo a ser afrontado más que encontrado.
A través de estos gestos, la continuidad sustituye al ajuste. El cuerpo sostiene la afirmación incluso cuando las condiciones cambian y preserva la postura allí donde podría producirse una recalibración.
Los años posteriores refuerzan la estructura ya visible en conductas anteriores. Determinaciones civiles, asociaciones documentadas públicamente y acusaciones recurrentes —distintas en su estatus jurídico pero convergentes en su patrón— exhiben de manera consistente la misma secuencia: el impulso antecediendo al juicio, la dominancia suplantando a la contención, la consecuencia tratada como incidental más que como correctiva.
Considerado en su conjunto, el retrato no describe la desaparición de mejores instintos, sino su desplazamiento. Estos persisten como restos no operativos —presentes, pero relegados— mientras reflejos más primarios modelan de forma creciente el gesto y la respuesta. Aquello que en otro momento podría haber moderado la acción permanece ahora al margen, mientras la figura continúa operando por inercia más que por integración.
Sobre el supuesto “desequilibrio mental”, el poder y la negación de la medida
El término “desequilibrio mental” —derangement— ingresó al discurso público no como diagnóstico, sino como acusación. Se empleó para explicar la oposición, la disidencia e incluso la tragedia. Cuando una persona asesinada fue descrita como víctima del llamado “síndrome de desequilibrio mental anti-Trump”, la expresión no buscó describir una creencia. Operó como desplazamiento. La atención se apartó del acto violento y se dirigió hacia la lealtad. La acción no se examinó; el crítico fue patologizado.
Esa inversión plantea una pregunta más amplia: si la conducta que así se protege tiene precedentes en la historia presidencial estadounidense.
Estados Unidos ha tenido presidentes impulsivos, vengativos y temerarios. Andrew Jackson gobernó movido por animadversiones personales e ignoró la autoridad judicial. Richard Nixon cultivó enemigos y actuó en secreto contra límites constitucionales. Woodrow Wilson reprimió la disidencia e impuso conformidad ideológica en tiempos de guerra. Cada uno transgredió las expectativas éticas de su época. Cada uno alteró los estándares del cargo.
Sin embargo, en todos los casos persistía una medida externa. Jackson sabía qué ley desobedecía. Nixon ocultó sus actos porque el ocultamiento aún tenía sentido. Wilson justificó la represión apelando a la unidad nacional y a una necesidad moral. Sus excesos eran inteligibles porque las normas que quebrantaban seguían siendo reconocidas.
Lo que distingue el caso presente no es la existencia de una falla ética, sino la ausencia de toda referencia ética.
El desacuerdo ya no se trata como oposición, sino como patología. La responsabilidad no se debate; se traslada. Los hechos no se refutan; se descartan como invenciones hostiles. La tragedia no se examina ni se lamenta; se absorbe como agravio. Las categorías que antes estructuraban el juicio —verdad, responsabilidad, proporción— no son simplemente violadas. Son deslegitimadas.
Esto no es solo comportamiento autoritario. Es gobierno por afirmación. La repetición sustituye a la justificación. La lealtad sustituye a la evaluación. El yo se convierte en la medida desde la cual se ordena la realidad.
Las comparaciones históricas resultan tentadoras. Calígula. Gengis Kan. Otros nombres surgen por instinto. No por equivalencia de escala, sino por afinidad de lógica.
Aun así, incluso los tiranos gobernaron dentro de marcos reconocibles: derecho divino, conquista, destino, linaje. Su crueldad operaba dentro de una cosmología que producía sentido, por brutal que fuera.
Aquí no se invoca ningún marco semejante. La autoridad no se apoya en la ley ni en la tradición. No apela a teología ni a ideología. Descansa exclusivamente en la identificación personal. Quienes se alinean son validados. Quienes disienten son declarados defectuosos.
El peligro de esta postura no reside en la transgresión de normas —la historia estadounidense ofrece numerosos ejemplos—, sino en la eliminación de los criterios que permiten reconocer una norma. Cuando la oposición se define como enfermedad, no queda nada que debatir. Cuando la tragedia se explica por la creencia y no por la acción, no queda nada que examinar. Al público no se le pide juicio. Se le pide alineación.
Esta condición no requiere diagnóstico para ser comprendida. Requiere atención.
Lo observable basta: el lenguaje empleado, las inversiones reiteradas, la forma en que la responsabilidad se disuelve en acusación. El retrato que emerge no es el de una inteligencia excepcional ni el de una maldad singular, sino el de una presidencia ejercida sin medida, donde la contradicción deja de registrarse como contradicción y donde el poder se afirma sin referencia externa.
Una presidencia así no solo pone a prueba a las instituciones. Pone a prueba si aún se distingue entre desacuerdo y desviación, entre explicación y excusa, entre lealtad y juicio.
El retrato no necesita cerrarse con una advertencia. Basta con observar el resultado: una escena en la que la autoridad ya no se sostiene por lo que hace, sino por quién se alinea; y en la que el cargo, despojado de medida, termina reflejando únicamente a quien lo ocupa.
Ricardo Morín Escena Ocho: El espacio que encuentra el pensamiento Óleo sobre lienzo sobre tabla de madera 30 x 38 x 19 cm 2010
Riacrdo Morín
November 2025
Oakland Park, Florida
NOTA DEL AUTOR
Este ensayo examina un fenómeno que surge en sociedades donde los límites cívicos y el apetito intelectual coexisten. No describe una condición psicológica ni una tendencia sociológica, ni juzga a ningún país. Su propósito es más sencillo: observar cómo el pensamiento se adapta cuando el espacio público en el que puede moverse es más estrecho que el espacio privado en el que se desarrolla.
RESUMEN
Este ensayo analiza cómo la vida intelectual suele persistir —e incluso prosperar— en entornos donde la participación cívica está restringida. Describe las condiciones estructurales que hacen posible esta coexistencia, los hábitos históricos que la vuelven familiar y las tensiones que produce. En lugar de buscar causas o proponer remedios, el ensayo observa cómo el pensamiento encuentra lugar para actuar cuando el espacio cívico se contrae y cómo esa adaptación configura la vida cultural.
1
Toda sociedad crea condiciones en las que el pensamiento debe encontrar su propio terreno. En algunos lugares, la vida cívica ofrece amplias avenidas para el debate, la disensión y la participación organizada. En otros, esas avenidas se estrechan: las instituciones limitan la expresión, la continuidad política restringe la competencia o la vida pública queda regulada por límites que los ciudadanos no eligieron. Aun así, dentro de esos límites, el pensamiento no desaparece. Busca otros espacios —más silenciosos, más internos, menos visibles— desde los cuales puedaa seguir funcionando.
2
Esta coexistencia no es contradictoria. La vida cultural y el espacio cívico no siempre avanzan al mismo ritmo. Una población puede cultivar hábitos de lectura rigurosos, estudio disciplinado y un fuerte apetito por las ideas mientras navega restricciones a su voz pública. La investigación intelectual puede florecer en aulas, bibliotecas, círculos privados o prácticas artísticas incluso cuando la participación formal en la vida pública es limitada. Las dos condiciones no se anulan; se despliegan en paralelo.
3
Parte de esta coexistencia es histórica. Las sociedades heredan hábitos formados a lo largo de décadas o generaciones. Cuando los límites públicos permanecen estables, dejan de sentirse como rupturas y pasan a ser parte del entorno. La gente aprende a circular alrededor de esos límites, reservando algunas preguntas para la conversación pública y otras para la reflexión privada. Con el tiempo, este arreglo deja de percibirse como provisional y se convierte en un patrón familiar de vida.
4
Otra parte de la coexistencia es estructural. No toda forma de pensamiento requiere el mismo grado de libertad cívica. La crítica institucional necesita un espacio público amplio; la reflexión filosófica, ética o conceptual puede desarrollarse en ámbitos más recogidos. Estas formas de pensamiento no dependen de la protesta ni de la influencia política. Dependen de la atención, que puede mantenerse activa incluso cuando la expresión pública no puede hacerlo.
5
Sin embargo, esta adaptación introduce una tensión. Un pensamiento que florece en privado puede no encontrar camino hacia la vida compartida. La lucidez permanece en el individuo pero no circula por las instituciones. El resultado no es silencio, sino producto de la separación: profundidad intelectual de un lado y restricción cívica del otro. Cada una permanece intacta, pero el puente entre ambas es estrecho.
6
Esta tensión no es un paradoja sino una estructura. La vida intelectual sobrevive cambiando de lugar. Se desplaza hacia dentro, convirtiendo la esfera privada en un taller de ideas. Se transforma en una forma de resistencia silenciosa, no de renuncia. Esta resistencia no es pasiva: es la manera de continuar pensando cuando las avenidas públicas se reducen.
7
El fenómeno no es exclusivo de una región ni de un modelo político. Aparece allí donde los límites cívicos coinciden con una fuerte ambición cultural, ya sea por historia, instituciones o circunstancias. Lo que varía de una sociedad a otra no es la existencia de esta tensión, sino de cómo se vive: como normalidad, como compromiso o como un desequilibrio silencioso que la gente aprende a aceptar.
8
La cuestión más profunda no es por qué ocurre esta coexistencia ni si debería ser distinta. La cuestión es lo que esta coexistencia revela: que el pensamiento busca espacio incluso cuando el espacio cívico se contrae; que la reflexión persiste incluso cuando la expresión pública se estrecha; y que la necesidad humana de comprender no desaparece ante los límites. Simplemente se reubica.
Ricardo Morín Topografías Teratológicas Serie Uno: AGENCIA CÍVICA Óleo sobre Lino Cuádrico: Cada panel: 35,5 x 46,5 x 1,9 cm 2009
Ricardo F. Morín
Noviembre, 2025
Oakland Park, Florida
NOTA DEL AUTOR
Este ensayo examina condiciones que con frecuencia se ven distorsionadas por la ideología, la herencia moral o el relato histórico. Las cuestiones de soberanía, ocupación, revolución, exilio e identidad nacional suelen debatirse a través de afirmaciones que apelan a absolutos —derecho religioso, agravio histórico o legitimidad revolucionaria. Estas afirmaciones difieren en su lenguaje, pero comparten una misma estructura: sitúan una idea por encima de las realidades cívicas de las personas cuyas vidas quedan organizadas por tales narrativas.
Para abordar lo que dichas narrativas oscurecen, el ensayo se centra en un factor estructural que atraviesa esas diferencias: la agencia cívica, entendida como la capacidad de las personas para dar forma a las condiciones de la vida cívica mediante su participación, representación y procesos jurídicos. Cuando la agencia cívica es anulada —ya sea por control externo, autoritarismo interno o políticas de disuasión dirigidas a poblaciones desplazadas—, la forma de la restricción puede variar, pero su efecto cívico permanece constante.
Este ensayo no compara historias políticas. Examina cómo el poder del Estado, en sus diversas configuraciones, regula la vida cívica. Considera cómo la ideología oscurece esa regulación y cómo las poblaciones experimentan las consecuencias de decisiones en las que tienen poca o ninguna participación. El propósito no es reducir el conflicto político, sino señalar las estructuras que determinan si la libertad puede llegar a existir o permanece fuera de alcance.
RESUMEN
Este ensayo sostiene que la forma más fiable de comprender situaciones que parecen políticamente incompatibles —como la apatridia palestina y la soberanía autoritaria cubana— es examinar la ausencia estructural de agencia cívica que define a ambas. Aunque las formas de restricción difieren, la condición cívica converge: el Estado, ya sea externo o interno, limita la capacidad de la población para modelar su propia vida cívica. Al analizar cómo la regulación estatal restringe la participación, suprime la representación o fragmenta la jurisdicción, el ensayo muestra cómo la agencia cívica se convierte en la medida central de la libertad. Asimismo, examina cómo las narrativas ideológicas, las políticas de disuasión y las presiones migratorias ocultan esta realidad estructural. El objetivo no es dirimir reclamaciones políticas, sino hacer visibles las condiciones bajo las cuales la vida cívica puede formarse, protegerse o negarse.
1
Todo intento de comprender la vida política debe comenzar con el reconocimiento de que las poblaciones no experimentan la libertad como una abstracción; la experimentan a través de las estructuras que regulan su existencia cívica. Estas estructuras determinan cómo se toman las decisiones, cómo se ejerce la autoridad y si las personas pueden participar en la configuración de las condiciones de su propia vida. La agencia cívica no es, por tanto, un ideal, sino una condición que existe o no existe. Cuando está ausente, la libertad aparece como una afirmación formal más que como una condición vivida.
2
La agencia cívica se compone de tres elementos: participación, representación y proceso jurídico. La participación permite a individuos y comunidades influir en las decisiones públicas. La representación establece una continuidad entre quienes gobiernan y quienes son gobernados. El proceso jurídico garantiza que la autoridad se ejerza dentro de límites definidos. Cuando alguno de estos elementos se elimina, la población pierde su capacidad de dar forma al entorno cívico que habita. Esta pérdida puede producirse por regulación externa, autoritarismo interno o políticas que reducen la vida cívica a un conjunto de restricciones que debilitan el espacio compartido.
3
La ausencia de agencia cívica puede adoptar distintas formas. Una población puede estar gobernada por instituciones que no reconocen su soberanía y que, por tanto, someten su vida cívica a regulaciones en cuya elaboración no tiene un papel significativo. Alternativamente, una población puede habitar un Estado soberano que suprime el pluralismo político, restringe la disidencia legal y concentra la autoridad institucional. En ambos casos, la condición cívica queda anulada: las personas carecen de la capacidad de influir en las normas que las gobiernan.
4
El caso palestino ilustra la primera forma. Múltiples autoridades regulan el movimiento, el territorio y la vida pública sin ofrecer una jurisdicción unificada ni protección soberana. Las decisiones tomadas por Estados externos definen la existencia cotidiana y dejan a la población sin derechos cívicos consistentes ni un marco institucional estable. La ausencia de soberanía no es solo territorial, sino cívica; priva a la población de los mecanismos mediante los cuales la participación y la representación podrían hacerse posibles.
5
La situación cubana representa la segunda forma. Aunque el Estado posee soberanía, concentra la autoridad política en un único aparato institucional y restringe las vías legales de disidencia, competencia o reforma estructural. La ciudadanía vive bajo un sistema que mantiene la continuidad política mediante la limitación de las posibilidades de participación. La soberanía prevalece, pero la agencia cívica permanece restringida.
6
Palestina y Cuba difieren, desde luego, en historia, estructura y origen; sin embargo, coinciden en un aspecto fundamental: el Estado, ya sea externo o interno, restringe la participación de tal modo que la agencia cívica resulta inalcanzable. La ausencia de agencia es el elemento común que revela la condición cívica que subyace a los relatos políticos. También proporciona un marco desde el cual comprender, sin confusión, a poblaciones que experimentan distintas formas de restricción.
7
Las narrativas ideológicas suelen alinearse con las distribuciones existentes del poder. El derecho religioso sostiene que la tierra está garantizada por mandato divino y no por protección cívica. La retórica revolucionaria afirma que la autoridad política se justifica por la lucha histórica y no por la rendición de cuentas presente. Ambas narrativas elevan un absoluto por encima de las realidades cívicas de la población. Sustituyen la agencia por la lealtad e interpretan la restricción como necesidad, y no como una falla de representación.
8
La migración ofrece un tercer prisma desde el cual se hacen visibles los límites de la agencia cívica. Las personas abandonan sus países cuando las estructuras que regulan su vida colapsan o se vuelven inhabitables. Buscan estabilidad, protección y la posibilidad de reconstruir la participación cívica en nuevos entornos. Sin embargo, las políticas de disuasión en los Estados de acogida suelen reflejar las presiones que provocaron el desplazamiento. Estos Estados restringen el movimiento de los migrantes, limitan su acceso a las instituciones sociales y reducen las posibilidades de incorporación a un orden cívico. Tales políticas no reproducen el dilema original, pero reintroducen la experiencia de vivir bajo normas que no pueden influir.
9
Para muchas personas solicitantes de asilo, estas medidas restrictivas acortan la distancia entre las presiones que motivaron su salida y las que encuentran al llegar, un desplazamiento que dificulta distinguir la estabilidad de la exclusión. Ejemplos europeos como Dinamarca y el Reino Unido muestran cómo la disuasión se utiliza para desalentar el asilo sin reconocer el vacío cívico que produce. Estados Unidos aplica políticas similares en sus fronteras y presenta la disuasión como un instrumento de orden, lo que deja a las personas migrantes suspendidas entre la exclusión y un estatus cívico no resuelto.
10
El argumento estructural no sostiene que estas situaciones sean equivalentes, sino que la ausencia de agencia cívica genera una condición cívica que trasciende las diferencias políticas. Las poblaciones gobernadas sin participación, administradas sin representación o confinadas dentro de sistemas que restringen los procesos jurídicos experimentan la libertad como algo externo a su entorno cívico. Esta condición no puede explicarse mediante la ideología, porque la ideología aborda identidad, justificación o legitimidad, no agencia.
11
Comprender la agencia cívica permite distinguir entre reclamaciones políticas y realidades cívicas. La soberanía no garantiza la libertad; la revolución no garantiza la participación; el derecho religioso no garantiza la protección. La agencia cívica solo existe cuando las personas pueden dar forma a las condiciones que las gobiernan. Cuando esto se vuelve imposible, la población no habita un orden cívico, sino un espacio regulado.
12
Cuando la agencia cívica se convierte en la medida a través de la cual se entiende la vida política, las narrativas ideológicas pierden su autoridad y la estructura de la restricción se vuelve visible. Esta visibilidad no resuelve el conflicto, pero revela las condiciones bajo las cuales la libertad puede emerger o permanecer inaccesible. La agencia cívica es el punto donde comienza la posibilidad de la vida cívica, y donde su ausencia se hace estructuralmente evidente.
Ricardo Morin Paisaje II: Río de Hierba 18 x 24 pulgadas Sepia sobre papel de periódico 2003
~
Ricardo F. Morin
6 de diciembre de 2025
Naples, Florida
~
Nota del Autor
Este díptico, “Río de hierba” y “Naples por la mañana”, aúna una reflexión sobre la continuidad y una breve observación de la vida cotidiana. Dos escenas —una sostenida, la otra fugaz— muestran cómo la experiencia, el silencio y la atención dan forma a la presencia. La primera parte, “Río de hierba”, no presenta un argumento, una confesión ni una teoría. Ofrece una observación moldeada con el tiempo por la cercanía más que por la distancia. El enfoque no está en la psicología individual ni en el conflicto relacional, sino en patrones que toman forma a través de las generaciones y persisten silenciosamente en la vida cotidiana.
Lo que sigue evita la explicación moral y la resolución narrativa. Atiende, en cambio, a la continuidad:a cómo la contención, la generosidad y la presencia pueden transmitirse no mediante instrucción o memoria, sino a través de la postura, el hábito y la orientación. La intención es describir sin juzgar, y aclarar sin asignar causas allí donde estas no pueden aislarse con limpieza. Lo que aquí se traza representa una orientación posible entre muchas, moldeada por la herencia pero no exhaustiva de sus efectos—una invitación a no confundir el cauce con el océano.
Orientación de “Río de Hierba”
Lo que sigue atiende a aquello que persiste cuando las vidas son moldeadas por la continuidad más que por la interrupción.
I. Herencia
No toda herencia llega como memoria. Algunas se transmiten sin relato, sin fecha, sin lenguaje. Entran por la atmósfera más que por la narración—por el ritmo, la contención, la postura y una preferencia por la continuidad antes que por la exhibición. En tales casos, la historia no se recuerda; se lleva consigo.
Esta forma de herencia no se anuncia como trauma. No deja una escena única que revisitar ni un episodio que pueda aislarse y explicarse. Aparece, en cambio, como una manera de estar en el mundo: medido, atento, resistente al exceso. El pasado ejerce su influencia no por instrucción, sino al moldear lo que se siente permitido, sostenible o necesario.
En estas condiciones, la contención no se experimenta como pérdida. Funciona como orientación. La acomodación no indica sumisión, sino competencia. La estabilidad no refleja la ausencia de deseo, sino la colocación silenciosa del deseo entre otras prioridades. Lo que se transmite no es miedo, sino cautela—una ética de la resistencia afinada con el tiempo.
Como ningún acontecimiento ocupa el primer plano, poco invita a la interpretación. La ausencia de angustia visible favorece la suposición de facilidad. La vida parece ordenada, generosa e íntegra. Sin embargo, la herencia permanece activa, estructurando la conducta sin requerir reconocimiento. Persiste no como memoria, sino como forma.
Esta herencia suele resistir el reconocimiento precisamente porque ha tenido éxito. El pasado no se ha repetido. La continuidad ha sido preservada. Lo que queda es una postura orientada a sostener esa continuidad—una vigilancia tan normalizada que pasa por temperamento más que por historia.
II. Contención
La contención, en este contexto, no opera como inhibición ni negación. Funciona como una orientación estabilizadora—una calibración interna moldeada con el tiempo. La acción se rige menos por la expresión que por la proporción y la durabilidad. Lo que gobierna la elección no es el juicio moral, sino la coherencia.
Esta contención suele coexistir con claridad y decisión. Los límites se mantienen sin conflicto; las decisiones se toman sin énfasis excesivo. Lo que se evita no es la agencia, sino el excedente. La expresión se modera no por temor a las consecuencias, sino por un sentido interno de suficiencia.
La acomodación aquí suele malinterpretarse. No surge del cumplimiento pasivo ni de la incertidumbre, sino de una evaluación del impacto. El espacio cedido a otros refleja confianza en la estructura y no una retirada de la posición. La presencia permanece intacta incluso cuando no se coloca en primer plano.
Esta orientación produce una estabilidad que puede parecer sin esfuerzo. La fricción se minimiza. Las exigencias son escasas. La ausencia de insistencia se confunde fácilmente con comodidad o satisfacción. Sin embargo, la contención que opera es activa, no pasiva, y moldea continuamente lo que se articula, se posterga o queda sin decir.
Con el tiempo, la contención se vuelve difícil de distinguir de la identidad. Deja de experimentarse como una elección entre alternativas y se endurece en postura. La cuestión de la expresión se desvanece, sustituida por un énfasis en la responsabilidad, la proporción y la no disrupción.
III. Generosidad
La generosidad moldeada por la contención heredada rara vez se anuncia. No busca reconocimiento ni reciprocidad, ni depende de la visibilidad para validarse. Aparece más bien como disponibilidad, como la remoción silenciosa de obstáculos, como la disposición a ceder espacio sin relato ni sacrificio.
En esta forma, el dar no es transaccional. No se lleva registro de balances ni se anticipa retorno alguno. Lo que se ofrece es firmeza más que favor. El apoyo se despliega sin apelación, a menudo sin ser notado, absorbido por la conducta cotidiana. La ausencia de exigencia es integral, no accidental.
Al no imponer peso alguno, esta generosidad deja poco rastro. Otros experimentan libertad sin percibir su origen. La autonomía se habilita sin atribución. Quien da permanece presente, pero sin marca.
Con el tiempo, el hábito de hacer espacio se vuelve más practicado que el hábito de ocuparlo. La atención se desplaza hacia afuera, refinando la capacidad de respuesta mientras se estrecha la articulación dirigida hacia uno mismo.Lo que persiste no es la pérdida, sino la redirección.
Esta configuración resiste lecturas convencionales de desequilibrio. No surge agravio alguno; ningún conflicto anuncia asimetría. La generosidad permanece intacta, incluso ejemplar. Lo que se desplaza sutilmente es el énfasis interno: una presencia ejercida mediante la concesión más que mediante la afirmación.
IV. Deseo
El deseo, dentro de esta orientación, no es negado ni reprimido. Es reubicado. Su legitimidad no se cuestiona, pero su urgencia se atenúa. Lo que se deja de lado no es el anhelo en sí, sino la expectativa de que el anhelo deba organizar la vida.
El deseo es reconocido, aunque rara vez central. La expresión se permite más fácilmente hacia afuera que cuando se reclama internamente. La atención gravita hacia aquello que preserva la estabilidad más que hacia lo que intensifica la experiencia. La satisfacción surge de la coherencia y no de la culminación.
Esto no produce vacío alguno. La vida permanece comprometida y disponible. Lo que disminuye es la insistencia. La continuidad pasa a importar más que el apetito; la durabilidad más que la inmediatez.
Como este arreglo no se presenta como renuncia, suele pasar inadvertido. Ningún lenguaje moral lo rodea. Nada se nombra como sacrificio. El deseo persiste a cierta distancia—observado, gestionado, postergado sin conflicto.
Con el tiempo, la identidad se modela menos por la búsqueda que por el mantenimiento. La expresión cede paso a la prudencia. El sentido se acumula no a través de la llegada, sino evitando la ruptura.
V. Virtud
Los patrones organizados en torno a la contención y la continuidad suelen confundirse con logro moral. La compostura se lee como sabiduría; la acomodación como madurez; el silencio como profundidad. Al no surgir perturbación alguna, la orientación escapa al examen. Lo que funciona sin fricción se presume completo.
Esta lectura errónea se refuerza por marcos sociales que recompensan la estabilidad más que la indagación. La ausencia de conflicto se toma como evidencia de equilibrio. La generosidad sin exigencia se elogia en lugar de interrogarse. Sus costos permanecen ocultos precisamente porque no imponen carga alguna a los demás.
La virtud, en este contexto, se vuelve indistinguible del hábito. La orientación adaptativa se solidifica en carácter, y el carácter en expectativa. La fiabilidad se afirma una y otra vez, profundizando su arraigo.
El resultado no es engaño, sino omisión. La firmeza es genuina. Lo que no se reconoce es hasta qué punto tal arreglo organiza la vida en torno a la preservación más que a la presencia. La pregunta por el desplazamiento no se rechaza; simplemente no se formula.
La confusión surge del éxito. Las relaciones perduran. Las estructuras se mantienen. No aparece daño evidente. Y así, la configuración más profunda—silenciosa, duradera, moldeada por la historia—continúa operando bajo el lenguaje de la virtud.
VI. Continuidad
En cierto umbral, la continuidad deja de ser un medio y se convierte en el fin rector. La vida se organiza no en torno a la realización, sino a la preservación. Lo que más importa es que nada esencial quede expuesto a la ruptura, bien sea por una exigencia excesiva o una afirmación no probada.
La realización no se rechaza, pero se subordina. La satisfacción proviene de la duración más que de la intensidad. El tiempo se orienta hacia la extensión, no hacia la culminación. Lo que se valora es la capacidad de seguir adelante sin quebrarse.
Esto resulta eficaz. El pasado no se repite. La estabilidad se sostiene. La pérdida se contiene en lugar de amplificarse. Los imperativos heredados se honran no mediante el recuerdo, sino a través de la conducta.
Sin embargo, cuando la continuidad ocupa esta posición, el rango de movimiento permitido se estrecha. El cambio debe justificarse de antemano. El deseo debe demostrar durabilidad antes de ponerse en acto. La expresión cede ante el mantenimiento.
El futuro se aborda como responsabilidad más que como terreno abierto. El sentido se acumula mediante la salvaguarda de lo esencial y no mediante la exploración de posibilidades. El éxito pasa a ser sinónimo de la preservación de la continuidad.
VII. Presencia
La presencia, en su forma final aquí, no se organiza en torno a la posición ni a la prioridad. Funciona de manera lateral y sostiene la estructura sin convertirse en su centro. La vida se mantiene unida mediante la atención más que mediante reclamaciones de autoridad o legitimidad. El curso de la vida compartida avanza sin la presión de llegar a una explicación que garantice su coherencia.
Este modo de presencia resiste la visibilidad. No busca reconocimiento ni afirma precedencia. Su eficacia reside en aquello que permanece intacto más que en lo que se logra. Otros se mueven con libertad, a menudo sin advertir el soporte que hace posible esa libertad.
Permanecer fuera del centro no constituye retirada. La participación continúa—medida, receptiva, íntegra. Lo que se evita no es la implicación, sino la dominación. La influencia se ejerce mediante la estabilidad más que mediante la dirección.
La imagen sugerida por el título toma forma aquí. Un río que avanza sin fuerza, modelando el terreno a través de la persistencia de su cauce. Movimiento sin espectáculo. Resistencia sin inscripción. El curso se mantiene fluyendo alrededor del obstáculo en lugar de enfrentarlo.
Lo que permanece es la continuidad misma—sostenida en silencio, rara vez notada y difícil de nombrar.
*
« Naples por la mañana »
Estaba sentado frente a mi esposo en un lugar de desayunos en Naples, Florida. En diagonal, detrás de él, se sentaba una pareja joven. La mujer era pequeña—casi infantil en proporción—junto a su esposo, que superaba ampliamente los seis pies de estatura.
Aún ninguno de nosotros había ordenado. Ella dispuso cuidadosamente los cubiertos y la servilleta, alineándolos con una precisión deliberada, casi ritual. El cabello le caía hacia delante, dividido a ambos lados del rostro como cortinas corridas. Al levantar el mentón, sus rasgos faciales—de apariencia asiática—quedaron brevemente a la vista. A pesar de su menudez, su postura sugería control más que fragilidad.
Cuando nuestras miradas se cruzaron, sostuvo la mía más tiempo del esperado, casi fijamente. Luego bajó la cabeza, ocultándose de nuevo tras el cabello. Instantes después la alzó una vez más e hizo la señal de la cruz—frente, pecho, hombro a hombro—antes de volver a orientarse por completo hacia su esposo. No se intercambiaron palabras.
Cuando llegó la comida, retomó la misma actitud cuidadosa. Cortó su omelette en pequeños cuadrados uniformes, dejó el cuchillo y se detuvo.Cada pieza fue llevada a su boca por separado, lentamente, con una repetición ininterrumpida, como si el gesto hubiera sido ensayado. La secuencia tenía un carácter performativo. Aunque permanecía orientada hacia su esposo, el torso se desplazaba intermitentemente, inclinándose levemente en mi dirección.
Cuando terminaron y se dirigieron a la cajera, ella se levantó primero y avanzó delante de él, con el mentón bajo y el cabello volviendo a cubrir su entorno. Él la siguió—alto, corpulento, desplazándose por el local con visible naturalidad. Su andar era amplio, desprotegido.
Ricardo Morin Escena Treinta y Siete: Geografías de supervivencia Óleo sobre lienzo y tabla 38 x 30 x 1,27 cm 2012
Ricardo F. Morín
Noviembre de 2025
Oakland Park, Florida
Nota del Autor
Este ensayo examina cómo responden los grupos humanos a la inestabilidad cuando las condiciones que antes los sostenían comienzan a fallar. Su enfoque no recae en crisis, acontecimientos o regiones específicas, sino en las presiones estructurales que obligan a las poblaciones a desplazarse o a defender su lugar. Abordo el tema sin interpretación moral y sin atribuir virtud o culpa a las decisiones que toman las comunidades bajo presión. El propósito es describir las gramáticas de comportamiento que emergen cuando la supervivencia se vuelve incierta y trazar cómo la identidad, las reclamaciones de legitimidad y los patrones de continuidad se reorganizan bajo esas tensiones. El ensayo no propone soluciones ni anticipa resultados; observa los patrones que surgen cuando la estabilidad se disuelve y la tierra deja de ofrecer garantías.
Resumen
« Geografías de la supervivencia » explora dos respuestas fundamentales frente a la inestabilidad: la migración y el atrincheramiento. Cuando la alteración climática, la escasez o el deterioro cívico superan la capacidad de una comunidad para sostenerse, las poblaciones buscan estabilidad ya sea moviéndose o defendiendo su posición. La migración reorganiza la identidad mediante la adaptación a nuevas condiciones; el atrincheramiento la intensifica para preservar la continuidad en un mismo lugar. Estas respuestas surgen de las mismas presiones y funcionan como estrategias paralelas de supervivencia, no como posiciones morales opuestas. El ensayo examina cómo las reclamaciones de legitimidad, los patrones de identificación y la búsqueda de continuidad se transforman bajo estas presiones, y cómo la fricción entre movimiento y resistencia refleja fuerzas estructurales más que incompatibilidades culturales. Su propósito es iluminar las condiciones bajo las cuales emergen estas gramáticas de supervivencia y las formas en que transforman el significado de tierra, estabilidad y vida colectiva.
Resumen
Geografías de la supervivencia explora dos respuestas fundamentales frente a la inestabilidad: la migración y el atrincheramiento. Cuando la alteración climática, la escasez o el deterioro cívico superan la capacidad de una comunidad para sostenerse, las poblaciones buscan estabilidad ya sea moviéndose o defendiendo su posición. La migración reorganiza la identidad mediante la adaptación a nuevas condiciones; el atrincheramiento la intensifica para preservar la continuidad en un mismo lugar. Estas respuestas surgen de las mismas presiones y funcionan como estrategias paralelas de supervivencia, no como posiciones morales opuestas. El ensayo examina cómo las reclamaciones de legitimidad, los patrones de identificación y la búsqueda de continuidad se transforman bajo estas presiones, y cómo la fricción entre movimiento y resistencia refleja fuerzas estructurales más que incompatibilidades culturales. Su propósito es iluminar las condiciones bajo las cuales emergen estas gramáticas de supervivencia y las formas en que transforman el significado de tierra, estabilidad y vida colectiva.
1
La migración suele describirse como el traslado de personas de un lugar a otro, pero esa descripción oculta fuerzas más profundas. La migración no es solo geografía en movimiento; es también la expresión de una gramática de supervivencia que se hace visible cuando una comunidad enfrenta condiciones que ya no puede absorber. Los cambios climáticos, los colapsos económicos, el derrumbe institucional y la inseguridad persistente generan presiones que exceden la capacidad de las estructuras existentes. Bajo esas presiones, una población se enfrenta a una decisión tan elemental que antecede a la ideología: bien sea al moverse o atrincherarse.
2
No son opciones paralelas. Son respuestas opuestas construidas con los mismos materiales: el miedo, la inestabilidad y la búsqueda de continuidad. La migración busca estabilidad desplazándose; el atrincheramiento busca estabilidad confrontando directamente a los agentes de la inestabilidad. Ninguna respuesta es superior. Ninguna es voluntaria. Ambas emergen de condiciones que comprimen el juicio, reducen las posibilidades y obligan a las comunidades a defenderse de fuerzas demasiado grandes para ser negociadas.
3
La migración comienza cuando un grupo concluye que la geografía que lo sostenía ya no puede garantizar su supervivencia. La tierra falla, o las instituciones colapsan, o el futuro se estrecha. El movimiento se convierte en la única forma de protección aún disponible. Sin embargo, el movimiento no disuelve la identidad: la reorganiza. Una población migrante debe redefinir su cohesión interna en relación con entornos desconocidos. La identidad se vuelve adaptativa no por preferencia, sino por necesidad. Adaptación no es reinvención: es supervivencia.
4
El atrincheramiento avanza en dirección contraria. Cuando un grupo elige permanecer en su lugar, debe defender aquello que el movimiento dejaría atrás: territorio, memoria, continuidad y la estabilidad que proviene del arraigo. El atrincheramiento intensifica la identificación en lugar de aflojarla. Los límites se endurecen. Los relatos se vuelven rígidos. El conflicto se convierte en estrategia más que en interrupción. Una comunidad que lucha por permanecer donde está debe creer que el desplazamiento la borraría. La confrontación se vuelve un método de preservación.
5
La confrontación cultural surge con mayor fuerza cuando una población migrante se asienta en una tierra que otro grupo interpreta como una extensión de su propia continuidad. Para la comunidad migrante, la tierra representa seguridad, posibilidad o alivio frente a presiones que hicieron inevitable la partida. Para la comunidad atrincherada, esa misma tierra representa memoria, herencia y el límite que protege su coherencia histórica. Cada grupo ve al otro como agente de una posible desaparición: los migrantes perciben exclusión y hostilidad; los atrincherados perciben invasión y pérdida. El conflicto escala no porque uno u otro busquen dominación, sino porque cada uno interpreta la supervivencia mediante una gramática distinta: adaptación para unos, preservación para otros.
6
Las políticas adoptadas en países como Dinamarca y el Reino Unido ilustran cómo responden las sociedades atrincheradas cuando la migración se percibe como una amenaza. Para muchos solicitantes de asilo, estas medidas disuasorias reducen la distancia entre las presiones que los obligaron a partir y las presiones que encuentran a su llegada —haciendo que la estabilidad sea difícil de distinguir de la exclusión. Los gobiernos suelen justificar las políticas de atrincheramiento alegando que los recursos necesarios para atender a los solicitantes de asilo son limitados y que ampliarlos pondría en riesgo los sistemas existentes de bienestar, vivienda y orden público.
7
Las respuestas de movimiento y atrincheramiento parecen incompatibles, pero describen una misma realidad: las poblaciones bajo presión actúan según las estrategias de supervivencia disponibles, no según relatos idealizados de cultura o voluntad. Cuando migrantes y atrincherados entran en contacto, cada uno ve al otro a través del lente de sus propias presiones. Los migrantes ven protección; los atrincherados ven amenaza. Los migrantes cargan adaptación; los atrincherados cargan defensa. Cada postura malinterpreta a la otra porque cada una responde a formas distintas de vulnerabilidad.
8
El cambio climático intensifica estas respuestas divergentes, no determinándolas, sino estrechando las condiciones dentro de las cuales las comunidades deben decidir. El clima no genera conflictos por sí solo; modifica los márgenes dentro de los cuales la estabilidad es posible. Regiones antes previsibles se vuelven irregulares; recursos antes continuos se vuelven intermitentes. A medida que estos márgenes se reducen, algunas poblaciones interpretan el desplazamiento como la única salvaguarda viable, mientras que otras interpretan permanecer como la única continuidad defendible. La misma presión expone vulnerabilidades distintas, y cada comunidad responde según su propia historia, su capacidad y sus umbrales de resistencia —no según el clima únicamente.
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La fricción entre estas gramáticas —movimiento y atrincheramiento— no debe confundirse con un choque de civilizaciones. Es una colisión entre dos interpretaciones de la amenaza. Un grupo entiende la supervivencia como reubicación; el otro, como resistencia. Ambas posturas surgen de la inestabilidad; ambas utilizan la identidad como herramienta moldeada por la circunstancia más que como herencia fija. La identidad se vuelve instrumento de continuidad, configurada por condiciones que dejan poco espacio para la reflexión o la negociación.
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El mundo suele interpretar estas colisiones a través de marcos morales, ideológicos o geopolíticos, pero tales marcos ocultan un movimiento más profundo: la inestabilidad reorganiza la identidad más rápido de lo que la identidad reorganiza el mundo. Cuando la geografía cambia, las poblaciones se adaptan. Cuando las poblaciones se adaptan, los significados cambian. La vida colectiva se vuelve conflictiva no porque las culturas sean inherentemente antagónicas, sino porque las presiones de supervivencia obligan a los grupos a adoptar patrones que no elegirían en condiciones estables.
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Si existe un carácter universal en el siglo presente, es este: las presiones que producen migración son las mismas que producen conflicto entre quienes se niegan a migrar. Comprender una sin la otra es comprender mal ambas. Movimiento y atrincheramiento no son opuestos, sino consecuencias—expresiones de la inestabilidad estructural que ahora configura cada región, cada cultura y cada reclamación de continuidad.
12
La pregunta que sigue no es predictiva ni ideológica. Es simplemente el siguiente paso lógico de este análisis:¿Qué formas de estabilidad se vuelven posibles cuando la migración y el atrincheramiento se entienden no como posiciones morales opuestas, sino como respuestas paralelas ante un mundo que cambia?La respuesta aún no es visible, pero las condiciones que la harán posible ya lo son.
Ricardo Morín Triangulación 6: Stirrings —Remociones 22″ x 30″ Acuarela y tinta 2006
Ricardo Morín
Noviembre, 2025
Oakland Park, Florida
Nota del Autor
Remociones es una tetralogía de haikus que sigue el tránsito íntimo de la apertura al dolor, de la resistencia a la renovación. Cada poema entra en el cuerpo—aliento, articulaciones, pensamiento, dulzura—para mostrar cómo la vida persiste en breves instantes de aire, luz y vitalidad. La secuencia se presenta en inglés y español castellano.
Ricardo Morín Cuadriático silencioso: La mascarada del gobierno pequeño Cada panel: 56 x 76 cm Acuarela, grafito, yeso, acrílico sobre papel 2010
Ricardo F. Morín
Noviembre de 2025
Oakland Park, Florida
Nota del autor
La idea de reducir el tamaño del Estado en los Estados Unidos ha reaparecido en distintas administraciones, aunque el déficit persiste y las obligaciones centrales de la vida pública (la Seguridad Social, Medicare, el creciente costo sanitario y el desequilibrio fiscal de largo plazo) siguen sin resolverse en el plano estructural. Las iniciativas presentadas como programas de eficiencia suelen desviar la atención de estos compromisos persistentes. Este ensayo examina la distancia entre la ejecución de la reforma y las realidades que persisten bajo dicha ejecución, y pregunta qué queda oculto cuando una representación de reforma se presenta como transformación —en particular los intereses corporativos que se benefician cuando se reducen las funciones regulatorias y de supervisión del Estado.
1
El reciente cierre del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) revela algo más que una insuficiencia administrativa. La iniciativa comenzó con la promesa extravagante de ahorrar varios billones de dólares y terminó con una afirmación imposible de verificar que equivalía a cerca del tres por ciento del presupuesto federal. La disparidad no es un error técnico, sino uno simbólico. Esta disparidad expone un patrón político en el que se anuncia una reforma de gran alcance, se escenifica su ejecución y el resultado es un gesto que guarda escasa relación con la proporción de la aspiración. Lo que al principio había parecido una reestructuración disciplinada del Estado se convirtió, en cambio, en un ejemplo de cómo la ambición puede separarse de la factibilidad.
2
El lenguaje de la eficiencia ha ejercido durante mucho tiempo un atractivo casi irresistible. Ese lenguaje sugiere una visión de la administración liberada del exceso, guiada por la prudencia y alineada con la virtud fiscal. Sin embargo, la eficiencia funciona como una metáfora más que como un principio. Esta metáfora oculta supuestos sobre lo que debe hacer el Estado, lo que requieren los ciudadanos y lo que exige la complejidad contemporánea. Uno de esos supuestos sostiene que las obligaciones públicas pueden cumplirse con menos instrumentos; otro afirma que unas instituciones más reducidas sirven mejor al interés público. Ambos supuestos pasan por alto que las sociedades intrincadas necesitan una capacidad institucional robusta y que dicha capacidad implica necesariamente un costo.
3
Cuando tales programas chocan con las realidades operativas de la administración, sus límites se vuelven evidentes. Las agencias federales existen porque las responsabilidades que asumen no pueden ser gestionadas únicamente por la iniciativa privada. Estas agencias coordinan infraestructuras, regulan los mercados, vigilan los riesgos sistémicos y median en los conflictos entre intereses grandes y a menudo contrapuestos. Los intentos de reducir de manera severa estas funciones rara vez producen los ahorros previstos, porque las necesidades subyacentes no desaparecen. Los reformadores se enfrentan a una verdad sencilla: las funciones indispensables no pueden eliminarse sin consecuencias.
4
Lo que surge en su lugar es una apariencia sin contenido. La promesa de reducir el tamaño del Estado satisface una demanda cultural de contención visible, aunque el resultado satisfaga poco más. Esa promesa afirma un relato en el que la burocracia se imagina como el obstáculo para el bienestar nacional y la reducción institucional como el remedio. Sin embargo, la apariencia de reforma suele sustituir a una reforma sustantiva. Las actuaciones procedimentales se elevan a la categoría de resultados, y la declaración de cambio se acepta como prueba de que el cambio ha ocurrido.
5
Tras esta representación se perfila una estrategia más profunda. Cuando el Estado se debilita, el alcance de la supervisión pública se reduce. Esa reducción no elimina la autoridad, sino que la reasigna. En ausencia de instituciones públicas sólidas, los centros de poder no gubernamentales (corporaciones, individuos de gran patrimonio y otras entidades de control privado que operan sin responsabilidad electoral) asumen una esfera de influencia más amplia y funcionan con menos obligaciones y casi ninguna transparencia. La retórica de achicar el Estado encubre, por tanto, un movimiento distinto: la expansión de la discrecionalidad fuera de los cauces de la rendición democrática de cuentas.
6
Esta expansión se vuelve más visible en la consolidación de la riqueza. Cuando las capacidades regulatorias y de investigación se reducen, también disminuyen las restricciones sobre las grandes fortunas. El capital concentrado amplía su alcance a través de los sectores productivos, las infraestructuras, los datos y los sistemas de información. Los esfuerzos por limitar el alcance del Estado operan, por tanto, como un escudo bajo el cual el poder privado se acumula con una resistencia mínima. Lo que se presenta como la eliminación de restricciones burocráticas se convierte, en la práctica, en la eliminación de las restricciones que limitan el poder privado frente al escrutinio público.
7
Tales condiciones alimentan la tentación autocrática. Cuando la riqueza opera más allá de los contrapesos institucionales, la frontera entre influencia y autoridad comienza a desdibujarse. Los actores privados adquieren la capacidad de modelar políticas, orientar el discurso público y redefinir normas sin un mandato democrático. La crítica al “gran Estado” se convierte en un medio para crear condiciones en las que los actores privados actúan como soberanos informales: poderosos, no elegidos e indispensables —cada vez más— para el funcionamiento ordinario de la vida cívica.
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No es casualidad que esta retórica aparezca a menudo en el lenguaje del populismo. Los llamamientos a las frustraciones públicas convierten los desequilibrios estructurales en agravios culturales. La burocracia se presenta como el adversario, incluso cuando el verdadero obstáculo para la dignidad cívica reside en la creciente distancia entre el poder concentrado y el interés público. Lo que se ofrece como una defensa del pueblo suele promover intereses muy alejados de aquellos que afirma representar.
9
Estas dinámicas reflejan un patrón recurrente: el atractivo de la riqueza concentrada, el debilitamiento de las restricciones públicas y la afirmación de que el progreso puede invocarse sin ser compartido. El llamado a reducir el tamaño del Estado se inscribe en este patrón más amplio. Ese llamado funciona como una iteración contemporánea de una estrategia conocida, en la que la retórica reformista oculta la concentración de ventaja. El patrón persiste porque su lenguaje de superficie resulta persuasivo mientras sus mecanismos subyacentes permanecen ocultos.
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Si existe una vía efectiva, no reside en disminuir las instituciones, sino en fortalecer los mecanismos a través de los cuales estas rinden cuentas ante una sociedad diversa. La medida del Estado no es su tamaño, sino su integridad: su capacidad para responder a la complejidad sin ceder sus responsabilidades a la autoridad privada. Lo que se debilita cuando las instituciones se reducen no es la eficiencia, sino la democracia misma. Defender la esfera pública exige aclarar lo que se pierde cuando la reforma se limita a una apariencia únicamente formal, cuando la eficiencia se convierte en un lenguaje destinado a encubrir el poder en lugar de distribuirlo.
Ricardo Morin Serie ID: El antiguo cruce de caminos Óleo sobre lienzo 35,5 x 45,7 x 1,9 cm 2009
Proemio
Esta reflexión aborda un tema cuyos contornos continúan desplazándose. Su propósito es descriptivo, no conclusivo: observar el lenguaje, la geografía y los patrones de reconocimiento que influyen en cómo se alude hoy a esta zona de Asia Occidental. La indagación no presupone un marco definido; registra hechos que quizás aclaren, con el tiempo, cómo se sitúa y se comprende la región.
1
La expresión “Oriente Medio” surgió del vocabulario estratégico occidental y se ha aplicado durante más de un siglo a una zona de Asia Occidental situada entre Europa, África y el resto del continente asiático. La designación no se originó en las características internas de la zona; ofrecía una clasificación externa para una geografía que no encajaba con categorías como “Oriental”, “Europea” o “Africana”. La reflexión que sigue describe los ajustes actuales en la percepción de esta geografía y no pretende atribuir causas, consecuencias ni juicios.
2
El terreno físico identificado por ese término antecede su nombre en milenios. Consiste en rutas terrestres y marítimas que enlazan tres continentes, creando puntos de paso entre la cuenca mediterránea, el océano Índico y regiones interiores adyacentes. Imperios se expandieron por estas rutas en distintos periodos. Las redes comerciales dependieron de ellas. Tradiciones religiosas y lingüísticas se desarrollaron en sus proximidades y se difundieron hacia otros territorios. Con el tiempo, la zona acumuló asociaciones simbólicas vinculadas a su posición, más que a una narrativa única. Estas asociaciones aparecen en registros históricos, referencias escriturarias, terminología diplomática y documentos administrativos.
3
Las condiciones políticas en Asia Occidental han cambiado en la última década. Aún más reciente, Siria, antes descrita como un Estado fragmentado, funciona ahora con un grado de estabilidad bajo autoridades que anteriormente operaban fuera de las estructuras estatales establecidas. Su participación en discusiones regionales refleja un ajuste en la práctica diplomática. Ajustes similares son visibles en otros lugares de la región, donde los gobiernos coordinan cuestiones de comercio, seguridad e infraestructura mediante canales que no corresponden a las antiguas divisiones de la Guerra Fría. Los Estados productores de petróleo del Golfo han ampliado su presencia global mediante inversiones e iniciativas de desarrollo que sobrepasan su entorno inmediato.
4
Estos desarrollos se producen junto a cambios demográficos, desigualdades económicas y preocupaciones de seguridad regional que se cruzan en este punto geográfico. La zona registra estos factores con frecuencia porque sigue siendo un corredor por el que circulan bienes, poblaciones e intereses estratégicos. Su visibilidad en los informes internacionales refleja esta posición. Diversos marcos explicativos —históricos, religiosos, ideológicos y estratégicos— se aplican a la misma geografía desde perspectivas distintas. Estos marcos coexisten con consideraciones operativas que influyen en las decisiones políticas, incluidas el territorio, las rutas de tránsito, las redes energéticas y las dependencias externas.
5
Las referencias a la identidad religiosa, la memoria civilizatoria o las narrativas políticas heredadas aparecen en el discurso público dentro y fuera de la región. Estas referencias coexisten con cuestiones materiales relacionadas con la gobernanza, el comercio y la estabilidad. Su coexistencia no resuelve la cuestión de cómo debe describirse la región; indica que la geografía admite múltiples capas de significado simultáneamente. La persistencia de estas capas demuestra hasta qué punto las proyecciones externas, las dinámicas internas y la ubicación física contribuyen a la visibilidad continua de la zona.
6
A medida que se reconsidera el término “Oriente Medio”, antiguas designaciones geográficas —como Asia Occidental o Mediterráneo Oriental— aparecen con mayor frecuencia. Si estos términos reemplazarán o simplemente acompañarán al anterior es algo incierto. La geografía en sí permanece constante, mientras que las categorías utilizadas para describirla siguen cambiando. Esto plantea una pregunta directa: cuando se disipan las proyecciones aplicadas a este antiguo cruce de caminos, ¿qué aspectos de la región se vuelven más visibles y cómo influyen esos aspectos en el lenguaje utilizado para describirla?
Ricardo Morin Triangulación 4: La ética de la percepción 22″ x 30″ Grafito sobre papel 2006
Ricardo F. Morín
Octubre de 2025
Oakland Park, Fl
Introduction
Percibir suele parecer un acto inmediato y sencillo. Vemos, oímos, reaccionamos. Sin embargo, entre ese primer contacto con el mundo y las decisiones que tomamos a partir de él, ocurre algo más lento y más frágil: la formación del sentido. En ese intervalo —entre lo que se presenta y lo que afirmamos— se juega no solo la comprensión, sino también la ética.
Este ensayo parte de una inquietud simple: ¿qué cambia cuando comprender importa más que afirmar? En una cultura que privilegia la reacción, la utilidad y la certeza, detenerse a percibir puede parecer improductivo. Sin embargo, es precisamente esa pausa la que permite que la experiencia se ordene sin violencia y que la relación entre la conciencia y el mundo conserve su proporción.
La ética de la percepción no propone reglas ni sistemas morales. Explora, más bien, cómo una atención sostenida —capaz de recibir antes de imponer— restablece la coherencia entre la vida interior y la realidad compartida. Desde ese gesto básico, la ética deja de ser una norma externa y se vuelve una forma de estar en relación.
Percepción
La percepción puede entenderse como el resultado emergente de mecanismos designados colectivamente como inteligencia, en sentido abstracto. Estos mecanismos no operan únicamente como funciones cognitivas interiores, ni son reducibles a sistemas, convenciones o instrumentos externos. La percepción surge en la interfaz continua entre la conciencia interior y la estructura exterior, donde la recepción sensorial, el reconocimiento de patrones y el ordenamiento interpretativo convergen mediante una atención sostenida.
Esta relación no presupone oposición entre los ámbitos interno y externo. Los procesos cognitivos y las condiciones del entorno funcionan como fuerzas co-presentes y mutuamente generativas. Las alteraciones que con frecuencia se describen como patológicas reflejan con mayor precisión desajustes dentro de esta relación recíproca, más que deficiencias intrínsecas de cualquiera de sus componentes. Cuando los marcos normativos privilegian determinados modos de atención perceptiva, la divergencia se reclasifica como desviación y la diferencia se convierte en disfunción.
Los modelos basados en la categorización o en la ubicación espectral ofrecen utilidad descriptiva, pero a menudo presuponen centros jerárquicos. Un enfoque orientado por la atención desplaza el énfasis desde la colocación comparativa hacia la orientación relacional. La coherencia perceptiva depende menos de la posición dentro de un esquema clasificatorio que de la sensibilidad ante el intercambio continuo entre el procesamiento interior y la configuración exterior.
Las pretensiones de autoridad sobre la normalidad perceptiva se debilitan al reconocerse su ubicuidad. Si la interacción entre los mecanismos cognitivos y la estructura del entorno constituye una condición universal y no un rasgo excepcional, ninguna institución, métrica o disciplina conserva legitimidad exclusiva para definir la desviación. La evaluación se vuelve contextual, las normas provisionales y la clasificación descriptiva en lugar de prescriptiva.
Desde este marco, la percepción no se mide por conformidad, eficiencia ni adaptación a sistemas dominantes. La percepción designa la capacidad sostenida de mantenerse alineada con la interacción dinámica entre la conciencia interior y la articulación exterior, sin reducir un ámbito al otro. Tal comprensión abarca la abstracción analítica, la modelación científica, el discernimiento artístico, la profundidad contemplativa y el razonamiento sistémico, sin elevar ningún modo singular de inteligencia por encima de los demás.
Considerada bajo esta luz, la percepción resiste el encierro dentro de categorías diagnósticas, culturales o jerárquicas. Lo que persiste no es un espectro jerarquizado de valor cognitivo, sino un campo de variación relacional gobernado por la emergencia, la atención y la presencia recíproca.
1
Comprender comienza por ver el mundo tal como es, antes de que cualquier afirmación o juicio determine su significado. Mi disposición se inclina hacia percibir, atender y responder, y no hacia la lucha o el impulso irreflexivo. Esa orientación actúa como una disciplina en la que la claridad y la proporción toman forma. El pensamiento, entendido así, no impone significados: los recibe mediante el intercambio vivo con la experiencia. Percibir recoge la presencia inmediata del mundo, y comprender modela esa presencia hasta convertirla en sentido. Ambos gestos nacen del mismo movimiento de la conciencia, donde la observación madura hasta volverse entendimiento. La filosofía deja entonces de ser un acto de dominio y se transforma en una forma de mirar que restablece el equilibrio entre la mente y la existencia.
2
La filosofía ha estado con frecuencia guiada por el impulso de afirmar antes que el de entender. Desde la Antigüedad hasta la modernidad, los pensadores construyeron sistemas destinados a asegurar la certeza y a proteger el pensamiento de la duda. Nietzsche heredó ese impulso y lo invirtió al convertir la voluntad en instrumento de afirmación. Su perspectiva liberó a la razón del dogma, pero también la confinó dentro de los límites de la autoafirmación. Comprender, en cambio, nace del reconocimiento de que el sentido surge en la relación. El acto de captar no depende de la fuerza, sino de la mirada. Cuando el pensamiento observa en lugar de imponer, el mundo revela su propia coherencia. De esa revelación brota la ética, porque comprender es ya entrar en relación con lo que se percibe. La comprensión no es, por tanto, pasividad: es participación activa en el despliegue de lo real.
3
La percepción se vuelve ética cuando reconoce que todo acto de ver conlleva responsabilidad. Percibir es admitir la presencia de lo que tenemos delante—no como un objeto que deba dominarse, sino como una realidad que coexiste con la nuestra. La conciencia nunca es neutra; carga el peso de cómo atendemos, interpretamos y respondemos. Cuando la percepción permanece firme, el reconocimiento se profundiza hasta convertirse en vínculo. Un solo instante lo hace visible: al observar a una persona mayor luchar con abrir una puerta, la mente primero percibe, luego comprende y, finalmente, responde—no por impulso, sino por el reconocimiento de una condición humana compartida. El arte realiza ese mismo movimiento. El pintor, el escritor y el músico no inventan el mundo; lo encuentran a través de la forma. Cada gesto creativo registra un diálogo entre la experiencia interior y la exterior, donde comprender se transforma en reconocimiento de relación. El valor moral del arte no reside en un mensaje, sino en la calidad de la atención que sostiene. Vivir perceptivamente exige practicar a la vez la contención y la apertura: la contención impide que la voluntad domine lo que se contempla, y la apertura permite que el mundo hable a través de sus detalles. En esa práctica sostenida, la ética deja de ser norma y se convierte en una forma de vivir con atención dentro del vínculo.
4
La vida moderna incita a la mente a reaccionar antes de percibir.
La velocidad de la información, la inmediatez de la comunicación y el constante oleaje de estímulos fragmentan la conciencia. En ese clima, la voluntad irreflexiva recupera su fuerza; afirma, selecciona y consume movida por el sesgo más que por el entendimiento. Lo que desaparece es el intervalo entre la experiencia y la reflexión—la pausa en la que la percepción madura hasta convertirse en pensamiento. La vida ética, entendida como vivir con conciencia de la relación, reaparece cuando ese intervalo se restituye. Una cultura que valore la percepción por encima de la reacción puede recuperar la medida que la tecnología y la ideología suelen distorsionar. La tarea no es rechazar la innovación, sino ejercer discernimiento dentro de ella. Cada acto de atención se vuelve resistencia a la dispersión, y cada momento de silencio recupera la hondura que el ruido oculta. Cuando la percepción llega a reconocer otra conciencia como igual en su derecho a existir, el entendimiento adquiere peso moral. Ese reconocimiento exige paciencia: la disposición a ver sin apropiarse y a permanecer presente sin poseer.
5
Toda filosofía empieza como un gesto hacia la armonía. La mente busca comprender su vínculo con el mundo, pero a menudo confunde la armonía con el control.
Cuando comprender sustituye a la conquista, el pensamiento redescubre su proporción natural. El mundo no es un escenario de autoafirmación, sino un campo de correspondencias en el que la conciencia se encuentra con lo que percibe. Pensar éticamente es pensar desde la relación. El acto de entender restablece la continuidad entre la vida interior y la exterior, mostrando que conocer es ya participar. Cada encuentro con lo real—cada instante de ver, oír o recordar—se convierte en ocasión para actuar con medida. La mente reflexiva no se aparta del mundo ni lo domina. Permanece dentro de la experiencia como testigo y partícipe, permitiendo que la percepción alcance su plenitud humana: la capacidad de reconocer lo que está más allá de uno mismo y de responder sin dominio. Cuando el pensamiento surge de la atención y no de la lucha, reconcilia la inteligencia con la presencia y devuelve el equilibrio sereno que la vida moderna ha desplazado. En esa reconciliación, la filosofía cumple su tarea más antigua: llevar la conciencia a la armonía con la existencia.
Ricardo Morin Gobernar por Excepción 10″x12″ Acuarela, creyón de óleo y gesso 2003
Por Ricardo F. Morín
10 de octubre de 2025
Bala Cynwyd, Pensilvania
El poder sin examen se convierte en su propia justificación.
—Máxima cívica anónima
Proemio
Gobernar constituye la disciplina moral del orden: el esfuerzo sostenido por mantener la autoridad alineada con la conciencia, de manera que el poder continúe siendo un instrumento de justicia y no un vehículo de interés propio. El Estado encarna esa disciplina en cada uno de sus actos: necesario, falible y siempre expuesto al peligro de confundir permanencia con legitimidad.
1
La historia política rara vez avanza como una línea recta. Se acumula, más bien, como un palimpsesto en el que nuevos regímenes —imperiales, republicanos, autoritarios y democráticos— graban sus doctrinas sobre los vestigios de órdenes anteriores. Las instituciones y las leyes no suelen desaparecer; sobreviven como capas de precedentes y hábitos que gobiernos posteriores reinterpretan para servir otros fines. El momento político actual de los Estados Unidos debe examinarse dentro de esa estructura acumulativa. Lo que parece una ruptura radical con la tradición constitucional es, en realidad, la reescritura más reciente de un molde preexistente. Mecanismos que otrora resguardaban la república ahora amplían el alcance del poder ejecutivo. Tales mecanismos revelan cómo continuidad y ruptura pueden coexistir en un mismo acto.
2
Durante el primer semestre del retorno de la administración Trump, el sistema político estadounidense ha ingresado en un estado de dislocación controlada. Directivas ejecutivas han anulado apropiaciones del Congreso, suspendido programas estatutarios y reorganizado departamentos enteros bajo autoridad provisional. Un cierre gubernamental, presentado como necesidad administrativa, se ha convertido en herramienta para reestructurar el Estado. Los despidos masivos, los congelamientos selectivos de fondos y la redefinición de mandatos institucionales actúan como instrumentos coordinados para concentrar el poder en el Ejecutivo. No son disputas episódicas entre ramas del gobierno; revelan una estrategia coherente de reconfiguración, ejecutada mediante actos que parecen legales pero están diseñados para desfigurar el equilibrio de poderes desde el interior.
3
El principio rector de esta transformación es la normalización de la excepción. Facultades que generaciones anteriores consideraban temporales —remedios de emergencia reservados a amenazas extremas— se han convertido en herramientas ordinarias de administración. La invocación de la Insurrection Act [Ley de Insurrección], concebida para rebeliones u obstrucciones violentas, funciona ahora como justificación para el despliegue de fuerzas militares en estados gobernados por la oposición política. El uso de esa autoridad se justifica como respuesta a un aumento del crimen, aun cuando los datos verificables registran un descenso nacional. En esta inversión de la lógica, la declaración de emergencia antecede a su necesidad. El propio gobierno genera la crisis que afirma enfrentar y permite que las medidas coercitivas parezcan inevitables y legítimas. Lo que se diluye en ese proceso no es solo la restricción institucional, sino también la disciplina moral del orden: la facultad perceptiva mediante la cual el reconocimiento se convierte en responsabilidad y el ver adquiere peso ético.
4
La redefinición de autoridad como autoritarismo se ve reforzada por la doctrina judicial. La decisión de la Corte Suprema en Trump v. United States (2024) estableció que el presidente goza de inmunidad absoluta para los “actos oficiales esenciales” y de inmunidad presuntiva para todos los demás actos realizados en su capacidad oficial. Este fallo alteró el significado mismo de la responsabilidad. Colocó la presidencia por encima del escrutinio legal ordinario al presumir legalidad allí donde pueda alegarse cumplimiento del deber. La decisión invirtió el orden constitucional que antes definía la presidencia como un cargo limitado por la ley. Bajo esta interpretación, la legalidad fluye de la función y no del estatuto. La Corte no inventó la supremacía ejecutiva: legitimó su evolución. Al blindar a la oficina del Ejecutivo de las consecuencias de sus actos, el poder judicial, quizá sin intención expresa, se convirtió en instrumento de la transformación que debía contener.
5
Si examinamos la tríada de poderes —legislativo, ejecutivo y judicial—, el equilibrio presente muestra una distorsión marcada. Cada rama conserva su contorno formal, pero su autoridad interior se ha reducido. La facultad presupuestaria del Congreso se ha debilitado mediante impugnaciones y desembolsos selectivos. Las agencias administrativas han sido vaciadas por despidos abruptos y reorganizaciones estructurales. El poder judicial, atado a sus doctrinas de deferencia e inmunidad, se halla incapaz de intervenir con eficacia. Lo que subsiste del equilibrio institucional descansa menos en el principio constitucional que en la inercia administrativa. La maquinaria estatal continúa funcionando, pero su continuidad depende ya del hábito más que de la ley.
6
No se trata aún de una dictadura abierta. Es un fenómeno más sutil: un sistema que opera a través de formas legales pero concentra poder en la práctica. La autoridad conserva apariencia constitucional mientras utiliza los mismos procedimientos para afianzar control unilateral. El patrón se distingue no por sus proclamaciones, sino por acciones verificables: decretos que sustituyen a la legislación, órdenes “temporales” renovadas sin fecha de expiración, fondos retenidos a adversarios políticos y despliegue de tropas federales en jurisdicciones donde no se ha demostrado desorden alguno. Cada medida, aislada, parece limitada y razonable. Tomadas en conjunto, forman una arquitectura de excepción: un marco invisible que reorganiza el poder sin proclamar revolución. En esa arquitectura se advierte el declive de la disciplina moral del orden, donde la legalidad persiste pero la conciencia retrocede.
7
Un análisis forense debe centrarse, por tanto, no en la acusación sino en la diagnosis. El objetivo es identificar cuándo la práctica diverge del principio y cuándo la continuidad jurídica encubre una mutación política. La cuestión no es si la democracia ha desaparecido, sino cuán lejos se ha apartado la república de sus propias normas operativas. Ese desvío puede medirse mediante datos ordinarios: el número de apropiaciones ignoradas o retrasadas; la duración y el alcance de declaraciones de emergencia; la proporción entre funcionarios confirmados y designaciones interinas; y la frecuencia con que la inmunidad presidencial se invoca para impedir la revisión. Cada indicador marca un paso más lejos del régimen de poder compartido que define la democracia constitucional.
8
El concepto de república, en su sentido clásico e ilustrado, presupone un equilibrio entre poder y virtud: el imperio de la ley sostenido por ciudadanos libres de dependencia. En la práctica contemporánea, esa idea se ha reducido a una etiqueta partidista. El republicanismo que antes exigía responsabilidad cívica convive ahora con mecanismos —financiación mediante PAC [Comité de Acción Política: Organización que recauda y gasta dinero para elegir candidatos políticos], lealtad faccional, influencia corporativa— que convierten el gobierno en instrumento de intereses privados. Así, la palabra que en otros tiempos significaba contención encubre hoy su contrario: un sistema en el que la representación sirve a sus patrocinadores con mayor fidelidad que a sus ciudadanos.
9
La historia muestra que los sistemas constitucionales rara vez colapsan por desafío abierto; ceden mediante adaptación. La República romana no abolió sus instituciones: las transformó gradualmente en órganos imperiales. Las democracias modernas siguen derroteros similares cuando la crisis se utiliza para justificar la concentración del poder. La autoridad ejecutiva se expande, la restricción legislativa se debilita y la cautela judicial se vuelve complicidad.El caso estadounidense se ajusta a ese patrón. El marco de la Constitución permanece, pero su significado se desplaza de forma incremental mediante interpretación, precedente y hábito administrativo. La transformación progresa sin enmienda formal porque cada desviación se presenta como continuidad.
10
Los indicadores del declive son estructurales, no morales. Cuando la legalidad depende de la voluntad —el impulso autolegitimante del poder cuando ha quedado desvinculado de la responsabilidad moral— y esa voluntad está protegida del escrutinio, la arquitectura del freno pierde coherencia. Allí la disciplina moral del gobierno cede paso a la lógica autovalidante del poder. Lo que sigue no es anarquía, sino desorden organizado: una condición en la que las instituciones funcionan como antes, pero para fines opuestos; anarquía disfrazada de normalidad. Los procedimientos se observan, pero la sustancia se invierte. La apariencia externa de democracia persiste, mientras su lógica interna es reemplazada por un sistema que gobierna mediante excepción permanente.
11
La tarea de observadores y ciudadanos no consiste en prever el colapso, sino en reconocer la mutación. Los sistemas políticos rara vez anuncian su punto de inflexión; se ocultan bajo la rutina. La inteligencia cívica se mide en la capacidad de advertir cuándo la ley se vuelve vocabulario, cuándo la supervisión se vuelve representación y cuándo el estado de excepción deja de ser transitorio. La república continúa funcionando, pero lo hace bajo premisas alteradas. La preservación de la legalidad depende no solo del diseño institucional, sino también de la vigilancia de quienes lo interpretan. La justicia perdura únicamente donde las instituciones recuerdan que su finalidad es limitar el poder, proteger al vulnerable y mantener vivo el fundamento moral del que la autoridad obtiene su derecho a actuar.
12
La permanencia de la república dependerá, en consecuencia, no del espectáculo de sus elecciones, sino de la recuperación de su primera obligación: mantener la autoridad sometida a la idea moral que le otorga legitimidad. La justicia perdura solo donde las instituciones recuerdan que existen para limitar el poder, defender al vulnerable y preservar la disciplina moral del orden, mediante la cual la libertad permanece lícita y la ley conserva su humanidad. Cuando esa memoria se desvanece, lo que queda es administración sin alma: un Estado aún erguido, pero ya sin gobierno.
Hay vidas que parecen recapitular el destino de una nación, como si la historia, en busca de renovación, reuniera sus promesas dispersas en una sola forma mortal. María Corina Machado pertenece a ese raro orden de seres en quienes la sangre, la memoria y la convicción convergen —no como privilegio, sino como carga. No nació simplemente dentro del linaje republicano de Venezuela; fue convocada por él. El llamado que resonó por primera vez en los salones asamblearios de Caracas en 1811 —cuando se proclamó su independencia y se concibió su primera constitución republicana— sigue vibrando bajo su nombre.
Su ascendencia se remonta al primer pulso de la República. Desde los Rodríguez del Toros, que plasmaron sus firmas bajo el Acta de Independencia, hasta los ingenieros Zuloaga que electrificaron a la nación, su genealogía está tejida en las arterias cívicas de Venezuela. Es una estirpe que eligió el servicio sobre el título, la innovación sobre la indulgencia y la fidelidad a la ley sobre la comodidad del silencio. En esa tradición, la libertad no es una abstracción: es herencia, obligación y vocación. Es el hilo que une a un pueblo con su conciencia.
Cuando las instituciones que antaño definieron a Venezuela empezaron a desmoronarse, cuando la legalidad se convirtió en teatro y las palabras perdieron su peso, Machado dio un paso al vacío con la gravedad de quien sabe que el retroceso es imposible. Su desafío no fue teatral: fue ancestral. Cada gesto, cada negativa a someterse, llevaba la silenciosa autoridad de la historia consumada. Hablaba como quien comprende que preservar la dignidad en tiempos de humillación es la forma más pura de resistencia. Hay, en su modo de ser, esa rara síntesis de lucidez y firmeza que define la personalidad moral de una nación en su mejor expresión: lúcida, incorruptible y humana.
Hoy, sin embargo, su adversario no es uno solo, sino muchos. Ante ella se alza no sólo un narcoestado que ha vaciado de soberanía a Venezuela, sino también una oposición fracturada —un archipiélago de partidos y figuras unidos menos por principios que por conveniencia. Faccionados, transitorios y transaccionales, han convertido la pluralidad en pretexto y el compromiso en comercio. Muchos han aprendido a vivir del mismo régimen que denuncian. Negocian libertades para sí mismos, incluso mientras el país se hunde cada vez más en la cautividad. Frente a esa duplicidad, la presencia de Machado se ha vuelto un juicio moral: su claridad desnuda la corrupción de los otros; su constancia, su oportunismo.
En torno a este desorden interno, el mundo gira con apetito vigilante. Las vastas riquezas naturales de Venezuela —su petróleo, su gas, su oro y sus minerales raros— se han convertido en el botín de redes criminales y de inversores multinacionales por igual. Rusia, China, Irán y los Estados Unidos, cada uno envuelto en retórica de salvación, compiten no por liberar al país sino por asegurarse una parte de su agotamiento. Detrás de las máscaras diplomáticas de la ayuda se oculta el mismo cálculo: que el caos puede ser rentable, que una nación debilitada por el hambre y el miedo puede ser manejada con mayor facilidad que una restaurada a su soberanía. Ésa, desde hace veinticinco años, ha sido la condición de Venezuela: un campo de extracción material, moral y humana; su pueblo disperso, sus instituciones despojadas, su memoria empeñada al mejor postor.
En tal paisaje, María Corina Machado se erige a la vez como testigo y contrapunto. Su lucha nunca ha sido por el poder, sino por la coherencia —por la recuperación de un lenguaje cívico capaz de nombrar lo que se ha perdido. Hablar de ley, verdad y justicia en medio de la corrupción generalizada equivale a resucitar el sentido mismo de las palabras. Su voz se ha vuelto el hilo que reúne la conciencia dispersa de la nación, recordando a los venezolanos que la dignidad no se negocia, y que ningún salvador extranjero restaurará lo que sólo los ciudadanos pueden redimir.
Verla caminar por las calles, recibida no por el lujo sino por la fe, es contemplar a un país que empieza a recordarse a sí mismo. Se ha convertido, lo quiera o no, en el espejo a través del cual los venezolanos redescubren su propia arquitectura moral: la decencia, el valor, la compasión y un anhelo inextinguible por la verdad. En su perseverancia, el diálogo interrumpido entre el pueblo y la República vuelve a escucharse.
El Premio Nobel de la Paz, otorgado a su nombre, no es una coronación, sino un reconocimiento —la constatación de que su lucha trasciende el momento y se convierte en emblema del espíritu humano que se niega a rendirse ante la desesperanza. Al concedérselo, el mundo afirma que el sueño republicano de Venezuela —nacido en el fuego y preservado en la conciencia— sigue respirando en una de sus hijas. Es el sueño de una nación que cree que la paz sólo puede edificarse no sobre la sumisión, sino sobre la claridad moral; no sobre el silencio, sino sobre la voz inquebrantable del ciudadano.
Lo que María Corina Machado representa es más que la oposición a la tiranía. Es la encarnación de la continuidad —la idea de que una República, como un alma, sobrevive mientras exista alguien dispuesto a soportar su peso con dignidad. Su ascenso no es accidental: es el retorno de una promesa antigua. En su serenidad, Venezuela vuelve a reconocerse: herida pero intacta, luminosa en su desafío, fiel al destino inscrito en su primer acto de libertad.
Ricardo F. Morín La gramática del conflicto Acuarela, gesso, pluma sharpie negro y creyón de óleo sobre papel 10”x12” 2003
Ricardo F. Morín; 9 de Octubre de 2025
Resumen
El conflicto perdura no solo por los agravios que lo encienden, sino también por la lógica interna que lo sostiene. El odio, la victimización, la hipocresía, el tribalismo y la violencia no actúan como fuerzas separadas; forman un sistema interdependiente que se justifica a cada paso. Este ensayo examina el conflicto como una gramática: un conjunto de reglas y patrones mediante los cuales la hostilidad moldea el pensamiento, legitima la acción y se perpetúa a lo largo de generaciones. El propósito no es juzgar, sino revelar cómo el conflicto se hace autosuficiente, cómo la violencia pasa de instrumento a ritual, y cómo la contradicción se convierte en el fundamento mismo sobre el cual las sociedades actúan de manera que traicionan sus propios valores proclamados.
1
El conflicto, reducido a su estructura, es menos un acontecimiento que un lenguaje. Se aprende, se repite y se transmite —no solo como instinto, sino también como un marco estructurado a través del cual las personas interpretan los hechos y justifican las acciones. La violencia es solo una de sus expresiones; bajo el acto subyace una secuencia de ideas y reacciones que no solo preceden la violencia, sino que también tejen la hostilidad deliberadamente dentro de un tejido de continuidad. Comprender esta gramática del conflicto es esencial, porque muestra cómo los seres humanos pueden permanecer atrapados en ciclos de daño mucho después de que las causas originales hayan desaparecido —no por accidente, sino porque la retórica que sostiene el conflicto extiende la violencia inicial mucho más allá de su causa. Lo que parece espontáneo suele estar guionado, y lo que parece inevitable es, con frecuencia, el resultado acumulado de decisiones que se han endurecido hasta volverse reflejo.
2
El odio es la primera sintaxis de esta gramática. El conflicto no estalla de pronto; se acumula con el tiempo, capa sobre capa, a través de la memoria, el mito y la narración selectiva. Se presenta como defensa frente a una amenaza o subordinación percibida; pero su función más profunda es de preservación. El odio sostiene la identidad al definirse contra lo que no es. Una vez arraigado, el conflicto deja de depender de amenazas inmediatas: se vuelve autosuficiente. Se convierte en un lente que reinterpreta las pruebas conforme a su propio relato y sus expectativas. El conflicto prepara el terreno en el que prospera y ofrece explicaciones prefabricadas para disputas futuras.
3
La victimización da al odio un vocabulario duradero. Convierte el sufrimiento de un hecho pasado en un recurso político y social permanente. El sufrimiento es una condición que todos habitamos. Pero hacer del sufrimiento el núcleo de una identidad colectiva es una estrategia. El sufrimiento permite a las comunidades reclamar autoridad moral y legitimar acciones que de otro modo serían ilegítimas. La historia del agravio se transforma en fundamento de la represalia. Sin embargo, en ello yace una trampa: una identidad anclada en la victimización amenaza con impedir el cierre de su propio relato. Sin la presencia de un adversario, la legitimidad pierde fuerza. La herida original permanece abierta —recordada y convertida en arma para todo lo que sigue. Cada nuevo acto de agresión se presenta como defensa de la dignidad y reafirmación del sufrimiento.
4
La hipocresía es la estructura que mantiene unido este sistema. Permite denunciar y ejercer la violencia al mismo tiempo. Es la proclamación de ideales que se violan de manera sistemática. La hipocresía no solo oculta la contradicción; la encarna. Es, en realidad, un vano intento de invocar la justicia, de hablar de derechos universales y de condenar la crueldad. La duplicidad resultante es esencial. La hipocresía presenta la violencia como principio legítimo, la dominación como protección y la exclusión como necesidad.
5
Una vez que el odio, la victimización y la hipocresía se alinean, la violencia se convierte en un ritual, no en una reacción. Este ritual puede invocar objetivos instrumentales: la recuperación de un territorio perdido, la reparación de agravios pasados o la garantía de seguridad. Pero con el tiempo, el propósito se desvanece y el patrón permanece. Cada acto intenta confirmar la legitimidad del anterior y preparar la justificación del siguiente. El ciclo ya no requiere detonantes; el conflicto se sostiene por su propio impulso. La violencia se convierte en el medio por el cual el colectivo consolida su identidad e institucionaliza la memoria.
6
El tribalismo es un ritual de poder emocional. El conflicto reduce la complejidad de la experiencia humana a afiliación y exclusión. Dentro de este marco, estándares radicalmente distintos juzgan las mismas acciones según quién las cometa. Lo que los de fuera llaman terrorismo se convierte, dentro de la tribu, en una fuerza defensiva. La tiranía del enemigo se transforma en la fortaleza del grupo. El tribalismo convierte la contradicción en coherencia; hace aceptable la hipocresía; transforma la violencia en lealtad y la represalia en obligación. Cuanto más profundamente definen las divisiones a una sociedad, más indispensable se vuelve el conflicto para su sentido de propósito.
7
La violencia deja de ser una respuesta y se convierte en una condición. Persiste no porque sirva a fines inmediatos, sino porque afirma una sensación de permanencia. Poner fin a un ciclo implica desmantelar sus narrativas de sostén; reconocer que el enemigo no es inmutable, que la victimización no es exclusiva y que los ideales ya no pueden coexistir con las traiciones.
8
La ilusión de inevitabilidad es insidiosa. Si el conflicto se convierte en destino, la responsabilidad se disuelve. Cada reacción explica la acción como defensa. En ello, el reconocimiento disminuye la agencia: la violencia deja de parecer una elección y pasa a verse como una condición impuesta desde fuera, una ilusión que permite al ciclo continuar.
9
Romper la continuidad no es ni difícil ni misterioso. El odio, como explicación, simplifica y legitima el relato; ofrece una seguridad ideológica y preserva una falsa sensación de control. Juntos, forman un sistema que parece natural, pero la familiaridad no es destino. La gramática del conflicto se aprende; lo que se aprende puede desaprenderse. El primer paso es esclarecer y reconocer que lo que parece inevitable no es más que una elección disfrazada de reacción. Así pueden las sociedades construir nuevas gramáticas, sin enemistad, sin venganza y sin dominación.
10
Diagnosticar el conflicto no significa minimizar el sufrimiento ni excusar la violencia. Comprender cómo el sufrimiento y la violencia perduran revela que ambos se alimentan mutuamente. Las heridas más profundas no son las infligidas una sola vez, sino aquellas que se mantienen vivas mediante las historias que se repiten sobre ellas. El ciclo persiste porque la sinrazón tiene su propia lógica: preserva los relatos que nos mantienen heridos y nos convence de su necesidad. No es que las personas actúen sin razón, sino que racionalizan lo irracional hasta que la irracionalidad misma se convierte en el principio organizador de su conducta. Exponer su gramática no es una solución, pero sí un comienzo: una manera de hacer visible la arquitectura del antagonismo y, quizá, de imaginar formas de coexistencia que ya no dependan del conflicto perpetuo para justificarse.
Aunque la concesión del Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado alegra y honra a quienes aún creen en la posibilidad de una Venezuela democrática, también revela una realidad mucho más compleja, que merece reflexión.
La prensa internacional aún no logra comprender la ilusión que rodea la supuesta liberación de Venezuela del narcoestado. Los venezolanos continúan esperando indefinidamente, sostenidos por una falsa esperanza. Bajo esa esperanza se oculta una atadura más profunda: el territorio del país está sometido a intereses multinacionales (chinos, rusos, estadounidenses y otros) impulsados no por ideología, sino por la competencia entre inversionistas y redes criminales. Para todos ellos, un conflicto prolongado en Venezuela resulta conveniente; se convierte en un puente hacia una metamorfosis regional, justificada por la expropiación de los recursos naturales del país y destinada a consolidar un dominio hemisférico. La tragedia venezolana no es, por tanto, solo política sino también estructural: un experimento en el que la soberanía se trueca por acceso, y la resistencia misma se transforma en una forma de cautiverio.
La prolongada crisis venezolana revela el dilema moral en la política contemporánea: cómo el sufrimiento puede ser al mismo tiempo explotado y perpetuado cuando la comprensión cede ante la ilusión. El sueño de la liberación se ha convertido en uno de las fantasías más persistentes de la nación. Detrás del lenguaje de la emancipación se oculta una convergencia silenciosa de intereses globales —cada uno sosteniendo el conflicto que dice combatir—, pues el desorden legitima la intervención y el caos ofrece el pretexto para la extracción. En este sentido, Venezuela no es solo un país en desgracia, sino también el escenario donde la gramática de la dominación continúa representándose bajo el vocabulario de la redención.
El desafío ya no es imaginar la libertad como un rescate externo, sino comprender cómo la dependencia se disfraza de salvación. Sólo la comprensión (el acto de ver más allá del agravio y del consuelo) puede perforar el velo de la liberación y devolverle el significado a la idea misma de libertad.
La continuidad como condición habilitante del cambio
Ricardo F. Morín El mito de la ruptura Acuarela, creyón de óleo, pluma sharpie negro y gesso sobre papel 10”x12” 2003
Ricardo Morin — 30 de septiembre de 2025; Bala Cynwyd, Pensilvania
Nada humano comienza desde la nada. Las instituciones, las lenguas, los sistemas de creencias y las obras de arte surgen siempre de aquello que las precede. Crear no significa rechazar la herencia, sino transformarla. Todo acto de creación se nutre de una percepción, una memoria y una experiencia acumuladas. Esta idea resulta crucial para comprender la cultura contemporánea, en la que las proclamaciones de un cambio sin precedentes suelen ocultar profundas continuidades bajo la superficie de la novedad. Los seres humanos, sujetos a la temporalidad, no pueden desprenderse de lo que ha sido; sólo pueden reorganizar y reinterpretar los materiales que ya tienen a su alcance.
La noción de invención suele describirse como una ruptura con el pasado, un salto hacia lo desconocido. Sin embargo, incluso las transformaciones más radicales están modeladas por lo que vino antes. Los ideales de la democracia moderna, por ejemplo, no surgieron espontáneamente. Se construyeron sobre ideas clásicas griegas de ciudadanía entendida como responsabilidad cívica compartida, arraigada en la isonomia —la igualdad ante la ley— y en la convicción de que la autoridad legítima emana de la deliberación y participación de los ciudadanos libres. También se inspiraron profundamente en concepciones romanas del derecho como un orden universal y racional capaz de unir a diversos pueblos en un marco político común, así como en el principio de res publica, que concebía al Estado como una entidad pública orientada al bien común y no a la voluntad de un solo gobernante. Estas ideas fundacionales, adaptadas y reinterpretadas a lo largo de los siglos, proporcionaron la arquitectura intelectual sobre la cual se erigieron las instituciones democráticas modernas. La percepción enmarca la invención: proporciona el vocabulario, los supuestos y las herramientas conceptuales que hacen posible las nuevas ideas. Aquello que parece completamente nuevo aún lleva la huella de aquello que trató de superar. Un examen más detallado revela que los productos de la creatividad no son actos aislados de originalidad, sino reconfiguraciones de estructuras preexistentes. La evolución, más que la aparición espontánea, gobierna la manera en que las ideas, las instituciones y las culturas toman forma.
La memoria sustenta este proceso. No es un registro pasivo de acontecimientos, sino un medio activo a través del cual se conciben posibilidades y las acciones adquieren sentido. La imaginación obtiene su material de la memoria: lo combina y lo reorienta hacia condiciones aún no realizadas. Esto se manifiesta de forma particularmente clara en la idea de libertad, un concepto que resiste definiciones simples pero que desde la antigüedad ha tenido dos significados complementarios. El primero, articulado con mayor claridad en la tradición clásica griega, concibe la libertad como eleutheria: la condición de vivir sin dominación ni restricción externa, un estado en el que los individuos no están sujetos a un poder arbitrario. El segundo, enraizado en la tradición jurídica y cívica romana, entiende la libertad como libertas (del Latín): la capacidad de participar activamente en el gobierno de la comunidad política y de dar forma a sus leyes e instituciones. Ambos significados revelan hasta qué punto la libertad depende de precedentes históricos: requiere un lenguaje que articule sus demandas, instituciones que garanticen su ejercicio y una memoria colectiva que enmarque su significado. Lejos de existir al margen de lo que ha sido, la libertad está modelada y posibilitada por lo que ya ha sido concebido, debatido y puesto en práctica. La experiencia previa proporciona las referencias y alternativas frente a las cuales las decisiones adquieren significado. Sin ese reservorio de conocimiento, la novedad carecería de coherencia y dirección, y el ejercicio de la libertad se reduciría a un impulso arbitrario. Los seres humanos no inventan en el vacío: trabajan dentro de la continuidad del tiempo y adaptan lo vivido y aprendido en formas adecuadas a lo que está por venir.
Esta misma dinámica define la formación de la identidad. El yo no es un acto aislado de invención, sino una negociación continua con lo que se ha recibido. La propia idea del yo ha evolucionado a lo largo de la historia: en la filosofía clásica, a menudo se concebía como psyche, una esencia interior modelada por la razón y la virtud, inserta en un orden cósmico mayor. El pensamiento cristiano reinterpretó esta concepción mediante la noción del alma como portadora única de responsabilidad moral, orientada a la salvación y definida por su relación con Dios. Posteriormente, pensadores de la temprana modernidad, como John Locke, transformaron esta herencia al fundamentar la identidad personal en la memoria y la conciencia —una concepción que influiría en las ideas modernas de autonomía individual. Incluso el impulso por definirse en oposición al pasado depende de categorías heredadas de él. La identidad, por tanto, no es estática ni completamente autogenerada; es un proceso de reinterpretación mediante el cual el individuo sitúa lo dado en relación con lo elegido. Los seres humanos existen en la tensión entre herencia y aspiración, entre el peso de la memoria y el deseo de renovación. Esa tensión no es un obstáculo para la autenticidad, sino su condición, pues sin el marco que proporciona el pasado no habría nada de lo que apartarse. Continuidad y cambio no son fuerzas opuestas. Sin continuidad, no hay base sobre la cual llegar a ser. Sin cambio, la continuidad se endurece en mera repetición. El acto de convertirse depende de la dinámica entre ambas.
Desde esta perspectiva, la condición humana se define menos por la invención pura que por la capacidad de transformar. Lo que se denomina “nuevo” es lo familiar reorganizado con nuevas intenciones, lo establecido redirigido hacia nuevos fines. Reconocer esto no disminuye la creatividad: aclara su naturaleza. Los logros más significativos de la humanidad —en la política, el arte, la ciencia y el pensamiento— no son fugas del pasado. Son reinterpretaciones deliberadas de lo que ha sido, moldeadas para responder a nuevas preguntas y enfrentar nuevas circunstancias. En la ciencia, los cambios de paradigma, a menudo descritos como revoluciones, siguen este patrón. La teoría de la relatividad de Einstein no eliminó la mecánica newtoniana; incorporó y amplió sus principios; una revisión que reveló sus límites al tiempo que preservó su utilidad dentro de una comprensión más amplia del espacio, el tiempo y el movimiento. Este mismo principio rige la innovación artística. El renacimiento de las formas clásicas durante el Renacimiento no se limitó a reproducir la Antigüedad; reinterpretó sus lenguajes visuales antiguos para expresar las preocupaciones espirituales y humanistas de una nueva era. La evolución de la comunicación digital y de la inteligencia artificial refleja una continuidad comparable. Internet no sustituyó la interacción humana; amplió su alcance y escala, una transformación que cambió la forma en que el lenguaje circula, la manera en que se archiva la memoria y el modo en que se forma el conocimiento colectivo. Del mismo modo, la inteligencia artificial —a menudo presentada como autónoma o sin precedentes— se basa en siglos de desarrollos lingüísticos, matemáticos y conceptuales. Estos sistemas amplían, más que reemplazan, la herencia cognitiva de la que provienen. El futuro se construye así: no en el rechazo del pasado, sino en su interacción continua con él.
La resistencia a esta comprensión persiste allí donde se niega la idea de evolución. Tal resistencia rara vez es sólo una cuestión de evidencia. Refleja un deseo de permanencia —de un origen intocado por el cambio y de una verdad que se mantenga al margen del tiempo. Ofrece certeza donde el proceso no la permite y promete estabilidad en lugar de adaptación. Sin embargo, incluso esta resistencia está moldeada por las fuerzas que pretende eludir. Las lenguas evolucionan, las creencias se ajustan y las tradiciones se adaptan, incluso cuando proclaman su inmutabilidad. Quienes defienden lo inmutable lo hacen con conceptos y argumentos que ellos mismos han sido formados por el cambio histórico. Las doctrinas que reclaman autoridad intemporal —como la concepción medieval de la soberanía divina, utilizada en su momento para legitimar las monarquías y luego transformada en el principio de soberanía popular en los sistemas constitucionales modernos— revelan esta dependencia: persisten no permaneciendo inalteradas, sino siendo reinterpretadas continuamente para responder a nuevos contextos. El contraste, por tanto, no es entre evolución y su ausencia, sino entre reconocimiento y negación. La realidad permanece: la existencia se despliega a través de la transformación, y la humanidad, consciente o no, participa en ese despliegue —una verdad con profundas implicaciones para la manera en que las sociedades recuerdan su pasado, configuran su presente e imaginan su futuro.
Lecturas recomendadas:
• Arendt, Hannah: Entre el pasado y el futuro: ocho ejercicios sobre el pensamiento político. Nueva York: Viking Press, 1961.
• Kuhn, Thomas S.: La estructura de las revoluciones científicas. Chicago: University of Chicago Press, 1962.
• MacIntyre, Alasdair: Tras la virtud: un estudio sobre la teoría moral. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 1981.
• Floridi, Luciano: La filosofía de la información. Oxford: Oxford University Press, 2011.
• Koselleck, Reinhart: Futuros pasados: sobre la semántica del tiempo histórico. Trad. Keith Tribe. Nueva York: Columbia University Press, 2004.
Ricardo Morín Serie Nueva York, Nº 5: Ritual 137 × 213 cm Óleo sobre lienzo 1992
Prefacio
Este ensayo busca definir los rituales sin recurrir a metáforas, abstracciones ni juicios morales. El método comienza con la etimología, sigue con su fundamento biológico y continúa con la extensión del ritual en la conducta humana. El ritual se entiende como repetición con forma, llevada a cabo por necesidad para contener fuerzas incontrolables por mandato o intención.
El análisis distinguirá el ritual de la creencia y de la superstición. La creencia atribuye poder más allá de la función inmediata. La superstición surge cuando la creencia asigna causalidad donde no existe. El ritual no es una creencia, sino únicamente un procedimiento. Su función es regular la vida mediante la repetición ordenada.
Los capítulos que siguen abordan los principales ámbitos en los que opera el ritual. En la sexualidad, el ritual previene la desestabilización al dar al deseo una forma por la que puede moverse sin derrumbarse. En la desconfianza, la amistad, la enemistad y el amor, el ritual contiene estados que resisten el control y los hace habitables. En el gobierno, el ritual mantiene las diferencias ideológicas dentro de límites que preservan la continuidad de la comunidad.
El ritual es necesario para la existencia. No elimina el instinto, la emoción ni el conflicto. Les da forma y permite que la vida continúe sin desintegrarse. Esta necesidad no es externa, sino generada por la propia vida. Donde las fuerzas exceden el control, el ritual provee orden.
Ricardo Morín. 12 de septiembre de 2025, Bala Cynwyd, Pa.
I
La palabra ritual proviene del latín ritus (acto prescrito realizado de manera ordenada). Su esencia es la repetición. Hablar de ritual no es hablar de tradición o de abstracción, sino de una necesidad llevada a cabo por un anhelo primordial.
La base biológica del ritual es clara. En muchas especies, los impulsos instintivos conflictivos se contienen mediante acciones repetidas que reducen la incertidumbre. Los pájaros realizan danzas antes de aparearse. Los lobos muestran sumisión para evitar el ataque. Los primates se acicalan unos a otros para aliviar la tensión. Estas acciones no alteran el mundo externo. No aseguran el apareamiento, ni previenen el peligro, ni eliminan la agresión. Funcionan regulando la conducta de manera que se evita la desestabilización. Surgen por necesidad: sin el ritual, la reproducción, la supervivencia o la cohesión quedarían en riesgo.
La conducta humana prolonga este principio biológico. El apretón de manos es un acto repetido que señala la no agresión entre desconocidos. Un funeral ordena el duelo en secuencias y permite a los deudos soportar la pérdida. Una comida compartida afirma la cooperación y reduce la posibilidad de conflicto. Ninguna de estas acciones es eficaz por una creencia en la causalidad. Son eficaces porque son producto de la repetición y del reconocimiento dentro del grupo. Son necesarias porque, sin ellas, la desconfianza, el duelo o la rivalidad permanecerían sin contención.
El instinto y la emoción generan fuerzas que no pueden controlarse plenamente por mandato o intención. La repetición les da forma sin eliminarlas. Aquí radica la necesidad: la vida produce fuerzas que exceden el control, y el ritual provee el procedimiento para llevarlas sin colapso. Sobre este fundamento descansa toda indagación posterior.
II
La creencia comienza donde un acto o un acontecimiento se considera portador de un poder más allá de su función inmediata. Creer es atribuir un significado no evidente en el acto mismo. La creencia orienta, pero también crea vulnerabilidad.
De la creencia crece la superstición. La superstición ocurre cuando un gesto, una señal o un accidente se toma como determinante de buena o mala suerte. Se dice que romper un vidrio trae desgracia. Se dice que un número trae fortuna. El acto o la señal reciben un poder que no poseen. La superstición es la creencia desviada. Se apoya en la convicción de que fuerzas ocultas gobiernan los acontecimientos externos y que se vuelven accesibles por medio de signos y gestos.
El ritual no depende de la creencia de que un acto pueda cambiar el destino o invocar un poder oculto. Su eficacia no descansa en lo imaginado, sino en lo realizado. Un apretón de manos evita la desconfianza porque se basa en la repetición y el reconocimiento, no en su magia. Un funeral provee una secuencia ordenada y permite el duelo, pero no altera la muerte. Una comida compartida asegura cooperación por su mutua realización, no porque invoque la suerte.
La distinción es exacta. Si el ritual es la forma, el deseo es la corriente que se mueve en ella. Las tradiciones religiosas han presentado el deseo como déficit, desorden o tentación que debe reprimirse. Pero el deseo no es déficit ni desorden; es vitalidad misma: una energía que presiona hacia la expresión. El ritual no restringe esta fuerza; la restricción pertenece al miedo y al sufrimiento. El ritual contiene el deseo y mantiene su exceso dentro de los límites de la resistencia y la necesidad. El ayuno, por ejemplo, no suprime el hambre, sino que la sostiene en ritmo; convierte el apetito en medida y no en castigo. Por el contrario, una prohibición que niega la legitimidad del deseo transforma la vitalidad en ansiedad. De este modo, el ritual y el deseo no se oponen, sino que son interdependientes: el primero es el cauce, el segundo la corriente.
III
El impulso sexual es omnipresente en la vida humana. Sin forma, desestabiliza tanto al individuo como a la comunidad. Su poder reside en la persistencia. El mandato no puede suprimir el deseo. El deseo presiona hacia la expresión. Toda cultura ha desarrollado rituales para contenerlo y regularlo.
Sin embargo, la base del ritual sexual no es la represión sino la repetición. El sustento primigenio marca desde el nacimiento la condición humana: en la lactancia, ese sustento consiste en ser alimentado, sostenido y mantenido por el cuerpo de otro. En ese estado original, la intimidad asegura la supervivencia. Más tarde, el deseo repite esa estructura. La búsqueda de unión es a la vez un retorno a aquella primera condición de dependencia y una transformación de ella en adultez. El ritual sexual prolonga esa primera experiencia: lleva dentro de sí la huella de la lactancia. No es cuestión de vergüenza ni de juicio, sino de continuidad.
El cortejo es el modelo. Los gestos repetidos marcan el acercamiento a la intimidad. Las ceremonias (palabras, regalos, danzas) estructuran el encuentro. El deseo no se elimina, sino que da forma a la sexualidad y le permite avanzar sin conflicto inmediato. El matrimonio prolonga el proceso y establece reglas para su ejercicio en un marco reconocible. El ritual transforma una fuerza disruptiva en una relación que puede sostenerse en orden.
Diversos ejemplos culturales muestran la variedad de este proceso. En Japón, las ceremonias del té y las visitas formales estructuraron las primeras etapas de la negociación matrimonial. En la Inglaterra victoriana, la presencia de acompañantes cumplía una función de vigilancia y marcaba límites en el cortejo. Entre los navajos de Norteamérica, la ceremonia Kinaaldá marca la transición de la niña a la mujer y vincula el deseo individual y la fertilidad con la continuidad de la comunidad. En cada caso, el ritual no extingue el instinto, sino que lo canaliza hacia la vida social.
Cuando el deseo no puede realizarse sin riesgo, las personas recurren a actos repetidos que ofrecen desahogo sin colapso. Las tradiciones monásticas de diversas culturas desarrollaron rituales de celibato, apoyados en la oración, el ayuno y otras disciplinas, que contienen la fuerza sexual. En la vida cotidiana, otros recurren a la imaginación (fantasía, sueño o representación artística) y escenifican simbólicamente actos que anhelan pero no pueden llevar a cabo. Otros más establecen hábitos (ejercicio, meditación o creación artística) que redirigen la energía sexual hacia formas manejables. El anhelo no desaparece. Su estructura asegura que el deseo se mueva dentro de parámetros definidos sin volverse abrumador.
La obsesión surge cuando el deseo queda sin resolverse e irrumpe en el pensamiento; se repite sin alivio y amenaza la estabilidad. El ritual ofrece una forma de contener la obsesión. Mediante la repetición, reconoce la fuerza y la reconfigura. No la elimina, pero la delimita.
El ritual en el ámbito de la sexualidad no es opcional sino necesario. Proporciona una forma allí donde el instinto excedería la medida.
IV
El ser humano no se gobierna sólo por la razón. Los estados emocionales persisten de modos que resisten el control. La desconfianza, la amistad, la enemistad y el amor no pueden eliminarse por decreto ni mantenerse sólo con pensamiento. Cada caso requiere del ritual para asegurar continuidad y encausamiento.
Las palabras solas no borran la sospecha. La desconfianza es uno de los estados más persistentes. La sospecha no puede ser borrada por la emoción. La sospecha permanece y desestabiliza la interacción. El ritual reduce su alcance. Un saludo, un juramento o un contrato son actos ceremoniales repetidos en los encuentros; establecen un mínimo terreno sobre el cual puede darse la cooperación. Estos actos no eliminan la sospecha, pero permiten que la relación prosiga a pesar de ella.
La amistad depende de los sentimientos, pero los sentimientos sin forma se desvanecen. El ritual da duración a la amistad. Comidas compartidas, visitas recurrentes, intercambios de favores, entre otros, son actos pautados que afirman una relación. Por sí solos no crean la amistad, pero sin ellos ésta se debilita. Los rituales sostienen lo que no puede exigirse: la persistencia de la confianza y del apego a través del tiempo.
La enemistad no es menos poderosa. La hostilidad sin límites se intensifica hasta que la destrucción se produce. Los rituales canalizan la hostilidad en formas acotadas: un duelo, una competencia, un debate formal—cada uno provee un marco en el que la enemistad puede expresarse sin colapso. Incluso en la guerra, los tratados funcionan como formas rituales que restringen la violencia a límites reconocibles. Sin ellos, el conflicto pierde proporción.
El amor en sí mismo es inestable. Comienza en el impulso y sólo perdura con la repetición. Gestos diarios, promesas renovadas, aniversarios y actos continuos de ternura le otorgan una forma que lo sostiene. Estos rituales no garantizan la permanencia, pero dan al amor una estructura dentro de la cual puede perdurar. Sin estos rituales, el amor se disipa.
En todos estos estados, el ritual cumple la misma función. Da orden donde la fuerza no puede controlarse directamente. No elimina la desconfianza, la amistad, la sexualidad, la enemistad ni el amor. Los hace admisibles.
V
La gobernanza es el ámbito donde las fuerzas humanas se amplifican por la magnitud. La desconfianza, la enemistad y las lealtades en conflicto aparecen no sólo entre individuos sino entre grupos. Las diferencias ideológicas no pueden eliminarse; pueden manejarse. El ritual provee el procedimiento para hacerlo.
Un ejemplo es el procedimiento parlamentario. El debate, el turno de palabra y la votación son actos repetidos que permiten expresar el conflicto sin que la asamblea se disuelva. Las formas en sí mismas no crean acuerdo. Proporcionan límites dentro de los cuales la discrepancia puede persistir.
Las ceremonias cívicas cumplen una función similar. Inauguraciones, juramentos públicos y conmemoraciones nacionales no cambian en sí mismos las condiciones políticas. Su repetición afirma la continuidad de la autoridad y confiere reconocimiento a las transiciones de poder. Los actos son simbólicos sólo en apariencia; su verdadera función es la estabilidad normativa e institucional.
Las elecciones son un caso más directo. No eliminan la división ideológica. Proporcionan un método repetido para canalizar el conflicto hacia resultados reconocibles por las partes opuestas. Sin elecciones, o cuando sus resultados no se reconocen, la división tiende a la ruptura.
El ritual es necesidad. La gobernanza depende de él. A través de las especies, el ritual surge de la necesidad de contener fuerzas que exceden el control directo. La conducta humana continúa este principio.
En la Atenas antigua, la asamblea y el uso del sorteo permitían expresar la oposición sin disolver el orden cívico. Más tarde, parlamentos y consejos proporcionaron estructuras rituales para la negociación entre monarcas absolutos y súbditos. En las democracias modernas, constituciones y ciclos electorales mantienen la continuidad repitiendo formas que regulan la transferencia de poder. Cuando estos rituales fallan, el resultado es previsible. La gobernanza es un ritual que hace admisibles las diferencias ideológicas. Sin el ritual, la política se reduce a dominación y resistencia, un ciclo que no puede sostener el orden.
*
Bibliografía anotada
Arendt, Hannah: On Revolution. New York: Viking, 1963. (Arendt enfatiza el papel de los procedimientos cívicos en el sostenimiento del gobierno; esto fundamenta la afirmación del Capítulo V de que el ritual hace vivible la diferencia ideológica.)
Douglas, Mary: Purity and Danger: An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo. London: Routledge, 1966. (El trabajo de Douglas sobre los límites rituales informa la discusión del Capítulo IV sobre la desconfianza, la enemistad y la gestión de la inestabilidad mediante actos repetidos.)
Durkheim, Émile: The Elementary Forms of Religious Life. New York: Free Press, 1995. (urkheim sostiene que el ritual es la base de la cohesión social, idea reflejada en el Capítulo I, que afirma que los rituales regulan la conducta y previenen la desestabilización.)
Freud, Sigmund: Three Essays on the Theory of Sexuality. New York: Basic Books, 2000. (La discusión psicoanalítica de Freud sobre el impulso sexual y la obsesión se corresponde con el tratamiento del Capítulo III sobre rituales privados y la contención del deseo no resuelto.)
Geertz, Clifford: The Interpretation of Cultures. New York: Basic Books, 1973. (Geertz considera el ritual como “modelos de” y “modelos para” la realidad; su análisis etnográfico respalda la extensión del ritual de la sexualidad al gobierno en los Capítulos IV y V.)
Habermas, Jürgen: Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy. Cambridge: MIT Press, 1996. (Habermas muestra cómo los procedimientos ritualizados en el discurso y el derecho preservan el gobierno bajo el conflicto, apoyando el tratamiento de este ensayo sobre el debate parlamentario y las elecciones.)
Jung, Carl Gustav: Symbols of Transformation. Princeton: Princeton University Press, 1956. (Jung rastrea cómo los impulsos instintivos, especialmente la sexualidad, se ritualizan tanto en la psicología individual como en la cultura colectiva, complementando el Capítulo III.)
Turner, Victor: The Ritual Process: Structure and Anti-Structure. Chicago: Aldine, 1969. (El análisis de Turner sobre la liminalidad informa los Capítulos III y IV, donde la sexualidad, la amistad y la enemistad requieren marcos rituales para llevar fuerzas disruptivas sin colapso.)
Ricardo F. Morín Retrato de un presidente III Acuarela, gouache, tinta negra y corrector blanco sobre papel 35,5 x 51 cm 2003
Ricardo F. Morín
7 de enero de 2026
Oakland Park, Fl.
1.
El momento presente no se manifiesta como una crisis de ideología, sino como una crisis de secuencia. Lo que se pone a prueba no es el contenido de los principios declarados, sino el orden en el que autoridad, revisión y justificación llegan a producirse. Las decisiones avanzan antes de que se hayan formulado las condiciones que normalmente las autorizarían, y se espera que la coherencia siga a la acción en lugar de gobernarla. Esta inversión no elimina la ley, las instituciones ni la legitimidad. Las desplaza. Aquello que antes determinaba si una acción debía proceder ahora interviene después de que la acción ya ha sido declarada.
2.
En Venezuela, esta inversión se hace visible a través de la creciente separación entre legitimidad y autoridad ejecutable. La victoria electoral, la credibilidad moral y el reconocimiento internacional continúan existiendo, pero ya no determinan quién es considerado operable. La interacción se orienta hacia quienes son capaces de imponer cumplimiento en el tiempo presente. La autoridad no se identifica por mandato, sino por continuidad con los mecanismos administrativos, financieros y coercitivos que aún ejercen control. El efecto no es confusión, sino selección. Quienes pueden ofrecer resultados inmediatos son elevados como interlocutores independientemente de su historial ético, mientras que quienes poseen legitimidad sin capacidad inmediata de imposición quedan relegados.
3.
Esta preferencia ha sido formulada a través de evaluación y no de insinuación. Informes relativos a una sesión informativa clasificada presentada a Donald Trump indican que los servicios de inteligencia estadounidenses concluyeron que figuras procedentes del aparato existente del madurismo estaban mejor posicionadas para asumir el control en caso de la salida de Maduro. La vicepresidenta Delcy Rodríguez fue identificada no por su legitimidad democrática o credibilidad pública, sino por su continuidad con los mecanismos administrativos, financieros y extractivos que continúan operando dentro del Estado. Su experiencia en la supervisión del sector petrolero y en la interlocución directa con actores comerciales fue considerada como una señal de fiabilidad operativa más que de legitimidad política. Lo que se evaluaba no era el carácter, sino la capacidad de imposición. La implicación criminal no descalificó; indicaba dominio sobre los sistemas a través de los cuales puede imponerse cumplimiento. En contraste, las figuras opositoras cuya autoridad derivaba de legitimidad electoral pero carecían de control inmediato sobre dichos mecanismos fueron consideradas no operables. La selección privilegió la negociabilidad bajo presión.
4.
Este modo de selección no se limita a un solo escenario ni a un momento específico. Reaparece allí donde la autoridad se ejerce antes de que exista coordinación. La operatividad prevalece sobre la cualificación normativa. La autoridad se deriva de la capacidad de transaccionar, imponer y estabilizar resultados en marcos temporales comprimidos. La legitimidad es reconocida, pero no determina la interlocución. Lo que gobierna es la capacidad de actuar de inmediato y de absorber las consecuencias con posterioridad.
5.
La misma inversión se manifiesta en Ucrania bajo condiciones distintas. Declaraciones públicas que afectan a la asistencia militar, la postura diplomática y la negociación han sido emitidas sin coordinación previa con aliados o con las instituciones encargadas de la planificación y la revisión. Estas declaraciones no aclaran el rumbo con antelación; obligan a responder a posteriori. Los aliados recalibran compromisos una vez que las consecuencias ya están en marcha. La planificación sigue a la afirmación. La coordinación se ajusta al anuncio. La cuestión no es si existe apoyo, sino si sus términos se introducen antes o después de los procesos que normalmente deberían regirlos.
6.
Este ordenamiento también es visible dentro del propio sistema estadounidense. En múltiples ocasiones a lo largo de varios años, Donald Trump ha actuado sobre la base de garantías emitidas por Vladimir Putin a pesar de la existencia de evaluaciones contrarias producidas por las agencias de inteligencia de Estados Unidos. Dichas instituciones no fueron desmanteladas ni silenciadas. Los informes continuaron. El análisis persistió. Lo que cambió fue su posición temporal. La inteligencia dejó de gobernar si una acción debía proceder y pasó a reconciliarse con compromisos ya asumidos. La verificación quedó rezagada frente a la afirmación. Las agencias diseñadas para anticipar riesgos se vieron obligadas a gestionar consecuencias que no habían autorizado.
7.
Una vez que este orden se vuelve perceptible, no permanece confinado a los responsables de la toma de decisiones. Instituciones, aliados y adversarios ajustan su comportamiento en consecuencia. Los actores diplomáticos tratan las declaraciones públicas como operativas incluso cuando su durabilidad es incierta. Las agencias encargadas de la planificación modelan escenarios en torno a posiciones que pueden cambiar sin previo aviso. Los aliados vacilan entre esperar aclaraciones o actuar para proteger su propia exposición. Los adversarios no son instruidos por políticas declaradas, sino por la secuencia demostrada: que los compromisos pueden preceder a la revisión, que las rectificaciones pueden seguir a la afirmación y que la coherencia no puede darse por supuesta.
8.
Lo que emerge no es parálisis, sino recalibración. Los sistemas continúan funcionando al absorber la volatilidad como condición permanente. La estabilidad ya no se produce mediante la previsibilidad, sino mediante la capacidad de ajustarse rápidamente a decisiones introducidas antes de que se hayan fijado sus términos rectores. Esta adaptación no resuelve la inversión; la normaliza. La gobernanza continúa, pero su fuerza coordinadora se debilita. El movimiento persiste sin medida.
9.
La consecuencia de este patrón incide directamente en la relación entre autoridad y legitimidad. La legitimidad continúa articulándose a través de elecciones, alianzas y reconocimiento formal. La autoridad, en cambio, se ejerce mediante la inmediatez: la capacidad de poner en marcha términos a los que otros deben adaptarse. Esto no anula la legitimidad; la relega. La autoridad deja de requerir justificación para operar. La legitimidad sobrevive como lenguaje, mientras la autoridad se consolida a través de la secuencia.
10.
Cuando la autoridad se ejerce con independencia de la legitimidad, la gobernanza puede seguir funcionando, pero deja de persuadir. Las decisiones se desplazan no porque sean aceptadas, sino porque ya están en curso. La revisión se convierte en acomodación. La ley pasa a explicar después de la acción en lugar de orientar antes de ella. El riesgo aquí no es la ausencia de legalidad, sino el desplazamiento. La restricción permanece formalmente intacta mientras pierde su capacidad de gobernar el tiempo.
11.
Esta condición no desemboca en un colapso inmediato. Persiste. Los sistemas constitucionales presuponen cooperación sin poder imponerla de antemano. Dependen de una contención ejercida de manera voluntaria, secuencial y, a menudo, en contra del interés inmediato. Cuando esa contención se debilita, las instituciones permanecen en pie, pero pierden su fuerza coordinadora. La autoridad llena el vacío dejado por la cooperación, a menudo en nombre de la continuidad. Lo que persiste es una gobernanza sin convergencia, poder sin persuasión y acción sin medida estable.
« Geometric Allegory », pintura digital 2023 de Ricardo Morin (artista visual estadounidense nacido en Venezuela en 1954)
A mis padres
Prefacio
1
“Desenmascarar la decepción” sigue una línea de indagación presente a lo largo de mi trabajo: el examen de la identidad, la memoria y las relaciones que emergen cuando la vida se despliega a través de fronteras culturales. Aunque he vivido fuera de Venezuela por más de cinco décadas y me naturalicé ciudadano de los Estados Unidos hace veinticuatro años, mi vínculo con el país de nacimiento permanece como un punto de referencia persistente. La distancia entre estas condiciones —pertenencia y separación— constituye el trasfondo sobre el cual este relato toma forma.
Este trabajo forma parte de un proyecto autobiográfico más amplio que reúne experiencias, observaciones y preguntas acumuladas a lo largo del tiempo. Aunque su origen es personal, no procede como confesión ni como memoria. Su método es secuencial más que expresivo: la exposición individual se sitúa dentro de fuerzas históricas y estructuras políticas que han configurado la vida venezolana a lo largo de generaciones. La intención no es reconciliar estas tensiones, sino hacerlas visibles mediante recurrencia, registro y consecuencia.
“Serie I” introduce los primeros núcleos temáticos de esta indagación. Los episodios aquí reunidos no desarrollan una tesis única ni buscan conclusiones definitivas. Señalan puntos de fricción donde la experiencia privada se cruza con el poder público, y donde los relatos políticos ejercen presión sobre la vida ordinaria. A través de estos encuentros surgen patrones —no como abstracciones, sino como condiciones que modifican la forma en que se ejerce la autoridad, se desplaza la responsabilidad y se restringe la agencia.
Los capítulos que siguen examinan las presiones generadas por la desigualdad sistémica y rastrean las condiciones contemporáneas de Venezuela hasta su formación histórica. El gobierno autocrático y el consentimiento popular no aparecen como fuerzas opuestas, sino como elementos que se entrelazan y debilitan mutuamente. En este entramado, la verdad no desaparece; se vuelve menos accesible de manera uniforme y más fácilmente desplazable por el relato.
Cuando el discurso público se ve modelado por la propaganda y la desinformación, las estructuras autoritarias adquieren mayor resistencia. Recuperar la verdad bajo tales condiciones no resuelve el conflicto político, pero delimita el campo dentro del cual este opera. La agencia cívica no emerge como ideal, sino como condición que se sostiene —o se pierde— a través de la práctica y la consecuencia.
Este trabajo no propone explicaciones deterministas ni remedios simples. Avanza por acumulación, señalando patrones que persisten a pesar de los cambios de contexto. Lo que solicita al lector no es adhesión, sino atención: a la evidencia, a la secuencia y a las condiciones bajo las cuales la libertad política puede ejercerse de manera significativa.
Escribiendo desde Bala Cynwyd, Pensilvania, y Fort Lauderdale, Florida, permanezco consciente de la distancia entre los entornos desde los cuales se compone este trabajo y las condiciones que examina. Esa distancia no confiere autoridad; impone responsabilidad.
Ricardo Federico Morín Bala Cynwyd, Pensilvania, 21 de enero de 2025
Billy Bussell Thompson, Editor
Tabla de contenidos
Capítulo I – Un lenguaje escrito.
Capítulo II – Nuestra imprudencia.
Capítulo III – Punto de vista.
Capítulo IV – Un diálogo.
Capítulo V – Resumen.
Capítulo VI – Crónicas de Hugo Chávez (§§ I–XVII).
Capítulo VII – El modo alegórico.
Capítulo VIII – El gobierno ideal y el poder de la virtud.
Capítulo IX – La primera señal: Sobre el resentimiento político y social.
Capítulo X – La segunda señal: El pilar sólido del poder; Las fuerzas armadas.
Capítulo XI – La tercera señal: La asimetría de los partidos políticos.
Capítulo XII – La cuarta señal: Autocracia (§§ 1–9); Venezuela (§§ 10–23); La asimetría de las sanciones (§§ 24–32).
Capítulo XIII – La quinta señal: La república empeñada.
Capítulo XIV – La primera cuestión: Partidismo, No-partidismo y Antipartidismo.
Capítulo XV – La segunda cuestión: Sobre las verdades parciales y la anarquía represiva.
Capítulo XVI – La tercera cuestión: El clarín de la democracia.
Capítulo XVII – La cuarta cuestión: Sobre los derechos humanos.
Capítulo XVIII – La quinta cuestión: Sobre la naturaleza de la violencia.
Capítulo XIX – La cuestión última: Sobre la liberación de la injusticia.
Agradecimientos.
Epílogo.
Posdata.
Apéndice: Nota del autor, Nota preliminar. A) Constituciones venezolanas [1811–1999],Poderes y departamentos de gobierno. B) Evolución de los partidos políticos: 1840–2024.C) Algunas leyes promulgadas por la Asamblea Nacional. D) Nota aclaratoria sobre la coerción interna, la presencia extranjera y la intervención:
Bibliografía.
Capítulo I
Un lenguaje escrito
La estabilidad suele buscarse allí donde no puede asegurarse. La experiencia lo demuestra de forma reiterada. Incluso las intenciones cuidadosas tienden a conducir a terrenos inciertos, donde la comprensión llega después de la consecuencia. Frente al escritorio, cuando la luz de la tarde alcanza la página, la escritura adquiere una función práctica: se convierte en un medio para ordenar aquello que, de otro modo, permanecería inestable. El acto no resuelve la vulnerabilidad, pero la registra. Si el tiempo modifica tales condiciones sigue siendo incierto; lo que sí puede hacerse es darles forma.
Lo que sigue se desplaza de las condiciones de la escritura a las condiciones que esta debe enfrentar.
Capítulo II
Nuestra imprudencia
Our painful struggle to deal with the politics of climate change is surely also a product of the strange standoff between science and political thinking.
« Nuestra dolorosa dificultad para abordar la política del cambio climático es, sin duda, también producto del extraño enfrentamiento entre la ciencia y el pensamiento político ». — Hannah Arendt, La condición humana [1958] (traducción del autor)
1
La pandemia de COVID y los incendios que se extendieron por Canadá en 2023, entre otros acontecimientos recientes, hicieron visibles condiciones que ya se encontraban en funcionamiento. Estos hechos no introdujeron vulnerabilidades nuevas, sino que revelaron hasta qué punto los sistemas existentes dependen de incentivos económicos y hábitos políticos que privilegian la extracción por encima de la preservación. Durante el período en que el humo de los incendios alcanzó el noreste de los Estados Unidos, la luz diurna en algunas zonas de Pensilvania se vio alterada de manera perceptible y registró el alcance de acontecimientos que se desarrollaban a considerable distancia. Tales episodios no se sitúan al margen de los arreglos económicos vigentes; coinciden con un modelo que trata las condiciones naturales como mercancías y absorbe su degradación como un costo externo.
2 Los incendios en California en 2025, al igual que los ocurridos en Canadá en 2023, no se presentan como episodios aislados. Forman parte de una secuencia configurada por el descuido ambiental, la inercia política y la expansión industrial sostenida. Condiciones como la desertificación, la escasez de recursos y el desplazamiento de poblaciones ya no aparecen únicamente como proyecciones futuras; se registran cada vez más como circunstancias presentes. Las evaluaciones científicas indican que estos patrones tienden a intensificarse en ausencia de cambios estructurales. Lo que se hace visible, con el paso del tiempo, no es un fallo singular, sino un sistema que continúa operando conforme a prioridades que favorecen el rendimiento inmediato por encima de la continuidad a largo plazo. [1][2][3]
3 La cuestión del equilibrio no se plantea únicamente como un problema técnico. Surge dentro de un campo moral y político configurado por supuestos económicos dominantes. El tratamiento de la naturaleza —y, más recientemente, de la inteligencia artificial— como mercancía refleja una trayectoria en la que asuntos vinculados a la supervivencia compartida se traducen de manera creciente en términos de mercado. En tales condiciones, consideraciones que anteriormente pertenecían al ámbito de la responsabilidad colectiva pasan a ser reformuladas como variables dentro de sistemas de cálculo.
4 Estos patrones ejercen una presión creciente sobre las condiciones necesarias para la supervivencia colectiva. Las respuestas frente a tales circunstancias varían, y oscilan entre la indiferencia y la urgencia, aunque la urgencia no produce necesariamente claridad. Lo que se vuelve reconocible, a través de instancias reiteradas, es una tendencia a que la crisis reaparezca sin que se produzcan ajustes sostenidos. Esta recurrencia guarda paralelismo con las historias políticas examinadas en los capítulos que siguen, donde advertencia y consecuencia con frecuencia no llegan a coincidir.
Las conversaciones con mi editor, Billy Bussell Thompson (BBT), han acompañado el desarrollo de este trabajo a lo largo del tiempo. Su atención al método de investigación y a la estructura del argumento contribuyó a precisar su alcance y orientación. Estos intercambios, realizados con frecuencia a distancia y sin formalidades, formaron parte del proceso mediante el cual fue tomando forma el presente relato. Tras un período prolongado de incertidumbre acerca de cómo abordar la figura de Hugo Chávez, los contornos de « Desenmascar la desilusión » comenzaron a definirse de manera gradual.
2 Hugo Chávez se consolidó como un dirigente político cuya autoridad se ejerció en oposición al liberalismo político. Mientras su discurso público subrayaba la identificación con los sectores pobres, los beneficios materiales del poder se concentraron en un círculo reducido. A lo largo de su mandato, las instituciones democráticas en Venezuela experimentaron un debilitamiento progresivo, y la práctica de gobierno adoptó formas cada vez más autoritarias. Estos procesos resultan más legibles cuando se sitúan dentro del registro histórico y se examinan a partir de la práctica documentada, más que desde la afirmación retórica.
3 Los acontecimientos que siguieron al fin del gobierno de Chávez se caracterizan por el desorden y por consecuencias aún no resueltas. Su persistencia remite a cuestiones de responsabilidad histórica y colectiva que permanecen abiertas. Examinar el registro del liderazgo autocrático —tanto sus ambiciones como sus fracasos— ofrece un modo de aproximarse al problema de la justicia en Venezuela sin presuponer resolución. A través de este examen, tensiones duraderas se hacen visibles como condiciones que requieren comprensión, no como conclusiones ya establecidas.
Notas finales del capítulo III
[1] El término caudillo tiene su origen en el español y se ha utilizado históricamente para describir a un dirigente que ejerce una autoridad política y militar concentrada. En el contexto venezolano, el término adquiere una resonancia particular y se asocia con figuras vinculadas al período posterior a la independencia del siglo XIX. Dichos dirigentes tendieron a consolidar el poder mediante una combinación de autoridad personal, lealtad de facciones armadas y la promesa —ya fuese sustantiva o retórica— de mantener el orden en condiciones de inestabilidad. Mientras algunos fueron considerados defensores de causas locales o nacionales, otros quedaron asociados a prácticas que facilitaron formas de gobierno autoritario y debilitaron las estructuras institucionales. El concepto de caudillo continúa operando en la cultura política venezolana como una categoría descriptiva aplicada a formas de liderazgo que combinan apoyo popular con poder concentrado.
Una serie de conversaciones entre BBT y el autor acompañó el examen de la política y la historia venezolanas desarrollado en esta sección. Estos intercambios configuraron un espacio transicional en el que la indagación reflexiva dio paso al registro histórico, permitiendo que cuestiones de interpretación, responsabilidad y documentación fueran abordadas mediante el diálogo, más que a través de la exposición directa.
1 —RFM: « Mi escritura se ha ocupado de la evolución del panorama político venezolano, con atención particular a la aparición de formas de gobierno autoritarias. El interés se ha centrado menos en la doctrina abstracta que en la manera en que determinadas políticas se tradujeron en condiciones cotidianas para la población. »
2 —BBT: « Examinar cómo el liderazgo autoritario configura las condiciones políticas resulta necesario, aunque el propio término suele ser objeto de disputa y aplicación desigual. En el caso de Chávez, el uso de la propaganda no fue excepcional en su forma, pero sí constante como instrumento de gobierno. ¿De qué modo circularon los relatos oficiales durante su mandato y qué efectos produjeron, con el tiempo, sobre la percepción pública? »
3 —RFM: « La propaganda no es exclusiva de Chávez; opera como un instrumento recurrente en distintos sistemas políticos. En Venezuela, los medios oficiales atribuyeron de manera sistemática las dificultades económicas a interferencias externas, más que a decisiones de política interna. Al mismo tiempo, las condiciones materiales se deterioraron, con la aparición de escasez derivada de una gestión económica deficiente, posteriormente agravada por restricciones externas. Los grupos de oposición difundieron también contra-relatos, que a su vez generaron respuestas por parte del Estado. Estos intercambios se desarrollaron en un contexto histórico marcado por conflictos civiles y alineamientos propios de la Guerra Fría, dando lugar a un entorno informativo fragmentado. En ese marco, la responsabilidad por el deterioro económico fue desplazada con frecuencia, mientras la percepción pública se gestionó mediante la repetición más que mediante la resolución. Las reformas sociales y económicas invocadas como justificación no produjeron, con el tiempo, las reducciones de pobreza y desigualdad que se habían prometido. »
4 —BBT: « Para representar con cierto grado de precisión las condiciones políticas de Venezuela, es necesario atender a la manera en que la población común se encontró con estas dinámicas en la vida diaria. ¿Cómo se desenvolvieron tales condiciones en la práctica, especialmente allí donde el discurso político intersectó con la necesidad económica inmediata? »
5 —RFM: « El colapso económico posterior al declive del modelo petrolero intensificó la pobreza y ejerció una presión sostenida sobre los servicios públicos. Examinado en secuencia, este período muestra cómo los legados coloniales y las prácticas autoritarias convergieron en la configuración del chavismo. Episodios como los disturbios de 1989, conocidos como El Caracazo, registraron una desafección generalizada hacia los partidos establecidos y las instituciones democráticas. En tales condiciones, la exigencia de asegurar necesidades básicas prevaleció con frecuencia sobre la participación en principios políticos de carácter abstracto. »
6 —BBT: « La claridad narrativa depende en parte de reconocer los supuestos que orientan la interpretación. Cuando dichos supuestos se hacen explícitos y se someten a examen, el relato se vuelve menos directivo y más accesible, permitiendo que el lector siga el registro sin ser conducido hacia una posición predeterminada. »
7 —RFM: « Ningún relato prescinde de la interpretación, incluido este. La escritura ofrece un medio para aproximarse a la historia de Venezuela —su formación colonial, los episodios de gobierno autoritario y los períodos de disrupción política— sin clausurar lecturas alternativas. Un relato coherente no necesita ser exhaustivo; permanece abierto en la medida en que atiende a las implicaciones y a las consecuencias, más que a la resolución. »
8 —BBT: « El propio intercambio subraya la importancia de una narración cuidadosa al abordar el registro político y social de Venezuela. Considerar múltiples puntos de vista no resuelve la complejidad, pero permite que emerja un relato más coherente sin reducir esa historia a un único marco explicativo. »
El intercambio marcó una transición de la indagación reflexiva al registro histórico.
Capítulo V
Resumen
1
“Desenmascar la desilusión” examina la secuencia mediante la cual el proyecto político articulado bajo Hugo Chávez asumió forma autocrática. En lugar de atribuir este resultado a una causa única, la indagación procede rastreando cómo las decisiones de liderazgo se desplegaron dentro de una convergencia de condiciones históricas, disposiciones institucionales, presiones económicas y alineamientos geopolíticos. El relato no parte de una conclusión, sino del registro.
2 La atención se mantiene en la forma en que se ejerció la autoridad y en cómo sus efectos se manifestaron dentro de la sociedad venezolana. Las circunstancias históricas, el diseño institucional y las influencias externas se examinan no para simplificar el registro, sino para hacer visibles las interdependencias a través de las cuales el poder se consolidó con el tiempo. Lo que emerge no es una tesis explicativa, sino una configuración cuya coherencia solo puede evaluarse mediante una atención sostenida a la secuencia y a la consecuencia.
La Doctrina Monroe suele tratarse como una política histórica. Cada vez más, sin embargo, opera como algo más elemental: un axioma. En esta forma, ya no argumenta su caso. Establece las condiciones bajo las cuales el argumento es permitido. Un axioma no persuade. Asume.
Cuando la Doctrina Monroe funciona de manera axiomática, deja de presentarse como una afirmación contingente sobre el orden hemisférico y se convierte en una premisa tácita sobre quién puede decidir, cuándo se justifica la intervención y qué formas de consentimiento se consideran suficientes. Lo que requiere examen no es la doctrina tal como fue escrita, sino el axioma tal como ahora circula.
El Axioma Monroe afirma autoridad unilateral mientras se presenta como responsabilidad regional. Presupone que la estabilidad en el hemisferio occidental es inseparable de la primacía estadounidense, y que dicha primacía no requiere autorización recíproca. No se solicita consentimiento; se interpreta la necesidad. La decisión precede a la deliberación.
En su articulación contemporánea, el axioma rara vez declara dominio de forma abierta. En cambio, se presenta como renuente, inevitable o benevolente. La intervención no se enmarca como elección, sino como consecuencia. El agotamiento sustituye al consentimiento. La democracia se invoca no como un proceso a preservar, sino como un resultado prometido de antemano. Cuando la inevitabilidad sustituye al argumento, el axioma se vuelve autosellado. La oposición deja de ser desacuerdo; se reclasifica como negación de la realidad.
Los intentos de rehabilitar la Doctrina Monroe asignándole un propósito benevolente no alteran su estructura. Tales revisiones cambian el tono más que la autorización. Una afirmación de autoridad unilateral no se vuelve mutua por intención. La benevolencia opera como una garantía ofrecida después de que el poder ha sido ejercido, no como un límite que opera antes de ello. La fatiga política puede explicar la aquiescencia, pero no suministra autorización. Lo que se soporta no queda por ello respaldado.
El Axioma Monroe falla la prueba de reciprocidad. Un principio que justifica la intervención hacia afuera pero la rechaza cuando se invierte no es un principio. Es una asimetría protegida por la costumbre. Cuando la autoridad unilateral deja de sentirse obligada a justificarse, el lenguaje ético deja de aclarar y comienza a anestesiar.
*
Sobre el Juicio Ejecutivo Autoautorizado
*
Lo que un axioma habilita en el plano doctrinal, la práctica ejecutiva lo completa en el plano de la justificación. La autoridad deja de presentarse como derivada procedimentalmente. Se presenta como autoautorizada. Las decisiones se enmarcan como juicios más que como acciones sujetas a revisión institucional. El lenguaje de la prudencia—estabilidad, temporalidad, coordinación—funciona no como un marco articulado, sino como una superficie justificatoria aplicada a posteriori.
En este modo, el poder no describe un proceso mediante el cual las decisiones fueron puestas a prueba, limitadas o evaluadas. Describe una certeza interna. El juicio se trata como garantía suficiente. La revisión se recodifica como demora. La restricción se reformula como irresponsabilidad. El poder ejecutivo se convierte simultáneamente en actor y auditor, colapsando la distinción entre la discrecionalidad ejercida dentro de una república y la soberanía afirmada por un individuo. Lo que persiste no es la ausencia de la ley, sino una reordenación del momento en que se permite que la ley se manifieste.
Esta transformación no rechaza el lenguaje democrático. Lo habita. En ese punto, la justificación misma se trata como innecesaria. La autoridad deja de explicarse ante las instituciones. Se explica solo ante sí misma.
Este desplazamiento no se detiene en la intervención. Se extiende a la manera en que la autoridad moral misma se articula en relación con el poder ejecutivo.
*
Sobre la sustitución del reconocimiento y la deriva jurisdiccional
*
Una ilustración procedimental reciente de esta lógica puede observarse en el tratamiento del resultado electoral venezolano de 2024. Esa elección produjo un locus determinable de legitimidad constitucional fundamentado en conteos documentados públicamente, corroborados por observación internacional, y reforzados por el reconocimiento externo previo de la coalición opositora representada por el partido de María Corina Machado. Estos elementos constituyeron conjuntamente un hecho jurídico: una autoridad derivada del procedimiento electoral y no de la negociación bilateral ni de la preferencia ejecutiva.
El compromiso posterior del poder ejecutivo de los Estados Unidos con Delcy Rodríguez como presidenta en funciones de Venezuela no impugnó ese resultado electoral. Lo desplazó operativamente. Este desplazamiento no surgió de una pretensión probatoria competidora sobre el conteo de votos ni de una impugnación jurídicamente articulada de la validez de la elección. Surgió de una preferencia estratégica externa por la estabilidad transaccional por encima de la continuidad constitucional. El reconocimiento fue así desvinculado de la legitimidad electoral y reasignado sobre la base de una funcionalidad expedita.
Esta maniobra refleja un error categorial con consecuencias institucionales. La influencia diplomática autoriza la negociación, la presión y el compromiso condicionado. La discreción en materia de política autoriza la selección de estrategias alineadas con los intereses nacionales. Ninguna autoriza la redefinición del locus interno de soberanía dentro de otro Estado. Al tratar estos dominios como intercambiables, la práctica de política ejecutiva de los Estados Unidos convirtió la discreción en política exterior en una autoridad sustituta de asignación de soberanía. Lo que fue presentado como estadismo pragmático funcionó procedimentalmente como sustitución jurisdiccional.
El desplazamiento no puede estabilizarse invocando el realismo. El realismo explica por qué los Estados se comportan de manera instrumental. No suministra un aval jurídico para anular resultados electorales. El poder ejecutivo estadounidense no demostró que la elección venezolana de 2024 no hubiera generado una autoridad legítima. Demostró únicamente que la autoridad producida por esa elección resultaba operativamente inconveniente para la estrategia que estaba siendo seguida por la administración estadounidense. En términos institucionales, esto constituye no una corrección sino una anulación procedimental de la soberanía de otro país.
La consecuencia estructural se extiende más allá de la gobernanza venezolana. Cuando la legitimidad electoral puede ser suplantada por el aval bilateral, las elecciones dejan de funcionar como actos determinativos y se convierten en señales consultivas contingentes a la aprobación extranjera. La soberanía ya no se deriva del mandato interno sino del reconocimiento externo calibrado según la utilidad estratégica. La autoridad migra del proceso constitucional a la transacción diplomática.
Esta transformación no anuncia dominación. La normaliza. El reconocimiento se convierte en un instrumento para la reasignación de jurisdicción. La intervención se convierte en un método para la reasignación de legitimidad.
En este registro, la autoridad moral ya no funciona como una restricción externa sobre el poder. La distinción deja de operar como un límite impuesto a la autoridad y se convierte en un accesorio de ella. Cuando la posición moral se deriva de la proximidad a la certeza ejecutiva, la independencia se disuelve sin coerción. Lo que aparece como respaldo es, estructuralmente, una transferencia de juicio de la esfera moral a la política.
El fracaso del Axioma Monroe no se limita a su forma doctrinal original. Persiste porque el axioma ya no necesita presentarse como doctrina en absoluto. Su lógica ahora circula en un registro distinto—uno que no argumenta a favor de la autoridad unilateral, sino que la presupone al alterar los términos mediante los cuales se evalúa la legitimidad.
En este registro, el conflicto político ya no se trata como una relación entre agentes que operan bajo restricciones compartidas. Se reclasifica como una condición que debe ser gestionada más que como una posición a la que haya que responder. Una vez que ocurre este desplazamiento, la reciprocidad ya no funciona como prueba de legitimidad. La acción se justifica no por reversibilidad, sino por necesidad afirmada.
Dentro de este marco, la intervención ya no se juzga con arreglo a criterios reversibles. Se juzga en función de la urgencia. La demora se convierte en negligencia. La contención se vuelve complicidad. El lenguaje de los límites cede paso al lenguaje del cuidado, y la coerción se presenta no como dominación, sino como tratamiento. El axioma no es rechazado. Se vuelve innecesario.
Este desplazamiento produce una asimetría decisiva. Allí donde la reciprocidad antes contenía la legitimidad, el diagnóstico ahora autoriza la acción. La pregunta rectora ya no es si un acto podría defenderse, palabra por palabra, en caso de invertirse las posiciones, sino si la condición ha sido declarada terminal. Una vez formulada esa declaración, el consentimiento se vuelve secundario, la proporcionalidad se da por supuesta y la rendición de cuentas se pospone a una fase de recuperación indefinida.
Esta transformación tiene una consecuencia estructural. Cuando las comunidades políticas son redescritas como incapacitadas, la autoridad ya no se justifica en relación con iguales, sino en relación con una necesidad afirmada. Las medidas que de otro modo requerirían justificación son absorbidas en la administración ordinaria.
Bajo esta lógica, la acción ya no está restringida por estándares que deban permanecer reversibles. La autoridad procede por clasificación más que por justificación. Una vez que la legitimidad se fundamenta en una condición declarada, los criterios para poner fin a la intervención ya no operan de antemano.
Es bajo esta lógica desplazada que las reclamaciones materiales pueden formularse sin aparecer como incautaciones, y el control puede afirmarse sin ser nombrado como tal. Lo que sigue no es una excepción al axioma, sino una de sus expresiones más concretas.
Bajo esta lógica desplazada, la propiedad misma se vuelve condicional. La infraestructura desarrollada en Venezuela por empresas extranjeras se trata no como inversión realizada bajo la ley venezolana, sino como posesión continua de los Estados Unidos. Lo que fue construido dentro del territorio venezolano, regulado por la autoridad venezolana y posteriormente nacionalizado mediante la ley venezolana se recodifica como algo que nunca perteneció plenamente a Venezuela.
Bajo esta lógica, la nacionalización ya no se interpreta como un acto soberano. Lo que había sido establecido dentro del territorio venezolano, regulado por la autoridad venezolana y luego incorporado a la ley venezolana se reclasifica como un activo cuya propiedad se dice que precede a esa autoridad. La participación pasada se invoca no como involucramiento histórico, sino como prueba de un derecho continuo. El tiempo no se trata como un límite, sino como una confirmación.
Una vez aceptada esta redefinición, el deterioro de la industria petrolera venezolana ya no se entiende como un fracaso interno que afecte a los venezolanos. Se describe como un daño causado a los intereses de los Estados Unidos. La mala gestión dentro de Venezuela se traduce en perjuicio infligido a los Estados Unidos. La incapacidad de Venezuela para mantener su propia industria se convierte en prueba de que ya no debería controlarla.
A partir de allí, el razonamiento vuelve a desplazarse. La reclamación se reformula entonces en términos correctivos. El control se enmarca como el restablecimiento de una condición previa más que como el inicio de una nueva. Lo que se transfiere se describe como algo que nunca dejó plenamente de pertenecer a otro lugar. El desempeño sustituye al consentimiento como medida de legitimidad. La propiedad se vuelve condicional, evaluada según resultados más que según jurisdicción.
El argumento adopta entonces el lenguaje de la vulnerabilidad. La disrupción dentro de Venezuela se describe como exposición en otro lugar. La producción de energía se trata como una condición de estabilidad más que como un objeto de acuerdo. Lo que había sido gobernado mediante jurisdicción se presenta como un requisito de continuidad. Bajo este encuadre, la intervención se alinea con la prevención. La elección se vuelve indistinguible de la obligación.
En esta secuencia, la propiedad ya no se trata como una condición legal asentada. La jurisdicción se menciona, pero solo en la medida en que los resultados cumplen con expectativas externas. El control persiste mientras su base legal se vuelve contingente.
Las reclamaciones inicialmente enmarcadas como intereses se reformulan como expectativas permanentes. Esas expectativas se tratan luego como condiciones que deben cumplirse antes del consentimiento.
Observaciones sobre la percepción 