Ricardo F. Morín Paisaje II 45,7 x 61 cm Óleo sobre tabla 2000
Ricardo F. Morín
1 de Febrero de 2026
Oakland Park, FL
La palabra activismo funciona hoy en el lenguaje público como un dispositivo de descalificación más que de descripción. Aparece cuando alguien protesta, informa o cuestiona la forma en que se ejerce el poder. La palabra no explica lo ocurrido ni si se siguieron las normas. Asigna sospecha a la persona que habla. Una vez que la palabra entra en una oración, la atención se desplaza de los hechos a las intenciones, y la indagación se detiene antes de poder avanzar.
Este uso lingüístico de activismo depende de presentar el orden existente como algo que no admite cuestionamiento legítimo. Lo que ya existe se describe como normal, legal y necesario. Aquello que lo cuestiona se etiqueta como activismo. La estructura de la frase supone que la autoridad no necesita justificarse, mientras que quienes se ven afectados por ella sí. De este modo, el lenguaje distribuye legitimidad de antemano y protege al poder de la explicación.
Las órdenes ejecutivas recientes en materia migratoria hacen que este mecanismo sea concreto y visible. Políticas que antes se describían como control fronterizo se han extendido profundamente al interior del país. Agentes federales operan ahora en ciudades, pueblos, lugares de trabajo y viviendas privadas lejos de cualquier frontera. Este cambio no es solo geográfico. Modifica quién queda expuesto al poder del Estado y bajo qué supuestos.
La aplicación migratoria en el interior del país trata ahora en la práctica como intercambiables a categorías de personas que son distintas. El objetivo declarado es detener a personas con antecedentes penales y asumir custodia de quienes ya están arrestados. Al mismo tiempo, las operaciones están diseñadas para recoger a cualquiera que esté presente, cercano o vagamente asociado. Personas sin antecedentes penales son detenidas junto a personas acusadas de delitos. Residentes de larga data, personas mayores, trabajadores con familia e incluso ciudadanos quedan atrapados en los mismos operativos. Las distinciones legales permanecen en el papel pero se derrumban en la ejecución.
Esta mezcla operativa se presenta por las autoridades como coherente, pero su coherencia se afirma más de lo que se demuestra. Detener a una persona condenada por un delito violento y arrestar a un vecino sin historial criminal se describen como partes de una misma misión. El lenguaje sugiere unidad y propósito. En la práctica, objetivos distintos se combinan por escala, no por claridad. El resultado es que nadie puede saber dónde termina la aplicación de la ley, y la incertidumbre misma se convierte en la condición dominante.
El perfilamiento aporta el método práctico que permite sostener esta expansión. Lejos de la frontera, los agentes no pueden basarse en cruces o violaciones documentadas. Se apoyan en la apariencia, el acento, la ubicación o la asociación. Las personas son detenidas no por lo que han hecho, sino por lo que se supone que son. La ciudadanía, la residencia y la legalidad dejan de funcionar como protecciones confiables en el momento del encuentro.
La respuesta comunitaria surge cuando estas prácticas se vuelven visibles en la vida cotidiana. En lugares como Montana, los residentes han visto a vecinos sacados de sus hogares en horas tempranas, a personas mayores retiradas casi sin vestir, a niños detenidos junto a adultos y a pueblos alterados por grandes despliegues federales. En otras partes del país, ciudadanos han muerto durante operativos de aplicación migratoria. A medida que estos hechos se repiten, dejan de parecer excepcionales y comienzan a registrarse como condiciones que se espera que la población tolere.
La protesta pública surge de este reconocimiento del daño y no de una actuación ideológica. Las personas se reúnen, hablan y exigen respuestas porque se ha cruzado algo familiar. Su reacción se basa en lo que han visto y vivido. Sin embargo, esta respuesta suele descartarse como activismo, un término que evita examinar la conducta que la provocó y cuestiona en cambio si reaccionar era permitido.
La etiqueta activismo desplaza la responsabilidad de la acción estatal hacia la respuesta cívica. La palabra no pregunta si la aplicación de la ley fue legal, proporcionada o humana. Pregunta si la gente debió haber objetado. De este modo, la conducta de la autoridad queda fuera de escrutinio y la disidencia pasa a ser el objeto del juicio. La rendición de cuentas se invierte.
El mismo recurso lingüístico se aplica al periodismo que documenta estos hechos. Cuando los periodistas registran redadas, publican testimonios o muestran imágenes de arrestos, su trabajo a veces se descarta como periodismo activista. La acusación no es que los hechos sean falsos, sino que fueron reunidos con una intención indebida. La precisión se sustituye por sospecha, y el acto mismo de documentar se trata como una falta.
Este patrón de lenguaje altera gradualmente la forma en que se entiende la democracia. La vida democrática depende de cuestionar a la autoridad, revisar decisiones y objetar cuando se produce daño. Bajo la gramática del activismo, estas acciones se tratan como interrupciones. La aceptación silenciosa es elogiada. El escrutinio se presenta como exceso. La estabilidad se eleva por encima de la justicia.
La consecuencia ética de este desplazamiento es la negación de la agencia cívica ordinaria. Cuando a trabajadores, padres y vecinos se les dice que al hablar se convierten en activistas, dejan de ser tratados como ciudadanos capaces de razonar. Son tratados como obstáculos que deben gestionarse. La autoridad deja de explicarse y pasa a afirmar la continuidad como justificación suficiente.
Una definición cada vez más estrecha de pertenencia nacional avanza junto a este cambio lingüístico. La pertenencia se mide por el silencio. La lealtad se mide por la obediencia. La diferencia se trata como amenaza. La supremacía no entra por una declaración abierta, sino por la repetición, a medida que se pide una y otra vez a las personas que acepten lo que ya no se les permite cuestionar.
Una sociedad plural no puede sostenerse bajo una gramática que trata el cuestionamiento como desviación. Dicha sociedad no depende de un origen compartido, una cultura única o una creencia uniforme. Depende del reconocimiento de que ningún grupo posee en exclusividad el significado de la nación. Cuando el lenguaje se usa para descartar a quienes señalan daños o exigen explicaciones, la democracia no se defiende. Se redefine silenciosamente contra las personas a las que debería servir.
La resiliencia suele presentarse como un término descriptivo. Nombra una capacidad observada bajo presión, una tendencia a resistir cuando las condiciones no pueden modificarse de inmediato. En este sentido, la resiliencia parece neutral, incluso recomendable. Señala supervivencia donde el colapso era posible, continuidad donde se esperaba interrupción.
Con el tiempo, sin embargo, la resiliencia deja de ser simplemente observada y comienza a ser celebrada. Lo que antes se registraba pasa a elogiarse. La resistencia se eleva a virtud, y la capacidad de persistir bajo tensión se presenta como prueba de fortaleza. En este desplazamiento, la atención se aleja sutilmente de las condiciones que hicieron necesaria la resistencia.
Una vez elogiada, la resiliencia se vuelve exigible. El lenguaje de la admiración cede paso al de la obligación. Lo que algunos lograron bajo presión empieza a tratarse como lo que todos deberían lograr. La resistencia deja de ser excepcional y se vuelve normativa. La capacidad de soportar sustituye la pregunta por las causas que exigen soportar.
En este punto, la resiliencia opera una inversión silenciosa. Las condiciones permanecen intactas, mientras la responsabilidad migra hacia quienes están expuestos a ellas. Las estructuras quedan sin examen, mientras se anima a los individuos a adaptarse. El ajuste se traslada de los sistemas a los sujetos. Lo que no puede repararse debe soportarse.
Esta inversión posee una dimensión temporal. La resiliencia se presenta como fortaleza orientada al futuro, una promesa de que la persistencia será finalmente recompensada. El daño se aplaza en lugar de afrontarse. La recuperación se invoca en lugar de la reparación, y se pide al tiempo que absorba lo que la política o la estructura no resuelven.
El peso ético de este desplazamiento se distribuye de forma desigual. A quienes menos capacidad tienen para alterar sus circunstancias se les exige con mayor frecuencia resiliencia. Quienes poseen mayor poder para cambiar las condiciones quedan menos expuestos a las exigencias de adaptación. La resiliencia, aunque celebrada como universal, se impone de manera asimétrica.
A medida que la resiliencia se convierte en expectativa, la disidencia se atenúa sin desaparecer. La queja no se prohíbe, pero se recodifica. Cuestionar las condiciones se interpreta como impaciencia. Negarse a soportar se presenta como deficiencia. La resistencia se convierte en medida de madurez, y el silencio se confunde con el consentimiento.
Lo que la resiliencia es, entonces, es una capacidad para soportar condiciones que no se han elegido. Es un hecho descriptivo del comportamiento humano bajo presión. Nombra la supervivencia allí donde las alternativas son limitadas.
Lo que la resiliencia no es es una ética. No es una justificación del daño ni una prueba de que las condiciones sean aceptables. La capacidad de soportar no confiere legitimidad a lo que se soporta.
Ricardo Morín Baluarte Anteriormente titulada Buffalo Series, Nº 3 Óleo sobre lino, 60 × 88 pulgadas 1980 Exhibida: Hallwalls Contemporary Arts Center, Buffalo, Nueva York, mayo de 1980. Destruida mientras se encontraba bajo custodia de terceros y existente únicamente como registro archivístico digital.
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Ricardo F. Morín.
23 de diciembre de 2025.
Kissimmee, Florida.
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No llegué a conocer las fronteras que más tarde gobernarían mi escritura a través de la instrucción ni de la doctrina, sino por una observación hecha incidentalmente por mi padre cuando yo era todavía un niño. Él afirmó, sin vacilación ni desarrollo ulterior, que no podía imaginar su existencia bajo un sistema político que amenazara la libertad individual y la autonomía privada, y que la vida bajo tales condiciones dejaría de ser una vida que pudiera habitar. La formulación era extrema, pero incluso entonces resultaba evidente que no estaba concebida como propuesta, amenaza ni puesta en escena. Funcionaba, más bien, como un límite: una indicación de hasta dónde la supervivencia, una vez despojada de dignidad, dejaría de merecer el nombre de vida.
La fuerza de aquella afirmación no residía en su contenido literal, sino en la claridad con la que establecía un límite. Las expresiones extremas suelen atraer atención por exceso, pero esta operaba de otro modo. No buscaba reacción ni adhesión. Cerraba una puerta. Lo que se marcó fue el punto en el que el juicio dejó de ser negociable, no porque el compromiso se volviera difícil, sino porque la continuidad misma perdió coherencia. Lo que se marcaba no era expresión, sino diagnóstico. Identificaba un umbral más allá del cual resistir equivaldría a consentir la propia negación.
Esa distinción —entre vivir y simplemente persistir— tardaría años en adquirir todo su peso. Es posible seguir con vida y, sin embargo, dejar de habitar las condiciones bajo las cuales la acción, la responsabilidad y la elección siguen siendo inteligibles. El cuerpo perdura; los términos de la autoría no. Lo que se cede en tales casos no es comodidad ni ventaja, sino la autoría de la propia conducta: la capacidad de seguir siendo el origen responsable de los propios actos.
Solo más tarde la ironía histórica otorgó a aquel recuerdo de infancia un marco más amplio. Mi padre murió un año antes de que Venezuela ingresara en un orden político prolongado que normalizó la humillación cívica y desplazó la responsabilidad individual. Esta coincidencia no confiere previsión ni vindicación. Simplemente subraya la naturaleza del límite que él había articulado. No pretendió anticipar desenlaces ni arrogarse una comprensión superior. Identificó una condición que no estaba dispuesto a habitar, con independencia de cuán común, administrativamente justificada o socialmente impuesta llegara a volverse.
Lo que se transmitió a través de aquella afirmación no fue una ideología, ni siquiera una posición política, sino una negativa. Fue la negativa a tratar la dignidad como contingente, y la negativa a aceptar la adaptación como intrínsecamente neutral. Tales negativas no son dramáticas. No se anuncian como virtudes. Operan en silencio, delimitando lo que uno no hará, lo que uno no dirá, y lo que no permitirá que atraviese sus actos a cambio de continuidad, seguridad o aprobación.
Escribir, he llegado a entender, no está exento de las restricciones que gobiernan la acción. La forma simbólica no suspende la responsabilidad. El lenguaje actúa. Enmarca posibilidades, distribuye responsabilidades y habilita ciertas respuestas mientras clausura otras. Escribir sin atender a lo que las propias palabras habilitan es tratar la expresión y la conducta, como si pertenecieran a órdenes distintos. No lo hacen. El mismo límite que rige la acción rige el lenguaje: no se deben habitar formas que exijan el abandono habitual de la autonomía.
La responsabilidad autoral no implica exhibición moral ni representación de la virtud. La responsabilidad en la escritura no consiste en adoptar la postura correcta ni en alinearse con conclusiones aprobadas. Consiste en rechazar métodos que sustituyen la claridad por la coerción, la humillación o la presión retórica. Exige atención no solo a lo que se afirma, sino a lo que se permite continuar mediante el tono, la implicación y la omisión. La precisión aquí no es una preferencia estilística; es una disciplina moral.
La contención, en este sentido, no es pasividad sino un método de autoría. Es una forma de interrupción en la circulación de aquello que uno no consiente trasmitir. Negarse a amplificar lo que uno no consiente transmitir es un acto de selección y un ejercicio de agencia. En un entorno donde el exceso, la indignación y la urgencia reactiva suelen confundirse con seriedad, la contención se convierte en un modo de preservar la autoría sobre la propia participación. La contención limita el alcance, pero conserva la coherencia entre lo que se dice y lo que se vive.
Tal contención inevitablemente tiene un costo. La urgencia es más que velocidad; es la condición bajo la cual la reflexión misma comienza a aparecer como una desventaja. La reflexión sirve como una salvaguarda procedimental de la agencia y de la autoría —y con ellas, de la responsabilidad ética— incluso cuando las circunstancias no pueden gobernarse y uno se ve obligado a elegir dentro de la restricción.La contención resiste la urgencia, estrecha el alcance y renuncia a ciertas formas de reconocimiento. Estas pérdidas no son accidentales; son constitutivas. Aceptar todos los registros o plataformas disponibles en nombre de la relevancia equivale a tratar la supervivencia como el bien supremo. El límite articulado tiempo atrás indica lo contrario: que existen condiciones bajo las cuales la continuidad exige un precio demasiado alto.
La responsabilidad autoral, entonces, no es una cuestión de expresión sino de alineación entre lenguaje y acción. Se pregunta si el lenguaje que uno emplea habita el mismo terreno ético que la propia conducta. Pregunta si las formas que uno adopta exigen concesiones que uno rechazaría en la acción. La obligación no es persuadir ni prevalecer, sino permanecer responsable ante los límites que uno ha reconocido.
Lo que permanece no es una doctrina sino una postura: una postura que se mantiene sin dramatización, sin escapatoria y sin concesión a formas que prometen continuidad a costa de la dignidad. Esta postura no se anuncia como resistencia ni busca exención de las consecuencias. Se mantiene firme sin apelación. Al hacerlo, afirma que la autoría —como la autonomía— comienza allí donde ciertas límites dejan de cruzarse.
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Lo que queda sin abordar es la condición más frágil que subyace a la autoría misma: la forma en que el pensamiento precede a la agencia y, en ocasiones, recoloca al autor antes de que pueda asumirse una postura.
El recuerdo de mi padre aparece como un blanco móvil —no una idea que se desliza fuera de control, sino un estándar que se desplaza bajo mis pies mientras yo aún avanzaba. No lo invité en el sentido de una intención o de un plan. Tampoco lo resistí. Noté que se movía antes de poder decidir qué exigía.
Esa experiencia resulta inquietante porque viola una suposición reconfortante: que el pensamiento es algo que desplegamos, y no algo que nos recoloca en relación con lo que enfrentamos.
La incertidumbre acerca de si lo había invitado es en sí misma una señal de que no estaba instrumentalizando mi pensamiento. Cuando el pensamiento es convocado como herramienta, permanece fijo. Cuando emerge en respuesta a algo que importa, se mueve, porque se ajusta a la realidad en lugar de organizarla. Ese movimiento solo se experimenta como una pérdida de control si la autoría se entiende como dominio más que como capacidad de respuesta.
Acepté la incomodidad de no saber si había convocado aquello que ahora reclamaba atención. Esto era resistencia en movimiento, no parálisis del juicio. La pregunta surge únicamente cuando el pensamiento sigue lo bastante vivo como para ser desplazado.
El blanco se movía porque estaba ligado al terreno de la percepción, no al yo que percibía.
Ricardo F. Morín La irracionalidad, la propaganda y el tribalismo CGI 2026
1. Una afirmación política entra ordinariamente en la vida pública a través de instituciones. Una ley se debate, se promulga, se interpreta, se impugna. Un discurso se pronuncia desde un cargo conocido, ante un público definido, sujeto a réplica y registro. La autoridad, en estos casos, surge de la responsabilidad y de la restricción.
2. El texto aquí examinado no satisface ninguna de estas condiciones.
3. El texto atribuye a una transmisión anónima el poder de alterar el estatus jurídico. El texto presenta a un orador no como un ciudadano que habla, sino como una conciencia que dicta. El texto declara efectos que ningún estatuto, ninguna orden ejecutiva y ningún tribunal poseen autoridad para producir. El texto anuncia asentimiento nacional en ausencia de cualquier foro capaz de conceder asentimiento.
4. No aparece promulgación alguna. No ocurre interpretación alguna. No es posible revisión alguna.
5. Nada en esta secuencia se argumenta. Nada en esta secuencia se demuestra. Nada en esta secuencia es susceptible de verificación.
6. La autoridad no se deriva de cargo, de ley ni de responsabilidad. La autoridad se asigna por disposición narrativa.
7. El orador recibe legitimidad moral por reconocimiento únicamente. La ley es desplazada por el espectáculo. El público es situado como testigo de un veredicto que precede a la deliberación. El silencio es tratado como confirmación. La inmovilidad es tratada como consentimiento.
8. Lo que aparece como denuncia funciona como sustitución.
9. El lugar de las instituciones es ocupado por una voz. El lugar del argumento es ocupado por la proclamación. El lugar del juicio es ocupado por la reacción.
10. El resultado no es persuasión. El resultado es conversión.
11. Los ciudadanos no son interpelados como agentes capaces de impugnar afirmaciones. Los ciudadanos son interpelados como espectadores invitados a recibir una escena moral cuyo significado ha sido fijado de antemano.
12. Cuando un testimonio inventado es recibido como registro político, el límite entre acontecimiento y deseo desaparece. Cuando el espectáculo es tratado como veredicto, la corrección pierde autoridad. Cuando la conciencia es producida como actuación, ninguna institución permanece capaz de restringir a la conciencia.
13. Esto no es desinformación en el sentido ordinario.
14. Este fenómeno es la sustitución del juicio por autoridad fabricada.
15. La autoridad se adhiere ordinariamente a un cargo antes de adherirse a una voz, porque el cargo proporciona los límites bajo los cuales el discurso puede reclamar consecuencia. Existe un tribunal, por eso habla un juez. Existe una cámara, por eso habla un legislador. Existe una administración, por eso habla un ejecutivo. En cada caso la legitimidad precede a la enunciación, y el público puede localizar la responsabilidad localizando el foro en el que se formula la afirmación.
16. El texto aquí examinado invierte ese orden. El texto presenta una voz cuya legitimidad no se funda en ningún cargo que pueda nombrarse, en ninguna jurisdicción que pueda definirse ni en ningún foro que pueda reconocerse. No se declara delegación alguna. No es visible mandato alguno. No se asume responsabilidad alguna. Sin embargo, la voz habla como si estuviera habilitada para dictar sobre materias cuya fuerza depende, en la vida cívica ordinaria, de promulgación, interpretación y revisión.
17. Esta inversión importa porque el cargo establece el ámbito bajo el cual una afirmación puede operar, la jurisdicción fija el alcance de los efectos, y el procedimiento somete tanto el ámbito como el alcance a impugnación y registro. Una afirmación que surge bajo estas restricciones puede ser impugnada porque la legitimidad puede ser impugnada. La afirmación aquí no surge bajo restricción; la afirmación surge por recepción. La legitimidad depende del reconocimiento en lugar de la jurisdicción, y el reconocimiento no es una categoría cívica que admita examen.
18. Puede disputarse un mandato. Puede negarse la jurisdicción de un tribunal. Puede invocarse el procedimiento y exigir réplica. El reconocimiento no ofrece instrumento equivalente. El reconocimiento confiere autoridad sin especificar alcance, y el reconocimiento permite que una voz se presente como conciencia sin aceptar las obligaciones que hacen a la conciencia responsable en la vida pública.
19. El efecto no es meramente que una voz hable fuera de cargo. El efecto es que el papel del cargo es reemplazado. En un sistema en el que la legitimidad precede al discurso, el discurso puede limitarse porque el foro puede limitarse. En un sistema en el que la legitimidad sigue al discurso, el discurso se expande hasta que algo externo impone un límite.
20. El texto no se apoya en límite alguno de esa naturaleza. El texto presenta la legitimidad moral como completa en el momento de la enunciación, y el texto trata la recepción como confirmación. El público es situado menos como un público capaz de impugnar que como un testigo de una proclamación cuya autoridad se presume en lugar de ganarse.
21. En tal disposición la pretensión de hablar conlleva consecuencia sin jurisdicción, y la autoridad aparece allí donde ninguna institución puede ser identificada como fuente de autoridad.
22. La autoridad que no surge de cargo no puede apoyarse en procedimiento. El procedimiento requiere foro. El foro requiere jurisdicción. La jurisdicción requiere mandato. Ninguno está presente aquí.
23. La afirmación por tanto no procede por secuencia. La afirmación procede sin premisas, sin fundamentos y sin anticipación de réplica. La enunciación no argumenta. La enunciación proclama.
24. Lo que ordinariamente requeriría promulgación es declarado completo. Lo que ordinariamente requeriría interpretación es declarado resuelto. Lo que ordinariamente requeriría revisión es presentado como definitivo. El veredicto precede al foro.
25. Esta inversión altera la función misma del discurso. El discurso ya no busca asentimiento mediante razonamiento. El discurso produce asentimiento por declaración. El juicio ya no sigue a la deliberación. El juicio se instala antes de que la deliberación pueda ocurrir.
26. Una vez que la proclamación es recibida como veredicto, la prueba se vuelve irrelevante.
27. Una vez que el argumento es retirado de la secuencia, el asentimiento ya no surge del juicio. El asentimiento surge del reconocimiento. La afirmación no pide ser examinada. La afirmación pide ser recibida. La fuerza de la afirmación depende menos de lo que la afirmación establece que de a quién la afirmación se dirige.
28. El público no es invitado a considerar si el veredicto se sigue de la ley ni si la autoridad invocada posee legitimidad para dictar. El público es invitado a reconocerse en el veredicto.
29. Este desplazamiento altera la función del acuerdo. En ámbitos deliberativos, el asentimiento sigue a la impugnación. Uno acepta una conclusión porque ha sopesado una afirmación frente a alternativas. Aquí, el asentimiento precede a cualquier ponderación. El veredicto llega ya formado, y la recepción suministra confirmación.
30. El acuerdo ya no señala convicción, sino afiliación, una postura definida menos por convicción que por posición.
31. El reconocimiento, en esta disposición, realiza el trabajo que antes realizaba el argumento. Aceptar la afirmación es afirmar pertenencia a una posición moral ya definida. El veredicto no obliga porque el veredicto sea correcto. El veredicto obliga porque el veredicto identifica.
32. Quienes reciben el veredicto no lo hacen como jueces de coherencia, sino como participantes en la postura que el veredicto confiere. La afirmación triunfa no persuadiendo a adversarios, sino consolidando a quienes ya están dispuestos a aceptarla.
33. Esta función explica la ausencia de procedimiento. La deliberación introduciría fractura. La impugnación introduciría diferenciación. La revisión expondría divergencia. Ninguna sirve al propósito en curso.
34. La afirmación por tanto elude toda etapa en la que pudiera aparecer el desacuerdo. La afirmación ofrece en su lugar un juicio ya concluido cuyo efecto principal es ordenar reconocimiento y rechazo.
35. El resultado no es creencia en el sentido ordinario, sino afiliación, una postura definida menos por convicción que por posición. Asentir es adoptar una posición dentro de una alineación moral cuyos límites son trazados por la recepción misma. Quienes aceptan son confirmados. Quienes dudan son marcados.
36. La autoridad, en esta forma, no gobierna por medio de la ley. La autoridad gobierna por identificación.
37. Una vez que la legitimidad es conferida por recepción, los límites restantes no pueden sostenerse.
38. Una vez que la autoridad es producida de esta manera, la sustitución se vuelve inevitable. En esta disposición el cargo cede ante la presencia, la jurisdicción cede ante el reconocimiento, el procedimiento cede ante la proclamación, y el juicio cede ante la reacción, hasta que ningún límite permanece capaz de detener la expansión que sigue.
39. Cada sustitución elimina un límite. Cada sustitución amplía el alcance. Cada sustitución disuelve responsabilidad.
40. Lo que permanece es una forma de autoridad que no puede ser impugnada porque no permanece foro alguno en el que pueda ocurrir impugnación.
41. La consecuencia para la ciudadanía sigue directamente. Un ciudadano participa ordinariamente en el juicio sopesando afirmaciones, impugnando legitimidad e invocando procedimiento. Aquí, ese papel desaparece. El ciudadano ya no es situado como participante en deliberación. El ciudadano es situado como receptor de veredicto.
42. La agencia cede ante la recepción, el juicio cede ante la alineación y la responsabilidad cede ante la lealtad, hasta que el desacuerdo mismo ya no puede aparecer como acto cívico.
43. En esta postura el desacuerdo deja de ser un acto cívico. El desacuerdo se vuelve una ruptura de afiliación. La duda se vuelve deslealtad. La corrección se vuelve defección.
44. Una vez que el juicio es desplazado de este modo, la reparación se vuelve imposible. La corrección presupone foro. La revisión presupone jurisdicción. La réplica presupone legitimidad. Ninguna permanece disponible.
45. Un veredicto que llega sin foro no puede ser devuelto a impugnación. Una autoridad que surge sin cargo no puede ser sometida a revisión. Una afirmación que gobierna mediante reconocimiento únicamente no puede ser corregida sin amenazar la pertenencia misma.
46. La persistencia de la fabricación no sigue de confusión, sino de función. La fabricación perdura porque la fabricación estabiliza alineación. La fabricación circula porque la fabricación confirma posición. La fabricación resiste corrección porque la corrección disolvería la postura que la fabricación sostiene.
47. La autoridad, una vez separada de cargo y restricción, no desaparece. La autoridad reaparece en forma alterada. El veredicto se separa del foro. La conciencia se separa de la responsabilidad. El asentimiento se separa de la deliberación.
48. Lo que permanece es una pretensión de gobernar sin jurisdicción.
49. Esto no es la corrupción del juicio. Esto es desplazamiento.
50. El juicio ya no se ejerce. El juicio se produce.
Las reflexiones de los capítulos anteriores conducen finalmente a una indagación más histórica, en la que el siguiente archivo, « Crónicas de Hugo Chávez », se convierte en otra lente desde la cual me acerco a la experiencia venezolana.
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Ricardo F. Morin
25 de Diciembre de 2025
Oakland Park, Fl.
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Capítulo VI
Crónicas de Hugo Chávez
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1
Hugo Chávez, quien encabezó la Revolución Bolivariana, nació el 28 de julio de 1954 en Sabaneta, Venezuela. Murió el 5 de marzo de 2013, a las 4:25 p. m. VET (8:55 p. m. UTC) en Caracas, a los 58 años. Como líder de la revolución, Chávez dejó una huella discernible en la historia política de Venezuela. Reconstruir esta historia es volver sobre un paisaje cuyas consecuencias siguen moldeando la vida venezolana.
En el núcleo del chavismo se encuentra una fusión deliberada de nacionalismo, poder centralizado y participación militar en la política. Esta fusión dio forma a su visión de una nueva Venezuela: ferozmente independiente y orgullosamente socialista.
Hugo Chávez (11 años), sexto grado, 1965 (Foto: Reuters).
2
La infancia de Hugo Chávez transcurrió en un pequeño pueblo de los Llanos, en el estado Barinas, al noroeste del país. Esta región posee una historia de cacicazgos indígenas (es decir, “jefaturas”, “dominios” o “formas de gobierno”) que se remonta a tiempos precolombinos. [1] Chávez fue el segundo de seis hermanos y sus padres tuvieron dificultades para mantener a la familia numerosa. Como consecuencia, él y su hermano mayor, Adán, fueron enviados a vivir con su abuela paterna, Rosa Inés, en la ciudad de Barinas. Tras la muerte de ella, Chávez honró su memoria con un poema que concluye con una estrofa que revela la profundidad de ese vínculo:
Entonces, / abrirías tus brazos / y me abrazarías / cual tiempo de infante / y me arrullarías / con tu tierno canto / y me llevarías / por otros lugares / a lanzar un grito / que nunca se apague. [2]
3
En su segundo año de bachillerato, Chávez conoció a dos maestros influyentes, José Esteban Ruiz Guevara y Douglas Ignacio Bravo Mora, quienes le ofrecieron orientación más allá del currículo regular. [3][4] Lo introdujeron al marxismo-leninismo como marco teórico y despertaron su fascinación por la Revolución Cubana y sus principios, un punto de inflexión más visible en retrospectiva de lo que pudo serlo en aquel momento.
4
A los 17 años, Chávez ingresó en la Academia Militar de Venezuela, en Fuerte Tiuna (Caracas), con la esperanza de compaginar la formación castrense con su pasión por el béisbol. Soñaba con convertirse en un pitcher zurdo, pero sus habilidades no estuvieron a la altura de esa ambición. A pesar de su inicial falta de interés por la vida militar, persistió en su entrenamiento y se graduó de la academia en 1975, ubicado cerca del final de su promoción.
5
La carrera militar de Chávez comenzó como subteniente, con la tarea de capturar guerrilleros de izquierda. Mientras los perseguía, empezó a identificarse con su causa y llegó a creer que luchaban por una vida mejor. Para 1977, estaba dispuesto a abandonar su carrera militar y unirse a la guerrilla. En busca de orientación, recurrió a su hermano Adán, quien lo convenció de permanecer en las fuerzas armadas insistiendo: « Te necesitamos allí ». [5] Chávez experimentó entonces un renovado sentido de propósito y entendió su misión como un llamado. En 1982, junto con sus compañeros militares más cercanos, formó el Movimiento Bolivariano Revolucionario-200 (MBR-200): su objetivo era difundir su interpretación del marxismo dentro de las fuerzas armadas y, en última instancia, preparar un golpe de Estado. [6]
6
El 4 de febrero de 1992, el teniente Chávez y sus aliados militares iniciaron una revuelta contra el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez. Sin embargo, la rebelión fue rápidamente sofocada. Rodeado y superado en número, Chávez se rindió en el Cuartel de la Montaña —actual museo de historia militar en Caracas, cercano al palacio presidencial— bajo la condición de que se le permitiera dirigirse a sus compañeros por televisión. Los instó a deponer las armas y evitar más derramamiento de sangre. Proclamó: « Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados… ». [7] La transmisión marcó el inicio de su proyección política. Sus palabras resonaron en todo el país y sembraron las bases de su futuro político.
Chávez anuncia su arresto en cadena nacional e insta a los insurgentes a rendirse.
7
En 1994, el recién electo presidente Rafael Caldera Rodríguez lo indultó. [8] Con esta segunda oportunidad, Chávez fundó el Movimiento V República (MVR) en 1997 y agrupó a socialistas afines en torno a su causa. [9] Mediante una campaña centrada en apelaciones populistas, obtuvo una victoria electoral a los 44 años.
8
En su primer año como presidente, Chávez disfrutó de una aprobación del 80%. Sus políticas buscaban erradicar la corrupción, ampliar los programas sociales para los pobres y redistribuir la riqueza nacional. Jorge Olavarría de Tezanos Pinto, inicialmente un simpatizante, se convirtió hacia el final de las elecciones en una de las voces opositoras más destacadas. Acusó a Chávez de socavar la democracia venezolana mediante el nombramiento de oficiales militares en cargos gubernamentales. [10] Al mismo tiempo, Chávez elaboraba un nuevo texto constitucional que le permitiría colocar militares en poderes públicos.
La nueva Constitución, ratificada el 15 de diciembre de 1999, abrió paso a las « megaelecciones » del año 2000, en las cuales Chávez aseguró un mandato de seis años. Aunque su partido no obtuvo control absoluto de la Asamblea Nacional, gobernó mediante Leyes Habilitantes, que permitían legislar por decreto. [11][12]
Mientras Chávez impulsaba reformas para reorganizar las instituciones del Estado, no se cumplieron los requisitos constitucionales. La designación de los magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ) se llevó a cabo sin rigor, lo que generó inquietudes sobre su legitimidad y competencia. Cecilia Sosa Gómez, la presidenta saliente de la CSJ, declaró que el Estado de derecho había sido « sepultado » y que la Corte se había « autodisuelto ». [13][14]
9
Aunque algunos venezolanos vieron en Chávez una alternativa fresca al inestable sistema democrático, dominado por tres partidos desde 1958, otros sectores expresaron preocupación a medida que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) consolidaba el poder y se convertía en el único partido gobernante. [15] Los poderes Legislativo y Ejecutivo se centralizaron cada vez más, y las garantías judiciales de los derechos ciudadanos se debilitaron.
Los estrechos vínculos de Chávez con Fidel Castro y su deseo de modelar a Venezuela según el sistema cubano —bautizado popularmente como «VeneCuba»— encendieron nuevas alarmas. [16]Además, silenció emisoras de radio independientes y antagonizó a Estados Unidos y otras naciones occidentales, mientras fortalecía sus relaciones con Irak, Irán y Libia.
A comienzos de 2002, su aprobación había caído al 30%, y las marchas anti-Chávez se hicieron frecuentes.
10
El 11 de abril de 2002, una manifestación masiva de más de un millón de personas marchó hacia el palacio presidencial exigiendo la renuncia del presidente Chávez. La protesta se volvió violenta cuando agentes de la Guardia Nacional y paramilitares encapuchados abrieron fuego contra la multitud. [17]
El trágico suceso —la Masacre de Puente Llaguno— provocó una rebelión militar que llevó al arresto de Chávez y a la conformación de un gobierno de transición encabezado por Pedro Francisco Carmona Estanga. [18]
Sin embargo, la gestión de Carmona fue efímera: suspendió la Constitución, disolvió la Asamblea Nacional y la Corte Suprema, y destituyó a diversos funcionarios. En un plazo de cuarenta y ocho horas, las Fuerzas Armadas retiraron su respaldo a Carmona.
El vicepresidente, Diosdado Cabello Rondón, fue reintegrado como presidente y restituyó a Chávez en el poder. [19]
11
El fallido golpe de Estado fortaleció a Chávez, quien purgó su círculo interno e intensificó su confrontación con la oposición. En diciembre de 2002, la oposición organizó un paro nacional destinado a forzar su renuncia. El paro afectó a la empresa estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), que generaba aproximadamente el 80% de los ingresos por exportaciones del país. [20]
Chávez respondió despidiendo a sus 38.000 empleados y reemplazándolos con leales a su causa. Para febrero de 2003, el paro se había desvanecido y Chávez recuperó el control total de los ingresos petroleros.
12
Entre 2003 y 2004, la oposición impulsó un referendo para revocar el mandato de Chávez, pero el aumento de los ingresos petroleros —que financiaban programas sociales populares— reforzó su apoyo. [21]
A finales de 2004, su popularidad había repuntado y el referendo fue derrotado contundentemente. En diciembre de 2005, la oposición boicoteó las elecciones legislativas y protestó contra el Consejo Nacional Electoral (CNE). [22]
Para entonces, el control legislativo recaía casi por completo en la coalición de Chávez. [23] Lo que siguió no representó una desviación de esta trayectoria, sino su prolongación mediante políticas formales.
13
En diciembre de 2006, Chávez consiguió un tercer mandato presidencial, una victoria que amplió el alcance de la iniciativa ejecutiva. Nacionalizó industrias clave —oro, electricidad, telecomunicaciones, gas, acero, minería, agricultura y banca— junto con numerosos sectores menores. [24][25][26][27][28][29]
Presentó un paquete de reformas constitucionales destinadas a ampliar los poderes del Ejecutivo y su control sobre el Banco Central de Venezuela (BCV). En una medida controvertida, modificó unilateralmente los derechos de propiedad y permitió que el Estado confiscara bienes privados sin supervisión judicial. Incluso propuso convertirse en presidente vitalicio.
Sin embargo, en diciembre de 2007, la Asamblea Nacional rechazó por escaso margen sus amplias reformas.
14
En febrero de 2009, Chávez volvió a presentar sus propuestas controvertidas, esta vez con éxito. Inspirándose en la asesoría cubana, intensificó la represión del disenso. [30]
Ordenó la detención de opositores electos y cerró todas las estaciones privadas de televisión.
15
En junio de 2011, Chávez anunció que se sometería a una cirugía en Cuba para extirpar un tumor. La noticia generó confusión y preocupación en el país. [31] A medida que su salud se deterioraba, los votantes comenzaron a cuestionar su capacidad para gobernar.
Aun así, en 2012, desafiando su frágil estado, Chávez hizo campaña contra Henrique Capriles y obtuvo una victoria presidencial sorpresiva. [32]
16
Chávez durante la campaña electoral, febrero de 2012.
En diciembre de 2012, Chávez se sometió a su cuarta operación en Cuba. Antes de partir de Venezuela, anunció su plan de transición y designó al vicepresidente Nicolás Maduro como su sucesor, acompañado de una poderosa troika encabezada por Diosdado Cabello (jefe militar) y Rafael Darío Ramírez Carreño (administrador de PDVSA). [33][34][35]
Tras la cirugía, Chávez fue trasladado el 11 de diciembre al Hospital Militar Universitario Dr. Carlos Arvelo —adscrito a la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV)— en Caracas, donde permaneció incomunicado, alimentando aún más las especulaciones.
Algunos funcionarios desestimaron los rumores de asesinato, mientras que otros, incluida la exfiscal general Luisa Ortega Díaz, afirmaron que Chávez había muerto el 28 de diciembre. [36]
El gabinete de Maduro negó vehementemente tales acusaciones e insistió en que no se había cometido ningún crimen. En medio de la incertidumbre, Maduro solicitó a la Asamblea Nacional posponer indefinidamente la juramentación presidencial, lo que agravó la crisis política.
17
La Asamblea Nacional accedió a la solicitud de Maduro y votó a favor del aplazamiento de la juramentación.
Chávez falleció el 5 de marzo. Su cuerpo fue embalsamado en tres etapas distintas sin que se realizara una autopsia, lo que alimentó nuevas sospechas y teorías conspirativas.
Treinta días después, Maduro asumió la presidencia en un contexto de persistente incertidumbre política. [37]
Notas Finales—Capítulo VI
§ 2
[1] Charles S. Spencer y Elsa M. Redmond, Prehispanic Causeways and Regional Politics in the Llanos of Barinas, Venezuela (Cambridge: Cambridge University Press, 2017). Resumen: «… relacionados con la dinámica política de la organización cacical durante la fase Gaván Tardía». Publicado en Latin American Antiquity, vol. 9, n.º 2 (junio de 1998): 95-110. https://doi.org/10.2307/971989
[4] L’Atelier des Archive, « Interview du révolutionnaire: Douglas Bravo au Venezuela [circa 1960] » (transcripción: «… conceptos injuriosos en contra de la revolución cubana…» [min. 1:11-14]), YouTube, 14 de octubre de 2016. https://www.youtube.com/watch?v=1cx2D5VM8VM
§ 5
[5] “Hugo Chavez Interview,” YouTube. Extracto de transcripción y marca de tiempo no disponibles. Cita original en español « … si no, quizá me voy del Ejército, no, no puedes irte, me dijo Adán, no, te necesitamos allí, ¿pero quién me necesita? ». Consultado el 12 de octubre de 2023.
[9] Gustavo Coronel, « Corruption, Mismanagement, and Abuse of Power in Hugo Chávez’s Venezuela », Center for Global Liberty & Prosperity: Development Policy Analysis, n.º 2 (CATO Institute, 27 de noviembre de 2006). https://www.issuelab.org/resources/2539/2539.pdf
[11] Mario J. García-Serra, «The ‘Enabling Law’: The Demise of the Separation of Powers in Hugo Chavez’s Venezuela», University of Miami Inter-American Law Review, vol. 32, n.º 2 (primavera-verano 2001): 265-293. https://www.jstor.org/stable/40176554
[26] James Suggett, « Venezuela Nationalizes Gas Plant and Steel Companies, Pledges Worker Control », Venezuelanalysis, 23 de mayo de 2009. https://venezuelanalysis.com/news/4464/
[37] « Cuerpo de Chávez fue tratado tres veces para ser conservado: … intervenido con inyecciones de formol para que pudiera ser velado », El Nacional de Venezuela – Gda, 27 de enero de 2024, 05:50; actualizado el 22 de marzo de 2013, 20:51. https://www.eltiempo.com/amp/archivo/documento/CMS-12708339
Este ensayo examina la promesa del beneficio descendente (teoría trickled-down) no como una teoría económica, sino como un axioma. Indaga el momento en que una hipótesis discutida deja de requerir demostración y comienza a operar como justificación permanente. En ese punto, deja de explicar resultados. Los autoriza.
La promesa del beneficio descendente suele presentarse como un mecanismo mediante el cual la acumulación genera beneficio general. La concentración se describe como provisional, la desigualdad como temporal y la recompensa como finalmente compartida.
Estas afirmaciones desplazan la atención de la verificación hacia la expectativa. La promesa sustituye a la prueba. Lo que se describe como distribución depende de una retención previa. Se afirma que el beneficio fluye solo después de haber sido asegurado en otro lugar.
Un mecanismo que requiere la desigualdad para justificar la igualdad anula su propia premisa. La lógica depende del aplazamiento. Quienes están llamados a esperar no son quienes deciden. La contradicción se vuelve ética cuando la paciencia se asigna de manera desigual. Quienes deben confiar durante más tiempo son quienes menos pueden absorber la demora. Quienes se benefician primero no están expuestos al fracaso en la misma medida. El riesgo no se comparte. El tiempo no es recíproco.
La promesa del beneficio descendente no impone por la fuerza. Gobierna mediante la garantía. Exige que la desigualdad se soporte en el presente a cambio de un beneficio que no puede reclamarse.
Lo que la promesa del beneficio descendente es, entonces, es un relato que estabiliza la concentración al postergar la rendición de cuentas. Lo que no es es un mecanismo distributivo ni una ética mutua.
Cuando la promesa sustituye a la demostración, la promesa del beneficio descendente deja de examinarse y comienza a funcionar como axioma.
Un estudio diagnóstico de cómo la vida pública continúa funcionando cuando el juicio es limitado y las condiciones permanecen inestables
*
Ricardo Morín Mantra: Dominios de acción 21 x 28,5 pulgadas Acuarela, grafito, ceras, tinta y gesso sobre papel 2003
Nota:
Nada de lo que diga pertenece a la obra.
La obra no necesita palabras.
Ya habla en su propio medio, para el cual el lenguaje no tiene equivalente.
Ricardo F. Morín
18 de diciembre de 2025
Oakland Park, Fl
Prefacio
Este trabajo no fue escrito para sostener una posición ni para cerrar un debate. Surgió de una atención sostenida a condiciones que no podían ser ignoradas sin distorsión. Escribir, en este sentido, no es una expresión de propósito, sino una consecuencia de la conciencia.
Las páginas que siguen no reclaman autoridad por pericia ni por urgencia. Parten del reconocimiento de que el juicio debe actuar con frecuencia bajo condiciones incompletas, y de que la claridad, cuando aparece, lo hace de manera gradual y sin garantía. Lo que aquí se ofrece no es una conclusión, sino una continuidad: un esfuerzo por mantenerse fiel a lo que puede observarse cuando la atención se sostiene.
Este estudio no procede de la especialización constitucional, de la autoridad institucional ni de la proximidad profesional al ejercicio del gobierno. Procede de la observación. Sus afirmaciones surgen de una atención sostenida a la manera en que la vida pública continúa funcionando bajo condiciones en las que el juicio está limitado, la información permanece incompleta y, aun así, las decisiones deben tomarse.
En ámbitos donde el conocimiento acreditado suele determinar la legitimidad, escribir desde fuera de la autoridad formal puede dar lugar al rechazo antes incluso de la lectura. Ese riesgo es real. Sin embargo, las condiciones examinadas aquí no pertenecen exclusivamente a dominios técnicos. Se presentan cotidianamente a ciudadanos, funcionarios, instituciones y sistemas por igual. El juicio bajo incertidumbre no es una actividad especializada; es una condición compartida.
La ausencia de credenciales formales no exime a este trabajo del rigor. Exige otro tipo de disciplina: contención en la afirmación, precisión en la descripción y fidelidad a lo que puede observarse sin presuponer dominio. El análisis no pretende resolver cuestiones constitucionales ni proponer soluciones institucionales. Examina cómo la gobernanza persiste cuando la claridad es parcial, cuando la autoridad opera a través de múltiples dominios y cuando la continuidad depende menos de la certeza que del ajuste.
Si este trabajo posee algún valor, no será porque hable desde la autoridad, sino porque atiende con cuidado a la forma en que la autoridad funciona cuando ninguna posición —experta o no— puede reclamar pleno control sobre las condiciones que enfrenta.
Nota del autor
Este trabajo aclara una confusión presente en numerosas culturas políticas: la tendencia a tratar república y democracia como ideales intercambiables, en lugar de entenderlos como componentes distintos de la gobernanza. Los capítulos observan cómo los arreglos políticos continúan operando cuando las categorías heredadas dejan de esclarecer lo que está ocurriendo.
El método es observacional. La vida política se describe tal como se experimenta: decisiones tomadas sin conocimiento pleno, términos utilizados por hábito e instituciones que se ajustan internamente mientras conservan su forma exterior. El análisis parte de los límites del juicio como condición cotidiana: las personas deben actuar antes de comprender plenamente las circunstancias en las que actúan.
Lo que sigue no propone un modelo ni defiende una tradición. Traza cómo el lenguaje, las instituciones y las expectativas se separan a lo largo de distintos dominios de acción, y cómo la vida pública continúa operando bajo condiciones que no permiten una claridad plena.
Capítulo I
Los límites del juicio en la vida pública
*
1
La vida pública depende de formas de juicio desiguales, moldeadas con frecuencia por las presiones que enfrentan las personas. Los individuos llegan a las cuestiones políticas con experiencias distintas, niveles diversos de conocimiento y condiciones variables desde las cuales ponderan lo que se les presenta. Estas diferencias no impiden la toma de decisiones colectivas, pero condicionan la claridad con la que se perciben los términos y los arreglos políticos. Todo lo que sigue —la organización de la autoridad, la estructura de la participación y el modo en que ambas se describen— se desarrolla dentro de una claridad limitada y variable.
2
Los términos políticos permanecen estables incluso cuando se comprenden en grados distintos. Palabras como república y democracia poseen significados diferenciados —una refiere a un arreglo de autoridad, la otra a un método de participación— y, sin embargo, se utilizan con frecuencia de manera indistinta. Los términos conservan familiaridad aun cuando la claridad necesaria para mantenerlos separados varía según la circunstancia. Como resultado, el debate público puede apoyarse en un lenguaje establecido sin corresponder siempre a los arreglos efectivamente vigentes.
3
Una república designa un arreglo en el cual la autoridad reside en cargos públicos y se ejerce mediante instituciones, no a través del gobierno personal. Una democracia designa el método mediante el cual las personas participan en las decisiones públicas, ya sea de forma directa o representativa. La república describe cómo se contiene la autoridad; la democracia, cómo se organiza la participación. Dado que estos términos remiten a dimensiones distintas de la vida política —una estructural, la otra procedimental— un mismo sistema puede combinar ambas. Estados Unidos ilustra esta combinación: la autoridad es institucional y pública, mientras que la participación se organiza mediante elecciones y decisiones colectivas.
4
El discurso público suele recurrir a términos familiares para describir arreglos políticos sin examinar cómo se organizan efectivamente la autoridad y la participación. Las referencias amplias sustituyen el funcionamiento institucional concreto, permitiendo que el lenguaje permanezca continuo incluso cuando las circunstancias se modifican. Los términos persisten no porque describan con precisión los arreglos actuales, sino porque ofrecen un vocabulario estable a través del cual la vida pública puede seguir siendo discutida mientras se adapta.
5
Patrones de este tipo aparecen en muchas sociedades. Cuando las circunstancias son inestables, la autoridad tiende a concentrarse; cuando las condiciones son más estables, la participación suele ampliarse. La dirección no es uniforme entre países ni períodos, pero el patrón es reconocible: la autoridad se concentra o se dispersa en respuesta a las condiciones, no al lenguaje utilizado para describir la vida política. Lo que varía es la claridad con la que una sociedad distingue entre la estructura que contiene la autoridad y el método mediante el cual ocurre la participación.
6
Este desplazamiento entre autoridad concentrada y autoridad dispersa se manifiesta de manera distinta según el contexto nacional. En Venezuela, las referencias a la república han acompañado con frecuencia períodos de fortalecimiento de la conducción ejecutiva, aun cuando no se consoliden procedimientos duraderos de participación. En Estados Unidos, el énfasis suele invertirse. La participación se afirma de manera más visible en el umbral electoral, mientras que la autoridad se ejerce posteriormente a través de procesos institucionales que restringen la intervención pública en lugar de ampliarla.
Tras las elecciones presidenciales, decisiones de alto impacto se desarrollan mediante canales estructurados que limitan la participación por diseño: la selección de nominados, el control de los tiempos de confirmación, la gestión de vacantes estratégicas y la secuenciación de los procedimientos dentro del Comité Judicial del Senado. Las votaciones de confirmación y la concesión de cargos de duración indefinida trasladan aún más la autoridad desde el electorado hacia ámbitos institucionales protegidos. De este modo, la participación alcanza su punto máximo en el momento de la selección y se retrae a medida que la autoridad avanza.
Los términos difieren, pero el patrón converge: en ambos casos, la participación pública se reduce a medida que la autoridad decisoria se consolida.
7
La vida pública resulta más inteligible cuando la distinción entre estructura y participación permanece visible. La república identifica cómo se dispone la autoridad mediante cargos e instituciones; la democracia identifica cómo se organiza la participación mediante procedimientos colectivos. Cuando estos términos se emplean sin esa distinción, la atención se desplaza del funcionamiento institucional hacia la denominación. El debate gira en torno al lenguaje más que a los procesos, y el movimiento de la autoridad se vuelve más difícil de seguir.
8
Ninguna combinación única de estructura y participación satisface todas las exigencias que se imponen a la vida pública. La autoridad concentrada permite rapidez, pero restringe la inclusión; la participación amplia incrementa la inclusión, pero ralentiza la coordinación. La mayoría de los gobiernos combinan estos elementos en proporciones variables, y esas proporciones cambian conforme cambian las condiciones. La relación entre autoridad y participación se vuelve más clara en ciertos períodos y más opaca en otros.
9
Cuando esta relación no es clara, las personas se orientan por lo que resulta más visible. Para algunos, la referencia es la acción ejecutiva; para otros, los cuerpos representativos; muchos responden principalmente a resultados inmediatos. Estos puntos de referencia configuran la experiencia del sistema incluso cuando su estructura formal permanece intacta.
10
La vida pública continúa no porque sus condiciones estén resueltas, sino porque las decisiones no pueden esperar a una certeza plena. La autoridad actúa mientras las circunstancias permanecen incompletas, y la participación ocurre sin una anticipación total de sus efectos. El sistema perdura por esta necesidad: las decisiones se toman bajo visibilidad parcial, los términos sobreviven más allá de su precisión y las instituciones se ajustan internamente sin perder su forma exterior. Lo que mantiene unida a la vida pública no es la claridad, sino la necesidad de proceder en su ausencia.
10
La vida pública continúa no porque sus condiciones estén resueltas, sino porque las decisiones no pueden esperar a una certeza plena. La autoridad actúa aun cuando las circunstancias son incompletas, y la participación ocurre aun cuando sus efectos no pueden anticiparse del todo. El sistema perdura por esta necesidad: se decide en entornos parcialmente visibles, con términos que no siempre corresponden a las condiciones vigentes y mediante instituciones que se ajustan sin perder su forma. Lo que mantiene unido al sistema no es la claridad, sino la necesidad de proceder en su ausencia.
Capítulo II
La acción ejecutiva bajo incertidumbre
*
1
La acción ejecutiva es el dominio en el que las decisiones son menos postergables. A diferencia de los cuerpos deliberativos, el ejecutivo está estructurado para actuar antes de que las condiciones se estabilicen. La presión del tiempo, la información incompleta y las señales contradictorias definen su entorno operativo. Esto no vuelve excepcional al juicio ejecutivo; hace más visibles sus límites.
2
Dado que las decisiones ejecutivas son observables públicamente, con frecuencia se convierten en el principal punto de referencia desde el cual se interpreta la vida política. Órdenes, declaraciones, nombramientos y acciones de cumplimiento resultan más visibles que los procesos que las preceden o las siguen. La visibilidad produce una impresión de control incluso cuando los resultados permanecen inciertos.
3
La autoridad del ejecutivo suele describirse como personal, aunque se ejerce mediante mecanismos institucionales. Las decisiones atribuidas a una figura se ejecutan a través de agencias, procedimientos y discrecionalidades delegadas. Esta ejecución estratificada permite que la acción avance mientras la responsabilidad se distribuye entre estructuras que permanecen en gran medida fuera de la vista.
4
Los períodos de incertidumbre tienden a comprimir la autoridad hacia el ejecutivo. Cuando la coordinación se ralentiza en otros ámbitos, la acción ejecutiva ocupa el espacio disponible. Esta concentración no requiere un cambio en la estructura constitucional; ocurre dentro de las formas existentes, a medida que las responsabilidades se estrechan y los plazos se acortan.
5
El juicio público suele centrarse en la apariencia de decisión más que en las condiciones que la rodean. La rapidez se confunde con claridad; la repetición, con determinación. La cuestión de si una decisión podría haber sido distinta queda desplazada por si fue tomada de manera visible y sin titubeos.
6
Este enfoque altera la percepción de la rendición de cuentas. Dado que la acción ejecutiva es inmediata, absorbe elogios y reproches incluso cuando los resultados dependen de factores que exceden su control. El dominio ejecutivo se sobrecarga simbólicamente y comienza a funcionar como sustituto del sistema en su conjunto.
7
Con el tiempo, esta dinámica reconfigura las expectativas. Se espera que los ejecutivos resuelvan condiciones que ningún cargo individual puede gestionar por sí solo. Cuando los resultados no satisfacen esas expectativas, la insatisfacción se personaliza en lugar de volverse estructural. El juicio se estrecha hacia las figuras, no hacia los procesos.
8
La persistencia de la acción ejecutiva bajo incertidumbre no indica un fracaso en otros ámbitos. Refleja la necesidad de actuar en entornos donde la demora tiene costos propios. El ejecutivo no elimina la incertidumbre; opera dentro de ella.
9
Tal como se establece en el Capítulo I —Los límites del juicio en la vida pública—, la distinción entre estructura y método se mantiene intacta. La autoridad ejecutiva es un componente estructural de la república. Su prominencia bajo incertidumbre no convierte al sistema en gobierno personal ni disuelve otras formas de participación. Modifica su visibilidad relativa.
10
La acción ejecutiva continúa porque las decisiones no pueden esperar a que las condiciones se estabilicen. Lo que el público observa no es dominio, sino movimiento. El ámbito parece decisivo no porque resuelva la incertidumbre, sino porque debe actuar mientras la información relevante permanece en flujo.
Capítulo III
Desplazamiento administrativo y sustitución procedimental
*
1
La acción administrativa opera a distancia de la atención pública, no porque se oculte, sino porque se despliega mediante estructuras diseñadas para la continuidad más que para la visibilidad. Las normas se aplican, los procedimientos se ajustan y las prioridades se reordenan dentro de organismos cuyo trabajo sostiene la gobernanza sin ocupar el primer plano de la vida política. Estas acciones rara vez se presentan como decisiones discretas, pero moldean los resultados con la misma eficacia que los actos legislativos o las órdenes ejecutivas.
2
Aunque el poder ejecutivo soporta el peso más visible de la acción, no actúa en soledad. La autoridad circula a través de una estructura interna densa —departamentos, oficinas y jerarquías administrativas— que traduce la orientación ejecutiva en práctica efectiva. Dentro de esta estructura coexisten distintas orientaciones temporales: algunas responden a la inmediatez del mandato político; otras operan dentro de marcos constitucionales y legales concebidos para asegurar duración, estabilidad y memoria institucional.
3
Lo que en el espacio público aparece como un acto ejecutivo unitario es, en la práctica, el borde visible de un proceso distribuido. Las autoridades administrativas no sustituyen la función legislativa ni interpretan la ley en sentido judicial. Aplican estatutos, reglamentos y precedentes existentes a circunstancias concretas, ejerciendo discrecionalidad únicamente dentro de límites ya definidos. La gobernanza continúa a través de esta aplicación no porque la interpretación se expanda, sino porque la ejecución debe proseguir incluso cuando la acción legislativa directa está ausente o se retrasa.
4
La sustitución procedimental ocurre cuando la toma de decisiones formales no puede avanzar al mismo ritmo que los acontecimientos. Cuando la legislación se estanca o la autoridad ejecutiva alcanza sus límites constitucionales, los procesos administrativos absorben responsabilidad ajustando la aplicación de las normas vigentes. Se afinan directrices, se reordenan prioridades de cumplimiento y se recalibran recorridos procedimentales para que la acción continúe sin alterar el marco legal.
5
El efecto de este ajuste es acumulativo, no declarativo. Los procedimientos adquieren fuerza mediante su uso sostenido a lo largo del tiempo, entre casos y oficinas. Lo decisivo no es el anuncio de una decisión, sino la consolidación de una práctica que se vuelve operativa por repetición. La autoridad se ejerce por continuidad de aplicación, no por proclamación ni exhibición.
6
Dado que la responsabilidad se distribuye entre organismos y rutinas, el juicio público suele tener dificultades para identificar dónde ocurre el cambio. Los resultados aparecen sin un momento único de decisión al que puedan atribuirse. Esta dispersión no elimina la responsabilidad, pero la vuelve más compleja. Los efectos se experimentan antes de que se comprendan sus orígenes procedimentales, si es que llegan a comprenderse.
7
Con el tiempo, este modo de gobernanza reconfigura las expectativas públicas. Las personas pueden percibir que las condiciones han cambiado sin tener claridad sobre quién actuó o de qué manera. La insatisfacción se adhiere al sistema en su conjunto más que a actores identificables, no porque la autoridad esté ausente, sino porque opera a través de canales que no coinciden con los relatos públicos de decisión y responsabilidad.
8
El desplazamiento administrativo no señala una ruptura institucional. Refleja la necesidad de sostener la gobernanza bajo restricción. Cuando las decisiones formales no pueden adoptarse con la rapidez requerida, los procedimientos se adaptan para que la autoridad continúe funcionando sin exceder sus límites legales. El sistema no se suspende; ajusta sus trayectorias.
9
Este dominio ilustra la separación entre forma y operación establecida en el capítulo inicial. La estructura constitucional de la autoridad permanece intacta, mientras que su ejecución desplaza énfasis y secuencia. Lo que cambia no es quién detenta el poder, sino cómo ese poder se despliega bajo condiciones que no permiten una resolución explícita.
10
La gobernanza persiste a través de estas sustituciones porque la acción no puede detenerse. La autoridad avanza no abandonando sus límites, sino trabajando dentro de ellos. La continuidad de la vida pública depende menos de decisiones visibles que de la capacidad institucional de aplicar marcos existentes a circunstancias cambiantes, de manera imperfecta y sin pretensión de cierre definitivo.
Capítulo IV
Ritual electoral y persistencia de la forma
*
1
Las elecciones son el rasgo más reconocible de la participación democrática. Proporcionan una estructura recurrente mediante la cual la implicación pública se organiza y se exhibe. Su regularidad genera una sensación de continuidad incluso cuando las condiciones circundantes cambian.
2
Como ritual, las elecciones afirman la participación mediante la repetición. Los procedimientos permanecen familiares —campañas, votación, certificación, transición— y establecen una secuencia compartida que señala orden y legitimidad. Estas formas exteriores sostienen la confianza en el proceso, incluso cuando los resultados permanecen inciertos.
3
Las elecciones perduran no porque resuelvan el conflicto, sino porque organizan la confianza en el punto de selección. No zanjan el desacuerdo; hacen posible la coordinación continuada al establecer un momento reconocido de autorización.
4
Una vez organizada la confianza en el punto de selección, la atención pública se desplaza de los mecanismos de participación hacia la visibilidad de los resultados. Ganar y perder sustituyen el examen de cómo la participación se traduce en política, administración o ejecución. El ritual satisface la expectativa de involucramiento, mientras la atención se aparta de los trayectos mediante los cuales la autoridad opera después de la selección.
5
Este énfasis en el resultado refuerza la estabilidad simbólica. Mientras las elecciones se celebren según lo previsto y los resultados sean reconocidos, el sistema parece intacto. Las preguntas sobre cómo se toman las decisiones posteriormente —cómo se transporta, distribuye y limita la autoridad— reciben una atención menos sostenida.
6
Las discrepancias entre la elección electoral y la experiencia vivida suelen atribuirse a individuos más que a trayectorias institucionales. La insatisfacción se personaliza, mientras la distancia estructural entre participación y gobernanza permanece en gran medida sin examinar.
7
Los rituales electorales persisten porque cumplen una función estabilizadora. Marcan transiciones, renuevan la legitimidad y proporcionan un punto de referencia compartido para la vida pública. Su perdurabilidad no depende de su capacidad para resolver presiones subyacentes, sino de su aptitud para preservar la coordinación en presencia del desacuerdo.
8
A medida que cambian las condiciones, la participación puede volverse más expresiva que efectiva. El voto señala presencia y alineamiento, incluso cuando no modifica de manera sustantiva las trayectorias administrativas o ejecutivas. La expresión permanece visible; la influencia se vuelve más incierta.
9
La democracia, entendida como método, permanece visible y activa. Lo que fluctúa es el grado en que la participación alcanza los dominios donde las decisiones se ajustan de forma continua, y donde la autoridad sigue operando después del momento del voto.
10
La vida pública continúa mediante este arreglo porque la acción no puede detenerse en el punto de selección. Las decisiones prosiguen mientras las condiciones evolucionan, la información se acumula de forma desigual y la responsabilidad se desplaza entre dominios. Lo que perdura no es la resolución, sino la continuidad: la gobernanza avanza mediante ajuste, no mediante clausura, sostenida por instituciones que actúan sin reclamar finalidad.
Ricardo F. Morin Escatología Acuarela, gouache, corrector blanco y tinta negra sobre papel 14″x20″ 2004
Ricardo F. Morín
11 de enero de 2026
Oakland Park, Fl
1. Las civilizaciones describen periódicamente su presente como un momento singularmente peligroso. Estas afirmaciones rara vez se apoyan en comparaciones históricas o en análisis institucionales. Surgen, más bien, de una falla de escala: la incapacidad de distinguir entre perturbación y colapso, entre incertidumbre y final, entre incoherencia y apocalipsis.
2. Los momentos de peligro civilizatorio real no son hipotéticos. La peste negra eliminó a un tercio de la población europea. La Guerra de los Treinta Años devastó regiones enteras. El siglo XX combinó guerra industrializada, genocidio y la aparición de la aniquilación nuclear. Estos episodios no necesitaron lenguaje profético para ser reconocidos como catastróficos. Su magnitud era mensurable. Sus efectos, materiales. Sus causas, rastreables.
3. La retórica apocalíptica aparece no cuando el peligro es mayor, sino cuando la comprensión falla. Convierte la incertidumbre en drama moral. Cuando los procesos políticos se vuelven opacos, cuando los resultados resisten la previsión y cuando la autoridad actúa sin un patrón inteligible, la explicación se retira. En su lugar entra la escatología: un relato que simplifica la complejidad, asigna culpas absolutas y promete clausura.
4. La figura del Anticristo pertenece a este registro. No es una categoría analítica. Es una condensación simbólica del miedo. Al situar el peligro total en una sola persona, el pensamiento escatológico libera a la sociedad de examinar instituciones, incentivos y límites. Sustituye la indagación causal por la revelación.
5. Este encuadre también distorsiona la responsabilidad. Las civilizaciones no se desintegran por individuos aislados. Se deterioran mediante fallas acumulativas de gobernanza, adaptación y legitimidad. Estos procesos se desarrollan de manera desigual, a menudo reversible, y sin finalidad predeterminada. No se anuncian con señales. No culminan según calendario.
6. La escatología prospera allí donde la explicación se retira. Ofrece certeza emocional donde el análisis exige paciencia. Resulta persuasiva porque promete el fin de la ambigüedad, no porque aclare las causas. Al transformar el desorden político en lucha cósmica, desvía la atención de condiciones examinables hacia mitos que no admiten corrección.
7. El peligro del pensamiento apocalíptico no reside en exagerar el riesgo, sino en desviar la atención. Entrena a los ciudadanos a buscar presagios en lugar de causas, villanos en lugar de condiciones, destino en lugar de decisiones. Con ello, profundiza la misma impotencia que pretende describir.
8. Lo que el presente requiere no es profecía, sino proporción. No teatro moral, sino discernimiento. No el lenguaje de la revelación, sino la disciplina de comprender cómo opera el poder, dónde falla y cómo puede ser limitado.
9. Allí donde la explicación regresa, la superstición retrocede. Donde se restablece la claridad, el apocalipsis pierde su fuerza.
Ricardo F. Morin Viabilidad Frotados con acuarela y corrector blanco sobre papel vegetal para dibujo 50,8 x 76,2 cm 2005
Ricardo F. Morín
11 de Enero de 2026
Oakland Park, Fl
1. La pregunta suele plantearse en términos de por qué ciertos regímenes corruptos se convierten en objeto de acción política mientras otros, no menos comprometidos, no lo hacen. A primera vista, esto parecería exigir una explicación moral comparativa. En realidad, no es así. La dificultad no radica en la falta de información, sino en la suposición de que tales acciones están guiadas por un sistema coherente y generalizable de principios.
2. Lo que puede observarse no es la aplicación de un principio entre distintos casos, sino decisiones adoptadas uno a uno. La acción política no sigue una regla que pueda aplicarse de antemano a diferentes regímenes. Por esa razón, las comparaciones entre Venezuela, Arabia Saudita, Rusia o Argentina oscurecen más de lo que aclaran. Presuponen un criterio de decisión que, en la práctica, no orienta la acción.
3. Las acciones examinadas aquí son aquellas emprendidas por Donald Trump en su condición de actor político. Su nombre se introduce no para explicar el comportamiento mediante la personalidad o la intención, sino para situar la responsabilidad. El análisis parte de decisiones observables y de las circunstancias en las que dichas decisiones fueron tomadas, y no de suposiciones sobre carácter, motivo o disposición.
4. La pregunta relevante no es, por tanto, por qué algunos regímenes son confrontados y otros ignorados, sino en qué circunstancias un país presenta pocos obstáculos a la acción, y qué intereses inmediatos se alinean para hacerla viable. Esta reformulación desplaza el análisis del juicio moral hacia las circunstancias observables.
5. Entendida en estos términos, la cuestión admite una respuesta, no como regla, sino como un relato de cómo se toman decisiones en casos concretos. No existe manera de inferir, a partir del nivel de corrupción por sí solo, si la acción ocurrirá. Sí existe, en cambio, una forma de explicar por qué, en determinadas circunstancias, la acción avanza.
6. En el caso venezolano confluyen varias condiciones.
7. En primer lugar, la resistencia externa inmediata es limitada. Venezuela carece de aliados dispuestos a imponer consecuencias materiales, militares o económicas en respuesta a presiones o a una intervención de alcance limitado.
8. En segundo lugar, las instituciones del Estado no actúan de manera coordinada. Los organismos administrativos, las fuerzas de seguridad y las autoridades políticas no operan de forma consistente bajo un mando único, lo que reduce la capacidad de articular una respuesta conjunta y facilita la acción externa.
9. En tercer lugar, Venezuela puede ser presentada públicamente como un caso excepcional —marcado por colapso, conductas delictivas y fallas administrativas— lo que permite exponer acciones ante audiencias internas sin necesidad de invocar un principio general que deba aplicarse en otros contextos.
10. En cuarto lugar, los intereses económicos se canalizan mediante negociaciones de corto plazo más que a través de compromisos duraderos. El petróleo venezolano, bajo sanciones y desorden administrativo, puede incorporarse a acuerdos circunstanciales sin exigir alianzas estables.
11. Por último, la presión ejercida sobre Venezuela no provoca una disrupción inmediata de mercados clave ni de equilibrios estratégicos mayores. A diferencia de los casos de Arabia Saudita o Rusia, la acción no desencadena respuestas económicas o militares en cadena.
12. Ninguno de estos factores constituye una explicación moral ni una doctrina rectora. Considerados en conjunto, describen cuándo una administración actúa mediante la política exterior: no porque la corrupción sea mayor, sino porque la resistencia es limitada, los intereses convergen con rapidez y puede sostenerse una justificación ante el público—condiciones ausentes en muchos casos de corrupción igualmente grave.
13. Esto no explica el mundo. Explica una decisión.
Este ensayo considera la inflación no como una variable técnica, sino como un axioma. Examina el momento en que la inflación deja de presentarse como un resultado de políticas y comienza a operar como una condición de fondo. En ese punto, deja de justificarse. Se soporta.
La inflación suele describirse como neutral. Se afirma que afecta a todos por igual, que surge de forma impersonal y que corrige excesos con el tiempo. Estas descripciones le confieren el estatuto de condición natural en lugar de decisión mediada por instituciones. Así, la indagación ética queda suspendida.
Lo que se presenta como general es, en la práctica, asimétrico. La inflación redistribuye valor a lo largo del tiempo. Quienes pueden postergar consumo, mantener activos o cubrir su exposición no se ven afectados del mismo modo que quienes dependen de salarios, alquileres u obligaciones fijas.
Una condición que produce desigualdad previsible mientras se presenta como neutral se contradice a sí misma. La contradicción se acentúa cuando la inflación se formula como inevitable. La inevitabilidad elimina la agencia de la decisión, pero conserva sus efectos. La responsabilidad se disuelve en explicación.
Se exige ajuste sin consentimiento y se prescribe la paciencia como virtud. La tensión ética no reside en el sacrificio, sino en la ausencia de reciprocidad. Quienes deciden no están expuestos en el mismo marco temporal que quienes absorben el costo.
La inflación opera de forma silenciosa. No impone por la fuerza, sino por normalización. Se acepta porque se explica y persiste porque se presenta como ineludible.
Lo que la inflación es, entonces, es un mecanismo distributivo inscrito en el tiempo. Lo que no es es neutral, impersonal ni equitativamente compartido.
Cuando esta distinción se oscurece, la inflación deja de examinarse y comienza a gobernar como axioma.
Ricardo F. Morín Borraduras Frotados de acuarela sobre papel de seda japonés 14″x20″ 2005
Ricardo F. Morín
10 de Enero de 2026
Oakland Park, Fl
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1.
El debate público suele presentar la corrupción como una serie de escándalos aislados vinculados a individuos identificables. Ese encuadre es engañoso. La investigación periodística y los registros judiciales muestran que, en el caso venezolano, la responsabilidad se desplaza mediante acciones repetidas que permiten el beneficio ilícito mientras se oculta la rendición de cuentas.
2.
El documental de PBS Frontline que examina el ascenso y el papel de Alex Saab ofrece un punto de entrada claro. Saab no actuó como decisor político ni como figura simbólica. Según acusaciones formales de los Estados Unidos y reportajes de investigación sostenidos, actuó como testaferro fraudulento, canalizando contratos, activos y pagos para ocultar a los beneficiarios reales.
3.
La relevancia diagnóstica de Saab no reside en su perfil personal, sino en la acción que desempeñó. El testaferro no es un intermediario neutral. Presta su nombre para que la autoridad obtenga beneficios mientras niega responsabilidad por las consecuencias de sus decisiones. El firmante contractual no es el centro de decisión.
4.
Esta acción se repite en Venezuela en distintos ámbitos: ventas de petróleo realizadas mediante intermediarios, programas de importación de alimentos con productos sobrevalorados o en mal estado, proyectos de vivienda financiados y no concluidos, y transferencias financieras destinadas a evadir sanciones y controles. Las formas varían; la acción es la misma: se autoriza la conducta, el beneficio se concentra y la responsabilidad se desplaza.
5.
El mismo desplazamiento de responsabilidad se manifiesta en el uso de grupos armados irregulares que ejercen coerción sin una atribución formal. Sus acciones no requieren un mando demostrable. La ausencia de una cadena de autoridad rastreable no es coincidental, sino constitutiva: se aplica la fuerza mientras que la autoría permanece negable.
6.
En este punto, la corrupción individual da paso a una conducta delictiva sostenida en el tiempo. Fiscales estadounidenses han alegado que estas acciones financieras y logísticas coinciden con narcotráfico y lavado de dinero atribuidos a altos funcionarios civiles y militares, incluido Nicolás Maduro. Estas imputaciones se apoyan en alegaciones de coordinación, protección y beneficio.
7.
Lo que las acusaciones judiciales y la investigación periodística denominan Cartel de los Soles no depende de la existencia de una cadena de mando unificada. El término describe una situación en la que el tráfico de drogas depende del permiso, la tolerancia o la protección de autoridades estatales.
8.
Desde esta perspectiva, Saab no es una anomalía ni un cerebro aislado. Es un participante sustituible cuya remoción no interrumpe la conducta descrita. La persistencia de la actividad depende de la sustitución, no de jerarquía.
9.
Esta precisión despeja una confusión recurrente en el debate público. Describir estas acciones no implica emitir juicios morales ni expresar hostilidad ideológica. Implica identificar un fraude delegado mediante el cual la autoridad conserva una apariencia de legitimidad trasladando la exposición legal a intermediarios.
10.
Cuando estas acciones se extienden a través de ministerios, fronteras y mercados y se sostienen mediante poder coercitivo, superan la corrupción ordinaria. Constituyen criminalidad organizada ejercida con capacidad estatal, con independencia de la forma organizativa.
11.
La relevancia del trabajo de Frontline no reside en añadir un episodio más a una historia conocida. Reside en mostrar cómo el uso de testaferros permite que esta conducta persista en el tiempo. De ello no se desprende vindicación, sino claridad sobre por qué la rendición de cuentas no se logra sustituyendo individuos.
Ricardo F. Morín Un acuerdo para disentir Acuarela, gouache, corrector líquido y tinta negra sobre papel 14″x20″ 2005
Ricardo F. Morín
9 de enero de 2026
Oakland Park, Fl.
Algunos antagonismos no reclaman vindicación, sino claridad
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Nuestro intercambio reveló no un desacuerdo susceptible de resolución, sino una desalineación que no podía repararse mediante una argumentación adicional. Lo que en un inicio pareció una diferencia analítica fue dejando ver una divergencia más profunda en la manera misma de abordar la comprensión. En ese punto, la explicación dejó de aclarar y comenzó a oscurecer.
Hay momentos en la vida en los que las relaciones antagónicas deben ser afrontadas no para prevalecer, sino para reconocer límites. No todo cuestionamiento constituye una invitación al intercambio, ni toda afirmación de autoridad merece respuesta. Cuando el discurso se desplaza de la indagación hacia la autoafirmación, la tarea deja de ser la persuasión y pasa a ser el reconocimiento: de lo que puede compartirse, de lo que no, y de cuándo la distancia se convierte en una forma de integridad y no de evasión.
El distanciamiento, así entendido, no supone una abdicación de la razón ni una retirada del rigor. Supone el reconocimiento de que la autoridad intelectual no surge de la superioridad moral, de la acumulación de fuentes ni de la exigencia de ser reconocido como correcto. Una autoridad que no tolera límites se socava a sí misma por la postura que adopta.
El distanciamiento, entonces, no es ni silencio ni concesión. Es un apartamiento que tiene peso: liberador y decepcionante, real y conmovedor. No ofrece consuelo, pero afirma la vida misma al negarse a persistir en la distorsión. Lo que permanece no es la victoria, sino una verdad preservada mediante la contención.
La autoridad intolerante de los límites sucumbe a la soberbia por sí misma.
La transición de Venezuela y la supervivencia de Ucrania constituyen ahora una sola prueba: si el poder puede ser contenido sin ilusiones, y si Estados Unidos es capaz de actuar con coherencia incluso cuando su presidente no logra percibirla plenamente.
Este texto no propone una política ni anticipa un desenlace. Señala el umbral en el que la coherencia deja de ser discrecional y pasa a convertirse en una condición de supervivencia.
Estados Unidos no puede actuar en un escenario de manera que invalide los principios que afirma defender en otro. Si la soberanía, la integridad territorial, la continuidad institucional y la responsabilidad jurídica se consideran vinculantes en Ucrania, no pueden volverse flexibles, provisionales o estratégicamente inconvenientes en Venezuela. Y el principio inverso debe sostenerse igualmente: si esos mismos principios se tratan como vinculantes en Venezuela, no pueden relajarse, reinterpretarse ni aplicarse de forma selectiva en Ucrania. Una vez cruzada esa línea en cualquiera de los dos sentidos, la coherencia se derrumba, no solo en el plano retórico, sino estructural. El poder deja de estabilizar resultados y comienza a administrar el deterioro.
No se trata de una afirmación moral, sino funcional. El poder contemporáneo no fracasa por carecer de fuerza, sino por perder consistencia interna. Cuando los mismos instrumentos —sanciones, acusaciones judiciales, presión militar, reconocimiento diplomático— se aplican según la conveniencia del momento y no conforme a principios, dejan de restringir a los adversarios. Los instruyen. Rusia y China no necesitan imponerse militarmente si pueden demostrar que la legalidad misma es selectiva, contingente y susceptible de reinterpretación por quien detente la ventaja circunstancial.
Por esta razón, ninguna transición puede apoyarse en la personalización. La confianza entre líderes no sustituye la verificación, ni el trato personal puede reemplazar a las instituciones. Esta vulnerabilidad es bien conocida en la diplomacia centrada en personalidades y ha sido especialmente visible bajo Donald Trump, en su reiterada mala lectura de Vladimir Putin. Sin embargo, el peligro más profundo no es psicológico, sino procedimental. Una política que depende de quién habla con quién no resiste la presión. Solo puede perdurar aquella que sigue siendo legible cuando las personalidades desaparecen.
Tampoco pueden proclamarse resultados antes de que existan las instituciones capaces de sostenerlos. El control territorial sin autoridad civil no es estabilidad. Las elecciones celebradas sin garantías de seguridad exigibles no son legitimidad. El acceso a los recursos sin mecanismos de custodia, auditoría y revisión jurídica no es recuperación, sino extracción bajo otra denominación. Cuando Estados Unidos acepta resultados sin estructuras, aplaza el colapso en lugar de prevenirlo.
Igualmente corrosiva es la improvisación jurídica. El derecho aplicado a posteriori —acusaciones justificadas retroactivamente, sanciones reajustadas para acomodar hechos consumados— no limita el poder; lo representa. Cuando la legalidad se vuelve explicativa en lugar de normativa, pierde su capacidad disciplinaria. Los adversarios aprenden que las reglas son instrumentos narrativos, no límites efectivos.
Por último, no puede haber tolerancia alguna hacia la preservación de intermediarios coercitivos. Una transición que deja intactas milicias, financiadores opacos o estructuras de coerción paralelas no es una transición. Es una redistribución del riesgo que garantiza una ruptura futura. Los actores externos pueden ser contenidos, auditados o retrasados, pero no pueden ser apaciguados mediante la ambigüedad sin socavar todo el proceso.
La prueba es severa e implacable. Si una acción adoptada en Venezuela o en Ucrania no pudiera defenderse, palabra por palabra, al aplicarse en el otro caso —o si una concesión aceptada en uno fuese condenada al reproducirse en el otro— entonces el axioma ya ha sido vulnerado.
Lo que, por tanto, debe mantenerse verdadero en ambos escenarios a la vez es lo siguiente: el poder debe someterse al mismo estándar que invoca, sin excepciones, sin personalización y sin refugiarse en una conveniencia disfrazada de realismo.
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Autoridad donde la legitimidad aún no ha convergido
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Esta sección no evalúa la legitimidad democrática ni el mérito político. Observa cómo se constituye y se ejerce la autoridad cuando la coherencia se encuentra bajo presión.
Una pregunta formulada durante una conferencia de prensa —relativa a la coalición opositora encabezada por María Corina Machado y a la victoria electoral de Edmundo González Urrutia— provocó una respuesta desdeñosa del presidente Donald Trump. Al preguntársele por qué un liderazgo de transición no se articularía en torno a dicha coalición, respondió que “no había respeto por ella,” dando a entender una ausencia de autoridad dentro del país.
Tomada al pie de la letra, la observación parece personal. Leída de manera diagnóstica, expone una distinción más consecuente: la legitimidad no se traduce actualmente en autoridad dentro de Venezuela. La misma distinción —entre legitimidad y autoridad exigible— ha marcado la resistencia de Ucrania ante la invasión rusa: una legitimidad establecida internamente que debió ser defendida materialmente frente a la agresión externa.
La victoria electoral, el reconocimiento internacional y la credibilidad moral confieren legitimidad. No confieren, por sí solos, poder exigible. La autoridad, tal como existe sobre el terreno, deriva de la capacidad de imponer cumplimiento —ya sea mediante el control de instituciones coercitivas, de puntos críticos de recursos o de la maquinaria operativa del Estado. En Ucrania, esa autoridad se ejerce de forma defensiva para preservar un orden soberano ya legítimo frente a la agresión externa. En Venezuela, la autoridad persiste con independencia del resultado electoral, sostenida por instituciones y mecanismos desvinculados de la legitimidad.
En este sentido, la cuestión planteada por la observación de Trump no es si la coalición de Machado es legítima, sino qué otorga actualmente autoridad dentro del país —y quién es capaz de hacer cumplir decisiones, evitar la fragmentación o imponer obediencia. La respuesta no es retórica ni normativa. Se trata de cómo la autoridad se constituye y se ejerce actualmente, bajo las condiciones presentes.
La reciente discusión en torno al involucramiento de Estados Unidos con actores venezolanos ha vuelto esta distinción operativa, más que abstracta. La marginación de María Corina Machado no ha girado en torno a cuestiones de legitimidad democrática, mandato electoral o reconocimiento internacional. Ha girado en torno a su negativa a participar en arreglos transaccionales con los estratos tecnocráticos y financieros existentes que actualmente ejercen control dentro del Estado. En contraste, figuras como la Vice Presidente Delcy Rodríguez son tratadas como interlocutoras viables precisamente porque detentan una autoridad ejecutable mediante la continuidad de aquellos mecanismos —coercitivos, financieros y administrativos— que persisten con independencia de la legitimidad. La criminalidad, en esta lógica, no resulta descalificadora. Constituye una prueba de control. Lo que se privilegia no es la credibilidad moral, sino la capacidad de negociación bajo presión.
Esta distinción importa porque las transiciones que confunden legitimidad con autoridad tienden a derivar en desorden o enquistamiento. La autoridad negociada sin legitimidad produce represión. La legitimidad afirmada sin autoridad produce parálisis. Una transición duradera exige que ambas converjan, pero no parten del mismo punto ni convergen a través de los mismos medios.
En Ucrania, legitimidad y autoridad están alineadas, aunque tensionadas por la agresión externa; en Venezuela, la autoridad persiste en ausencia de legitimidad. Tratar estas condiciones como moral o procedimentalmente equivalentes oscurece las obligaciones que imponen. Cuando el apoyo se condiciona con mayor severidad allí donde la legitimidad está intacta que allí donde está ausente, la coherencia cede paso a un desequilibrio ético.
La observación de Trump no aclara la estrategia de Estados Unidos. Sin embargo, expone la línea de falla a lo largo de la cual la política corre ahora el riesgo de fracturarse: si la autoridad es evaluada y transformada en relación con la legitimidad, o acomodada al margen de ella en nombre del orden. La elección no es neutral. Determina si el poder refuerza o socava los principios que invoca.
La distinción entre legitimidad y autoridad no invalida la exigencia de coherencia. La afila. Cuando la coherencia se abandona de forma selectiva, el colapso deja de ser un riesgo y pasa a ser un resultado.
Ricardo Morín Retrato de un presidente 14 x 20 pulgadas Acuarela, tinta sumi, creyones de cera, y gesso sobre papel 2003
Ricardo F. Morín
31 de diciembre de 2025
Oakland Park, Fl.
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Nota del autor
Este ensayo continúa una indagación iniciada en « Retrato de un Presidente: Ensayo diagnóstico sobre poder, postura y patrón histórico », donde los patrones de actuación del Poder Ejecutivo fueron examinados a partir de acciones observables y no de intenciones declaradas. El presente texto desplaza esa indagación del plano descriptivo al procedimental; toma una orden ejecutiva reciente sobre inteligencia artificial como caso para examinar cómo se determinan, se revisan y se sostienen las decisiones.
El ensayo se publica a continuación de « La aritmética del progreso », que analiza cómo los relatos contemporáneos del progreso suelen disociar el cálculo de la consecuencia. Leído en secuencia, ese texto establece las condiciones generales bajo las cuales las apelaciones a la inevitabilidad y a la eficiencia adquieren fuerza, mientras que el presente ensayo examina, en cambio, cómo esas apelaciones operan dentro del propio proceso ejecutivo.
Este ensayo se apoya asimismo en « Gobernar por Excepción: El Poder Ejecutivo Estadounidense », publicado a comienzos de este año, donde se examinó la normalización de medidas excepcionales en la presidencia contemporánea. Mientras aquel texto se centraba en la expansión de la discrecionalidad ejecutiva, el presente ensayo examina las consecuencias procedimentales que se producen cuando la excepción se vuelve rutinaria.
El ensayo también guarda relación con « ¿Convergencia por diseño o por consecuencia?: Sobre Trump, Putin y el eje velado de Kiev a Caracas », dedicado a examinar la alineación entre autocracias contemporáneas en el plano geopolítico. Aquí, el enfoque se desplaza hacia el interior —al procedimiento ejecutivo doméstico— para considerar cómo métodos similares de ejercicio de la autoridad pueden emerger sin coordinación explícita ni declaración ideológica.
Considerados en conjunto, estos ensayos conforman una secuencia de indagación más que un argumento unificado. Cada uno aborda el mismo problema desde un registro distinto —excepción, cálculo, procedimiento y alineación— sin requerir continuidad de título ni de tema.
Este ensayo ocupa el centro de esa secuencia. A lo largo del análisis, la acción designa la acción del Poder Ejecutivo en su relación con las demás ramas del gobierno estadounidense. Desde ese punto de partida, el ensayo se inicia en una observación sobre la ordenación del ejecutivo bajo condiciones de urgencia y traza cómo la restricción constitucional puede verse desplazada en la práctica sin ser formalmente abolida.
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Dislocación procedimental y la retórica de la dominación
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I
La reciente orden ejecutiva que presenta la inteligencia artificial como una cuestión de “dominación global” ofrece un ejemplo pertinente sobre dislocación procedimental y la retórica de la dominación. No es necesario compartir los objetivos declarados de la orden ejecutiva para que amerite examen. Su relevancia no reside en lo que promete alcanzar, sino en la manera en que impulsa el avance de las decisiones.
La inteligencia artificial entra en este análisis no como un asunto técnico, sino como un contexto en el que la acción del Poder Ejecutivo se presenta como urgente. La orden parte del supuesto de que la rapidez y la dirección centralizada son condiciones necesarias para el éxito. Como consecuencia, las decisiones avanzan antes de que las formas existentes de revisión, coordinación y elaboración normativa hayan tenido oportunidad de definir sus términos.
Este ordenamiento resulta significativo. Cuando la autoridad presidencial se afirma en primer lugar, la deliberación queda relegada a condiciones restringidas. La revisión institucional —entendida aquí como los criterios previos a la acción, los umbrales de evaluación y la secuenciación mediante la cual las decisiones suelen autorizarse— deja de determinar si la acción del Poder Ejecutivo debe proceder y pasa, en cambio, a ajustarse a una acción ya en curso. Una vez fijada esta secuencia, las formas posteriores de participación —ya provengan de agencias, órganos consultivos o instancias constitucionales— pueden matizar la implementación sin alterar la dirección de los decretos presidenciales.
Este ensayo considera la orden como un caso de ese ordenamiento. Examina lo que sigue cuando la urgencia gobierna la temporalidad de las decisiones y cuando afirmaciones amplias de propósito comienzan a desempeñar funciones que normalmente corresponden a la revisión, la coordinación y la elaboración normativa.El interés no es el liderazgo tecnológico en sí, sino lo que sucede cuando las decisiones avanzan antes de que existan medios para evaluarlas, revisarlas o contenerlas.
II
Las decisiones ejecutivas determinan la dirección dentro del ámbito del Poder Ejecutivo; la acción ejecutiva compromete esa determinación a consecuencias institucionales.
Cuando las decisiones se adoptan antes de una revisión sostenida, el orden de la evaluación se invierte. La revisión procedimental —en tanto condición de pre autorización— deja de regir si la acción del Poder Ejecutivo queda autorizada y pasa, en cambio, a concebirse como un paso anticipado después de que la acción ejecutiva ya ha sido puesta en marcha. Esta inversión entre inversión y autorización altera la forma en que se distribuye la responsabilidad dentro del proceso ejecutivo.
En esta secuencia, los criterios articulados se difieren en lugar de establecerse.La revisión judicial existe, pero suele producirse después de la implementación, cuando las políticas ya han comenzado a surtir efecto.Los controles del Congreso existen, pero dependen de la coordinación, del momento político y de alineamientos que los relatos de urgencia comprimen, desplazan o eluden activamente. Los remedios constitucionales existen, pero operan en horizontes temporales incompatibles con una acción ejecutiva acelerada.Los estándares mediante los cuales una decisión podría evaluarse —alcance, límites, parámetros o condiciones de revisión— permanecen indefinidos en el momento de la ejecución.La ausencia de criterios articulados se presenta como provisional, aun cuando la acción del Poder Ejecutivo avanza como si dichos criterios ya estuvieran ya resueltos.
Este análisis no parte del supuesto de que los controles constitucionales estén ausentes.En ausencia de criterios articulados, no existe un punto de referencia estable frente al cual una decisión pueda evaluarse, ajustarse o detenerse. La revisión se vuelve reactiva, encargada de acomodar decisiones ya adoptadas en lugar de someter a examen sus premisas.
Esta secuencia también altera el papel de la participación institucional.Las agencias y los órganos consultivos quedan situados para responder dentro de instancias de revisión posteriores a la implementación, en lugar de contribuir a la formación misma de la decisión.Su intervención se desplaza de la deliberación a la implementación, reduciendo el espacio disponible para una participación sustantiva.
Lo que emerge no es la eliminación de la revisión.Las restricciones permanecen formalmente intactas, pero ya no se determinan si la acción del ejecutivo debe proceder; intervienen sólo después de que la acción ya ha comenzado.
El resultado no es la eliminación de la restricción, sino su desplazamiento:los mecanismos concebidos para gobernar si la acción del Poder Ejecutivo procede; intervienen únicamente después de que dicha acción ya ha comenzado.Los controles constitucionales solo entran en funcionamiento una vez que se ha puesto en marcha la acción ejecutiva, en lugar de regular si dicha acción puede llevarse a cabo.
III
La prelación normativa federal se afirma antes de que exista una estructura sustitutiva.En este caso, la actividad regulatoria a nivel estatal queda desplazada aun cuando todavía no se ha establecido un marco federal integral que asuma su lugar.El ejercicio del poder por decreto se afirma con anterioridad a los mecanismos que normalmente deberían sostener, coordinar o limitar la acción del Poder Ejecutivo.
No se trata aquí de una cuestión de supremacía constitucional.El marco constitucional que rige la prevalencia de la ley federal sobre la ley estatal está bien establecido, aunque su aplicación sigue siendo objeto de controversia. El problema es de secuencia. La prelación normativa suele desplazar regulaciones existentes al sustituirlas por una alternativa definida mediante la cual se reasignan responsabilidades, supervisión y rendición de cuentas. Cuando esa sustitución no se produce, el desplazamiento genera un vacío, no una transición.
Esta secuencia reordena el papel de los estados. En lugar de servir como espacios de coordinación, experimentación o gobernanza provisional, son tratados principalmente como fuentes de fricción. Sus esfuerzos regulatorios se caracterizan como interferencia, aun cuando no se haya ofrecido ninguna estructura destinada a absorber las funciones regulatorias que están siendo desplazadas.
El resultado de esta organización es una forma de autoridad que se ejerce antes de contar con el apoyo institucional necesario para sostenerla. La prelación opera como afirmación más que como arreglo. La cuestión que se plantea no es si la autoridad existe, sino cómo se espera que la autoridad ejecutiva funcione una vez ejercida sin las estructuras que normalmente la sostienen.
IV
La orden ejecutiva invoca una carrera global por la dominación como justificación de la urgencia. Esta referencia se introduce sin especificar participantes, alcance ni criterios. La referencia se presenta como una condición y no como una afirmación que requiera articulación o examen.
Al no estar definida, la carrera no puede ser evaluada desde el punto de vista procedimental. No se ofrecen parámetros para medir el avance o la demora, ni se establece un horizonte temporal frente al cual puedan pautarse las acciones del Poder Ejecutivo. Aun así, la invocación se trata como decisiva.
Una vez invocado, este encuadre global reconfigura el tiempo y la secuencia de la revisión y la coordinación internas. Los procesos de revisión, coordinación y equilibrio federal pasan a medirse frente a un ritmo afirmado externamente. Las salvaguardas procedimentales comienzan a aparecer como pasivos, no porque hayan fallado, sino porque operan a un ritmo considerado incompatible con la carrera afirmada.
De este modo, la invocación de una “carrera” global no especifica qué está en juego; en su lugar, la apelación a la competencia global reubica el tiempo de la toma de decisiones en un ritmo afirmado externamente. La ausencia de especificación habilita la aceleración.
La relevancia de esta reordenación procedimental no reside en si existe competencia global, sino en cómo su invocación altera la secuencia interna del Poder Ejecutivo estadounidense. Una referencia externa se introduce como justificación procedimental y permite que las decisiones ejecutivas avancen antes de que existan una revisión sostenida y una estructura articulada.
V
Junto al encuadre competitivo externo, la presión interna también modifica el momento y la forma en que avanzan las decisiones ejecutivas. Esta presión proviene de actores privados con una exposición financiera concentrada en el desarrollo y el despliegue de tecnologías de inteligencia artificial. Sus inversiones dependen de la aceleración, la escala y una limitación de la regulación.
Estos actores no requieren coordinación para ejercer influencia. Sus intereses convergen de manera estructural. Las demoras asociadas a una revisión sostenida, a una supervisión escalonada o a una regulación descentralizada introducen incertidumbre en los horizontes de inversión. La aceleración, por el contrario, estabiliza las expectativas y preserva ingresos potenciales.
Esta presión opera con anterioridad a la deliberación pública. Se manifiesta a través de funciones de asesoría, consultas de política pública y mecanismos formales de cabildeo que existen fuera de la secuencia de revisión abierta. La influencia no es ilícita; está institucionalizada. Lo que distingue a esta influencia es su temporalidad y su asimetría.
Dado que estos intereses no quedan plenamente expuestos en el registro formal de la toma de decisiones y de la revisión, sus efectos aparecen como indirectos. No obstante, modelan las condiciones bajo las cuales la urgencia se encuadra como necesidad y la prelación ejecutiva como inevitabilidad. La ausencia de criterios articulados no obstaculiza este proceso; lo facilita al mantener los resultados flexibles mientras la dirección permanece fija.
La competencia externa proporciona una razón para la aceleración, mientras que la presión de la inversión interna la sostiene. De este modo, la dislocación procedimental se refuerza desde el interior de la propia secuencia ejecutiva. En conjunto, ambas generan un entorno ejecutivo en el que la aceleración se justifica de manera continua, incluso cuando la revisión institucional y las estructuras de sustitución permanecen diferidas.
VI
Lo que sigue marca un desplazamiento no en el contenido de la política, sino en la manera en que se orienta la acción del Poder Ejecutivo cuando la guía procedimental deja de regir su temporalidad.
Cuando las decisiones continúan avanzando sin criterios articulados ni estructuras de sustitución, el lenguaje comienza a asumir funciones que ordinariamente corresponden a la guía procedimental. Por guía procedimental, este análisis se refiere a los criterios articulados, los umbrales de revisión, la secuencia institucional y las estructuras de sustitución mediante las cuales las decisiones suelen evaluarse, revisarse o suspenderse antes de que la acción del Poder Ejecutivo proceda. En lugar de ello, las órdenes ejecutivas se emplean para encuadrar la acción del Poder Ejecutivo y para proporcionar orientación allí donde la guía procedimental está ausente.
En este contexto, términos como “dominación”, “necesidad” o “liderazgo” no operan principalmente como descripciones. Dichos términos establecen dirección sin especificación. Su función es hacer avanzar las decisiones mientras dejan sin resolver los objetivos, los límites y las medidas.
Esta ampliación del lenguaje modifica la manera en que se comprende la acción del Poder Ejecutivo. En lugar de aclarar qué se hace y bajo qué condiciones, el lenguaje organiza la atención en torno al impulso procedimental. El movimiento mismo pasa a ser la prioridad, aun cuando los fundamentos de la evaluación permanezcan sin asentarse.
El efecto es acumulativo en el tiempo. A medida que aumenta la dependencia del encuadre retórico, quedan disponibles menos marcadores procedimentales para ralentizar, revisar o redirigir la acción del Poder Ejecutivo. El lenguaje comienza a asumir responsabilidades que normalmente corresponden a la revisión y a la especificación.
En esta etapa, el lenguaje no ha desplazado por completo a la explicación, pero ha comenzado a excederla. Este lenguaje continúa remitiéndose a la política, pero ahora desempeña un trabajo adicional al sostener la acción del Poder Ejecutivo en ausencia de un soporte procedimental asentado.
VII
Las solicitudes de especificación dejan de conducir a criterios articulados o a mecanismos de revisión y pasan, en cambio, a producir la reiteración del encuadre original. La explicación cede ante el énfasis, y el énfasis ante la repetición, sin que se resuelvan los vacíos procedimentales subyacentes.
A medida que el lenguaje comienza a asumir responsabilidades que normalmente corresponden a la revisión y a la especificación, su relación con la explicación se modifica. Las formulaciones inicialmente destinadas a orientar la comprensión pasan a convertirse en puntos de referencia que se repiten en lugar de ser examinados.
Con el tiempo, este patrón reduce la capacidad de pausar, reconsiderar o revisar decisiones ya en curso. Cuando el lenguaje pasa a utilizarse para sostener la acción, volver sobre sus premisas se vuelve más difícil. El ajuste aparece como retroceso y la reconsideración como demora, aun cuando no se hayan articulado estándares asentados.
El efecto de esta sustitución retórica no es una resistencia abierta a la revisión, sino un estrechamiento de su alcance. La revisión persiste formalmente, pero queda cada vez más encargada de acomodar decisiones ya avanzadas. El espacio para cuestionar la secuencia, la autoridad o los criterios se contrae sin cerrarse de manera explícita.
En este punto, el lenguaje ya no se limita a impulsar la acción del Poder Ejecutivo; comienza a protegerla. Las decisiones siguen siendo explicables en términos generales, pero se vuelven menos accesibles a un examen sostenido. Lo que ha cambiado no es la transparencia, sino las condiciones bajo las cuales la clarificación aún puede producirse.
VIII
Esta sección rastrea las consecuencias de sustituciones procedimentales anteriores, mostrando cómo los puntos de referencia para la evaluación desaparecen incluso mientras la acción del Poder Ejecutivo continúa.
Los resultados se proyectan, pero no se especifican. Los medios se despliegan, pero no se miden frente a criterios estables. Está ausente un punto de referencia compartido mediante el cual tanto los medios como los resultados puedan ser evaluados. Cuando las decisiones se adoptan antes de una revisión sostenida y se mantienen mediante encuadres retóricos en lugar de criterios articulados, las bases disponibles para juzgar esas decisiones se reducen.
En tales condiciones, los resultados proyectados dejan de funcionar como controles sobre la acción ejecutiva presente. Los beneficios proyectados permanecen abstractos, diferidos o supeditados a una aclaración futura. En ausencia de parámetros definidos o de mecanismos de revisión, los resultados operan más como justificación que como objetos de evaluación.
Esto desplaza un mayor peso hacia el proceso. Cuando los fines permanecen indeterminados, la secuencia procedimental se convierte en la única medida disponible de legitimidad. Si esa secuencia se encuentra dislocada, no queda base alguna para distinguir entre una acción ejecutiva provisional y una dirección asentada.
Las apelaciones a la necesidad adquieren prominencia en estas condiciones. Estas apelaciones tienden un puente entre medios inciertos y fines no especificados mediante la afirmación de inevitabilidad. Sin embargo, la inevitabilidad no aporta medida; hace avanzar la acción ejecutiva mientras difiere la evaluación.
El resultado es la suspensión de la evaluación, en la medida en que el juicio se difiere hacia resultados que aún no han sido definidos. Los medios del Ejecutivo avanzan sin referencia a fines que puedan ser examinados y dejan la evaluación suspendida en lugar de resuelta.
IX
La significación de lo que sigue no reside en la escalada ni en el colapso, sino en la capacidad de este patrón de gobierno para persistir sin desencadenar una ruptura formal.
Considerada a la luz de la secuencia precedente, la orden ejecutiva aparece menos como respuesta a un desafío tecnológico que como expresión de la forma en que la autoridad presidencial opera en la actualidad.
En esta secuencia, la restricción constitucional persiste de manera formal mientras pierde su capacidad para gobernar el momento de la acción presidencial. Lo que define este modo de operación no es la ambición declarada, sino el ejercicio de la autoridad ejecutiva antes de que existan estructuras, instancias de revisión y criterios de medida asentados.
A pesar de la suspensión de la evaluación procedimental, la acción del Poder Ejecutivo continúa avanzando y se consolida como un patrón de gobierno. La acción del Poder Ejecutivo avanza sin criterios estables, y la evaluación la sigue en lugar de orientarla. El encuadre retórico sostiene la continuidad una vez que la autorización, la especificación y la revisión dejan de gobernar el inicio de la acción, y la inevitabilidad pasa a ocupar el lugar de la articulación.
En estas condiciones, la gobernanza conserva movimiento, pero pierde su referencia procedimental. Las decisiones siguen siendo inteligibles en términos generales, pero resultan cada vez más difíciles de evaluar, revisar o detener.
Más que resolverse en una crisis, la condición persiste mediante la afirmación ejecutiva en lugar de la secuencia procedimental. La autoridad ejecutiva continúa funcionando, pero lo hace con menos puntos internos de corrección.
La relevancia de esta condición no reside en su novedad, sino en su durabilidad. Cuando la dislocación procedimental se convierte en un rasgo estable de la acción ejecutiva, reconfigura la manera en que se entiende la legitimidad y cómo puede ejercerse la rendición de cuentas. Lo que se produce no es una excepción, sino una forma normalizada de proceder.
X
Un orden constitucional presupone la cooperación sin poder imponerla de antemano. La ley establece procedimientos, umbrales y divisiones de autoridad, pero no puede asegurar la disposición de los actores que deben habitar esos roles. La responsabilidad de la cooperación queda así situada precisamente en el punto en que la previsibilidad ya no puede asegurarse —el juicio humano, la ambición, el temor, el cálculo, la fatiga, el orgullo. Esto no constituye un fracaso de la ley como texto; es una condición de la ley como estructura vivida.
Vista de este modo, la inestabilidad no es una aberración introducida únicamente por malos actores. Es una posibilidad siempre presente, generada por el hecho de que los sistemas constitucionales dependen de una contención ejercida de manera voluntaria, secuencial y, a menudo, contra el interés inmediato. Allí donde la cooperación falla, los procedimientos permanecen formalmente intactos, pero pierden fuerza operativa en la práctica. La ley persiste en el papel mientras su capacidad de coordinación se debilita con el tiempo.
Por esta razón, el problema trazado a lo largo de este ensayo es, en última instancia, ético y no moralizante. No plantea quién tiene razón o quién se equivoca, sino qué puede razonablemente esperarse de agentes humanos que operan bajo presión, asimetría y confianza incompleta. La gobernanza constitucional presupone una ética mínima de reciprocidad —un acuerdo para esperar, para impugnar, para diferir, para revisar. Cuando esa ética no logra sostenerse, el sistema no colapsa de inmediato; persiste en una condición en la que la coordinación deja de gobernar la acción. La autoridad del Poder Ejecutivo llena el vacío que deja la cooperación, a menudo en nombre de la continuidad.
Esto explica por qué el desplazamiento resulta duradero, por qué la contención permanece frágil y por qué los sistemas pueden seguir funcionando incluso cuando sus fundamentos éticos pierden fuerza de sostén. La ironía que se sostiene aquí no es pesimista; es lúcida como cierre de la indagación.
Los marcos cooperativos son siempre provisionales. Existen en tensión con la desconfianza, la defección estratégica y la circunstancia cambiante. Nunca quedan resueltos; sólo se renegocian. El hecho ético no es que aparezca la desconfianza, sino que la gobernanza debe funcionar a pesar de ella.
Condiciones preprocedimentales de dislocación
La responsabilidad política comienza antes que la gobernanza. Precede a los programas, a los eslóganes y a la coreografía institucional. Mucho antes de que la autoridad se ejerza, esta es confiada, y en ese acto ya se emite un juicio—no sobre el detalle de la política, sino sobre el temperamento, la contención y la capacidad de autolimitación.
El centro ético del liderazgo no se revela a través de la ambición ni de la promesa retórica, sino mediante señales inmediatamente legibles: flexibilidad sin oportunismo, firmeza sin dominación, cautela sin parálisis. Estas cualidades son visibles casi de inmediato, a menudo en los primeros momentos de exposición. Pasarlas por alto no es un fallo de inteligencia, sino de atención.
Esta responsabilidad no puede desplazarse hacia las instituciones a posteriori. Tampoco puede excusarse por urgencia, fatiga o agravio personal. Una vez conferida la autoridad, el derecho debe gestionar aquello que ya ha sido autorizado, incluso cuando la corrección resulta costosa o se produce con retraso. Ninguna salvaguarda procedimental puede compensar plenamente la indiferencia ética en el momento de la selección.
Los sistemas políticos no se deterioran únicamente por quienes gobiernan. También reflejan los criterios —explícitos o tácitos— mediante los cuales se elige a quienes gobiernan. El bienestar colectivo depende menos de los resultados prometidos que del carácter al que se le permite ejercer el mando. En este sentido, el liderazgo no se impone a una sociedad. Es reconocido, aceptado y sostenido por ella.
Ricardo Morin La gramática del castigo 25 x 30 cm Acuarela 2003
Ricardo F. Morín
Noviembre, 2025
Oakland Park, Florida
Nota del autor
Las sociedades responden al daño mediante dos modos de acción fundamentalmente distintos. Uno se despliega a través de patrones lentos y acumulativos de conducta y creencia que configuran la vida colectiva; el otro, mediante intervenciones deliberadas y codificadas llevadas a cabo por instituciones en nombre del orden. « La gramática del conflicto » y « La gramática del castigo » son ensayos complementarios, cada uno dedicado a uno de estos modos de acción. La gramática del conflicto describe cómo el odio, la victimización, la hipocresía, el tribalismo y la violencia se entrelazan hasta formar un sistema autosostenido —un sistema que se mantiene mediante explicaciones reiteradas en cada giro y que perdura no por necesidad, sino por los relatos que las sociedades eligen reproducir. La gramática del castigo concierne a la autoridad del Estado, es decir, a un ejercicio formal y estructurado del poder que impone consecuencias dentro de límites definidos por la interpretación jurídica. La gramática del conflicto describe cómo el antagonismo cívico y político se vuelve habitual y se justifica a sí mismo. La gramática del castigo aborda los casos en los que el Estado, al exceder sus límites, puede convertir la injusticia en un sistema de normas carentes de razón. Considerados en conjunto, ambos ensayos ofrecen perspectivas complementarias sobre las fuerzas que perpetúan el daño y sobre las decisiones deliberadas que pueden interrumpir su recurrencia.
Resumen
La gramática del castigo aborda las consecuencias que una sociedad impone frente a la transgresión y la manera en que dichas consecuencias configuran el orden político y el paisaje moral. El ensayo trata el castigo como un instrumento cívico limitado y, a la vez, como una práctica arraigada. Describe las condiciones bajo las cuales un mismo acto punitivo puede sostener normas compartidas o debilitarlas, cuando el alcance y el propósito del castigo exceden la justificación moral y cívica original para imponerlo. El desplazamiento más allá de esa justificación suele producirse porque el castigo se extiende más allá de la rendición de cuentas: cuando el castigo se convierte en un vehículo de venganza, en una demostración de poder y en un medio para perpetuar la autoridad o los relatos morales que permiten su continuidad mucho después de que la infracción original ha sido atendida. Este ensayo no se opone al castigo; aborda las condiciones bajo las cuales el castigo desplaza a la justicia. En un momento en que las medidas punitivas configuran cada vez más el discurso político y las políticas públicas, comprender la lógica interna del castigo resulta esencial para preservar la frontera entre justicia y poder.
El ensayo describirá cómo el castigo evoluciona desde una respuesta medida a una infracción específica hasta convertirse en un sistema autosostenido de gobierno. Mostrará cómo las instituciones creadas originalmente para restablecer la justicia llegan a afirmar autoridad, a sostener relatos de legitimidad y a ocultar los principios que fueron establecidas para defender. El análisis identificará las condiciones bajo las cuales el castigo conserva credibilidad (cuando el ejercicio de la autoridad punitiva se encuentra delimitado por la razón, el procedimiento, el alcance, la proporcionalidad, el tiempo y la revisión) y los puntos en los que el castigo deja de proteger el orden social y comienza, en cambio, a perpetuar el daño. El ensayo, sin embargo, no dictará políticas específicas ni condenará el uso de políticas. Su propósito será aclarar los roles atribuidos al castigo, los puntos en los que dichos roles se descomponen y la forma en que la dependencia continuada de medidas punitivas pone de manifiesto elecciones sociales más profundas relativas a la autoridad, la responsabilidad y el impulso de responder al agravio—elecciones que revelan tanto los valores de una sociedad como sus temores.
1
El castigo es un acto público que impone un costo como respuesta a la infracción de una ley o de una norma compartida. El castigo marca un límite, declara una regla y demuestra su aplicación. Esta definición distingue el castigo de la prevención, la restricción, la rendición de cuentas y la reparación. La prevención se refiere a hechos que aún no han ocurrido. La restricción limita la capacidad de un individuo o de un grupo para causar daño. La rendición de cuentas establece hechos y asigna responsabilidad. La reparación aborda la pérdida e intenta restituir lo que ha sido sustraído. El castigo se diferencia de estas respuestas porque aborda una violación específica después de ocurrida e impone una consecuencia.
2
Toda evaluación seria del castigo debe responder a tres preguntas: ¿cuál es el propósito del castigo?, ¿a quién va dirigido el castigo?, y ¿cuál es el resultado del castigo? La primera pregunta se refiere a una intención razonada, en oposición a una vaga. La segunda concierne al objetivo y al alcance del acto punitivo. La tercera se refiere a su manifestación, en contraste con la intención original del castigo. Un castigo que invoca la disuasión pero produce recurrencia, o que resiste el cumplimiento, yerra no en grado sino en la comprensión del castigo como instrumento. Al ignorar la causa, la aplicación del castigo puede confundir reacción con resolución y ejecutar justicia sin comprensión —un ciclo que no corrige nada porque no comprende nada.
3
Se reconocen comúnmente cuatro propósitos principales del castigo: delimitación de fronteras, disuasión, incapacitación y reconocimiento. La delimitación de fronteras define los límites de la conducta aceptable y afirma que las reglas conservan significado únicamente cuando su violación conlleva una consecuencia; dichos límites deben definirse con claridad. La disuasión busca prevenir daños futuros haciendo visible y mensurable el costo de la infracción. La incapacitación protege a la sociedad restringiendo la capacidad del infractor para causar nuevas lesiones. El reconocimiento satisface la necesidad moral de afirmar que se ha producido una falta y que la comunidad ha respondido a ella. Estos fines son conceptualmente claros, pero su eficacia depende de la interpretación y de la aplicación —cada una revelando si la búsqueda del orden permanece fiel a la idea de justicia.
4
Una sanción concebida inicialmente para corregir una infracción específica puede, con el tiempo, ser transformada por las instituciones en un instrumento de gobierno. Esta transformación comienza cuando las autoridades amplían el alcance de la sanción, la aplican de manera reiterada como demostración mecánica y tratan su continuidad como prueba de la autoridad institucional y de la legitimidad del sistema. Lo que comienza como una reacción dirigida a una violación concreta es repetido, extendido y mantenido más allá de su ámbito original. Con el tiempo, la expectativa de la acción punitiva adquiere una dinámica propia y el apoyo al castigo se convierte en un marcador de adhesión al orden vigente. Acciones que en un principio se orientaban a corregir conductas evolucionan hacia afirmaciones de dominio, y la disidencia es reinterpretada como deslealtad. A medida que este proceso se profundiza, las sanciones se vuelven más severas, el círculo de responsabilidad se amplía y los límites temporales se disuelven. El castigo, aplicado en un inicio para resolver un conflicto, se mantiene bajo condiciones que reproducen ese mismo conflicto. Cuando una medida punitiva debe repetirse indefinidamente solo para demostrar que una regla sigue vigente, la medida deja de reforzar la regla; la medida misma se convierte en la regla. Cuando el castigo se aplica de manera habitual, su función cambia —ya no opera como ley sino como poder. El hábito otorga al poder un vocabulario moral que disfraza su interés como principio. Cuando la ley adopta el tono de la justicia misma, el castigo se presenta como restauración.
5
Una vez que el poder comienza a hablar en lugar de la ley, la línea entre lo permitido y lo prohibido puede permanecer oscura, pero la sanción por la transgresión es cierta. Tal oscuridad transforma la ley de un límite de comprensión en un campo de intimidación. El poder adquiere elasticidad al rehuir la claridad; recompensa a quienes se conforman y aísla a quienes interpretan con excesiva libertad. En esta inversión, el Estado de derecho sobrevive solo en la forma, mientras que su gramática—definición, proporción y previsibilidad—ha sido borrada.
6
La legitimidad es el fundamento sobre el cual se sostiene el castigo. Sin legitimidad, el castigo deja de funcionar como justicia y se convierte en una imposición de poder sin control —un ejercicio de poder sin base jurídica. La legitimidad exige definición; la tiranía prospera en la ambigüedad. Para que el castigo sea legítimo, las reglas que impone deben establecerse con antelación, redactarse en un lenguaje comprensible para el público y quedar abiertas al examen y a la revisión mediante procedimientos legales. Redactar las reglas de antemano es vincular el poder a la razón; convierte el castigo en un acto cívico —previsible, responsable y compartido— y no en la decisión de quien detenta el mando. Cuando se cumplen estas condiciones, el castigo cumple una función cívica, refuerza el Estado de derecho y asegura su propia legitimidad en lugar de debilitarla.
7
Los límites temporales son salvaguardias esenciales que impiden que el castigo se convierta en una condición permanente. Una consecuencia sin un punto final definido deja de abordar una violación específica y se transforma en una estructura permanente de poder. Cuando la duración del castigo no está limitada por su propósito, el castigo deja de servir a la ley y la sustituye. Este principio se aplica tanto dentro de las sociedades como entre ellas: una sanción impuesta a un individuo, a una comunidad o a un Estado sigue la misma lógica moral y estructural. En las relaciones internacionales, medidas punitivas como sanciones o embargos funcionan como instrumentos de disciplina entre Estados y corren el mismo riesgo de transformación —de respuesta a dominación— cuando no se define un camino hacia la resolución. La posibilidad de restauración —ya sea mediante reconocimiento jurídico, reconocimiento político o el fin de las hostilidades— no constituye un acto de indulgencia, sino una condición previa para la estabilidad. Sin un punto de cierre definido, la parte castigada carece de incentivos para modificar su curso, y la oposición se convierte en la única respuesta racional. Los órdenes duraderos, cívicos o internacionales, requieren por tanto una salida del castigo si han de asegurar una paz sostenida.
8
La disuasión suele describirse como el propósito más racional del castigo; sin embargo, su lógica se invoca con frecuencia bajo condiciones que incluyen otros motivos. Bajo estatutos imprecisos, la disuasión deja de advertir y comienza a confundir. Las autoridades políticas invocan a menudo la disuasión para justificar medidas más severas y sostienen que el temor a la consecuencia evitará daños futuros. Pero el temor impone cumplimiento sin abordar las condiciones subyacentes que dan origen a la transgresión. Una política punitiva diseñada para intimidar, en lugar de comprender o corregir dichas condiciones, se convierte menos en un instrumento de prevención y más en un mecanismo de afirmación del control. No enseña respeto por el Estado de derecho, sino sumisión al poder. Cuando la disuasión funciona de este modo, deja de servir a la justicia y sostiene, en cambio, la misma inestabilidad que afirma prevenir.
9
La incertidumbre es una condición inherente a todo sistema de castigo. Los hechos suelen ser incompletos, los motivos se entremezclan y las consecuencias rara vez pueden predecirse con precisión. Cuando la falta de razón se institucionaliza bajo el pretexto de la incertidumbre, surge la tentación de castigar no por actos ya cometidos, sino por aquellos meramente anticipados. Medidas como la detención preventiva o la deportación se imponen no sobre conductas verificadas, sino sobre supuestos relativos a comportamientos futuros. Estas acciones, aunque defendidas como salvaguardias frente a posibles daños, corren el riesgo de convertir la sospecha en veredicto. Esta forma de castigo preventivo difumina la distinción entre justicia y prevención, sustituyendo la evidencia por la predicción. A medida que el alcance del castigo se extiende más allá de los actos probados hacia el ámbito de la conjetura, la obligación de justificar su uso debe aumentar de manera proporcional.
10
Existen casos en los que el castigo no solo está justificado, sino que resulta necesario. Ciertas violaciones —traición, corrupción sistémica, violencia sostenida— quiebran el fundamento del orden compartido. Ignorar tales violaciones indica que las reglas comunes han dejado de acarrear consecuencias; esta quiebra en la aplicación crea las condiciones para nuevos daños. En tales circunstancias, el castigo funciona como un acto de preservación: restablece límites jurídicos y afirma que ninguna persona o grupo se sitúa por encima de las normas que rigen la vida colectiva. Sin embargo, la legitimidad de esta respuesta depende de la proporción y de la contención. Cuando el castigo se convierte en la respuesta automática a toda infracción, deja de servir a la justicia y consolida, en su lugar, una cultura de retribución. El castigo cumple su finalidad únicamente cuando se aplica después de que la explicación razonada, el procedimiento justo y la reparación tangible han fracasado en resolver la violación; bajo esas condiciones, el castigo restituye los límites del orden sin extender el daño más allá de lo necesario.
11
La clemencia funciona como una condición limitante dentro de los sistemas de castigo, más que como una negación de la justicia. Allí donde los sistemas jurídicos conservan mecanismos de indulto, revisión o ajuste proporcional, el castigo permanece acotado por su propósito cívico original. Los sistemas que aplican el castigo sin posibilidad de mitigación o terminación tratan la duración como autoridad y convierten la consecuencia en permanencia. Bajo tales condiciones, el castigo deja de responder a una infracción específica y establece, en cambio, una relación duradera de dominación.
La disponibilidad de la clemencia modifica el funcionamiento del castigo al introducir límites temporales y proporcionales. Estos límites impiden que la autoridad punitiva se extienda más allá de las circunstancias que justificaron su aplicación inicial. Cuando el procedimiento jurídico excluye tales límites, la aplicación persiste de manera independiente de la conducta que la motivó, y la legalidad se reduce a repetición en lugar de juicio. En esa condición, el castigo se administra como una práctica continua más que como una respuesta razonada.
Los sistemas que incorporan la clemencia preservan una distinción entre ley y mando al permitir que el castigo concluya una vez cumplido su propósito declarado. Allí donde se mantiene esa distinción, el castigo sigue siendo un instrumento dentro de la ley y no un sustituto de ella. Allí donde no se mantiene, el castigo opera sin referencia a la restauración y la pertenencia cívica es reemplazada por una exposición continuada a la sanción.
12
Estos principios no son abstracciones, sino salvaguardias que mantienen el ejercicio del poder sujeto a la ley. Cuando las instituciones aplican el castigo dentro de esos límites, la ley conserva su credibilidad porque la consecuencia permanece vinculada a la razón. Cuando las instituciones exceden esos límites, el castigo reemplaza a la ley como fuente de autoridad y el conflicto se expande en el espacio que la razón ha abandonado. En esa condición, el castigo ya no resuelve la transgresión; la reproduce. La justicia subsiste únicamente cuando la ley habla con una claridad que el poder no puede reescribir.
Ricardo Morín Triangulación 10: Una propuesta planetaria 56 x 76 cm Acuarela y lápiz de cera sobre papel 2007
Ricardo F. Morín
Noviembre 2025
Oakland Park, Florida
PREFACIO
Este ensayo procede de un reconocimiento sencillo: las estructuras políticas heredadas por la humanidad ya no corresponden a las fuerzas que hoy configuran su supervivencia. La volatilidad climática, la aceleración digital, la interdependencia económica y la vulnerabilidad transfronteriza operan a escala planetaria. Atraviesan el aire, el agua, los datos y las cadenas de suministro sin atender a los límites territoriales. Sin embargo, el mundo continúa organizado como un conjunto de soberanías discretas, cada una responsable de riesgos que no puede ni contener ni resolver por sí sola.
Lo que sigue no procede del optimismo, de la inevitabilidad ni de visiones de armonía. Parte, en cambio, de la insuficiencia. Las instituciones que en otro tiempo estabilizaron la vida política no fueron concebidas para condiciones en las que la disrupción se propaga de forma global e instantánea. La propuesta aquí expuesta —un sistema estratificado de coordinación planetaria, provisión universal y protecciones para la autonomía cultural— no intenta anticipar qué formas políticas habrán de surgir. Ofrece, más bien, una arquitectura conceptual de aquello que ha pasado a ser pensable si la continuidad humana ha de seguir siendo plausible bajo condiciones de profunda interdependencia.
El ensayo se despliega en tres movimientos. En primer lugar, perfila un marco proporcional a la escala del riesgo contemporáneo. En segundo término, enfrenta las objeciones más sólidas —psicológicas, culturales, geopolíticas, económicas e históricas— que limitan cualquier reorganización de este tipo. A continuación, el análisis se orienta hacia formas transicionales a través de las cuales la identidad local puede persistir y la coordinación puede emerger en contextos donde la fragmentación ya ha introducido riesgo. El trabajo no prescribe un futuro; permanece dentro del horizonte en el que opera hoy la imaginación política.
MARCO DENTRO DE LA TEORÍA POLÍTICA CONTEMPORÁNEA
i
Este ensayo se apoya en un cuerpo creciente de teoría política atento a la brecha cada vez mayor entre las presiones de alcance global y el radio limitado de acción del Estado-nación. Pensadores como Ulrich Beck (World Risk Society, 1999), David Held (Democracy and the Global Order, 1995), Jürgen Habermas (The Postnational Constellation, 2001) y Saskia Sassen (Territory, Authority, Rights, 2006) han mostrado cómo el cambio climático, los sistemas digitales y la interdependencia económica exceden hoy las capacidades de la gobernanza territorial. Beck identifica el riesgo mismo como fenómeno global; Held y Habermas examinan formas de gobernanza multinivel; Sassen describe la migración de la autoridad a través de redes que eluden las fronteras. Este ensayo permanece alineado con estos planteamientos y fundamenta su argumentación no en la probabilidad de que los Estados existentes se unifiquen, sino en condiciones materiales ya en vigor.
ii
Los teóricos del riesgo global —en particular Beck y Anthony Giddens (Runaway World, 1999)— describen un mundo unido por vulnerabilidades compartidas: inestabilidad climática, pandemias, contagio financiero y exposición digital. Ningún Estado puede contenerlas de manera aislada. Este ensayo desarrolla ese diagnóstico al tratar el riesgo compartido como la razón central para el rediseño institucional. Investigaciones sobre soberanía compartida o superpuesta, como las de Anne-Marie Slaughter (A New World Order, 2004) y Neil Walker (Intimations of Global Law, 2015), muestran que la autoridad ya se distribuye en múltiples niveles. Lo que sigue es una observación: la dispersión sin estructura produce fragilidad; la autoridad compartida requiere diseño, no mera acumulación.
iii
Filósofos de la justicia global como Martha Nussbaum (Frontiers of Justice, 2006), Amartya Sen (Development as Freedom, 1999) y Thomas Pogge (World Poverty and Human Rights, 2002) sostienen que las capacidades humanas básicas ya no pueden garantizarse exclusivamente dentro de las fronteras nacionales. El bienestar y la oportunidad se han convertido en hechos transnacionales. Teóricos de la política ambiental como Bruno Latour (Facing Gaia, 2017) y Robyn Eckersley (The Green State, 2004) muestran además que los sistemas ecológicos imponen exigencias que ningún gobierno aislado puede atender. Este ensayo toma estas afirmaciones como relevantes y propone instituciones dimensionadas según la interdependencia ecológica y tecnológica, en lugar de apoyarse en jurisdicciones heredadas.
iv
Los debates en torno al poder digital refuerzan esta necesidad. Autoras y autores como Shoshana Zuboff (The Age of Surveillance Capitalism, 2019), Kate Crawford (Atlas of AI, 2021) y Helen Nissenbaum (Privacy in Context, 2010) documentan cómo la inteligencia artificial, las infraestructuras de datos y los sistemas algorítmicos operan a través de fronteras mientras eluden los marcos nacionales de supervisión. El poder tecnológico se desplaza hoy con independencia de los dispositivos concebidos para regularlo. La propuesta sitúa la gobernanza tecnológica en el núcleo de la coordinación planetaria, y no como una preocupación auxiliar.
v
Tomados en conjunto, estos enfoques indican que ni el repliegue nacionalista ni el universalismo abstracto resultan adecuados para las condiciones presentes. Este ensayo permanece alineado con estos planteamientos y fundamenta su argumentación no en la probabilidad de que los Estados existentes se unifiquen, sino en condiciones materiales ya en vigor. No se orienta hacia la abstracción, sino hacia una propuesta legible y coherente, calibrada según las realidades que ya se están desarrollando.
⸻
I. La propuesta: un nuevo mundo para una especie en convergencia
1
La humanidad se encuentra hoy en un umbral en el que las formas políticas heredadas ya no logran absorber las presiones que configuran la vida colectiva. La inestabilidad climática, la aceleración digital, el desplazamiento migratorio y la interdependencia económica operan a escala planetaria. Atraviesan las fronteras con una velocidad para la cual los sistemas basados en el Estado nunca fueron concebidos. En tales condiciones, la cuestión de la supervivencia converge con la cuestión del rediseño institucional.
2
La propuesta parte del reconocimiento de que los Estados soberanos fragmentan la responsabilidad precisamente en el momento en que la coherencia se vuelve necesaria. Los riesgos se propagan de manera global; la rendición de cuentas permanece localizada. Un marco planetario emerge no como aspiración, sino como respuesta proporcional a vulnerabilidades que exceden la capacidad nacional.
3
Dicho marco se limita a ejercer autoridad únicamente allí donde la fragmentación produce exposición sistémica: a saber, en la salud pública, la estabilización climática, la migración, la gestión de recursos y las tecnologías globales. La autonomía cultural, jurídica y administrativa permanece firmemente radicada en las instituciones regionales y locales.
4
El bienestar universal constituye la base estructural de este planteamiento. No opera como caridad, sino como estabilización. En un mundo interconectado, la privación en una región genera inestabilidad en muchas otras. El acceso a la atención sanitaria, a los recursos esenciales y a una educación significativa define el umbral mínimo de participación en la vida colectiva.
5
De ello se sigue una reconfiguración del valor. Los mercados continúan operando, pero ciertos bienes —salud, educación, seguridad ambiental y acceso digital— quedan garantizados como derechos. El ingreso universal cede su lugar a la provisión universal: un compromiso con las condiciones materiales e intelectuales requeridas para la dignidad y la resiliencia.
6
A medida que estos cambios toman forma, las fronteras asumen una función distinta. Persisten como marcadores administrativos, pero su capacidad para regular el riesgo disminuye. Los sistemas climáticos ignoran los límites; los patógenos los atraviesan sin control; las infraestructuras digitales disuelven las restricciones territoriales. Una arquitectura planetaria aparece así no como un punto de llegada, sino como un ajuste a condiciones ya en curso.
7
Articular un mundo de este tipo no constituye un acto de idealismo, sino de razonamiento proporcional. Las presiones contemporáneas exigen una imaginación política acorde con su escala. Esta propuesta no anticipa el futuro; permanece dentro del horizonte.
II. Los contraargumentos: un examen desde la abogacía crítica
8
La primera objeción se refiere a la identidad. La soberanía no funciona únicamente como un orden jurídico, sino también como un depósito de memoria, historia y continuidad afectiva. Un marco de alcance planetario introduce una capa adicional de identificación para la cual no existe precedente histórico directo.
9
A esta objeción se suma la resistencia geopolítica. Los Estados —en particular aquellos con mayor capacidad de influencia— disponen de escasos incentivos para diluir ventajas estratégicas ya adquiridas. Cualquier forma de autoridad global tiende a ser percibida no como coordinación, sino como pérdida relativa de control.
10
Una tercera objeción concierne a la escala. Las instituciones que operan en un ámbito planetario enfrentan riesgos de opacidad, inercia o captura. La coordinación a tal magnitud puede introducir nuevas formas de fragilidad allí donde pretende reducirlas.
11
Los argumentos económicos cuestionan la viabilidad. La provisión universal requiere mecanismos distributivos de una complejidad sin precedentes. Los mercados, pese a sus distorsiones, conservan capacidad de adaptación; las alternativas, en cambio, suelen ser percibidas como propensas a la ineficiencia o a la coerción.
12
Los planteamientos culturales señalan el riesgo de homogeneización. Incluso bajo protecciones formales, los sistemas de alcance global pueden ejercer presiones sutiles hacia la uniformidad, debilitando especificidades lingüísticas y culturales sin necesidad de imposición explícita.
13
Las objeciones psicológicas subrayan los límites de la contención. La cooperación a escala planetaria presupone capacidades de empatía y autocontrol que no siempre se sostienen en ausencia de incentivos claros o de mecanismos de cumplimiento.
14
La memoria histórica refuerza el escepticismo. Proyectos de integración previos han dado lugar, en numerosos casos, a procesos de fragmentación. Un marco planetario podría generar resistencia precisamente en razón de su amplitud.
15
Consideradas en conjunto, estas objeciones configuran un campo denso de restricciones —psicológicas, culturales, geopolíticas, organizativas e históricas— que complica cualquier transición hacia formas de organización planetaria.
III. La resolución: un movimiento hacia la organización planetaria
16
Una resolución que resulte creíble requiere la incorporación de estos contraargumentos, no su desestimación. La coherencia planetaria no puede construirse allí donde el acuerdo es más sencillo, sino allí donde la resistencia es mayor.
17
El primer elemento adopta una forma arquitectónica. La gobernanza debe ser estratificada, no monolítica. La autoridad global queda limitada a ámbitos acotados de vulnerabilidad compartida, mientras que los Estados conservan su autonomía interna. Los límites jurídicos, la transparencia y la representación distribuida actúan como restricciones frente a la concentración del poder.
18
El segundo elemento concierne al bienestar. La provisión universal establece una base estructural financiada mediante gravámenes globales y sistemas nacionales coordinados. Los mercados operan por encima de ese umbral; los bienes esenciales quedan resguardados de la volatilidad.
19
El tercer elemento se refiere a la identidad. La ciudadanía planetaria funciona como una afiliación complementaria, no como un reemplazo. La educación y los medios de comunicación fomentan la conciencia de sistemas ecológicos y tecnológicos compartidos sin eliminar la distinción cultural.
20
El cuarto elemento atañe al poder. Las instituciones se distribuyen por funciones y quedan protegidas mediante rotación en los liderazgos, mecanismos de supervisión independiente y transparencia digital. La autoridad permanece limitada, visible y divisible.
21
El quinto elemento concierne al ritmo. La transición se desarrolla a través de disposiciones intermedias: pactos climáticos exigibles, marcos estandarizados de gobernanza digital, protocolos sanitarios ante pandemias y uniones regionales que experimentan con formas de bienestar transfronterizo.
22
A través de estas disposiciones, la soberanía se vuelve estratificada, el bienestar adquiere carácter fundacional, la identidad se articula de forma dual y la gobernanza se ajusta a la escala de la vulnerabilidad.
23
Lo que emerge no es un diseño utópico, sino un desplazamiento navegable desde la fragmentación hacia la coherencia: un trayecto mediante el cual la organización se vuelve posible.
*
EPÍLOGO
Este ensayo fue escrito desde una condición de reconocimiento, no desde una expectativa de resultados. Observó la emergencia de la interdependencia planetaria como un estado de hecho —ambiental, tecnológico y económico— sin asumir que el reconocimiento, por sí solo, conduciría a la coordinación, a la contención o a una acción compartida. La propuesta se apoyaba en la visibilidad de la escala, no en la presunción de una respuesta.
Lo que con el tiempo se ha vuelto más claro no es que la condición planetaria haya sido mal leída, sino que sus implicaciones fueron sobreestimadas. La interdependencia no suspende los hábitos políticos. La exposición global no disuelve el cálculo nacional. La existencia de un riesgo compartido no neutraliza la desconfianza ni desplaza la lógica mediante la cual los Estados preservan su autonomía a través del aplazamiento, el aislamiento o la participación selectiva.
La ausencia que hoy se hace evidente no es empírica, sino estructural. Una condición planetaria puede ser reconocida mientras la responsabilidad permanece local, fragmentada o diferida. Los sistemas se adaptan a la crisis sin reorientar sus prioridades. La cooperación se vuelve condicional, provisional o transaccional, más que vinculante. Lo que persiste es el ajuste, no la alineación.
Esto no invalida el marco planetario; aclara sus límites. El mundo no avanza hacia la coherencia por el reconocimiento tan sólo. Avanza mediante negociación, repliegue, recalibración y autoprotección —a menudo de forma simultánea. El equilibrio, cuando aparece, no es diseñado; se alcanza de manera desigual, a través de la restricción más que del consenso.
Vista desde este ángulo, « Una propuesta planetaria » registra un momento de claridad antes que un programa. Señala el punto en el que la exposición global se volvió innegable, sin presuponer que tal exposición produciría una forma correspondiente de acción. Lo que sigue en los ensayos posteriores no prolonga esa propuesta. Estrecha el foco y atiende, en cambio, a las condiciones bajo las cuales el reconocimiento se estanca, la agencia se fragmenta y el ajuste sustituye a la resolución.
Este texto no es un alegato a favor ni en contra de una figura política, ni un ejercicio de adjudicación moral. Se trata de un retrato diagnóstico, sustentado en acciones públicamente documentadas, conductas observables y un registro históricamente verificable. Allí donde las distinciones jurídicas resultan pertinentes, se respetan; cuando la percepción diverge del motivo, dicha divergencia se examina en lugar de ser desestimada.
El propósito del retrato no es invalidar las experiencias de quienes perciben sinceridad o calidez en el sujeto, sino situar tales percepciones dentro de una estructura más amplia de comportamiento a lo largo del tiempo. El afecto momentáneo (Affekt), el talante privado y los encuentros selectivos no se consideran aquí como prueba de continuidad de carácter, sino como elementos que coexisten —a veces de manera tensa— con patrones que han tenido consecuencias públicas.
Este mismo enfoque rige la manera en que se abordan las afirmaciones sobre capacidades excepcionales. Las aseveraciones que sustituyen la evidencia por el mito —como las declaraciones de inteligencia casi sobrehumana— no se aceptan sin examen. Más allá de cómo se interpreten el razonamiento errático, la confusión procedimental o la reiterada incomprensión de los límites legales e institucionales, tales afirmaciones requieren la suspensión de la realidad observable. En ese sentido, funcionan menos como descripción que como compensación: intentos de reconciliar una disonancia con una imagen de dominio. Cuando la coherencia se debilita, el recurso se desplaza hacia otro lugar. La validación a través de lo falso no esclarece la capacidad; neutraliza la contradicción.
No se formulan afirmaciones de carácter médico, psicológico ni patológico. El análisis se mantiene estrictamente dentro del ámbito de la conducta, la postura y la recurrencia. La interpretación se ofrece cuando resulta justificada; se ejerce contención cuando los hechos, por sí solos, deben bastar.
A los lectores inclinados tanto a la afirmación como al rechazo se les invita a suspender ambos impulsos. El texto solicita únicamente que las acciones se consideren en secuencia y que los patrones se examinen sin premura. No se presupone el acuerdo; sí una lectura atenta.
Ensayo diagnóstico sobre poder, postura y patrón histórico
Lo que sigue no considera el cuerpo como evidencia de una disposición interior, sino como una superficie pública sobre la cual se han asentado, con el paso del tiempo, hábitos de poder, repetición y afirmación.
En el umbral de su octava década, la fisonomía del presidente no se limita a registrar el curso natural del envejecimiento, sino una separación progresiva entre impulso y contención, entre reflejo y aquellos mecanismos que en otro momento podrían haberlo moderado. Lo que se manifiesta no es una ausencia, sino una desalineación: capacidades que persisten sin coordinación, reacciones que proceden sin mediación.
El agotamiento de las reservas mentales se hace visible en el rostro como una tensión sostenida. En él coexisten —sin reconciliación— ambición y negación, afirmación y fragilidad. La fricción entre la realidad vivida y una aspiración intransigente se registra como una forma de orgullo endurecido, resistente a la revisión.
Esta disyunción ya era visible décadas atrás. En 1989, durante el caso de la violación en grupo (gang-rape) ocurrida en Central Park, en la ciudad de Nueva York, actuó públicamente mediante un anuncio a página completa en la prensa que afirmaba la culpabilidad y reclamaba castigos severos para cinco jóvenes que aún no habían sido juzgados. Esa certidumbre impulsiva contribuyó al endurecimiento de la condena pública y acompañó años de encarcelamiento injusto antes de su posterior exoneración. Dicho juicio no fue revisado. El episodio no se limitó a revelar un error; puso de manifiesto una estructura instintiva: la certeza desplazando a la deliberación, la acusación antecediendo al proceso.
Esta misma insistencia en la continuidad por encima de la corrección se manifiesta en otros ámbitos, no solo en la conducta, sino también en la apariencia. La cuidada arquitectura de la imagen pública —hasta el elaborado peinado, mantenido con notable constancia a lo largo de las décadas— denota una preferencia por la estabilidad sin alterar el rumbo. El cambio se absorbe superficialmente; la forma se conserva.
Conviene señalar, no obstante, que muchos entre sus seguidores —e incluso algunos que no se alinean con él políticamente pero se abstienen de oponérsele por razones de autopreservación— lo describen no desde la adulación, sino desde la convicción genuina de que existe en él un aspecto sincero, incluso cálido. Esta percepción no debe ser descartada de plano. Refleja una realidad experimentada por quienes lo tratan en contextos limitados o controlados. Sin embargo, merece ser examinada, precisamente porque tales impresiones pueden confundir el talante momentáneo con el motivo duradero. La calidez, cuando se halla desvinculada de la consistencia o de la contención, no necesariamente modera el impulso; puede coexistir con él, desplegada de manera selectiva, mientras los patrones subyacentes permanecen inalterados.
Ese mismo reflejo permanece latente en la actualidad, aparentemente sin haber sido atenuado por el paso del tiempo. Reaparece no como argumento, sino como postura.
La boca, marcada por un labio superior retraído, indica contención más que disposición al habla. El impulso parece mantenerse en suspensión antes que moderarse. Los ojos, asimétricos y vigilantes, permanecen orientados hacia el exterior más que hacia el interior, y registran el entorno menos como un espacio de intercambio que como un ámbito a ser evaluado. Las cejas elevadas ya no transmiten convicción; reaparecen como una afirmación habitual, reiteradamente reafirmada.La piel, excesivamente oxigenada y revestida de un tono dorado y acerado, enfatiza la continuidad superficial por encima de la variación; presenta la vitalidad como apariencia más que como integración.
La respiración se registra como laboriosa más que relajada, marcada por la insistencia antes que por la soltura. La leve inclinación hacia adelante de la cabeza no solicita respuesta; la precede, situando al mundo circundante como algo a ser afrontado más que encontrado.
A través de estos gestos, la continuidad sustituye al ajuste. El cuerpo sostiene la afirmación incluso cuando las condiciones cambian y preserva la postura allí donde podría producirse una recalibración.
Los años posteriores refuerzan la estructura ya visible en conductas anteriores. Determinaciones civiles, asociaciones documentadas públicamente y acusaciones recurrentes —distintas en su estatus jurídico pero convergentes en su patrón— exhiben de manera consistente la misma secuencia: el impulso antecediendo al juicio, la dominancia suplantando a la contención, la consecuencia tratada como incidental más que como correctiva.
Considerado en su conjunto, el retrato no describe la desaparición de mejores instintos, sino su desplazamiento. Estos persisten como restos no operativos —presentes, pero relegados— mientras reflejos más primarios modelan de forma creciente el gesto y la respuesta. Aquello que en otro momento podría haber moderado la acción permanece ahora al margen, mientras la figura continúa operando por inercia más que por integración.
Sobre el supuesto “desequilibrio mental”, el poder y la negación de la medida
El término “desequilibrio mental” —derangement— ingresó al discurso público no como diagnóstico, sino como acusación. Se empleó para explicar la oposición, la disidencia e incluso la tragedia. Cuando una persona asesinada fue descrita como víctima del llamado “síndrome de desequilibrio mental anti-Trump”, la expresión no buscó describir una creencia. Operó como desplazamiento. La atención se apartó del acto violento y se dirigió hacia la lealtad. La acción no se examinó; el crítico fue patologizado.
Esa inversión plantea una pregunta más amplia: si la conducta que así se protege tiene precedentes en la historia presidencial estadounidense.
Estados Unidos ha tenido presidentes impulsivos, vengativos y temerarios. Andrew Jackson gobernó movido por animadversiones personales e ignoró la autoridad judicial. Richard Nixon cultivó enemigos y actuó en secreto contra límites constitucionales. Woodrow Wilson reprimió la disidencia e impuso conformidad ideológica en tiempos de guerra. Cada uno transgredió las expectativas éticas de su época. Cada uno alteró los estándares del cargo.
Sin embargo, en todos los casos persistía una medida externa. Jackson sabía qué ley desobedecía. Nixon ocultó sus actos porque el ocultamiento aún tenía sentido. Wilson justificó la represión apelando a la unidad nacional y a una necesidad moral. Sus excesos eran inteligibles porque las normas que quebrantaban seguían siendo reconocidas.
Lo que distingue el caso presente no es la existencia de una falla ética, sino la ausencia de toda referencia ética.
El desacuerdo ya no se trata como oposición, sino como patología. La responsabilidad no se debate; se traslada. Los hechos no se refutan; se descartan como invenciones hostiles. La tragedia no se examina ni se lamenta; se absorbe como agravio. Las categorías que antes estructuraban el juicio —verdad, responsabilidad, proporción— no son simplemente violadas. Son deslegitimadas.
Esto no es solo comportamiento autoritario. Es gobierno por afirmación. La repetición sustituye a la justificación. La lealtad sustituye a la evaluación. El yo se convierte en la medida desde la cual se ordena la realidad.
Las comparaciones históricas resultan tentadoras. Calígula. Gengis Kan. Otros nombres surgen por instinto. No por equivalencia de escala, sino por afinidad de lógica.
Aun así, incluso los tiranos gobernaron dentro de marcos reconocibles: derecho divino, conquista, destino, linaje. Su crueldad operaba dentro de una cosmología que producía sentido, por brutal que fuera.
Aquí no se invoca ningún marco semejante. La autoridad no se apoya en la ley ni en la tradición. No apela a teología ni a ideología. Descansa exclusivamente en la identificación personal. Quienes se alinean son validados. Quienes disienten son declarados defectuosos.
El peligro de esta postura no reside en la transgresión de normas —la historia estadounidense ofrece numerosos ejemplos—, sino en la eliminación de los criterios que permiten reconocer una norma. Cuando la oposición se define como enfermedad, no queda nada que debatir. Cuando la tragedia se explica por la creencia y no por la acción, no queda nada que examinar. Al público no se le pide juicio. Se le pide alineación.
Esta condición no requiere diagnóstico para ser comprendida. Requiere atención.
Lo observable basta: el lenguaje empleado, las inversiones reiteradas, la forma en que la responsabilidad se disuelve en acusación. El retrato que emerge no es el de una inteligencia excepcional ni el de una maldad singular, sino el de una presidencia ejercida sin medida, donde la contradicción deja de registrarse como contradicción y donde el poder se afirma sin referencia externa.
Una presidencia así no solo pone a prueba a las instituciones. Pone a prueba si aún se distingue entre desacuerdo y desviación, entre explicación y excusa, entre lealtad y juicio.
El retrato no necesita cerrarse con una advertencia. Basta con observar el resultado: una escena en la que la autoridad ya no se sostiene por lo que hace, sino por quién se alinea; y en la que el cargo, despojado de medida, termina reflejando únicamente a quien lo ocupa.
Ricardo Morín Escena Ocho: El espacio que encuentra el pensamiento Óleo sobre lienzo sobre tabla de madera 30 x 38 x 19 cm 2010
Riacrdo Morín
November 2025
Oakland Park, Florida
NOTA DEL AUTOR
Este ensayo examina un fenómeno que surge en sociedades donde los límites cívicos y el apetito intelectual coexisten. No describe una condición psicológica ni una tendencia sociológica, ni juzga a ningún país. Su propósito es más sencillo: observar cómo el pensamiento se adapta cuando el espacio público en el que puede moverse es más estrecho que el espacio privado en el que se desarrolla.
RESUMEN
Este ensayo analiza cómo la vida intelectual suele persistir —e incluso prosperar— en entornos donde la participación cívica está restringida. Describe las condiciones estructurales que hacen posible esta coexistencia, los hábitos históricos que la vuelven familiar y las tensiones que produce. En lugar de buscar causas o proponer remedios, el ensayo observa cómo el pensamiento encuentra lugar para actuar cuando el espacio cívico se contrae y cómo esa adaptación configura la vida cultural.
1
Toda sociedad crea condiciones en las que el pensamiento debe encontrar su propio terreno. En algunos lugares, la vida cívica ofrece amplias avenidas para el debate, la disensión y la participación organizada. En otros, esas avenidas se estrechan: las instituciones limitan la expresión, la continuidad política restringe la competencia o la vida pública queda regulada por límites que los ciudadanos no eligieron. Aun así, dentro de esos límites, el pensamiento no desaparece. Busca otros espacios —más silenciosos, más internos, menos visibles— desde los cuales puedaa seguir funcionando.
2
Esta coexistencia no es contradictoria. La vida cultural y el espacio cívico no siempre avanzan al mismo ritmo. Una población puede cultivar hábitos de lectura rigurosos, estudio disciplinado y un fuerte apetito por las ideas mientras navega restricciones a su voz pública. La investigación intelectual puede florecer en aulas, bibliotecas, círculos privados o prácticas artísticas incluso cuando la participación formal en la vida pública es limitada. Las dos condiciones no se anulan; se despliegan en paralelo.
3
Parte de esta coexistencia es histórica. Las sociedades heredan hábitos formados a lo largo de décadas o generaciones. Cuando los límites públicos permanecen estables, dejan de sentirse como rupturas y pasan a ser parte del entorno. La gente aprende a circular alrededor de esos límites, reservando algunas preguntas para la conversación pública y otras para la reflexión privada. Con el tiempo, este arreglo deja de percibirse como provisional y se convierte en un patrón familiar de vida.
4
Otra parte de la coexistencia es estructural. No toda forma de pensamiento requiere el mismo grado de libertad cívica. La crítica institucional necesita un espacio público amplio; la reflexión filosófica, ética o conceptual puede desarrollarse en ámbitos más recogidos. Estas formas de pensamiento no dependen de la protesta ni de la influencia política. Dependen de la atención, que puede mantenerse activa incluso cuando la expresión pública no puede hacerlo.
5
Sin embargo, esta adaptación introduce una tensión. Un pensamiento que florece en privado puede no encontrar camino hacia la vida compartida. La lucidez permanece en el individuo pero no circula por las instituciones. El resultado no es silencio, sino producto de la separación: profundidad intelectual de un lado y restricción cívica del otro. Cada una permanece intacta, pero el puente entre ambas es estrecho.
6
Esta tensión no es un paradoja sino una estructura. La vida intelectual sobrevive cambiando de lugar. Se desplaza hacia dentro, convirtiendo la esfera privada en un taller de ideas. Se transforma en una forma de resistencia silenciosa, no de renuncia. Esta resistencia no es pasiva: es la manera de continuar pensando cuando las avenidas públicas se reducen.
7
El fenómeno no es exclusivo de una región ni de un modelo político. Aparece allí donde los límites cívicos coinciden con una fuerte ambición cultural, ya sea por historia, instituciones o circunstancias. Lo que varía de una sociedad a otra no es la existencia de esta tensión, sino de cómo se vive: como normalidad, como compromiso o como un desequilibrio silencioso que la gente aprende a aceptar.
8
La cuestión más profunda no es por qué ocurre esta coexistencia ni si debería ser distinta. La cuestión es lo que esta coexistencia revela: que el pensamiento busca espacio incluso cuando el espacio cívico se contrae; que la reflexión persiste incluso cuando la expresión pública se estrecha; y que la necesidad humana de comprender no desaparece ante los límites. Simplemente se reubica.
Ricardo Morín Topografías Teratológicas Serie Uno: AGENCIA CÍVICA Óleo sobre Lino Cuádrico: Cada panel: 35,5 x 46,5 x 1,9 cm 2009
Ricardo F. Morín
Noviembre, 2025
Oakland Park, Florida
NOTA DEL AUTOR
Este ensayo examina condiciones que con frecuencia se ven distorsionadas por la ideología, la herencia moral o el relato histórico. Las cuestiones de soberanía, ocupación, revolución, exilio e identidad nacional suelen debatirse a través de afirmaciones que apelan a absolutos —derecho religioso, agravio histórico o legitimidad revolucionaria. Estas afirmaciones difieren en su lenguaje, pero comparten una misma estructura: sitúan una idea por encima de las realidades cívicas de las personas cuyas vidas quedan organizadas por tales narrativas.
Para abordar lo que dichas narrativas oscurecen, el ensayo se centra en un factor estructural que atraviesa esas diferencias: la agencia cívica, entendida como la capacidad de las personas para dar forma a las condiciones de la vida cívica mediante su participación, representación y procesos jurídicos. Cuando la agencia cívica es anulada —ya sea por control externo, autoritarismo interno o políticas de disuasión dirigidas a poblaciones desplazadas—, la forma de la restricción puede variar, pero su efecto cívico permanece constante.
Este ensayo no compara historias políticas. Examina cómo el poder del Estado, en sus diversas configuraciones, regula la vida cívica. Considera cómo la ideología oscurece esa regulación y cómo las poblaciones experimentan las consecuencias de decisiones en las que tienen poca o ninguna participación. El propósito no es reducir el conflicto político, sino señalar las estructuras que determinan si la libertad puede llegar a existir o permanece fuera de alcance.
RESUMEN
Este ensayo sostiene que la forma más fiable de comprender situaciones que parecen políticamente incompatibles —como la apatridia palestina y la soberanía autoritaria cubana— es examinar la ausencia estructural de agencia cívica que define a ambas. Aunque las formas de restricción difieren, la condición cívica converge: el Estado, ya sea externo o interno, limita la capacidad de la población para modelar su propia vida cívica. Al analizar cómo la regulación estatal restringe la participación, suprime la representación o fragmenta la jurisdicción, el ensayo muestra cómo la agencia cívica se convierte en la medida central de la libertad. Asimismo, examina cómo las narrativas ideológicas, las políticas de disuasión y las presiones migratorias ocultan esta realidad estructural. El objetivo no es dirimir reclamaciones políticas, sino hacer visibles las condiciones bajo las cuales la vida cívica puede formarse, protegerse o negarse.
1
Todo intento de comprender la vida política debe comenzar con el reconocimiento de que las poblaciones no experimentan la libertad como una abstracción; la experimentan a través de las estructuras que regulan su existencia cívica. Estas estructuras determinan cómo se toman las decisiones, cómo se ejerce la autoridad y si las personas pueden participar en la configuración de las condiciones de su propia vida. La agencia cívica no es, por tanto, un ideal, sino una condición que existe o no existe. Cuando está ausente, la libertad aparece como una afirmación formal más que como una condición vivida.
2
La agencia cívica se compone de tres elementos: participación, representación y proceso jurídico. La participación permite a individuos y comunidades influir en las decisiones públicas. La representación establece una continuidad entre quienes gobiernan y quienes son gobernados. El proceso jurídico garantiza que la autoridad se ejerza dentro de límites definidos. Cuando alguno de estos elementos se elimina, la población pierde su capacidad de dar forma al entorno cívico que habita. Esta pérdida puede producirse por regulación externa, autoritarismo interno o políticas que reducen la vida cívica a un conjunto de restricciones que debilitan el espacio compartido.
3
La ausencia de agencia cívica puede adoptar distintas formas. Una población puede estar gobernada por instituciones que no reconocen su soberanía y que, por tanto, someten su vida cívica a regulaciones en cuya elaboración no tiene un papel significativo. Alternativamente, una población puede habitar un Estado soberano que suprime el pluralismo político, restringe la disidencia legal y concentra la autoridad institucional. En ambos casos, la condición cívica queda anulada: las personas carecen de la capacidad de influir en las normas que las gobiernan.
4
El caso palestino ilustra la primera forma. Múltiples autoridades regulan el movimiento, el territorio y la vida pública sin ofrecer una jurisdicción unificada ni protección soberana. Las decisiones tomadas por Estados externos definen la existencia cotidiana y dejan a la población sin derechos cívicos consistentes ni un marco institucional estable. La ausencia de soberanía no es solo territorial, sino cívica; priva a la población de los mecanismos mediante los cuales la participación y la representación podrían hacerse posibles.
5
La situación cubana representa la segunda forma. Aunque el Estado posee soberanía, concentra la autoridad política en un único aparato institucional y restringe las vías legales de disidencia, competencia o reforma estructural. La ciudadanía vive bajo un sistema que mantiene la continuidad política mediante la limitación de las posibilidades de participación. La soberanía prevalece, pero la agencia cívica permanece restringida.
6
Palestina y Cuba difieren, desde luego, en historia, estructura y origen; sin embargo, coinciden en un aspecto fundamental: el Estado, ya sea externo o interno, restringe la participación de tal modo que la agencia cívica resulta inalcanzable. La ausencia de agencia es el elemento común que revela la condición cívica que subyace a los relatos políticos. También proporciona un marco desde el cual comprender, sin confusión, a poblaciones que experimentan distintas formas de restricción.
7
Las narrativas ideológicas suelen alinearse con las distribuciones existentes del poder. El derecho religioso sostiene que la tierra está garantizada por mandato divino y no por protección cívica. La retórica revolucionaria afirma que la autoridad política se justifica por la lucha histórica y no por la rendición de cuentas presente. Ambas narrativas elevan un absoluto por encima de las realidades cívicas de la población. Sustituyen la agencia por la lealtad e interpretan la restricción como necesidad, y no como una falla de representación.
8
La migración ofrece un tercer prisma desde el cual se hacen visibles los límites de la agencia cívica. Las personas abandonan sus países cuando las estructuras que regulan su vida colapsan o se vuelven inhabitables. Buscan estabilidad, protección y la posibilidad de reconstruir la participación cívica en nuevos entornos. Sin embargo, las políticas de disuasión en los Estados de acogida suelen reflejar las presiones que provocaron el desplazamiento. Estos Estados restringen el movimiento de los migrantes, limitan su acceso a las instituciones sociales y reducen las posibilidades de incorporación a un orden cívico. Tales políticas no reproducen el dilema original, pero reintroducen la experiencia de vivir bajo normas que no pueden influir.
9
Para muchas personas solicitantes de asilo, estas medidas restrictivas acortan la distancia entre las presiones que motivaron su salida y las que encuentran al llegar, un desplazamiento que dificulta distinguir la estabilidad de la exclusión. Ejemplos europeos como Dinamarca y el Reino Unido muestran cómo la disuasión se utiliza para desalentar el asilo sin reconocer el vacío cívico que produce. Estados Unidos aplica políticas similares en sus fronteras y presenta la disuasión como un instrumento de orden, lo que deja a las personas migrantes suspendidas entre la exclusión y un estatus cívico no resuelto.
10
El argumento estructural no sostiene que estas situaciones sean equivalentes, sino que la ausencia de agencia cívica genera una condición cívica que trasciende las diferencias políticas. Las poblaciones gobernadas sin participación, administradas sin representación o confinadas dentro de sistemas que restringen los procesos jurídicos experimentan la libertad como algo externo a su entorno cívico. Esta condición no puede explicarse mediante la ideología, porque la ideología aborda identidad, justificación o legitimidad, no agencia.
11
Comprender la agencia cívica permite distinguir entre reclamaciones políticas y realidades cívicas. La soberanía no garantiza la libertad; la revolución no garantiza la participación; el derecho religioso no garantiza la protección. La agencia cívica solo existe cuando las personas pueden dar forma a las condiciones que las gobiernan. Cuando esto se vuelve imposible, la población no habita un orden cívico, sino un espacio regulado.
12
Cuando la agencia cívica se convierte en la medida a través de la cual se entiende la vida política, las narrativas ideológicas pierden su autoridad y la estructura de la restricción se vuelve visible. Esta visibilidad no resuelve el conflicto, pero revela las condiciones bajo las cuales la libertad puede emerger o permanecer inaccesible. La agencia cívica es el punto donde comienza la posibilidad de la vida cívica, y donde su ausencia se hace estructuralmente evidente.
Ricardo Morin Paisaje II: Río de Hierba 18 x 24 pulgadas Sepia sobre papel de periódico 2003
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Ricardo F. Morin
6 de diciembre de 2025
Naples, Florida
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Nota del Autor
Este díptico, “Río de hierba” y “Naples por la mañana”, aúna una reflexión sobre la continuidad y una breve observación de la vida cotidiana. Dos escenas —una sostenida, la otra fugaz— muestran cómo la experiencia, el silencio y la atención dan forma a la presencia. La primera parte, “Río de hierba”, no presenta un argumento, una confesión ni una teoría. Ofrece una observación moldeada con el tiempo por la cercanía más que por la distancia. El enfoque no está en la psicología individual ni en el conflicto relacional, sino en patrones que toman forma a través de las generaciones y persisten silenciosamente en la vida cotidiana.
Lo que sigue evita la explicación moral y la resolución narrativa. Atiende, en cambio, a la continuidad:a cómo la contención, la generosidad y la presencia pueden transmitirse no mediante instrucción o memoria, sino a través de la postura, el hábito y la orientación. La intención es describir sin juzgar, y aclarar sin asignar causas allí donde estas no pueden aislarse con limpieza. Lo que aquí se traza representa una orientación posible entre muchas, moldeada por la herencia pero no exhaustiva de sus efectos—una invitación a no confundir el cauce con el océano.
Orientación de “Río de Hierba”
Lo que sigue atiende a aquello que persiste cuando las vidas son moldeadas por la continuidad más que por la interrupción.
I. Herencia
No toda herencia llega como memoria. Algunas se transmiten sin relato, sin fecha, sin lenguaje. Entran por la atmósfera más que por la narración—por el ritmo, la contención, la postura y una preferencia por la continuidad antes que por la exhibición. En tales casos, la historia no se recuerda; se lleva consigo.
Esta forma de herencia no se anuncia como trauma. No deja una escena única que revisitar ni un episodio que pueda aislarse y explicarse. Aparece, en cambio, como una manera de estar en el mundo: medido, atento, resistente al exceso. El pasado ejerce su influencia no por instrucción, sino al moldear lo que se siente permitido, sostenible o necesario.
En estas condiciones, la contención no se experimenta como pérdida. Funciona como orientación. La acomodación no indica sumisión, sino competencia. La estabilidad no refleja la ausencia de deseo, sino la colocación silenciosa del deseo entre otras prioridades. Lo que se transmite no es miedo, sino cautela—una ética de la resistencia afinada con el tiempo.
Como ningún acontecimiento ocupa el primer plano, poco invita a la interpretación. La ausencia de angustia visible favorece la suposición de facilidad. La vida parece ordenada, generosa e íntegra. Sin embargo, la herencia permanece activa, estructurando la conducta sin requerir reconocimiento. Persiste no como memoria, sino como forma.
Esta herencia suele resistir el reconocimiento precisamente porque ha tenido éxito. El pasado no se ha repetido. La continuidad ha sido preservada. Lo que queda es una postura orientada a sostener esa continuidad—una vigilancia tan normalizada que pasa por temperamento más que por historia.
II. Contención
La contención, en este contexto, no opera como inhibición ni negación. Funciona como una orientación estabilizadora—una calibración interna moldeada con el tiempo. La acción se rige menos por la expresión que por la proporción y la durabilidad. Lo que gobierna la elección no es el juicio moral, sino la coherencia.
Esta contención suele coexistir con claridad y decisión. Los límites se mantienen sin conflicto; las decisiones se toman sin énfasis excesivo. Lo que se evita no es la agencia, sino el excedente. La expresión se modera no por temor a las consecuencias, sino por un sentido interno de suficiencia.
La acomodación aquí suele malinterpretarse. No surge del cumplimiento pasivo ni de la incertidumbre, sino de una evaluación del impacto. El espacio cedido a otros refleja confianza en la estructura y no una retirada de la posición. La presencia permanece intacta incluso cuando no se coloca en primer plano.
Esta orientación produce una estabilidad que puede parecer sin esfuerzo. La fricción se minimiza. Las exigencias son escasas. La ausencia de insistencia se confunde fácilmente con comodidad o satisfacción. Sin embargo, la contención que opera es activa, no pasiva, y moldea continuamente lo que se articula, se posterga o queda sin decir.
Con el tiempo, la contención se vuelve difícil de distinguir de la identidad. Deja de experimentarse como una elección entre alternativas y se endurece en postura. La cuestión de la expresión se desvanece, sustituida por un énfasis en la responsabilidad, la proporción y la no disrupción.
III. Generosidad
La generosidad moldeada por la contención heredada rara vez se anuncia. No busca reconocimiento ni reciprocidad, ni depende de la visibilidad para validarse. Aparece más bien como disponibilidad, como la remoción silenciosa de obstáculos, como la disposición a ceder espacio sin relato ni sacrificio.
En esta forma, el dar no es transaccional. No se lleva registro de balances ni se anticipa retorno alguno. Lo que se ofrece es firmeza más que favor. El apoyo se despliega sin apelación, a menudo sin ser notado, absorbido por la conducta cotidiana. La ausencia de exigencia es integral, no accidental.
Al no imponer peso alguno, esta generosidad deja poco rastro. Otros experimentan libertad sin percibir su origen. La autonomía se habilita sin atribución. Quien da permanece presente, pero sin marca.
Con el tiempo, el hábito de hacer espacio se vuelve más practicado que el hábito de ocuparlo. La atención se desplaza hacia afuera, refinando la capacidad de respuesta mientras se estrecha la articulación dirigida hacia uno mismo.Lo que persiste no es la pérdida, sino la redirección.
Esta configuración resiste lecturas convencionales de desequilibrio. No surge agravio alguno; ningún conflicto anuncia asimetría. La generosidad permanece intacta, incluso ejemplar. Lo que se desplaza sutilmente es el énfasis interno: una presencia ejercida mediante la concesión más que mediante la afirmación.
IV. Deseo
El deseo, dentro de esta orientación, no es negado ni reprimido. Es reubicado. Su legitimidad no se cuestiona, pero su urgencia se atenúa. Lo que se deja de lado no es el anhelo en sí, sino la expectativa de que el anhelo deba organizar la vida.
El deseo es reconocido, aunque rara vez central. La expresión se permite más fácilmente hacia afuera que cuando se reclama internamente. La atención gravita hacia aquello que preserva la estabilidad más que hacia lo que intensifica la experiencia. La satisfacción surge de la coherencia y no de la culminación.
Esto no produce vacío alguno. La vida permanece comprometida y disponible. Lo que disminuye es la insistencia. La continuidad pasa a importar más que el apetito; la durabilidad más que la inmediatez.
Como este arreglo no se presenta como renuncia, suele pasar inadvertido. Ningún lenguaje moral lo rodea. Nada se nombra como sacrificio. El deseo persiste a cierta distancia—observado, gestionado, postergado sin conflicto.
Con el tiempo, la identidad se modela menos por la búsqueda que por el mantenimiento. La expresión cede paso a la prudencia. El sentido se acumula no a través de la llegada, sino evitando la ruptura.
V. Virtud
Los patrones organizados en torno a la contención y la continuidad suelen confundirse con logro moral. La compostura se lee como sabiduría; la acomodación como madurez; el silencio como profundidad. Al no surgir perturbación alguna, la orientación escapa al examen. Lo que funciona sin fricción se presume completo.
Esta lectura errónea se refuerza por marcos sociales que recompensan la estabilidad más que la indagación. La ausencia de conflicto se toma como evidencia de equilibrio. La generosidad sin exigencia se elogia en lugar de interrogarse. Sus costos permanecen ocultos precisamente porque no imponen carga alguna a los demás.
La virtud, en este contexto, se vuelve indistinguible del hábito. La orientación adaptativa se solidifica en carácter, y el carácter en expectativa. La fiabilidad se afirma una y otra vez, profundizando su arraigo.
El resultado no es engaño, sino omisión. La firmeza es genuina. Lo que no se reconoce es hasta qué punto tal arreglo organiza la vida en torno a la preservación más que a la presencia. La pregunta por el desplazamiento no se rechaza; simplemente no se formula.
La confusión surge del éxito. Las relaciones perduran. Las estructuras se mantienen. No aparece daño evidente. Y así, la configuración más profunda—silenciosa, duradera, moldeada por la historia—continúa operando bajo el lenguaje de la virtud.
VI. Continuidad
En cierto umbral, la continuidad deja de ser un medio y se convierte en el fin rector. La vida se organiza no en torno a la realización, sino a la preservación. Lo que más importa es que nada esencial quede expuesto a la ruptura, bien sea por una exigencia excesiva o una afirmación no probada.
La realización no se rechaza, pero se subordina. La satisfacción proviene de la duración más que de la intensidad. El tiempo se orienta hacia la extensión, no hacia la culminación. Lo que se valora es la capacidad de seguir adelante sin quebrarse.
Esto resulta eficaz. El pasado no se repite. La estabilidad se sostiene. La pérdida se contiene en lugar de amplificarse. Los imperativos heredados se honran no mediante el recuerdo, sino a través de la conducta.
Sin embargo, cuando la continuidad ocupa esta posición, el rango de movimiento permitido se estrecha. El cambio debe justificarse de antemano. El deseo debe demostrar durabilidad antes de ponerse en acto. La expresión cede ante el mantenimiento.
El futuro se aborda como responsabilidad más que como terreno abierto. El sentido se acumula mediante la salvaguarda de lo esencial y no mediante la exploración de posibilidades. El éxito pasa a ser sinónimo de la preservación de la continuidad.
VII. Presencia
La presencia, en su forma final aquí, no se organiza en torno a la posición ni a la prioridad. Funciona de manera lateral y sostiene la estructura sin convertirse en su centro. La vida se mantiene unida mediante la atención más que mediante reclamaciones de autoridad o legitimidad. El curso de la vida compartida avanza sin la presión de llegar a una explicación que garantice su coherencia.
Este modo de presencia resiste la visibilidad. No busca reconocimiento ni afirma precedencia. Su eficacia reside en aquello que permanece intacto más que en lo que se logra. Otros se mueven con libertad, a menudo sin advertir el soporte que hace posible esa libertad.
Permanecer fuera del centro no constituye retirada. La participación continúa—medida, receptiva, íntegra. Lo que se evita no es la implicación, sino la dominación. La influencia se ejerce mediante la estabilidad más que mediante la dirección.
La imagen sugerida por el título toma forma aquí. Un río que avanza sin fuerza, modelando el terreno a través de la persistencia de su cauce. Movimiento sin espectáculo. Resistencia sin inscripción. El curso se mantiene fluyendo alrededor del obstáculo en lugar de enfrentarlo.
Lo que permanece es la continuidad misma—sostenida en silencio, rara vez notada y difícil de nombrar.
*
« Naples por la mañana »
Estaba sentado frente a mi esposo en un lugar de desayunos en Naples, Florida. En diagonal, detrás de él, se sentaba una pareja joven. La mujer era pequeña—casi infantil en proporción—junto a su esposo, que superaba ampliamente los seis pies de estatura.
Aún ninguno de nosotros había ordenado. Ella dispuso cuidadosamente los cubiertos y la servilleta, alineándolos con una precisión deliberada, casi ritual. El cabello le caía hacia delante, dividido a ambos lados del rostro como cortinas corridas. Al levantar el mentón, sus rasgos faciales—de apariencia asiática—quedaron brevemente a la vista. A pesar de su menudez, su postura sugería control más que fragilidad.
Cuando nuestras miradas se cruzaron, sostuvo la mía más tiempo del esperado, casi fijamente. Luego bajó la cabeza, ocultándose de nuevo tras el cabello. Instantes después la alzó una vez más e hizo la señal de la cruz—frente, pecho, hombro a hombro—antes de volver a orientarse por completo hacia su esposo. No se intercambiaron palabras.
Cuando llegó la comida, retomó la misma actitud cuidadosa. Cortó su omelette en pequeños cuadrados uniformes, dejó el cuchillo y se detuvo.Cada pieza fue llevada a su boca por separado, lentamente, con una repetición ininterrumpida, como si el gesto hubiera sido ensayado. La secuencia tenía un carácter performativo. Aunque permanecía orientada hacia su esposo, el torso se desplazaba intermitentemente, inclinándose levemente en mi dirección.
Cuando terminaron y se dirigieron a la cajera, ella se levantó primero y avanzó delante de él, con el mentón bajo y el cabello volviendo a cubrir su entorno. Él la siguió—alto, corpulento, desplazándose por el local con visible naturalidad. Su andar era amplio, desprotegido.
Ricardo Morin Escena Treinta y Siete: Geografías de supervivencia Óleo sobre lienzo y tabla 38 x 30 x 1,27 cm 2012
Ricardo F. Morín
Noviembre de 2025
Oakland Park, Florida
Nota del Autor
Este ensayo examina cómo responden los grupos humanos a la inestabilidad cuando las condiciones que antes los sostenían comienzan a fallar. Su enfoque no recae en crisis, acontecimientos o regiones específicas, sino en las presiones estructurales que obligan a las poblaciones a desplazarse o a defender su lugar. Abordo el tema sin interpretación moral y sin atribuir virtud o culpa a las decisiones que toman las comunidades bajo presión. El propósito es describir las gramáticas de comportamiento que emergen cuando la supervivencia se vuelve incierta y trazar cómo la identidad, las reclamaciones de legitimidad y los patrones de continuidad se reorganizan bajo esas tensiones. El ensayo no propone soluciones ni anticipa resultados; observa los patrones que surgen cuando la estabilidad se disuelve y la tierra deja de ofrecer garantías.
Resumen
« Geografías de la supervivencia » explora dos respuestas fundamentales frente a la inestabilidad: la migración y el atrincheramiento. Cuando la alteración climática, la escasez o el deterioro cívico superan la capacidad de una comunidad para sostenerse, las poblaciones buscan estabilidad ya sea moviéndose o defendiendo su posición. La migración reorganiza la identidad mediante la adaptación a nuevas condiciones; el atrincheramiento la intensifica para preservar la continuidad en un mismo lugar. Estas respuestas surgen de las mismas presiones y funcionan como estrategias paralelas de supervivencia, no como posiciones morales opuestas. El ensayo examina cómo las reclamaciones de legitimidad, los patrones de identificación y la búsqueda de continuidad se transforman bajo estas presiones, y cómo la fricción entre movimiento y resistencia refleja fuerzas estructurales más que incompatibilidades culturales. Su propósito es iluminar las condiciones bajo las cuales emergen estas gramáticas de supervivencia y las formas en que transforman el significado de tierra, estabilidad y vida colectiva.
Resumen
Geografías de la supervivencia explora dos respuestas fundamentales frente a la inestabilidad: la migración y el atrincheramiento. Cuando la alteración climática, la escasez o el deterioro cívico superan la capacidad de una comunidad para sostenerse, las poblaciones buscan estabilidad ya sea moviéndose o defendiendo su posición. La migración reorganiza la identidad mediante la adaptación a nuevas condiciones; el atrincheramiento la intensifica para preservar la continuidad en un mismo lugar. Estas respuestas surgen de las mismas presiones y funcionan como estrategias paralelas de supervivencia, no como posiciones morales opuestas. El ensayo examina cómo las reclamaciones de legitimidad, los patrones de identificación y la búsqueda de continuidad se transforman bajo estas presiones, y cómo la fricción entre movimiento y resistencia refleja fuerzas estructurales más que incompatibilidades culturales. Su propósito es iluminar las condiciones bajo las cuales emergen estas gramáticas de supervivencia y las formas en que transforman el significado de tierra, estabilidad y vida colectiva.
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La migración suele describirse como el traslado de personas de un lugar a otro, pero esa descripción oculta fuerzas más profundas. La migración no es solo geografía en movimiento; es también la expresión de una gramática de supervivencia que se hace visible cuando una comunidad enfrenta condiciones que ya no puede absorber. Los cambios climáticos, los colapsos económicos, el derrumbe institucional y la inseguridad persistente generan presiones que exceden la capacidad de las estructuras existentes. Bajo esas presiones, una población se enfrenta a una decisión tan elemental que antecede a la ideología: bien sea al moverse o atrincherarse.
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No son opciones paralelas. Son respuestas opuestas construidas con los mismos materiales: el miedo, la inestabilidad y la búsqueda de continuidad. La migración busca estabilidad desplazándose; el atrincheramiento busca estabilidad confrontando directamente a los agentes de la inestabilidad. Ninguna respuesta es superior. Ninguna es voluntaria. Ambas emergen de condiciones que comprimen el juicio, reducen las posibilidades y obligan a las comunidades a defenderse de fuerzas demasiado grandes para ser negociadas.
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La migración comienza cuando un grupo concluye que la geografía que lo sostenía ya no puede garantizar su supervivencia. La tierra falla, o las instituciones colapsan, o el futuro se estrecha. El movimiento se convierte en la única forma de protección aún disponible. Sin embargo, el movimiento no disuelve la identidad: la reorganiza. Una población migrante debe redefinir su cohesión interna en relación con entornos desconocidos. La identidad se vuelve adaptativa no por preferencia, sino por necesidad. Adaptación no es reinvención: es supervivencia.
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El atrincheramiento avanza en dirección contraria. Cuando un grupo elige permanecer en su lugar, debe defender aquello que el movimiento dejaría atrás: territorio, memoria, continuidad y la estabilidad que proviene del arraigo. El atrincheramiento intensifica la identificación en lugar de aflojarla. Los límites se endurecen. Los relatos se vuelven rígidos. El conflicto se convierte en estrategia más que en interrupción. Una comunidad que lucha por permanecer donde está debe creer que el desplazamiento la borraría. La confrontación se vuelve un método de preservación.
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La confrontación cultural surge con mayor fuerza cuando una población migrante se asienta en una tierra que otro grupo interpreta como una extensión de su propia continuidad. Para la comunidad migrante, la tierra representa seguridad, posibilidad o alivio frente a presiones que hicieron inevitable la partida. Para la comunidad atrincherada, esa misma tierra representa memoria, herencia y el límite que protege su coherencia histórica. Cada grupo ve al otro como agente de una posible desaparición: los migrantes perciben exclusión y hostilidad; los atrincherados perciben invasión y pérdida. El conflicto escala no porque uno u otro busquen dominación, sino porque cada uno interpreta la supervivencia mediante una gramática distinta: adaptación para unos, preservación para otros.
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Las políticas adoptadas en países como Dinamarca y el Reino Unido ilustran cómo responden las sociedades atrincheradas cuando la migración se percibe como una amenaza. Para muchos solicitantes de asilo, estas medidas disuasorias reducen la distancia entre las presiones que los obligaron a partir y las presiones que encuentran a su llegada —haciendo que la estabilidad sea difícil de distinguir de la exclusión. Los gobiernos suelen justificar las políticas de atrincheramiento alegando que los recursos necesarios para atender a los solicitantes de asilo son limitados y que ampliarlos pondría en riesgo los sistemas existentes de bienestar, vivienda y orden público.
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Las respuestas de movimiento y atrincheramiento parecen incompatibles, pero describen una misma realidad: las poblaciones bajo presión actúan según las estrategias de supervivencia disponibles, no según relatos idealizados de cultura o voluntad. Cuando migrantes y atrincherados entran en contacto, cada uno ve al otro a través del lente de sus propias presiones. Los migrantes ven protección; los atrincherados ven amenaza. Los migrantes cargan adaptación; los atrincherados cargan defensa. Cada postura malinterpreta a la otra porque cada una responde a formas distintas de vulnerabilidad.
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El cambio climático intensifica estas respuestas divergentes, no determinándolas, sino estrechando las condiciones dentro de las cuales las comunidades deben decidir. El clima no genera conflictos por sí solo; modifica los márgenes dentro de los cuales la estabilidad es posible. Regiones antes previsibles se vuelven irregulares; recursos antes continuos se vuelven intermitentes. A medida que estos márgenes se reducen, algunas poblaciones interpretan el desplazamiento como la única salvaguarda viable, mientras que otras interpretan permanecer como la única continuidad defendible. La misma presión expone vulnerabilidades distintas, y cada comunidad responde según su propia historia, su capacidad y sus umbrales de resistencia —no según el clima únicamente.
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La fricción entre estas gramáticas —movimiento y atrincheramiento— no debe confundirse con un choque de civilizaciones. Es una colisión entre dos interpretaciones de la amenaza. Un grupo entiende la supervivencia como reubicación; el otro, como resistencia. Ambas posturas surgen de la inestabilidad; ambas utilizan la identidad como herramienta moldeada por la circunstancia más que como herencia fija. La identidad se vuelve instrumento de continuidad, configurada por condiciones que dejan poco espacio para la reflexión o la negociación.
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El mundo suele interpretar estas colisiones a través de marcos morales, ideológicos o geopolíticos, pero tales marcos ocultan un movimiento más profundo: la inestabilidad reorganiza la identidad más rápido de lo que la identidad reorganiza el mundo. Cuando la geografía cambia, las poblaciones se adaptan. Cuando las poblaciones se adaptan, los significados cambian. La vida colectiva se vuelve conflictiva no porque las culturas sean inherentemente antagónicas, sino porque las presiones de supervivencia obligan a los grupos a adoptar patrones que no elegirían en condiciones estables.
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Si existe un carácter universal en el siglo presente, es este: las presiones que producen migración son las mismas que producen conflicto entre quienes se niegan a migrar. Comprender una sin la otra es comprender mal ambas. Movimiento y atrincheramiento no son opuestos, sino consecuencias—expresiones de la inestabilidad estructural que ahora configura cada región, cada cultura y cada reclamación de continuidad.
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La pregunta que sigue no es predictiva ni ideológica. Es simplemente el siguiente paso lógico de este análisis:¿Qué formas de estabilidad se vuelven posibles cuando la migración y el atrincheramiento se entienden no como posiciones morales opuestas, sino como respuestas paralelas ante un mundo que cambia?La respuesta aún no es visible, pero las condiciones que la harán posible ya lo son.
Ricardo Morín Triangulación 6: Stirrings —Remociones 22″ x 30″ Acuarela y tinta 2006
Ricardo Morín
Noviembre, 2025
Oakland Park, Florida
Nota del Autor
Remociones es una tetralogía de haikus que sigue el tránsito íntimo de la apertura al dolor, de la resistencia a la renovación. Cada poema entra en el cuerpo—aliento, articulaciones, pensamiento, dulzura—para mostrar cómo la vida persiste en breves instantes de aire, luz y vitalidad. La secuencia se presenta en inglés y español castellano.
Ricardo Morín Cuadriático silencioso: La mascarada del gobierno pequeño Cada panel: 56 x 76 cm Acuarela, grafito, yeso, acrílico sobre papel 2010
Ricardo F. Morín
Noviembre de 2025
Oakland Park, Florida
Nota del autor
La idea de reducir el tamaño del Estado en los Estados Unidos ha reaparecido en distintas administraciones, aunque el déficit persiste y las obligaciones centrales de la vida pública (la Seguridad Social, Medicare, el creciente costo sanitario y el desequilibrio fiscal de largo plazo) siguen sin resolverse en el plano estructural. Las iniciativas presentadas como programas de eficiencia suelen desviar la atención de estos compromisos persistentes. Este ensayo examina la distancia entre la ejecución de la reforma y las realidades que persisten bajo dicha ejecución, y pregunta qué queda oculto cuando una representación de reforma se presenta como transformación —en particular los intereses corporativos que se benefician cuando se reducen las funciones regulatorias y de supervisión del Estado.
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El reciente cierre del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) revela algo más que una insuficiencia administrativa. La iniciativa comenzó con la promesa extravagante de ahorrar varios billones de dólares y terminó con una afirmación imposible de verificar que equivalía a cerca del tres por ciento del presupuesto federal. La disparidad no es un error técnico, sino uno simbólico. Esta disparidad expone un patrón político en el que se anuncia una reforma de gran alcance, se escenifica su ejecución y el resultado es un gesto que guarda escasa relación con la proporción de la aspiración. Lo que al principio había parecido una reestructuración disciplinada del Estado se convirtió, en cambio, en un ejemplo de cómo la ambición puede separarse de la factibilidad.
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El lenguaje de la eficiencia ha ejercido durante mucho tiempo un atractivo casi irresistible. Ese lenguaje sugiere una visión de la administración liberada del exceso, guiada por la prudencia y alineada con la virtud fiscal. Sin embargo, la eficiencia funciona como una metáfora más que como un principio. Esta metáfora oculta supuestos sobre lo que debe hacer el Estado, lo que requieren los ciudadanos y lo que exige la complejidad contemporánea. Uno de esos supuestos sostiene que las obligaciones públicas pueden cumplirse con menos instrumentos; otro afirma que unas instituciones más reducidas sirven mejor al interés público. Ambos supuestos pasan por alto que las sociedades intrincadas necesitan una capacidad institucional robusta y que dicha capacidad implica necesariamente un costo.
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Cuando tales programas chocan con las realidades operativas de la administración, sus límites se vuelven evidentes. Las agencias federales existen porque las responsabilidades que asumen no pueden ser gestionadas únicamente por la iniciativa privada. Estas agencias coordinan infraestructuras, regulan los mercados, vigilan los riesgos sistémicos y median en los conflictos entre intereses grandes y a menudo contrapuestos. Los intentos de reducir de manera severa estas funciones rara vez producen los ahorros previstos, porque las necesidades subyacentes no desaparecen. Los reformadores se enfrentan a una verdad sencilla: las funciones indispensables no pueden eliminarse sin consecuencias.
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Lo que surge en su lugar es una apariencia sin contenido. La promesa de reducir el tamaño del Estado satisface una demanda cultural de contención visible, aunque el resultado satisfaga poco más. Esa promesa afirma un relato en el que la burocracia se imagina como el obstáculo para el bienestar nacional y la reducción institucional como el remedio. Sin embargo, la apariencia de reforma suele sustituir a una reforma sustantiva. Las actuaciones procedimentales se elevan a la categoría de resultados, y la declaración de cambio se acepta como prueba de que el cambio ha ocurrido.
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Tras esta representación se perfila una estrategia más profunda. Cuando el Estado se debilita, el alcance de la supervisión pública se reduce. Esa reducción no elimina la autoridad, sino que la reasigna. En ausencia de instituciones públicas sólidas, los centros de poder no gubernamentales (corporaciones, individuos de gran patrimonio y otras entidades de control privado que operan sin responsabilidad electoral) asumen una esfera de influencia más amplia y funcionan con menos obligaciones y casi ninguna transparencia. La retórica de achicar el Estado encubre, por tanto, un movimiento distinto: la expansión de la discrecionalidad fuera de los cauces de la rendición democrática de cuentas.
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Esta expansión se vuelve más visible en la consolidación de la riqueza. Cuando las capacidades regulatorias y de investigación se reducen, también disminuyen las restricciones sobre las grandes fortunas. El capital concentrado amplía su alcance a través de los sectores productivos, las infraestructuras, los datos y los sistemas de información. Los esfuerzos por limitar el alcance del Estado operan, por tanto, como un escudo bajo el cual el poder privado se acumula con una resistencia mínima. Lo que se presenta como la eliminación de restricciones burocráticas se convierte, en la práctica, en la eliminación de las restricciones que limitan el poder privado frente al escrutinio público.
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Tales condiciones alimentan la tentación autocrática. Cuando la riqueza opera más allá de los contrapesos institucionales, la frontera entre influencia y autoridad comienza a desdibujarse. Los actores privados adquieren la capacidad de modelar políticas, orientar el discurso público y redefinir normas sin un mandato democrático. La crítica al “gran Estado” se convierte en un medio para crear condiciones en las que los actores privados actúan como soberanos informales: poderosos, no elegidos e indispensables —cada vez más— para el funcionamiento ordinario de la vida cívica.
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No es casualidad que esta retórica aparezca a menudo en el lenguaje del populismo. Los llamamientos a las frustraciones públicas convierten los desequilibrios estructurales en agravios culturales. La burocracia se presenta como el adversario, incluso cuando el verdadero obstáculo para la dignidad cívica reside en la creciente distancia entre el poder concentrado y el interés público. Lo que se ofrece como una defensa del pueblo suele promover intereses muy alejados de aquellos que afirma representar.
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Estas dinámicas reflejan un patrón recurrente: el atractivo de la riqueza concentrada, el debilitamiento de las restricciones públicas y la afirmación de que el progreso puede invocarse sin ser compartido. El llamado a reducir el tamaño del Estado se inscribe en este patrón más amplio. Ese llamado funciona como una iteración contemporánea de una estrategia conocida, en la que la retórica reformista oculta la concentración de ventaja. El patrón persiste porque su lenguaje de superficie resulta persuasivo mientras sus mecanismos subyacentes permanecen ocultos.
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Si existe una vía efectiva, no reside en disminuir las instituciones, sino en fortalecer los mecanismos a través de los cuales estas rinden cuentas ante una sociedad diversa. La medida del Estado no es su tamaño, sino su integridad: su capacidad para responder a la complejidad sin ceder sus responsabilidades a la autoridad privada. Lo que se debilita cuando las instituciones se reducen no es la eficiencia, sino la democracia misma. Defender la esfera pública exige aclarar lo que se pierde cuando la reforma se limita a una apariencia únicamente formal, cuando la eficiencia se convierte en un lenguaje destinado a encubrir el poder en lugar de distribuirlo.
Observaciones sobre la percepción 