Observaciones sobre la percepción

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Ricardo F. Morin

31 de julio de 2025

Brendan Carr, a quien Donald Trump designó presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (Federal Communications Commission [FCC]), defendió recientemente el uso de la autoridad reguladora para inducir una “corrección de rumbo” en los medios de comunicación.  Esta intervención marca un giro inquietante en la estrategia de instrumentalización institucional al servicio de una política de agravios.  Amparada en el pretexto de combatir las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (Diversity, Equity, and Inclusion [DEI]), presentadas como formas de discriminación contrarias al interés público, esta postura revela un intento más amplio de depuración ideológica, no para restaurar una supuesta neutralidad, sino para erradicar el pluralismo mismo.

La censura que se presenta como defensa frente al “adoctrinamiento ideológico” constituye, en realidad, una negación explícita de los compromisos democráticos fundamentales, en particular del principio de libertad de expresión.  No es la promoción de la equidad lo que amenaza la cohesión democrática, sino el aparato represivo que se consolida para desacreditarla y silenciarla.  Esta estrategia no responde a una lógica normativa, sino escénica:  se trata de un espectáculo de poder, no de un ejercicio legítimo de gobierno.

En este sentido, la comparación con el reinado de Calígula resulta reveladora.  El emperador romano convirtió la política en un teatro personalista, donde el capricho se imponía al derecho y el castigo se escenificaba como afirmación de dominio.  Su propósito no era solo gobernar, sino someter: degradar la ley a mero decorado de su voluntad.  En la era Trump, la manipulación institucional, la obsesión con la lealtad personal y la teatralización del conflicto reproducen esta misma lógica.  Lo que importa no es la verdad ni la legalidad, sino la puesta en escena de una autoridad incontestable.

La transformación de la FCC en un órgano de fiscalización ideológica, lejos de ser una excepción, es parte de un patrón más amplio.  La supuesta protección del público frente a contenidos “divisivos” opera como coartada para censurar narrativas que cuestionan la desigualdad estructural, la exclusión racial o los privilegios históricos.  Bajo esta retórica, la equidad y la justicia social se convierten en amenazas, y la censura en una forma de salvaguarda cultural.

La censura no agota este mecanismo.  Cuando la autoridad no solo desalienta la disidencia, sino que determina qué discurso puede presentarse como equilibrado, veraz o patriótico, induce a los medios a reproducir los términos mediante los cuales legitima sus actos.  La vigilancia se convierte entonces en propaganda.  Si esta deriva continúa, se desmantelará el ecosistema mediático plural y desaparecerán las condiciones que hacen posible la deliberación democrática.  En su lugar se consolidará un ámbito de comunicación pública en el que solo obtendrán reconocimiento institucional los discursos que confirmen la imagen que el poder proyecta de sí mismo.  Lejos de promover la unidad nacional, este orden impone una uniformidad forzada bajo apariencia de patriotismo.

Esto no constituye un retorno al orden institucional, sino a la arbitrariedad imperial.  Su signo decisivo no es la abolición de las instituciones, sino su permanencia como decorado para un poder que ha dejado de reconocerlas como límites.  El paralelo con el Senado romano bajo Calígula no depende de una equivalencia histórica.  Reside en esa operación precisa: mantener visibles las formas institucionales cuando estas ya carecen de capacidad para contener al poder.

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