« Gobernar también para ella »

November 22, 2026

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« Hacia otra parte ». Ricardo F. Morín.  Ilustración digital, 2026.

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Ricardo F. Morín
21 de noviembre de 2026

Oakland Park, Florida

Para que unas elecciones decidan a quién corresponde gobernar, hace falta que, antes del escrutinio, unos y otros se hayan reconocido un derecho.  Quienes vencen reconocen a los vencidos el derecho a ejercer la oposición y a volver al gobierno.  Quienes pierden reconocen a los vencedores el derecho a gobernar.  Ese reconocimiento mutuo no figura en la papeleta.  Tampoco hay recuento capaz de imponerlo.  España vota el 29 de noviembre.  El 5 de octubre, el día de la convocatoria, Santiago Abascal, líder de Vox, instó a los españoles a que evitaran el voto por correo.  El 11 de octubre acusó al Gobierno de intentar alterar el censo electoral para robar las elecciones.1  Un mes después, en vísperas del comienzo oficial de la campaña, Abascal calificó al propio Gobierno de «mafia criminal».2  Antes de que se cuente el primer voto, quien haya escuchado a Abascal ya tiene una invitación a sospechar que le van a robar las elecciones.

Entre quienes prestan oído a esas palabras hay ciudadanos a los que nada liga al franquismo.  Cuando escribí sobre España en agosto de 2025, atribuí un peso considerable a aquella herencia.3  Hoy Vox encuentra eco también entre quienes tienen buenas razones para desear un cambio de gobierno.  ¿Hasta qué punto puede todavía una familia decidir cómo va a vivir?  Una hija adulta tiene empleo, pero el sueldo no le alcanza para alquilar una vivienda cerca del trabajo.  Sigue en casa de sus padres.  Al vencer el contrato, quizá tengan que marcharse los tres, aunque hasta entonces la suma de sus ingresos les permitía pagar el alquiler.  La escasez de vivienda que impidió a la hija establecerse por su cuenta puede ahora privar a la familia de la posibilidad de seguir viviendo junta.4

¿Cómo se explica que hoy falten viviendas en un país que durante años construyó más de las que necesitaba su creciente población?  Tras la crisis inmobiliaria de 2008, la construcción cayó en picado.  Con la recuperación económica, la población se desplazó hacia las ciudades donde había empleo.  Al mismo tiempo, al reducirse el número de personas por hogar, hacían falta más viviendas para alojar al mismo número de habitantes.  La construcción tardó años en recobrar el ritmo.  Durante mucho tiempo, España había destinado buena parte de las ayudas a facilitar la compra de vivienda.  A las familias que no alcanzaban a pagar un alquiler a precios de mercado les quedaban, por tanto, pocas viviendas de alquiler con apoyo público a las que acogerse.  De poco le sirve a la hija un piso que quedó vacío al terminar el auge inmobiliario si queda lejos de donde trabaja.5

El plan estatal de vivienda preveía aportaciones del Estado y de las comunidades autónomas.  En mayo, los responsables de vivienda de ambas administraciones acordaron por unanimidad el reparto de los fondos.6  El acuerdo sobre la financiación dejaba abierta otra cuestión.  ¿Hasta dónde llegan las obligaciones del propietario con el inquilino cuando vence el contrato?  El decreto del Gobierno de Pedro Sánchez permitía a los inquilinos con contratos comprendidos en la medida solicitar hasta dos años de prórroga, de año en año, siempre que estuvieran al corriente del alquiler y hubieran pagado puntualmente durante los ocho meses anteriores.  El decreto limitaba asimismo las actualizaciones anuales de la renta hasta finales de 2027.  Otras disposiciones amparaban a los hogares vulnerables que ya afrontaban un desahucio y carecían de alternativa habitacional.

El Partido Popular defendía la construcción de más viviendas.  La hija bien podría preguntar al partido cómo conseguiría que el alquiler de esos pisos estuviera al alcance de quien cobra su sueldo.  A los padres les urge saber este mes si pueden quedarse.  Cualquier gobierno que prometa construir más se encuentra con que la preparación del suelo y la autorización de las obras dependen de decisiones en las que intervienen también las comunidades autónomas y los ayuntamientos.7

Mientras se construye, ¿quién puede permitirse esperar?  Un propietario que percibe rentas de numerosos inmuebles acaso pueda dejar un piso vacío hasta que alguien acepte el precio que pide.  Una familia cuyo contrato vence tal vez disponga de unas pocas semanas para encontrar casa cerca del trabajo y de la escuela.  Del tiempo que cada cual pueda esperar depende en parte quién consiga imponer sus condiciones.  Pensemos ahora en una propietaria que alquila un solo piso y necesita esa renta para sufragar sus gastos.  A ella le resulta tan difícil tener el piso desocupado durante meses como a la familia prolongar la búsqueda.  Si la ley la obliga a renovar el contrato o a indemnizar al inquilino, tiene motivos para preguntar por qué ha de recaer sobre ella una parte tan grande del coste de asegurar alojamiento a esa familia.  ¿Qué parte de ese coste debería sufragarse con fondos públicos?8  Vox sostuvo que las medidas del Gobierno llevarían a los propietarios a retirar viviendas del mercado de alquiler.  Los electores podían examinar el fundamento de aquella previsión.  Aun un inquilino que la juzgara acertada tendría motivos para preguntar qué haría Vox por una familia a punto de quedarse sin contrato.

El Partido Nacionalista Vasco distinguió en dos votaciones entre el amparo debido al inquilino y una obligación concreta que se pretendía imponer al propietario.  El 2 de octubre apoyó el conjunto de medidas de vivienda y votó en contra de otro decreto que disponía la renovación automática de los contratos.  El Congreso rechazó ambos textos.  Convocadas ya las elecciones anticipadas, el Gobierno aprobó dos nuevos decretos el 6 de octubre.  El 12 de noviembre, la Diputación Permanente del Congreso convalidó el que comprendía tanto las prórrogas temporales de los contratos como la protección de los hogares vulnerables frente al desahucio.  Rechazó el decreto que disponía la renovación automática.9

¿Qué entendería un elector de la posición del partido vasco si un portavoz del Gobierno dijera que votar contra la renovación automática equivale a abandonar a los inquilinos?  Para juzgar la acusación, el elector tendría que conocer las medidas de protección que el partido sí respaldó.  También un portavoz de la oposición podría dar una versión parcial de lo ocurrido si desestimara el decreto convalidado alegando que no se ha construido con él una sola vivienda.  Unos padres a quienes bastara solicitar una prórroga para quedarse un año más tendrían motivos para discutir ese juicio.  Cualquiera de los dos portavoces podría ganarse la simpatía de la familia con sólo omitir el hecho que la llevaría a escuchar al adversario.

Los padres necesitan saber si reúnen las condiciones para solicitar la prórroga y si el propietario puede acreditar que necesita la vivienda para ocuparla él mismo o para alojar a un familiar.  La hija quiere averiguar otra cosa.  Puede preguntar al ministerio qué fondos ha transferido, a su comunidad autónoma qué viviendas ha financiado y al ayuntamiento en qué solares se puede empezar a construir.  ¿Cuándo podrá optar alguien con su sueldo a una vivienda cerca del trabajo?

Un elector que juzgue que el Gobierno ha fracasado en su empeño de procurar viviendas asequibles tiene motivos para votar por un cambio de gobierno.  ¿Qué fundamento le da ese fracaso para acusar de criminal al Gobierno mismo?

La acusación cobra fuerza por un caso en el que los jueces sí dieron por probada una conducta delictiva.  El Tribunal Supremo declaró probado que el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama habían constituido una organización criminal para lucrarse con los contratos de suministro de mascarillas durante la pandemia.10  Ábalos había sido también secretario de Organización del Partido Socialista.  La expresión «organización criminal» era del tribunal.  Los jueces la aplicaron a los tres hombres cuya conducta habían enjuiciado.  ¿Qué ocurre cuando se extiende esa calificación a todo un gobierno?  Quien pide cuentas al presidente lo reconoce como adversario político.  Los electores pueden preguntarle qué sabía, qué controles fallaron y cómo respondió por los actos de un ministro nombrado por él.  De sus respuestas puede depender que le retiren su confianza en las urnas.  Quien ve en el presidente a un criminal deja de verlo como un adversario al que cabe derrotar en las urnas.  A sus ojos, la sola presencia del presidente en el poder constituye ya un delito.  Admitida esa premisa, que el Gobierno revalide su mandato sólo puede explicarse como un delito más.  La advertencia de Abascal sobre el voto por correo y su acusación acerca del censo ofrecen entonces, de antemano, una explicación de cómo se habría consumado el supuesto robo.

Las encuestas discrepan sobre la posibilidad de una mayoría de derechas.  Coinciden, sin embargo, en augurar a Vox una representación en el Congreso considerablemente mayor que la obtenida hace tres años.11  Si los partidos que hoy gobiernan conservan el poder, ¿les reconocerá Vox el derecho a gobernar?  Si el Partido Popular llega al Gobierno con el apoyo de Vox, ¿defenderá el nuevo presidente el derecho de sus adversarios a volver al poder?  Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, aduce las coaliciones autonómicas con Vox como prueba de que los dos partidos saben gobernar juntos.12  La buena relación entre los socios poco dice del trato que dispensarán a quienes queden fuera de la coalición.  Si el candidato del Partido Popular llegara a la presidencia del Gobierno con el apoyo de Vox, tendría que defender los derechos de la oposición desde el primer día de su mandato.  Quizá le costara más hacerlo precisamente cuando llevarle la contraria a su socio supusiera perturbar el buen entendimiento entre ambos.

Supongamos que la hija oye a Abascal hablar de lo que cuesta la vivienda.  Para entender su enfado basta comparar lo que gana con lo que le piden de alquiler.  Si Abascal es el único político dispuesto a escucharla, es razonable que ella, a su vez, le preste oído.  Hasta podría parecerle verosímil que algunos propietarios dejaran de alquilar sus pisos si prosperase una determinada medida.  ¿Qué ha podido averiguar con ello acerca de la acusación de que el Gobierno de España es una «mafia criminal»?  Su experiencia le da autoridad para hablar del alquiler.  Nada de cuanto ha vivido le permite dar por probada la acusación.  Si al salir del acto la hija está más segura de saber a quién culpar, Abascal habrá ganado algo, sea cual sea el voto de la joven.  Mientras el público sopesa la acusación, queda por hacer una pregunta acerca del alquiler.  ¿Qué haría Abascal por los inquilinos cuando el dueño puede mantener vacío el piso más tiempo del que ellos pueden dedicar a buscar otro?  Esa es la respuesta que la hija habría querido llevar a casa.

Supongamos ahora que la hija vota contra los partidos que finalmente forman gobierno.  El día en que ella o sus padres acudan a ese gobierno en busca de ayuda, ¿qué peso debería tener el voto de la hija a la hora de responder a la familia?

La cuestión que se plantea en España puede presentarse en cualquier democracia europea.  La distinción que se traza en campaña entre quienes dicen hablar en nombre de España y aquellos a quienes se acusa de traicionarla puede perdurar después de las elecciones.  Puede pesar a la hora de decidir a qué poblaciones se destina la inversión pública, qué reclamaciones merecen atención o qué respuesta dan los ministros a los ciudadanos que se organizan para oponerse a sus políticas.  En cada una de esas decisiones, quien votó contra los partidos que gobiernan conserva el mismo derecho a la atención y al amparo del Gobierno que quien contribuyó a llevarlos al poder.  Para que la hija sea libre de oponerse al Gobierno durante todo el mandato, ha de poder hacerlo sin que por ello peligre el amparo que el Gobierno debe a su familia.  También la libertad de la hija depende de aquel reconocimiento mutuo que no figura en ninguna papeleta.

Notas

  1. Maldita.es, afirmaciones sobre el proceso electoral y el voto por correo; RTVE, declaraciones de Abascal en Estepona, 11 de octubre de 2026.
  2. RTVE, declaraciones de Abascal en Huesca, 12 de noviembre de 2026.
  3. Ricardo F. Morín, «The New Face of Old Tyranny», 1 de agosto de 2025.
  4. Comisión Europea, ficha de España sobre la oferta de vivienda y la formación de hogares; Banco de España, Informe Anual 2025, sobre el acceso a la vivienda.
  5. Banco de España, evolución de la construcción y del acceso a la vivienda tras la crisis de 2008; OCDE, estudio económico de España de 2025, sobre política de vivienda y alquiler social.
  6. Boletín Oficial del Estado, Plan Estatal de Vivienda 2026-2030; Consejo de Ministros, compromisos de financiación del 21 de abril; El País, acuerdo del 21 de mayo sobre el reparto de fondos entre las comunidades autónomas.
  7. Boletín Oficial del Estado, Real Decreto-ley 29/2026, disposiciones finales quinta y sexta sobre la prórroga de los contratos y la actualización anual de la renta; El País, posiciones de los partidos en el debate de octubre sobre vivienda; Banco de España, Informe Anual 2025, sobre el acceso a la vivienda.
  8. Boletín Oficial del Estado, condiciones de renovación de los contratos y de indemnización.
  9. Boletín Oficial del Estado, Real Decreto-ley 29/2026, disposiciones finales quinta y sexta sobre la prórroga de los contratos y la actualización anual de la renta; EFE, las dos votaciones del 2 de octubre sobre los decretos de vivienda; Boletín Oficial del Estado, decreto de convocatoria de elecciones generales; Boletín Oficial del Estado, resolución del 12 de noviembre por la que se publica la convalidación del decreto de vivienda; RTVE, las dos votaciones de noviembre sobre vivienda.
  10. Tribunal Supremo, sentencia del 22 de junio en la causa contra José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama por la contratación de mascarillas; RTVE, sentencia del Tribunal Supremo.
  11. RTVE, encuesta preelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas, 12 de noviembre; DatosRTVE, promedio de encuestas actualizado el 18 de noviembre.
  12. AS, declaraciones de Feijóo sobre las cuatro coaliciones autonómicas.

« Coacción al amparo del secreto »

November 21, 2026

El botín. Ricardo F. Morín. Imagen digital, 2026.

Ricardo F. Morín

20 de noviembre de 2026

Oakland Park, Florida

El 18 de noviembre de 2026, Estados Unidos y Venezuela anunciaron la firma de un acuerdo de cooperación militar.  El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, y el ministro de Defensa venezolano, Gustavo González López, suscribieron el documento en Caracas, en presencia de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.  Según el Pentágono, el acuerdo tenía por objeto impulsar la cooperación y las operaciones combinadas.  Hegseth mencionó el adiestramiento conjunto, el intercambio de información de inteligencia y el desarrollo de capacidades militares.  Ninguno de los dos gobiernos puso a disposición del público el texto que fija las obligaciones convenidas.  El anuncio acreditaba la firma de un documento por representantes de ambos gobiernos, pero nada permitía conocer con qué atribuciones habían actuado, qué compromisos asumieron ni qué libertad conservaba Venezuela para rechazar lo acordado.1

La cooperación militar entre Estados soberanos no constituye, por sí misma, motivo de objeción.  Los gobiernos intercambian información, instruyen a sus fuerzas armadas, suministran equipos y establecen procedimientos frente a amenazas comunes.  Determinadas disposiciones operativas requieren, además, reserva.  Pero preservar información militar sensible no equivale a ocultar el fundamento jurídico que permite a un Estado admitir la intervención de otro en su defensa.  Las actividades anunciadas en Caracas afectan facultades mediante las cuales una nación protege su territorio y determina en qué condiciones pueden estar presentes y actuar fuerzas extranjeras.  La mera noticia de un acuerdo de cooperación no basta para esclarecer su naturaleza jurídica.

La firma se produjo en circunstancias muy distintas de las propias de una relación bilateral ordinaria.  El 3 de enero, fuerzas estadounidenses penetraron en Venezuela y depusieron a Nicolás Maduro.  El 9 de enero, Trump anunció que había cancelado una segunda oleada de ataques prevista con anterioridad debido a la cooperación venezolana, aunque los buques estadounidenses permanecerían en sus posiciones.  Más tarde, ante directivos de empresas petroleras, confirmó que aquella segunda oleada estaba preparada, describió la poderosa fuerza naval desplegada frente a las costas venezolanas y afirmó que los representantes del país habían sido «inteligentes» y habían hecho «lo correcto».  Añadió posteriormente que otro ataque habría podido dejar a Venezuela «aniquilada».  El gobierno que había intervenido vinculaba así expresamente la suspensión de nuevas acciones militares a la cooperación venezolana, sin retirar los medios necesarios para ejecutarlas.2

De estas circunstancias no se desprende que todos los acuerdos posteriores fueran obtenidos mediante una amenaza contraria a derecho.  Lo que exigen es examinar en qué condiciones pudo Venezuela decidir.  Un gobierno puede tener razones lícitas para cooperar con el Estado que acaba de intervenir militarmente en su territorio.  También puede verse ante consecuencias de una negativa que alteren sustancialmente el sentido de su aceptación.  Una declaración de conformidad no permite discernir entre ambas situaciones.  Para establecer si hubo una decisión independiente es preciso conocer las atribuciones de quienes prestaron el consentimiento, el contenido de los compromisos y las circunstancias en que pudieron adoptarlos.

El acuerdo petrolero anunciado en agosto plantea la cuestión por una vía distinta.  Según la Casa Blanca, las autoridades interinas venezolanas otorgaron a North American Blue Energy Partners [NABEP] concesiones sobre diecisiete campos petrolíferos.  La empresa celebró, por separado, un convenio que concedía al gobierno estadounidense una participación en el capital, derechos preferentes de compra e intervención en la dirección societaria.  El instrumento de asociación estadounidense de dieciocho páginas examinado por ProPublica lleva las firmas de funcionarios de Estados Unidos y representantes de la empresa privada.  Venezuela no figura entre sus partes.  Por tanto, la autoridad con que los funcionarios venezolanos concedieron los derechos de explotación ha de acreditarse mediante un acto distinto, cuyo texto íntegro y cuyas disposiciones operativas no se han divulgado oficialmente.3

El gobierno estadounidense y la empresa privada pueden contraer obligaciones recíprocas sin que ello acredite la legalidad de cuantos derechos Venezuela deba haber concedido para hacer posible su acuerdo.  Las prestaciones pactadas entre ambos pueden estar claramente definidas, mientras permanece sin examen la competencia de las autoridades venezolanas que otorgaron las concesiones.  El convenio estadounidense rige las relaciones de quienes lo suscribieron.  Sus firmas, por sí solas, no demuestran la existencia de una decisión soberana e independiente que autorice el acceso de la empresa a los recursos venezolanos.

Tampoco la denominación de gobierno interino resuelve la cuestión.  Quien ocupa un cargo público puede ejercer funciones administrativas y participar en negociaciones internacionales sin que estén fuera de discusión sus atribuciones para asumir determinados compromisos.  El artículo 12 de la Constitución venezolana dispone que los yacimientos mineros y de hidrocarburos son bienes del dominio público de la República, inalienables e imprescriptibles; esa condición no excluye, por sí misma, las concesiones de explotación otorgadas conforme a derecho.  El artículo 150 exige la aprobación de la Asamblea Nacional para los contratos de interés público nacional en los casos previstos por la ley y, separadamente, para los contratos de interés público con Estados extranjeros, entidades oficiales extranjeras o sociedades no domiciliadas en Venezuela.  El convenio estadounidense no permite determinar si las concesiones satisfacen esas exigencias.  La competencia constitucional para comprometer recursos nacionales no se presume por el mero desempeño de un cargo, menos aún cuando las obligaciones rebasan el mandato de quienes las contraen.  Su fundamento ha de encontrarse en el ordenamiento venezolano, no en el reconocimiento dispensado por el gobierno extranjero a las personas que dicen ejercerla.

El artículo 5 de la Constitución establece que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, que la ejerce directamente en las formas previstas por la Constitución y la ley e, indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos del Poder Público.  Estos órganos reciben de la soberanía popular sus atribuciones y están sujetos a sus límites.  La disposición no impone la celebración de un referéndum para cada acuerdo gubernamental.  Significa que el funcionario que firma un instrumento ejerce una potestad conferida por el pueblo, no la facultad de disponer a título propio de la soberanía de la que procede.4

El pueblo venezolano no es, pues, un tercero ajeno a estas operaciones.  De él procede constitucionalmente el poder que se invoca, y sobre él recaen las consecuencias relativas a sus recursos, su hacienda pública y su seguridad.  Un gobierno extranjero no acredita la suficiencia del consentimiento de Venezuela con señalar a los funcionarios venezolanos con quienes negoció.  Esos funcionarios han de estar facultados para asumir los compromisos concretos de que se trate.  Tampoco la existencia de atribuciones legales permite concluir, sin más, que las ejercieran libres de coacción ilícita.

El anuncio petrolero de agosto dejó abiertas ambas cuestiones.  La Casa Blanca habló de concesiones de cien años, mientras Rodríguez atribuyó al proyecto bilateral una duración de veinticinco.  Según ProPublica, la cifra de cien años no constaba en el acuerdo de asociación estadounidense que pudo examinar.  Los distintos derechos contractuales estaban sometidos, además, a plazos diferentes de vigencia y protección.  No cabe resolver esas divergencias escogiendo la versión de uno de los gobiernos, pues las declaraciones se refieren a instrumentos jurídicamente distintos.  El alcance de las obligaciones asumidas por Venezuela debe establecerse a partir del propio acto venezolano de concesión.3

La controversia sobre los plazos importa porque un Estado puede obligarse más allá del período de gobierno de quienes suscriben un acuerdo.  Nada hay necesariamente ilícito en ello.  Los empréstitos públicos, las concesiones, los tratados y los contratos mercantiles suelen subsistir después de elecciones y cambios de gobierno.  Ahora bien, cuanto más prolongada sea la incidencia de un compromiso sobre las decisiones venideras, mayor será la necesidad de determinar qué se autorizó, quién lo hizo, en qué circunstancias y mediante qué procedimientos jurídicos podrá revisarse o extinguirse.

ProPublica dio cuenta asimismo de cláusulas destinadas a proteger la empresa frente a modificaciones introducidas por futuros gobiernos venezolanos y estadounidenses.  Es legítimo que los inversores busquen garantías contra la resolución arbitraria de sus contratos.  Esa finalidad no acredita, sin embargo, la validez de la concesión venezolana subyacente ni demuestra que sus condiciones fueran aceptadas libremente.  La protección de una inversión presupone derechos adquiridos conforme a derecho.  No prueba que la autoridad que los constituyó tuviera competencia para otorgar cuanto pretendió conceder.

El acuerdo militar del 18 de noviembre añade una dimensión más inmediata.  A diferencia del convenio de asociación entre Estados Unidos y NABEP, el documento de defensa fue suscrito por representantes de los dos gobiernos.  Existe, por tanto, una firma venezolana expresamente reconocida.  Pero el público sigue sin disponer del texto indispensable para conocer las obligaciones correspondientes.  La expresión «operaciones combinadas» puede comprender desde actividades de instrucción hasta formas de coordinación operativa con presencia de personal militar extranjero.  El artículo 187, numeral 11, de la Constitución atribuye a la Asamblea Nacional la potestad de autorizar misiones militares extranjeras en el país.  El artículo 154 exige, con las excepciones que establece, la aprobación parlamentaria de los tratados antes de su ratificación.  La aplicación de una u otra disposición depende de la naturaleza jurídica del documento y de las actividades concretamente autorizadas.  Tampoco el anuncio permite saber si Venezuela conserva la facultad de rehusar su participación en determinadas operaciones.

La firma venezolana permite identificar quién prestó formalmente su asentimiento, no el contenido preciso de lo convenido y mucho menos las condiciones en que pudo decidir con independencia.  Esta incertidumbre reviste especial gravedad cuando la otra parte representa a las fuerzas armadas que habían intervenido en Venezuela meses antes.  La intervención precedente no priva automáticamente de valor a cualquier firma posterior.  Impide, eso sí, que la firma baste para descartar la intervención de la coacción en la obtención del acuerdo.

Para consentir libremente no se exige igualdad de riqueza, capacidad militar ni influencia negociadora.  Son frecuentes los acuerdos entre Estados desiguales, y el menos poderoso puede obtener beneficios efectivos de su relación con otro más fuerte.  Pero Estados Unidos había empleado la fuerza contra Venezuela, y su presidente vinculó públicamente la cancelación de nuevos ataques a la cooperación de las autoridades venezolanas.  No puede presumirse la libertad de rechazo por el solo hecho de que esas autoridades acabaran aceptando.  Corresponde al Estado interventor explicar qué relación guardan el empleo de su poder militar y los compromisos obtenidos con posterioridad.

Los documentos necesarios para esclarecer esa relación continúan, sin embargo, en manos de los gobiernos y particulares que negociaron los acuerdos.  Un venezolano que desee conocer las obligaciones contraídas sobre los recursos de su país no puede consultar el instrumento íntegro de las concesiones.  Tampoco puede examinar el documento de defensa quien pretenda averiguar qué operaciones militares autorizó Venezuela.  Se comunica a la ciudadanía que existen acuerdos y que se ha aceptado la cooperación, mientras se le sustrae la documentación necesaria para apreciar el alcance y las condiciones de ese consentimiento.

No estamos ante una simple carencia de información.  La falta de acceso deriva de decisiones adoptadas por quienes tienen los documentos en su poder.  Las autoridades pueden aducir las firmas como prueba de consentimiento y negar al público, al mismo tiempo, la posibilidad de consultar los instrumentos que lo expresan.  Si se cuestiona entonces la existencia de coacción, la falta de una demostración pública de ella puede ofrecerse como garantía de legitimidad.  Pero la investigación que permitiría distinguir el acuerdo libre de la aceptación impuesta ya ha sido obstaculizada por la retención de las pruebas.

Se invierte así la responsabilidad de justificar públicamente el ejercicio del poder.  Se exige a los venezolanos que acrediten defectos en acuerdos a los que no tienen acceso, mientras quienes ejercen las facultades controvertidas fundan su autoridad en documentos cuya difusión controlan.  La propia falta de publicidad puede alegarse después para sostener que las objeciones no han quedado plenamente probadas.  El secreto preserva de este modo la afirmación de consentimiento frente al examen que permitiría juzgarla.

Exigir cuentas al poder público no equivale a establecer una presunción judicial de ilegalidad.  Ante un tribunal habrán de determinarse las normas aplicables, las pruebas pertinentes y las cargas procesales de las partes.  La exigencia ciudadana no anticipa esa decisión.  Ahora bien, la imposibilidad de alcanzar todavía una conclusión judicial definitiva tampoco demuestra la suficiencia de la justificación gubernamental.  Quien pretende actuar en virtud del consentimiento de otra nación ha de identificar ese consentimiento y explicar las potestades que dice ejercer gracias a él.  Si se niega a exhibir los documentos indispensables, su pretensión permanece sin verificar, no convalidada.

El artículo 18 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos dispone la publicidad de los tratados y acuerdos internacionales.  El artículo 19 proscribe la intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos de otro Estado, incluidas las injerencias políticas y económicas.  El artículo 20 prohíbe recurrir a medidas coercitivas de carácter económico o político para forzar la voluntad soberana de otro Estado y obtener ventajas.  El artículo 21 declara inviolable el territorio estatal, rechaza su ocupación o cualquier otra medida de fuerza por otro Estado y excluye las adquisiciones territoriales y ventajas especiales obtenidas mediante la fuerza u otros medios de coacción.  Estas disposiciones no convierten todo contrato mercantil en un tratado ni suprimen las excepciones legítimas a la publicidad de información militar sensible.  Sí impiden que el Estado más poderoso tenga por zanjadas, mediante su sola declaración, las responsabilidades internacionales derivadas de un acuerdo y de las circunstancias en que fue obtenido.5

Un contrato entre un Estado y una empresa privada puede contener estipulaciones mercantiles reservadas sin adquirir por ello la condición de convenio internacional entre Estados.  Un documento de defensa suscrito por dos gobiernos plantea cuestiones diferentes de comunicación institucional, publicidad y obligaciones internacionales.  Sin embargo, los derechos de Venezuela no se agotan en la calificación formal de uno u otro instrumento.  Ambos fueron anunciados como acuerdos capaces de incidir sobre asuntos económicos o militares venezolanos.  En ambos casos es necesario acreditar la autoridad en virtud de la cual Venezuela habría aceptado las obligaciones que se le atribuyen.

Las consecuencias inmediatas recaen sobre venezolanos que no intervinieron en las negociaciones.  Un gobierno puede actuar legítimamente en su nombre sin obtener la aprobación individual de cada ciudadano para cada decisión:  tal es el funcionamiento ordinario de las instituciones representativas.  Pero la representación no queda acreditada por la conformidad del gobierno extranjero beneficiado.  Tampoco la imposibilidad de conocer las cláusulas puede interpretarse como aceptación popular de su contenido.  Cuando quienes dicen representar a la nación accedieron a sus cargos después de una intervención militar extranjera, la alegación de consentimiento público exige un examen particularmente riguroso.

El problema alcanza igualmente a quienes ejercerán la autoridad política venezolana en el porvenir.  Un gobierno posterior puede heredar obligaciones exigibles contraídas por el anterior.  La elección de nuevos representantes no las extingue por sí sola.  Pero la nación debe haber contado desde el principio con capacidad jurídica para asumirlas, y las circunstancias de su otorgamiento han de poder ser examinadas.  La facultad del gobierno presente para obligar al futuro no puede proceder exclusivamente del reconocimiento dispensado por una potencia extranjera que contribuyó a determinar las condiciones de su acceso al poder.

La publicación de los textos contractuales tampoco resolvería por sí sola todas las dudas acerca de la coacción.  Los documentos pueden reproducir fielmente lo pactado y guardar silencio sobre amenazas, presiones o alternativas discutidas durante la negociación.  Harían falta otras pruebas.  No obstante, retenerlos priva a la nación del medio más inmediato para conocer lo aceptado, la autoridad invocada y los compromisos cuya obtención debe examinarse a la luz de la intervención militar precedente.  No cabe exigir al público que pruebe el contenido de instrumentos cuya lectura se le impide.

Ambos gobiernos han presentado la cooperación como beneficiosa.  Sus declaraciones pueden obedecer a fines políticos legítimos, y algunos de los beneficios anunciados quizá lleguen a realizarse.  Ninguna de esas posibilidades acredita la facultad independiente del pueblo venezolano para decidir sus propios compromisos.  Un resultado económico favorable no demuestra retrospectivamente que el consentimiento fuera libre.  Tampoco una cooperación militar eficaz permite deducir, por sus resultados, que la amenaza o la fuerza estuvieron ausentes cuando se concertó el acuerdo.

Una decisión soberana no queda demostrada porque un funcionario reconocido lleve a cabo el acto con que habitualmente se formaliza.  Debe fundarse en atribuciones legítimas, referirse a obligaciones comprendidas dentro de ellas y respetar el derecho que regula las relaciones del Estado con otras potencias.  Si el acuerdo fue precedido por una intervención militar, el título del funcionario no dispensa de examinar las circunstancias del consentimiento.  Y, si se oculta el instrumento que contiene lo pactado, la ciudadanía ni siquiera puede emprender ese examen en condiciones comparables a las de quienes reivindican los derechos resultantes.

Los dos anuncios dejan así al descubierto una contradicción que ninguno de los gobiernos ha esclarecido públicamente.  El ejercicio de derechos estadounidenses sobre el petróleo venezolano se ampara en concesiones cuyos términos jurídicos venezolanos siguen sin conocerse.  La cooperación militar se justifica mediante una firma bilateral, aunque las obligaciones correspondientes permanecen ocultas.  En ambos supuestos se invoca el consentimiento de Venezuela para sostener disposiciones que afectan potestades soberanas, mientras se priva al pueblo venezolano de los documentos con los que podría examinar lo autorizado en su nombre.

No basta con que un acuerdo permanezca oculto para tener por acreditada la coacción al amparo del secreto.  Esta situación se produce cuando una potencia que ya ha empleado la fuerza militar invoca el consentimiento posterior del Estado contra el que intervino y, al mismo tiempo, retiene los términos y las circunstancias necesarios para examinarlo.  La falta de pruebas públicas de coacción no convalida el acuerdo si quienes invocan el consentimiento controlan también los elementos indispensables para verificarlo.

La soberanía de Venezuela no depende del reconocimiento de Washington.  No pertenece a quienes ocupan transitoriamente los cargos públicos ni pasa a manos de una potencia extranjera por virtud de sus firmas.  El pueblo venezolano continúa siendo el titular del poder público ejercido en su nombre.  Quienes sostienen que ha prestado su consentimiento deben, por ello, demostrar a qué consintió, quién estaba facultado para hacerlo y si la decisión pudo adoptarse con libertad para rechazarla.

No puede exigirse a una nación que pruebe la coacción ejercida sobre su consentimiento mientras se le niegan los medios para examinar ese mismo consentimiento, invocado contra ella.  Hasta que se faciliten esos medios, los acuerdos podrán acreditar lo obtenido por la potencia interventora.  No acreditarán lo que la nación soberana cedió libremente.

Notas documentales

  1. Documento de cooperación militar del 18 de noviembre de 2026. Matthew Adams, «Hegseth makes surprise visit to Venezuela and ‘looks forward’ to deepening military partnership», Stars and Stripes, 18 de noviembre de 2026; el artículo reproduce el comunicado del Pentágono que identifica a los firmantes y menciona las operaciones combinadas.  Vivian Sequera, Mayela Armas y Luis Jaime Acosta, información de Reuters, 18 de noviembre de 2026, sobre las declaraciones públicas de Hegseth y Rodríguez.  El texto íntegro del acuerdo firmado no figuraba entre las fuentes de acceso público consultadas hasta el 20 de noviembre de 2026.
  2. Intervención militar y declaraciones presidenciales posteriores. Donald J. Trump, Truth Social Posts, January 9, 2026, publicación en la que atribuye a la cooperación venezolana la cancelación de la segunda oleada de ataques prevista y anuncia que los buques estadounidenses permanecerán en sus posiciones.  Donald J. Trump, Remarks During a Meeting With Executives of Oil and Gas Companies and an Exchange With Reporters, 9 de enero de 2026, Daily Compilation of Presidential Documents; transcripción de sus declaraciones posteriores sobre la operación de enero, el segundo ataque previsto y la permanencia de la fuerza naval.
  3. Acuerdo petrolero y concesiones venezolanas no divulgadas. Casa Blanca, Fact Sheet: President Donald J. Trump Announces Historic Oil Agreement to Secure American Energy Dominance and Drive Venezuela’s Economic Recovery, 31 de agosto de 2026.  Cate Brown, Aaron C. Davis y Sebastian Rotella, «The Secret Terms of Trump’s Venezuelan Oil Deal», ProPublica, 20 de octubre de 2026.  La investigación distingue el convenio de asociación celebrado en Estados Unidos con NABEP de las concesiones venezolanas subyacentes, documenta cláusulas destinadas a proteger la empresa frente a cambios futuros y señala discrepancias entre los plazos comunicados públicamente.
  4. Soberanía constitucional venezolana. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículos 5, 7, 12, 150, 154 y 187, numeral 11, sobre soberanía popular y sufragio, supremacía constitucional, dominio público de los yacimientos minerales, aprobación legislativa de determinados contratos de interés público y tratados, y autorización de misiones militares extranjeras.
  5. Obligaciones internacionales relativas a la intervención y al consentimiento. Carta de la Organización de los Estados Americanos, artículos 18 a 21, relativos a la publicidad de los acuerdos internacionales, la prohibición de intervenir en los asuntos de otro Estado, las medidas coercitivas contra la voluntad soberana y las ventajas obtenidas mediante el empleo de la fuerza.

« El lenguaje de la sucesión »

November 20, 2026

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El ilusionista.  Ricardo F. Morín.  CGI, 2026.

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18 de noviembre de 2026

Oakland Park, Florida

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El director de una empresa de inteligencia artificial escribió en cierta ocasión que los seres humanos serían la primera especie capaz de diseñar a sus propios descendientes.  La palabra que merece atención en esa frase es «descendientes».  Un inventor puede describir una máquina enumerando lo que hace.  Llamarla descendiente supone afirmar algo más acerca de la relación entre el inventor y su invención.  Aun cuando la máquina llegara algún día a superar a su inventor en cada tarea en que ambos admitieran comparación, seguiría siendo razonable preguntar qué habría heredado exactamente y en qué sentido cabría llamar al inventor su ascendiente. [1]

Un senador que se opone al rumbo de estas empresas toma en serio ese lenguaje.  No le faltan motivos.  Quien dirige una empresa de inteligencia artificial puede comprometer personas y recursos en una idea que otro sólo puede contemplar.  El propietario de varias empresas semejantes va más lejos.  «Propagar la superinteligencia hasta las estrellas es una magnífica condición de éxito para un cargador de arranque biológico», escribe.  Un cargador de arranque cumple su función hasta que el sistema que pone en marcha puede asumir el control.  Conforme a su analogía, la humanidad podría, por tanto, desempeñar con éxito el papel que él le asigna sin que quedara resuelta la cuestión de su propio porvenir.  Sin embargo, cuando el senador pasa de estas declaraciones a la tesis de que las máquinas ya empiezan a reemplazarnos, ocurre algo singular.  Impugna la conveniencia del porvenir que estos hombres imaginan, al tiempo que les concede una autoridad considerable para dictaminar qué porvenir trae consigo su obra. [2, 3]

Supóngase que dos testigos han rendido declaración sobre la misma tarde.  Cada relato, leído por separado, resulta verosímil.  Cuando se le pide que los compare, un modelo de lenguaje advierte que, si ambos testigos han indicado la hora correcta, una misma persona habría tenido que encontrarse en dos lugares a la vez.  Ninguno de los testigos formuló esa observación.  El modelo ha deducido una consecuencia de la relación entre ambos relatos, y el lector puede verificar la inferencia volviendo a las dos declaraciones.  Queda por indagar cuál de los testigos indicó la hora correcta, si es que alguno lo hizo.  Un modelo más perfeccionado podría detectar discrepancias que escaparon a cien lectores.  Tal perfeccionamiento acreditaría cuánto más puede un instrumento de comparación ofrecer a la atención humana.

Una evaluación internacional de la inteligencia artificial de propósito general, elaborada por investigadores de numerosos países, describe modelos capaces de resolver cuestiones difíciles de matemáticas que, no obstante, apenas logran sobreponerse a errores elementales en tareas prolongadas. [4]  Me parece del todo posible que razonar a partir de lo registrado, hallar relaciones entre observaciones y sugerir qué convendría examinar después siga siendo el logro principal de los modelos de lenguaje.  Una relación que ningún investigador ha advertido puede alterar el curso de una investigación.  Que un sistema capaz de tales hallazgos pueda también llegar a experimentar el mundo, formarse propósitos propios o encontrar el modo de perseguirlos contra la oposición humana plantea varias cuestiones ulteriores.  Un perfeccionamiento de la inferencia nos da motivo para indagar esas posibilidades.  No ofrece medida alguna de la distancia que separa una inferencia de una intención.

Las fortunas comprometidas en la búsqueda de la superinteligencia importan de un modo bien preciso.  El dinero puede mantener viva una investigación a lo largo de años de fracaso.  Puede costear equipos, atraer investigadores y permitir un segundo enfoque una vez agotado el primero.  Donde el obstáculo es la escasez de recursos, una fortuna puede alterar el resultado.  Donde el obstáculo consiste en que los investigadores aún no han determinado qué contaría como éxito, el gasto no puede zanjar la cuestión que su experimento pretende resolver.  Antes de que un inversor pueda proclamar avances hacia la creación de un sucesor, alguien ha de ser capaz de explicar qué observación distinguiría a un sucesor incipiente de un instrumento más capaz.  La disposición del inversor a pagar por uno u otro acredita la seriedad de su propósito.  Ofrece al público escaso fundamento para decidir cuál de los dos está construyendo.

Mientras esa cuestión permanece abierta, el mismo gasto puede producir consecuencias para las cuales la palabra «reemplazo» tiene un sentido más inmediato.  Supóngase que un empleador somete los expedientes de dos aspirantes a un sistema de selección basado en un modelo de lenguaje.  Uno de ellos ha ocupado el mismo puesto durante diez años.  La otra persona dejó un puesto equivalente para atender a uno de sus padres y más tarde se reincorporó al trabajo.  El empleador acepta la clasificación del sistema y convoca a entrevista únicamente al primero.  La segunda aspirante escribe para explicar la interrupción.  El empleado que recibe su carta puede confirmar que las fechas se consignaron correctamente.  Carece de autoridad para reconsiderar el sentido que se atribuyó a esas fechas.

Para esa aspirante, el hecho decisivo ocurrió antes de que presentara su solicitud.  El empleador ya había decidido de quién sería el juicio capaz de incidir en el resultado y había otorgado al empleado que respondería a su carta únicamente la atribución de corregir un registro.  Su expediente era exacto.  Lo que necesitaba era alguien facultado para considerar si una interrupción en el empleo guardaba relación con su aptitud para desempeñar el trabajo.  De haber admitido el empleador semejante revisión, el mismo modelo, con idénticas capacidades, habría podido producir la misma clasificación y la aspirante aún habría podido ser oída.  Su perjuicio derivó de una decisión acerca de las condiciones en que el empleador estaría dispuesto a oírla.

El proyecto de ley con el que el senador procura proscribir la superinteligencia artificial confiere consecuencia a la distinción.  Prohibiría un sistema capaz de planificar y ejecutar la destrucción de la humanidad o su desapoderamiento.  Vedaría también un sistema por el motivo distinto de que su desempeño cognitivo excede las capacidades humanas en la mayoría de los ámbitos o tareas.  La prohibición se extiende a los sistemas fácilmente modificables para exhibir cualquiera de ambas capacidades y a los que ya presentan alguna de las características precursoras que el proyecto especifica. [5]  Un órgano legislativo puede concluir que un desempeño superior a la capacidad humana en la mayoría de los ámbitos entraña un riesgo inadmisible aun mientras el sistema permanezca sujeto al control humano.  Esa conclusión exige explicar cómo podría la capacidad burlar los controles y por qué el peligro justifica la prohibición.  El caso de la aspirante plantea la dificultad inversa.  Un sistema de capacidad del todo ordinaria puede ejercer una influencia decisiva sobre una vida porque quienes lo emplean han hecho definitiva su recomendación.

Hay un acuerdo oculto en el lenguaje de que se dispone para describir lo que le ocurrió a la aspirante.  El empleador puede decir que el sistema la rechazó.  Un crítico puede decir que una máquina ha reemplazado a un juez humano.  La primera descripción puede eximir al empleador de la carga de explicar el rechazo.  La segunda puede hacer que la disposición del empleador parezca derivada de un avance de la máquina.  Ambas descripciones dejan a la aspirante escribiendo a la dirección equivocada.  No tiene reparo alguno que oponer a las fechas de su expediente.  Tiene una pregunta para la persona que decidió que nadie estaría autorizado a oír lo que esas fechas callaban.

Fuentes

  1. Sam Altman, The Merge
    https://blog.samaltman.com/the-merge
  2. Elon Musk, declaración sobre la superinteligencia digital
    https://x.com/elonmusk/status/2106906678293606496
  3. Bernie Sanders, Don’t Let Big Tech Dictate Humanity’s Future
    https://www.sanders.senate.gov/op-eds/dont-let-big-tech-dictate-humanitys-future/
  4. Informe Internacional sobre la Seguridad de la IA 2026, resumen ejecutivo
    https://internationalaisafetyreport.org/publication/2026-report-executive-summary
  5. Ban Artificial Superintelligence Act of 2026, S. 5493, secciones 3 y 9
    https://www.govinfo.gov/content/pkg/BILLS-119s5493is/html/BILLS-119s5493is.htm

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« Las condiciones de la dependencia »

November 19, 2026

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El peso de la sobrecarga. Ricardo F. Morín. Ilustración digital, 2026.

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Ricardo F. Morín

17 de noviembre de 2026

Oakland Park, Florida

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Entre el 12 y el 17 de noviembre de 2026 se produjeron interrupciones en varios servicios cuya disponibilidad suele darse por descontada en la vida cotidiana.  Los usuarios de Microsoft perdieron el acceso a sus comunicaciones profesionales.  Una avería en la red de telecomunicaciones de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) obligó a suspender los despegues en todo el país.  United Airlines demoró sus vuelos porque las tripulaciones no disponían de la información necesaria para autorizar las salidas.  JPMorgan Chase encontró dificultades para tramitar operaciones, con retrasos que alcanzaron a clientes de otras entidades bancarias.  Posteriormente, los usuarios de Apple sufrieron interrupciones en el acceso a sus cuentas y a diversos servicios de la empresa.  La sucesión de incidentes, concentrados en unos pocos días, podía sugerir la existencia de una perturbación común.  Sin embargo, su proximidad temporal constituye un motivo para investigar, no una prueba de que obedecieran a una sola causa.12345

La distinción es necesaria porque la dependencia tecnológica adopta formas diferentes.  Dos averías pueden originarse por separado y ocasionar consecuencias semejantes para el público.  Un fallo producido en una empresa puede repercutir en prestaciones de otras.  Varios servicios pueden dejar de funcionar porque utilizan un mismo componente interno, aunque sus usuarios los conozcan como productos distintos.  También puede ocurrir que organizaciones sin elementos defectuosos en común padezcan vulnerabilidades parecidas por haber adoptado métodos semejantes de concentración de recursos, automatización y recuperación.  Calificar todas estas situaciones de interconectadas no sería falso, pero tampoco permitiría discernir la naturaleza de lo ocurrido.

La interrupción de Microsoft permite observar con particular claridad la dependencia que existe dentro de un mismo entorno tecnológico.  Según la explicación provisional de la empresa, confluyeron un defecto latente en el programa informático, introducido meses antes, un incremento del tráfico tras la activación de un procedimiento de conmutación de respaldo relacionado con Teams y una reducción de la capacidad disponible en los servidores.  Esa concurrencia sobrecargó las pasarelas de red utilizadas por diversos servicios de Microsoft 365.  La puesta nuevamente en servicio de los servidores no produjo una recuperación inmediata, porque las solicitudes acumuladas amenazaban con desbordar otra vez su capacidad.  Los mecanismos concebidos para mantener la disponibilidad quedaron así implicados en la extensión o persistencia del incidente.  La explicación de Microsoft describe la interacción de varias circunstancias, no la actuación aislada de un componente defectuoso.  Aunque provisional, permite reconstruir documentalmente cómo una debilidad localizada desembocó en una interrupción extensa.16

La avería de la FAA del 13 de noviembre se produjo en un medio distinto.  El organismo informó de que un tráfico anómalo, asociado con equipos de telecomunicaciones situados en El Dorado, Arkansas, y Amarillo, Texas, desestabilizó la red denominada FAA Telecommunications Infrastructure.  La perturbación alcanzó a 17 de sus 22 centros de control del tránsito aéreo en ruta, sin que por ello quedaran inutilizadas todas las funciones de comunicación o vigilancia.  Quedaba por determinar mediante la investigación cómo habían interactuado los equipos de sustitución, sus configuraciones y el comportamiento de la red.  La suspensión nacional de los despegues respondió a la incertidumbre sobre la fiabilidad de servicios indispensables para la circulación segura de las aeronaves.  Lo que importa esclarecer es cómo las dificultades surgidas en un número reducido de instalaciones pudieron afectar a tantos centros operativos y si se habían comprobado suficientemente las medidas destinadas a contener perturbaciones de esa índole.2

No se sigue de ello que Microsoft y la FAA sufrieran una misma avería.  Difieren las circunstancias conocidas de su aparición, las tecnologías utilizadas, las responsabilidades de cada institución y las decisiones adoptadas.  Ambos episodios, sin embargo, obligan a considerar una posibilidad importante:  un mecanismo concebido para repartir tareas o garantizar la continuidad puede transmitir una sobrecarga cuando dejan de cumplirse las condiciones de las que depende.  En el caso de Microsoft, la redistribución del tráfico y la insuficiencia de capacidad forman parte de la explicación publicada.  Respecto de la FAA, todavía debe determinarse por qué conducto llegó el tráfico anómalo a afectar una porción tan extensa de su red.  La semejanza permite formular un problema de análisis; no demuestra que existiera un defecto técnico común.

La interrupción sufrida por United Airlines fue de otra naturaleza.  El sindicato de pilotos informó de que la compañía no podía facilitar a las aeronaves pendientes de salida los datos definitivos sobre su peso, por lo que se retrasaron vuelos mientras se resolvía la incidencia informática.  No se comunicaron efectos sobre los aparatos que ya se encontraban en vuelo.  El problema inmediato no consistía en una avería general de las funciones de la aeronave, sino en la imposibilidad de verificar con suficiente fiabilidad, mediante el procedimiento habitual, una condición necesaria para despegar con seguridad.  Una operación concreta dependía así de la disponibilidad de determinados medios tecnológicos.  La posibilidad de recurrir a otro procedimiento quedaba sujeta a las normas operativas y de seguridad aplicables.3

La incidencia de JPMorgan Chase permite apreciar una relación más directa entre organizaciones.  El banco atribuyó los retrasos en la tramitación de operaciones a un defecto informático de sus propios sistemas.  La entidad reconoció que los retrasos podían alcanzar a otros bancos cuando estos intervenían en transacciones con Chase; también hubo clientes que comunicaron dificultades en otras entidades financieras y servicios de pago.  Ahora bien, que una operación entre dos instituciones se retrase no significa que ambas hayan padecido una avería interna.  Un fallo de origen puede manifestarse en cada punto donde otra organización necesita el servicio demorado.  Conviene, por tanto, distinguir al cliente que sufre las consecuencias de la entidad cuyos medios han fallado:  los efectos pueden alcanzar a varios participantes sin que compartan el defecto técnico.4

La interrupción de Apple permite establecer otra distinción, esta vez entre servicios ofrecidos por una misma empresa.  El 17 de noviembre se comunicaron dificultades para iniciar sesión en las cuentas de Apple y utilizar iCloud, la App Store, Apple Music y otras prestaciones.  La compañía atribuyó después la incidencia a una actualización interna e informó de que estaba restableciendo los servicios.  Una función de identificación o de acceso a cuentas puede repercutir en actividades que los usuarios consideran independientes, aunque los informes examinados no permiten reconstruir cómo se propagó técnicamente esta interrupción dentro de Apple.  La causa señalada por la empresa no proporciona fundamento para vincular el episodio con los de la FAA, Microsoft, United o Chase.  Lo que sí pone de manifiesto es cuán difícil resulta percibir las dependencias internas de un servicio cuando la sencillez de su presentación al público las mantiene ocultas.5

La sucesión de averías no puede, por consiguiente, reducirse a la alternativa entre coincidencia y coordinación.  Hay, en primer lugar, incidentes iniciados de manera independiente cuyas fechas resultan próximas.  En segundo lugar, fallos cuyos efectos se transmiten por una dependencia efectiva, como ocurre cuando las demoras de un banco afectan a quienes operan con otra entidad.  En tercer lugar, servicios distintos que quedan perjudicados por un componente compartido o por un mismo entorno de funcionamiento, tal como describe Microsoft.  Cabe reconocer, finalmente, vulnerabilidades recurrentes en sistemas que no comparten la avería:  pruebas insuficientes bajo cargas reales, mecanismos de reserva que carecen de verdadera independencia, concentración de prestaciones en pocos proveedores o procedimientos de recuperación que fracasan en circunstancias diferentes de las previstas.  Esta última clase de vulnerabilidad puede tener importancia por sí misma, aun cuando los incidentes particulares no procedan de una causa común.

Resulta comprensible la inclinación a buscar un origen oculto que lo explique todo.  El viajero que no puede partir, el empleado que deja de recibir mensajes, el cliente que no logra efectuar un pago y quien no consigue acceder a su cuenta experimentan una misma privación inmediata:  han perdido el dominio sobre algo necesario.  La semejanza de esas experiencias puede inducir a imaginar una semejanza entre sus causas.  Sin embargo, lo que el usuario percibe demuestra que hubo una interrupción; no revela por sí mismo el itinerario técnico que la produjo.  Consecuencias parecidas pueden corresponder a historias causales muy diferentes.

Tampoco la concentración de noticias demuestra que la frecuencia efectiva de las averías haya aumentado bruscamente.  Para establecerlo habría que disponer de una referencia comparativa:  número, duración, gravedad y difusión pública de incidentes semejantes antes de esos seis días, teniendo en cuenta además las variaciones en la cantidad de usuarios y servicios.  La acumulación de noticias puede deberse a una concentración extraordinaria de sucesos, a una atención acrecentada después de la primera emergencia o a ambas cosas.  No se trata de decidir si lo ocurrido parece insólito, sino de determinar qué comparación permitiría demostrar que lo fue.  La inquietud pública es una consecuencia real de las interrupciones repetidas, pero no constituye prueba de un origen técnico compartido.

La cuestión de mayor alcance se refiere a las condiciones en que servicios indispensables han llegado a depender unos de otros.  La concentración de recursos puede mejorar la eficacia y reducir costes al permitir que numerosas actividades utilicen las mismas capacidades de cálculo, redes, sistemas de identificación, proveedores o procedimientos.  Pero el ahorro obtenido mediante elementos comunes concentra también las consecuencias de su avería.  Un servicio comercialmente diferenciado puede seguir dependiendo de instalaciones, empresas o procesos para los que carece de sustituto propio.  Las fronteras que distingue el consumidor no coinciden necesariamente con aquellas que importan a quien investiga un fallo.

El problema no se limita a la propiedad compartida.  Dos organizaciones pueden disponer de redes diferentes y, sin embargo, necesitar el mismo suministro eléctrico, proveedor de identificación, intermediario de pagos, programa informático de uso común o contratista de mantenimiento.  También pueden emplear equipos independientes configurados según idénticas hipótesis acerca del tráfico o la recuperación del servicio.  En un caso, un recurso común transmite la perturbación; en otro, una debilidad común de diseño puede ocasionar averías separadas ante exigencias semejantes.  Para considerar efectivas tales conexiones habría que demostrar que esas dependencias existían cuando ocurrieron los incidentes.  Son posibilidades que orientan la investigación, no hechos acreditados por las noticias de aquella semana.

Los trabajos del Banco de Inglaterra sobre la resistencia de los servicios esenciales permiten comprender por qué estas distinciones importan.  El organismo examina diversas vías por las que una perturbación puede desbordar la entidad en la que se origina:  las relaciones entre empresas, la concentración de prestaciones en unos pocos proveedores, el uso de tecnologías comunes y la dificultad de reemplazar con rapidez un servicio decisivo.  Tales circunstancias pueden amplificar un incidente inicialmente localizado.  Complican, además, la atribución de responsabilidades, porque la institución perjudicada quizá no controle el elemento del que depende.  Aunque el análisis se ocupa de la estabilidad financiera, el problema de las dependencias externas indispensables rebasa ampliamente el ámbito bancario.7

Para sostener que dos fallos comparten una causa es necesario reconstruir una sucesión comprobable de hechos.  La investigación tendría que establecer cuándo comenzó a deteriorarse cada servicio, qué componentes fallaron primero, qué cambios o exigencias precedieron a las averías y qué enlaces transportaban información o tareas entre las funciones afectadas.  Habría que consultar los antecedentes de configuración, los registros de funcionamiento con horarios comparables, los informes de incidencia y lo sucedido cuando se redistribuyó el tráfico o entraron en servicio los sistemas de reserva.  Un esquema de dependencias podría revelar que prestaciones aparentemente independientes recurrían a una misma función anterior en la cadena.  Pero todavía sería preciso demostrar que el comportamiento de esa función explica las interrupciones observadas; su mera existencia no bastaría.

La coincidencia de proveedor no demostraría por sí sola que se produjo una avería compartida, del mismo modo que utilizar un programa informático común no demostraría la activación de un mismo defecto.  Que dos servicios dejaran de funcionar casi simultáneamente tampoco probaría que uno causara la interrupción del otro.  En sentido contrario, fallos iniciales diferentes no excluirían una vulnerabilidad común si unas mismas hipótesis de prueba o unas prácticas semejantes de recuperación hubieran agravado sus efectos.  Cada afirmación exige una comprobación propia.  Confundirlas puede conducir a errores opuestos:  atribuir una coordinación sin fundamento o concluir prematuramente que la independencia de los hechos iniciales nada revela sobre la fiabilidad de los sistemas afectados.

Para el público resulta particularmente importante distinguir entre causa, propagación y recuperación.  La causa permite identificar la circunstancia que desencadenó el incidente.  La propagación explica por qué sus efectos alcanzaron otras funciones o instituciones.  La recuperación muestra si, mientras se contenía la perturbación, era posible mantener las tareas indispensables por medios alternativos.  Una explicación que solo identifique el encaminador averiado, el defecto del programa o la actualización interna puede responder a la primera pregunta sin resolver las demás.  No es necesario atribuir el origen del incidente a todas las instituciones que intervinieron para exigir una explicación completa.  Sí lo es esclarecer cómo sus dependencias determinaron el alcance de las consecuencias.

Por lo general, quienes padecen directamente esas consecuencias carecen de acceso a los documentos necesarios.  El público contempla aplicaciones, paneles de salidas, saldos bancarios o mensajes sobre el estado del servicio.  Los operadores conocen sus medios internos; los contratistas pueden controlar partes de la red; y distintas organizaciones pueden poseer únicamente fragmentos de las pruebas.  Incluso los informes publicados describen a veces con mayor detalle el defecto inmediato que las dependencias que multiplicaron sus consecuencias.  Así, puede saberse que el servicio volvió a funcionar sin conocer si la reparación alcanzó también las condiciones que permitieron que la avería se extendiera.

Esa desigualdad en el acceso a la información justifica reclamar explicaciones, aunque no necesariamente hacer públicos sin restricciones los planos sensibles de las redes o sus configuraciones de seguridad.  Los documentos técnicos completos pueden ponerse a disposición de especialistas independientes y de autoridades facultadas para examinarlos, mientras que la explicación dirigida al público identifique las funciones afectadas, los responsables, las clases de dependencia implicadas, las salvaguardias que funcionaron o fallaron y las medidas correctivas cuya eficacia se habrá de comprobar.  La reserva de información puede proteger un sistema frente a su explotación indebida.  No demuestra, por sí misma, que sus averías hayan sido comprendidas o que nuevas interrupciones vayan a tener consecuencias menores.

También es necesario determinar qué hace suficiente una salvaguardia.  Un sistema de reserva no adquiere independencia por el solo hecho de recibir ese nombre.  Si las vías principal y alternativa necesitan el mismo suministro eléctrico, servicio de identificación, procedimiento de configuración o supuesto sobre la circulación del tráfico, la redundancia aparente puede desaparecer ante una perturbación común.  Un procedimiento eficaz cuando falla un servidor puede resultar inútil si muchos servidores reinician simultáneamente su actividad y deben atender solicitudes acumuladas.  Un componente nuevo que supera una prueba aislada puede comportarse de forma imprevista dentro de la red completa.  La fiabilidad debe verificarse, pues, en las circunstancias que obligan a recurrir a las salvaguardias, y no únicamente cuando estas parecen funcionar satisfactoriamente.

El Instituto Nacional de Normas y Tecnología de Estados Unidos (NIST) define la resiliencia cibernética por la capacidad de prever situaciones adversas, tensiones, ataques o vulneraciones de seguridad que afecten a los recursos informáticos, de resistirlas, recuperarse de ellas y adaptarse a sus consecuencias.  Por su parte, la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras (CISA) considera las dependencias y la propagación sucesiva de las interrupciones asuntos propios de la planificación de las infraestructuras, no simples dificultades técnicas que deban examinarse después del fallo.  Ambos enfoques desplazan la atención desde el aparente buen estado de cada componente hacia la continuidad de la función que todos sostienen.  Cuando un servicio es indispensable, no basta con declarar operativo su equipo de forma aislada; importa saber si la población puede seguir contando con la prestación ante perturbaciones previsibles.89

La sustitución de las conexiones de cobre por fibra óptica en la red de telecomunicaciones de la FAA permite distinguir entre renovación técnica y fiabilidad del servicio.  Ninguno de esos medios de transmisión garantiza que los dispositivos encargados de encaminar las comunicaciones estén bien configurados, que las modificaciones se hayan ensayado en las condiciones reales de funcionamiento ni que estén claramente delimitadas las responsabilidades de autorizar, supervisar y comprobar esas operaciones.  La fibra puede aumentar la capacidad y reducir las interferencias sin eliminar las dependencias compartidas, las configuraciones inadecuadas ni las deficiencias de los procedimientos de recuperación.  La FAA informó de que se realizaban trabajos ordinarios de sustitución cuando se produjo la interrupción del 13 de noviembre, pero sus conclusiones preliminares no determinaron si la avería obedeció a la instalación, la configuración, los equipos o deficiencias de supervisión.  Queda por establecer qué obligaciones técnicas y contractuales regían esos trabajos, cómo se comprobó su cumplimiento y si una intervención localizada podía aislarse o revertirse antes de afectar a un servicio de alcance nacional.  La renovación de los equipos no demuestra, por sí sola, que sean adecuadas las condiciones que rigen su funcionamiento.  La fiabilidad del servicio exige también que esas condiciones sean examinadas y sometidas a prueba.10

El carácter indispensable del servicio modifica asimismo la distribución de responsabilidades.  Las personas y las empresas pueden, en ocasiones, mantener procedimientos alternativos de comunicación, pago o trabajo, pero no cabe convertir su capacidad de improvisación en la principal garantía de continuidad colectiva.  Algunas actividades admiten sustituciones provisionales; otras deben suspenderse hasta que puedan satisfacerse sus exigencias de seguridad.  A los proveedores y a las autoridades reguladoras corresponde determinar qué alternativas son verdaderamente independientes, cuáles pueden funcionar a la escala necesaria y quién soporta los costes cuando fracasan.  No basta con que quienes tuvieron que soportar la interrupción hayan conseguido salir adelante para afirmar que el sistema era resistente.

Los episodios de noviembre de 2026 no permiten afirmar, con las pruebas actualmente disponibles, que existiera un ataque coordinado, un origen técnico único ni un responsable común de todas las interrupciones.  Sí muestran diversas formas en que pueden dejar de prestarse servicios complejos, así como distintos grados de relación entre el fallo inicial y sus consecuencias para el público.  Las pasarelas de Microsoft ilustran la interacción de averías dentro de un mismo entorno.  Las operaciones de Chase muestran cómo las consecuencias pueden atravesar las fronteras entre instituciones.  La FAA obliga a preguntar por la extensión de una perturbación a través de una red nacional de funcionamiento.  United muestra la suspensión de una actividad cuando falta información necesaria para autorizarla.  La incidencia de Apple revela hasta qué punto se da por supuesto el funcionamiento de servicios y mecanismos de acceso a cuentas.  El conjunto invita a investigar las condiciones de dependencia, no a atribuir una intención colectiva a los incidentes.

Es posible que esta indagación nunca produzca una explicación general, porque quizá no haya existido un solo acontecimiento que explicar.  Puede, sin embargo, determinar si cada institución conocía los servicios de los que dependía, si sus salvaguardias habían sido probadas frente a combinaciones plausibles de fallos y si la población recibió una explicación proporcionada a las consecuencias sufridas.  La independencia de las causas inmediatas no vuelve irrelevante una vulnerabilidad común; la existencia de vulnerabilidades comunes tampoco demuestra una causa coordinada.  Para distinguir estas condiciones, el público necesita pruebas, precisamente porque experimenta los servicios indispensables como garantías separadas, aunque su continuidad pueda depender de disposiciones que permanecen invisibles.  La cuestión ya no consiste únicamente en averiguar qué falló.  Consiste en establecer qué debía continuar funcionando para que todo lo demás pudiera hacerlo, quién conocía esa dependencia y qué se hizo para que, cuando una parte dejara de funcionar, las consecuencias resultaran soportables.

Notas documentales

  1. The Guardian, 16 de noviembre de 2026, informe sobre Microsoft. La explicación provisional identifica un defecto latente, la redistribución del tráfico y pérdidas de capacidad dentro de Microsoft 365.  No relaciona el episodio con las averías sufridas por otras organizaciones. ↩ ↩
  2. FAA, 15 de noviembre de 2026, «Nationwide Ground Stop: Questions and Answers». El organismo da cuenta del tráfico anómalo y de los 17 centros de control en ruta afectados.  La investigación técnica se encontraba todavía en una fase preliminar. ↩ ↩
  3. CBS News / Associated Press, 16 de noviembre de 2026, información sobre United Airlines. El sindicato de pilotos explicó que faltaban los datos definitivos de peso para las aeronaves pendientes de salida.  United no comunicó repercusiones en los vuelos ya iniciados. ↩ ↩
  4. Reuters, 16 de noviembre de 2026, incidencias en las operaciones de JPMorgan Chase. Chase atribuyó las demoras a un defecto informático y reconoció posibles retrasos en transacciones con otras entidades, sin identificar averías independientes en los sistemas de estas. ↩ ↩
  5. Reuters, 17 de noviembre de 2026, Apple atribuye las interrupciones a una actualización interna; San Francisco Chronicle, 17 de noviembre de 2026, interrupciones en los servicios de Apple. Los primeros informes identifican los servicios afectados y la causa comunicada por Apple, pero no permiten reconstruir todas sus dependencias técnicas internas. ↩ ↩
  6. Universidad de Pensilvania, comunicaciones de Microsoft sobre el estado de Microsoft 365, 12–13 de noviembre de 2026. Los avisos de Microsoft reproducidos por la universidad describen dificultades en las comprobaciones de los servidores, insuficiencia de capacidad, redistribución del tráfico y problemas durante la recuperación. ↩
  7. Banco de Inglaterra, 2024, «Operational Resilience in a Macroprudential Framework». Examina las relaciones entre instituciones, las vulnerabilidades comunes, la concentración de proveedores y las dificultades para sustituir prestaciones críticas. ↩
  8. NIST, SP 800-160, volumen 2, revisión 1, «Developing Cyber-Resilient Systems». Expone los principios de ingeniería para prever, resistir y superar condiciones adversas, tensiones, ataques o vulneraciones de seguridad que afecten a recursos informáticos, así como para adaptarse a esas circunstancias. ↩
  9. CISA, «Critical Infrastructure Security and Resilience». Se ocupa de las dependencias entre infraestructuras y de las consecuencias que pueden propagarse de un sector a otro. ↩
  10. Departamento de Transporte de Estados Unidos, 14 de noviembre de 2026: comparecencia informativa del secretario de Transporte Sean P. Duffy y del administrador de la FAA Bryan Bedford sobre la sustitución de cobre por fibra en la red existente; FAA, 15 de noviembre de 2026: preguntas y respuestas sobre la suspensión nacional de despegues.  L3Harris era el contratista encargado de la red de telecomunicaciones existente.  La FAA describió la inestabilidad de la red y el carácter todavía provisional de la investigación; ninguna de las fuentes permite atribuir la avería al medio de transmisión ni a deficiencias de supervisión.  La distinción entre sustituir los equipos y comprobar las condiciones de su funcionamiento pertenece al análisis del ensayo.  ↩

« El deber de dar razón »

November 18, 2026

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Más allá de todo reproche
Ricardo F. Morín. Ilustración digital, 2026

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Ricardo F. Morín

Oakland Park, Florida

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El 13 de noviembre de 2026, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) suspendió los despegues en todo el país a raíz de una interrupción de la red de telecomunicaciones utilizada por los servicios de control aéreo.  Mientras los aviones permanecían en tierra, SpaceX lanzó desde el sur de Texas la nave Starship en su decimoquinto vuelo.  Antes de que se esclareciera la avería, el secretario de Transporte, Sean Duffy, reclamó al Congreso 50.000 millones de dólares para renovar el sistema aeronáutico, con lo que amplió una solicitud presentada formalmente en una carta fechada el 12 de noviembre y divulgada al día siguiente.  Aquella petición tenía antecedentes; más tarde quedó cifrada en 50.100 millones de dólares.  Cada uno de estos hechos pertenece a un ámbito distinto de actuación pública.  Sin embargo, su concurrencia plantea una dificultad que les es común:  conocemos las medidas adoptadas, pero todavía no disponemos de una relación suficientemente completa de las razones por las que las autoridades distinguieron entre las causas de la emergencia, las actividades a las que permitieron proseguir y los gastos cuya aprobación solicitaron después.1

La coincidencia no demuestra la existencia de un acuerdo oculto.  La avería de una red no prueba que se pretendiera favorecer a una empresa de lanzamientos espaciales, del mismo modo que la continuidad de una misión prevista con anterioridad no demuestra que la autoridad competente dispensara de alguna obligación a su operador.  Ahora bien, las pruebas indispensables para imputar una infracción a un funcionario no son las mismas que necesita la ciudadanía para valorar una decisión pública.  La imputación exige acreditar la relación entre una conducta determinada y el incumplimiento que se le atribuye.  El examen de una decisión, por su parte, exige conocer las circunstancias, los criterios y los documentos que permiten juzgar cómo se ejerció la autoridad.  Respetar la primera exigencia no obliga a renunciar a la segunda.  Se trata de impedir que la incertidumbre se convierta tanto en presunción de culpabilidad como en dispensa del deber de responder por lo decidido.

La sucesión de los hechos delimita lo que puede afirmarse del lanzamiento.  La misión de SpaceX estaba programada antes de la incidencia del viernes, y la FAA había establecido aquella mañana una restricción específica del tránsito aéreo para Starship.  Según la propia agencia, los problemas de telecomunicaciones comenzaron aproximadamente a las 15:30, hora del Este; Duffy situó la aparición de la inestabilidad hacia las 15:36.  A las 15:54, el aviso 111 de la FAA ordenó la suspensión nacional de despegues.  El aviso 119, emitido a las 17:46, mantenía simultáneamente esa suspensión y la restricción correspondiente a Starship.  La nave despegó hacia las 17:47.  A las 18:05, el aviso 121 dejó sin efecto la restricción espacial; los despegues ordinarios pudieron reanudarse aproximadamente a las 20:15.  El tiempo transcurrido entre la detección de las anomalías y la orden de paralización es importante para determinar qué sabían los responsables y desde cuándo, antes de examinar su valoración de las condiciones del lanzamiento.  Los avisos prueban la simultaneidad de las operaciones administrativas; no revelan las deliberaciones que precedieron a la decisión definitiva.2

La licencia de un vuelo espacial comercial y la autorización operativa para utilizar el espacio aéreo durante ese vuelo son actos relacionados, pero no equivalentes.  La primera permite realizar unas actividades determinadas con arreglo a condiciones previamente fijadas.  La segunda obliga a los responsables de la aviación a regular los riesgos y los movimientos de aeronaves según evolucionen las circunstancias.  Los procedimientos publicados por la FAA prevén coordinación anticipada, delimitación de zonas de peligro, comunicación con los centros de control y medidas de contingencia durante el lanzamiento y el regreso de la nave.  Haber obtenido una licencia antes de la emergencia no permite saber si, una vez iniciada, seguían cumpliéndose las condiciones indispensables para la operación.  Tampoco basta la vigencia de una restricción programada del espacio aéreo para acreditar que se efectuó una valoración final de seguridad.3

El informe técnico preliminar de la FAA permite precisar el alcance de la interrupción.  La agencia explicó que su red de infraestructura de telecomunicaciones se volvió inestable cuando equipos antiguos recibieron alrededor de mil intentos de conexión cada cuatro o cinco segundos.  El tráfico excesivo procedía de una instalación de comunicaciones situada en El Dorado, Arkansas, donde la empresa contratista L3Harris estaba sustituyendo equipos, y de un centro de radar en Amarillo, Texas, cuyo equipamiento había sido renovado unas tres semanas antes.  El aislamiento de ambas instalaciones permitió estabilizar la red; como precaución, la FAA desactivó una función de difusión de información en unos sesenta encaminadores semejantes.  Continuaba la investigación destinada a determinar el origen exacto del problema, que podía encontrarse en la instalación, la configuración, los propios dispositivos o la interacción entre diferentes sistemas.4

La intervención reciente en dos instalaciones altera el planteamiento de la avería.  No basta describirla como el fallo inexplicable de un encaminador envejecido.  Importa conocer cómo se incorporaron equipos nuevos a una red antigua, qué comprobaciones precedieron a su puesta en servicio, si podía preverse una interferencia entre ambos emplazamientos y por qué el tráfico anómalo alcanzó tanta extensión.  Amarillo se encuentra en el extremo septentrional de Texas y no tiene por ello proximidad geográfica con la base de lanzamiento de SpaceX, situada al sur del estado.  La relación documentada entre Amarillo y El Dorado corresponde a la red de comunicaciones y al historial de las labores efectuadas.  Para vincular causalmente esos hechos con Starship sería preciso demostrar una dependencia técnica efectiva o una instrucción operativa concreta, no invocar el nombre del estado donde se encuentra una de las instalaciones.

La interrupción afectó a 17 de los 22 centros de control del tránsito aéreo en ruta y perturbó determinados servicios de radar y comunicaciones, sin dejar inoperante la totalidad del sistema.  Los controladores continuaron atendiendo a las aeronaves que ya volaban mediante recursos que seguían disponibles o mediante procedimientos alternativos.  Las autoridades detuvieron los despegues porque aún desconocían la extensión del fallo y su posible evolución.  Fue, por tanto, una medida cautelar ante la incertidumbre sobre la fiabilidad de la red.  Que estuviera justificada para proteger la seguridad inmediata no responde a otra pregunta:  cómo pudo una red dotada de recursos redundantes sufrir una perturbación de semejante alcance a consecuencia de trabajos realizados en instalaciones alejadas entre sí.5

En la comparecencia del 14 de noviembre, el propio Duffy calificó los trabajos de El Dorado como mantenimiento ordinario y los describió como la sustitución de líneas antiguas de cobre por fibra óptica.  Bryan Bedford, administrador de la FAA, distinguió, por su parte, entre conservar en funcionamiento la red existente, explotada por L3Harris, y el proyecto de renovación general dirigido por Peraton.  Ambas descripciones pueden ser compatibles.  Sustituir el cobre por fibra constituye una mejora tecnológica, aunque se realice en virtud de un contrato de conservación de la red heredada o se registre administrativamente como mantenimiento.  El Gobierno había comunicado que, a mediados de octubre, se había completado más del 68 por ciento de esa conversión.  Para establecer con qué fondos se pagó la sustitución relacionada con la avería es necesario consultar los contratos, las facturas y las cuentas de la FAA:  pudo corresponder a obligaciones de mantenimiento, a la asignación de 2025 para modernizar telecomunicaciones o a acuerdos que comprendieran ambas finalidades.  La denominación administrativa del trabajo no determina ni la causa técnica del fallo ni su correcta imputación presupuestaria.6, 7

Es preciso distinguir, por consiguiente, la intervención material, la disposición técnica de la red donde se realizó y los contratos o créditos públicos que la financiaron.  Si el defecto inicial estuvo en el montaje o en la configuración, deberán examinarse las actuaciones del contratista y las pruebas y controles que las acompañaron.  Si una anomalía localizada puso de manifiesto la incapacidad de impedir su propagación por toda la red nacional, corresponderá estudiar además la resistencia de esta ante las perturbaciones y las decisiones de ingeniería que la condicionaron.  Ambas circunstancias podrían concurrir.  La propuesta de Duffy de construir una red enteramente nueva puede tener fundamento técnico, pero no resuelve si las medidas de protección existentes debieron evitar esta avería concreta ni qué actuaciones financiadas estaban llamadas a proporcionar esa protección.  Sin tales comprobaciones no es posible determinar si la causa corresponde al incumplimiento de un contrato vigente, a una deficiencia más general de diseño o a la combinación de ambas.

Las pruebas realizadas antes de poner los equipos en servicio han suscitado ya una impugnación documentada por parte de senadores demócratas integrantes del Comité de Comercio del Senado.  En una carta del 16 de noviembre, publicada al día siguiente, los firmantes recogieron información proporcionada por L3Harris según la cual la conversión de cobre a fibra comprendía 3.648 encaminadores Juniper; alrededor de 400 se habían instalado y 69 estaban en funcionamiento.  Reconocieron que una muestra había superado los ensayos previos de la FAA, pero cuestionaron que estos reprodujeran las condiciones reales de servicio.  Solicitaron, antes de continuar la instalación, comprobaciones independientes de los procedimientos de conmutación a sistemas de reserva, reversión de cambios y restablecimiento del servicio.  La FAA confirmó por separado que había suspendido nuevas instalaciones de Juniper y desactivado una función de los equipos ya incorporados mientras investigaba la avería, recurriendo provisionalmente a dispositivos anteriores.  Hewlett Packard Enterprise, empresa matriz de Juniper, sostuvo que el encaminador había funcionado conforme a la configuración aplicada por el instalador y que el dispositivo no había fallado.  Se trata de la versión del fabricante, no de una determinación definitiva de la causa.  Su declaración obliga a examinar la configuración autorizada, el montaje, las pruebas y la interacción con la red preexistente, sin demostrar por ello que el instalador cometiera un error.  La carta constituye una solicitud formal de explicaciones presentada por miembros de la minoría del comité, no una investigación aprobada por el comité en su conjunto.8, 9

El mismo rigor resulta indispensable al examinar el lanzamiento de Starship.  La paralización nacional no implicaba que hubieran dejado de funcionar todos los servicios aeronáuticos.  Pero tampoco permite deducir que se hubiera concedido una excepción para una actividad concreta.  ¿Qué circuitos de comunicaciones y qué centros de control se utilizaron para mantener a las aeronaves fuera del corredor de vuelo de Starship? ¿Sufrió alguno los efectos de la inestabilidad de la red de telecomunicaciones de la FAA? ¿Seguían disponibles el sistema de integración de datos espaciales de la agencia, las señales telemétricas de la misión, los mecanismos de aviso y las comunicaciones de emergencia? ¿Quién verificó esas condiciones después de iniciarse la suspensión de despegues? ¿Se estudió la posibilidad de aplazar el lanzamiento? Sólo los documentos de coordinación propios de la misión y las decisiones adoptadas entonces permitirían responder.10

La existencia de otra oportunidad de lanzamiento al día siguiente permite tratar el aplazamiento como una alternativa real.  Posponer la misión podía afectar a los preparativos técnicos de SpaceX, al personal, a la meteorología y a la disponibilidad de las zonas aéreas restringidas.  Proseguir también podía tener consecuencias para una aviación que intentaba recuperarse de una interrupción nacional.  Ninguna de esas consideraciones decide por sí sola cuál era la conducta adecuada.  Lo que corresponde averiguar es si los funcionarios competentes valoraron ambas posibilidades con arreglo a las normas de seguridad aplicables y si esas normas contemplaban suficientemente una emergencia que alcanzaba a gran parte del sistema aeronáutico.

Una consecuencia documentada del lanzamiento permite concretar el examen.  A las 13:55, hora local, equivalentes a las 18:55 en la costa oriental, el Departamento de Transporte de Hawaiʻi comunicó que los vuelos entre las islas y la costa occidental de Estados Unidos habían vuelto a suspenderse por la presencia o el riesgo de restos asociados al lanzamiento de SpaceX.  La noticia llegó después de una reanudación parcial de esas conexiones.  Se trató de una restricción posterior al despegue, atribuida a una causa distinta de la avería de telecomunicaciones.  Sin embargo, impuso una nueva limitación cuando el transporte aéreo todavía se recuperaba de aquella emergencia.  Una resolución ambiental de la FAA del 31 de agosto ya había contemplado zonas ampliadas de aterrizaje y contingencia para Starship en el Pacífico.  Los documentos públicos examinados no permiten determinar si la restricción del 13 de noviembre correspondió a una contingencia prevista, a una precaución adicional o a una circunstancia imprevista.11

Este antecedente obliga a precisar la pregunta sobre el aplazamiento.  Un lanzamiento posterior quizá habría exigido restricciones semejantes en el Pacífico, de modo que postergarlo no habría eliminado necesariamente el riesgo.  Pero sí habría evitado imponer aquella limitación concreta, en aquel momento, a una red de transportes ya sometida a una presión extraordinaria.  ¿Consideraron los responsables el efecto acumulado de ambas circunstancias? ¿Estaban afectadas las instalaciones del Pacífico o sus comunicaciones por la avería anterior? ¿Qué información sobre posibles restos o contingencias de regreso recibieron las autoridades que dispusieron la nueva suspensión? Las consecuencias de continuar la misión vinculan operativamente estas preguntas, aunque las dos interrupciones no tuvieran por qué compartir una causa técnica.

No es preciso exagerar para reconocer el interés comercial de SpaceX en la misión.  El vuelo 15 puso en órbita 26 satélites Starlink V3 y permitió recuperar con éxito la etapa superior de Starship en Starbase el 14 de noviembre.  El propulsor Super Heavy no completó la captura prevista por la torre:  fue desviado hacia el golfo de México y explotó poco antes de alcanzar el agua.  Eran objetivos de una misión programada antes de la suspensión nacional de despegues.  Para establecer si esta última otorgó una ventaja adicional es necesario otro análisis:  ¿la reducción del tránsito aéreo modificó algún permiso, acortó una espera, dispensó de una condición o alteró de otro modo las circunstancias en que prosiguió el vuelo? La respuesta depende de los registros contemporáneos de aviación y coordinación espacial, no del éxito alcanzado por la misión.12

SpaceX mantenía además otra relación documentada con la FAA, distinta de su condición de empresa autorizada a efectuar lanzamientos.  En febrero de 2025, Duffy anunció que ingenieros de SpaceX visitarían dependencias de la agencia para estudiar el sistema de control aéreo y posibles mejoras.  En marzo, la FAA reconoció que se estaban ensayando terminales Starlink en instalaciones de Alaska sin funciones críticas para la seguridad, así como Starlink y otras tecnologías de comunicaciones en centros de Oklahoma City y Atlantic City.  Según la FAA, las pruebas se efectuaban dentro de su programa de infraestructura de telecomunicaciones, administrado mediante el contrato con L3Harris.  SpaceX confirmó públicamente que colaboraba con L3Harris y la agencia para determinar en qué circunstancias Starlink podría incorporarse, a largo plazo, como mejora de las comunicaciones utilizadas para la seguridad aérea.  La eventual participación comercial no era, por tanto, una conjetura nacida de las pruebas, sino una posibilidad expresamente formulada por la propia empresa.13

La concurrencia de esas relaciones ya había suscitado preguntas en el Congreso.  El senador Edward Markey solicitó información sobre los procedimientos de contratación, la intervención de personal de SpaceX y las garantías destinadas a prevenir conflictos de intereses.  En julio de 2025, Bedford comunicó a los legisladores que la FAA no contemplaba sustituir con SpaceX los contratos de telecomunicaciones de L3Harris o Verizon, ni depender exclusivamente de Starlink para servicios esenciales de seguridad aérea.  Aquellas afirmaciones expresaban la posición de la agencia en ese momento; la evaluación de las tecnologías y el interés declarado por SpaceX se referían a posibles aplicaciones futuras.  De ahí la necesidad de identificar cualquier acuerdo posterior de pruebas, evaluación de ofertas, acceso técnico o adjudicación, y de conocer las salvaguardias aplicadas a las decisiones que afectasen a una empresa sometida también a la autoridad reguladora de la FAA en materia de lanzamientos.14

La reclamación de fondos adicionales no comenzó el 13 de noviembre.  El 21 de septiembre, la avería de un circuito principal de comunicaciones utilizado para controlar el tráfico aéreo del nordeste coincidió con daños en una línea de fibra óptica de reserva y perturbó los vuelos de varios aeropuertos importantes.  Al día siguiente, Duffy anunció que solicitaría unos 30.000 millones de dólares para mejorar las infraestructuras aeronáuticas y el control del tránsito aéreo.  El 28 de septiembre respaldó públicamente el proyecto de ley Modern Skies Act, que proponía nuevos recursos y facultades para reasignar dinero entre determinados fines.  La incidencia de septiembre y la paralización de noviembre respondían, según los datos conocidos, a circunstancias técnicas diferentes.  Lo que las une en el ámbito público es la reiterada defensa gubernamental de una renovación integral de las telecomunicaciones y, con ella, la necesidad de diferenciar los trabajos de reparación ya financiados de una nueva reconstrucción.15

Las consecuencias presupuestarias de la avería de noviembre se manifestaron con rapidez.  Duffy y Russell Vought, director de la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca, habían firmado el 12 de noviembre una petición formal de 30.100 millones de dólares, divulgada al día siguiente.  La distribución prevista era de 10.100 millones para la renovación digital del control aéreo, 2.000 millones para torres de control pertenecientes a la FAA y 18.000 millones para aeropuertos y terminales.  Tras la paralización nacional, Duffy defendió el viernes por la noche una asignación de 50.000 millones.  El 17 de noviembre, el Departamento de Transporte publicó una propuesta de 50.100 millones, repartidos entre 10.100 millones para la infraestructura digital y cuatro partidas de 10.000 millones cada una destinadas a aeropuertos, terminales, centros consolidados de control en ruta y torres de control.  Según esas grandes categorías, la cantidad destinada a la infraestructura digital permaneció en 10.100 millones.  Los 20.000 millones añadidos correspondían a 8.000 millones más para torres, 10.000 millones para cinco centros de control en ruta y un incremento neto de 2.000 millones para aeropuertos y terminales.  No se aumentó la partida digital más directamente vinculada con la red de telecomunicaciones afectada.  Pero la avería había perjudicado a 17 de los 22 centros de control en ruta, y la mayoría republicana del Comité de Comercio del Senado sostuvo que la modernización de esos centros debía prevalecer sobre otros proyectos.  El comité no aclaró si incluía las torres de control, igualmente esenciales para la seguridad aérea, entre los proyectos que deberían quedar postergados.  Corresponde al Gobierno explicar cómo estableció el orden de las inversiones atendiendo a las vulnerabilidades reveladas por la emergencia.  En la petición presupuestaria concurren, pues, dos vínculos diferentes con la avería:  la causa técnica, localizada en las telecomunicaciones, y sus efectos sobre los centros dependientes de la red.  La justificación de las nuevas instalaciones deberá mostrar de qué manera atenderían a esos efectos y cómo contribuirían a subsanar la deficiencia inicial.16, 17

La exposición financiera del Gobierno induce a confusión cuando reúne en una misma cifra fondos de distinta naturaleza y trabajos sujetos a diferentes regímenes.  Duffy ya había anunciado en mayo de 2025 un plan para construir seis nuevos centros de control aéreo.  En julio de aquel año, el Congreso aprobó 12.500 millones de dólares para mejoras del sistema, de los cuales 4.750 millones se asignaron a telecomunicaciones y equipos, mientras que otros 1.900 millones, incluidos también en el total de 12.500, se destinaron a construir un centro de control en ruta.  La propuesta del 17 de noviembre solicita 10.000 millones para otros cinco centros consolidados.  La correspondencia numérica entre el centro ya financiado y los cinco propuestos remite al objetivo de seis anunciado antes de la emergencia de noviembre.  Sin embargo, los documentos publicados no demuestran que esos cinco proyectos coincidan exactamente con los inicialmente concebidos, ni en emplazamientos, ni en especificaciones técnicas, ni en finalidad.  Por otra parte, la ley de gastos de transporte de febrero de 2026 aportó otros 1.900 millones.  Según los responsables parlamentarios de las asignaciones, las dos leyes recientes sumaban aproximadamente 14.400 millones; la nueva partida de febrero no debe confundirse con los 1.900 millones reservados para un centro dentro del crédito aprobado en julio.  Mientras tanto, la conversión de cobre a fibra se describe como conservación de la red anterior, aunque sus trabajos consistan en incorporar tecnología nueva.  La concurrencia de categorías y denominaciones exige precisar el programa ya aprobado, los trabajos contratados, los destinos legales de cada crédito, las obligaciones contraídas, los saldos disponibles y las nuevas obras propuestas.18

El 16 de noviembre, el programa PBS NewsHour informó de otra circunstancia.  Según documentos parlamentarios, la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca había dispuesto que más de 5.000 millones de dólares previamente aprobados para la renovación aeronáutica no estuvieran disponibles hasta un ejercicio posterior, a partir del 1 de octubre de 2027.  Legisladores demócratas señalaron, además, que quedaban sin gastar aproximadamente 9.000 millones.  No se trata de expresiones equivalentes.  Un crédito aprobado puede carecer temporalmente de autorización para contraer obligaciones, haberse comprometido sin haberse desembolsado todavía, estar destinado a contrataciones futuras o tener su uso limitado por ley.  Las cuentas deben precisar qué supuesto corresponde a cada importe.  Sin esa conciliación, la oposición entre el dinero presuntamente negado por el Congreso y el ya aprobado pero aún no utilizado queda reducida a una disputa política, en vez de convertirse en una explicación financiera.19

Duffy sostiene que los créditos existentes están comprometidos en radares, equipos de radio y otros componentes, por lo que no bastan, ni en cuantía ni en facultades legales de gasto, para construir una nueva red de telecomunicaciones y desarrollar programas informáticos destinados a dirigir el tráfico aéreo.  Es posible que la ley impida trasladar recursos entre partidas sin una autorización expresa.  Sin embargo, el proyecto Modern Skies Act, presentado el 28 de septiembre como S.  5572, aborda precisamente esa limitación.  Su artículo 4 permitiría transferencias entre partidas de los nuevos fondos propuestos, con informes trimestrales de gasto; el artículo 5 autorizaría traslados entre determinadas partidas de la asignación de 2025, sujetos también a rendición de cuentas.  Se trataba de facultades solicitadas, no de una norma vigente.  Precisamente por eso hay que comparar tres respuestas posibles:  aprobar más dinero, modificar los usos legalmente autorizados para los fondos existentes o mejorar la dirección y secuencia de proyectos ya financiados.  Ninguna de ellas puede valorarse únicamente por el importe global solicitado.20, 21

Antes de concluirse la investigación técnica, la explicación pública del Gobierno ya se había articulado en torno al deterioro heredado de las instalaciones y a la promesa de una reconstrucción decidida.  El 13 de noviembre, la Casa Blanca presentó la emergencia como prueba de que el presidente Trump había emprendido la renovación de un sistema anticuado, aunque necesitaba que el Congreso aportara los recursos restantes.22  Dos días después, Duffy reconoció que la interrupción había ocurrido durante su mandato, pero insistió en las omisiones de gobiernos anteriores y en la rapidez de su propia iniciativa.  Trump atribuyó asimismo a la administración Biden el agravamiento de los problemas recibidos.23  Estas declaraciones permiten conocer cómo se distribuyeron públicamente el mérito y la responsabilidad.  No acreditan un propósito de eludir obligaciones, ni resuelven si las decisiones actuales sobre ingeniería, dinero y personal estaban debidamente fundadas.

Los indicios más graves de falta de coordinación son anteriores a la emergencia.  En septiembre, la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO) había observado que la renovación acelerada de la FAA carecía de una estimación integral y suficientemente fundada de sus costes durante toda la vida útil de los proyectos.  Tampoco existía un calendario general coordinado:  se desarrollaban 11.389 proyectos individuales sin la planificación conjunta necesaria para ordenar sus dependencias y las instalaciones que coincidían en un mismo emplazamiento.  Algunas actuaciones podían obligar a volver repetidamente a los mismos centros, sin racionalizar la sucesión de los trabajos ni reducir al mínimo las molestias para los controladores.  La GAO no negó la necesidad de renovar el sistema.  Advirtió que acelerar las obras sin una disciplina adecuada de costes y plazos podía aumentar el riesgo de retrasos, sobrecostes e interrupciones del servicio.24

El informe de la GAO no demuestra que el incidente del 13 de noviembre procediera de alguno de los proyectos examinados dentro del programa acelerado de reconstrucción.  La agencia consideraba que el trabajo fallido pertenecía a la renovación gradual de la red antigua, aunque esta también empleara equipos nuevos y fondos destinados a mejoras tecnológicas.  La solicitud posterior de los miembros demócratas del Comité de Comercio del Senado, que reclamaron pruebas independientes y procedimientos comprobados de conmutación a reserva y reversión de cambios, introduce otra cuestión:  si la incorporación de nuevos componentes a la red que seguía prestando servicio contaba con protección suficiente frente a fallos operativos.  La GAO había identificado una deficiencia institucional distinta:  una reconstrucción ambiciosa avanzaba sin calendario general coordinado y sin estimación fiable del coste total.  Ambas indagaciones obligan al Gobierno a explicar cómo ordenará las instalaciones, protegerá las operaciones aéreas, vigilará las obligaciones de sus contratistas y dará cuenta del dinero ya autorizado.  Ni el aumento de los créditos ni la aceleración de las adjudicaciones proporcionan por sí solos esas garantías.

La política de personal añade otra contradicción a este examen.  En febrero de 2025, durante los recortes impulsados por DOGE, fueron despedidos unos cuatrocientos empleados de la FAA que aún se encontraban en período de prueba.  El Gobierno afirmó que había preservado los puestos de controladores y otras funciones esenciales para la seguridad, pero la información publicada identificó entre los afectados tareas técnicas y auxiliares.  En una comparecencia ante el Congreso, celebrada en junio, el administrador interino de la FAA, Chris Rocheleau, declaró que aproximadamente 360 habían regresado a sus puestos después de los procedimientos judiciales.  Los despidos, su posterior reversión y la incertidumbre provocada en la plantilla técnica forman parte de la trayectoria institucional del programa de renovación, aunque no se haya establecido su relación con la avería de noviembre de 2026.25

No puede juzgarse un programa de ingeniería atendiendo únicamente al presupuesto de adquisición de equipos.  Hace falta, además, personal capaz de determinar las exigencias del sistema, comprobar las interacciones entre sus componentes, dirigir los trabajos de instalación, conservar los conocimientos acumulados y decidir cuándo puede incorporarse un dispositivo nuevo sin comprometer el servicio.  ¿Cómo afectaron los recortes a esas capacidades? ¿Qué vacantes técnicas permanecieron, en su caso, y cuántas salidas adicionales siguieron a los despidos o a los programas de renuncia aplazada? ¿Disponía la FAA de ingenieros propios suficientes para examinar críticamente los supuestos de sus contratistas y valorar los 11.389 proyectos señalados por la GAO? Miles O’Brien, corresponsal aeronáutico de PBS, se refirió expresamente al debilitamiento de la experiencia acumulada en ingeniería de sistemas en relación con los recortes de DOGE.  Esa valoración debe contrastarse con documentos de personal y de proyectos; la existencia de los recortes no demuestra que ocasionaran el fallo de los encaminadores.26

La contradicción entre la explicación pública y las decisiones gubernamentales afecta a la conducción de las instituciones, no sólo a su discurso.  Se invocan una red envejecida y recursos insuficientes, mientras el Gobierno ha acelerado la renovación sin la planificación conjunta cuya necesidad acreditó la GAO, ha reducido una parte de su personal técnico antes de reincorporarlo parcialmente y ha presentado sucesivas peticiones de fondos cuyas categorías presupuestarias aún no han sido conciliadas.  Las deficiencias heredadas de la red son reales, y cada decisión puede tener razones propias.  Pero la explicación pública reparte las responsabilidades entre antecesores, Congreso y Gobierno actual antes de ofrecer una relación administrativa completa de lo realizado bajo las competencias vigentes.  No se trata de averiguar qué pretendían íntimamente los funcionarios al expresarse así, sino de determinar si el conjunto de sus decisiones respondió a un plan capaz de prever sus consecuencias acumuladas.

La participación de distintas empresas exige asimismo atribuir a cada una el cometido que efectivamente desempeña.  L3Harris explota la red de telecomunicaciones antigua implicada en la avería; Peraton ha recibido la dirección de la integración de los nuevos sistemas.  SpaceX intervino en conversaciones técnicas y ensayos de comunicaciones, incluidos los de Starlink efectuados dentro del programa administrado por L3Harris, y manifestó su interés en posibles aplicaciones duraderas de su tecnología.  La propuesta presupuestaria del 17 de noviembre no identifica a los futuros adjudicatarios de su partida digital.  Por tanto, las pruebas de Starlink no acreditan una adjudicación con cargo a esa partida, pero tampoco excluyen un eventual beneficio comercial para SpaceX.  Los documentos pertinentes son los contratos, los acuerdos de ensayo, las condiciones de acceso a instalaciones y datos, las garantías de imparcialidad en la contratación, las obligaciones de prueba y las adjudicaciones que pudieran producirse.  La responsabilidad por un posible fallo de instalación de un contratista debe examinarse por sus propios hechos; la compra, el rechazo o la continuación de las pruebas de la tecnología de otra empresa deben justificarse mediante las decisiones que efectivamente se documentaron.27

Estas cuestiones pueden conducir a conclusiones diferentes, no a una explicación única de todos los acontecimientos.  La avería puede haberse originado en la configuración de los equipos, en labores de mantenimiento contratadas o en debilidades de la red anterior.  La renovación puede haber padecido deficiencias de planificación y control del gasto.  La suspensión nacional de despegues puede haber estado justificada, aunque subsistan preguntas sobre la coordinación del espacio aéreo durante el lanzamiento de Starship.  Ahora bien, separar los asuntos no significa que las instituciones competentes actuaran con independencia unas de otras.  La FAA regulaba el lanzamiento de SpaceX y evaluaba también tecnologías de comunicaciones propuestas por la empresa.  Sus técnicos trabajaban sobre instalaciones explotadas por L3Harris mientras el Departamento de Transporte impulsaba la reconstrucción dirigida por Peraton.  El Congreso y la Oficina de Gestión y Presupuesto condicionaban los recursos disponibles para ambas iniciativas.  Sus atribuciones son distintas, pero las decisiones pueden influirse mutuamente.  Corresponde averiguar en qué documentos constaron esas interacciones, cuáles se previeron y conforme a qué normas se administraron, en vez de convertir su coincidencia en prueba de un designio secreto.

La división de responsabilidades dentro del poder ejecutivo hace aún más visible la dificultad.  El 16 de noviembre, el presidente Trump declaró a los periodistas que no asumía responsabilidad alguna por la paralización nacional, elogió la actuación de Duffy y atribuyó el estado de las instalaciones a décadas de desatención.  También sugirió que la emergencia podría ayudar a obtener los fondos solicitados al Congreso.  Sus palabras documentan una posición pública; no aclaran la causa de la avería ni las intenciones privadas de los participantes.  El presidente no fue el controlador que dictó la suspensión, ni el ingeniero que aprobó un encaminador, ni el funcionario que valoró las condiciones de un lanzamiento espacial.  Pero las políticas del Gobierno sobre presupuestos, personal, contratación y renovación no son ajenas al funcionamiento de los departamentos encargados de ejecutarlas.  Distinguir entre la autoridad política y la responsabilidad por actos operativos concretos no permite atribuir al presidente decisiones técnicas que no tomó; tampoco permite excluir del examen las políticas del poder ejecutivo cuando sus consecuencias se hacen patentes.28

La controversia presupuestaria muestra por qué sería insuficiente atribuir toda la responsabilidad a una sola oficina.  El Congreso aprueba los créditos y puede limitar sus destinos.  La Oficina de Gestión y Presupuesto interviene en el momento en que esos créditos pueden utilizarse.  El Departamento de Transporte propone nuevas asignaciones y dirige la FAA, mientras esta determina las exigencias técnicas y supervisa a los contratistas.  El proyecto Modern Skies Act sometió además al Congreso una posible vía para modificar algunas restricciones a la reasignación de fondos.  Una agencia puede necesitar recursos para una obra nueva y tener dinero ya comprometido en otra; un contratista puede ejecutar mal una instalación aunque el crédito correspondiente esté suficientemente dotado.  Ambas proposiciones pueden ser ciertas.  Pero el Gobierno sigue obligado a conciliar los saldos disponibles, las restricciones legales, las facultades de transferencia propuestas, los proyectos y sus vínculos, así como las razones para solicitar cantidades todavía mayores.  Una cifra presupuestaria global no explica qué opciones existían ni por qué se eligieron unas en lugar de otras.

Esa misma exigencia de una explicación que alcance a las distintas instituciones rige para lo ocurrido el 13 de noviembre.  La investigación técnica debe identificar el mecanismo inicial de la avería y las protecciones que debieron impedir su propagación.  La carta de los senadores demócratas del Comité de Comercio del 16 de noviembre y la suspensión de nuevas instalaciones de encaminadores comunicada por la FAA aportan preguntas concretas para comprobar la suficiencia de las pruebas iniciales, los recursos de reserva y los procedimientos de recuperación.  El examen de las decisiones operativas debe reconstruir el intervalo entre las primeras anomalías y la orden de inmovilizar los despegues, identificar quién evaluó las condiciones requeridas para el vuelo 15, qué comunicaciones seguían disponibles y cómo se valoraron las restricciones posteriores en Hawaiʻi cuando la aviación ordinaria empezaba a recuperarse.  El examen financiero debe distinguir entre conservar la red antigua, renovar sus componentes y construir una infraestructura nueva, siguiendo los créditos y contratos que pueden financiar trabajos materialmente coincidentes.  También habrá que precisar el alcance, y los límites, de la relación de SpaceX con los ensayos de nuevas tecnologías.  Sólo entonces podrán cotejarse los resultados relativos a supervisión técnica, contratación, política presupuestaria del ejecutivo y operaciones aeronáuticas simultáneas, atendiendo a las obligaciones que correspondían a cada autoridad.

Ese cotejo puede acreditar el cumplimiento de unas obligaciones y, a la vez, deficiencias en otras.  La FAA podría demostrar que el vuelo 15 satisfizo todas las exigencias aplicables sin poder determinar si la disminución del tránsito aéreo le procuró alguna ventaja incidental.  Una investigación técnica podría identificar un defecto del encaminador o de su configuración y dejar pendiente la razón por la que la red permitió una perturbación tan extensa.  El Congreso podría concluir que se necesitan nuevos fondos para la renovación y considerar, al mismo tiempo, que el importe solicitado por el Gobierno carece de una estimación integral de costes que lo sustente.  Que las explicaciones presidencial, departamental, reguladora y contractual no desembocaran en una conclusión única no les restaría valor.  Sus diferencias podrían mostrar dónde se cumplieron las responsabilidades, dónde falló la coordinación y qué cuestiones no permiten resolver los documentos conservados.

También es necesario distinguir las causas de los límites de nuestro conocimiento.  Hay incertidumbres técnicas, cuando la interacción entre fallos impide reconstruir con exactitud toda la secuencia.  Otras proceden de la insuficiencia de las pruebas, porque las decisiones tomadas durante la cuenta atrás o la emergencia no quedaron debidamente registradas o no se han comunicado.  Otras afectan a situaciones que nunca llegaron a producirse:  ninguna investigación puede observar las condiciones aeronáuticas que habrían existido si se hubiera aplazado el lanzamiento o se hubiera sustituido el equipo otro día.  A ello se añade una dificultad distinta cuando los funcionarios ofrecen explicaciones separadas, cada una de ellas defendible, pero omiten los efectos que sus decisiones tuvieron en conjunto.  No se supera esa dificultad exigiendo certezas sobre sus intenciones.  Es preciso averiguar si la autoridad encargada de coordinar la política pública ha proporcionado los elementos para relacionar las actuaciones realizadas bajo su competencia.  Explicar aisladamente cada episodio no equivale necesariamente a explicar la respuesta del Gobierno ante todos ellos.

Es posible que la emergencia del 13 de noviembre termine atribuyéndose a una avería técnica ordinaria, agravada por el envejecimiento de la red.  El vuelo 15 puede haber respetado enteramente las condiciones de seguridad que le eran aplicables.  Es posible asimismo que se justifiquen mayores inversiones federales, aunque sea necesario revisar la cuantía solicitada y la gestión de los créditos disponibles.  Ninguna de esas conclusiones privaría de sentido a la investigación:  demostrarían por qué hay que distinguir las causas, las decisiones y sus consecuencias.  Un Gobierno no cumple su obligación de dar explicaciones remitiendo cada pregunta a una oficina distinta mientras deja sin examinar las relaciones entre ellas.  Pero la incapacidad de explicar esas relaciones tampoco demuestra por sí sola un pacto oculto ni una intención corrupta.  Es necesario establecer qué sabía y qué decidió cada autoridad, cómo confluyeron sus competencias y qué juicio permiten formular los documentos que subsisten.  Allí donde las pruebas permitan llegar a una conclusión, habrá que formularla.  Cuando una pregunta no pueda responderse, deberán precisarse las razones de ese límite.  Y cuando los documentos decisivos permanezcan en poder de quienes ejercieron la autoridad, a ellos les corresponde hacer inteligibles las decisiones tomadas.

Notas documentales

Los títulos subrayados permiten consultar directamente las fuentes. Cada nota corresponde a la llamada numérica del ensayo.

  1. Fuentes: FAA, «Nationwide Ground Stop: Questions and Answers» (15-11-2026); Roll Call, información sobre la financiación tras la suspensión (13-11-2026); Departamento de Transporte, propuesta de 50.100 millones de dólares (17-11-2026)La FAA documenta la suspensión nacional de despegues; Roll Call informa de la ampliación de la petición presupuestaria, y el Departamento de Transporte publica el desglose posterior de los fondos solicitados. Volver a la llamada ↩
  2. Fuentes: FAA, aviso 111 del centro nacional de control del tráfico aéreo (13-11-2026); FAA, aviso 119 (13-11-2026, 17:46, hora del Este); FAA, aviso 121 (13-11-2026); FAA, cronología técnica (15-11-2026); Spaceflight Now, crónica del vuelo 15 (13 y 14-11-2026)El aviso 119 registra simultáneamente la suspensión nacional y la restricción FCA001:STARSHIP_WEST, pero los avisos no dan a conocer las deliberaciones finales sobre la autorización del lanzamiento.  La FAA sitúa las primeras dificultades técnicas hacia las 15:30, hora del Este; Duffy habló de inestabilidad aproximadamente a las 15:36. Volver a la llamada ↩
  3. Fuentes: FAA, «Airspace Integration»; FAA, «Space Data Integrator» (4-8-2025)Estos documentos exponen la distribución general de competencias entre las licencias espaciales, la delimitación de zonas de peligro, las comunicaciones, la telemetría y la administración del espacio aéreo.  No describen la decisión concreta sobre el vuelo 15 durante la interrupción. Volver a la llamada ↩
  4. Fuentes: Departamento de Transporte, declaraciones y comunicación técnica de Sean Duffy (15-11-2026); FAA, respuestas técnicas preliminares (15-11-2026); CBS News, transcripción de la entrevista a Duffy (15-11-2026)Las declaraciones identifican trabajos recientes en los equipos de El Dorado y Amarillo y la inestabilidad posterior de la red.  La causa inicial seguía bajo investigación al concluir el período documental del ensayo. Volver a la llamada ↩
  5. Fuentes: FAA, «Nationwide Ground Stop: Questions and Answers» (15-11-2026)La FAA comunica que resultaron afectados 17 de los 22 centros de control en ruta, que ciertas comunicaciones continuaron disponibles y que se adoptaron medidas cautelares para dirigir el tráfico aéreo. Volver a la llamada ↩
  6. Fuentes: Departamento de Transporte, comparecencia de Duffy y Bedford sobre el restablecimiento del servicio (14-11-2026); ABC News, transcripción de la entrevista en «This Week» (15-11-2026)Duffy calificó de mantenimiento ordinario el cambio de cobre a fibra.  Bedford distinguió las labores de conservación de la red operada por L3Harris de la reconstrucción dirigida por Peraton.  Ninguna declaración determina la cuenta presupuestaria a la que se imputó la instalación de El Dorado. Volver a la llamada ↩
  7. Fuentes: Roll Call, «Aviation funding becomes political football» (16-11-2026); Departamento de Transporte, comparecencia de Duffy y Bedford (14-11-2026)La conversión a fibra constituía una mejora técnica realizada dentro del régimen de explotación de la red antigua.  El Gobierno había comunicado que, a mediados de octubre, estaba completado más del 68 por ciento del reemplazo del cobre.  La documentación pública citada no resuelve cómo se contabilizaron los trabajos relacionados con la avería. Volver a la llamada ↩
  8. Fuentes: Demócratas del Comité de Comercio del Senado, comunicado y carta del 16 de noviembre, publicados el 17-11-2026Los miembros demócratas atribuyen a L3Harris las cifras de encaminadores previstos, instalados y en funcionamiento.  Cuestionan la representatividad de las pruebas efectuadas antes de su puesta en servicio y solicitan comprobaciones independientes de los procedimientos de conmutación, reversión y recuperación.  Se trata de una actuación de fiscalización parlamentaria, no de un dictamen técnico definitivo ni de una investigación acordada por todo el comité. Volver a la llamada ↩
  9. Fuentes: Associated Press, suspensión de las instalaciones de encaminadores (17-11-2026); CNN, paralización de las instalaciones y medidas de protección de la red (17-11-2026); ABC News, declaración de HPE sobre la configuración del encaminador (16 y 17-11-2026)La FAA comunicó la suspensión de nuevas instalaciones y la desactivación de una función en los dispositivos Juniper ya incorporados.  HPE sostuvo que el encaminador funcionó conforme a la configuración aplicada por el instalador.  Esa afirmación no determina quién autorizó dicha configuración ni permite identificar el origen de la perturbación general de la red. Volver a la llamada ↩
  10. Fuentes: FAA, «Airspace Integration»; FAA, aviso 119 (13-11-2026)Las fuentes establecen los requisitos generales de coordinación espacial y la vigencia de la restricción de tránsito aéreo; no describen la comprobación operativa concreta que precedió al vuelo 15. Volver a la llamada ↩
  11. Fuentes: Hawaii News Now, comunicación del Departamento de Transporte de Hawaiʻi (13-11-2026); FAA, resolución ambiental sobre las contingencias de Starship en el Pacífico (31-8-2026)El Departamento de Transporte de Hawaiʻi comunicó la restricción posterior de los vuelos hacia la costa occidental; la resolución anterior de la FAA proporciona los antecedentes de las contingencias previstas en el Pacífico.  Ninguno de los documentos, considerado por separado, permite establecer si la restricción del 13 de noviembre estaba programada o surgió por una circunstancia nueva. Volver a la llamada ↩
  12. Fuentes: SpaceX, página de la misión Starship 15; Spaceflight Now, lanzamiento y recuperación de la etapa superior (13 y 14-11-2026); CBS News, información sobre el propulsor del vuelo 15 (13-11-2026)Los documentos de la misión y las crónicas contemporáneas registran los 26 satélites Starlink, la recuperación de la etapa superior y el intento fallido de recuperar el propulsor, que terminó en una explosión sobre el golfo de México.  El resultado de la misión no prueba que la suspensión de despegues le procurara una ventaja. Volver a la llamada ↩
  13. Fuentes: FAA, comunicado sobre los ensayos de Starlink (5-3-2025); Reuters, declaración de SpaceX sobre los contratos vigentes de la FAA (5-3-2025); The Washington Post, pruebas de Starlink en las telecomunicaciones de la FAA (6-3-2025)La FAA identifica los lugares de ensayo y su encuadramiento en el programa de telecomunicaciones administrado por L3Harris.  SpaceX manifestó su interés en posibles aplicaciones duraderas de Starlink, a la vez que negó pretender asumir un contrato existente.  Ni ese interés ni las pruebas equivalen a una adjudicación. Volver a la llamada ↩
  14. Fuentes: Senador Edward Markey, carta sobre Starlink y las garantías de la FAA (26-2-2025); Reuters, respuesta de Bedford acerca de los contratos con L3Harris y Verizon (16-7-2025)Markey pidió información sobre contratación pública y garantías éticas.  Bedford afirmó que la FAA no contemplaba sustituir los contratos mencionados con L3Harris y Verizon por uno con SpaceX, ni utilizar exclusivamente servicios por satélite para comunicaciones críticas.  Esas afirmaciones expresan la posición de la agencia en las fechas citadas y no sustituyen el examen de documentos de contratación posteriores. Volver a la llamada ↩
  15. Fuentes: ABC News, interrupción de las comunicaciones en el nordeste (21-9-2026); Reuters, petición de otros 30.000 millones formulada por Duffy (22-9-2026); Departamento de Transporte, respaldo al proyecto Modern Skies Act (28-9-2026)La interrupción de septiembre afectó a un circuito principal y a una línea de reserva dañada.  Duffy volvió a reclamar unos 30.000 millones de dólares al día siguiente, antes de la suspensión nacional de noviembre. Volver a la llamada ↩
  16. Fuentes: Duffy y Vought, carta de solicitud presupuestaria (12-11-2026); Roll Call, noticia de la solicitud (13-11-2026)La carta solicita 30.100 millones de dólares:  10.100 millones para modernizar el control aéreo, 2.000 millones para torres y 18.000 millones para aeropuertos y terminales.  Está fechada el 12 de noviembre y se difundió públicamente el día 13. Volver a la llamada ↩
  17. Fuentes: Departamento de Transporte, propuesta desglosada de 50.100 millones de dólares (17-11-2026); Duffy y Vought, petición inicial de 30.100 millones (12-11-2026); Reuters, respuesta de los republicanos del Comité de Comercio del Senado (13 y 14-11-2026)En la comparación de las grandes partidas, la infraestructura digital permanece en 10.100 millones de dólares; las torres pasan de 2.000 a 10.000 millones, los aeropuertos y las terminales suman 20.000 millones frente a los 18.000 anteriores y se añaden 10.000 millones para cinco centros consolidados de control en ruta.  La mayoría republicana del Comité de Comercio del Senado defendió que estos últimos tuvieran prioridad sobre otros proyectos, sin precisar si incluía entre ellos las torres. Volver a la llamada ↩
  18. Fuentes: Ley pública 119-21, artículo 40003(a) (julio de 2025); Roll Call, análisis de los créditos presupuestarios (16-11-2026); Demócratas de la Comisión de Asignaciones de la Cámara, cronología de los fondos tras la suspensión (noviembre de 2026); Departamento de Transporte, plan de modernización de seis centros (8-5-2025)La ley de julio de 2025 asignó 1.900 millones de dólares a un nuevo centro de control en ruta dentro de una dotación de 12.500 millones.  Los responsables parlamentarios identifican otros 1.900 millones, distintos de los anteriores, en la ley de gastos de febrero de 2026.  La previsión de seis centros de mayo de 2025, uno ya financiado y cinco propuestos después, sugiere continuidad del programa sin demostrar que coincidan los emplazamientos o las características técnicas. Volver a la llamada ↩
  19. Fuentes: PBS NewsHour, Lisa Desjardins y Miles O’Brien sobre la financiación de la FAA (16-11-2026); Roll Call, Peter Cohn, «Aviation funding becomes political football in lame-duck session» (16-11-2026)PBS informó de que la Oficina de Gestión y Presupuesto había aplazado la disponibilidad de unos 5.000 millones de dólares previamente asignados a la renovación aeronáutica.  Roll Call, basándose en una hoja informativa de los representantes Rosa DeLauro y James Clyburn, señaló que una distribución de créditos de la misma oficina retenía más de 5.000 millones de la asignación de julio de 2025 hasta el 1 de octubre de 2027.  No se examinó directamente el documento original de distribución presupuestaria.  Los créditos no gastados, los aún no comprometidos y los de disponibilidad diferida corresponden a situaciones financieras diferentes. Volver a la llamada ↩
  20. Fuentes: Departamento de Transporte, declaraciones de Duffy sobre los fondos de modernización (15-11-2026); Proyecto Modern Skies Act, S. 5572, artículos 4 y 5 (28-9-2026)Duffy distinguió el dinero ya reservado para comprar determinados equipos del requerido para una nueva red y los programas informáticos correspondientes.  El proyecto Modern Skies Act contempla nuevas asignaciones y facultades de transferencia propuestas, no aprobadas todavía. Volver a la llamada ↩
  21. Fuentes: Proyecto Modern Skies Act, texto presentado, S. 5572, artículos 4 y 5; Departamento de Transporte, explicación de las facultades de transferencia propuestas (28-9-2026)El proyecto permite proponer transferencias entre determinadas partidas de fondos nuevos y de asignaciones anteriores destinadas a la renovación aeronáutica, con obligaciones de informar.  Su presentación no confiere por sí sola una facultad legal de transferencia ya vigente. Volver a la llamada ↩
  22. Fuentes: Casa Blanca, comunicado sobre la suspensión nacional y los fondos de modernización (13-11-2026)La Casa Blanca vinculó la emergencia con el deterioro heredado del equipamiento y reclamó fondos para la reconstrucción.  Su comunicado expone una posición política y administrativa, no una investigación concluida sobre la causa técnica. Volver a la llamada ↩
  23. Fuentes: Associated Press, declaraciones de Trump sobre la responsabilidad (16-11-2026); The Washington Post, defensa pública de la respuesta por Duffy (15-11-2026); The Washington Post, declaraciones de Trump sobre los problemas heredados de la FAA (15-11-2026)Las crónicas recogen las explicaciones públicas de Duffy y Trump y la atribución de responsabilidades que cada uno hizo.  No permiten establecer motivaciones privadas ni determinar la causa técnica de la interrupción. Volver a la llamada ↩
  24. Fuentes: GAO, informe sobre modernización del control aéreo, GAO-26-107992 (14-9-2026)La GAO señala las insuficiencias de la estimación de costes durante toda la vida útil y la ausencia de un calendario integrado para 11.389 proyectos individuales.  El informe examina la planificación de la renovación, no la avería posterior del 13 de noviembre. Volver a la llamada ↩
  25. Fuentes: Associated Press, despidos de empleados de la FAA en período de prueba (febrero de 2025); Subcomisión de Asignaciones de la Cámara, audiencia presupuestaria de la FAA y testimonio oral de Rocheleau (4-6-2025)Associated Press informó de los despidos de personal de la FAA en período de prueba, incluidos empleados dedicados a tareas técnicas y auxiliares.  Durante las preguntas formuladas ante la subcomisión de la Cámara de Representantes encargada de Transportes, Vivienda y Desarrollo Urbano el 4 de junio de 2025, el administrador interino Chris Rocheleau confirmó, aproximadamente en el minuto 1:03:23 de la grabación, el despido de unos 400 empleados y el regreso de 360 tras un procedimiento judicial.  Ni los despidos ni las reincorporaciones establecen una relación causal con la avería de noviembre de 2026. Volver a la llamada ↩
  26. Fuentes: PBS NewsHour, Miles O’Brien y Lisa Desjardins (16-11-2026)Las observaciones de Miles O’Brien sobre la capacidad de ingeniería de sistemas y los recortes de personal vinculados con DOGE constituyen un análisis especializado recogido por PBS, no una conclusión causal de la investigación sobre los encaminadores. Volver a la llamada ↩
  27. Fuentes: Departamento de Transporte, designación de Peraton como integrador principal (diciembre de 2025); FAA, comunicado sobre los ensayos de Starlink (5-3-2025); Departamento de Transporte, partida digital propuesta el 17-11-2026Los documentos identifican cometidos distintos para L3Harris, Peraton y SpaceX.  La partida propuesta de 10.100 millones de dólares para infraestructura digital no identifica a los futuros proveedores ni a los destinatarios de las adjudicaciones. Volver a la llamada ↩
  28. Fuentes: Associated Press, declaraciones de Trump del 16-11-2026; Transcripción de las declaraciones presidenciales (16-11-2026)El presidente negó públicamente asumir responsabilidad personal por la interrupción, elogió la actuación de Duffy y atribuyó los problemas de las instalaciones a una desatención anterior.  Son posiciones manifestadas públicamente, no pruebas de intenciones privadas ni conclusiones técnicas. Volver a la llamada ↩

« Lo que el matrimonio preserva »

November 17, 2026

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El límite de la acogida.  Ricardo F. Morín.  CGI, 2026.

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16 de noviembre de 2026

Oakland Park, Florida

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En la Reunión Anual de Gran Bretaña celebrada en York en 2009, varios participantes dieron testimonio de relaciones de pareja sustentadas en un compromiso y respaldadas por sus congregaciones cuáqueras, aunque reconocidas de manera desigual.  Las parejas de distinto sexo disponían de un cauce claro para obtener reconocimiento; las del mismo sexo encontraban posibilidades distintas según la congregación.  El acta se refiere a Amigos que consideraban sus relaciones corrientes y privadas, pero habían tenido que abrir camino públicamente para conseguir que se las reconociera y dejara constancia de ellas.  Aquellos testimonios contribuyeron al discernimiento de la asamblea, veintidós años después de que la cuestión se planteara por primera vez en Meeting for Sufferings.  La asamblea afirmó la igualdad de trato entre las parejas del mismo sexo unidas por un compromiso y los matrimonios de distinto sexo, y reafirmó su convicción de que el matrimonio es obra de Dios, de la cual la comunidad da testimonio.1

Los testimonios hicieron patente la desigualdad de reconocimiento entre relaciones que ya contaban con el respaldo de la comunidad.  Las parejas que lo solicitaban participaron en el discernimiento colectivo acerca de lo que suponía reconocerlas.  La discrepancia tenía así un referente humano:  quienes sostenían compromisos que sus congregaciones respaldaban se encontraban ante una distinción que esas mismas congregaciones seguían manteniendo.

El reconocimiento comunitario también da una expresión concreta a los compromisos.  En 2012, el Comité de Derecho y Normativa del judaísmo conservador aprobó modelos de matrimonio y disolución elaborados por los rabinos Elliot Dorff, Daniel Nevins y Avram Reisner para parejas del mismo sexo.  Su propuesta recurría a una alianza distinta del kiddushin tradicional, sin dejar de considerar matrimonio judío la unión resultante.  La alianza establecía obligaciones de fidelidad y de responsabilidad económica por el bienestar del otro; las disposiciones que la acompañaban regulaban la disolución de la unión.2  Al prever una vía reconocida para poner fin a la unión, la propuesta situaba la responsabilidad tanto en la vida en común como en el proceso de separación.

En la deliberación cuáquera, los testimonios influyeron en el juicio de la comunidad sobre relaciones que ya contaban con su respaldo.  En la alianza judía, la interpretación religiosa proporcionó una forma mediante la cual otras parejas podían asumir obligaciones precisas.  En ambos casos, las propias comunidades ejercieron su autoridad.  Quienes buscaban reconocimiento se incorporaron a las prácticas mediante las cuales sus comunidades expresaban el compromiso religioso.

Allí donde se atribuye a la diferencia sexual un sentido que no se agota en las capacidades de una pareja, la relación de esas capacidades con la definición del matrimonio es distinta.  El Catecismo de la Iglesia Católica define el matrimonio como una alianza entre un hombre y una mujer, ordenada al bien de los cónyuges y a la procreación y educación de los hijos.  Afirma asimismo que los esposos sin hijos pueden vivir un matrimonio con sentido humano y cristiano mediante la caridad, la hospitalidad y el sacrificio.34

Reconocer el valor de los matrimonios sin hijos no elimina la diferencia sexual de la doctrina católica.  Excluir a las parejas del mismo sexo exclusivamente por su imposibilidad de procrear entre sí no equivale a sostener, en términos teológicos, que la unión de un hombre y una mujer posee un sentido particular en sí misma.  En el primer caso se invoca una función reproductiva; en el segundo, aquello que la definición religiosa considera constitutivo del matrimonio.  La constatación de que un matrimonio conserva su valor sin hijos atañe directamente al primer argumento, pero no resuelve por sí sola la segunda afirmación.

La práctica pastoral católica distingue, a su vez, entre impartir una bendición y reconocer un matrimonio.  La declaración Fiducia supplicans, de 2023, permite bendecir de manera espontánea y fuera de la liturgia a parejas del mismo sexo, sin convalidar su situación ni modificar la doctrina matrimonial de la Iglesia.  Las restricciones que establece excluyen las formas que pudieran confundir la bendición con una boda.  Una aclaración de enero de 2024 distingue entre bendecir a la pareja y bendecir la unión.5  Los miembros de la pareja pueden acudir juntos y recibir una respuesta pastoral, aunque su relación siga fuera de la definición eclesial del matrimonio.  La acogida pastoral que se ofrece y el reconocimiento matrimonial que se deniega conciernen a aspectos distintos de una misma vida en común.

El Corán (30:21) vincula la creación de los cónyuges con el sosiego, el afecto y la misericordia.6  El artículo 4 del Código de Familia marroquí de 2004 establece una definición legal del matrimonio:  una unión entre un hombre y una mujer fundada en el consentimiento mutuo, entre cuyos fines figuran la fidelidad y una familia estable bajo la dirección de ambos cónyuges.7  La norma reúne una descripción de la vida que los esposos han de sostener y una definición de quiénes pueden constituir la pareja.

Cuando la diferencia sexual se considera constitutiva, la capacidad de una pareja para el afecto y la responsabilidad recíproca no basta para satisfacer la definición.  Excluir a una pareja por ese motivo no requiere atribuirle incapacidad para el cuidado mutuo.  El requisito remite al sentido asignado a la unión, con independencia de la conducta de sus integrantes.  Aunque exista acuerdo sobre el valor del cuidado, persiste la discrepancia acerca de aquel sentido.  Las capacidades de una pareja y la autoridad de una definición se sitúan en planos distintos de la controversia.

También cabe interpretar una forma heredada de tal modo que se juzgue cumplida una obligación aun cuando la conducta se aparte del modo habitual de observarla.  En el libro de Mencio, carecer de descendencia se considera una grave falta contra el deber filial.  Shun se casa sin informar a sus padres para evitar quedarse sin descendencia.  Las personas cultivadas consideran su proceder equivalente a haberlos informado.8  El criterio rector sigue siendo la continuidad del linaje, y la conducta de Shun se entiende como cumplimiento del deber.  Mediante esa interpretación se da por satisfecha la formalidad omitida.

En las controversias sobre la continuidad de una tradición también se disputa la autoridad para interpretarla.  En el pasaje de Mencio, el juicio establece una equivalencia dentro de las obligaciones filiales.  En los modelos matrimoniales judíos, los rabinos reconocen como matrimonio judío una alianza distinta del kiddushin heredado.  La consideración religiosa o ética de tales actos depende de cómo se entienda, dentro de la tradición, el cumplimiento de las obligaciones.  Compartir una finalidad humana no basta, por sí solo, para determinar qué interpretaciones acepta una comunidad.

Para las parejas que solicitan reconocimiento en el seno de una comunidad religiosa, está en juego su participación en una vida de fe compartida.  Pueden desear una ceremonia porque entienden su amor y sus responsabilidades a la luz de una misma fe.  Cuando la fidelidad y el cuidado mutuo llevan a la práctica determinadas enseñanzas religiosas, la vida en común de esas parejas contribuye a sostener valores que la comunidad pide a sus miembros que observen.  La negativa a reconocer esas uniones como matrimonios puede herir el sentimiento de pertenencia que quienes forman esas parejas ya experimentan en la comunidad.  Su aportación no resuelve por sí sola el desacuerdo religioso acerca de la definición del matrimonio.  Pero esa definición no abarca todo lo que está en juego cuando se niega reconocimiento a personas que contribuyen a sostener los valores que la comunidad profesa.  El reconocimiento civil no puede suplir el que esas parejas buscan dentro de su fe.

El reconocimiento civil procede de la autoridad del Estado.  Cuando un Estado afirma la igualdad de sus ciudadanos, las normas de acceso al matrimonio coexisten con el compromiso de respetar la igualdad civil de quienes están sujetos a esas normas.  Que unas parejas puedan contraer matrimonio y otras queden excluidas suscita entonces la cuestión del fundamento de ese trato desigual.  La explicación concierne al ejercicio de la autoridad estatal sobre los ciudadanos, incluidos quienes no comparten concepción religiosa alguna del matrimonio.

La Interpretación constitucional n.º 748 de Taiwán, de 2017, examinó una justificación de la exclusión basada en la función reproductiva del matrimonio.  El tribunal observó que la capacidad de procrear no era requisito para el matrimonio entre personas de distinto sexo, ni la incapacidad o la falta de voluntad de tener hijos invalidaban por sí solas esos matrimonios.  Descartó la incapacidad reproductiva como fundamento racional para excluir a las parejas del mismo sexo.  Razonó asimismo que extender a esas parejas los derechos y las obligaciones matrimoniales no alteraría el orden ético fundamental del matrimonio existente.9

La discrepancia se hallaba entre la razón aducida para excluir y los requisitos aplicados a las parejas ya admitidas.  La procreación se presentaba como indispensable para un grupo, mientras en el otro se seguían reconociendo matrimonios sin hijos.  La distinción civil no podía justificarse mediante el requisito reproductivo en los términos en que se había formulado.  La conclusión se refería a la coherencia de esa justificación del trato desigual; no resolvía el significado teológico atribuido a la diferencia sexual.

El problema es distinto cuando se invoca una definición religiosa del matrimonio para justificar la exclusión civil.  En el seno de una comunidad de creyentes, esa definición puede explicar por qué una unión no puede recibir reconocimiento religioso, aun cuando sus integrantes sostengan compromisos que la comunidad valora.  Si el Estado impone el mismo requisito al matrimonio civil, lo aplica a los ciudadanos con independencia de que acepten o no aquella creencia.  El alcance de la restricción rebasa los límites de la comunidad que reconoce la autoridad religiosa de ese requisito.

En un orden que afirma la igualdad ciudadana, la explicación religiosa y la justificación civil responden a preguntas distintas.  La primera enuncia las exigencias de una determinada concepción religiosa.  La segunda da razón del trato desigual dispensado por una autoridad que rige para todos.  Una justificación civil puede atender a intereses que excedan el cuidado mutuo, pero la mera enunciación de una exigencia religiosa no explica de qué manera se satisfacen esos intereses.  Si el Estado se limita a enunciar esa exigencia, queda expuesta la razón del requisito dentro de la fe, mientras permanece sin explicar por qué se aplica a ciudadanos que no la profesan.

La distinción entre ambas autoridades alcanza también a las consecuencias del reconocimiento.  Cuando se distingue entre la celebración religiosa y el estado civil, el matrimonio civil no determina el significado religioso de la unión.  Tampoco un juicio religioso sobre esa unión decide, por sí solo, la condición jurídica de la pareja.  El desacuerdo acerca del sentido sagrado puede coexistir con el reconocimiento de un mismo estado civil.  La controversia religiosa y la atribución de ese estado civil siguen siendo cuestiones distintas, aunque ambas afecten a la misma pareja.

La capacidad de prestar consentimiento y la libertad de negarlo conciernen a la posibilidad de que quienes se casan asuman por voluntad propia los compromisos del matrimonio.  Un requisito que proteja esas capacidades guarda relación directa con el carácter voluntario del compromiso.  Clasificar a las parejas según estén formadas o no por personas del mismo sexo atiende a un aspecto diferente.  Las razones que justifican la protección del consentimiento no justifican, por ese solo hecho, la exclusión de las parejas del mismo sexo.

El matrimonio civil da expresión pública, mediante el reconocimiento estatal de derechos y obligaciones recíprocos, a los compromisos que los cónyuges asumen libremente.  Con la admisión de otras parejas capaces de asumir esos compromisos, se amplía la participación en ese régimen civil.  Que una pareja acceda al matrimonio civil no determina si una comunidad religiosa considera su unión conforme a su concepción del matrimonio.

La igualdad civil y la calidad de un matrimonio concreto siguen siendo cuestiones distintas.  Si a las parejas excluidas se les exige una virtud excepcional, mientras otras reciben reconocimiento sin someterse a esa prueba, el acceso depende de criterios diferentes para ambos grupos.  Las cualidades de una relación concreta no explican por qué una categoría de parejas ha de afrontar una prueba adicional.

El reconocimiento matrimonial no acredita por sí solo la calidad del trato entre los cónyuges.  Si uno se vale de la dependencia del otro para controlarlo, la existencia de un matrimonio civil no demuestra que haya cuidado recíproco.  Si a una pareja se le deniega el matrimonio civil, la ausencia de esa condición jurídica no demuestra que falten el cuidado, el consentimiento o la responsabilidad.  La conducta de los integrantes de una pareja y la clasificación que la institución les asigna aportan información de distinta índole.

Las consecuencias prácticas recaen sobre las parejas.  Sus integrantes pueden fundar un hogar, cuidarse en la enfermedad y tomar decisiones sobre el trabajo y la vejez en función de la vida que desean compartir.  Quieren casarse para dar reconocimiento público a las responsabilidades de esa vida en común, en las mismas condiciones civiles que se ofrecen a otras parejas.  Su deseo de casarse expresa el valor que atribuyen tanto a asumir libremente esas responsabilidades como a que su compromiso mutuo cuente en la sociedad a la que pertenecen.  Cuando se les deniega el matrimonio civil, pueden seguir sosteniendo esa vida en común mientras se les niega la condición de cónyuges mediante la cual el Estado reconoce los compromisos de otras parejas.  La exclusión se extiende a un futuro que ya están construyendo juntos:  el cuidado que siguen prestándose no basta para obtener el reconocimiento que se les deniega.

Cuando un Estado defiende una exclusión mediante un requisito relativo a la función del matrimonio que no exige a las parejas ya admitidas, ese requisito deja sin explicar el trato desigual.  Si se apoya únicamente en una definición religiosa, extiende la condición de acceso al matrimonio a ciudadanos cuya condición jurídica no depende, por lo demás, de profesar esa creencia.  En cualquiera de ambos supuestos, seguir haciendo valer la exclusión puede sustituir a la explicación de sus fundamentos civiles.  Se preserva la línea que delimita el acceso al matrimonio, mientras quienes quedan fuera siguen sujetos a una exclusión que la justificación ofrecida no ha explicado.

Fuentes

  1. Reunión Anual de Gran Bretaña, acta de 2009 reproducida en Quaker Faith & Practice, §16.08.
  2. Elliot Dorff, Daniel Nevins y Avram Reisner, «Rituals and Documents of Marriage and Divorce for Same-Sex Couples», aprobado el 31 de mayo de 2012, especialmente pp. 2–6.
  3. Catecismo de la Iglesia Católica, §1601, «El sacramento del Matrimonio».
  4. Catecismo de la Iglesia Católica, §1654, «Los bienes y las exigencias del amor conyugal».
  5. Dicasterio para la Doctrina de la Fe, Fiducia supplicans, 18 de diciembre de 2023, presentación y §§31, 38–40; comunicado de prensa sobre la recepción de Fiducia supplicans, 4 de enero de 2024, §§2, 5–6.
  6. Corán 30:21, traducciones inglesas en paralelo, Quranic Arabic Corpus.
  7. Marruecos, Código de Familia de 2004, artículo 4, reproducido en la página informativa «Mariage» del ministerio.
  8. Mencio, 4A.26 (Li Lou I), traducción inglesa de James Legge, The Chinese Classics, volumen 2.
  9. Taiwán, Interpretación n.º 748 del Yuan Judicial, 24 de mayo de 2017; resumen oficial publicado en Judicial Weekly, 26 de mayo de 2017, especialmente el apartado IV de la fundamentación.  Texto en inglés.

« Conflagración »

November 13, 2026

El punto de convergencia. Ricardo F. Morín. Imagen digital, 2026.

Ricardo F. Morín

El 10 de noviembre de 2026, The New York Times informó de que un documento confidencial elaborado por KPMG por encargo del Gobierno de Estados Unidos había revelado el ingreso de aproximadamente 12 260 millones de dólares, procedentes de los recursos naturales venezolanos, en una cuenta sometida al control del Departamento del Tesoro estadounidense.  Según la información publicada por el periódico, los depósitos correspondían al período comprendido entre el 3 de enero y el 30 de septiembre, tras la intervención militar estadounidense que apartó del poder a Nicolás Maduro.  La cuenta de custodia se estableció inicialmente en Catar y fue trasladada a Citibank, en Nueva York, a finales de enero.  De los fondos recibidos, unos 11 700 millones de dólares se destinaron posteriormente a subastas de divisas concebidas para sostener la moneda venezolana, mientras que otros 130 millones se aplicaron al cumplimiento de obligaciones gubernamentales en el exterior.  Al concluir septiembre, el saldo de la cuenta ascendía a aproximadamente 170 millones de dólares.  Aunque la mayor parte de los ingresos había sido desembolsada, el documento no permitía identificar a los beneficiarios finales de las subastas de divisas ni determinar en qué medida esos recursos habían mejorado las condiciones de vida de los hogares venezolanos.¹

La distinción entre la custodia y la titularidad de los fondos resulta fundamental para comprender el acuerdo.  Los ingresos provenían de recursos venezolanos y no constituían una asignación presupuestaria de fondos públicos estadounidenses.  La Orden Ejecutiva 14373, dictada el 9 de enero, reconocía que los depósitos pertenecían al Gobierno de Venezuela, aunque sometía su disposición a restricciones administradas por los departamentos del Tesoro y de Estado de Estados Unidos.  La orden atribuía al secretario de Estado la facultad de determinar los fines gubernamentales y diplomáticos a los que podían destinarse los recursos y obligaba al Tesoro a cumplir sus instrucciones en materia de desembolsos.  Venezuela conservaba la titularidad jurídica de los fondos, pero correspondía a funcionarios estadounidenses autorizar los pagos.  Quedaban así separados el derecho sobre los recursos nacionales y la potestad administrativa de decidir el destino de los ingresos obtenidos mediante su explotación.²

La devolución de la mayor parte del dinero a Venezuela no resuelve por sí sola esa distinción.  Las subastas de divisas pueden cumplir funciones monetarias legítimas, entre ellas facilitar a las empresas el acceso a moneda extranjera y reducir las presiones sobre una divisa sometida a depreciación.  Sin embargo, sus beneficios dependen de los criterios de adjudicación, los precios aplicados y el destino posterior de las divisas adquiridas.  El volumen total de los desembolsos no permite saber si los importadores tuvieron oportunidades comparables, si determinadas operaciones favorecieron a ciertos intermediarios o si los hogares recibieron un alivio material.  Investigaciones anteriores de The New York Times habían señalado que una proporción considerable de las divisas llegaba a un grupo relativamente reducido de empresas venezolanas de los sectores agroindustrial y de bienes de consumo, mientras numerosas compañías de menor tamaño encontraban dificultades para conseguir la moneda extranjera necesaria para invertir.  Los datos disponibles permiten constatar una desigualdad en el acceso, pero no determinar qué proporción de esa diferencia obedecía a los procedimientos estadounidenses de autorización, a las decisiones de las instituciones financieras venezolanas o a las condiciones comerciales de las subastas.  El importe liberado de la cuenta de custodia no basta, por consiguiente, para establecer cómo se distribuyeron sus beneficios.

Los funcionarios estadounidenses han justificado el régimen de custodia como un mecanismo destinado a impedir que los ingresos sean desviados mediante prácticas corruptas o a través de intermediarios comerciales.  La experiencia venezolana ofrece motivos fundados para desconfiar de la administración de la riqueza pública.  Diversos gobiernos favorecieron la intervención de intereses políticos en la distribución de oportunidades económicas, mientras que la concentración del poder ejecutivo bajo Chávez y Maduro debilitó los controles institucionales sobre la asignación de recursos.  Tales antecedentes, sin embargo, no permiten concluir que la supervisión extranjera garantice necesariamente una administración más responsable.  La cuestión consiste en determinar si el nuevo régimen permite examinar las decisiones gubernamentales con independencia, conocer la identidad de sus beneficiarios y exigir a quienes ejercen autoridad que respondan por las consecuencias del ejercicio de su discrecionalidad.

La preocupación no se limita a las instituciones venezolanas.  Mediante una carta fechada el 16 de septiembre y anunciada públicamente por el Comité de Finanzas del Senado el día 17, los senadores Ron Wyden, Elizabeth Warren y Sheldon Whitehouse solicitaron información al secretario del Tesoro, Scott Bessent, y al secretario de Estado, Marco Rubio, acerca de la administración estadounidense de los ingresos provenientes de los recursos naturales de Venezuela.  Sus preguntas comprendían las restricciones jurídicas aplicables a esos fondos y las garantías previstas para impedir ventajas económicas indebidas.  Los senadores advirtieron, además, de la posibilidad de que la Administración utilizara su control sobre los ingresos venezolanos para disponer de miles de millones de dólares sin autorización ni aprobación del Congreso.  La intervención parlamentaria no demostraba que se hubieran malversado recursos.  Planteaba, más bien, qué límites jurídicos regían la discrecionalidad del poder ejecutivo estadounidense respecto de unos ingresos cuya titularidad venezolana el propio Gobierno de Estados Unidos reconocía.  La fiscalización del Congreso podía someter a examen la actuación de las autoridades estadounidenses, pero no otorgaba por sí misma a los ciudadanos venezolanos una participación efectiva en las decisiones relativas a la administración de su riqueza nacional.³

Las relaciones comerciales vinculadas a la cuenta de custodia introdujeron otra distribución de facultades y ventajas económicas.  Según el informe divulgado en noviembre, Trafigura y Vitol representaban el sesenta y uno por ciento de los depósitos efectuados hasta finales de septiembre.  Ambas empresas dedicadas al comercio internacional de materias primas habían obtenido amplias facultades para comercializar petróleo venezolano después de la intervención estadounidense.  Su participación podía facilitar las ventas, abrir el acceso a compradores internacionales y generar ingresos que, en otras circunstancias, habrían resultado difíciles de conseguir.  La justificación económica de esos servicios, sin embargo, es distinta del interés público en conocer las condiciones contractuales, las remuneraciones retenidas y las oportunidades ofrecidas a otros posibles compradores.  Un gobierno puede incrementar el volumen de las operaciones comerciales sin garantizar con ello que sus ventajas económicas se repartan equitativamente entre la población.

La concentración de las adjudicaciones de divisas dentro de Venezuela añade otra dimensión al problema.  El Gobierno estadounidense podía autorizar la liberación de los ingresos, mientras que los bancos y las autoridades económicas venezolanas determinaban qué empresas obtenían las divisas puestas a su disposición.  Los intermediarios comerciales podían beneficiarse de operaciones realizadas antes del ingreso de los fondos en la cuenta, mientras determinados compradores nacionales obtenían acceso a los dólares después de su liberación.  El proceso comprendía, por tanto, las ventas de petróleo negociadas con comerciantes internacionales, la autorización de los pagos en Washington y las subastas efectuadas mediante instituciones venezolanas.  Cada etapa determinaba un aspecto diferente de la disponibilidad final de los recursos.  La concentración de las adjudicaciones entre empresas de mayor tamaño sitúa las condiciones de las subastas y la identificación de sus participantes en el centro del examen financiero.

La importancia de estas circunstancias aumenta al considerar la situación de los venezolanos que han abandonado el país.  Años de contracción económica, deterioro de los servicios públicos, represión política y reducción de oportunidades llevaron a millones de personas a buscar seguridad y trabajo en el extranjero.  Según los datos gubernamentales recopilados por ACNUR, en diciembre de 2025 había cerca de 7,9 millones de refugiados y migrantes venezolanos en todo el mundo.⁴  Las causas de la emigración fueron diversas, como también lo fueron las condiciones en que cada persona emprendió su partida.  Algunas disponían de medios suficientes para establecerse en otro país, mientras otras dependían de permisos temporales, empleos precarios o familiares que ya residían fuera de Venezuela.  Una emigración de semejante magnitud modificó las responsabilidades económicas de quienes permanecieron en el territorio nacional.  Los ingresos obtenidos en el exterior contribuyeron cada vez más al sostenimiento de hogares que no podían contar con salarios, pensiones o servicios públicos adecuados.

Para los venezolanos acogidos al Estatus de Protección Temporal de Estados Unidos, conocido por sus siglas inglesas TPS, la posibilidad de permanecer y trabajar legalmente dependía de una protección concebida expresamente como provisional.  Venezuela recibió designaciones de TPS en 2021 y 2023.  En 2025, el Departamento de Seguridad Nacional inició la terminación de ambas designaciones y dejó sin efecto una prórroga concedida anteriormente.  Estas decisiones precedieron a la intervención estadounidense del 3 de enero de 2026 y a los acuerdos posteriores para administrar los ingresos venezolanos.  Los beneficiarios que carecían de otra condición migratoria legal quedaron expuestos a perder sus autorizaciones de empleo y la protección frente a la expulsión.  Los recursos judiciales interpuestos no impidieron que las decisiones de terminación surtieran efecto durante los períodos amparados por las suspensiones ordenadas por la Corte Suprema de Estados Unidos, y algunos venezolanos anteriormente protegidos por el TPS afrontaron, en consecuencia, la detención y la deportación.⁵

El Departamento de Seguridad Nacional defendió esas decisiones invocando su evaluación de las condiciones existentes en Venezuela y los intereses nacionales de Estados Unidos.  Al disponer la terminación de la designación de 2023, la secretaria Kristi Noem determinó que la situación venezolana había mejorado en diversos ámbitos, entre ellos la economía, la salud pública y la criminalidad, y que los beneficiarios podían regresar sin peligro.  El Departamento concluyó asimismo que permitir la permanencia temporal de esa población era contrario al interés nacional estadounidense, aunque admitía la posibilidad de que subsistieran determinadas circunstancias extraordinarias y transitorias.  La terminación posterior de la designación de 2021 se fundamentó igualmente en la apreciación de la secretaria de que ya no concurrían las condiciones exigidas por la ley.  Se trataba de determinaciones administrativas adoptadas en ejercicio de las competencias conferidas por la legislación migratoria.  El alcance jurídico de esas determinaciones no resolvía si todas las personas afectadas podían regresar a condiciones que les permitieran obtener empleo suficiente, atención médica, seguridad personal o medios para sostener a sus familiares.

Los procedimientos judiciales posteriores modificaron el marco jurídico dentro del cual podían impugnarse esas decisiones.  El 25 de junio de 2026, la Corte Suprema de Estados Unidos resolvió, en Mullin v. Doe, que la prohibición legal de revisión judicial de las determinaciones relativas al TPS impedía conocer de impugnaciones no constitucionales contra las decisiones de la secretaria.  El 5 de octubre, la Corte dejó sin efecto la sentencia dictada el 28 de enero por el Tribunal Federal de Apelaciones del Noveno Circuito en National TPS Alliance v. Noem y devolvió el litigio venezolano para que fuera reconsiderado a la luz de Mullin.  Esa decisión no resolvió definitivamente la legalidad de las terminaciones ni restableció una protección duradera para los venezolanos afectados.  Aunque Mullin no excluyó categóricamente las impugnaciones constitucionales, restringió considerablemente la posibilidad de someter las determinaciones de la secretaria al control judicial ordinario del derecho administrativo.⁵

La pérdida de protección afectaba a más personas que al titular de la autorización extinguida.  Un venezolano empleado en Estados Unidos podía contribuir al sostenimiento de familiares que dependían de sus remesas.  Su deportación, o la decisión de marcharse ante la imposibilidad jurídica o económica de continuar residiendo en el país, podía interrumpir esa ayuda.  Las consecuencias variaban según las circunstancias personales, la posibilidad de obtener otro permiso de residencia y las oportunidades de trabajo disponibles después de la partida.  Los avisos administrativos de terminación no permiten calcular una cifra única que represente esas pérdidas.  Con todo, la retirada de la protección introdujo una nueva inseguridad en los acuerdos familiares mediante los cuales numerosos venezolanos habían procurado compensar la insuficiencia de oportunidades económicas y servicios públicos en su país de origen.

La concurrencia de ambas políticas pone de manifiesto una contradicción.  El poder ejecutivo estadounidense asumió el control de la liberación de ingresos procedentes de los recursos venezolanos mientras mantenía medidas migratorias, adoptadas antes de la intervención, que reducían la seguridad de quienes habían buscado empleo y refugio en Estados Unidos.  Ambas actuaciones tenían fundamentos jurídicos diferentes y habían surgido en momentos distintos.  Una se refería a fondos soberanos administrados mediante una orden económica de emergencia; la otra, a protecciones migratorias previstas por ley cuya continuidad dependía de determinaciones del ejecutivo.  Su coexistencia no demuestra que alguna de las decisiones se hubiera adoptado con el propósito de perjudicar a los hogares venezolanos.  Sí revela que un mismo gobierno podía ejercer amplias facultades sobre la recuperación económica del país mientras renunciaba a mantener las protecciones concedidas a personas desplazadas por las circunstancias que habían hecho necesaria esa recuperación.

La historia estadounidense ofrece un término de comparación esclarecedor.  Después de la Revolución cubana, Estados Unidos impuso restricciones económicas a Cuba y, simultáneamente, organizó un amplio programa de acogida y asistencia para los cubanos que habían abandonado la isla.  En 1960 se estableció en Miami el Centro de Emergencia para Refugiados Cubanos, y la Administración Kennedy encomendó posteriormente el programa al Departamento de Salud, Educación y Bienestar.  La Ley de Migración y Asistencia a los Refugiados de 1962 proporcionó fundamento legal a la asistencia federal, que comprendía ayudas económicas, reasentamiento, atención médica y preparación para el empleo.  En 1966, el Congreso aprobó la Ley de Ajuste Cubano, que estableció un procedimiento especial para que los ciudadanos cubanos que reunieran los requisitos pudieran obtener la residencia permanente.  La oposición económica de Washington al Gobierno cubano estuvo acompañada, por consiguiente, de un compromiso sostenido de asistencia a una parte considerable de la población que había emigrado.⁶

La política hacia los cubanos surgió en circunstancias particulares de la Guerra Fría.  La acogida de refugiados respondía a propósitos humanitarios, pero también favorecía los objetivos políticos estadounidenses en el enfrentamiento con La Habana.  No todos podían acogerse a los programas, las condiciones de admisión variaron con el tiempo y los beneficios disponibles para las sucesivas generaciones de emigrantes cubanos tampoco fueron idénticos.  Restricciones más recientes han afectado igualmente a ciudadanos de Cuba, incluida la terminación en 2025 de los programas de permiso humanitario establecidos para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos.  Por ello, el sistema de acogida cubano de las primeras décadas no puede interpretarse como un compromiso estadounidense invariable y extensivo a cuantos cubanos llegaran posteriormente.  Su importancia histórica reside en que las instituciones estadounidenses fueron capaces de establecer programas duraderos de asistencia y una vía especial de acceso a la residencia permanente cuando las autoridades políticas competentes consideraron conveniente hacerlo.⁷

La comparación no exige que las circunstancias históricas fueran idénticas para reconocer las diferencias de tratamiento.  Los cubanos que reunían los requisitos de los programas anteriores podían obtener la residencia legal mediante una disposición legislativa cuya vigencia sobrevivió a la Administración bajo la cual fue promulgada.  Los venezolanos dependientes del TPS no disponían de una vía equivalente, reservada a su nacionalidad, para adquirir la residencia permanente.  El carácter provisional de su protección dejaba su continuidad expuesta a sucesivas determinaciones del ejecutivo, dentro de un régimen legal que la Corte Suprema de Estados Unidos interpretó en el sentido de restringir considerablemente el control judicial.  Una población se benefició de una decisión legislativa destinada a facilitar su incorporación permanente a la sociedad estadounidense; la otra recibió una protección temporal susceptible de retirada aun cuando las causas que habían provocado su desplazamiento no hubieran desaparecido necesariamente.

Para esta comparación importa distinguir las competencias del Congreso de las del poder ejecutivo.  El Congreso aprobó la Ley de Ajuste Cubano y estableció por ley las bases de la asistencia a los refugiados, mientras que el ejecutivo creó y administró programas dentro de ese marco legislativo.  En cambio, el TPS concedido a Venezuela procedía de determinaciones adoptadas por el ejecutivo en aplicación de la legislación migratoria general aprobada por el Congreso.  Su terminación fue igualmente una decisión ejecutiva, aunque sus límites y las posibilidades de revisión judicial dependían de las disposiciones legislativas y de la interpretación posterior de los tribunales.  La diferencia de tratamiento no puede atribuirse, por tanto, exclusivamente a las preferencias de los sucesivos presidentes.  También refleja hasta qué punto el Congreso ha decidido establecer protecciones jurídicas duraderas para determinadas poblaciones desplazadas o dejar la continuidad de su residencia sujeta a decisiones administrativas temporales.

La diferencia entre ambos regímenes jurídicos también condicionaba el tiempo disponible para asumir responsabilidades económicas ordinarias.  Una persona con posibilidades de obtener la residencia permanente podía aceptar un empleo, constituir un hogar y planificar obligaciones cuya duración excediera la de una autorización administrativa.  La protección temporal permitía trabajar legalmente, pero no garantizaba la continuidad de ese permiso.  Su terminación podía interrumpir, por consiguiente, compromisos adquiridos durante un período en el que el propio Gobierno había autorizado al interesado a residir y trabajar.  La ley distinguía entre el permiso provisional y el derecho a establecer la residencia permanente, pero las consecuencias económicas de retirar aquella autorización no quedaban circunscritas a su duración original.

No existe una incompatibilidad necesaria entre restringir las relaciones comerciales con otro Estado y admitir a personas que lo abandonan.  Tampoco el hecho de emigrar obliga, por sí solo, al país receptor a conceder residencia permanente a todos los solicitantes.  La dificultad aparece cuando un gobierno que ejerce presión económica y control sobre los recursos de otro país considera el desplazamiento humano resultante como un asunto prácticamente independiente de su política exterior.  Los fracasos de los gobiernos venezolanos precedieron a muchas de las principales restricciones estadounidenses, y la responsabilidad por esos fracasos corresponde a los funcionarios que adoptaron las decisiones pertinentes.  Las actuaciones posteriores de Estados Unidos introdujeron nuevas limitaciones y obligaciones cuyas consecuencias podían alcanzar a personas privadas de medios efectivos para influir en las decisiones de cualquiera de los dos gobiernos.

El contraste con Cuba revela algo más que una disparidad entre disposiciones migratorias.  Permite examinar las diferentes responsabilidades que las instituciones de un Estado pueden decidir asumir frente a quienes resultan afectados por una confrontación internacional.  Estados Unidos consideró en otro tiempo que el reasentamiento de los refugiados cubanos justificaba la asignación de recursos federales y la promulgación de leyes que facilitaran su residencia permanente.  En el caso venezolano, Washington ha asumido una función excepcional en la administración económica del país sin establecer un régimen duradero de acogida comparable para los venezolanos desplazados por décadas de deterioro institucional y económico.  Corresponde al Congreso la potestad de legislar esas protecciones, mientras que el ejecutivo ejerce las competencias que le atribuye la legislación vigente.  La diferencia no puede explicarse únicamente mediante la distinción jurídica entre refugiados y personas acogidas a protección temporal, porque la creación de esas categorías, los derechos que confieren y el margen de discrecionalidad permitido en su administración derivan también de decisiones legislativas.

La cuestión de la soberanía proporciona un punto común a estas contradicciones.  La soberanía política reside en la nación, mientras que las instituciones del Estado ejercen autoridad en su nombre.  Esta distinción resulta indispensable allí donde los funcionarios públicos comprometen recursos nacionales, contraen obligaciones internacionales o determinan las condiciones en que los ciudadanos reciben beneficios públicos.  El deterioro de Venezuela demuestra hasta qué punto el ejercicio de la autoridad estatal puede apartarse de los intereses de la población.  El control extranjero sobre determinadas decisiones económicas puede presentarse como un remedio provisional frente a esa desviación, pero no restituye necesariamente a la nación la capacidad de exigir responsabilidades a quienes ejercen el poder.

La cuenta de custodia plantea, por consiguiente, un problema que no puede resolverse mediante el importe de los depósitos ni el volumen de los desembolsos.  Su funcionamiento pudo haber impedido determinados abusos, reducido la incertidumbre financiera y facilitado el retorno de ingresos considerables a Venezuela.  Tales resultados serían importantes.  Sin embargo, la documentación disponible al público debe permitir examinar las decisiones adoptadas en la administración de la cuenta, incluidas las condiciones impuestas a los desembolsos y los intereses económicos favorecidos.  La concentración de las adjudicaciones de divisas entre empresas venezolanas de mayor tamaño vuelve aún más necesario ese examen.  Sin un conocimiento suficiente de las decisiones mediante las cuales se autoriza y distribuye el dinero, denominar custodio a Estados Unidos describe el fundamento jurídico invocado para poseer los fondos, pero no demuestra que su actuación haya estado sometida a una rendición de cuentas adecuada.

La misma exigencia de responsabilidad corresponde a las autoridades interinas de Venezuela.  Una solicitud presentada por el banco central no significa, por sí misma, que la población venezolana haya ejercido un control efectivo sobre el destino del dinero.  La existencia de consentimiento o participación de las autoridades nacionales en un acuerdo entre gobiernos no equivale a la posibilidad de que los ciudadanos examinen sus condiciones y consecuencias.  Si una administración interina destina los ingresos a empresas, instituciones o acreedores preferidos, no puede trasladarse íntegramente a los funcionarios estadounidenses que autorizan los desembolsos la responsabilidad por esas decisiones.  Tampoco la intervención de autoridades venezolanas exime a Washington de responder por la discrecionalidad que ha decidido ejercer.

El tratamiento dispensado a los venezolanos desplazados introduce una cuestión correspondiente acerca de la distribución de obligaciones.  Una familia privada de ingresos domésticos suficientes puede depender de un pariente establecido en el extranjero.  Ese familiar puede obtener permiso temporal para trabajar, contraer compromisos económicos y contribuir al sostenimiento de quienes permanecen en Venezuela.  La retirada de la protección migratoria puede poner en peligro esos acuerdos sin restablecer las condiciones nacionales que hicieron necesaria la emigración.  Mientras tanto, los ingresos procedentes de los recursos naturales del país pueden continuar sujetos a decisiones adoptadas por funcionarios de dos gobiernos y a operaciones realizadas por intermediarios privados.  La población experimenta sus consecuencias mediante los precios, el empleo, los servicios públicos y la seguridad económica de familiares cuya contribución se ha vuelto indispensable.

De estas circunstancias no puede deducirse una intención gubernamental única ni una política concertada para despojar a los venezolanos.  Las decisiones proceden de leyes diferentes, responden a objetivos administrativos distintos e involucran instituciones dotadas de competencias propias.  Sin embargo, sus consecuencias concurrentes poseen una importancia que no desaparece por esa diversidad de fundamentos.  Medidas defendidas individualmente como instrumentos de estabilización financiera, prevención de la corrupción, aplicación de las leyes migratorias o restablecimiento de la actividad comercial pueden imponer obligaciones acumulativas a personas cuyas circunstancias son consideradas por separado desde cada autoridad gubernamental.  No hay garantía de que alguna institución evalúe las consecuencias acumuladas para el hogar que debe soportarlas.

La posibilidad de reconstrucción tampoco elimina la contradicción.  Una mayor producción petrolera, una disponibilidad más amplia de divisas y la recuperación de las relaciones comerciales podrían beneficiar materialmente a Venezuela.  Pero el aumento del ingreso nacional no garantiza que quienes padecieron con mayor intensidad el deterioro anterior reciban un alivio proporcional.  Un emigrante que regresa puede encontrar empleo insuficiente y servicios públicos deficientes.  Una familia dependiente de remesas puede perder su principal medio de subsistencia.  Una empresa puede obtener acceso a divisas mientras otra continúa privada de las importaciones necesarias para funcionar.  La recuperación general de la actividad económica y la distribución de sus beneficios constituyen dimensiones diferentes de la situación nacional.

La acumulación de estas consecuencias confiere a la situación presente su carácter combustible.  Los fracasos de los gobiernos venezolanos crearon vulnerabilidades sobre las que actuaron posteriormente las sanciones extranjeras, los intereses comerciales, las políticas migratorias y los regímenes excepcionales de administración de los ingresos nacionales.  La autoridad para adoptar esas decisiones permaneció distribuida entre gobiernos, instituciones financieras y empresas privadas.  Sus consecuencias, sin embargo, podían recaer sobre una misma población.  La separación de las competencias decisorias no impidió que los costos se acumularan entre quienes disponían de menores posibilidades de modificar las decisiones que los originaban.

La restauración de la soberanía venezolana no puede medirse, por tanto, únicamente por el retorno de los ingresos a cuentas administradas dentro del país.  Tampoco cabe juzgar su recuperación prescindiendo de las condiciones impuestas a sus ciudadanos desplazados.  La autoridad pública exige algo más que una declaración jurídica que identifique al propietario de los recursos nacionales.  Requiere instituciones mediante las cuales esos recursos se administren para fines públicos y los funcionarios que ejercen facultades discrecionales deban responder por sus decisiones.

La información divulgada el 10 de noviembre describe un régimen en el que la riqueza venezolana permaneció bajo autoridad estadounidense y fue desembolsada en gran medida, sin que se haya proporcionado una relación pública suficiente de su distribución final.  La historia de la asistencia a los refugiados cubanos demuestra que las administraciones estadounidenses y el Congreso han combinado anteriormente la confrontación económica con compromisos importantes hacia personas desplazadas desde un país sometido a esas presiones.  El tratamiento dispensado a los venezolanos acogidos a protecciones migratorias temporales revela una respuesta diferente y considerablemente más precaria.  No se trata de ejercicios idénticos de autoridad gubernamental, pero sus relaciones no pueden descartarse simplemente porque procedan de instrumentos jurídicos distintos o dependan de decisiones adoptadas por diferentes poderes del Estado.

Una nación puede conservar la titularidad soberana de su riqueza y depender, al mismo tiempo, de funcionarios extranjeros para obtener autorización de disponer de ella.  Sus ciudadanos pueden sostener hogares mediante ingresos obtenidos en el exterior mientras continúan expuestos a la retirada del permiso que les permite ganarlos.  La recuperación de los ingresos públicos puede avanzar sin resolver la inseguridad de quienes, mediante su emigración, contribuyeron a preservar a sus familias durante el deterioro del país.  La cuestión fundamental reside en determinar si las facultades ejercidas en nombre de la recuperación de Venezuela devolverán a los venezolanos una autoridad efectiva sobre las decisiones que afectan sus vidas, o si la riqueza nacional y sus propios ciudadanos continuarán sometidos a regímenes administrativos separados cuyas consecuencias conjuntas ninguno de los dos gobiernos está obligado a asumir.

Ricardo F. Morin

11 de noviembre de 2026

San Francisco California


Notas documentales

1. Tyler Pager y Anatoly Kurmanaev.  «U.S. Received $12 Billion in Venezuelan Oil Revenues, Secret Report Shows».  The New York Times, 10 de noviembre de 2026; reproducido por The Philadelphia Inquirer.  Investigación basada en un documento confidencial elaborado por KPMG por encargo del Gobierno de Estados Unidos acerca de la cuenta de custodia de ingresos venezolanos.  Comprende los depósitos efectuados entre el 3 de enero y el 30 de septiembre de 2026; la apertura inicial de la cuenta en Catar y su posterior traslado a Citibank, en Nueva York; ingresos aproximados de 12 260 millones de dólares; desembolsos destinados a subastas de divisas; intervención de intermediarios comerciales; y ausencia de una relación pública completa que permita identificar a los beneficiarios finales de las operaciones.  El artículo también remite a investigaciones anteriores acerca de la concentración de las adjudicaciones de divisas entre empresas venezolanas de mayor tamaño.

2. La Casa Blanca.  Orden Ejecutiva 14373, «Safeguarding Venezuelan Oil Revenue for the Good of the American and Venezuelan People», 9 de enero de 2026.  Publicada en el Federal Register el 15 de enero de 2026, 91 FR 2045.  Las secciones 2 a 5 definen los fondos comprendidos en la orden, prohíben las transferencias no autorizadas y los embargos judiciales, reconocen su titularidad por el Gobierno de Venezuela, establecen que Estados Unidos conserva los fondos en calidad de custodio y disponen que el secretario del Tesoro cumpla las determinaciones del secretario de Estado relativas a los desembolsos.  La orden invoca la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (International Emergency Economic Powers Act) y la Ley de Emergencias Nacionales (National Emergencies Act).

3. Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos.  «Wyden, Warren, Whitehouse Press Trump Administration Over Revenue from Venezuelan Oil and Gold Deals», publicado el 17 de septiembre de 2026.  La carta adjunta, fechada el 16 de septiembre de 2026, fue suscrita por los senadores Ron Wyden, Elizabeth Warren y Sheldon Whitehouse y dirigida al secretario del Tesoro, Scott Bessent, y al secretario de Estado, Marco Rubio.  Los senadores solicitaron información sobre la administración de los ingresos venezolanos procedentes de recursos naturales, los límites constitucionales y legales de la discrecionalidad ejecutiva, las garantías financieras, la identificación de los beneficiarios efectivos, los posibles conflictos de intereses, las actividades de KPMG y el riesgo de que la Administración dispusiera de fondos sin autorización ni aprobación del Congreso.  La correspondencia requería estados de cuenta, registros de transacciones, solicitudes de desembolso presentadas por autoridades venezolanas e información sobre los destinatarios y beneficiarios efectivos de los pagos.

4. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).  «Venezuela situation».  Datos actualizados en diciembre de 2025.  Según las cifras gubernamentales recopiladas por ACNUR, había cerca de 7,9 millones de refugiados y migrantes venezolanos fuera de Venezuela, distribuidos por el mundo.  La estimación corresponde a la diáspora mundial y no únicamente a las personas residentes en Estados Unidos o acogidas al Estatus de Protección Temporal.

5. Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.  «Termination of the October 3, 2023 Designation of Venezuela for Temporary Protected Status».  Federal Register, 5 de febrero de 2025, 90 FR 9040–9044, documento n.º 2025-02294.  El aviso recoge la determinación de la secretaria acerca de las condiciones existentes en Venezuela, el interés nacional estadounidense y la terminación de la designación de 2023.

Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.  «Termination of the 2021 Designation of Venezuela for Temporary Protected Status».  Federal Register, 8 de septiembre de 2025, 90 FR 43225–43231, documento n.º 2025-17087.  El aviso dispone la terminación de la designación de 2021 con efectos a partir del 7 de noviembre de 2025, sin perjuicio de los procedimientos judiciales posteriores.

Corte Suprema de Estados Unidos.  Mullin v. Doe, asuntos n.os 25-1083 y 25-1084, 25 de junio de 2026, 609 U.S. 324.  La Corte resolvió que 8 U.S.C. § 1254a(b)(5)(A) impide la revisión judicial de impugnaciones no constitucionales relativas a la designación de un país para el TPS, a su terminación o a la prórroga de esa designación, incluidas las objeciones dirigidas contra el procedimiento administrativo que conduce a tales determinaciones.

En el litigio acumulado de Miot, la Corte Suprema concluyó igualmente que la alegación de vulneración del principio de igualdad formulada por los demandantes haitianos tenía escasas posibilidades de prosperar a los efectos de obtener medidas provisionales.  La Corte no resolvió definitivamente si la prohibición legal de revisión judicial excluía de manera categórica las impugnaciones constitucionales, ni decidió mediante ese pronunciamiento las alegaciones constitucionales independientes presentadas por los demandantes venezolanos.

Corte Suprema de Estados Unidos.  Mullin v. National TPS Alliance, asunto n.º 26-48, 5 de octubre de 2026.  La Corte admitió el recurso, dejó sin efecto la sentencia del Noveno Circuito de 28 de enero de 2026 en National TPS Alliance v. Noem, 166 F.4th 739, y devolvió el asunto para su reconsideración conforme a Mullin v. Doe.

Tribunal Federal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos.  National TPS Alliance v. Mullin, asunto n.º 25-5724, órdenes de 30 de octubre y 3 de noviembre de 2026.  La primera denegó la solicitud gubernamental de suspensión y la petición alternativa de suspensión administrativa.  La orden de 3 de noviembre dejó sin efecto esa decisión y concedió una suspensión administrativa de catorce días a partir del 6 de noviembre.  Esta relación procesal corresponde al estado del litigio al 11 de noviembre de 2026.  La anulación de la sentencia y la devolución del asunto por la Corte Suprema obligaban al Noveno Circuito a determinar los efectos de Mullin sobre las pretensiones formuladas, incluidos los límites de la revisión judicial y el tratamiento de las impugnaciones constitucionales que pudieran subsistir.

6. Administración Nacional de Archivos y Registros de Estados Unidos.  «Cuban Refugee Program, 1960–1970».  Grupo documental 363, archivos del Servicio de Asistencia Social y Rehabilitación (Social and Rehabilitation Service).  Documentación histórica relativa al establecimiento del Centro de Emergencia para Refugiados Cubanos, la organización de la asistencia federal durante la Administración Kennedy y los organismos responsables de los programas de reasentamiento.

Oficina General de Contabilidad de Estados Unidos (General Accounting Office).  Analysis of Federal Expenditures to Aid Cuban Refugees.  Informe B-164031(3), 3 de noviembre de 1971.  Preparado por el contralor general para la Subcomisión de Investigación de Problemas Relacionados con Refugiados y Exiliados de la Comisión de Asuntos Judiciales del Senado estadounidense.  El informe examina los gastos federales destinados a la asistencia a los refugiados, la educación, el transporte y el reasentamiento.

Congreso de Estados Unidos.  Migration and Refugee Assistance Act of 1962, Ley Pública 87-510, 28 de junio de 1962, 76 Stat. 121, codificada en lo pertinente en 22 U.S.C. § 2601 y siguientes.  Establece la autoridad legal para prestar asistencia a refugiados y migrantes comprendidos en las categorías previstas.

Congreso de Estados Unidos.  Cuban Adjustment Act, Ley Pública 89-732, 2 de noviembre de 1966, 80 Stat. 1161, con sus modificaciones posteriores.  Establece un procedimiento legal especial mediante el cual los naturales o ciudadanos cubanos que cumplan los requisitos aplicables pueden obtener la residencia permanente legal en Estados Unidos.

7. Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.  «Termination of Parole Processes for Cubans, Haitians, Nicaraguans, and Venezuelans».  Federal Register, 25 de marzo de 2025, 90 FR 13611–13622, documento n.º 2025-05128.  Anuncia la terminación de los programas colectivos de permisos humanitarios para las cuatro nacionalidades e incluye los fundamentos invocados por el Departamento, así como las consecuencias para la vigencia de los permisos y las correspondientes autorizaciones de empleo.  La medida es distinta de los avisos de terminación del TPS venezolano y de las disposiciones legislativas contenidas en la Cuban Adjustment Act.

« Mozart y nosotros »

November 12, 2026

Un manto prestado.  Ricardo F. Morín.  CGI, 2026.

Al comenzar mi segundo año en Yale, diseñé una escenografía para Las bodas de Fígaro.  Ming Cho Lee elogió la escala contenida del proyecto y señaló que el motivo geométrico del espacio interior seguía el ritmo de las melodías.  Me dijo que tenía una aptitud natural para la escenografía operística.  Años después, durante una visita a San Francisco, la posibilidad de volver a escuchar Fígaro me trajo aquellas palabras a la memoria:  también la arquitectura podía dar forma visible al movimiento de la música.

Habíamos viajado a California para recorrer su región vinícola, ver arte y reencontrarnos con un viejo amigo.  La enfermedad en su familia había trastocado la visita que imaginábamos.  Los demás planes fueron variando según el tiempo y nuestros intereses.  Cuando descubrimos que se representaba Fígaro, cambiamos los planes de la cena y añadimos a nuestro itinerario una visita que no habíamos previsto:  el War Memorial Opera House.

A las seis y media asistimos a la charla previa a la función.  El conferenciante recorrió la tradición teatral de la comedia, desde los criados ingeniosos y los amos que les cerraban el paso hasta Beaumarchais, Mozart y Da Ponte.  Los personajes que escuchan a escondidas, los disfraces y las entradas inoportunas habían pasado de unas generaciones de dramaturgos a otras.  Con Mozart, esos recursos cobraban vida en la música:  se oía a un tiempo el empeño de un personaje por dominar la situación y los sentimientos que se lo impedían.

El montaje trasladaba la acción a la joven república estadounidense.  El conde se hacía construir una mansión de estilo palladiano que recordaba al Monticello de Jefferson y cuyas obras seguían inconclusas.  En el escenario, unas partes tenían volumen, mientras otras solo aparecían dibujadas.  La arquitectura sugería un orden todavía por completar, con puertas por las que los habitantes de la casa iban a traer toda suerte de complicaciones.

Al comenzar la función, aquella casa a medio hacer se convirtió en un ámbito de encuentros musicales.  La geometría sobre la que había conversado en mis años de estudiante intervenía ahora en el curso de la acción.  La llegada de un personaje frustraba un propósito; un escondrijo prolongaba un equívoco; la distancia entre los personajes podía favorecer sus planes o entorpecerlos.  La arquitectura de Erhard Rom daba cabida a ese ir y venir, mientras la música de Mozart revelaba las variaciones de ánimo de quienes se encontraban.  El placer surgía de seguir la acción escénica y la música a un tiempo.

Lo cómico estaba en la seriedad con que cada personaje se entregaba a sus deseos.  Fígaro quería casarse con Susanna, y ella debía defender ese proyecto del conde, cuyas apetencias alteraban los planes de cuantos lo rodeaban.  La condesa soportaba la humillación de un matrimonio en el que seguía doliendo el recuerdo de la felicidad pasada.  Enamoramientos, celos y devaneos mantenían a todos ocupados; las voces, sin embargo, dotaban a esas situaciones tan conocidas de una intimidad que difícilmente cabría en el resumen de un argumento.  Podíamos reírnos de sus desatinos sin desentendernos de quienes los padecían.

Al cumplirse en 2026 los doscientos cincuenta años de la nación, aquella ambientación americana me hizo pensar en otra casa.  Pensé en un presidente que debilitaba los límites constitucionales cuya preservación se le había confiado, en el ejercicio de una autoridad que invocaba al pueblo mientras eludía las obligaciones que entraña «Nosotros, el pueblo».  La mansión a medio hacer daba una forma concreta a esas reflexiones.  Un país podía proclamar sus principios y pasar generaciones tolerando conductas que los contradecían.

El problema del conde era de menor alcance y se entendía enseguida.  Había renunciado a un privilegio, pero ahora que deseaba a Susanna lamentaba aquella concesión.  La contradicción no alteraba la imagen de hombre ilustrado que tenía de sí mismo; los demás debían arreglárselas con las consecuencias.

Sin embargo, al escucharlo en la comedia de Mozart, no podía dar por zanjada la cuestión con un juicio que me dejara satisfecho.  Su autoridad se volvía ridícula, sus deseos lo delataban, y los demás personajes tampoco estaban libres de vanidad ni de errores de juicio.  En sus voces se oían propósitos que se cruzaban y estorbaban entre sí.  Podía reconocer un abuso de poder y, a la vez, disfrutar de la confusión humana que lo ponía al descubierto.  Allí donde la sola indignación habría detenido mi atención, la música me permitía seguir escuchando con placer.

También la historia del teatro se entrelazaba con lo que aquella noche me sugería.  Un proyecto que expresaba una aspiración de la ciudad había tardado tanto en realizarse que los años de prosperidad quedaron atrás y la inauguración, con Tosca, no llegó hasta 1932, en plena Depresión.  Me interesaba aquel desfase entre lo que se quería hacer y lo que acababa haciéndose.  Se defendían proyectos, se prolongaban discrepancias y se aplazaban decisiones hasta que la obra, por fin terminada, llegaba en el momento menos propicio.

Me preguntaba qué había encontrado el público de aquella inauguración en una velada que celebraba el nuevo teatro con una obra de coacción, engaño y destrucción.  La representación no podía despejar la incertidumbre que aguardaba fuera.  En circunstancias así, el entretenimiento me había parecido un modo de distraer y apaciguar.  Y, sin embargo, la gente se había reunido para escuchar.  Ahora, sentado en el mismo teatro, comprendía el atractivo de aquella tregua.  La belleza que teníamos ante nosotros nos permitía gozar sin exigir que el mundo al otro lado de la sala dejara de ser inquietante.

Yo mismo sentía ese alivio.  La música de Mozart avivaba los sentimientos que daban a la historia su fuerza conmovedora y les daba, a la vez, una forma capaz de albergar la alegría.  El goce llevaba consigo cuanto la música nos permitía reconocer.

Durante el segundo acto, el engaño estuvo varias veces a punto de quedar al descubierto, pero siempre quedaba algo por desvelar.  Una explicación sustituía a otra, y cada evasiva afortunada obligaba a inventar algo más.  Mientras los personajes se afanaban en sostener sus versiones de lo ocurrido, las voces y la orquesta entrelazaban sus propósitos enfrentados con una fuerza que absorbía cada vez más nuestra atención.  Cuanto más se complicaban las cosas para ellos, más disfrutábamos nosotros.

Al final, siete voces cantaban a la vez.

En el conjunto seguían oyéndose las diferencias.  Ningún acuerdo entre los personajes habría podido alcanzar la unidad musical que percibíamos al escucharlos.  Persistían las sospechas, la resistencia y el empeño en no ser descubiertos; pero, al oírlos cantar juntos, el placer de la música nos llevaba más allá de sus tribulaciones.  Lo que había de doloroso en su historia y en la nuestra se iba alejando.  Escuchábamos con la alegría plena de toda la velada, acrecentada ahora por la reunión de aquellas voces.

Entretanto, el calor de la sala empezaba a resultar insoportable.  La ventilación no parecía dar abasto.  Llevábamos unas dos horas y media en el edificio y nos abanicábamos con la revista dedicada al montaje.  Las páginas que explicaban la escenografía y sus complejos mecanismos se habían convertido en el recurso más sencillo que teníamos para hacer circular el aire.

El cuerpo empezaba a flaquear, aunque la función seguía deleitándonos.  Nos dimos cuenta de que el sopor nos estaba venciendo y comenzábamos a quedarnos dormidos.  Queríamos seguir escuchando y nos frustraba no poder mantener la atención; pasar otras dos horas con aquel calor ya nos parecía imposible.

En el segundo entreacto decidimos volver al hotel para dormir en mejores condiciones.

Para nosotros, la velada quedaba inconclusa.  Sabíamos que aún faltaban el desenmascaramiento, la súplica y el perdón; no llegaríamos a escucharlos.  El conde tendría que pedir perdón sin nosotros.

Cuanto nos llevábamos de aquella noche iba mucho más allá de la incomodidad que nos había hecho salir.  Las puertas, los disfraces, la casa americana a medio hacer y las correspondencias que nos habían inquietado cobraban vida y movimiento en la música de Mozart.  Habernos marchado antes del final tampoco podía reducir la velada a un recuerdo de malestar.  Habíamos pasado calor y nos había colmado la alegría.

Ricardo F. Morín

11 de noviembre de 2026

San Francisco, California


« Presencia »

November 11, 2026

*

Abierta al viento. Ricardo F. Morín.  Imagen digital, 2026.

Al describir la fotografía, se le había atribuido compostura y cierta reserva.  Había preguntado, sin mayor propósito, qué podía significar permanecer de pie con los brazos a la espalda, una mano sujetando el brazo contrario o los dedos apenas entrelazados, y la respuesta le había sido devuelta como una lectura de su propia figura bajo un arco de enredaderas, las manos unidas detrás en torno a un teléfono.  No pudo aceptarla, aunque tampoco acertaba a decir de inmediato por qué.  La postura constaba en la imagen y no la discutía:  discutía la inferencia, que situaba a sus espaldas algo que él no había estado sosteniendo.

Lo que sostenía, si acaso, era el día.  Hacía calor, el cielo estaba despejado y la humedad casi ausente, y quien lo miraba a través del lente era alguien cuya compañía agradecía.  Se había sentido sin reserva alguna.  Se había sentido contento.  Había permanecido allí saboreando el lugar, la compañía y el clima, sin llegar a plantearse qué transmitían sus manos, porque nada en él se disponía para ser visto.  Las manos, pensó, poco tenían que decir de aquel placer:  habían estado en otra parte mientras él estaba allí.

Decirlo enmendaba la lectura, y por un instante la enmienda lo satisfizo.  La satisfacción no perduró.  Podía llamar apertura o receptividad a lo que había sentido, y esas palabras ayudarían a otro a comprender, pues eran bastante exactas.  Pero no eran aquella tarde.  Por esmerada que fuese la denominación, llegaba después y desde fuera, como había llegado la fotografía.  No había hecho más que sustituir una descripción deficiente por otra más fiel, y ambas guardaban la misma distancia respecto de lo vivido mientras lo fotografiaban.

En ese punto el asunto se inclinó, casi sin su consentimiento, hacia la escritura.  La disfrutaba:  dar forma a lo que pensaba, componer algo que pudiera ofrecer a otro.  No quería fingir lo contrario.  Se preguntaba, sin embargo, si esa actividad no habría suplantado una vida más sosegada, menos ocupada en exponer lo que pensaba y vivía, y si no sería aquello, sencillamente, el precio de la devoción a un oficio.  Y por debajo de ello, con mayor incomodidad, se preguntaba si la estima que se tenía no habría llegado a depender de lo que producía, como si el logro pudiera conferirle un valor del que carecía la vida que ya estaba viviendo.  Le dio vueltas a la idea y halló que el gusto por la obra no la zanjaba.  El gusto era real, pero no venía al caso.

Y entonces, sin que lo convocara, apareció el campo.  Se hallaba de pie entre la hierba alta, unos cincuenta años atrás, y el viento la recorría y le rozaba el cuerpo.  Se sentía envuelto.  No pensaba.  Nada lo ataba, ni su arte ni su poesía.  El entorno estaba presente y él también, y eso bastaba, sin explicación y sin que hubiera que hacer nada con ello.

Consideró a la par ambos momentos, el campo y el arco de enredaderas, y le impresionó menos la distancia de los años que lo que tenían en común:  en cada uno, el lugar había acaparado su atención sin pedirle nada a cambio.  Sólo ahora, al examinarlos, cobraba fuerza la pregunta por el logro.  Ninguno de los dos la había suscitado.

Advirtió que también esto lo estaba escribiendo.  No lo tomó por una refutación, ni por una respuesta.  Seguía disfrutando de llevar sus pensamientos a imágenes y palabras, y seguía sin saber en qué relación se hallaba su devoción por ellas con la estima que se tenía.  Lo que conservaba, junto a la incertidumbre, era la certeza de haber estado alguna vez en un campo sin pedirle otra cosa que su presencia, y de haber estado así de nuevo bajo las enredaderas, con el lente en manos de quien le era grato tener cerca.

Ricardo F. Morín

6 de noviembre de 2026

Healdsburg, California


« El alcance del lector »

November 10, 2026

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Pensándolo bien
Por Ricardo F. Morín
CGI, 2026

*

1

Un texto llega concluido.  Sus oraciones están fijadas, su orden establecido, su última palabra en su sitio.  El lector llega inconcluso y quiere el texto concluido en un segundo sentido:  asentado en su significado, situado en una posición, clausurado.  Ese deseo es discreto y se presenta como esmero.  Quien aspira a comprenderlo todo parece prestar una atención plena.  Sin embargo, la aspiración a comprenderlo todo encierra otra:  que nada en el texto quede fuera del dominio del lector.  La atención cede ante la posesión sin que el acto de leer registre cambio visible alguno.

2

Ese deseo tiene varios rostros, y comparecen juntos.  Un lector atribuye al texto una intención que el texto nunca declara y luego lo juzga conforme a ella.  Un lector dispone en secuencia lo que el texto mantiene en simultaneidad, de modo que dos visiones de una misma condición se leen como una afirmación y su retractación.  Un lector habla en nombre de otros que no están presentes:  lectores que se confundirán, se extraviarán o no quedarán persuadidos, y cuya confusión coincide, por azar, con la del propio lector.  Cada rostro confiere a la lectura una autoridad que no ha ganado.  Cada uno hace pasar un hábito privado por una condición general.  Ninguno se percibe como extralimitación mientras ocurre; cada uno se percibe como minuciosidad.

3

Una lectura es un juicio emitido después de que el texto ha obrado.  Atribuye consecuencias a la página:  un riesgo que el autor parece correr, una confusión que el lector prevé, una deriva en el argumento.  Esas consecuencias pertenecen a la lectura.  La página contiene oraciones; las consecuencias son relaciones que el lector establece a partir de ellas.  Algunas de esas relaciones el texto las sostiene y otras no, y nada en la experiencia del lector señala la diferencia:  una consecuencia que el texto no puede sostener se percibe exactamente igual que una que sí sostiene.  Sólo cuando el texto responde, por boca de su autor, en una segunda lectura, en una oración que la primera pasó por alto, la lectura revela lo que venía cargando.  La corrección no se limita a añadir información.  Desplaza lo que importaba:  una frase tenida por defecto resulta sostener el argumento, y un juicio emitido con aplomo pierde su fundamento.

4

La inexperiencia suele medirse en años.  Se reconoce mejor como una disposición:  el deseo de abarcar una comprensión por entero, de alcanzar un punto desde el cual nada quede por examinar.  Esa disposición aparece en los jóvenes, que aún no han visto con cuánta frecuencia lo que parecía asentado se desestabiliza.  Aparece también en instituciones de larga memoria, donde la clausura protege reputaciones; en especialistas confiados en sus instrumentos; y en lectores de toda índole que confunden exhaustividad con exactitud.  No desaparece con la edad.  Retorna después de parecer superada, y retorna con mayor facilidad cuando el lector se siente más minucioso, pues desde dentro la minuciosidad y el control apenas se distinguen.

5

La experiencia no es un acopio.  No puede atesorarse de una vez para disponer de ella después.  Cada lectura comienza expuesta al mismo deseo, y el lector experimentado no es quien lo ha vencido sino quien lo reconoce mientras aún obra.  Ese reconocimiento nunca llega con anticipación suficiente para impedir la primera extralimitación.  Sobreviene en medio de un juicio, o inmediatamente después, cuando el juicio ya ha sido emitido.  Lo que la experiencia ofrece es una prontitud para ser corregido sin tomar la corrección por derrota, lo cual es cosa distinta de una protección.

6

La comprensión no siempre se sostiene en una única memoria continua.  Una tradición cambia por interrupción:  cada generación malinterpreta a sus predecesoras, y esas malas lecturas ingresan en lo que se transmite.  Una institución cambia por relevo; quienes aprendieron una lección se marchan, y la lección sobrevive sólo en reglas cuyas razones se han olvidado.  Un escritor examina una obra escrita a lo largo de muchos años sin ser ya quien la comenzó, y cada regreso a una página anterior es la lectura de otro.  Algunos lectores cambian por revisión y ruptura antes que por acumulación sostenida, y llevan consigo menos una memoria que una forma.  Cada uno de ellos cambia todavía.  Cada uno sigue siendo responsable de lo que afirma ver.  La ausencia de una vida continua no exime a una lectura de su extralimitación, y la presencia de una no la impide.

7

La corrección es el lugar donde la lectura se mantiene honesta.  El lector que cede ante una corrección no se somete al rango del autor; los autores se malinterpretan a sí mismos con la misma facilidad que cualquiera.  El lector cede ante lo que el texto efectivamente ofrece, una vez reconocido el deseo de concluirlo como lo que es.  Esa cesión no admite término.  Toda lectura que sobrevive a una corrección es a su vez un juicio posterior, expuesto a la misma revaloración que acaba de sufrir.  Ningún lector final se sitúa fuera de la sucesión de lecturas, contemplándolas todas desde un lugar donde la pertinencia ya no se desplaza.

8

Una lectura que sabe que no puede clausurarse permanece responsable ante el texto.  Una lectura que se cree clausurada ya ha dejado de leer, aunque siga hablando con gran seguridad de lo que leyó.

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Ricardo F. Morín
26 de octubre de 2026
Oakland Park, Florida