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« Libertad de expresión »

May 10, 2026

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Ricardo F. Morin
Serie del búfalo, n.º 2
48″ x 48″
Óleo sobre lienzo
1978

Durante una conversación, uno de los participantes afirma: « Ellos simplemente no comparten nuestros valores ».  De inmediato, otro lo defiende: « Eso es libertad de expresión ».  Sin embargo, nadie pregunta a quién se refiere « ellos », ni qué valores están en juego.  En ese momento, la conversación cambia de dirección y la respuesta pasa a ocupar el centro.

Entonces, un participante, situado a un lado, lo refuerza: « Puede decirlo ».  Al otro extremo de la mesa, otro replica: « No debería decirlo ».  Un tercero interviene y repite: « Es libertad de expresión ».  Pero nadie vuelve a enunciar la frase completa, ni pide al hablante que nombre los valores, ni que identifique a quién incluye « ellos ».  Así, las palabras que dieron origen al intercambio dejan de orientar lo que sigue.

A continuación, alguien intenta volver a la frase y pregunta: « ¿A quién te refieres con “ellos”? ».  El hablante no responde.  En cambio, otra voz irrumpe y repite: « Eso es libertad de expresión ».  La pregunta no se sostiene y el intercambio retoma el curso fijado por la respuesta.

Entonces, un participante restituye la frase: « Ellos simplemente no comparten nuestros valores ».  Otro responde: « Eso es libertad de expresión ».  Por un momento, la frase y la respuesta quedan juntas.  Nadie determina si la respuesta responde a lo dicho.  Nadie pregunta si la afirmación puede examinarse.  El momento pasa.  

Desde ese punto, cada intervención se dirige a la respuesta y no a la frase inicial.  Uno insiste en el derecho a decirlo, mientras otro rechaza esa defensa.  Sin embargo, nadie exige que el hablante defina « nuestros valores », ni que precise en qué consiste la supuesta falta de correspondencia.  La frase deja de regir el intercambio.  Aquellos a quienes se designa como « ellos » no son identificados; quedan separados sin ser nombrados.  La frase los excluye sin precisar quiénes son.

A partir de entonces, la expresión se repite.  Se emplea tanto para amparar al hablante como para oponerse a esa defensa.  Pero no remite a la frase.  Permite que cada participante adopte una posición sin esclarecer lo dicho.  La expresión pasa a funcionar como señal de alineamiento, no como una instancia de examen.

Al final, la frase queda sin resolverse: no se examina, no se sostiene, no se retira.  Se deja atrás.  El rechazo se mantiene.  La expresión permanece en uso y el intercambio continúa a partir de ella.

Ricardo F. Morín
Abril de 2026
En tránsito

« Admitir y negar la alteridad en la vida religiosa y democrática »

March 1, 2026
Ricardo F. Morín
Infinito 32
33 x 39 cm
Óleo sobre lino
2009

Ricardo F. Morín

16 de febrero de 2026

Oakland Park, Fl

La creencia religiosa y la vida democrática suelen encontrarse dentro de sociedades diversas en las que las tradiciones, los rituales y las identidades visibles difieren, aun cuando las personas comparten preocupaciones éticas más profundas.  Las personas recurren a la religión en busca de sentido y conciencia, mientras que la vida democrática les pide convivir con otros cuyas prácticas y expresiones pueden variar.  La tensión se hace visible cuando las distinciones superficiales influyen más en la percepción que aquello que se comparte en términos éticos, y cuando alguien comienza a reclamar autoridad sobre el espacio común de los demás.

La pluralidad constituye una condición constante de la vida democrática.  Las personas hablan, escuchan y responden en reuniones públicas, espacios cívicos, intercambios digitales y encuentros cotidianos donde se cruzan límites y libertad de expresión.  Las formas de expresión que invitan a responder, permiten el desacuerdo o abren espacio para reconsiderar posiciones pueden sostener la convivencia, mientras que aquellas formuladas como acusación, exclusión o certeza moral definitiva tienden a estrecharla.  La vida política cambia según ventajas momentáneas y circunstancias inmediatas, mientras que la conciencia religiosa suele orientar a las personas hacia criterios que no se modifican con cada nuevo conflicto.  Los individuos se desplazan entre estas dos exigencias y rara vez resuelven plenamente la tensión que las une.  El juicio religioso y el juicio político pueden alinearse y permanecer abiertos al desacuerdo, aun cuando las personas recurran a marcos morales que dan forma a su conducta y a sus tradiciones.

La expresión religiosa aparece con frecuencia en la vida pública mediante apelaciones a la equidad, la responsabilidad y la dignidad de las personas.  Tales expresiones influyen en la manera en que se formulan las reivindicaciones sin exigir coincidencia doctrinal ni lingüística.  Cuando el lenguaje religioso participa en la conversación pública como parte de un vocabulario ético compartido, puede ampliar el reconocimiento sin exigir uniformidad de creencias.  Las personas pueden no coincidir en sus convicciones, pero suelen reconocer similitudes en el uso de un lenguaje moral común.  En ocasiones, las comunidades religiosas reconocen similitudes éticas que atraviesan distintas tradiciones y permiten que la pluralidad siga siendo practicable dentro de ese reconocimiento.  Cuando las presiones partidistas reformulan la diferencia como amenaza, elementos como credo, raza o cultura se convierten en líneas divisorias, y la percepción de cualquier terreno compartido se desvanece.

La dificultad surge cuando la identidad religiosa se vuelve inseparable de la identidad partidista y cuando el lenguaje público adopta la forma de acusación en lugar de examen mutuo de las ideas.  En tales circunstancias, la libertad de expresión se interpreta con mayor frecuencia como rechazo personal más que como diferencia cívica.  Los participantes comienzan a tratar la expresión como una ofensa individual en vez de comprenderla como parte del intercambio ordinario de la vida pública.

Otra condición aparece cuando los ciudadanos continúan reconociéndose como participantes legítimos pese a diferencias que permanecen sin resolver.  La convicción religiosa configura la conciencia, mientras que la vida democrática mantiene un espacio donde pueden coexistir reivindicaciones en competencia sin recurrir a la coerción.  Las personas se mueven entre estas esferas, a veces con comodidad y otras con tensión, ajustando límites, ampliando o restringiendo la participación y renegociando la convivencia con el paso del tiempo.

Las personas continúan transitando entre la convicción religiosa y la participación democrática sin resolver definitivamente la tensión que existe entre ambas.  Algunas trazan límites más firmes, otras amplían el espacio para la coexistencia y muchas alternan entre ambas posiciones con el tiempo.  La tensión permanece visible no como un problema que deba resolverse, sino como parte de la forma en que las personas se comprenden a sí mismas, reclaman autoridad y viven con responsabilidad junto a otros dentro de un mundo cívico compartido.


« Censura, Calígula y el retorno de la propaganda imperial »

July 31, 2025

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Ricardo Morin
Una bandera en apuros
CGI
2025


Ricardo F. Morin

31 de julio de 2025

Brendan Carr, a quien Donald Trump designó presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (Federal Communications Commission [FCC]), defendió recientemente el uso de la autoridad reguladora para inducir una “corrección de rumbo” en los medios de comunicación.  Esta intervención marca un giro inquietante en la estrategia de instrumentalización institucional al servicio de una política de agravios.  Amparada en el pretexto de combatir las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (Diversity, Equity, and Inclusion [DEI]), presentadas como formas de discriminación contrarias al interés público, esta postura revela un intento más amplio de depuración ideológica, no para restaurar una supuesta neutralidad, sino para erradicar el pluralismo mismo.

La censura que se presenta como defensa frente al “adoctrinamiento ideológico” constituye, en realidad, una negación explícita de los compromisos democráticos fundamentales, en particular del principio de libertad de expresión.  No es la promoción de la equidad lo que amenaza la cohesión democrática, sino el aparato represivo que se consolida para desacreditarla y silenciarla.  Esta estrategia no responde a una lógica normativa, sino escénica:  se trata de un espectáculo de poder, no de un ejercicio legítimo de gobierno.

En este sentido, la comparación con el reinado de Calígula resulta reveladora.  El emperador romano convirtió la política en un teatro personalista, donde el capricho se imponía al derecho y el castigo se escenificaba como afirmación de dominio.  Su propósito no era solo gobernar, sino someter: degradar la ley a mero decorado de su voluntad.  En la era Trump, la manipulación institucional, la obsesión con la lealtad personal y la teatralización del conflicto reproducen esta misma lógica.  Lo que importa no es la verdad ni la legalidad, sino la puesta en escena de una autoridad incontestable.

La transformación de la FCC en un órgano de fiscalización ideológica, lejos de ser una excepción, es parte de un patrón más amplio.  La supuesta protección del público frente a contenidos “divisivos” opera como coartada para censurar narrativas que cuestionan la desigualdad estructural, la exclusión racial o los privilegios históricos.  Bajo esta retórica, la equidad y la justicia social se convierten en amenazas, y la censura en una forma de salvaguarda cultural.

La censura no agota este mecanismo.  Cuando la autoridad no solo desalienta la disidencia, sino que determina qué discurso puede presentarse como equilibrado, veraz o patriótico, induce a los medios a reproducir los términos mediante los cuales legitima sus actos.  La vigilancia se convierte entonces en propaganda.  Si esta deriva continúa, se desmantelará el ecosistema mediático plural y desaparecerán las condiciones que hacen posible la deliberación democrática.  En su lugar se consolidará un ámbito de comunicación pública en el que solo obtendrán reconocimiento institucional los discursos que confirmen la imagen que el poder proyecta de sí mismo.  Lejos de promover la unidad nacional, este orden impone una uniformidad forzada bajo apariencia de patriotismo.

Esto no constituye un retorno al orden institucional, sino a la arbitrariedad imperial.  Su signo decisivo no es la abolición de las instituciones, sino su permanencia como decorado para un poder que ha dejado de reconocerlas como límites.  El paralelo con el Senado romano bajo Calígula no depende de una equivalencia histórica.  Reside en esa operación precisa: mantener visibles las formas institucionales cuando estas ya carecen de capacidad para contener al poder.

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