Ricardo F. Morín Autorretrato: la bolsa de valores Ciudad de Nueva York 36″ x 74″ Collage con lápiz de carbón 1987
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No entraba en los estudios de otros artistas si no era invitado. Si reconocía algo en la obra, lo decía.
En ese momento, la formación consistía en encontrar un medio de expresión que se ajustara a él. Era una manera de depurar lo que veía y sentía y de llevarlo a la obra. El tema era propio, pero se movía dentro de las tradiciones de la pintura y de otras formas de arte. Lo que importaba era encontrar su voz como pintor, en el uso del color y en la profundidad que este podía articular en los estratos de la imagen. En la superficie, los gestos quedaban inscritos.
Dentro de eso, se colocaba frente a la obra y miraba, buscando qué podía contener o dónde podía resolverse; si reconocía algo, se detenía en ello, no para explicarlo ni corregirlo, sino para fijarlo mentalmente o desplazarlo dentro de su estructura; se producía una pausa, y volvía a mirar, como si algo ya presente acabara de hacerse visible.
Otros artistas entraban en su espacio con diferencias legítimas; no alteraban lo que ocurría entre ellos.
Un momento permanece con él.
Una estudiante de posgrado trabajaba en una pieza, una estructura que se elevaba como una torre ahusada, brillante, cercana al rojo, quizá fucsia, con vidrio roto a lo largo de sus bordes. No estaba terminada. Era evidente que aún la estaba resolviendo.
Se colocó a su lado y dijo lo que le vino. Le recordaba a lo que había visto al crecer, vidrio colocado en la parte superior de los muros, no como decoración, sino para impedir el paso, para cortar a quien intentara entrar.
Ella se detuvo, miró la pieza y luego lo miró a él. No se dijo nada más.
Se fue.
Más tarde volvió a ver la pieza cuando abrió su exposición en una galería alternativa después de graduarse. Había una grabación, una voz que repetía que afuera hay un mundo violento, y la pieza y la voz quedaban juntas sin resolverse.
Su asesor en el departamento de arte se le acercó y le dijo que lo que él había dicho permaneció con ella y pasó a la obra.
No lo había pensado de ese modo. Lo dijo y siguió.
Es lo que permanece con él, no el reconocimiento, sino que algo que uno ve puede retomarse y continuar en otra parte.
Por ese tiempo su mentor le dijo algo en privado. Le dijo que no tomara al pie de la letra lo que otros profesores dijeran sobre su trabajo, ni siquiera lo que él mismo pudiera decir.
Lo escuchó, y no se apartó de él.
Durante ese mismo periodo viajó a Salzburgo, Austria, para un seminario de escenografía. No lo había previsto. Simplemente ocurrió.
El trabajo allí requería interpretación, y se encontró imponiendo su manera de ver para que la obra se mantuviera coherente; no era algo que se mirara sin más; generaba un ambiente al que otros entraban y respondían.
Lo que veía seguía siendo válido para el oficio, pero no respondía del modo esperado.
Continuó con ello.
Después ingresó en un programa selectivo de posgrado. Siguió con lo que ya estaba en marcha.
Allí, las cosas tomaban forma dentro de los límites de interpretación del director. Terminó el programa, pero la manera en que había venido trabajando ya no continuó.
Fuera del ámbito académico, lo recibían como forastero; no pasaba de la desconfianza. La obra permanecía dentro de ese marco. Podía ver hacia dónde se dirigía la atención; no lo incluía, hiciera lo que hiciera. En la Ciudad de Nueva York, la visibilidad se abría a los mismos nombres, no a él.
Mientras trabajaba en escenografía para mantenerse, continuaba produciendo su pintura; no se presentaban oportunidades para ninguna.
Trabajaba en lo que otros presentarían, y eso avanzaba sin él.
Las horas y las exigencias ocupaban el día y se extendían hasta la noche, y cuando terminaban, no quedaba nada para su trabajo; lo que antes avanzaba dejó de hacerlo, y ya no era recibido del mismo modo; había expectativas en juego, maneras de hacer las cosas, y podía verlas con suficiente claridad para saber dónde estaba.
De esa situación no salió nada, pero persistió.
Siguió trabajando.
Cuando escribe, percibe lo que acaba de pensar y lo observa una vez más sin volverlo una respuesta.
A veces, un pensamiento tiene más peso que los demás. Donde los hechos no admiten equivalencia y las distinciones se vuelven incómodas, tienden a borrarse; y donde se borran, el juicio se queda sin base.
Lo deja ahí.
Se pregunta si falta algo, no que falta, sino si falta; y casi de inmediato, lo que dice empieza a formarse como respuesta.
Se detiene.
Porque no es eso lo que está preguntando.
Preguntó si falta algo, no qué falta; y lo deja ahí.
Vuelve a ocurrir; lo que ve empieza a formarse como algo que podría pensar.
Eso también lo suspende.
En el acto de trabajar, lo que ve y piensa empieza a tomar forma como respuesta. A veces, lo que aparece no es suyo, pero se presenta como si lo fuera. Lo ve y no lo completa. Permanece y vuelve sin resolverse. Su atención no se aparta de él.
Permanece en la situación tal como se presenta.
Hay relaciones en su vida, algunas cercanas, otras no, y llegan como llegan. En esos momentos responde, no porque lo decida, sino porque la situación lo requiere. Responde y afronta lo que se deriva de eso.
No va más allá de ese acto.
Eso permanece ahí, no como algo a lo que volver, sino como algo que no se disuelve.
Se ve actuando y, al mismo tiempo, ve el movimiento que sigue a esa acción.
No resuelve ese movimiento.
Advierte la inclinación a fijar una conclusión y no la sigue.
Lo que aparece se presenta con peso de certeza por un momento y luego retrocede.
Ricardo F. Morín 17 de abril a mayo 14 de 2026 En tránsito
Una conversación, una preocupación, una pérdida o una alegría comienzan a diferenciarse cuando permanecen lo bastante presentes como para exigir atención, modificar nuestra conducta o afectar la relación con los demás. Nuestras vidas no adquieren forma ni por la intensidad ni por la escasez de lo que ocurre.
Hay días que pasan casi sin dejar huella. Las conversaciones se olvidan. Una preocupación cede lugar a otra antes de llegar a modificar lo que prosigue.
En otras ocasiones, todo exige atención al mismo tiempo. La atención pasa de un incidente a otro antes de que algo alcance a adquirir consecuencia. Lo inmediato suplanta lo que necesitaba permanecer presente. Las prioridades comienzan a confundirse entre sí, y nada conserva presencia para despertar interés.
Un día vacío desaparece sin resistencia; un día en el que todo reclama atención se disuelve de manera semejante. En ambos casos, una conversación, una preocupación o una pérdida dejan de modificar la manera en que una persona responde a lo que ocurre a su alrededor.
O nada alcanza a despertar interés, o aquello que lo despierta pierde fuerza entre demasiadas exigencias que reclaman atención a la vez. El aburrimiento puede aparecer incluso cuando nada parece faltar.
La proporción permite que una conversación, una pérdida, una preocupación o una alegría permanezcan el tiempo suficiente para adquirir consecuencia entre sí. Sin proporción, conversaciones, preocupaciones y responsabilidades comienzan a dispersarse antes de llegar a relacionarse entre sí. Con proporción, una conversación, una pérdida o una responsabilidad pueden conservar presencia suficiente para seguir afectando la manera en que una persona atiende o responde.
Cuando esa relación se debilita, el juicio se desordena con ella misma. Lo trivial adquiere urgencia, mientras una pérdida, una responsabilidad o una relación importante retroceden sin llamar la atención. La vida pública termina reflejando la misma condición: el ruido dificulta distinguir qué exige nuestra atención, y las personas comienzan a reaccionar más por acumulación que por comprensión.
Lo cercano puede llegar a imponerse hasta ocuparlo todo. Lo distante puede retirarse hasta perder presencia. Entre ambos extremos, conversaciones, preocupaciones y relaciones todavía logran permanecer separadas.
La proporción cambia con las exigencias de la vida, con la atención, con el cansancio, con la presión y con la capacidad de permanecer afectados por lo que ocurre. No permanece estática. Una persona puede llegar a desconocer aquello que antes le importaba, no porque haya decidido abandonarlo, sino porque la relación con una pérdida, una responsabilidad o una persona también cambia bajo ciertas condiciones.
El aburrimiento aparece cuando una conversación, una preocupación, una responsabilidad o una relación dejan de permanecer presentes el tiempo suficiente para seguir afectando la manera en que una persona atiende, recuerda o responde. Por eso, el aburrimiento no depende de cuánto sucede o de cuánto falta.
La insatisfacción y el escepticismo surgen cuando una conversación, una pérdida o una responsabilidad dejan de conservar relación suficiente con lo que ocurre alrededor. La insatisfacción y el escepticismo no son el origen de esta condición.
A veces, una persona continúa hablando, trabajando o respondiendo sin saber qué sigue conservando relación con su vida. Incluso bajo esas condiciones, el afecto de otra persona, una conversación recordada o la presencia de alguien pueden permanecer activos cuando muchas preocupaciones comienzan a perder consecuencia. A veces, son lo único que todavía conserva relación con la vida que prosigue.
La proporción existe en permitir que una conversación, una pérdida, una responsabilidad o una relación conserven presencia para seguir afectando la manera en que atendemos, recordamos o respondemos a lo que ocurre. Mantener la proporción no consiste en reducir la vida.
Ricardo F. Morín Serie del búfalo, n.º 5 32″ x 36″ Óleo sobre lienzo 1978
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Nota del autor
Las condiciones examinadas en este texto continúan aquellas exploradas en “La proporción del aburrimiento” y “La imposibilidad del reconocimiento”.
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Ricardo F. Morín Abril 17 a mayo 14 de 2026 En tránsito
1. Hay personas que aspiran a vivir como individuos de convicción porque la convicción parece inseparable de la dignidad, la seriedad o la sustancia moral. Permanecer fiel a ciertos principios a pesar de la incertidumbre, la presión o las consecuencias puede parecer necesario para conservar el respeto por uno mismo. Una persona de convicción puede parecer menos vulnerable a la confusión, al miedo o a las circunstancias que alguien que cambia con demasiada facilidad según los acontecimientos o las opiniones.
2. Bajo ciertas condiciones, la convicción permite resistir. Una persona puede continuar actuando a pesar del peligro, el cansancio o el sacrificio porque algo parece más importante que la comodidad, la aprobación o la propia preservación. Comunidades enteras también pueden permanecer unidas por convicciones capaces de sobrevivir a la pérdida, a la adversidad o a la inestabilidad.
3. Sin embargo, las convicciones rara vez permanecen privadas durante mucho tiempo. Influyen en la manera en que las personas juzgan la conducta, la lealtad, la responsabilidad y la confianza. Lo que para unos parece un principio firme, para otros puede parecer rigidez, intolerancia o peligro. La misma convicción capaz de sostener el valor también puede estrechar las condiciones bajo las cuales las personas continúan reconociéndose fuera de la sola pertenencia.
4. A veces, la incertidumbre se vuelve difícil de soportar. Una persona puede buscar convicciones no sólo porque parezcan verdaderas, sino porque ofrecen continuidad cuando las circunstancias dejan de parecer suficientemente estables para soportarse sin alguna certeza.
5. Una convicción deja de ser una simple opinión cuando una persona comienza a depender de ella para conservar el respeto por sí misma. La convicción entra en la conducta. Determina lo que puede admitirse sin humillación y aquello que debe resistirse para que la persona continúe siendo coherente ante sí misma. A partir de ese momento, el desacuerdo deja de aparecer únicamente como diferencia. También puede aparecer como exposición.
6. Bajo esas condiciones, una persona puede comenzar defendiendo no sólo ciertos principios, sino la imagen de sí misma organizada alrededor de ellos. La contradicción se vuelve difícil de tolerar porque la incertidumbre ya no amenaza solamente una idea. Amenaza la sensación de que la propia vida todavía se mantiene unida, la pertenencia, el juicio y la idea de que la propia conducta continúa justificada ante los demás y ante uno mismo.
7. Sin embargo, las convicciones no se sostienen únicamente a través del conflicto. También persisten mediante la familiaridad. Familias, amistades, comunidades religiosas, movimientos políticos y naciones pueden permanecer unidos por convicciones capaces de sobrevivir al sacrificio, a las privaciones o a los cambios históricos. Una persona puede heredar convicciones mucho antes de examinarlas plenamente, así como otra puede sentirse incapaz de abandonarlas a pesar de la duda o la decepción prolongadas.
8. Las convicciones no pueden comprenderse únicamente por medio de la lógica. Las personas pueden continuar defendiendo ideas que ya no corresponden por completo con las circunstancias porque la convicción no depende solamente de las pruebas. También puede depender de la memoria, la lealtad, el miedo, la gratitud, el sufrimiento o de la necesidad de preservar continuidad con aquellos a través de quienes la vida adquirió sentido por primera vez.
9. A veces, la convicción permite resistir condiciones que de otro modo reducirían la conducta a la conveniencia o al miedo. Una persona puede continuar defendiendo a otra frente a la hostilidad pública, mantenerse fiel a una responsabilidad a pesar del cansancio o negarse a participar en aquello que considera degradante incluso cuando conformarse sería más seguro. Bajo esas condiciones, la convicción puede preservar la dignidad precisamente porque resiste adaptarse únicamente a las circunstancias.
10. Sin embargo, la misma convicción capaz de sostener el valor también puede estrechar la percepción sin anunciar plenamente el cambio. Una persona puede comenzar juzgando la conducta a través de la pertenencia antes de atender a la singularidad de quienes tiene delante. Lo que confirma la convicción parece digno de confianza con mayor facilidad; aquello que la perturba comienza a exigir justificación incluso antes de ser considerado con imparcialidad.
11. Este cambio no siempre aparece mediante el fanatismo. También puede surgir a través de hábitos ordinarios de interpretación. Ciertas palabras comienzan a cargar significados fijos antes de que las conversaciones terminen de desarrollarse. Ciertas personas parecen previsibles antes de haber hablado lo suficiente como para ser reconocidas fuera de las suposiciones heredadas. La convicción deja entonces de ser únicamente una forma de juzgar lo que debe confiarse, defenderse o rechazarse. Comienza a organizar la percepción misma.
12. Bajo esas condiciones, la pluralidad se vuelve difícil de sostener. No porque la diferencia desaparezca, sino porque deja de percibirse como algo a través de lo cual el juicio todavía puede ampliarse. Comienza a percibirse, en cambio, como inestabilidad, confusión o debilidad moral.
13. Una persona todavía puede considerarse justa bajo esas condiciones. Puede continuar escuchando, hablando con calma o permitiendo el desacuerdo mientras los límites de lo aceptable ya se han estrechado interiormente. La convicción no siempre anuncia el momento en que el juicio comienza a organizarse alrededor de la pertenencia. El cambio puede avanzar con suficiente lentitud como para parecer compatible con la imagen que una persona conserva de sí misma como razonable, íntegra o humana.
14. A veces, las convicciones sobreviven menos porque permanezcan intactas que porque abandonarlas obligaría a reinterpretar demasiado de la propia vida. Amistades, sacrificios, lealtades, humillaciones y esperanzas pueden permanecer ligadas a convicciones que ayudaron a organizar el sentido de experiencias anteriores. Bajo esas condiciones, la duda deja de amenazar únicamente una conclusión. Amenaza la continuidad con la persona que atravesó esas experiencias.
15. Por esta razón, las personas pueden continuar defendiendo convicciones que ya no corresponden plenamente con lo que perciben en privado. La lealtad pública y la incertidumbre interior pueden coexistir durante largos períodos sin reconciliarse del todo. Una persona puede continuar repitiendo ciertas creencias porque abandonarlas parece más desorientador que conservarlas a pesar de la contradicción.
16. Sin embargo, la incertidumbre también posee peligros propios. Una persona incapaz de convicción puede volverse vulnerable a cada presión inmediata, a cada cambio de opinión o a cada promesa de aceptación. La conducta comienza a adaptarse con demasiada facilidad a las circunstancias porque nada permanece suficientemente estable para resistir la conveniencia, el miedo o la necesidad de pertenecer. Bajo esas condiciones, la propia apertura puede perder coherencia.
17. Los seres humanos permanecen expuestos a peligros opuestos que no llegan a resolverse mutuamente. La convicción puede preservar la dignidad mientras estrecha la pluralidad; la incertidumbre puede preservar la apertura mientras debilita la conducta. La dificultad no desaparece escogiendo enteramente una condición sobre la otra, porque ambas nacen de necesidades inseparables de la vida humana.
18. Esta tensión se vuelve visible durante períodos de inestabilidad. Bajo el miedo, la humillación, los cambios sociales rápidos o la incertidumbre prolongada, las personas suelen buscar convicciones capaces de restaurar continuidad con rapidez. Un movimiento, una nación, una fe, una ideología o un líder pueden entonces parecer no sólo persuasivos, sino necesarios para preservar coherencia frente a condiciones que ya no parecen soportables sin alguna certeza.
19. Bajo tales circunstancias, la pluralidad puede comenzar a percibirse menos como una condición de la vida cívica que como un obstáculo para la estabilidad misma. El desacuerdo comienza a asociarse con fragmentación; la vacilación con debilidad; la ambigüedad con peligro. Lo que antes parecía compatible con la convivencia puede comenzar a parecer incompatible con el orden, la pertenencia o la supervivencia.
20. Sin embargo, incluso bajo esas condiciones, las convicciones nunca llegan a completarse plenamente. Las contradicciones continúan apareciendo dentro de cada sistema de certeza porque la experiencia humana excede las estructuras mediante las cuales las personas intentan mantener unida la experiencia. Una persona puede defender convicciones públicamente mientras permanece interiormente enfrentada a experiencias que resisten reconciliarse por completo con ellas.
21. Las convicciones pueden preservar y alterar las relaciones humanas al mismo tiempo. Permiten sacrificar, resistir, permanecer fieles y actuar con decisión bajo incertidumbre. Sin embargo, también pueden separar a las personas antes de que hayan llegado a encontrarse fuera de lealtades, creencias o temores heredados. Las mismas convicciones capaces de sostener la responsabilidad también pueden impedir que las personas se perciban unas a otras fuera de los límites que la propia convicción ya ha establecido.
22. Las convicciones no desaparecen porque las personas no pueden vivir mucho tiempo sin creer que ciertas cosas deben defenderse, preservarse o permanecer fieles a pesar de la incertidumbre. Bajo esas condiciones, la convicción puede permitir el valor, el sacrificio o la resistencia allí donde de otro modo prevalecería solamente el miedo. Sin embargo, esas mismas convicciones también pueden separar a las personas antes de que hayan llegado a encontrarse plenamente fuera de lealtades, creencias o temores heredados.
Los sistemas políticos suelen juzgarse por los ideales que proclaman. Sin embargo, la perdurabilidad no depende únicamente de los principios. Depende de si los desacuerdos ordinarios pueden tramitarse, día tras día, mediante instituciones que mantengan la vida pública inteligible incluso cuando los ciudadanos no están de acuerdo.
Entre críticos de todo el espectro político, la democracia suele tratarse como una ideología. Bajo esta interpretación, el lenguaje democrático parece indistinguible de otras doctrinas que reclaman autoridad moral mediante apelaciones a la igualdad, a la soberanía popular o a la voluntad del pueblo. Sin embargo, el pensamiento político no ha entendido la democracia de una sola manera. En distintos momentos se la ha concebido como una doctrina que expresa ideales normativos, como un conjunto de procedimientos institucionales que regulan el ejercicio del poder, y como un marco político capaz de sostener la pluralidad dentro de un orden compartido. Cada una de estas interpretaciones capta una dimensión de la vida democrática. La dificultad surge cuando una de esas dimensiones se confunde con el todo. La democracia no perdura porque promueva una doctrina o perfeccione un mecanismo. Su dificultad reside en el esfuerzo constante por mantener estas dimensiones en equilibrio sin reducir la gobernanza democrática a una sola de ellas.
La interpretación de la democracia como ideología surge del lenguaje mediante el cual se han expresado históricamente los ideales democráticos. Las apelaciones a la igualdad, a la soberanía popular y a la autoridad del pueblo poseen una fuerza moral que recuerda las pretensiones de las doctrinas políticas. En el discurso público estos principios se invocan con frecuencia para justificar programas específicos o para conferir legitimidad a movimientos políticos. Un discurso de campaña puede recurrir al vocabulario de los derechos mientras exige uniformidad. Una consigna puede invocar al pueblo mientras trata la disidencia como traición. Cuando el lenguaje democrático se utiliza de esta manera puede parecer indistinguible de la persuasión ideológica. Los críticos concluyen entonces que la propia democracia funciona como una doctrina que compite con otros sistemas de creencias. Sin embargo, esta interpretación descansa en una confusión entre los ideales invocados en la retórica democrática y la estructura institucional mediante la cual opera realmente la gobernanza democrática.
Una segunda interpretación aborda la democracia no como doctrina sino como procedimiento institucional. En esta perspectiva, las características definitorias de la gobernanza democrática son los mecanismos mediante los cuales se organiza y se limita la autoridad: representación, elecciones periódicas, límites constitucionales y la posibilidad de alternancia política pacífica. La democracia se identifica menos por los ideales que proclama que por los procedimientos mediante los cuales se ejerce y se transfiere el poder. Las escenas más ordinarias ilustran este carácter procedimental: una papeleta impugnada se revisa, se ordena un recuento, se convoca una audiencia y se emite una resolución que resulta vinculante incluso para quienes la desaprueban. Estos arreglos establecen un marco dentro del cual el conflicto político puede desarrollarse sin disolver la continuidad del Estado. Al enfatizar el procedimiento más que la doctrina, esta interpretación aclara una dimensión esencial de la vida democrática. Sin embargo, las definiciones procedimentales por sí solas no explican plenamente por qué los sistemas democráticos siguen siendo difíciles de sostener.
Los mecanismos institucionales describen cómo funcionan los sistemas democráticos, pero no explican completamente las condiciones que permiten que esos mecanismos operen. Las elecciones y las constituciones pueden persistir incluso cuando la distribución de la autoridad se estrecha gradualmente. Las instituciones formales pueden permanecer visibles mientras su capacidad para regular el poder se debilita. El cambio suele ser incremental y práctico más que dramático: las reglas permanecen impresas, pero las excepciones se multiplican; existe supervisión, pero los plazos se dilatan; se abren investigaciones, pero sus conclusiones se retienen; el vocabulario de la rendición de cuentas persiste, pero el público aprende a esperar demoras. En tales circunstancias el procedimiento democrático sobrevive en apariencia mientras la práctica democrática se vuelve cada vez más restringida. La perdurabilidad de las instituciones democráticas depende por lo tanto de algo más que de la existencia de reglas. Depende de un entorno político capaz de sostener los desacuerdos que esas instituciones fueron diseñadas para gestionar.
Una tercera interpretación aborda la democracia desde una perspectiva diferente. En lugar de definirla únicamente mediante doctrina o procedimiento institucional, entiende la gobernanza democrática como un marco capaz de sostener la pluralidad. En las sociedades democráticas individuos y grupos mantienen convicciones divergentes sobre la justicia, la autoridad y la orientación de la vida pública. Estas diferencias no son desacuerdos temporales a la espera de resolución. Representan rasgos duraderos de la vida política. La pluralidad en este sentido no es simplemente la presencia de diversidad sino una condición en la cual los individuos se presentan unos ante otros como participantes distintos dentro de un mundo político compartido. La evidencia cotidiana es conocida: un concejo municipal donde los residentes discuten sobre zonificación e impuestos, una junta escolar donde los padres discrepan sobre el currículo, un tribunal donde las partes presentan argumentos incompatibles y aun así aceptan la misma sentencia como resolución final del caso. Las instituciones democráticas no eliminan el conflicto; regulan su expresión. Establecen condiciones bajo las cuales reclamaciones diversas pueden coexistir dentro de un orden político común. La dificultad de la democracia reside precisamente en esta tarea de mantener la continuidad institucional mientras se permite que el desacuerdo persista.
La pluralidad introduce una tensión persistente dentro de la gobernanza democrática. Un sistema político debe preservar la continuidad jurídica mientras acomoda interpretaciones contrapuestas de la vida pública. Las instituciones deben ser lo suficientemente estables para sostener la autoridad, pero también lo suficientemente flexibles para permitir el desacuerdo y el cambio político. El equilibrio necesario para mantener esta relación es inherentemente frágil. Los sistemas democráticos a menudo parecen inestables no porque estén fracasando, sino porque operan dentro de un campo de reclamaciones que no pueden reconciliarse por completo. Los signos de salud y de tensión pueden parecer similares desde cierta distancia: debates ruidosos, resultados disputados, mayorías cambiantes y escrutinio constante. La diferencia se vuelve visible cuando la contienda permanece dentro de procedimientos compartidos y cuando quienes pierden conservan un camino creíble para regresar a la vida pública. Esta tensión estructural también aclara por qué los sistemas políticos organizados en torno a una autoridad centralizada encuentran mayores dificultades para acomodar la pluralidad.
Los sistemas políticos organizados en torno a una autoridad centralizada abordan la pluralidad de manera distinta. Las formas autoritarias de gobierno dependen de una fuente final de decisión capaz de resolver conflictos mediante poder directivo. Aunque tales sistemas puedan tolerar una diversidad limitada de opiniones, su estabilidad depende de la presencia de una autoridad capaz de determinar los límites del desacuerdo aceptable. En términos prácticos esos límites se aplican no solo mediante decretos sino también mediante señales previsibles: qué temas pueden discutirse sin consecuencias, qué preguntas se consideran desleales, qué asociaciones pueden reunirse y qué reclamaciones públicas pueden circular. La persistencia de reclamaciones abiertas y competitivas representa por lo tanto un desafío estructural para el orden autoritario. Mientras que los sistemas democráticos intentan regular el desacuerdo mediante equilibrio institucional, los sistemas autoritarios buscan contenerlo o resolverlo mediante la concentración de la autoridad.
A pesar de esta diferencia estructural, los sistemas autoritarios adoptan con frecuencia el vocabulario de la democracia. Referencias al pueblo, a la representación y a la legitimidad popular aparecen incluso dentro de órdenes políticos que no sostienen una pluralidad genuina. El lenguaje democrático funciona en estos contextos como una fuente de legitimidad simbólica. El vocabulario sugiere participación y consentimiento, incluso cuando las condiciones institucionales necesarias para sostener esos principios permanecen ausentes. La ambigüedad en el lenguaje democrático puede convertirse también en una forma de acomodación. Ciudadanos de todo el espectro ideológico pueden adoptar definiciones expansivas de los ideales democráticos porque ese lenguaje permite que sus propias convicciones aparezcan como universalmente justificadas mientras las interpretaciones contrapuestas permanecen sin resolver. El patrón resulta reconocible: elecciones sin competencia creíble; legislaturas que se reúnen para ratificar decisiones ya tomadas; tribunales que existen pero rara vez contradicen al poder ejecutivo; periódicos que se publican mientras ciertos temas desaparecen de la esfera pública. El vocabulario democrático puede así coexistir con prácticas políticas que limitan o dirigen el alcance del desacuerdo público.
La coexistencia del lenguaje democrático con prácticas políticas restringidas produce una tensión recurrente entre forma institucional y función política. Los códigos legales pueden seguir afirmando la autoridad representativa y el orden constitucional mientras su aplicación se vuelve selectiva, diferida o pospuesta. Las instituciones permanecen formalmente intactas, pero su capacidad para regular el poder disminuye gradualmente. Los ciudadanos suelen experimentar este cambio como una transformación de expectativas: los procedimientos siguen existiendo, pero los resultados se vuelven previsibles; las reglas siguen vigentes, pero no para todos; las audiencias se celebran, pero las decisiones parecen resueltas de antemano. En tales circunstancias la arquitectura exterior de la democracia persiste mientras las condiciones necesarias para sostener la pluralidad se vuelven cada vez más limitadas.
La pluralidad, por lo tanto, hace algo más que describir la diversidad de las sociedades democráticas. Explica por qué la autoridad en el gobierno democrático no puede permanecer concentrada en un único centro y debe distribuirse entre instituciones capaces de mediar reclamaciones contrapuestas.
A diferencia de formas políticas anteriores organizadas en torno a una única fuente de autoridad, el gobierno democrático distribuye la legitimidad entre instituciones capaces de mediar reclamaciones contrapuestas.
La tendencia recurrente a tratar la democracia como una ideología surge de la prominencia de su lenguaje y de sus ideales. Sin embargo, la gobernanza democrática no puede reducirse ni a doctrina ni a procedimiento institucional. Su rasgo definitorio reside en sostener un orden político en el cual la pluralidad permanezca visible y activa dentro de un mundo compartido. Las instituciones democráticas perduran no porque eliminen el desacuerdo, sino porque preservan el espacio en el cual los individuos pueden seguir apareciendo unos ante otros como participantes de la vida pública. La democracia sigue siendo por lo tanto menos una doctrina que deba afirmarse que una disciplina política sostenida mediante instituciones capaces de regular la pluralidad sin extinguirla.
En una era en la cual la supervivencia humana depende cada vez más de la cooperación entre sociedades, culturas y tradiciones políticas, la capacidad de mediar reclamaciones contrapuestas deja de ser únicamente una cuestión institucional doméstica. Se convierte en una condición para la estabilidad de un mundo compartido. Los sistemas políticos que suprimen la pluralidad pueden imponer un orden temporal, pero permanecen estructuralmente limitados en su capacidad de adaptarse a la escala y diversidad de los desafíos globales contemporáneos. Los sistemas capaces de sostener la pluralidad poseen, por el contrario, una mayor capacidad para integrar la diferencia dentro de un marco duradero de cooperación. En este sentido, la disciplina institucional de la gobernanza democrática corresponde no solo a una preferencia política, sino también a un requisito práctico para sostener un mundo compartido.
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Ricardo F. Morín, March 5, 2026, Oakland Park, Florida
Ricardo F. Morín Restricciones Acuarela, tinta sumi y líquido corrector sobre papel 35,5 x 51 cm 2005
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Este análisis aborda el funcionamiento de la restricción institucional una vez que se produce la recalibración electoral; un diagnóstico previo, « Asimetría temporal » examina lo que puede permitir que la acción ejecutiva se adelante a la respuesta institucional antes de ese momento.
1. Las elecciones legislativas de medio término de los Estados Unidos, programadas para el 3 de noviembre de 2026, determinarán el control de los 435 escaños de la Cámara de Representantes y de 35 escaños del Senado. Estas elecciones funcionan como puntos de recalibración institucional destinados a verificar si la autoridad ejecutiva permanece sujeta a restricción legislativa, según lo descrito por Ballotpedia en su síntesis de las elecciones legislativas de 2026.
2. El análisis histórico indica que las elecciones de medio término reducen con frecuencia el respaldo legislativo del presidente en ejercicio, restableciendo la capacidad de supervisión mediante cambios en la conducción de los comités, la autoridad de citación y el control presupuestario, tal como se documenta en los análisis del Congressional Research Service sobre la rotación congresional en elecciones de medio término y la autoridad de supervisión—un patrón que también se observa en los resúmenes publicados por el Brookings Institution sobre tendencias históricas de elecciones de medio término.
3. Cuando la gobernanza ejecutiva se apoya en acciones unilaterales mediante órdenes ejecutivas, aplicación discrecional de la ley y nombramientos basados en lealtad, la supervisión legislativa actúa como contrapeso constitucional que condiciona la autoridad sin eliminarla.
4. El control legislativo permite investigaciones, exige la entrega de documentos y desacelera las iniciativas ejecutivas mediante revisión procedimental en lugar de impulso unilateral, reflejando el diseño constitucional más que la intención personal.
5. El juicio político funciona como un mecanismo de responsabilidad constitucional y no como un proceso penal. La Cámara de Representantes ejerce autoridad exclusiva para iniciar procedimientos de destitución ante el abuso de poder o el deterioro sostenido de la gobernanza constitucional, conforme a la interpretación del Congressional Research Service.
6. El riesgo principal asociado a las elecciones de noviembre de 2026 se relaciona con la normalización de la acción ejecutiva en ausencia de supervisión legislativa efectiva, y no con la suspensión electoral ni la abolición formal del orden constitucional.
7. La reducción de la supervisión produce aplicación selectiva de la ley, protección institucional de la incumbencia y sustitución de la responsabilidad procedimental por lealtad política, modificando la orientación de la gobernanza mientras las estructuras formales permanecen.
8. La ausencia prolongada de restricción transforma la estructura partidista, desplazando el énfasis desde la formulación de políticas hacia la protección de la incumbencia, la disciplina interna y el alineamiento defensivo.
9. La credibilidad internacional de la gobernanza constitucional depende del funcionamiento visible de los controles y equilibrios, en particular de la supervisión legislativa de la autoridad ejecutiva, como lo analiza State Court Report.
10. Los sistemas constitucionales rara vez fallan de forma abrupta. El debilitamiento institucional avanza mediante la tolerancia de la excepción y la reducción gradual de las expectativas. Las elecciones legislativas de medio término de noviembre de 2026 determinan si se reanuda la corrección institucional o si persiste el aislamiento ejecutivo.
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Ricardo F. Morín, 12 de enero de 2026, Oakland Park, Fl.
“Alegoría geométrica”, pintura digital 2023 de Ricardo Morín (artista visual estadounidense nacido en Venezuela–1954)
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Nota del autor:
Esta entrega cierra el Capítulo XII, “El cuarto signo”. Presenta los §§ 26–34 bajo el encabezado “La asimetría de las sanciones”, y examina la aplicación desigual y los efectos diferenciados de las medidas económicas y políticas externas dentro del marco más amplio establecido por las secciones precedentes sobre la autocracia y Venezuela.
Ricardo F. Morín
13 de Enero, 2026
Oakland Park, Fl
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Capítulo XII: Parte 3
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La asimetría de las sanciones
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Las sanciones se emplean con frecuencia como instrumento diplomático para debilitar regímenes autocráticos. Sin embargo, su uso revela una asimetría más profunda en la tensión entre responsabilidad democrática y persistencia autoritaria. Según datos del V-Dem Institute, cerca del 72 % de la población mundial vive actualmente bajo formas de gobierno autocráticas, la proporción más elevada desde 1978. Esta constatación obliga a reconsiderar las sanciones no como medidas excepcionales frente a regímenes aislados, sino como políticas aplicadas en un orden global donde la autocracia se ha convertido en la forma predominante de gobierno.
27
Por un lado, las sanciones buscan aislar a las autocracias en los planos económico y político. Por otro, regímenes como el de Nicolás Maduro han demostrado una notable capacidad de adaptación frente a tales medidas. Su perdurabilidad pone de relieve los límites de instrumentos concebidos para un mundo en el que se presuponía la primacía de la democracia.
27a
Los desarrollos posteriores, incluida la remoción de Nicolás Maduro del poder, alteran el objeto inmediato hacia el cual se dirigían las sanciones, pero no resuelven las condiciones estructurales aquí examinadas. Las redes de autoridad, los arreglos institucionales y las alianzas externas que sostuvieron su mandato no han sido disueltas por su salida. Lo que se observa en este caso no es la permanencia de una figura individual, sino la persistencia de una estructura de gobierno capaz de adaptarse más allá de ella.
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Maduro ha tejido alianzas adversariales con el fin de eludir la presión externa y sostener su permanencia en el poder. Al invocar nociones de soberanía y resistencia frente a la influencia occidental, ha transformado el aislamiento en un relato de desafío.
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Este relato sirve de base para asociaciones con otros Estados autocráticos, entre ellos Rusia, China, Cuba, Irán y Turquía. [43][44][45][46] [47]Impulsadas por intereses pragmáticos más que por una afinidad ideológica estricta, estas alianzas permiten a Venezuela atenuar los efectos previstos de las sanciones.
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El resultado es paradójico: mientras las sanciones aspiran a debilitar a las autocracias, contribuyen de manera involuntaria a su resiliencia. La dependencia de alianzas alternativas brinda a regímenes como el de Maduro acceso a recursos, apoyo militar y respaldo político, lo que a su vez los resguarda de disrupciones económicas severas y del escrutinio internacional. En un contexto donde la mayoría de la población mundial vive bajo regímenes autocráticos, la lógica del aislamiento pierde eficacia; se convierte en una lectura errónea del equilibrio global.
31
De este modo, las sanciones favorecen la persistencia de la autocracia. Regímenes como el de Maduro explotan su aislamiento para presentarse como defensores de la soberanía nacional y de la resistencia frente a la hegemonía global. Esta dinámica refuerza la noción de un orden mundial multipolar. [48]A medida que el poder global se desplaza desde una dominación unipolar, estos regímenes encuentran nuevas vías para sostenerse.
32
Al encuadrar su cooperación como resistencia a la primacía occidental, los regímenes autoritarios legitiman sus alianzas bajo el estandarte de la multipolaridad. Este reposicionamiento estratégico no solo elude las sanciones; reconfigura activamente el orden global. En la medida en que estos regímenes amplían su influencia, debilitan las normas democráticas al sustituirlas por un sistema en el que el poder se concentra sin rendición externa de cuentas.
33
Este desplazamiento no se limita a regímenes como el de Maduro. Refleja una tendencia más amplia en la que el autoritarismo avanza aprovechando fracturas ideológicas internas en las sociedades democráticas. En Europa y Asia, movimientos nacionalistas y de derecha reproducen cada vez más narrativas alineadas con el Kremlin para intensificar el escepticismo hacia las instituciones occidentales. El ascenso de estas fuerzas en países como Hungría, Italia e India no constituye únicamente un giro interno; señala una convergencia con un marco global en el que la soberanía se invoca no para fortalecer a los ciudadanos, sino para aislar a los dirigentes de toda exigencia de responsabilidad.
34
Contrariamente a la tesis de que el autoritarismo sería solo una reacción a la hegemonía estadounidense, su expansión revela un impulso propio que persiste al margen de la intervención de Estados Unidos. China y Rusia no buscan disputar el poder norteamericano en nombre de un orden más equitativo; aspiran a consolidar su autoridad sin restricciones externas. En este escenario, la división ideológica tradicional entre izquierda y derecha pierde centralidad frente a una confrontación más fundamental: la pugna entre la concentración del poder y la resiliencia democrática. [49]Ya sea bajo la forma del populismo o del nacionalismo, el objetivo permanece constante: debilitar los contrapesos institucionales y concentrar el poder sin una rendición de cuentas suficiente.
NOTAS FINALES
§ 29
[43] En 2019, la empresa estatal rusa Rosneft gestionó cerca del 70 % de las exportaciones de crudo venezolano, eludiendo sanciones estadounidenses. Rusia también suministró equipamiento militar y programas de adiestramiento destinados a reforzar el control de Maduro sobre las fuerzas armadas.
[44] La participación de China incluye empresas mixtas en la Faja del Orinoco, proyectos de infraestructura como el ferrocarril Tinaco–Anaco y programas habitacionales asociados a la Gran Misión Vivienda. Pese a dificultades operativas, estas iniciativas evidencian el interés estratégico chino en el sector energético venezolano.
[45] De acuerdo con el Brookings Institution, Cuba y Venezuela han mantenido vínculos políticos y estratégicos estrechos, especialmente durante las administraciones de Chávez y Maduro. Esta relación ha abarcado cooperación en materia de seguridad e inteligencia. Instituciones cubanas han aportado formación, asesoría y apoyo técnico a fuerzas militares y de seguridad venezolanas, incluida la Dirección de Inteligencia (DI, G2), los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y la Brigada Especial Nacional del Ministerio del Interior.
[46] Irán ha respaldado a Venezuela mediante cooperación energética y militar, aportando combustible refinado y asistencia técnica para la industria petrolera. Acuerdos de trueque e intercambios tecnológicos, incluidos sistemas no tripulados, reflejan la profundización de esta alianza.
[47] Turquía facilitó el comercio de oro venezolano, permitiendo al gobierno eludir sanciones. Este intercambio, que alcanzó aproximadamente 900 millones de dólares en 2018, ha sido cuestionado por su opacidad y por su vínculo con la minería ilegal en la región del Arco Minero.
§ 31
[48] Pérez-Liñán, Aníbal y Mainwaring, Scott, Democracies and Dictatorships in Latin America: Emergence, Survival, and Fall (Cambridge: Cambridge University Press, 2014), 183–187, 199–202.
§ 34
[49] Levitsky, Steven y Ziblatt, Daniel How Democracies Die (Nueva York: Crown, 2018), 212–215.
Ricardo Morín Still veintitrés: La Escalera Cripto Óleo sobre lienzo y tabla 30,5 x 38 x 1,3 cm 2012
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La criptomoneda afirma independencia de la autoridad financiera. En la práctica, los tokens se compran, se venden y se almacenan en plataformas de intercambio centralizadas que controlan la custodia, ejecutan operaciones y procesan retiros. Cuando los participantes dejan sus activos en estas plataformas, la entidad administradora conserva las claves privadas y gestiona el acceso a los fondos. El control se desplaza de los bancos regulados, que operan bajo requisitos de capital, reglas de liquidez y supervisión pública continua, hacia plataformas privadas constituidas en distintas jurisdicciones y sujetas a normas variables de divulgación, reservas y cumplimiento normativo. Las protecciones disponibles dependen de las reglas aplicables en la jurisdicción donde opera la plataforma.
Antes de que comience la negociación pública, el acceso a los tokens recién emitidos se limita a fundadores, inversores privados o participantes en rondas de distribución inicial. Las transacciones en esta etapa ocurren dentro de ese grupo restringido y los precios reflejan intercambios entre esos titulares de tokens.
Cuando se abre la negociación pública, nuevos compradores acceden a través de plataformas de intercambio. Compiten por adquirir la oferta existente en manos de los titulares iniciales. Como la oferta no se expande de inmediato, los compradores elevan sus ofertas de compra entre sí. A medida que aumentan las ofertas de compra, el precio de mercado se incrementa.
Cuando quienes adquirieron tokens antes venden al precio elevado generado por la competencia entre ofertas de compra, los compradores posteriores transfieren capital mediante esas adquisiciones, capital que se convierte en la ganancia de los primeros vendedores.
Los sistemas de tokens pueden distribuir la oferta de manera amplia en la emisión inicial mediante ofertas públicas o asignaciones comunitarias. Sin embargo, una vez que comienza la negociación, los participantes con mayor capital pueden acumular posiciones más amplias comprando a titulares con posiciones más reducidas. Con el tiempo, este proceso concentra la oferta en un grupo más reducido de titulares. El orden de entrada influye así en quién llega a controlar porciones significativas de la oferta.
Si la demanda continúa superando la oferta disponible, los compradores elevan el precio de sus ofertas de compra y los precios aumentan. Si la demanda disminuye y se reducen las ofertas de compra, cesa el aumento de los precios. Cuando titulares con posiciones significativas intentan vender en un mercado en descenso, presentan órdenes de venta de gran volumen en la plataforma. Esas órdenes deben coincidir con compradores dispuestos a adquirir al precio vigente. Si los compradores presentan ofertas a precios más bajos, los vendedores aceptan esas condiciones para completar la operación. Cada transacción realizada a un precio inferior establece un nuevo precio de referencia. A medida que el precio cotizado desciende, otros titulares de tokens deciden vender para limitar pérdidas adicionales. Esas ventas posteriores se ejecutan a precios inferiores a los de operaciones anteriores. Cada venta modifica el precio disponible para los demás participantes. Quienes salen antes lo hacen bajo condiciones distintas de quienes permanecen. La secuencia de las decisiones altera las condiciones disponibles para quienes actúan después.
Cuando las solicitudes de retiro superan el efectivo o los activos líquidos que mantiene la plataforma, esta restringe retiros o suspende operaciones para frenar la salida de fondos. Cuando los precios cambian de tendencia y numerosos clientes intentan retirar fondos de manera simultánea, las plataformas que carecen de activos líquidos suficientes no pueden satisfacer todas las solicitudes al mismo tiempo. Los participantes deben esperar, y el acceso efectivo a los fondos depende de la capacidad operativa interna de la plataforma y no únicamente del saldo registrado en cada cuenta.
Incluso cuando los tokens se distribuyen inicialmente entre múltiples carteras, la actividad de negociación puede generar acumulación desigual. Los participantes con mayores reservas de capital pueden comprar durante descensos de precio y conservar sus posiciones a través de la volatilidad. Los titulares con posiciones más reducidas pueden verse obligados a vender bajo presión financiera. A lo largo de ciclos sucesivos, la propiedad puede concentrarse pese a una distribución inicial dispersa.
En estas condiciones, el orden de entrada determina la distribución de resultados. Los primeros participantes asumen la incertidumbre de si la demanda se materializará. Los participantes posteriores asumen mayores costos de adquisición una vez que la demanda ya ha elevado los precios. Las ganancias y las pérdidas siguen la secuencia en que los participantes asumen riesgo y aportan capital.
Los bancos tradicionales y las bolsas reguladas operan bajo normas supervisadas por autoridades públicas. Los bancos deben mantener reservas de capital para absorber pérdidas y colchones de liquidez para atender retiros. Las empresas que cotizan en bolsa deben divulgar información financiera para que los inversores evalúen el riesgo. En muchas jurisdicciones, el seguro de depósitos protege a los depositantes minoristas hasta límites establecidos. Cuando las instituciones enfrentan tensiones sistémicas, los bancos centrales proporcionan liquidez para evitar la desestabilización del sistema finaciero.
Los mercados de criptomonedas no operan de manera uniforme bajo requisitos comparables. Algunas plataformas publican información financiera limitada. Las prácticas de reserva no están estandarizadas entre operadores. El seguro de depósitos no se aplica a la tenencia de tokens. Cuando una plataforma se vuelve insolvente o administra inadecuadamente los activos, los clientes se convierten en acreedores sin garantía y asumen las pérdidas de manera directa.
Quienes buscan evitar la dependencia de instituciones financieras tradicionales recurren a plataformas que combinan custodia, ejecución y servicios de apalancamiento. Cuando tales plataformas suspenden retiros o cesan operaciones, los usuarios disponen de recursos limitados. La ubicación de la autoridad cambia, pero la dependencia de intermediarios permanece.
El orden de entrada continúa influyendo en quién gana y quién pierde. En mercados regulados, los requisitos de capital, los mecanismos de compensación y el seguro de depósitos absorben parte de las pérdidas antes de que alcancen a los participantes individuales. En los mercados de criptomonedas, esos mecanismos de estabilización no se aplican de manera uniforme. Cuando los precios descienden, las pérdidas se trasladan directamente desde las operaciones a precios decrecientes a los saldos individuales, sin una capa intermedia que amortigüe el impacto.
La tecnología asociada a las criptomonedas continúa desarrollándose. Las aplicaciones más allá de la especulación se expanden cuando los protocolos se adoptan para procesamiento de pagos, liquidación u otras funciones no especulativas. Sin embargo, mientras los precios dependan de la entrada continua de compradores y mientras la propiedad se concentre a través de ciclos sucesivos, el orden de entrada determinará la distribución de ganancias y pérdidas. Cualquier reforma que busque una participación más amplia deberá abordar cómo se asignan los tokens en la emisión inicial, cómo las plataformas gestionan la custodia y la liquidez, y qué protecciones se aplican cuando dichas plataformas fallan.
En estas condiciones, la criptomoneda no constituye una sustitución de la banca ni de los mercados de valores en un sentido institucional estricto. Las funciones de custodia, ejecución y provisión de liquidez persisten, pero se ejercen bajo condiciones distintas y sin marcos homogéneos de protección.
La estructura aquí descrita no elimina la autoridad del sistema de intercambio. La reubica. Los bancos operan bajo requisitos de capital, reglas de liquidez y supervisión pública continua. Las plataformas de negociación no operan bajo restricciones comparables. La ubicación de la autoridad cambia, pero la autoridad permanece.
El lenguaje de la descentralización coexiste con la dependencia continua de plataformas centralizadas para la custodia, la liquidez y la ejecución de reglas. Los participantes depositan fondos, aceptan las condiciones contractuales de la plataforma y dependen de sus decisiones operativas incluso cuando describen el sistema como independiente de la autoridad institucional.
“Alegoría geométrica”, pintura digital 2023 de Ricardo Morín (artista visual estadounidense nacido en Venezuela–1954)
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Nota del autor
Esta entrega prolonga el Capítulo XII, “El cuarto signo”, tras la exposición inicial sobre la autocracia (§§ 1–9). Su atención se concentra en Venezuela, examinando §§ 10–25, donde el marco previamente establecido se somete a una verificación situada. El capítulo se cierra en una entrega independiente dedicada a “La asimetría de las sanciones” (§§ 26–34).
Ricardo F. Morín
26 de Diciembre de 2025
Oakland Park, Fl
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Capítulo XII: Parte 2
Venezuela
10
Para comprender las consecuencias prácticas de la autocracia y de la concentración del poder que la acompaña, me remito a la obra de Rafael Arráiz Lucca, Venezuela:1830 a nuestros días:Breve historia política [2016]. Allí se presenta una reconstrucción continua de la trayectoria venezolana desde la independencia hasta el presente.[1] El autor examina transformaciones políticas, económicas y sociales, atendiendo tanto a los conflictos iniciales como al ascenso de liderazgos militares. Su análisis incluye la irrupción de Hugo Chávez, la formulación de su proyecto ideológico y los efectos acumulativos de sus políticas. Asimismo, considera la persistencia de ese legado bajo el gobierno de Nicolás Maduro. En su lectura, ambas presidencias encarnaron formas de poder que tendieron a centralizar la autoridad y a restringir la disidencia.
11
La trayectoria política del país ha quedado marcada por una prolongada impronta militar. Desde la independencia en 1811, veinticinco oficiales ocuparon la presidencia, acumulando 172 años de ejercicio gubernamental y afianzando la gravitación castrense en la vida política.[2] La transición hacia la democracia representativa en 1961 introdujo un quiebre significativo, al abrir un período de treinta y ocho años de gobiernos civiles en el marco del Pacto de Punto Fijo (véase el Capítulo XI). Este ciclo, sin embargo, no estuvo exento de tensiones. Los acontecimientos del Caracazo en 1989 y el intento de golpe de 1992 evidenciaron la fragilidad del orden civil y la persistencia del recurso al liderazgo militar en contextos de crisis. [3][4]
12
El Caracazo y la represión que le siguió expusieron fracturas sociales profundas que socavaron la confianza en la gobernanza civil. Para amplios sectores, el desorden y la desilusión reactivaron la percepción de las fuerzas armadas como instancia de contención y orden, una imagen arraigada en la tradición del caudillismo. El ascenso de Chávez puede leerse como una consecuencia directa de ese trasfondo histórico: una figura militar que se ofreció como respuesta a los límites de la política civil. La violencia posterior a los disturbios, sumada a la incapacidad estructural para responder a las desigualdades que estos condensaban, preparó el terreno para el retorno de inclinaciones autocráticas, formuladas ahora en clave populista. Se inauguró así una etapa autoritaria configurada tanto por las tensiones del presente como por herencias no resueltas del pasado.
13
La presidencia de Hugo Chávez prolongó una tradición autoritaria ya visible durante el régimen del general Marcos Pérez Jiménez. [5] Como en aquella etapa, el ingreso petrolero constituyó el sostén principal de la acción gubernamental. [6]
14
La noción de “democracia participativa” promovida por Chávez se presentó como un mecanismo de incorporación de sectores históricamente excluidos. Los consejos comunales y las misiones sociales, concebidos bajo ese principio, operaron en la práctica como dispositivos de control político asociados a la ideología bolivariana. El acceso y la participación quedaron condicionados por la lealtad al liderazgo, lo que derivó en la exclusión sistemática de quienes disentían. Esta articulación de populismo y autoridad redefinió la disidencia como falta de compromiso nacional y debilitó la centralidad del derecho, subordinando los poderes legislativo y judicial al ejecutivo.
15
El respaldo explícito de Chávez a Nicolás Maduro en 2012 acentuó la deriva autoritaria. [7] Diversas organizaciones opositoras —Vente Venezuela, Primero de Justicia, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular— denunciaron la instrumentalización del Consejo Nacional Electoral. [8][9][10][11][12]
16
Tras la muerte de Chávez, Maduro enfrentó cuestionamientos similares en los procesos electorales de 2013 y 2018. Organismos regionales e internacionales coincidieron en sus objeciones, entre ellos la Organización de los Estados Americanos, el Grupo de Lima, el Grupo de Contacto Internacional y el Grupo de los Siete. [13][14][15] Human Rights Watch y Amnistía Internacional también pusieron en duda la legitimidad del proceso. [16][17] Una excepción fue el debate en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (comunicado SC/13719), que sostuvo la primacía de una resolución interna del conflicto. [18][19]
17
Tras la suspensión de Venezuela del Mercosur en 2016, las respuestas regionales variaron y se ajustaron con los cambios de gobierno. [20][21] Argentina y Brasil modificaron sus posiciones entre el respaldo a medidas de presión y la apelación a la mediación. [22][23] Colombia osciló entre la ruptura diplomática y el restablecimiento de vínculos bajo un enfoque de no intervención. [24] Chile mantuvo una postura sostenida a favor de sanciones y remitió el caso venezolano a la Corte Penal Internacional. [25][26] Perú expulsó al embajador venezolano tras la disolución de la Asamblea Nacional por el Tribunal Supremo de Justicia y regularizó la situación migratoria. [27] México pasó de la condena inicial a una política de mediación. [28][29][30]
18
En el período previo a las elecciones presidenciales de 2024, María Corina Machado fue inhabilitada tras imponerse en las primarias de su coalición.[31] El Tribunal Supremo de Justicia fundamentó su decisión en alegaciones de apoyo a sanciones extranjeras, presuntos actos de corrupción y responsabilidades vinculadas a Citgo, filial estadounidense de Petróleos de Venezuela, S.A. La negativa a permitirle acceso a los cargos formulados constituyó una vulneración manifiesta del debido proceso. Su exclusión dejó a Edmundo González Urrutia como candidato unitario de la oposición.[32]
19
Ambas campañas recurrieron a prácticas de intimidación. La coalición opositora desplegó observadores en miles de centros de votación, mientras el gobierno intensificó la censura informativa y las acciones represivas. Tras la proclamación de resultados, las protestas derivaron en muertes extrajudiciales, detenciones y restricciones severas a la prensa independiente. [33]
20
La oposición coordinó su labor con observadores internacionales —entre ellos la Organización de los Estados Americanos, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, el Centro Carter y la Misión de Estados Unidos ante las Naciones Unidas— para registrar irregularidades.[34][35][36][37] El gobierno retuvo datos electorales desagregados, alegando intrusiones informáticas, e impuso restricciones a los observadores.[38] El Centro Carter concluyó que el proceso no alcanzó estándares aceptables de transparencia, equidad e imparcialidad. [39]
21
Maduro acusó a Machado y a González de incitar desórdenes y anunció investigaciones por “usurpación de funciones” e “insurrección militar”. El 8 de agosto de 2024, González salió del país rumbo a España tras recibir salvoconducto.
22
Para situar el estado institucional venezolano, resulta pertinente atender a los diagnósticos ofrecidos por índices internacionales. El Índice de Democracia de The Economist Intelligence Unit, el Índice Global de Libertad de Freedom House y el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional permiten observar, desde métricas distintas, el deterioro sostenido del orden democrático.
23
El Índice de Democracia asigna valores más altos a sistemas considerados más abiertos. Freedom House y Transparencia Internacional emplean escalas inversas, en las que puntajes bajos reflejan restricciones severas y altos niveles de corrupción.
24
Según el Índice de Democracia, Venezuela figuró en 2008 como el país menos democrático de Sudamérica y, en 2022, ocupó el puesto 147 de 167. [40] En 2023, Freedom House registró niveles mínimos de libertad, mientras que el Índice de Percepción de la Corrupción asignó al país 13 puntos sobre 100, situándolo entre los casos más graves a escala global. [41]
25
Los informes de Transparencia Internacional correspondientes al período 2012–2023 confirman la persistencia de esa situación. [42] En 2023, Venezuela obtuvo 13 puntos sobre 100 y se ubicó en el puesto 177 de 180. En conjunto, estos indicadores delinean un panorama coherente de concentración del poder y de deterioro institucional prolongado.
NOTAS FINALES
§ 10
[1] Rafael Arráiz Lucca, Venezuela: 1830 a nuestros días: Breve historia política (Caracas: Editorial Alfa, 2016), 15–151, 212–237. Esta obra ofrece una reconstrucción sostenida de la trayectoria política venezolana desde la independencia. Su valor reside en mostrar cómo la recurrencia del poder militar, lejos de ser episódica, se integra de forma estructural en la formación del Estado.
§ 11
[2] José Gregorio Petit Primera, “Presidentes de Venezuela (1811–2012). Un análisis estadístico-descriptivo”. Revista Venezolana: Análisis de Coyuntura (Caracas: Universidad Central de Venezuela, XXII-1, 2016), 47–56. El estudio cuantifica la ocupación militar de la presidencia y permite medir su persistencia como patrón de gobierno.
[3]El Pacto de Punto Fijo fue un acuerdo político suscrito por Acción Democrática (AD), Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI) y Unión Republicana Democrática (URD). Su objetivo fue garantizar alternancia, estabilidad institucional y contención del autoritarismo tras la caída de Marcos Pérez Jiménez (1952–1958). Si bien permitió una transición democrática prolongada, también consolidó estructuras partidarias cerradas y exclusiones acumulativas.
[5] Fredy Rincón Noriega, El Nuevo Ideal Nacional y los planes económico-militares de Pérez Jiménez, 1952–1957 (Caracas: Ediciones Centauro, 1981).
Judith Ewell, The Indictment of a Dictator: The Extradition and Trial of Marcos Pérez Jiménez (College Station: Texas A&M University Press, 1981).
Ambos estudios documentan un modelo de centralización autoritaria sostenido por planificación estatal y control militar.
[6]Aunque con orientaciones divergentes, tanto Pérez Jiménez como Chávez estructuraron su acción gubernamental sobre la renta petrolera. En el primer caso, esta sostuvo proyectos de modernización infraestructural. En el segundo, permitió programas de redistribución que incrementaron la dependencia estructural del Estado respecto del ingreso energético.
[12]El Consejo Nacional Electoral, órgano encargado de la supervisión electoral, ha sido objeto de acusaciones persistentes de parcialidad. Diversos actores opositores sostienen que su composición fue progresivamente alineada con el poder ejecutivo, limitando la credibilidad del proceso electoral.
§ 16
[13]El Grupo de Lima, constituido en agosto de 2017, agrupó a Estados americanos con el propósito de coordinar respuestas diplomáticas frente a la crisis venezolana.
[14]El Grupo de Contacto Internacional, integrado por la Unión Europea, Costa Rica, Ecuador y Uruguay, abogó por elecciones verificables y expresó reservas sobre la imparcialidad del Consejo Nacional Electoral.
[15] El Grupo de los Siete (G7) condenó irregularidades electorales y reclamó supervisión independiente.
Esta entrega de « Desenmascarar la desilusión » presenta la primera parte del Capítulo XII, « La cuarta señal ». Abarca las §§ 1–9 bajo el título Autocracia, sentando las bases conceptuales e institucionales necesarias para las secciones siguientes. El capítulo continúa en entregas posteriores, que abordan « Venezuela » (§§ 10-25) y « La asimetría de las sanciones » (§§ 26-34).
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Ricardo F. Morín
25 de diciembre de 2025
Oakland Park, Fl.
Capítulo XII
La cuarta señal
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Autocracia
1
La justificación para un debate sobre la autocracia y la democracia surgió de ideas que emergieron en los siglos XVII y XVIII, las cuales proporcionaron una visión de los fundamentos de la gobernanza contemporánea. John Locke, en sus Dos tratados sobre el gobierno [1689], sostuvo que la autoridad política legítima se derivaba del consentimiento de los gobernados. El énfasis de Locke en los derechos naturales (vida, libertad y propiedad) y en su concepto de contrato social —según el cual la función principal del gobierno es proteger esos derechos— sentó las bases de la gobernanza democrática moderna. Al defender el Estado de derecho, Locke ofreció un claro contraste con la autocracia. Jean-Jacques Rousseau, en Du contrat social [1762], contribuyó a la teoría democrática con su concepto de voluntad general, en el que sostuvo que la soberanía residía en el pueblo y que los gobiernos debían rendir cuentas ante esa voluntad general. Rousseau analizó la autocracia como una forma de tiranía que vulneraba los principios de la soberanía popular. Así anticipó el paso del gobierno monárquico a la democracia participativa.
2
Montesquieu, en De l’esprit des lois [1748], afirmó que los gobiernos democráticos se basaban en la soberanía popular, mientras que los gobiernos autocráticos se fundaban en el miedo y la obediencia. Introdujo la idea de la separación de poderes, que se convirtió en una arquitectura fundamental de la democracia. Su énfasis en el sistema de pesos y contrapesos contrastaba con los regímenes autocráticos, en los que el poder se concentraba en un solo gobernante o institución. Su obra influyó en diseños constitucionales posteriores, en particular en los Estados Unidos de América y en Francia.
3
El siglo XIX estuvo marcado por revoluciones políticas, el auge del nacionalismo y la expansión de las monarquías constitucionales. Aunque se produjeron desarrollos importantes, como la ampliación del sufragio y la evolución del gobierno representativo, el andamiaje filosófico ya se había establecido en gran medida en el siglo anterior. El siglo XIX se centró más en la aplicación de estos principios que en su desarrollo teórico. Pensadores como Alexis de Tocqueville y Karl Marx aportaron análisis críticos, pero su atención a la práctica (la democracia en América o la lucha de clases en general) se construyó sobre teorías previas más que en una nueva comprensión de la gobernanza.
4
Se ha dicho que, en algunos casos, los déspotas benévolos sirven al bien común, aunque John Stuart Mill, en On Liberty [1859] (capítulo 1, “Introductory”, 4–5), aclaró que ello solo podía considerarse cierto, y de manera limitada, en el contexto de las libertades civiles cuando esa supuesta benevolencia favorecía la democracia participativa:
“By Liberty was meant protection against the tyranny of political rulers. . . . Their power was regarded as necessary but also as highly dangerous. . . . The aim, therefore, of patriots, was to set limits to the power which the ruler should be suffered to exercise over the community; and this limitation was what they meant by liberty.”
Mill sostuvo que, desde la Antigüedad, la libertad cívica se ha defendido para impedir la tiranía de la mayoría o el abuso de poder. Por ello consideró que la autocracia era intrínsecamente defectuosa, al concentrar poder sin responsabilidad.
5
En el siglo XX, Polyarchy [1971], de Robert A. Dahl, introdujo el concepto de poliarquía para describir sistemas de gobierno que, aunque imperfectos, ofrecían mayores niveles de participación ciudadana. Para Dahl, la democracia no consistía únicamente en la existencia de elecciones; también exigía pluralismo que permitiera a la ciudadanía participar. Este rasgo distingue a la democracia del autoritarismo. Su análisis examina el funcionamiento de las democracias e introduce elementos mensurables que diferencian la gobernanza democrática de la autocracia.
6
En el siglo XXI, Juan J. Linz y Larry Diamond han continuado esta línea de pensamiento al explorar las condiciones en las que las democracias fracasan y surgen las autocracias. La obra de Linz, Totalitarian and Authoritarian Regimes [2000], se ha centrado en el colapso de los regímenes democráticos y en el concepto de autoritarismo. Ha explicado que la tensión entre democracia y autoritarismo es fundamental para entender la fragilidad de las democracias y cómo pueden degradarse hasta devenir un régimen autocrático bajo un solo líder. De forma paralela, Larry Diamond, en The Spirit of Democracy: The Struggle to Build Free Societies Throughout the World [2008] y In Search of Democracy [2015], se ha ocupado del retroceso democrático, esto es, del deterioro gradual de democracias que han dado paso a formas de autoritarismo. Tanto Linz como Diamond han subrayado la importancia de las instituciones, de la sociedad civil y del Estado de derecho para la preservación de la democracia.
Los principios constitucionales expuestos en la discusión anterior establecen un marco en el cual la autoridad se distribuye, se limita y se hace responsable. Sin embargo, el funcionamiento de ese marco introduce una cuestión distinta: cómo los sistemas diseñados para limitar el poder se adaptan cuando se enfrentan a condiciones que requieren decisiones inmediatas. La transición del gobierno monárquico al representativo no eliminó la necesidad de decidir. Reubicó esa necesidad dentro de una estructura destinada a contenerla. La tensión entre norma y decisión persiste, por tanto, no como un defecto, sino como una condición inherente al gobierno mismo.
Esta tensión se hace visible en momentos de crisis, cuando el ritmo de los acontecimientos supera la capacidad de los procedimientos. En Venezuela, los estados de excepción y emergencia económica han sido invocados repetidamente en respuesta a la inestabilidad política y económica, otorgando al poder ejecutivo una autoridad ampliada para actuar sin mediación legislativa ordinaria. Estas medidas se han justificado mediante referencias a amenazas externas, desorden interno y la preservación de la estabilidad nacional. En tales circunstancias, la decisión no se sitúa fuera del orden constitucional; opera dentro de él, aunque bajo condiciones alteradas. La excepción comienza como una respuesta a la necesidad.
Lo que comienza como una respuesta a la necesidad puede, mediante su repetición, adquirir un carácter distinto. Las medidas introducidas bajo condiciones de urgencia no siempre desaparecen cuando esas condiciones se estabilizan. En Venezuela, el uso reiterado de leyes habilitantes y decretos de emergencia ha permitido que la gobernanza se ejerza mediante decisiones ejecutivas en ausencia de acuerdos legislativos sostenidos. Con el tiempo, la excepción ha pasado de ser una respuesta temporal a convertirse en un instrumento disponible. El lenguaje de la necesidad se extiende más allá de su ámbito original, y la excepción se convierte en un método de gobierno.
Este desplazamiento no requiere la suspensión formal de la ley. Las instituciones permanecen y los procedimientos continúan. Sin embargo, su función comienza a cambiar. Los órganos administrativos y judiciales participan en esta reorientación, ya que las interpretaciones de la autoridad constitucional permiten la continuidad de medidas excepcionales más allá de su alcance inicial. La ley persiste, pero su aplicación se vuelve cada vez más dependiente de la dirección ejecutiva. Lo que surge no es la desaparición de la legalidad, sino su reconfiguración, en la cual la distinción entre autoridad formal e implementación práctica pierde estabilidad.
La extensión de la excepción como método de gobierno introduce un límite que surge de su propio uso. La distinción entre lo ordinario y lo excepcional es lo que da sentido a la excepción. Cuando el lenguaje de la necesidad se invoca repetidamente en distintos ámbitos, esa distinción comienza a perder claridad. Las medidas que antes se justificaban como respuestas temporales aparecen con mayor frecuencia, y su repetición altera el marco en el cual se comprenden. Lo que se introdujo para enfrentar interrupciones se convierte en práctica habitual. La discrecionalidad se expande, pero sus criterios se vuelven menos discernibles. La excepción se debilita por su extensión, a medida que la condición que debía identificar se vuelve indistinguible de la gobernanza ordinaria.
Este límite interno tiene implicaciones que van más allá del diseño institucional. Cuando la excepción deja de ser temporal, las restricciones que antes regulaban su uso comienzan a debilitarse. Las decisiones justificadas en el lenguaje de la necesidad dejan de remitirse a un marco estable capaz de evaluarlas. En tales condiciones, prácticas introducidas bajo alegatos de urgencia —como la restricción de la sociedad civil, la expansión de medidas de seguridad o la concentración de autoridad administrativa— pueden persistir sin criterios claros de limitación. Lo que sigue no es una transformación inmediata, sino una reorientación gradual en la cual la concentración de la decisión se vuelve más fácil de justificar y más difícil de resistir.
7
Otro pensador, Timothy Snyder, ha enfatizado el papel de la confianza y la transparencia en el funcionamiento de la democracia. En The Road to Unfreedom [2018] y On Tyranny [2017], Snyder ha argumentado que la erosión de la confianza institucional —tanto en el poder judicial como en los medios de comunicación— es una táctica recurrente del autoritarismo. Explica cómo los líderes autocráticos manipulan las instituciones sociales al convertirlas en instrumentos de propaganda con una mera fachada de gobierno.
8
La relación entre un gobernante autocrático y el pueblo puede describirse como transaccional: el autócrata proporciona seguridad y estabilidad a cambio de la lealtad de los ciudadanos y de sus libertades. Los ciudadanos se convierten en instrumentos para el mantenimiento del poder. El líder cultiva una imagen que fomenta la devoción y refuerza la dependencia, a menudo mediante el lenguaje de protección y necesidad nacional. Lo que comienza como una forma de tranquilidad en momentos de incertidumbre reduce gradualmente la rendición de cuentas, en la medida en que la concentración de la decisión se acepta como condición para el orden.
9
Una democracia sigue siendo viable solo cuando el Estado es capaz de limitarse a sí mismo y de no aprovechar su propio poder y privilegio. Esto nos conduce al tema en cuestión, que es el desafío que enfrentan países como Venezuela, donde los líderes políticos han debilitado la autoridad de la ley al eximirse de sus propias restricciones. El marco diseñado para contener el poder no se abandona formalmente. Se reinterpreta gradualmente, hasta que la distinción entre norma y excepción deja de operar como límite y pasa a funcionar como justificación.
Ricardo F. Morín Infinito 32 33 x 39 cm Óleo sobre lino 2009
Ricardo F. Morín
16 de febrero de 2026
Oakland Park, Fl
La creencia religiosa y la vida democrática suelen encontrarse dentro de sociedades diversas en las que las tradiciones, los rituales y las identidades visibles difieren, aun cuando las personas comparten preocupaciones éticas más profundas. Las personas recurren a la religión en busca de sentido y conciencia, mientras que la vida democrática les pide convivir con otros cuyas prácticas y expresiones pueden variar. La tensión se hace visible cuando las distinciones superficiales influyen más en la percepción que aquello que se comparte en términos éticos, y cuando alguien comienza a reclamar autoridad sobre el espacio común de los demás.
La pluralidad constituye una condición constante de la vida democrática. Las personas hablan, escuchan y responden en reuniones públicas, espacios cívicos, intercambios digitales y encuentros cotidianos donde se cruzan límites y libertad de expresión. Las formas de expresión que invitan a responder, permiten el desacuerdo o abren espacio para reconsiderar posiciones pueden sostener la convivencia, mientras que aquellas formuladas como acusación, exclusión o certeza moral definitiva tienden a estrecharla. La vida política cambia según ventajas momentáneas y circunstancias inmediatas, mientras que la conciencia religiosa suele orientar a las personas hacia criterios que no se modifican con cada nuevo conflicto. Los individuos se desplazan entre estas dos exigencias y rara vez resuelven plenamente la tensión que las une. El juicio religioso y el juicio político pueden alinearse y permanecer abiertos al desacuerdo, aun cuando las personas recurran a marcos morales que dan forma a su conducta y a sus tradiciones.
La expresión religiosa aparece con frecuencia en la vida pública mediante apelaciones a la equidad, la responsabilidad y la dignidad de las personas. Tales expresiones influyen en la manera en que se formulan las reivindicaciones sin exigir coincidencia doctrinal ni lingüística. Cuando el lenguaje religioso participa en la conversación pública como parte de un vocabulario ético compartido, puede ampliar el reconocimiento sin exigir uniformidad de creencias. Las personas pueden no coincidir en sus convicciones, pero suelen reconocer similitudes en el uso de un lenguaje moral común. En ocasiones, las comunidades religiosas reconocen similitudes éticas que atraviesan distintas tradiciones y permiten que la pluralidad siga siendo practicable dentro de ese reconocimiento. Cuando las presiones partidistas reformulan la diferencia como amenaza, elementos como credo, raza o cultura se convierten en líneas divisorias, y la percepción de cualquier terreno compartido se desvanece.
La dificultad surge cuando la identidad religiosa se vuelve inseparable de la identidad partidista y cuando el lenguaje público adopta la forma de acusación en lugar de examen mutuo de las ideas. En tales circunstancias, la libertad de expresión se interpreta con mayor frecuencia como rechazo personal más que como diferencia cívica. Los participantes comienzan a tratar la expresión como una ofensa individual en vez de comprenderla como parte del intercambio ordinario de la vida pública.
Otra condición aparece cuando los ciudadanos continúan reconociéndose como participantes legítimos pese a diferencias que permanecen sin resolver. La convicción religiosa configura la conciencia, mientras que la vida democrática mantiene un espacio donde pueden coexistir reivindicaciones en competencia sin recurrir a la coerción. Las personas se mueven entre estas esferas, a veces con comodidad y otras con tensión, ajustando límites, ampliando o restringiendo la participación y renegociando la convivencia con el paso del tiempo.
Las personas continúan transitando entre la convicción religiosa y la participación democrática sin resolver definitivamente la tensión que existe entre ambas. Algunas trazan límites más firmes, otras amplían el espacio para la coexistencia y muchas alternan entre ambas posiciones con el tiempo. La tensión permanece visible no como un problema que deba resolverse, sino como parte de la forma en que las personas se comprenden a sí mismas, reclaman autoridad y viven con responsabilidad junto a otros dentro de un mundo cívico compartido.
El pragmatismo suele presentarse como realismo. Aparece como sobriedad, madurez y rechazo de la ilusión. Habla en el lenguaje de lo viable más que en el de lo deseable. Al hacerlo, el pragmatismo se distancia de la ideología, al tiempo que reproduce resultados ideológicos.
Con el tiempo, el pragmatismo deja de describir un método y comienza a funcionar como una postura. Se convierte en una forma de señalar seriedad. Los principios se reformulan como lujos y la convicción se recodifica como rigidez. Los límites éticos no se rechazan de forma explícita. Se tratan como impracticables.
Tras la resiliencia, el pragmatismo completa el giro de la resistencia hacia la aceptación. Donde la resiliencia pide adaptación, el pragmatismo pide acuerdo en que la adaptación es razonable. La aceptación se elogia como inteligencia y no como rendición. Objetar pasa a ser una señal de incomprensión del funcionamiento del mundo.
A medida que el pragmatismo se impone, las alternativas comienzan a estrecharse. Las opciones se reducen a lo que puede implementarse de inmediato. Lo posible cede su lugar a lo manejable. Lo que no puede ejecutarse dentro de las restricciones existentes se descarta como inviable.
El pragmatismo no niega los límites. Los aplaza. A nivel de justificación, se convierte en una forma de decir ahora no. La demora sustituye al rechazo. La postergación reemplaza al juicio. Ambas desplazan los límites de la decisión hacia el tiempo.
Las consecuencias de esta postura se distribuyen de manera desigual. Quienes están protegidos de los efectos suelen definir qué cuenta como pragmático. Quienes quedan expuestos deben vivir con la decisión. El pragmatismo desciende, mientras la consecuencia no asciende.
El pragmatismo gobierna por el tono más que por el argumento. Prefiere la calma a la urgencia y la compostura a la insistencia. La pasión se considera descalificante, mientras la contención se toma como prueba de razón. Así, el pragmatismo clausura el debate sin hacerlo de forma explícita.
Lo que el pragmatismo es, entonces, es un método para elegir entre opciones restringidas. Es una respuesta a la limitación. Es una herramienta.
Lo que el pragmatismo no es es una ética. No es una justificación para abandonar los límites. No es prueba de que lo disponible sea suficiente.
El resentimiento, la fuerza y la arquitectura del poder.
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“Geometric Allegory”, pintura digital 2023 por Ricardo Morín (artista visual estadounidense nacido en Venezuela–1954)
Ricardo F. Morin
25 de Diciembre de 2025
Oakland Park, Fl
Nota del autor
Los capítulos que siguen parten de la medida establecida anteriormente. No retoman la virtud como ideal ni la ética como aspiración, sino como conjunto de restricciones cuya ausencia produce consecuencias identificables. El análisis no se organiza en torno a intenciones ni a programas declarados, sino a procesos de acumulación mediante los cuales esas restricciones fueron desplazadas.
El resentimiento político, una vez movilizado como fuente de legitimidad, dejó de ser una condición social a ser abordada y pasó a operar como instrumento de gobierno. La autoridad militar, históricamente presente en la formación institucional de Venezuela, dejó de funcionar como elemento de contención y asumió un papel constitutivo en la identidad política del Estado. Las estructuras partidarias, lejos de mediar entre sociedad y poder, se rigidizaron en asimetrías que neutralizaron la oposición y transformaron el pluralismo en fragmentación.
Estos procesos no se produjeron de forma aislada ni pueden atribuirse a un único actor o momento. Emergieron a partir de una convergencia de afecto político, coerción y diseño institucional. La desilusión que aquí se examina no es de orden emocional. Es estructural: el resultado de ideales que se mantienen como símbolos una vez que sus límites operativos han sido eliminados.
La « Parte II » sigue estos mecanismos en secuencia. Lo que se observa no es una ruptura con la geometría ética delineada anteriormente, sino su deformación progresiva. La virtud persiste en el lenguaje mientras la restricción desaparece en la práctica. El discurso político conserva pretensiones universales incluso cuando el poder se concentra y la rendición de cuentas se disuelve. El resultado no es solo un régimen autoritario, sino una forma de organización política en la que la desilusión se vuelve sistémica: producida, sostenida y normalizada.
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Capítulo IX
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La primera señal
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Sobre el resentimiento político y social
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1
Tras la fractura de la democracia venezolana, el resentimiento político y social adquirió centralidad como forma de articulación pública. Originado en la desigualdad persistente, en agravios históricos y en promesas incumplidas, ese resentimiento pasó a operar como recurso político. Su movilización permitió a Hugo Chávez reorganizar el descontento social en torno a la Revolución Bolivariana, no como respuesta a la crisis, sino como base de legitimación del movimiento.
2
El discurso de Chávez se apoyó de manera sistemática en referencias a la explotación colonial y a la corrupción política del siglo XX, construyendo una narrativa en la que las élites eran presentadas como responsables del deterioro social. La desigualdad persistente entre ámbitos rurales y urbanos, entre sectores vinculados a la renta petrolera y comunidades empobrecidas, fue integrada como elemento central de esa formulación. A través de esta operación retórica, Chávez se posicionó como mediador exclusivo del agravio y como portavoz de una promesa de justicia económica. [1]
3
Detrás del lenguaje de inclusión y equidad se implementaron políticas cuya eficacia dependía de condiciones transitorias. Los programas sociales conocidos como Misiones produjeron efectos inmediatos, pero carecieron de sostenibilidad estructural. Financiadas por una renta petrolera volátil, estas iniciativas abordaron consecuencias visibles sin alterar los mecanismos subyacentes y reforzaron la dependencia del Estado respecto a los ingresos petroleros y al control centralizado. [2]
4
Aun cuando gozaron de aceptación inicial, estas políticas introdujeron nuevas formas de desigualdad. El acceso a los beneficios estatales comenzó a condicionarse por la lealtad política, lo que incentivó la fragmentación y erosionó la confianza entre los mismos sectores a los que se dirigían. La corrupción administrativa y la ineficiencia operativa limitaron su alcance, acumularon promesas incumplidas y profundizaron la polarización social.
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5
El culto a la personalidad
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El carisma personal de Chávez facilitó la conversión del resentimiento en capital político. La identificación progresiva entre el líder y la nación diluyó las distinciones entre disenso y deslealtad, de modo que la crítica comenzó a presentarse como una forma de traición. Este proceso consolidó un culto a la personalidad que redujo los costos políticos de la centralización del poder.
6
Tal como se examinó en el Capítulo VI, Crónicas de Hugo Chávez, la autoconstrucción de Chávez como representante del pueblo coexistió con prácticas que redujeron el espacio del pluralismo y normalizaron la conformidad. Esta combinación reforzó su control político al tiempo que erosionó las capacidades institucionales de la democracia. La reiteración de agravios históricos operó como marco legitimador que desplazó la atención de estos efectos acumulativos.
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7
El resentimiento
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La Revolución Bolivariana se sostuvo mediante la activación de divisiones culturales preexistentes, en particular aquellas vinculadas a clase, raza y región. La retórica política, organizada en un esquema de antagonismo binario, amplificó el resentimiento y reforzó la lealtad de la base gobernante al presentar el conflicto social como una oposición irreconciliable. Este encuadre dificultó la cooperación entre sectores distintos y fragmentó las condiciones necesarias para una supervisión política amplia y sostenida por parte de la oposición.
8
Este encuadre antagonista se proyectó también sobre el sector privado. Las expropiaciones, los controles de precios y la deslegitimación pública de la actividad empresarial redujeron la capacidad operativa de la empresa privada y reforzaron la dependencia respecto del Estado. Estas medidas contribuyeron al deterioro económico, reorientaron la atribución de responsabilidades hacia actores definidos como adversarios y mantuvieron activos los ciclos de resentimiento. [3]
*
9
Su atracción
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La movilización del resentimiento no operó únicamente como reacción frente a la desigualdad, sino como un mecanismo que se alimentó de ella. Al canalizar agravios históricos y contemporáneos, se estructuró un movimiento que ofrecía una narrativa de reparación mientras consolidaba dinámicas de división. Las referencias a la unidad y al progreso funcionaron como dispositivos legitimadores y produjeron efectos duraderos de desconfianza, expectativas no satisfechas y debilitamiento institucional. [4]
10
Cuando el resentimiento pasa a operar como principio de gobierno, tiende a socavar las estructuras destinadas a sostener la vida institucional. Aunque el discurso político ofreció expectativas de reparación, el funcionamiento del sistema amplificó las mismas desigualdades que declaraba corregir.
Notas finales – Capítulo IX
[1] Luis Vicente León, Chávez: La Revolución No Será Televisada (Caracas: Editorial Planeta, 2008), 112–127.
[2] Luis Vicente León, Misiones Sociales: ¿Un gobierno de dependencia? (Caracas: Editorial Alfa, 2011), 45–59.
[3] MIchael F. A., Sargeant, The Venezuelan Military Under Chávez: Political Influence and Militarization (Nueva York: Columbia University Press, 2013), 150–165.
[4] Gustavo Coronel, Venezuela: The Collapse of a Democracy (Miami: Editorial Santillana, 2015), 203–220.
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Capítulo X
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La segunda señal
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Emblema del Ejército Bolivariano.
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El pilar sólido del poder: la fuerza militar
1
La dinámica descrita anteriormente muestra que las fuerzas armadas operaron no solo como institución, sino como eje de articulación política. Desde la independencia en 1811, la autoridad militar ha desempeñado un papel persistente en la configuración del Estado venezolano, como reflejan las constituciones de los siglos XIX y XX. Esta continuidad no responde únicamente a coyunturas políticas, sino a una concepción arraigada del poder militar como principio de orden. A lo largo de casi dos siglos, la vida política se organizó de manera recurrente en torno a figuras caudillistas cuya legitimidad dependía del respaldo castrense. En este marco, las fuerzas armadas dejaron de funcionar como elemento contingente y pasaron a constituir una estructura estable de gobierno. La reconfiguración del poder militar emprendida por Chávez se inscribe en esta tradición y debe ser entendida como una adaptación de ese patrón histórico a una nueva forma de control estatal.
2
Tras la independencia, la vida política venezolana se desarrolló bajo condiciones de inestabilidad persistente, en las que el liderazgo militar asumió funciones de orden en un Estado fragmentado. Las primeras décadas estuvieron atravesadas por disputas entre facciones, desde la rivalidad entre Simón Bolívar y José Antonio Páez hasta conflictos posteriores encabezados por jefes militares, incluidos los enfrentamientos de los federalistas azules en la década de 1860 y el ascenso de Cipriano Castro a finales del siglo XIX y comienzos del XX. En ese contexto, la jerarquía castrense y su capacidad de acción concentrada consolidaron su posición como fuerza decisiva. La orientación política del país se definió de manera recurrente fuera de los espacios parlamentarios, mientras que el gobierno civil, marcado por la discontinuidad, mostró una capacidad limitada para articular un orden político duradero.
3
Este legado se manifiesta en figuras contemporáneas como el general en jefe Vladimir Padrino López y el general en jefe Diosdado Cabello, cuya trayectoria refleja la integración sostenida de lo militar en la estructura política del Estado. Padrino López, en su función como ministro de la Defensa, encarna la continuidad de la autoridad castrense dentro del aparato gubernamental. Su relación con Nicolás Maduro, fundada en lealtad institucional y afinidad con el proyecto bolivariano, ha contribuido a su posición como actor central en la estabilidad del gobierno. Diosdado Cabello, cuya carrera transita entre ámbitos militares y civiles, articula su influencia a partir de ese doble registro. En conjunto, ambas figuras ilustran la persistencia de una lógica política en la que disciplina organizativa y capacidad coercitiva permanecen estrechamente vinculadas.
4
Vladimir Padrino López es descrito con frecuencia como una figura disciplinada y pragmática, capaz de combinar la formación militar con habilidades de gestión política en un entorno institucional inestable. En su discurso público, ha insistido en el papel de las fuerzas armadas como garantes del orden y de la continuidad del Estado. Más allá de esa presentación, su posición ha adquirido relevancia en la articulación interna del poder bajo el gobierno de Nicolás Maduro. Su estilo, caracterizado por una diplomacia medida, contrasta con enfoques más confrontacionales y le ha permitido operar como interlocutor tanto dentro del aparato estatal como en escenarios externos. De este modo, su influencia se ejerce no solo a través de funciones formales, sino también mediante su capacidad para mediar y adaptarse a tensiones internas del sistema político.
5
El papel atribuido a Padrino López en las prácticas represivas del Estado lo ha situado como una figura controvertida en el análisis político. Diversas investigaciones y señalamientos lo han vinculado con redes de corrupción militar y con economías ilícitas, incluidas actividades relacionadas con el narcotráfico y la minería ilegal. Estas imputaciones no permiten establecer responsabilidades judiciales en este contexto, pero sí introducen un grado de opacidad en torno a su posición institucional. En ese marco, su figura aparece asociada tanto a la noción de estabilidad como a una influencia cuyo alcance efectivo permanece indeterminado. Algunos observadores han planteado que, en escenarios de crisis, podría desempeñar un papel de intermediación dentro del propio sistema de poder.
6
El análisis de las estructuras contemporáneas de poder requiere situarlas dentro de una secuencia histórica más amplia. Aunque Hugo Chávez suele ser presentado como el principal artífice del orden autocrático vigente, su trayectoria se inscribe en tradiciones previas de militarización y movilización populista. Su ascenso no constituyó una anomalía, sino la convergencia de procesos políticos y sociales acumulados a lo largo de casi dos siglos. Reducir la explicación a su figura individual oscurece las condiciones estructurales que hicieron posible ese desenlace. En este sentido, el recorrido de Venezuela hacia formas concentradas de poder solo puede entenderse a partir de su evolución institucional y constitucional.
Capítulo XI
La tercera señal
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La asimetría de los partidos políticos
1
Desde finales del siglo XX, el sistema político venezolano entró en una fase de transformación sostenida, condicionada por una inestabilidad socioeconómica persistente que afectó de manera desigual a distintos sectores sociales. El orden democrático establecido en 1958 se estructuró inicialmente en torno a un bipartidismo funcional entre Acción Democrática (AD) y el Partido Social Cristiano (COPEI), formalizado a través del Pacto de Puntofijo como mecanismo de estabilización institucional y alternancia en el poder. [1][2][3] Con el paso del tiempo, ese esquema tendió a concentrar la representación política y a restringir la incorporación de corrientes alternativas, en particular aquellas situadas fuera del consenso dominante. Esta dinámica redujo la capacidad del sistema para absorber demandas sociales emergentes y contribuyó a una disminución progresiva de su legitimidad.[4]
2
Durante las décadas de 1980 y 1990, una combinación de desequilibrios económicos, aumento de la desigualdad y deterioro de la credibilidad institucional debilitó de manera sostenida el sistema bipartidista. La expansión de la deuda externa, junto con la caída de los ingresos petroleros, intensificó tensiones sociales preexistentes. [5][6] En 1989, los acontecimientos conocidos como el Caracazo expusieron de forma abrupta la distancia acumulada entre las estructuras de gobierno y amplios sectores de la población. [7] Las medidas de ajuste asociadas a ese episodio pusieron de manifiesto límites estructurales del modelo político y económico vigente, así como fracturas persistentes en el entramado social.[8]
3
En este contexto de desgaste institucional y fractura social, el Movimiento V República (MVR), encabezado por Hugo Chávez, se consolidó como fuerza política dominante tras su victoria electoral en 1999. Su discurso combinó apelaciones redistributivas con la promesa de reorganizar el Estado a partir de los ingresos petroleros. En 2007, el MVR fue absorbido en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), un proceso que redujo la pluralidad interna y produjo una estructura partidaria más centralizada, diseñada para disciplinar la toma de decisiones y asegurar la ejecución de políticas.[9][10][11]
4
La muerte de Hugo Chávez en 2013 alteró los equilibrios internos del Partido Socialista Unido de Venezuela y abrió un proceso de disputa por la sucesión. El ascenso de Nicolás Maduro se produjo en un contexto de faccionalismo persistente, marcado por tensiones entre los sectores civiles y militares del aparato estatal. Su consolidación en el poder se apoyó en un uso instrumental del marco legal: reinterpretaciones constitucionales, subordinación del poder judicial y administración estratégica de los procesos electorales para preservar una apariencia de continuidad institucional. Paralelamente, prácticas extralegales —incluidas la represión selectiva, la restricción del espacio mediático y la cooptación de órganos del Estado— pasaron a desempeñar un papel central en la reproducción del control político.[12][13][14]
5
Pese a la aparición de nuevas organizaciones opositoras, el Partido Socialista Unido de Venezuela mantuvo su posición dominante dentro del sistema político. La fragmentación interna de la oposición se consolidó como un factor estructural, alimentado por desacuerdos estratégicos y por divergencias persistentes respecto a las formas de relación con el poder establecido. De manera simultánea, el aparato estatal desplegó mecanismos judiciales y electorales orientados a dividir, neutralizar o reconfigurar a los actores opositores, lo que redujo de forma sostenida su capacidad de articulación y de competencia efectiva.
6
La incapacidad de los partidos opositores para articular un frente coordinado se mantuvo como una vulnerabilidad persistente dentro del sistema político. Esta condición fue incorporada de manera recurrente en la práctica gubernamental, lo que limitó la posibilidad de que la oposición se presentara como alternativa operativa. Episodios clave, como el referéndum revocatorio de 2004 —en el que Hugo Chávez retuvo el mandato— y la Sentencia 156 del Tribunal Supremo de Justicia en 2017, que suspendió las funciones de la Asamblea Nacional controlada por la oposición, profundizaron esta asimetría institucional.[15][16][17]
7
A medida que la fragmentación del espacio político se intensificó, surgieron nuevas formaciones opositoras y se ensayaron estrategias alternativas. En un momento dado, el sistema llegó a registrar hasta cuarenta y nueve partidos (véase Apéndice: Ítem B). Sin embargo, esta expansión organizativa no se tradujo en capacidad de coordinación ni en competencia efectiva frente al partido gobernante. La multiplicación de estructuras partidarias operó, en la práctica, como un factor adicional de dispersión. Las divergencias estratégicas internas —entre enfoques orientados al diálogo y otros de carácter confrontacional— fueron absorbidas por el funcionamiento del sistema político mediante mecanismos de cooptación, fragmentación inducida y administración selectiva de reglas judiciales y electorales, lo que contribuyó a neutralizar desafíos sostenidos a la posición dominante.
Notas finales – Capítulo XI
[1] John D. Martz, Acción Democrática. Evolution of a Modern Political Party in Venezuela (Princeton: Princeton University Press, 1966). Ofrece una historia detallada del partido Acción Democrática (AD) en una tesis doctoral sobre Venezuela. https://doi.org/10.1215/00182168-46.4.468
[2] Steve Ellner, “Venezuelan Revisionist Political History, 1908–1958: New Motives and Criteria for Analyzing the Past”, Latin American Research Review (The Latin American Studies Association), vol. 30, núm. 2 (1995): 91–121. El artículo ofrece un contexto crítico para la historia del partido socialcristiano COPEI. https://www.jstor.org/stable/2503835
[3] Samuel Paltiel Handlin, “The Politics of Polarization: Legitimacy Crises, Left Political Mobilization, and Party System Divergence in South America” (Tesis doctoral, Ciencia Política: University of California, Berkeley, otoño de 2011), 8, 39–48, 54, 59, 73, 79, 81–86, 91–93, 95, 116, 168, 172.
[4] David J. Myers, “The Struggle to Legitimate Political Regimes in Venezuela: From Pérez Jiménez to Maduro”, Latin American Research Review (Cambridge University Press, 23 de octubre de 2017). DOI: https://doi.org/10.25222/larr.240
[6] Javier Corrales, Fixing Democracy: The Venezuela Crisis and Global Lessons (Cambridge: Cambridge University Press, 2021), 99–133.
[7] Margarita López Maya, “The Venezuelan Caracazo of 1989: Popular Protest and Institutional Weakness”, Journal of Latin American Studies (2003), 35, 117–137. DOI: 10.1017/S0022216X02006673
[10] Marta Harnecker, Understanding the Venezuelan Revolution: Hugo Chávez Talks to Marta Harnecker (Nueva York: Monthly Review Press, 2005), 45–47.
[11] Barry Cannon, Hugo Chávez and the Bolivarian Revolution: Populism and Democracy in a Globalised Age (Manchester: Manchester University Press, 2009), 101–103.
[12] Gregory Wilpert, Changing Venezuela by Taking Power: The History and Policies of the Chávez Government (Londres: Verso Books, 2007), 102–104.
[13] Javier Corrales y Michael Penfold, Dragon in the Tropics: Hugo Chávez and the Political Economy of Revolution in Venezuela (Washington: Brookings Institution Press, 2011), 19–24, 30–34.
[15] Gustavo Delfino y Guillermo Salas, “Analysis of the 2004 Venezuela Referendum: The Official Results Versus the Petition Signatures”, Project Euclid, noviembre de 2011. DOI: 10.1214/08-STS263
[17] Margarita López Maya, “Venezuela’s Hugo Chávez: Savior or Danger?”, Latin American Perspectives, vol. 29, núm. 6 (2002): 88–103. Ofrece un contexto crítico para el referéndum revocatorio de 2004. https://www.jstor.org/stable/2692130
“Geometric Allegory”, pintura digital 2023 por Ricardo Morín (artista visual estadounidense nacido en Venezuela–1954)
Ricardo F. Morin
25 de Diciembre de 2025
Oakland Park, Fl
Nota del autor
Este conjunto de capítulos marca un desplazamiento dentro de la serie Desenmascarar la desilusión. El análisis se mueve desde la orientación simbólica hacia un criterio de evaluación: no para proponer un modelo de gobierno ni para formular una ética normativa, sino para establecer una medida mediante la cual la práctica política pueda ser examinada.
Los capítulos iniciales no presentan la alegoría como instrucción metafísica ni como refugio interpretativo. La tratan como un instrumento de reconocimiento: una forma de identificar cuándo el lenguaje político conserva su función orientadora y cuándo comienza a operar desligado de responsabilidad. Sin algún marco de justicia, contención y discernimiento entendido como límite relacional, la desilusión deja de ser legible como resultado estructural y se confunde con agravio retrospectivo o reacción moral.
Lo que aquí se propone no es una aspiración, sino una condición de medida. La virtud se considera operativa solo en la medida en que actúa como restricción sobre el ejercicio del poder. Cuando persiste únicamente como vocabulario, sin función reguladora, pierde capacidad explicativa. Este umbral —entre forma y retórica, entre límite y símbolo— establece el punto desde el cual los capítulos posteriores examinarán su progresiva distorsión.
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Capítulo VII
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El modo alegórico
La resistencia a la autoridad recurre con frecuencia a un simbolismo que exige interpretación y, al hacerlo, desvincula el significado de la responsabilidad. En el espíritu de Platón, propongo que el verdadero filósofo sea un alegorista invertido. En lugar de limitarse a descifrar símbolos, el filósofo distingue entre aquello que significa y aquello que gobierna.
Los símbolos y las alegorías no son meros reflejos del mundo material, sino puertas de acceso a aquello que lo excede. La alegoría funciona como reconocimiento solo allí donde los símbolos han dejado de orientar la conducta: una orientación hacia aquello con lo cual el filósofo procura alinearse.
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Capítulo VIII
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El gobierno ideal y el poder de la virtud
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Allégorie de la Géométrie, del pintor barroco francés Laurent de La Hyre [1606–56], óleo sobre lienzo, ca. 1649 (40 7/8 x 86 1/8 in.) – Fine Arts Museums of San Francisco. Adquisición museística, Roscoe and Margaret Oakes Income Fund.
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Allégorie de la Géométrie, de Laurent de La Hyre (1649), evoca una concepción del gobierno ideal entendida como una geometría de virtudes, en la que el equilibrio depende de la proporción y no de la invocación. Justicia, templanza y sabiduría forman una tríada cuya significación no reside en su enumeración, sino en las relaciones que establecen entre sí. Como en la geometría, la estabilidad se mantiene únicamente mientras dichas proporciones se sostienen.
Así como el filósofo no se detiene en los símbolos, la evaluación del gobierno no puede quedar sometida a los caprichos del poder. En el espíritu de las Formas platónicas, un gobierno se mide por su adhesión a principios que no dependen de la circunstancia: justicia, templanza y sabiduría. Allí donde estos criterios operan, la política deja de organizarse únicamente en torno al poder.
El concepto de virtud en la gobernanza trasciende la abstracción moral; opera como una condición relacional entre gobernantes y gobernados. La virtud no pertenece de forma exclusiva a unos u otros, sino que emerge de la forma que adopta esa relación y de los límites que esta sostiene. Allí donde la virtud opera, la gobernanza no se organiza en torno a la acumulación de poder, sino alrededor de restricciones que regulan su ejercicio: justicia para limitar la arbitrariedad, templanza para contener el exceso y sabiduría para disciplinar la decisión.
El gobierno entendido como una forma estructurada por la virtud permite identificar los abusos de poder no como desviaciones excepcionales, sino como fallas de estructura. Cuando símbolos como la equidad o la pluralidad se separan de sus funciones reguladoras, quedan disponibles para su uso como instrumentos de control. Allí donde la virtud conserva un papel operativo, tales símbolos dejan de oscurecer el poder y retoman su función como límites a su ejercicio.
El chavismo, tal como se configuró bajo Hugo Chávez y continuó bajo Nicolás Maduro, se sitúa en contraste directo con estas condiciones. Aunque el régimen recurrió de manera extensiva al lenguaje de la justicia y la equidad, dichas referencias dejaron de funcionar como restricciones sobre el poder. Los símbolos asociados a la virtud fueron desligados de sus funciones reguladoras y reutilizados como mecanismos de legitimación. De este modo, la gobernanza persistió en el vocabulario de la virtud mientras operaba sin sus funciones limitantes.
La gobernanza virtuosa adopta la forma de una estructura equilibrada: no gobernada por la corriente del poder, sino constreñida por la justicia. Un sistema de este tipo no privilegia la voluntad del gobernante por encima del bien común, ni se apoya en apelaciones que fluctúan con la circunstancia. Allí donde estas restricciones se mantienen, el orden se vuelve posible, no como aspiración, sino como condición.
Ricardo Morín Baluarte Anteriormente titulada Buffalo Series, Nº 3 Óleo sobre lino, 60 × 88 pulgadas 1980 Exhibida: Hallwalls Contemporary Arts Center, Buffalo, Nueva York, mayo de 1980. Destruida mientras se encontraba bajo custodia de terceros y existente únicamente como registro archivístico digital.
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No llegué a conocer las fronteras que más tarde gobernarían mi escritura a través de la instrucción ni de la doctrina, sino por una observación hecha incidentalmente por mi padre cuando yo era todavía un niño. Él afirmó, sin vacilación ni desarrollo ulterior, que no podía imaginar su existencia bajo un sistema político que amenazara la libertad individual y la autonomía privada, y que la vida bajo tales condiciones dejaría de ser una vida que pudiera habitar. La formulación era extrema, pero incluso entonces resultaba evidente que no estaba concebida como propuesta, amenaza ni puesta en escena. Funcionaba, más bien, como un límite: una indicación de hasta dónde la supervivencia, una vez despojada de dignidad, dejaría de merecer el nombre de vida.
La fuerza de aquella afirmación no residía en su contenido literal, sino en la claridad con la que establecía un límite. Las expresiones extremas suelen atraer atención por exceso, pero esta operaba de otro modo. No buscaba reacción ni adhesión. Cerraba una puerta. Lo que se marcó fue el punto en el que el juicio dejó de ser negociable, no porque el compromiso se volviera difícil, sino porque la continuidad misma perdió coherencia. Lo que se marcaba no era expresión, sino diagnóstico. Identificaba un umbral más allá del cual resistir equivaldría a consentir la propia negación.
Esa distinción —entre vivir y simplemente persistir— tardaría años en adquirir todo su peso. Es posible seguir con vida y, sin embargo, dejar de habitar las condiciones bajo las cuales la acción, la responsabilidad y la elección siguen siendo inteligibles. El cuerpo perdura; los términos de la autoría no. Lo que se cede en tales casos no es comodidad ni ventaja, sino la autoría de la propia conducta: la capacidad de seguir siendo el origen responsable de los propios actos.
Solo más tarde la ironía histórica otorgó a aquel recuerdo de infancia un marco más amplio. Mi padre murió un año antes de que Venezuela ingresara en un orden político prolongado que normalizó la humillación cívica y desplazó la responsabilidad individual. Esta coincidencia no confiere previsión ni vindicación. Simplemente subraya la naturaleza del límite que él había articulado. No pretendió anticipar desenlaces ni arrogarse una comprensión superior. Identificó una condición que no estaba dispuesto a habitar, con independencia de cuán común, administrativamente justificada o socialmente impuesta llegara a volverse.
Lo que se transmitió a través de aquella afirmación no fue una ideología, ni siquiera una posición política, sino una negativa. Fue la negativa a tratar la dignidad como contingente, y la negativa a aceptar la adaptación como intrínsecamente neutral. Tales negativas no son dramáticas. No se anuncian como virtudes. Operan en silencio, delimitando lo que uno no hará, lo que uno no dirá, y lo que no permitirá que atraviese sus actos a cambio de continuidad, seguridad o aprobación.
Escribir, he llegado a entender, no está exento de las restricciones que gobiernan la acción. La forma simbólica no suspende la responsabilidad. El lenguaje actúa. Enmarca posibilidades, distribuye responsabilidades y habilita ciertas respuestas mientras clausura otras. Escribir sin atender a lo que las propias palabras habilitan es tratar la expresión y la conducta, como si pertenecieran a órdenes distintos. No lo hacen. El mismo límite que rige la acción rige el lenguaje: no se deben habitar formas que exijan el abandono habitual de la autonomía.
La responsabilidad autoral no implica exhibición moral ni representación de la virtud. La responsabilidad en la escritura no consiste en adoptar la postura correcta ni en alinearse con conclusiones aprobadas. Consiste en rechazar métodos que sustituyen la claridad por la coerción, la humillación o la presión retórica. Exige atención no solo a lo que se afirma, sino a lo que se permite continuar mediante el tono, la implicación y la omisión. La precisión aquí no es una preferencia estilística; es una disciplina moral.
La contención, en este sentido, no es pasividad sino un método de autoría. Es una forma de interrupción en la circulación de aquello que uno no consiente trasmitir. Negarse a amplificar lo que uno no consiente transmitir es un acto de selección y un ejercicio de agencia. En un entorno donde el exceso, la indignación y la urgencia reactiva suelen confundirse con seriedad, la contención se convierte en un modo de preservar la autoría sobre la propia participación. La contención limita el alcance, pero conserva la coherencia entre lo que se dice y lo que se vive.
Tal contención inevitablemente tiene un costo. La urgencia es más que velocidad; es la condición bajo la cual la reflexión misma comienza a aparecer como una desventaja. La reflexión sirve como una salvaguarda procedimental de la agencia y de la autoría —y con ellas, de la responsabilidad ética— incluso cuando las circunstancias no pueden gobernarse y uno se ve obligado a elegir dentro de la restricción.La contención resiste la urgencia, estrecha el alcance y renuncia a ciertas formas de reconocimiento. Estas pérdidas no son accidentales; son constitutivas. Aceptar todos los registros o plataformas disponibles en nombre de la relevancia equivale a tratar la supervivencia como el bien supremo. El límite articulado tiempo atrás indica lo contrario: que existen condiciones bajo las cuales la continuidad exige un precio demasiado alto.
La responsabilidad autoral, entonces, no es una cuestión de expresión sino de alineación entre lenguaje y acción. Se pregunta si el lenguaje que uno emplea habita el mismo terreno ético que la propia conducta. Pregunta si las formas que uno adopta exigen concesiones que uno rechazaría en la acción. La obligación no es persuadir ni prevalecer, sino permanecer responsable ante los límites que uno ha reconocido.
Lo que permanece no es una doctrina sino una postura: una postura que se mantiene sin dramatización, sin escapatoria y sin concesión a formas que prometen continuidad a costa de la dignidad. Esta postura no se anuncia como resistencia ni busca exención de las consecuencias. Se mantiene firme sin apelación. Al hacerlo, afirma que la autoría —como la autonomía— comienza allí donde ciertas límites dejan de cruzarse.
*
Lo que queda sin abordar es la condición más frágil que subyace a la autoría misma: la forma en que el pensamiento precede a la agencia y, en ocasiones, recoloca al autor antes de que pueda asumirse una postura.
El recuerdo de mi padre aparece como un blanco móvil —no una idea que se desliza fuera de control, sino un estándar que se desplaza bajo mis pies mientras yo aún avanzaba. No lo invité en el sentido de una intención o de un plan. Tampoco lo resistí. Noté que se movía antes de poder decidir qué exigía.
Esa experiencia resulta inquietante porque viola una suposición reconfortante: que el pensamiento es algo que desplegamos, y no algo que nos recoloca en relación con lo que enfrentamos.
La incertidumbre acerca de si lo había invitado es en sí misma una señal de que no estaba instrumentalizando mi pensamiento. Cuando el pensamiento es convocado como herramienta, permanece fijo. Cuando emerge en respuesta a algo que importa, se mueve, porque se ajusta a la realidad en lugar de organizarla. Ese movimiento solo se experimenta como una pérdida de control si la autoría se entiende como dominio más que como capacidad de respuesta.
Acepté la incomodidad de no saber si había convocado aquello que ahora reclamaba atención. Esto era resistencia en movimiento, no parálisis del juicio. La pregunta surge únicamente cuando el pensamiento sigue lo bastante vivo como para ser desplazado.
El blanco se movía porque estaba ligado al terreno de la percepción, no al yo que percibía.
Ricardo F. Morín La irracionalidad, la propaganda y el tribalismo CGI 2026
1. Una afirmación política entra ordinariamente en la vida pública a través de instituciones. Una ley se debate, se promulga, se interpreta, se impugna. Un discurso se pronuncia desde un cargo conocido, ante un público definido, sujeto a réplica y registro. La autoridad, en estos casos, surge de la responsabilidad y de la restricción.
2. El texto aquí examinado no satisface ninguna de estas condiciones.
3. El texto atribuye a una transmisión anónima el poder de alterar el estatus jurídico. El texto presenta a un orador no como un ciudadano que habla, sino como una conciencia que dicta. El texto declara efectos que ningún estatuto, ninguna orden ejecutiva y ningún tribunal poseen autoridad para producir. El texto anuncia asentimiento nacional en ausencia de cualquier foro capaz de conceder asentimiento.
4. No aparece promulgación alguna. No ocurre interpretación alguna. No es posible revisión alguna.
5. Nada en esta secuencia se argumenta. Nada en esta secuencia se demuestra. Nada en esta secuencia es susceptible de verificación.
6. La autoridad no se deriva de cargo, de ley ni de responsabilidad. La autoridad se asigna por disposición narrativa.
7. El orador recibe legitimidad moral por reconocimiento únicamente. La ley es desplazada por el espectáculo. El público es situado como testigo de un veredicto que precede a la deliberación. El silencio es tratado como confirmación. La inmovilidad es tratada como consentimiento.
8. Lo que aparece como denuncia funciona como sustitución.
9. El lugar de las instituciones es ocupado por una voz. El lugar del argumento es ocupado por la proclamación. El lugar del juicio es ocupado por la reacción.
10. El resultado no es persuasión. El resultado es conversión.
11. Los ciudadanos no son interpelados como agentes capaces de impugnar afirmaciones. Los ciudadanos son interpelados como espectadores invitados a recibir una escena moral cuyo significado ha sido fijado de antemano.
12. Cuando un testimonio inventado es recibido como registro político, el límite entre acontecimiento y deseo desaparece. Cuando el espectáculo es tratado como veredicto, la corrección pierde autoridad. Cuando la conciencia es producida como actuación, ninguna institución permanece capaz de restringir a la conciencia.
13. Esto no es desinformación en el sentido ordinario.
14. Este fenómeno es la sustitución del juicio por autoridad fabricada.
15. La autoridad se adhiere ordinariamente a un cargo antes de adherirse a una voz, porque el cargo proporciona los límites bajo los cuales el discurso puede reclamar consecuencia. Existe un tribunal, por eso habla un juez. Existe una cámara, por eso habla un legislador. Existe una administración, por eso habla un ejecutivo. En cada caso la legitimidad precede a la enunciación, y el público puede localizar la responsabilidad localizando el foro en el que se formula la afirmación.
16. El texto aquí examinado invierte ese orden. El texto presenta una voz cuya legitimidad no se funda en ningún cargo que pueda nombrarse, en ninguna jurisdicción que pueda definirse ni en ningún foro que pueda reconocerse. No se declara delegación alguna. No es visible mandato alguno. No se asume responsabilidad alguna. Sin embargo, la voz habla como si estuviera habilitada para dictar sobre materias cuya fuerza depende, en la vida cívica ordinaria, de promulgación, interpretación y revisión.
17. Esta inversión importa porque el cargo establece el ámbito bajo el cual una afirmación puede operar, la jurisdicción fija el alcance de los efectos, y el procedimiento somete tanto el ámbito como el alcance a impugnación y registro. Una afirmación que surge bajo estas restricciones puede ser impugnada porque la legitimidad puede ser impugnada. La afirmación aquí no surge bajo restricción; la afirmación surge por recepción. La legitimidad depende del reconocimiento en lugar de la jurisdicción, y el reconocimiento no es una categoría cívica que admita examen.
18. Puede disputarse un mandato. Puede negarse la jurisdicción de un tribunal. Puede invocarse el procedimiento y exigir réplica. El reconocimiento no ofrece instrumento equivalente. El reconocimiento confiere autoridad sin especificar alcance, y el reconocimiento permite que una voz se presente como conciencia sin aceptar las obligaciones que hacen a la conciencia responsable en la vida pública.
19. El efecto no es meramente que una voz hable fuera de cargo. El efecto es que el papel del cargo es reemplazado. En un sistema en el que la legitimidad precede al discurso, el discurso puede limitarse porque el foro puede limitarse. En un sistema en el que la legitimidad sigue al discurso, el discurso se expande hasta que algo externo impone un límite.
20. El texto no se apoya en límite alguno de esa naturaleza. El texto presenta la legitimidad moral como completa en el momento de la enunciación, y el texto trata la recepción como confirmación. El público es situado menos como un público capaz de impugnar que como un testigo de una proclamación cuya autoridad se presume en lugar de ganarse.
21. En tal disposición la pretensión de hablar conlleva consecuencia sin jurisdicción, y la autoridad aparece allí donde ninguna institución puede ser identificada como fuente de autoridad.
22. La autoridad que no surge de cargo no puede apoyarse en procedimiento. El procedimiento requiere foro. El foro requiere jurisdicción. La jurisdicción requiere mandato. Ninguno está presente aquí.
23. La afirmación por tanto no procede por secuencia. La afirmación procede sin premisas, sin fundamentos y sin anticipación de réplica. La enunciación no argumenta. La enunciación proclama.
24. Lo que ordinariamente requeriría promulgación es declarado completo. Lo que ordinariamente requeriría interpretación es declarado resuelto. Lo que ordinariamente requeriría revisión es presentado como definitivo. El veredicto precede al foro.
25. Esta inversión altera la función misma del discurso. El discurso ya no busca asentimiento mediante razonamiento. El discurso produce asentimiento por declaración. El juicio ya no sigue a la deliberación. El juicio se instala antes de que la deliberación pueda ocurrir.
26. Una vez que la proclamación es recibida como veredicto, la prueba se vuelve irrelevante.
27. Una vez que el argumento es retirado de la secuencia, el asentimiento ya no surge del juicio. El asentimiento surge del reconocimiento. La afirmación no pide ser examinada. La afirmación pide ser recibida. La fuerza de la afirmación depende menos de lo que la afirmación establece que de a quién la afirmación se dirige.
28. El público no es invitado a considerar si el veredicto se sigue de la ley ni si la autoridad invocada posee legitimidad para dictar. El público es invitado a reconocerse en el veredicto.
29. Este desplazamiento altera la función del acuerdo. En ámbitos deliberativos, el asentimiento sigue a la impugnación. Uno acepta una conclusión porque ha sopesado una afirmación frente a alternativas. Aquí, el asentimiento precede a cualquier ponderación. El veredicto llega ya formado, y la recepción suministra confirmación.
30. El acuerdo ya no señala convicción, sino afiliación, una postura definida menos por convicción que por posición.
31. El reconocimiento, en esta disposición, realiza el trabajo que antes realizaba el argumento. Aceptar la afirmación es afirmar pertenencia a una posición moral ya definida. El veredicto no obliga porque el veredicto sea correcto. El veredicto obliga porque el veredicto identifica.
32. Quienes reciben el veredicto no lo hacen como jueces de coherencia, sino como participantes en la postura que el veredicto confiere. La afirmación triunfa no persuadiendo a adversarios, sino consolidando a quienes ya están dispuestos a aceptarla.
33. Esta función explica la ausencia de procedimiento. La deliberación introduciría fractura. La impugnación introduciría diferenciación. La revisión expondría divergencia. Ninguna sirve al propósito en curso.
34. La afirmación por tanto elude toda etapa en la que pudiera aparecer el desacuerdo. La afirmación ofrece en su lugar un juicio ya concluido cuyo efecto principal es ordenar reconocimiento y rechazo.
35. El resultado no es creencia en el sentido ordinario, sino afiliación, una postura definida menos por convicción que por posición. Asentir es adoptar una posición dentro de una alineación moral cuyos límites son trazados por la recepción misma. Quienes aceptan son confirmados. Quienes dudan son marcados.
36. La autoridad, en esta forma, no gobierna por medio de la ley. La autoridad gobierna por identificación.
37. Una vez que la legitimidad es conferida por recepción, los límites restantes no pueden sostenerse.
38. Una vez que la autoridad es producida de esta manera, la sustitución se vuelve inevitable. En esta disposición el cargo cede ante la presencia, la jurisdicción cede ante el reconocimiento, el procedimiento cede ante la proclamación, y el juicio cede ante la reacción, hasta que ningún límite permanece capaz de detener la expansión que sigue.
39. Cada sustitución elimina un límite. Cada sustitución amplía el alcance. Cada sustitución disuelve responsabilidad.
40. Lo que permanece es una forma de autoridad que no puede ser impugnada porque no permanece foro alguno en el que pueda ocurrir impugnación.
41. La consecuencia para la ciudadanía sigue directamente. Un ciudadano participa ordinariamente en el juicio sopesando afirmaciones, impugnando legitimidad e invocando procedimiento. Aquí, ese papel desaparece. El ciudadano ya no es situado como participante en deliberación. El ciudadano es situado como receptor de veredicto.
42. La agencia cede ante la recepción, el juicio cede ante la alineación y la responsabilidad cede ante la lealtad, hasta que el desacuerdo mismo ya no puede aparecer como acto cívico.
43. En esta postura el desacuerdo deja de ser un acto cívico. El desacuerdo se vuelve una ruptura de afiliación. La duda se vuelve deslealtad. La corrección se vuelve defección.
44. Una vez que el juicio es desplazado de este modo, la reparación se vuelve imposible. La corrección presupone foro. La revisión presupone jurisdicción. La réplica presupone legitimidad. Ninguna permanece disponible.
45. Un veredicto que llega sin foro no puede ser devuelto a impugnación. Una autoridad que surge sin cargo no puede ser sometida a revisión. Una afirmación que gobierna mediante reconocimiento únicamente no puede ser corregida sin amenazar la pertenencia misma.
46. La persistencia de la fabricación no sigue de confusión, sino de función. La fabricación perdura porque la fabricación estabiliza alineación. La fabricación circula porque la fabricación confirma posición. La fabricación resiste corrección porque la corrección disolvería la postura que la fabricación sostiene.
47. La autoridad, una vez separada de cargo y restricción, no desaparece. La autoridad reaparece en forma alterada. El veredicto se separa del foro. La conciencia se separa de la responsabilidad. El asentimiento se separa de la deliberación.
48. Lo que permanece es una pretensión de gobernar sin jurisdicción.
49. Esto no es la corrupción del juicio. Esto es desplazamiento.
50. El juicio ya no se ejerce. El juicio se produce.
« Geometric Allegory », pintura digital 2023 de Ricardo Morin (artista visual estadounidense nacido en Venezuela en 1954)
A mis padres
Prefacio
1
« Desenmascarar la desilusión » sigue una línea de indagación presente a lo largo de mi trabajo: el examen de la identidad, la memoria y las relaciones que emergen cuando la vida se despliega a través de fronteras culturales. Aunque he vivido fuera de Venezuela por más de cinco décadas y me naturalicé ciudadano de los Estados Unidos hace veinticuatro años, mi vínculo con el país de nacimiento permanece como un punto de referencia persistente. La distancia entre estas condiciones —pertenencia y separación— constituye el trasfondo sobre el cual este relato toma forma.
Este trabajo forma parte de un proyecto autobiográfico más amplio que reúne experiencias, observaciones y preguntas acumuladas a lo largo del tiempo. Aunque su origen es personal, no procede como confesión ni como memoria. Su método es secuencial más que expresivo: la exposición individual se sitúa dentro de fuerzas históricas y estructuras políticas que han configurado la vida venezolana a lo largo de generaciones. La intención no es reconciliar estas tensiones, sino hacerlas visibles mediante recurrencia, registro y consecuencia.
“Serie I” introduce los primeros núcleos temáticos de esta indagación. Los episodios aquí reunidos no desarrollan una tesis única ni buscan conclusiones definitivas. Señalan puntos de fricción donde la experiencia privada se cruza con el poder público, y donde los relatos políticos ejercen presión sobre la vida ordinaria. A través de estos encuentros surgen patrones —no como abstracciones, sino como condiciones que modifican la forma en que se ejerce la autoridad, se desplaza la responsabilidad y se restringe la agencia.
Los capítulos que siguen examinan las presiones generadas por la desigualdad sistémica y rastrean las condiciones contemporáneas de Venezuela hasta su formación histórica. El gobierno autocrático y el consentimiento popular no aparecen como fuerzas opuestas, sino como elementos que se entrelazan y debilitan mutuamente. En este entramado, la verdad no desaparece; se vuelve menos accesible de manera uniforme y más fácilmente desplazable por el relato.
Cuando el discurso público se ve modelado por la propaganda y la desinformación, las estructuras autoritarias adquieren mayor resistencia. Recuperar la verdad bajo tales condiciones no resuelve el conflicto político, pero delimita el campo dentro del cual este opera. La agencia cívica no emerge como ideal, sino como condición que se sostiene —o se pierde— a través de la práctica y la consecuencia.
Este trabajo no propone explicaciones deterministas ni remedios simples. Avanza por acumulación, señalando patrones que persisten a pesar de los cambios de contexto. Lo que solicita al lector no es adhesión, sino atención: a la evidencia, a la secuencia y a las condiciones bajo las cuales la libertad política puede ejercerse de manera significativa.
Escribiendo desde Bala Cynwyd, Pensilvania, y Fort Lauderdale, Florida, permanezco consciente de la distancia entre los entornos desde los cuales se compone este trabajo y las condiciones que examina. Esa distancia no confiere autoridad; impone responsabilidad.
Ricardo Federico Morín Bala Cynwyd, Pensilvania, 21 de enero de 2025
Tabla de contenidos
Capítulo I – Un lenguaje escrito.
Capítulo II – Nuestra imprudencia.
Capítulo III – Punto de vista.
Capítulo IV – Un diálogo.
Capítulo V – Resumen.
Capítulo VI – Crónicas de Hugo Chávez (§§ I–XVII).
Capítulo VII – El modo alegórico.
Capítulo VIII – El gobierno ideal y el poder de la virtud.
Capítulo IX – La primera señal: Sobre el resentimiento político y social.
Capítulo X – La segunda señal: El pilar sólido del poder; Las fuerzas armadas.
Capítulo XI – La tercera señal: La asimetría de los partidos políticos.
Capítulo XII – La cuarta señal: Autocracia (§§ 1–9); Venezuela (§§ 10–23); La asimetría de las sanciones (§§ 24–32).
Capítulo XIII – La quinta señal: La república empeñada.
Capítulo XIV – La primera cuestión: Partidismo, No-partidismo y Antipartidismo.
Capítulo XV – La segunda cuestión: Sobre las verdades parciales y la anarquía represiva.
Capítulo XVI – La tercera cuestión: El clarín de la democracia.
Capítulo XVII – La cuarta cuestión: Sobre los derechos humanos.
Capítulo XVIII – La quinta cuestión: Sobre la naturaleza de la violencia.
Capítulo XIX – La cuestión última: Sobre la liberación de la injusticia.
Agradecimientos.
Epílogo.
Posdata.
Apéndice: Nota del autor, Nota preliminar. A) Constituciones venezolanas [1811–1999],Poderes y departamentos de gobierno. B) Evolución de los partidos políticos: 1840–2024.C) Algunas leyes promulgadas por la Asamblea Nacional. D) Nota aclaratoria sobre la coerción interna, la presencia extranjera y la intervención:
Bibliografía.
Capítulo I
Un lenguaje escrito
La estabilidad suele buscarse allí donde no puede asegurarse. La experiencia lo demuestra de forma reiterada. Incluso las intenciones cuidadosas tienden a conducir a terrenos inciertos, donde la comprensión llega después de la consecuencia. Frente al escritorio, cuando la luz de la tarde alcanza la página, la escritura adquiere una función práctica: se convierte en un medio para ordenar aquello que, de otro modo, permanecería inestable. El acto no resuelve la vulnerabilidad, pero la registra. Si el tiempo modifica tales condiciones sigue siendo incierto; lo que sí puede hacerse es darles forma.
Lo que sigue se desplaza de las condiciones de la escritura a las condiciones que esta debe enfrentar.
*
Capítulo II
*
Nuestra imprudencia
Our painful struggle to deal with the politics of climate change is surely also a product of the strange standoff between science and political thinking.
« Nuestra dolorosa dificultad para abordar la política del cambio climático es, sin duda, también producto del extraño enfrentamiento entre la ciencia y el pensamiento político ». — Hannah Arendt, La condición humana [1958] (traducción del autor)
*
1
La pandemia de COVID y los incendios que se extendieron por Canadá en 2023, entre otros acontecimientos recientes, hicieron visibles condiciones que ya se encontraban en funcionamiento. Estos hechos no introdujeron vulnerabilidades nuevas, sino que revelaron hasta qué punto los sistemas existentes dependen de incentivos económicos y hábitos políticos que privilegian la extracción por encima de la preservación. Durante el período en que el humo de los incendios alcanzó el noreste de los Estados Unidos, la luz diurna en algunas zonas de Pensilvania se vio alterada de manera perceptible y registró el alcance de acontecimientos que se desarrollaban a considerable distancia. Tales episodios no se sitúan al margen de los arreglos económicos vigentes; coinciden con un modelo que trata las condiciones naturales como mercancías y absorbe su degradación como un costo externo.
2 Los incendios en California en 2025, al igual que los ocurridos en Canadá en 2023, no se presentan como episodios aislados. [1]Forman parte de una secuencia configurada por el descuido ambiental, la inercia política y la expansión industrial sostenida. Condiciones como la desertificación, la escasez de recursos y el desplazamiento de poblaciones ya no aparecen únicamente como proyecciones futuras; se registran cada vez más como circunstancias presentes. Las evaluaciones científicas indican que estos patrones tienden a intensificarse en ausencia de cambios estructurales. [1][2][3] Lo que se hace visible, con el paso del tiempo, no es un fallo singular, sino un sistema que continúa operando conforme a prioridades que favorecen el rendimiento inmediato por encima de la continuidad a largo plazo.
3 La cuestión del equilibrio no se plantea únicamente como un problema técnico. Surge dentro de un campo moral y político configurado por supuestos económicos dominantes. El tratamiento de la naturaleza —y, más recientemente, de la inteligencia artificial— como mercancía refleja una trayectoria en la que asuntos vinculados a la supervivencia compartida se traducen de manera creciente en términos de mercado. En tales condiciones, consideraciones que anteriormente pertenecían al ámbito de la responsabilidad colectiva pasan a ser reformuladas como variables dentro de sistemas de cálculo.
4 Estos patrones ejercen una presión creciente sobre las condiciones necesarias para la supervivencia colectiva. Las respuestas frente a tales circunstancias varían, y oscilan entre la indiferencia y la urgencia, aunque la urgencia no produce necesariamente claridad. Lo que se vuelve reconocible, a través de instancias reiteradas, es una tendencia a que la crisis reaparezca sin que se produzcan ajustes sostenidos. Esta recurrencia guarda paralelismo con las historias políticas examinadas en los capítulos que siguen, donde advertencia y consecuencia con frecuencia no llegan a coincidir.
Las conversaciones con mi editor, Billy Bussell Thompson (BBT), han acompañado el desarrollo de este trabajo a lo largo del tiempo. Su atención al método de investigación y a la estructura del argumento contribuyó a precisar su alcance y orientación. Estos intercambios, realizados con frecuencia a distancia y sin formalidades, formaron parte del proceso mediante el cual fue tomando forma el presente relato. Tras un período prolongado de incertidumbre acerca de cómo abordar la figura de Hugo Chávez, los contornos de « Desenmascar la desilusión » comenzaron a definirse de manera gradual.
2 Hugo Chávez se consolidó como un dirigente político cuya autoridad se ejerció en oposición al liberalismo político. [1] Mientras su discurso público subrayaba la identificación con los sectores pobres, los beneficios materiales del poder se concentraron en un círculo reducido. [2] A lo largo de su mandato, las instituciones democráticas en Venezuela experimentaron un debilitamiento progresivo, y la práctica de gobierno adoptó formas cada vez más autoritarias. Estos procesos resultan más legibles cuando se sitúan dentro del registro histórico y se examinan a partir de la práctica documentada, más que desde la afirmación retórica.
3 Los acontecimientos que siguieron al fin del gobierno de Chávez se caracterizan por el desorden y por consecuencias aún no resueltas. Su persistencia remite a cuestiones de responsabilidad histórica y colectiva que permanecen abiertas. Examinar el registro del liderazgo autocrático —tanto sus ambiciones como sus fracasos— ofrece un modo de aproximarse al problema de la justicia en Venezuela sin presuponer resolución. A través de este examen, tensiones duraderas se hacen visibles como condiciones que requieren comprensión, no como conclusiones ya establecidas.
Notas finales del capítulo III
[1]El término caudillo tiene su origen en el español y se ha utilizado históricamente para describir a un dirigente que ejerce una autoridad política y militar concentrada. En el contexto venezolano, el término adquiere una resonancia particular y se asocia con figuras vinculadas al período posterior a la independencia del siglo XIX. Dichos dirigentes tendieron a consolidar el poder mediante una combinación de autoridad personal, lealtad de facciones armadas y la promesa —ya fuese sustantiva o retórica— de mantener el orden en condiciones de inestabilidad. Mientras algunos fueron considerados defensores de causas locales o nacionales, otros quedaron asociados a prácticas que facilitaron formas de gobierno autoritario y debilitaron las estructuras institucionales. El concepto de caudillo continúa operando en la cultura política venezolana como una categoría descriptiva aplicada a formas de liderazgo que combinan apoyo popular con poder concentrado.
Una serie de conversaciones entre BBT y el autor acompañó el examen de la política y la historia venezolanas desarrollado en esta sección. Estos intercambios configuraron un espacio transicional en el que la indagación reflexiva dio paso al registro histórico, permitiendo que cuestiones de interpretación, responsabilidad y documentación fueran abordadas mediante el diálogo, más que a través de la exposición directa.
1 —RFM: « Mi escritura se ha ocupado de la evolución del panorama político venezolano, con atención particular a la aparición de formas de gobierno autoritarias. El interés se ha centrado menos en la doctrina abstracta que en la manera en que determinadas políticas se tradujeron en condiciones cotidianas para la población. »
2 —BBT: « Examinar cómo el liderazgo autoritario configura las condiciones políticas resulta necesario, aunque el propio término suele ser objeto de disputa y aplicación desigual. En el caso de Chávez, el uso de la propaganda no fue excepcional en su forma, pero sí constante como instrumento de gobierno. ¿De qué modo circularon los relatos oficiales durante su mandato y qué efectos produjeron, con el tiempo, sobre la percepción pública? »
3 —RFM: « La propaganda no es exclusiva de Chávez; opera como un instrumento recurrente en distintos sistemas políticos. En Venezuela, los medios oficiales atribuyeron de manera sistemática las dificultades económicas a interferencias externas, más que a decisiones de política interna. Al mismo tiempo, las condiciones materiales se deterioraron, con la aparición de escasez derivada de una gestión económica deficiente, posteriormente agravada por restricciones externas. Los grupos de oposición difundieron también contra-relatos, que a su vez generaron respuestas por parte del Estado. Estos intercambios se desarrollaron en un contexto histórico marcado por conflictos civiles y alineamientos propios de la Guerra Fría, dando lugar a un entorno informativo fragmentado. En ese marco, la responsabilidad por el deterioro económico fue desplazada con frecuencia, mientras la percepción pública se gestionó mediante la repetición más que mediante la resolución. Las reformas sociales y económicas invocadas como justificación no produjeron, con el tiempo, las reducciones de pobreza y desigualdad que se habían prometido. »
4 —BBT: « Para representar con cierto grado de precisión las condiciones políticas de Venezuela, es necesario atender a la manera en que la población común se encontró con estas dinámicas en la vida diaria. ¿Cómo se desenvolvieron tales condiciones en la práctica, especialmente allí donde el discurso político intersectó con la necesidad económica inmediata? »
5 —RFM: « El colapso económico posterior al declive del modelo petrolero intensificó la pobreza y ejerció una presión sostenida sobre los servicios públicos. Examinado en secuencia, este período muestra cómo los legados coloniales y las prácticas autoritarias convergieron en la configuración del chavismo. Episodios como los disturbios de 1989, conocidos como El Caracazo, registraron una desafección generalizada hacia los partidos establecidos y las instituciones democráticas. En tales condiciones, la exigencia de asegurar necesidades básicas prevaleció con frecuencia sobre la participación en principios políticos de carácter abstracto. »
6 —BBT: « La claridad narrativa depende en parte de reconocer los supuestos que orientan la interpretación. Cuando dichos supuestos se hacen explícitos y se someten a examen, el relato se vuelve menos directivo y más accesible, permitiendo que el lector siga el registro sin ser conducido hacia una posición predeterminada. »
7 —RFM: « Ningún relato prescinde de la interpretación, incluido este. La escritura ofrece un medio para aproximarse a la historia de Venezuela —su formación colonial, los episodios de gobierno autoritario y los períodos de disrupción política— sin clausurar lecturas alternativas. Un relato coherente no necesita ser exhaustivo; permanece abierto en la medida en que atiende a las implicaciones y a las consecuencias, más que a la resolución. »
8 —BBT: « El propio intercambio subraya la importancia de una narración cuidadosa al abordar el registro político y social de Venezuela. Considerar múltiples puntos de vista no resuelve la complejidad, pero permite que emerja un relato más coherente sin reducir esa historia a un único marco explicativo. »
El intercambio marcó una transición de la indagación reflexiva al registro histórico.
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Capítulo V
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Resumen
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1
« Desenmascar la desilusión » examina la secuencia mediante la cual el proyecto político articulado bajo Hugo Chávez asumió forma autocrática. En lugar de atribuir este resultado a una causa única, la indagación procede rastreando cómo las decisiones de liderazgo se desplegaron dentro de una convergencia de condiciones históricas, disposiciones institucionales, presiones económicas y alineamientos geopolíticos. El relato no parte de una conclusión, sino del registro.
2 La atención se mantiene en la forma en que se ejerció la autoridad y en cómo sus efectos se manifestaron dentro de la sociedad venezolana. Las circunstancias históricas, el diseño institucional y las influencias externas se examinan no para simplificar el registro, sino para hacer visibles las interdependencias a través de las cuales el poder se consolidó con el tiempo. Lo que emerge no es una tesis explicativa, sino una configuración cuya coherencia solo puede evaluarse mediante una atención sostenida a la secuencia y a la consecuencia.
Ricardo Morín Retrato de un presidente 14 x 20 pulgadas Acuarela, tinta sumi, creyones de cera, y gesso sobre papel 2003
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Nota del autor
Este ensayo continúa una indagación iniciada en « Retrato de un Presidente: Ensayo diagnóstico sobre poder, postura y patrón histórico », donde los patrones de actuación del Poder Ejecutivo fueron examinados a partir de acciones observables y no de intenciones declaradas. El presente texto desplaza esa indagación del plano descriptivo al procedimental; toma una orden ejecutiva reciente sobre inteligencia artificial como caso para examinar cómo se determinan, se revisan y se sostienen las decisiones.
El ensayo se publica a continuación de « La aritmética del progreso », que analiza cómo los relatos contemporáneos del progreso suelen disociar el cálculo de la consecuencia. Leído en secuencia, ese texto establece las condiciones generales bajo las cuales las apelaciones a la inevitabilidad y a la eficiencia adquieren fuerza, mientras que el presente ensayo examina, en cambio, cómo esas apelaciones operan dentro del propio proceso ejecutivo.
Este ensayo se apoya asimismo en « Gobernar por Excepción: El Poder Ejecutivo Estadounidense », publicado a comienzos de este año, donde se examinó la normalización de medidas excepcionales en la presidencia contemporánea. Mientras aquel texto se centraba en la expansión de la discrecionalidad ejecutiva, el presente ensayo examina las consecuencias procedimentales que se producen cuando la excepción se vuelve rutinaria.
El ensayo también guarda relación con « ¿Convergencia por diseño o por consecuencia?: Sobre Trump, Putin y el eje velado de Kiev a Caracas », dedicado a examinar la alineación entre autocracias contemporáneas en el plano geopolítico. Aquí, el enfoque se desplaza hacia el interior —al procedimiento ejecutivo doméstico— para considerar cómo métodos similares de ejercicio de la autoridad pueden emerger sin coordinación explícita ni declaración ideológica.
Considerados en conjunto, estos ensayos conforman una secuencia de indagación más que un argumento unificado. Cada uno aborda el mismo problema desde un registro distinto —excepción, cálculo, procedimiento y alineación— sin requerir continuidad de título ni de tema.
Este ensayo ocupa el centro de esa secuencia. A lo largo del análisis, la acción designa la acción del Poder Ejecutivo en su relación con las demás ramas del gobierno estadounidense. Desde ese punto de partida, el ensayo se inicia en una observación sobre la ordenación del ejecutivo bajo condiciones de urgencia y traza cómo la restricción constitucional puede verse desplazada en la práctica sin ser formalmente abolida.
Ricardo F. Morín
31 de diciembre de 2025
Oakland Park, Fl.
*
Dislocación procedimental y la retórica de la dominación
*
I
La reciente orden ejecutiva que presenta la inteligencia artificial como una cuestión de “dominación global” ofrece un ejemplo pertinente sobre dislocación procedimental y la retórica de la dominación. No es necesario compartir los objetivos declarados de la orden ejecutiva para que amerite examen. Su relevancia no reside en lo que promete alcanzar, sino en la manera en que impulsa el avance de las decisiones.
La inteligencia artificial entra en este análisis no como un asunto técnico, sino como un contexto en el que la acción del Poder Ejecutivo se presenta como urgente. La orden parte del supuesto de que la rapidez y la dirección centralizada son condiciones necesarias para el éxito. Como consecuencia, las decisiones avanzan antes de que las formas existentes de revisión, coordinación y elaboración normativa hayan tenido oportunidad de definir sus términos.
Este ordenamiento resulta significativo. Cuando la autoridad presidencial se afirma en primer lugar, la deliberación queda relegada a condiciones restringidas. La revisión institucional —entendida aquí como los criterios previos a la acción, los umbrales de evaluación y la secuenciación mediante la cual las decisiones suelen autorizarse— deja de determinar si la acción del Poder Ejecutivo debe proceder y pasa, en cambio, a ajustarse a una acción ya en curso. Una vez fijada esta secuencia, las formas posteriores de participación —ya provengan de agencias, órganos consultivos o instancias constitucionales— pueden matizar la implementación sin alterar la dirección de los decretos presidenciales.
Este ensayo considera la orden como un caso de ese ordenamiento. Examina lo que sigue cuando la urgencia gobierna la temporalidad de las decisiones y cuando afirmaciones amplias de propósito comienzan a desempeñar funciones que normalmente corresponden a la revisión, la coordinación y la elaboración normativa.El interés no es el liderazgo tecnológico en sí, sino lo que sucede cuando las decisiones avanzan antes de que existan medios para evaluarlas, revisarlas o contenerlas.
II
Las decisiones ejecutivas determinan la dirección dentro del ámbito del Poder Ejecutivo; la acción ejecutiva compromete esa determinación a consecuencias institucionales.
Cuando las decisiones se adoptan antes de una revisión sostenida, el orden de la evaluación se invierte. La revisión procedimental —en tanto condición de pre autorización— deja de regir si la acción del Poder Ejecutivo queda autorizada y pasa, en cambio, a concebirse como un paso anticipado después de que la acción ejecutiva ya ha sido puesta en marcha. Esta inversión entre inversión y autorización altera la forma en que se distribuye la responsabilidad dentro del proceso ejecutivo.
En esta secuencia, los criterios articulados se difieren en lugar de establecerse.La revisión judicial existe, pero suele producirse después de la implementación, cuando las políticas ya han comenzado a surtir efecto.Los controles del Congreso existen, pero dependen de la coordinación, del momento político y de alineamientos que los relatos de urgencia comprimen, desplazan o eluden activamente. Los remedios constitucionales existen, pero operan en horizontes temporales incompatibles con una acción ejecutiva acelerada.Los estándares mediante los cuales una decisión podría evaluarse —alcance, límites, parámetros o condiciones de revisión— permanecen indefinidos en el momento de la ejecución.La ausencia de criterios articulados se presenta como provisional, aun cuando la acción del Poder Ejecutivo avanza como si dichos criterios ya estuvieran ya resueltos.
Este análisis no parte del supuesto de que los controles constitucionales estén ausentes.En ausencia de criterios articulados, no existe un punto de referencia estable frente al cual una decisión pueda evaluarse, ajustarse o detenerse. La revisión se vuelve reactiva, encargada de acomodar decisiones ya adoptadas en lugar de someter a examen sus premisas.
Esta secuencia también altera el papel de la participación institucional.Las agencias y los órganos consultivos quedan situados para responder dentro de instancias de revisión posteriores a la implementación, en lugar de contribuir a la formación misma de la decisión.Su intervención se desplaza de la deliberación a la implementación, reduciendo el espacio disponible para una participación sustantiva.
Lo que emerge no es la eliminación de la revisión.Las restricciones permanecen formalmente intactas, pero ya no se determinan si la acción del ejecutivo debe proceder; intervienen sólo después de que la acción ya ha comenzado.
El resultado no es la eliminación de la restricción, sino su desplazamiento:los mecanismos concebidos para gobernar si la acción del Poder Ejecutivo procede; intervienen únicamente después de que dicha acción ya ha comenzado.Los controles constitucionales solo entran en funcionamiento una vez que se ha puesto en marcha la acción ejecutiva, en lugar de regular si dicha acción puede llevarse a cabo.
III
La prelación normativa federal se afirma antes de que exista una estructura sustitutiva.En este caso, la actividad regulatoria a nivel estatal queda desplazada aun cuando todavía no se ha establecido un marco federal integral que asuma su lugar.El ejercicio del poder por decreto se afirma con anterioridad a los mecanismos que normalmente deberían sostener, coordinar o limitar la acción del Poder Ejecutivo.
No se trata aquí de una cuestión de supremacía constitucional.El marco constitucional que rige la prevalencia de la ley federal sobre la ley estatal está bien establecido, aunque su aplicación sigue siendo objeto de controversia. El problema es de secuencia. La prelación normativa suele desplazar regulaciones existentes al sustituirlas por una alternativa definida mediante la cual se reasignan responsabilidades, supervisión y rendición de cuentas. Cuando esa sustitución no se produce, el desplazamiento genera un vacío, no una transición.
Esta secuencia reordena el papel de los estados. En lugar de servir como espacios de coordinación, experimentación o gobernanza provisional, son tratados principalmente como fuentes de fricción. Sus esfuerzos regulatorios se caracterizan como interferencia, aun cuando no se haya ofrecido ninguna estructura destinada a absorber las funciones regulatorias que están siendo desplazadas.
El resultado de esta organización es una forma de autoridad que se ejerce antes de contar con el apoyo institucional necesario para sostenerla. La prelación opera como afirmación más que como arreglo. La cuestión que se plantea no es si la autoridad existe, sino cómo se espera que la autoridad ejecutiva funcione una vez ejercida sin las estructuras que normalmente la sostienen.
IV
La orden ejecutiva invoca una carrera global por la dominación como justificación de la urgencia. Esta referencia se introduce sin especificar participantes, alcance ni criterios. La referencia se presenta como una condición y no como una afirmación que requiera articulación o examen.
Al no estar definida, la carrera no puede ser evaluada desde el punto de vista procedimental. No se ofrecen parámetros para medir el avance o la demora, ni se establece un horizonte temporal frente al cual puedan pautarse las acciones del Poder Ejecutivo. Aun así, la invocación se trata como decisiva.
Una vez invocado, este encuadre global reconfigura el tiempo y la secuencia de la revisión y la coordinación internas. Los procesos de revisión, coordinación y equilibrio federal pasan a medirse frente a un ritmo afirmado externamente. Las salvaguardas procedimentales comienzan a aparecer como pasivos, no porque hayan fallado, sino porque operan a un ritmo considerado incompatible con la carrera afirmada.
De este modo, la invocación de una “carrera” global no especifica qué está en juego; en su lugar, la apelación a la competencia global reubica el tiempo de la toma de decisiones en un ritmo afirmado externamente. La ausencia de especificación habilita la aceleración.
La relevancia de esta reordenación procedimental no reside en si existe competencia global, sino en cómo su invocación altera la secuencia interna del Poder Ejecutivo estadounidense. Una referencia externa se introduce como justificación procedimental y permite que las decisiones ejecutivas avancen antes de que existan una revisión sostenida y una estructura articulada.
V
Junto al encuadre competitivo externo, la presión interna también modifica el momento y la forma en que avanzan las decisiones ejecutivas. Esta presión proviene de actores privados con una exposición financiera concentrada en el desarrollo y el despliegue de tecnologías de inteligencia artificial. Sus inversiones dependen de la aceleración, la escala y una limitación de la regulación.
Estos actores no requieren coordinación para ejercer influencia. Sus intereses convergen de manera estructural. Las demoras asociadas a una revisión sostenida, a una supervisión escalonada o a una regulación descentralizada introducen incertidumbre en los horizontes de inversión. La aceleración, por el contrario, estabiliza las expectativas y preserva ingresos potenciales.
Esta presión opera con anterioridad a la deliberación pública. Se manifiesta a través de funciones de asesoría, consultas de política pública y mecanismos formales de cabildeo que existen fuera de la secuencia de revisión abierta. La influencia no es ilícita; está institucionalizada. Lo que distingue a esta influencia es su temporalidad y su asimetría.
Dado que estos intereses no quedan plenamente expuestos en el registro formal de la toma de decisiones y de la revisión, sus efectos aparecen como indirectos. No obstante, modelan las condiciones bajo las cuales la urgencia se encuadra como necesidad y la prelación ejecutiva como inevitabilidad. La ausencia de criterios articulados no obstaculiza este proceso; lo facilita al mantener los resultados flexibles mientras la dirección permanece fija.
La competencia externa proporciona una razón para la aceleración, mientras que la presión de la inversión interna la sostiene. De este modo, la dislocación procedimental se refuerza desde el interior de la propia secuencia ejecutiva. En conjunto, ambas generan un entorno ejecutivo en el que la aceleración se justifica de manera continua, incluso cuando la revisión institucional y las estructuras de sustitución permanecen diferidas.
VI
Lo que sigue marca un desplazamiento no en el contenido de la política, sino en la manera en que se orienta la acción del Poder Ejecutivo cuando la guía procedimental deja de regir su temporalidad.
Cuando las decisiones continúan avanzando sin criterios articulados ni estructuras de sustitución, el lenguaje comienza a asumir funciones que ordinariamente corresponden a la guía procedimental. Por guía procedimental, este análisis se refiere a los criterios articulados, los umbrales de revisión, la secuencia institucional y las estructuras de sustitución mediante las cuales las decisiones suelen evaluarse, revisarse o suspenderse antes de que la acción del Poder Ejecutivo proceda. En lugar de ello, las órdenes ejecutivas se emplean para encuadrar la acción del Poder Ejecutivo y para proporcionar orientación allí donde la guía procedimental está ausente.
En este contexto, términos como “dominación”, “necesidad” o “liderazgo” no operan principalmente como descripciones. Dichos términos establecen dirección sin especificación. Su función es hacer avanzar las decisiones mientras dejan sin resolver los objetivos, los límites y las medidas.
Esta ampliación del lenguaje modifica la manera en que se comprende la acción del Poder Ejecutivo. En lugar de aclarar qué se hace y bajo qué condiciones, el lenguaje organiza la atención en torno al impulso procedimental. El movimiento mismo pasa a ser la prioridad, aun cuando los fundamentos de la evaluación permanezcan sin asentarse.
El efecto es acumulativo en el tiempo. A medida que aumenta la dependencia del encuadre retórico, quedan disponibles menos marcadores procedimentales para ralentizar, revisar o redirigir la acción del Poder Ejecutivo. El lenguaje comienza a asumir responsabilidades que normalmente corresponden a la revisión y a la especificación.
En esta etapa, el lenguaje no ha desplazado por completo a la explicación, pero ha comenzado a excederla. Este lenguaje continúa remitiéndose a la política, pero ahora desempeña un trabajo adicional al sostener la acción del Poder Ejecutivo en ausencia de un soporte procedimental asentado.
VII
Las solicitudes de especificación dejan de conducir a criterios articulados o a mecanismos de revisión y pasan, en cambio, a producir la reiteración del encuadre original. La explicación cede ante el énfasis, y el énfasis ante la repetición, sin que se resuelvan los vacíos procedimentales subyacentes.
A medida que el lenguaje comienza a asumir responsabilidades que normalmente corresponden a la revisión y a la especificación, su relación con la explicación se modifica. Las formulaciones inicialmente destinadas a orientar la comprensión pasan a convertirse en puntos de referencia que se repiten en lugar de ser examinados.
Con el tiempo, este patrón reduce la capacidad de pausar, reconsiderar o revisar decisiones ya en curso. Cuando el lenguaje pasa a utilizarse para sostener la acción, volver sobre sus premisas se vuelve más difícil. El ajuste aparece como retroceso y la reconsideración como demora, aun cuando no se hayan articulado estándares asentados.
El efecto de esta sustitución retórica no es una resistencia abierta a la revisión, sino un estrechamiento de su alcance. La revisión persiste formalmente, pero queda cada vez más encargada de acomodar decisiones ya avanzadas. El espacio para cuestionar la secuencia, la autoridad o los criterios se contrae sin cerrarse de manera explícita.
En este punto, el lenguaje ya no se limita a impulsar la acción del Poder Ejecutivo; comienza a protegerla. Las decisiones siguen siendo explicables en términos generales, pero se vuelven menos accesibles a un examen sostenido. Lo que ha cambiado no es la transparencia, sino las condiciones bajo las cuales la clarificación aún puede producirse.
VIII
Esta sección rastrea las consecuencias de sustituciones procedimentales anteriores, mostrando cómo los puntos de referencia para la evaluación desaparecen incluso mientras la acción del Poder Ejecutivo continúa.
Los resultados se proyectan, pero no se especifican. Los medios se despliegan, pero no se miden frente a criterios estables. Está ausente un punto de referencia compartido mediante el cual tanto los medios como los resultados puedan ser evaluados. Cuando las decisiones se adoptan antes de una revisión sostenida y se mantienen mediante encuadres retóricos en lugar de criterios articulados, las bases disponibles para juzgar esas decisiones se reducen.
En tales condiciones, los resultados proyectados dejan de funcionar como controles sobre la acción ejecutiva presente. Los beneficios proyectados permanecen abstractos, diferidos o supeditados a una aclaración futura. En ausencia de parámetros definidos o de mecanismos de revisión, los resultados operan más como justificación que como objetos de evaluación.
Esto desplaza un mayor peso hacia el proceso. Cuando los fines permanecen indeterminados, la secuencia procedimental se convierte en la única medida disponible de legitimidad. Si esa secuencia se encuentra dislocada, no queda base alguna para distinguir entre una acción ejecutiva provisional y una dirección asentada.
Las apelaciones a la necesidad adquieren prominencia en estas condiciones. Estas apelaciones tienden un puente entre medios inciertos y fines no especificados mediante la afirmación de inevitabilidad. Sin embargo, la inevitabilidad no aporta medida; hace avanzar la acción ejecutiva mientras difiere la evaluación.
El resultado es la suspensión de la evaluación, en la medida en que el juicio se difiere hacia resultados que aún no han sido definidos. Los medios del Ejecutivo avanzan sin referencia a fines que puedan ser examinados y dejan la evaluación suspendida en lugar de resuelta.
IX
La significación de lo que sigue no reside en la escalada ni en el colapso, sino en la capacidad de este patrón de gobierno para persistir sin desencadenar una ruptura formal.
Considerada a la luz de la secuencia precedente, la orden ejecutiva aparece menos como respuesta a un desafío tecnológico que como expresión de la forma en que la autoridad presidencial opera en la actualidad.
En esta secuencia, la restricción constitucional persiste de manera formal mientras pierde su capacidad para gobernar el momento de la acción presidencial. Lo que define este modo de operación no es la ambición declarada, sino el ejercicio de la autoridad ejecutiva antes de que existan estructuras, instancias de revisión y criterios de medida asentados.
A pesar de la suspensión de la evaluación procedimental, la acción del Poder Ejecutivo continúa avanzando y se consolida como un patrón de gobierno. La acción del Poder Ejecutivo avanza sin criterios estables, y la evaluación la sigue en lugar de orientarla. El encuadre retórico sostiene la continuidad una vez que la autorización, la especificación y la revisión dejan de gobernar el inicio de la acción, y la inevitabilidad pasa a ocupar el lugar de la articulación.
En estas condiciones, la gobernanza conserva movimiento, pero pierde su referencia procedimental. Las decisiones siguen siendo inteligibles en términos generales, pero resultan cada vez más difíciles de evaluar, revisar o detener.
Más que resolverse en una crisis, la condición persiste mediante la afirmación ejecutiva en lugar de la secuencia procedimental. La autoridad ejecutiva continúa funcionando, pero lo hace con menos puntos internos de corrección.
La relevancia de esta condición no reside en su novedad, sino en su durabilidad. Cuando la dislocación procedimental se convierte en un rasgo estable de la acción ejecutiva, reconfigura la manera en que se entiende la legitimidad y cómo puede ejercerse la rendición de cuentas. Lo que se produce no es una excepción, sino una forma normalizada de proceder.
X
Un orden constitucional presupone la cooperación sin poder imponerla de antemano. La ley establece procedimientos, umbrales y divisiones de autoridad, pero no puede asegurar la disposición de los actores que deben habitar esos roles. La responsabilidad de la cooperación queda así situada precisamente en el punto en que la previsibilidad ya no puede asegurarse —el juicio humano, la ambición, el temor, el cálculo, la fatiga, el orgullo. Esto no constituye un fracaso de la ley como texto; es una condición de la ley como estructura vivida.
Vista de este modo, la inestabilidad no es una aberración introducida únicamente por malos actores. Es una posibilidad siempre presente, generada por el hecho de que los sistemas constitucionales dependen de una contención ejercida de manera voluntaria, secuencial y, a menudo, contra el interés inmediato. Allí donde la cooperación falla, los procedimientos permanecen formalmente intactos, pero pierden fuerza operativa en la práctica. La ley persiste en el papel mientras su capacidad de coordinación se debilita con el tiempo.
Por esta razón, el problema trazado a lo largo de este ensayo es, en última instancia, ético y no moralizante. No plantea quién tiene razón o quién se equivoca, sino qué puede razonablemente esperarse de agentes humanos que operan bajo presión, asimetría y confianza incompleta. La gobernanza constitucional presupone una ética mínima de reciprocidad —un acuerdo para esperar, para impugnar, para diferir, para revisar. Cuando esa ética no logra sostenerse, el sistema no colapsa de inmediato; persiste en una condición en la que la coordinación deja de gobernar la acción. La autoridad del Poder Ejecutivo llena el vacío que deja la cooperación, a menudo en nombre de la continuidad.
Esto explica por qué el desplazamiento resulta duradero, por qué la contención permanece frágil y por qué los sistemas pueden seguir funcionando incluso cuando sus fundamentos éticos pierden fuerza de sostén. La ironía que se sostiene aquí no es pesimista; es lúcida como cierre de la indagación.
Los marcos cooperativos son siempre provisionales. Existen en tensión con la desconfianza, la defección estratégica y la circunstancia cambiante. Nunca quedan resueltos; sólo se renegocian. El hecho ético no es que aparezca la desconfianza, sino que la gobernanza debe funcionar a pesar de ella.
Condiciones preprocedimentales de dislocación
La responsabilidad política comienza antes que la gobernanza. Precede a los programas, a los eslóganes y a la coreografía institucional. Mucho antes de que la autoridad se ejerza, esta es confiada, y en ese acto ya se emite un juicio—no sobre el detalle de la política, sino sobre el temperamento, la contención y la capacidad de autolimitación.
El centro ético del liderazgo no se revela a través de la ambición ni de la promesa retórica, sino mediante señales inmediatamente legibles: flexibilidad sin oportunismo, firmeza sin dominación, cautela sin parálisis. Estas cualidades son visibles casi de inmediato, a menudo en los primeros momentos de exposición. Pasarlas por alto no es un fallo de inteligencia, sino de atención.
Esta responsabilidad no puede desplazarse hacia las instituciones a posteriori. Tampoco puede excusarse por urgencia, fatiga o agravio personal. Una vez conferida la autoridad, el derecho debe gestionar aquello que ya ha sido autorizado, incluso cuando la corrección resulta costosa o se produce con retraso. Ninguna salvaguarda procedimental puede compensar plenamente la indiferencia ética en el momento de la selección.
Los sistemas políticos no se deterioran únicamente por quienes gobiernan. También reflejan los criterios —explícitos o tácitos— mediante los cuales se elige a quienes gobiernan. El bienestar colectivo depende menos de los resultados prometidos que del carácter al que se le permite ejercer el mando. En este sentido, el liderazgo no se impone a una sociedad. Es reconocido, aceptado y sostenido por ella.
En el paisaje posverdad de los medios latinoamericanos, donde la indignación se ha convertido en moneda corriente, pocas figuras ilustran con tanta nitidez la fusión entre ideología y mercadotecnia como Inna Afinogenova. Se ha convertido en la voz más reconocible de la sospecha autoritaria en el ámbito hispanohablante. Desde plataformas como Canal Red Latinoamérica, su discurso forma parte de una vasta red de desinformación que se expande por la región, envuelta en la retórica del pensamiento crítico y de la emancipación popular. Estas redes —que abarcan Moscú, Teherán, Pekín y varios gobiernos latinoamericanos— siguen un mismo guion: desmantelar la confianza en la democracia liberal, debilitar las instituciones y convertir la duda permanente en un sustituto de la conciencia. En nombre de la soberanía informativa, sustituyen el debate por el descrédito, el análisis por la sospecha y la verdad por el relato. Su poder no reside tanto en la falsedad flagrante como en la manipulación emocional que convierte la confusión en convicción. En este contexto, Afinogenova no se presenta como una comentarista aislada, sino como el emblema de un aparato de propaganda sofisticado, que disfraza la obediencia a las autocracias del siglo XXI bajo el atuendo de la disidencia.
Inna Afinogenova, nacida en Daguestán en 1989, es una periodista rusa que trabajó como subdirectora de RT en Español hasta mayo de 2022. Renunció alegando su desacuerdo con la guerra en Ucrania y con la imposición de una narrativa bélica de Estado. Desde entonces ha colaborado con medios de análisis geopolítico y latinoamericano como LaBase, producido por el diario español Público, y participa en Canal Red, un proyecto audiovisual dirigido por Pablo Iglesias (exvicepresidente del Gobierno de España y fundador del partido de izquierda Podemos, actualmente activo en medios políticos). Allí dirige y conduce programas como CaféInna y participa en análisis centrados en América Latina. Su audiencia es amplia y su presencia en las plataformas digitales considerable, lo que la convierte en una figura influyente en los debates políticos e informativos del mundo hispano.
Su trayectoria, sin embargo, no ha estado exenta de controversia. Durante su etapa en RT en Español, fue uno de los rostros más visibles del canal en América Latina, amplificando narrativas que presentaban a las potencias occidentales como intrínsecamente engañosas y depredadoras. Una columna de opinión en The Washington Post la describió como “la voz española de la propaganda rusa”, aludiendo a su defensa reiterada de posturas favorables al Kremlin. En diciembre de 2021, dos meses antes de la invasión de Ucrania, utilizó su programa Ahí les va para burlarse de las advertencias de los servicios de inteligencia occidentales sobre un ataque inminente, prediciendo que “llegará enero, luego febrero, y no habrá invasión”, insinuando que la histeria mediática respondía a los intereses de la OTAN. Episodios como éste, aunque superados por los hechos, ejemplifican su método retórico: convertir el escepticismo en incredulidad y la incredulidad en persuasión.
Tras su salida de RT, Afinogenova ha seguido operando en círculos mediáticos ideológicamente afines a la izquierda latinoamericana, reforzando un discurso que equipara la prensa occidental con la manipulación y el imperialismo. Medios como Expediente Público han señalado su papel en la configuración de narrativas dentro de campañas partidistas, a menudo reflejando líneas de comunicación promovidas por Estados o intereses geopolíticos de Rusia, China o Irán. A través de Canal Red y Diario Red, ambos asociados a Pablo Iglesias, participa en ecosistemas mediáticos que con frecuencia reciclan contenidos de emisoras internacionales como CGTN. En países como Honduras, se le ha acusado de contribuir a estrategias comunicativas que favorecen a candidatos de izquierda bajo la apariencia de una “comunicación soberana”. Aunque no existe evidencia de una cadena de mando directa que la vincule con un régimen específico, el patrón de coherencia temática revela una alineación ideológica más que un ejercicio de periodismo independiente.
Esa alineación ha suscitado un renovado debate desde la publicación de su reciente vídeo “¿Premio Nobel de la Paz… o de la Guerra?”, donde presenta el galardón concedido a María Corina Machado como una maniobra de diseño geopolítico más que como un reconocimiento moral. El vídeo no examina tanto los hechos como las intenciones, sugiriendo que el premio responde a los intereses de Occidente más que a la valentía cívica. El argumento, aunque retóricamente eficaz, confunde correlación con causalidad. Es posible reconocer las imperfecciones de las instituciones internacionales sin negar el peso ético del valor público. El Premio Nobel, como toda institución humana, refleja juicios; pero en este caso distingue una vida de riesgo asumido sin armas, sin privilegios y sin acceso al poder coercitivo del Estado.
Cuestionar los motivos es legítimo; insinuar conspiraciones sin pruebas, no. Toda voz crítica conlleva responsabilidad, porque la verdad exige proporción, no proyección. La lucha de María Corina Machado no puede reducirse a la retórica de la “intervención occidental” ni descartarse como “disidencia fabricada”. Pertenece a la conciencia de un pueblo que busca su autodeterminación por vías legítimas tras décadas de despojo. Respetar la pluralidad significa conceder a los demás la misma buena fe intelectual que uno exige para sí. El debate ennoblece la democracia sólo cuando se sostiene en hechos verificables y en claridad moral, no cuando convierte la sospecha en argumento. Entre el escepticismo necesario y la sospecha sistemática existe una frontera moral: cruzarla es pasar de pensar libremente a servir sin saberlo.
Hay vidas que parecen recapitular el destino de una nación, como si la historia, en busca de renovación, reuniera sus promesas dispersas en una sola forma mortal. María Corina Machado pertenece a ese raro orden de seres en quienes la sangre, la memoria y la convicción convergen —no como privilegio, sino como carga. No nació simplemente dentro del linaje republicano de Venezuela; fue convocada por él. El llamado que resonó por primera vez en los salones asamblearios de Caracas en 1811 —cuando se proclamó su independencia y se concibió su primera constitución republicana— sigue vibrando bajo su nombre.
Su ascendencia se remonta al primer pulso de la República. Desde los Rodríguez del Toros, que plasmaron sus firmas bajo el Acta de Independencia, hasta los ingenieros Zuloaga que electrificaron a la nación, su genealogía está tejida en las arterias cívicas de Venezuela. Es una estirpe que eligió el servicio sobre el título, la innovación sobre la indulgencia y la fidelidad a la ley sobre la comodidad del silencio. En esa tradición, la libertad no es una abstracción: es herencia, obligación y vocación. Es el hilo que une a un pueblo con su conciencia.
Cuando las instituciones que antaño definieron a Venezuela empezaron a desmoronarse, cuando la legalidad se convirtió en teatro y las palabras perdieron su peso, Machado dio un paso al vacío con la gravedad de quien sabe que el retroceso es imposible. Su desafío no fue teatral: fue ancestral. Cada gesto, cada negativa a someterse, llevaba la silenciosa autoridad de la historia consumada. Hablaba como quien comprende que preservar la dignidad en tiempos de humillación es la forma más pura de resistencia. Hay, en su modo de ser, esa rara síntesis de lucidez y firmeza que define la personalidad moral de una nación en su mejor expresión: lúcida, incorruptible y humana.
Hoy, sin embargo, su adversario no es uno solo, sino muchos. Ante ella se alza no sólo un narcoestado que ha vaciado de soberanía a Venezuela, sino también una oposición fracturada —un archipiélago de partidos y figuras unidos menos por principios que por conveniencia. Faccionados, transitorios y transaccionales, han convertido la pluralidad en pretexto y el compromiso en comercio. Muchos han aprendido a vivir del mismo régimen que denuncian. Negocian libertades para sí mismos, incluso mientras el país se hunde cada vez más en la cautividad. Frente a esa duplicidad, la presencia de Machado se ha vuelto un juicio moral: su claridad desnuda la corrupción de los otros; su constancia, su oportunismo.
En torno a este desorden interno, el mundo gira con apetito vigilante. Las vastas riquezas naturales de Venezuela —su petróleo, su gas, su oro y sus minerales raros— se han convertido en el botín de redes criminales y de inversores multinacionales por igual. Rusia, China, Irán y los Estados Unidos, cada uno envuelto en retórica de salvación, compiten no por liberar al país sino por asegurarse una parte de su agotamiento. Detrás de las máscaras diplomáticas de la ayuda se oculta el mismo cálculo: que el caos puede ser rentable, que una nación debilitada por el hambre y el miedo puede ser manejada con mayor facilidad que una restaurada a su soberanía. Ésa, desde hace veinticinco años, ha sido la condición de Venezuela: un campo de extracción material, moral y humana; su pueblo disperso, sus instituciones despojadas, su memoria empeñada al mejor postor.
En tal paisaje, María Corina Machado se erige a la vez como testigo y contrapunto. Su lucha nunca ha sido por el poder, sino por la coherencia —por la recuperación de un lenguaje cívico capaz de nombrar lo que se ha perdido. Hablar de ley, verdad y justicia en medio de la corrupción generalizada equivale a resucitar el sentido mismo de las palabras. Su voz se ha vuelto el hilo que reúne la conciencia dispersa de la nación, recordando a los venezolanos que la dignidad no se negocia, y que ningún salvador extranjero restaurará lo que sólo los ciudadanos pueden redimir.
Verla caminar por las calles, recibida no por el lujo sino por la fe, es contemplar a un país que empieza a recordarse a sí mismo. Se ha convertido, lo quiera o no, en el espejo a través del cual los venezolanos redescubren su propia arquitectura moral: la decencia, el valor, la compasión y un anhelo inextinguible por la verdad. En su perseverancia, el diálogo interrumpido entre el pueblo y la República vuelve a escucharse.
El Premio Nobel de la Paz, otorgado a su nombre, no es una coronación, sino un reconocimiento —la constatación de que su lucha trasciende el momento y se convierte en emblema del espíritu humano que se niega a rendirse ante la desesperanza. Al concedérselo, el mundo afirma que el sueño republicano de Venezuela —nacido en el fuego y preservado en la conciencia— sigue respirando en una de sus hijas. Es el sueño de una nación que cree que la paz sólo puede edificarse no sobre la sumisión, sino sobre la claridad moral; no sobre el silencio, sino sobre la voz inquebrantable del ciudadano.
Lo que María Corina Machado representa es más que la oposición a la tiranía. Es la encarnación de la continuidad —la idea de que una República, como un alma, sobrevive mientras exista alguien dispuesto a soportar su peso con dignidad. Su ascenso no es accidental: es el retorno de una promesa antigua. En su serenidad, Venezuela vuelve a reconocerse: herida pero intacta, luminosa en su desafío, fiel al destino inscrito en su primer acto de libertad.
Hay heridas que permanecen porque aún no hemos forjado un consenso moral:
“…E pluribus unum”
Participantes portando banderas estadounidenses en la marcha por los derechos civiles de Selma a Montgomery, Alabama, 1965. Fotografía de Peter Pettus; copia en gelatina de plata (reimpresión de 1999–2000). Imagen de archivo en dominio público, cortesía de la División de Impresos y Fotografías de la Biblioteca del Congreso.
Unidades de la Guardia Nacional en formación durante una protesta civil, California, junio de 2025. Foto de Spencer Platt / Getty Images, vía NPR. Una imagen contundente de poder enfrentando protesta—donde la disidencia pública se enfrenta con la militarización del Estado.
La imagen pone de relieve un momento decisivo en nuestra vida cívica: aquel en que las expresiones de disenso no se enfrentan con diálogo, sino con la politización de la fuerza militarizada al servicio de la marca del poder ejecutivo. Refleja una pauta inquietante: cuando las demandas de justicia e inclusión se tergiversan como amenazas partidistas, y la defensa de la pluralidad se toma por una provocación.
Existe una brecha cada vez más profunda en nuestro país, intensificada por el regreso en 2025 de la administración Trump y el proyecto del movimiento M.A.G.A. de “reformar” Estados Unidos mediante la alteración de los principios constitucionales que han sostenido nuestra democracia durante generaciones. Este movimiento ha envalentonado a algunos que afirman estar bajo asedio—en especial por parte de los afroamericanos—a quienes acusan de albergar un ‘odio irracional’. Sin embargo, esta acusación ignora una verdad más profunda: quienes la sostienen suelen negarse a reconocer su propia complicidad en las condiciones que generan sufrimiento e indignación. Se consideran inocentes mientras desestiman la experiencia vivida de los demás.
Esta disonancia revela un tribalismo persistente—un complejo de superioridad disfrazado de patriotismo, a menudo dirigido contra comunidades marginadas. Corroe la empatía y sofoca la responsabilidad.
No obstante, disentir es la savia de la democracia. Y aunque podamos apreciar este país—sus paisajes, su riqueza cultural y sus ideales fundacionales—también debemos enfrentar la tarea inconclusa de la justicia. Celebrar la Constitución mientras se ignora el legado de la esclavitud, la segregación y la desigualdad sistémica es devaluar tanto nuestra historia como nuestro futuro.
Esto se manifiesta con especial claridad en nuestro sistema de justicia penal. La necesidad de una reforma ya no es una postura partidista; es un imperativo moral. Las comunidades racializadas siguen siendo desproporcionadamente vigiladas, criminalizadas y sometidas a violencia bajo el pretexto del orden público. Muchos departamentos de policía en todo el país han fallado en su deber de proteger a quienes más lo necesitan—quienes han sido excluidos por falta de oportunidades, educación y apoyo. Cuando estas condiciones se responden no con compasión, sino con brutalidad, presenciamos el rostro más atroz de la crueldad.
Se puede amar profundamente a este país, pero ese amor debe ser activo—comprometido con la equidad, no con la nostalgia. La justicia y la igualdad no son premios por callar; son el derecho de nacimiento de todas las personas que habitan esta tierra.
El movimiento “Black Lives Matter” no es una amenaza para los valores estadounidenses; es un llamado a cumplirlos. No es odio protestar contra la injusticia. El odio reside en silenciar la disidencia, en pisotear los derechos ajenos mientras se reclama superioridad moral. Una y otra vez, quienes ostentan el poder se han distanciado de los oprimidos, especialmente de aquellos privados del derecho al voto. Esta indiferencia persiste hasta que la solidaridad se vuelve ineludible.
Relativizar el asesinato de jóvenes afroamericanos—o guardar silencio—es negarse a comprender el largo historial del racismo en Estados Unidos. Los gestos de inclusión no sustituyen a la verdad. La justicia real no requiere medias tintas, sino una determinación sincera y valiente.
Y ahora, ese mismo aparato represivo se despliega con renovada contundencia contra las personas inmigrantes, contra quienes forman parte del colectivo LGBTQ en Estados Unidos, y contra el principio mismo de la diversidad.
—como lo demuestra la militarización innecesaria de una milla cuadrada de Los Ángeles en junio de 2025, donde las protestas localizadas fueron amplificadas por el gobierno federal como si se tratara de una insurrección nacional—
La movilización de tropas para sofocar protestas pacíficas —sustituyendo a las fuerzas del orden por despliegues militares—, la criminalización de quienes buscan refugio, y el empeño por revertir los derechos conquistados por las personas homosexuales no son políticas aisladas. Son síntomas de la misma aberración moral del poder ejecutivo como marca política: el miedo a la pluralidad.
Este miedo ha tomado como blanco incluso a las iniciativas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI). Estos programas, nacidos de las luchas por los derechos civiles y destinados a remediar la exclusión histórica, se han convertido en chivos expiatorios. La DEI no amenaza el mérito; es una vía hacia la justicia. No se trata de ortodoxia política, sino de garantizar acceso, visibilidad y dignidad para quienes han sido marginados durante demasiado tiempo. La oposición a la DEI no es un debate neutral—es un intento calculado de suprimir el pluralismo que da sentido a la democracia.
—A menudo, ese pluralismo se reduce a una caricatura. En ciertos círculos partidistas, el término “woke” se ha convertido en un arma para ridiculizar cualquier esfuerzo de inclusión o reparación, tachándolo de absurdo, elitista o peligroso. Lo que comenzó como un llamado a mantenerse alerta ante la injusticia ha sido degradado hasta convertirse en una burla—menos un argumento que un reflejo automático, utilizado no para esclarecer, sino para silenciar.
Pero la justicia no pierde su urgencia porque se la ridiculice.
Prohibir las oficinas dedicadas a la diversidad, desmantelar los programas de inclusión o etiquetar el trabajo por la equidad como adoctrinamiento ideológico no refleja fortaleza, sino miedo. Tales acciones socavan los valores fundamentales de libertad y justicia, sustituyendo una ciudadanía inclusiva por una conformidad impuesta.
El afán por revertir los derechos LGBTQ, demonizar los movimientos por la justicia racial y silenciar las iniciativas de diversidad forman parte de una misma lógica. No son agravios aislados, sino expresiones de una visión del mundo intolerante que busca imponerse a través de la exclusión —ecos del macartismo, aquella campaña de comienzos de los años cincuenta liderada por el senador Joseph McCarthy, cuyas acusaciones televisadas sobre una supuesta infiltración comunista cautivaron a la nación y convirtieron la sospecha en arma política; fue un espectáculo público que transformó el miedo a la diferencia en doctrina nacional. No son señales de una república fuerte. Son las marcas de una nación debilitada por el miedo.
A ello contribuye la mayoría republicana en el Congreso—quienes, al respaldar a Trump y las políticas disruptivas del movimiento M.A.G.A., agravan el déficit moral al reducir drásticamente los impuestos a los multimillonarios, mientras desestabilizan la infraestructura social y política del país. Han contribuido al aumento de la inflación mediante aranceles a importaciones extranjeras y promueven una política exterior que incrementa la inestabilidad mundial, todo ello en beneficio de una ínfima élite oligárquica a costa del bien común.
Amar a este país es rechazar ese miedo y la frágil cobardía que lo sustenta. Amar esta nación es defender su pluralismo. Amarla es afrontar sus contradicciones, no con cinismo, sino con determinación.
No somos una unión perfecta, pero seguimos siendo una unión. El camino hacia adelante no está en el pasado. Comienza donde vive la justicia: en la búsqueda de la verdad, en la compasión, en la valentía.
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PostScript
Project 2025 y la maquinaria de la conformidad
Entre los ejemplos más claros de cómo el miedo a la pluralidad ha sido codificado como estrategia política figura Project 2025 —un ambicioso plan para reestructurar el gobierno federal de EE.UU., impulsado por The Heritage Foundation (La Fundación del Patrimonio) y ahora activamente respaldada por la administración Trump. Aunque sus arquitectos invocan el lenguaje de la libertad y la reforma constitucional, su objetivo subyacente no es la renovación democrática, sino la consolidación ideológica.
Project 2025 no se conforma con reducir el tamaño del gobierno. Pretende desmantelar el Estado administrativo, eliminar las protecciones del servicio civil y sustituir a los funcionarios públicos de carrera por leales partidistas. Bajo la consigna de “drenar el pantano”, propone una purga —no para restaurar el equilibrio constitucional, sino para empoderar a una elite ejecutiva estrechamente alineada. Esto deja de ser conservadurismo para convertirse en autoritarismo ejecutivo revestido de populismo.
Incluso su retórica de “recuperar el país” revela su verdadera intención: no restaurar una democracia pluralista, sino imponer uniformidad —cultural, política y moral. Las iniciativas DEI deben ser demolidas, la educación pública reconfigurada para reflejar una ideología singular, y la disidencia dentro del gobierno neutralizada. No son reformas; son instrumentos de control.
Este plan no es una anomalía: es su culminación. La nostalgia, el resentimiento y el miedo se han transformado en la materia prima de políticas concretas. Y lo que revela es una profunda contradicción: quienes invocan con más fuerza la Constitución ahora buscan reescribirla en la práctica, reemplazando la promesa de We the People con el dominio de We alone.
Esto dejó de ser hipotético esta semana, cuando llegamos al barrio de Capitol Hill. Frente a la sede de The Heritage Foundation presenciamos una protesta en plena confrontación: dos bandos opuestos, uno defendiendo los derechos reproductivos, el otro revestido de ira bajo pretexto moral. El más ruidoso —un grupo de madres conservadoras— no dialogaba, sino que gritaba con desprecio: no defendían argumentos, sino que condenaban la legitimidad misma del desacuerdo moral.
No eran defensores de la vida. Eran agentes de control sobre cómo vivir.
Lo que presencié ante la Heritage Foundation no fue un arrebato aislado. Fue la manifestación local de un proyecto nacional en desarrollo.The Heritage Foundation ya no solo comenta la política; está construyendo la estructura para un giro autoritario ya en curso. En estrecha sincronía con la administración Trump —reconocida o no— Heritage no está ofreciendo recomendaciones, está diseñando una maquinaria de conformidad.
Esta máquina no tolera la pluralidad. Redefine la disidencia como insubordinación, la diversidad como decadencia, y la gobernanza como lealtad a una voluntad única. No es restauración del orden constitucional, sino una repudiación calculada.
Y lo que propone Project 2025 no es solo un cambio administrativo. Es un plan para capturar ideológicamente el lenguaje, la ley y la vida pública. Reemplaza We the People con un mandato desde arriba: Only us.
Esta es la herida que no sanará —a menos que la enfrentemos.
De camino a Union Station
Mientras abandonábamos Capitol Hill con destino a Union Station para regresar a Pennsylvania, las calles evidenciaban signos de celebración inminente. Se levantaron barricadas. Vehículos militares ocupaban las avenidas. Los preparativos estaban en marcha para un desfile militar con tanques, tropas y fanfarrias marciales. Oficialmente, era para conmemorar el 250 aniversario del Ejército de los EE. UU. Pero el momento (sábado 14 de junio, cumpleaños de Trump), junto con la pompa y el encuadre presidencial, hicieron difícil ver el evento como algo más que un espectáculo orquestado. El simbolismo desdibujó la línea entre honrar el servicio militar y apropiárselo para la glorificación personal. Se sintió menos como un cumpleaños y más como una coronación.
Al cruzar uno de los cruces cerrados, un hombre afroamericano en una elegante silla de ruedas motorizada nos adelantó por la derecha. Sin mediar palabra, nos miró —dos hombres caminando juntos— y, con serena determinación, dijo: “Cuidado, el Día del Juicio Final está pronto a llegar”.
No respondimos. Él siguió su camino.
Fue un instante silencioso, pero cargado de significado. Un juicio —claro y moral— pronunciado sin confrontación, pero con intención. Una acusación casual, pero escalofriante. Incluso alguien con visibilidad marcada como vulnerable había interiorizado el reflejo nacional hacia la condena. Las extremas actitudes ya no se hallan sólo en plataformas o políticas: están filtrándose en las aceras.
Me volví a mi esposo y le pregunté: “¿Cuánto crees que durará todo este odio?”
No desvió la mirada. “Puede que no vivamos para verlo terminar”, dijo, “pero pasará”.
Sin título 012 de Ricardo Morín 56 x 76 cm Acuarela, carboncillo, óleo, corrector líquido y tinta sobre papel 2006
Existe un umbral más allá del cual el sufrimiento deja de ser resistencia y se convierte en otra cosa—algo crudo, incomunicable. No es simplemente una cuestión de dolor, ni siquiera de desesperación, sino una merma silenciosa en la que el ser se encuentra al borde de su propia disolución. Pero, ¿cómo se define ese límite?
Es tentador creer que el sufrimiento tiene un propósito, que puede transmutarse en sabiduría o resiliencia. Esta creencia nos sostiene en sus primeras etapas. Soportamos en nombre de su significado, con la esperanza de que el sufrimiento refine en lugar de aniquilar. Sin embargo, llega un punto en que el sufrimiento se convierte en una fuerza en sí misma, desligada de toda justificación. Ya no instruye ni dignifica—únicamente persiste.
El problema del sufrimiento no es cuánto se puede soportar, sino cuánto debe revelarse. El silencio a menudo protege tanto al que sufre como al que escucha. Hay dolores demasiado íntimos, demasiado profundos como para traducirlos en palabras sin convertirlos en espectáculo. Exponer el sufrimiento en su totalidad corre el riesgo de despojarlo de su dignidad, de transformarlo en algo irreconocible. Y, sin embargo, ocultarlo por completo puede generar su propio tipo de exilio, una soledad donde el dolor se enquista en la sombra.
Algunos intentan navegar esta tensión ofreciendo fragmentos—lo suficiente para reconocer la existencia del sufrimiento sin invitar a la intromisión. Otros prefieren el silencio absoluto. No es cobardía, sino una última afirmación de control, un rechazo a ser definido por el dolor. Imponer al que sufre la expectativa de compartir su aflicción es no comprender la naturaleza de su carga. La gravedad del sufrimiento no reside únicamente en la experiencia en sí, sino en la imposibilidad de hacerla comprender.
Vivimos bajo la ilusión de que la mente y el cuerpo resistirán, de que la capacidad de aguante es infinita. Pero el sufrimiento nos recuerda lo contrario. Hay un punto de quiebre, ya sea visible o silencioso, súbito o prolongado. No es el mismo para todos. Algunos resisten más que otros—no por una mayor fortaleza, sino por una alquimia diferente de circunstancias, temperamento y azar. Lo único constante es que todos los límites, tarde o temprano, son alcanzados.
No hay una sola forma de vivir con el sufrimiento.A veces, lo que alivia no es resistir, sino el acto callado de reconocerse con compasión.Hablar, cuando se puede.Callar, cuando es necesario.En el espacio entre lo que no puede decirse y lo que debe asumirse, puede surgir una verdad sencilla:incluso la incertidumbre puede sostenernos, si la aceptamos con honestidad.
Y cuando esa liberación es imposible, cuando el sufrimiento se prolonga más allá de su propio límite, sólo queda el reconocimiento silencioso de su presencia—un peso que, tarde o temprano, debe disiparse o consumir lo que aún permanece.
Ricardo F. Morín Serie Triangulación Nº 35 13 ½” x 19” Óleo sobre lino 2009
Habían estado allí el tiempo suficiente como para que nadie marcara un comienzo.
Los senderos cruzaban la tierra sin límite. Algunos se usaban con frecuencia, otros sólo cuando era necesario. Nadie preguntaba quién los había recorrido por primera vez. Bastaba con poder seguirlos.
Una mañana, llegaron hombres con documentos.
No avanzaban por los senderos. Se detenían en ciertos puntos, desplegaban papeles y leían en voz alta. Las palabras se repetían más de una vez, como si su repetición asegurara algo que aún no se había establecido.
Se trazó una línea.
No seguía los senderos. Los cortaba. Quienes habían caminado libremente se detenían antes de cruzarla. Algunos pasaban. Otros esperaban. Nadie podía decir qué ocurriría.
Los hombres con los documentos regresaron al día siguiente.
Pidieron nombres. Los anotaron. Algunos eran aceptados sin objeción. Otros eran repetidos de otra forma y luego registrados nuevamente. Nadie explicaba por qué.
Un hombre que había cruzado la línea el día anterior fue detenido.
Le indicaron que regresara. Señaló el sendero que siempre había usado. El hombre con el documento miró el sendero, luego la línea, y no dijo nada. Después de un momento, le hizo un gesto para que retrocediera.
Al día siguiente, otro hombre cruzó por el mismo lugar y no fue detenido.
Nadie preguntó qué había cambiado.
La línea permanecía.
Las personas ajustaban sus desplazamientos en torno an ella. Algunos la evitaban. Otros cruzaban sólo cuando eran observados. Los senderos no desaparecieron, pero ya no se recorrían de la misma manera.
Los hombres con los documentos seguían yendo y viniendo.
Cada vez, leían las mismas palabras.
Nadie preguntaba quién las había escrito.
*
Ricardo F. Morín, 19 de abril de 2026, en una sala de espera.
Ricardo F. Morin Serie del búfalo, n.º 2 48″ x 48″ Óleo sobre lienzo 1978
Durante una conversación, uno de los participantes afirma: « Ellos simplemente no comparten nuestros valores ». De inmediato, otro lo defiende: « Eso es libertad de expresión ». Sin embargo, nadie pregunta a quién se refiere « ellos », ni qué valores están en juego. En ese momento, la conversación cambia de dirección y la respuesta pasa a ocupar el centro.
Entonces, un participante, situado a un lado, lo refuerza: « Puede decirlo ». Al otro extremo de la mesa, otro replica: « No debería decirlo ». Un tercero interviene y repite: « Es libertad de expresión ». Pero nadie vuelve a enunciar la frase completa, ni pide al hablante que nombre los valores, ni que identifique a quién incluye « ellos ». Así, las palabras que dieron origen al intercambio dejan de orientar lo que sigue.
A continuación, alguien intenta volver a la frase y pregunta: « ¿A quién te refieres con “ellos”? ». El hablante no responde. En cambio, otra voz irrumpe y repite: « Eso es libertad de expresión ». La pregunta no se sostiene y el intercambio retoma el curso fijado por la respuesta.
Entonces, un participante restituye la frase: « Ellos simplemente no comparten nuestros valores ». Otro responde: « Eso es libertad de expresión ». Por un momento, la frase y la respuesta quedan juntas. Nadie determina si la respuesta responde a lo dicho. Nadie pregunta si la afirmación puede examinarse. El momento pasa.
Desde ese punto, cada intervención se dirige a la respuesta y no a la frase inicial. Uno insiste en el derecho a decirlo, mientras otro rechaza esa defensa. Sin embargo, nadie exige que el hablante defina « nuestros valores », ni que precise en qué consiste la supuesta falta de correspondencia. La frase deja de regir el intercambio. Aquellos a quienes se designa como « ellos » no son identificados; quedan separados sin ser nombrados. La frase los excluye sin precisar quiénes son.
A partir de entonces, la expresión se repite. Se emplea tanto para amparar al hablante como para oponerse a esa defensa. Pero no remite a la frase. Permite que cada participante adopte una posición sin esclarecer lo dicho. La expresión pasa a funcionar como señal de alineamiento, no como una instancia de examen.
Al final, la frase queda sin resolverse: no se examina, no se sostiene, no se retira. Se deja atrás. El rechazo se mantiene. La expresión permanece en uso y el intercambio continúa a partir de ella.
Ricardo F. Morín Serie del búfalo, Nº 7 36″ x 78″ Óleo sobre lienzo 1979
En un foro público, un participante dice: « Este país fue construido por personas que llegaron de otros lugares y se establecieron aquí con el tiempo ». Otro responde: « Las personas que entran sin autorización deben ser expulsadas ». Ambas afirmaciones permanecen. Nadie las vincula entre sí.
Un participante a un lado dice: « Mis padres llegaron aquí y se hicieron ciudadanos ». Desde el otro extremo, alguien responde: « La ley debe aplicarse ». Un tercero afirma: « Tiene que haber orden ». Nadie pregunta cómo fueron recibidas esas personas en su momento. Las afirmaciones permanecen separadas.
Alguien vuelve al punto anterior: « ¿Cómo se determinaba la situación de las personas cuando ellos llegaron? ». El interlocutor no responde. Otra voz responde: « Las personas deben venir por la vía correcta ». La pregunta no se sostiene. El intercambio continúa a partir de la respuesta.
A partir de ese momento, cada intervención se dirige a la aplicación de la ley. Nadie pregunta bajo qué condiciones se aplica esa ley ni a quién alcanza. Uno insiste en las fronteras. Otro rechaza la política. Nadie pregunta cómo se determina la situación de las personas. Nadie pregunta cómo se clasifica a quienes están presentes. Las afirmaciones iniciales permanecen. No se relacionan entre sí.
Entonces, un participante repite la afirmación inicial: « Este país fue construido por personas que llegaron de otros lugares ». Otro repite: « Las personas que entran sin autorización deben ser expulsadas ». Por un momento, ambas afirmaciones quedan juntas. Nadie determina si las mismas condiciones se aplican a ambas. Nadie pregunta si una limita o incluye a la otra. El momento pasa.
Quienes llegaron bajo condiciones anteriores y quienes ahora están sujetos a controles pueden ser nombrados. No se emplean los mismos términos para ambos.
Las frases continúan apareciendo. Sirven para defender posiciones y para oponerse a ellas. No regresan a las afirmaciones iniciales. Permiten que cada participante adopte una posición sin vincularlas.
Al final, ambas afirmaciones permanecen: una no se examina frente a la otra, ninguna se retira. Se dejan en su lugar. La separación se mantiene. El intercambio continúa sin vincularlas.
Ricardo F. Morín Serie del búfalo, n.º 3 32″ x 36″ Óleo sobre lienzo 1978
En un cabildo abierto, un participante dice: « Esta política elimina el acceso a servicios públicos —como la cobertura de asistencia médica y de vivienda— para residentes legales que han dependido de ellos ». Otro responde de inmediato: « Eso fue lo que se votó ». Todos saben que el tema es la inmigración. Nadie vuelve a lo que se está haciendo. El intercambio se desplaza. La respuesta pasa a ser el centro de la discusión.
En otro intercambio, alguien dice: «Esta medida autoriza la detención de personas sin audiencia mientras se revisa su situación». La respuesta llega de inmediato: « Eso fue lo que se votó ». La frase no se retoma. El intercambio sigue desde la respuesta.
Un participante, a un lado, dice: «Se decidió mediante una votación». Al otro lado, alguien responde: « Eso no justifica lo que hace ». Un tercero repite: « Eso fue lo que se votó ». Nadie restituye la frase inicial en su totalidad. Nadie pregunta qué hace la política. Las palabras que dieron origen a la discusión dejan de orientarla.
Alguien intenta volver a la frase: « ¿Qué parte de esto fue lo que se votó? ». Quien habló no responde. Otra voz interviene: « Refleja la voluntad de los votantes ». La pregunta no se sostiene. El intercambio se reanuda desde la respuesta.
Entonces, un participante restituye la frase inicial: « Esta política elimina el acceso a servicios públicos para residentes legales ». Otro responde: « Eso fue lo que se votó ». Por un momento, la frase y la respuesta quedan juntas. Nadie determina si la votación responde a lo descrito. Nadie pregunta si la respuesta da cuenta de la frase. El momento pasa.
A partir de ese momento, cada intervención responde solo a la misma respuesta. Uno insiste en la votación. Otro rechaza esa defensa. Nadie pregunta quién pierde el acceso bajo la política. Nadie pregunta cómo se lleva a cabo el cambio. La frase deja de dirigir el intercambio. Se pueden nombrar titulares de residencia permanente, beneficiarios de medidas diferidas, solicitantes de asilo y ciudadanos por nacimiento, pero no se reincorporan al intercambio.
La frase se utiliza para defender la decisión y para rechazarla como justificación. No regresa a la frase. Permite que cada participante adopte una posición sin precisar lo dicho.
Al final, la frase queda sin resolver: no se examina, no se sostiene, no se retira. Se deja atrás. El resultado mantiene lo que se está haciendo. La frase sigue en uso, y el intercambio continúa desde ella.
“Alegoría Geométrica”, pintura digital 2023 de Ricardo Morín (artista visual estadounidense nacido en Venezuela–1954)
Ricardo F. Morín
13 de enero de 2026
Oakland Park, Florida
Nota del Autor
Esta serie continúa un examen diagnóstico de la experiencia política venezolana, centrado en las condiciones bajo las cuales la autoridad, la verdad y la responsabilidad institucional dejan de estar alineadas. Permanece situada dentro de una indagación histórica más amplia, no como un relato cronológico, sino como atención a patrones que aparecen cuando el poder se preserva a expensas de la gobernanza.
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Capítulo XV
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El Segundo Asunto
~
Sobre Verdades Parciales y Anarquía Represiva
Verdades Parciales
1
La política entendida como una competencia entre verdades parciales resulta pertinente para comprender las dinámicas autoritarias. Este planteamiento sugiere que la vida política es inherentemente pluralista, y que cada perspectiva capta un fragmento de una realidad más amplia y compleja. En una democracia funcional, las verdades en competencia—que reflejan valores, necesidades y experiencias distintas—entran en un intercambio abierto y constructivo. Bajo el autoritarismo, en cambio, los esfuerzos del régimen por monopolizar la verdad suprimen las voces diversas indispensables para un discurso político equilibrado.
2
En Venezuela, el gobierno ejerce un control estricto sobre la información, deslegitima la disidencia y con frecuencia califica las perspectivas opositoras como falsas o peligrosas para el Estado. [1] Este monopolio de la verdad distorsiona el discurso público y evita que puntos de vista alternativos cuestionen los relatos del régimen. En lugar de propiciar un espacio para la oposición, las comunidades marginadas y la sociedad civil, el campo político venezolano queda reducido a una única verdad alineada con los intereses del régimen y diseñada para consolidar su poder.
3
Cuando la política se concibe como una negociación continua entre valores en competencia, resulta evidente que el régimen venezolano interrumpe ese proceso al descalificar a la oposición como subversiva. La idea de que el poder configura el conocimiento ilumina aún más esta dinámica: en Venezuela, el control estatal de los medios y de la información pública subordina los relatos alternativos y crea un entorno en el que solo prevalece la versión del régimen.
4
Esta supresión de verdades pluralistas invalida el fundamento de la gobernanza democrática, que idealmente depende de la coexistencia y la competencia entre perspectivas diversas. Al silenciar la disidencia, el régimen transforma la política en un monólogo de propaganda estatal, intensifica el control autoritario al despojar a la ciudadanía de su capacidad de acción, y socava, en última instancia, las bases democráticas necesarias para el funcionamiento de la sociedad.
Anarquía Represiva
5
La anarquía represiva revela una contradicción profunda en la estructura del poder, en la que el Estado actúa simultáneamente como fuerza opresiva y como agente de desorden. En Venezuela, esta tensión entre represión y anarquía pone de relieve un conflicto filosófico más profundo entre las funciones de la autoridad y su disolución. Mientras que las autocracias tradicionales se apoyan en la centralización del poder para imponer orden, la anarquía represiva señala el colapso de la capacidad del Estado para gobernar, incluso cuando endurece su control sobre la expresión política y la disidencia.
6
En el núcleo de la anarquía represiva se encuentra la paradoja del control sin gobernanza efectiva. [2] La maquinaria estatal está orientada a suprimir libertades políticas, restringir la oposición y eliminar el pluralismo, y, sin embargo, abandona simultáneamente su responsabilidad de mantener el orden civil o proteger a la población frente al colapso económico, la criminalidad y la descomposición social. Este ejercicio selectivo del poder expone una soberanía vacía: un Estado que proyecta autoridad mediante la represión mientras descuida sus funciones esenciales, como garantizar la justicia, la seguridad y el Estado de derecho. En la práctica, la autoridad del Estado adquiere una forma represiva, pero produce un resultado anárquico, creando una realidad caótica en la que el poder existe sin propósito.
7
Esta condición desafía las nociones clásicas de poder y gobernanza. [3] En la teoría política, el Estado deriva su legitimidad del contrato social, entendido como una obligación recíproca entre gobernantes y gobernados. Cuando un Estado prioriza la represión por encima de la administración, disuelve ese contrato y sustituye la confianza por el temor. La anarquía represiva sugiere que cuando el poder se separa de sus responsabilidades fundacionales, se vuelve a la vez auto-perpetuante y auto-destructivo, reduciendo al Estado a un mecanismo coercitivo en lugar de una fuerza orientada al bien social.
8
Esta dualidad pone en cuestión el supuesto hobbesiano de que el autoritarismo garantiza naturalmente el orden. [4] En Venezuela, la centralización del poder bajo Nicolás Maduro no ha producido estabilidad, sino un deterioro de las funciones gubernamentales y de la capacidad del Estado para gobernar. El poder sin control no ha generado unidad ni seguridad, sino fragmentación y caos; la represión, lejos de compensar las fallas del Estado, las intensifica, acelera la desintegración social y alimenta su propia inseguridad.
9
La anarquía represiva también reconfigura la relación entre miedo y libertad. [5] En estos sistemas, el miedo no es solo una herramienta de control, sino una condición generalizada que regula la forma en que las personas se relacionan tanto con el Estado como entre sí. El miedo restringe la participación política, aplasta los espacios de deliberación pública y debilita la posibilidad de una libertad efectiva. De este modo, la anarquía represiva representa no solo un fracaso de la gobernanza, sino también un fracaso moral, en la medida en que tanto los individuos como la sociedad quedan cargados bajo el peso de una represión persistente.
10
En última instancia, la anarquía represiva enfrenta a la filosofía política con una contradicción que desafía soluciones convencionales. [6] Expone los límites del poder coercitivo y la vulnerabilidad inherente de los regímenes autocráticos a su propia autodestrucción. Más importante aún, subraya la necesidad de reconciliar autoridad con gobernanza efectiva—no como instrumentos de mera represión, sino como sistemas éticos que sostengan la dignidad y el bienestar de la población. La experiencia venezolana demuestra que cuando el poder se separa tanto de la gobernanza como de la responsabilidad moral, no logra imponer orden y, en su lugar, produce un caos inducido institucionalmente que resiste sanciones internacionales o medidas punitivas.
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Endnotes, Chapter XV
§2
[1] Reporters Without Borders, World Press Freedom Index 2024: Venezuela, Paris, 2024, https://rsf.org/en/country/venezuela; Freedom House, Freedom in the World 2024: Venezuela, Washington, DC, 2024, https://freedomhouse.org/country/venezuela/freedom-world/2024; United Nations Human Rights Council, Report of the Independent International Fact-Finding Mission on the Bolivarian Republic of Venezuela, A/HRC/57/CRP.5, Geneva, 2024.
§6
[2] Corrales, Javier and Penfold, Michael, Dragon in the Tropics: Hugo Chávez and the Political Economy of Revolution in Venezuela (Washington, DC: Brookings Institution Press, 2011); InSight Crime, Venezuela: A Country Run by Criminal Networks, Bogotá, 2023, https://insightcrime.org; United Nations Development Programme, Governance Indicators: Venezuela Country Profile, New York, 2023.
§7
[3] O’Donnell, Guillermo “Delegative Democracy,” Journal of Democracy 5, no. 1 (1994): 55–69. (Foundational framework for understanding regimes that retain electoral form while hollowing institutional responsibility.)
§8
[4] Hobbes, Thomas, Leviathan (1651; Kindle ed.), chap. 17, loc. 103; United Nations Development Programme, “Governance Indicators: Venezuela Country Profile,” New York, 2023.
§9
[5] Arendt, Hannah, The Origins of Totalitarianism (New York: Harcourt, Brace & Company, 1951).
En un mundo que enfrenta amenazas sistémicas —pandemias, guerra, inestabilidad ambiental— la distorsión del lenguaje democrático por regímenes autoritarios introduce un peligro secundario: el desplazamiento de los estándares compartidos mediante los cuales se evalúa la realidad política. Cuando los términos democráticos se preservan retóricamente pero se vacían institucionalmente, ya no aclaran los desafíos globales; los oscurecen. [1] En tales condiciones, el problema no es únicamente la ausencia de democracia, sino el uso indebido de su vocabulario.
2
En este contexto, la democracia puede examinarse no como una aspiración, sino como un conjunto de condiciones operativas mediante las cuales la autoridad se limita y la legitimidad se mide. Estas condiciones no funcionan simbólicamente; funcionan diagnósticamente. Cuando están ausentes, sustituidas o aplicadas de manera selectiva, la forma democrática persiste mientras la sustancia democrática queda inoperante.
3
Entre estas condiciones se encuentran el Estado de derecho; elecciones libres y verificables; la protección de las libertades civiles y los derechos humanos; la separación de poderes; la independencia judicial; participación cívica sostenida; capacidad de respuesta gubernamental; protección de minorías; transparencia y rendición de cuentas; y la transferencia pacífica del poder. No son ideales abstractos, sino condiciones necesarias. [1] Estas condiciones pueden ser suspendidas, distorsionadas o reemplazadas por formas que las imitan sin funcionar. La gobernanza persiste como apariencia y, al hacerlo, opera como subterfugio, mientras la democracia deja de operar.
4
En Venezuela, la disyunción entre el lenguaje democrático y la operación autoritaria se ha convertido en un rasgo definitorio de la vida política. Durante el último cuarto de siglo, la autoridad se ha centralizado de manera progresiva dentro de un marco de partido único, reforzado por participación militar y captura institucional. [2] Aunque se han conservado formas electorales y constitucionales, sus funciones de limitación han sido neutralizadas, contribuyendo a una pérdida sostenida de capacidad institucional en los planos político, social y económico.
5
El poder judicial ilustra esta sustitución con particular claridad. En lugar de operar como árbitro independiente, ha funcionado cada vez más como una extensión administrativa del poder ejecutivo; ha legitimado detenciones arbitrarias, restringido la participación política y normalizado la represión mediante mecanismos legales. Así, los mecanismos del poder judicial se utilizan para autorizar la represión en lugar de restringir el poder. [3]
6
Cuando los tribunales se alinean con la autoridad ejecutiva en lugar de limitarla, la participación cívica y la representación política dejan de funcionar. Las elecciones, las reclamaciones legales y la impugnación pública pueden continuar en forma, pero ya no permiten a la ciudadanía influir en el poder ni obtener reparación.
Endnotes, Chapter XVI
§1-§3
[1] Rosanvallon, Pierre, Counter-Democracy: Politics in an Age of Distrust (Cambridge: Cambridge University Press, 2008); Urbinati, Nadia, Democracy Disfigured: Opinion, Truth, and the People (Cambridge: Harvard University Press, 2014).
§4
[2] International Crisis Group, “Venezuela: The Rise of a Militarized State,” Brussels, 2022; Organization of American States, “Report on the Situation in Venezuela,” Washington, 2023.
§5
[3] Foro Penal, “Political Prisoners in Venezuela: Annual Report 2025,” Caracas, 2025; United Nations Working Group on Arbitrary Detention, “Opinion No. 44/2023 (Venezuela),” Geneva, 2023; Inter-American Commission on Human Rights, “Democratic Institutions, Rule of Law, and Human Rights in Venezuela,” Washington, DC, 2024.
Observaciones sobre la percepción 