Archive for March, 2026

« La medida del yo »

March 28, 2026
Ascensión-2
CGI 2005

por Ricardo F. Morín

12 de marzo de 2026

Kissimmee, Florida

*

Los jóvenes crecen escuchando un lenguaje de promesa.  Directores escolares, maestros y oradores de graduación presentan el lenguaje cívico de la libertad, la igualdad de valor y la oportunidad en aulas, en asambleas escolares y en ceremonias de graduación. Los jóvenes entran en la vida esperando que la dignidad les pertenezca no por mérito sino por derecho.

El mundo en el que los adolescentes crecen muestra otra medida de valor.  Las universidades seleccionan solicitantes.  Los empleadores eligen candidatos.  Periódicos, medios televisivos y redes sociales presentan la distinción visible como referencia pública.  En este entorno el valor se vincula menos al hecho de estar vivo que a los resultados obtenidos:    calificaciones, admisión, ingresos, reconocimiento.  El lenguaje público afirma la igual dignidad y la oportunidad, mientras la vida cotidiana premia la distinción alcanzada.

Las consecuencias de esta tensión durante la adolescencia no pueden reducirse a una sola causa.  Sin embargo, las estadísticas sobre el suicidio adolescente ofrecen un punto de observación desde el cual examinar las presiones que afectan a la vida de los jóvenes.  En los Estados Unidos, el suicidio figura entre las principales causas de muerte entre los quince y los diecinueve años.  Cada año miles de adolescentes se quitan la vida.  Cifras semejantes aparecen en otros países cuyas leyes y discurso público afirman la libertad y la dignidad.  Estas cifras no revelan los pensamientos de ningún adolescente en particular, pero muestran que muchos jóvenes llegan a un punto en el que la vida deja de presentarse como una posibilidad abierta.

Cada suicidio tiene su propia historia.  Los padres buscan razones en la presión escolar, la humillación, la soledad o una desesperación que nadie reconoció a tiempo.  Los médicos recetan medicamentos.  Los consejeros ofrecen orientación.  Estos esfuerzos ayudan a algunos adolescentes y no alcanzan a otros.  El aumento continuo de estas muertes dirige la atención hacia el mundo en el que los adolescentes crecen.

Desde la infancia muchos estudiantes aprenden que el reconocimiento sigue al éxito visible.  Maestros y escuelas elogian las calificaciones más altas y celebran a los estudiantes más destacados.  Los jóvenes observan a compañeros recibir premios y cartas de admisión mientras otros no reciben ninguno.  En tales condiciones los adolescentes comienzan a medirse según el éxito de los demás.

El carácter adquisitivo y ostentoso de la vida contemporánea se vuelve visible en pantallas, medios de comunicación y redes sociales.  En ellos predominan el dominio y el estatus social.  Los jóvenes aprenden a presentarse como excepcionales antes de conocerse a sí mismos, y aprenden no solo a observar estas imágenes sino también a reproducirlas.  La cultura circundante celebra el logro mientras deja poco espacio para la vacilación o el fracaso, aunque ambos pertenecen al tránsito hacia la adultez.

El fracaso forma parte del aprendizaje, y el descubrimiento comienza con la incertidumbre.  Esa comprensión proviene de la observación repetida a través de la historia y del propio proceso de descubrimiento.  En ese proceso el error se deja atrás hasta dar con lo que resulta inteligible y comprensible.  Sin embargo, el entorno circundante continúa otorgando un honor visible al éxito.  Los jóvenes encuentran así dos mensajes al mismo tiempo: el estímulo para soportar el fracaso y una exhibición pública que celebra el logro.

En este entorno el trabajo de formar relaciones humanas se vuelve difícil.  Las amistades se rompen.  Las relaciones íntimas comienzan con incertidumbre.  La experiencia sexual rara vez coincide con las imágenes que circulan en público.  Estas dificultades forman parte del aprendizaje de la vida adulta.  Sin embargo, el contraste entre las imágenes públicas de plenitud y la experiencia más lenta de la vida real puede llevar a algunos adolescentes a juzgarse como fracasados.

El juicio sobre el propio valor no permanece externo.  Se convierte en vergüenza.  La vergüenza busca ocultarse.  Un adolescente que carga con esa vergüenza puede seguir apareciendo entre amigos, compañeros y familia mientras interiormente se distancia.  El reconocimiento promete confirmar el valor, pero despierta una necesidad de valía que no puede fundarse en el reconocimiento mismo.  Bajo esa vergüenza se encuentra otra ausencia: la ausencia de amor propio.  Sin alguna medida de estima por la propia existencia, el reconocimiento de los demás se convierte en la única fuente de valor, y el fracaso se transforma en un veredicto sobre el yo.

Las expectativas familiares pueden intensificar esta carga.  Los padres suelen transmitir esperanzas formadas por su propia experiencia.  Pueden creer que el éxito protegerá a sus hijos de las dificultades que ellos mismos encontraron.  Cuando los logros de los jóvenes parecen confirmar los sacrificios o aspiraciones de generaciones anteriores, la presión puede volverse más pesada que un simple deseo de bienestar.

La comunicación rodea a los jóvenes de imágenes y actividad.  Un adolescente puede encontrarse entre muchas señales y aun así enfrentar la angustia en soledad. Los encuentros sociales se convierten en ocasiones de exhibición más que en oportunidades para formar confianza con el tiempo.  El adolescente aparece presente en la vida social mientras lleva consigo una sensación de vacío.  Cuando el lenguaje de la dignidad ya no corresponde con la experiencia de la vida, las palabras públicas mismas comienzan a perder su significado.

La adolescencia no crea esta condición; la adolescencia la revela.  Muchos adultos viven bajo la misma presión de demostrar su valor mediante el éxito y el reconocimiento.  El trabajo, la familia y la rutina permiten que la vida continúe, pero el sentimiento de insuficiencia no siempre desaparece.  Algunos lo llevan durante décadas.  Los adolescentes encuentran la condición antes de que esos apoyos se establezcan.  Algunos la enfrentan antes de poseer la fuerza necesaria para soportarla.

Esta condición no pertenece solo al presente.  Registros de siglos anteriores describen la misma desesperación, la misma vergüenza y el mismo acto de autodestrucción entre los jóvenes.  Las formas que rodean la vida han cambiado a lo largo del tiempo.  La autoridad religiosa imponía antes sus juicios.  El honor familiar y el estatus heredado colocaban otras cargas sobre los jóvenes.  La vulnerabilidad humana ha permanecido constante aun cuando el entorno ha cambiado.

La cuestión no reside por lo tanto en si la desesperación entre los jóvenes es nueva.  La cuestión reside en cómo las condiciones del presente moldean esa vulnerabilidad dentro de una sociedad que habla con frecuencia de dignidad y oportunidad y aun así produce circunstancias en las que algunos jóvenes llegan a creer que la vida no les ofrece lugar.

Una sociedad puede crear condiciones que intensifican la desesperación, la vergüenza y la presión.  Esas condiciones merecen examen y crítica.  Sin embargo, el acto de quitarse la vida no puede atribuirse a otros del mismo modo en que esas condiciones pueden examinarse colectivamente.

Con el tiempo muchas personas llegan a reconocer una distinción difícil:  sentir profundamente el dolor de otra persona no es lo mismo que ser responsable de su elección.  Se puede llevar empatía, duelo e incluso una persistente sensación de vínculo con ese sufrimiento sin haber sido el agente del acto mismo.

Cuando estas muertes se acumulan de este modo, los observadores recurren a un lenguaje especializado en busca de explicación.  Los términos académicos intentan describir el problema mediante categorías y teorías.  Ese lenguaje puede organizar la discusión, pero las palabras mismas no eliminan el hecho de que miles de adolescentes se quitan la vida cada año.  Las cifras permanecen visibles sin la ayuda de vocabulario técnico.


« Desenmascarar la desilusión:  Serie V »

March 25, 2026

*

“Alegoría geométrica”,  pintura digital 2023 de Ricardo Morín  (artista visual estadounidense nacido en Venezuela–1954)

 

Ricardo F. Morín

26 de Diciembre de 2025

Oakland Park, Fl

Nota del autor

 

Esta entrega prolonga el Capítulo XII,  “El cuarto signo”,  tras la exposición inicial sobre la autocracia (§§ 1–9).  Su atención se concentra en Venezuela,  examinando §§ 10–25,  donde el marco previamente establecido se somete a una verificación situada.  El capítulo se cierra en una entrega independiente dedicada a “La asimetría de las sanciones” (§§ 26–34).

Capítulo XII:  Parte 2

 

 

Venezuela

 

10

Para comprender las consecuencias prácticas de la autocracia y de la concentración del poder que la acompaña,  me remito a la obra de Rafael Arráiz Lucca,  Venezuela:   1830 a nuestros días:   Breve historia política [2016].  Allí se presenta una reconstrucción continua de la trayectoria venezolana desde la independencia hasta el presente. [1]   El autor examina transformaciones políticas,  económicas y sociales,  atendiendo tanto a los conflictos iniciales como al ascenso de liderazgos militares.  Su análisis incluye la irrupción de Hugo Chávez,  la formulación de su proyecto ideológico y los efectos acumulativos de sus políticas.  Asimismo,  considera la persistencia de ese legado bajo el gobierno de Nicolás Maduro.  En su lectura,  ambas presidencias encarnaron formas de poder que tendieron a centralizar la autoridad y a restringir la disidencia.

 

11

La trayectoria política del país ha quedado marcada por una prolongada impronta militar.  Desde la independencia en 1811,  veinticinco oficiales ocuparon la presidencia,  acumulando 172 años de ejercicio gubernamental y afianzando la gravitación castrense en la vida política. [2]  La transición hacia la democracia representativa en 1961 introdujo un quiebre significativo,  al abrir un período de treinta y ocho años de gobiernos civiles en el marco del Pacto de Punto Fijo (véase el Capítulo XI).  Este ciclo,  sin embargo,  no estuvo exento de tensiones.  Los acontecimientos del Caracazo en 1989 y el intento de golpe de 1992 evidenciaron la fragilidad del orden civil y la persistencia del recurso al liderazgo militar en contextos de crisis. [3][4]

 

12

El Caracazo y la represión que le siguió expusieron fracturas sociales profundas que socavaron la confianza en la gobernanza civil.  Para amplios sectores,  el desorden y la desilusión reactivaron la percepción de las fuerzas armadas como instancia de contención y orden,  una imagen arraigada en la tradición del caudillismo.  El ascenso de Chávez puede leerse como una consecuencia directa de ese trasfondo histórico:  una figura militar que se ofreció como respuesta a los límites de la política civil.  La violencia posterior a los disturbios,  sumada a la incapacidad estructural para responder a las desigualdades que estos condensaban,  preparó el terreno para el retorno de inclinaciones autocráticas,  formuladas ahora en clave populista.  Se inauguró así una etapa autoritaria configurada tanto por las tensiones del presente como por herencias no resueltas del pasado.

 

13

La presidencia de Hugo Chávez prolongó una tradición autoritaria ya visible durante el régimen del general Marcos Pérez Jiménez. [5]  Como en aquella etapa,  el ingreso petrolero constituyó el sostén principal de la acción gubernamental. [6]

 

14

La noción de “democracia participativa” promovida por Chávez se presentó como un mecanismo de incorporación de sectores históricamente excluidos.  Los consejos comunales y las misiones sociales,  concebidos bajo ese principio,  operaron en la práctica como dispositivos de control político asociados a la ideología bolivariana.  El acceso y la participación quedaron condicionados por la lealtad al liderazgo,  lo que derivó en la exclusión sistemática de quienes disentían.  Esta articulación de populismo y autoridad redefinió la disidencia como falta de compromiso nacional y debilitó la centralidad del derecho,  subordinando los poderes legislativo y judicial al ejecutivo.

 

15

El respaldo explícito de Chávez a Nicolás Maduro en 2012 acentuó la deriva autoritaria. [7]  Diversas organizaciones opositoras —Vente Venezuela,  Primero de Justicia,  Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular— denunciaron la instrumentalización del Consejo Nacional Electoral. [8][9][10][11][12]

 

16

Tras la muerte de Chávez,  Maduro enfrentó cuestionamientos similares en los procesos electorales de 2013 y 2018.  Organismos regionales e internacionales coincidieron en sus objeciones,  entre ellos la Organización de los Estados Americanos,  el Grupo de Lima,  el Grupo de Contacto Internacional y el Grupo de los Siete. [13][14][15]  Human Rights Watch y Amnistía Internacional también pusieron en duda la legitimidad del proceso. [16][17]   Una excepción fue el debate en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (comunicado SC/13719),  que sostuvo la primacía de una resolución interna del conflicto. [18][19]

 

17

Tras la suspensión de Venezuela del Mercosur en 2016,  las respuestas regionales variaron y se ajustaron con los cambios de gobierno. [20][21]  Argentina y Brasil modificaron sus posiciones entre el respaldo a medidas de presión y la apelación a la mediación. [22][23]  Colombia osciló entre la ruptura diplomática y el restablecimiento de vínculos bajo un enfoque de no intervención. [24]  Chile mantuvo una postura sostenida a favor de sanciones y remitió el caso venezolano a la Corte Penal Internacional. [25][26]  Perú expulsó al embajador venezolano tras la disolución de la Asamblea Nacional por el Tribunal Supremo de Justicia y regularizó la situación migratoria. [27]  México pasó de la condena inicial a una política de mediación. [28][29][30]

 

18

En el período previo a las elecciones presidenciales de 2024,  María Corina Machado fue inhabilitada tras imponerse en las primarias de su coalición. [31]  El Tribunal Supremo de Justicia fundamentó su decisión en alegaciones de apoyo a sanciones extranjeras,  presuntos actos de corrupción y responsabilidades vinculadas a Citgo,  filial estadounidense de Petróleos de Venezuela,  S.A.  La negativa a permitirle acceso a los cargos formulados constituyó una vulneración manifiesta del debido proceso.  Su exclusión dejó a Edmundo González Urrutia como candidato unitario de la oposición. [32]

 

19

Ambas campañas recurrieron a prácticas de intimidación.  La coalición opositora desplegó observadores en miles de centros de votación,  mientras el gobierno intensificó la censura informativa y las acciones represivas.  Tras la proclamación de resultados,  las protestas derivaron en muertes extrajudiciales,  detenciones y restricciones severas a la prensa independiente. [33]

 

20

La oposición coordinó su labor con observadores internacionales —entre ellos la Organización de los Estados Americanos,  la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea,  el Centro Carter y la Misión de Estados Unidos ante las Naciones Unidas— para registrar irregularidades. [34][35][36][37]  El gobierno retuvo datos electorales desagregados,  alegando intrusiones informáticas,  e impuso restricciones a los observadores. [38]  El Centro Carter concluyó que el proceso no alcanzó estándares aceptables de transparencia,  equidad e imparcialidad. [39]

 

21

Maduro acusó a Machado y a González de incitar desórdenes y anunció investigaciones por “usurpación de funciones” e “insurrección militar”.  El 8 de agosto de 2024,  González salió del país rumbo a España tras recibir salvoconducto.

 

22

Para situar el estado institucional venezolano,  resulta pertinente atender a los diagnósticos ofrecidos por índices internacionales.  El Índice de Democracia de The Economist Intelligence Unit,  el Índice Global de Libertad de Freedom House y el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional permiten observar,  desde métricas distintas,  el deterioro sostenido del orden democrático.

 

23

El Índice de Democracia asigna valores más altos a sistemas considerados más abiertos.  Freedom House y Transparencia Internacional emplean escalas inversas,  en las que puntajes bajos reflejan restricciones severas y altos niveles de corrupción.

 

24

Según el Índice de Democracia,  Venezuela figuró en 2008 como el país menos democrático de Sudamérica y,  en 2022,  ocupó el puesto 147 de 167. [40]  En 2023,  Freedom House registró niveles mínimos de libertad,  mientras que el Índice de Percepción de la Corrupción asignó al país 13 puntos sobre 100,  situándolo entre los casos más graves a escala global. [41]

 

25

Los informes de Transparencia Internacional correspondientes al período 2012–2023 confirman la persistencia de esa situación. [42]  En 2023,  Venezuela obtuvo 13 puntos sobre 100 y se ubicó en el puesto 177 de 180.  En conjunto,  estos indicadores delinean un panorama coherente de concentración del poder y de deterioro institucional prolongado.


NOTAS FINALES

 

§ 10

  • [1]  Rafael Arráiz Lucca,  Venezuela:  1830 a nuestros días:  Breve historia política (Caracas:  Editorial Alfa,  2016),  15–151,  212–237.  Esta obra ofrece una reconstrucción sostenida de la trayectoria política venezolana desde la independencia.  Su valor reside en mostrar cómo la recurrencia del poder militar,  lejos de ser episódica,  se integra de forma estructural en la formación del Estado.   

§ 11

  • [2]  José Gregorio Petit Primera,  “Presidentes de Venezuela (1811–2012).  Un análisis estadístico-descriptivo”.  Revista Venezolana:  Análisis de Coyuntura (Caracas:  Universidad Central de Venezuela,  XXII-1,  2016),  47–56.  El estudio cuantifica la ocupación militar de la presidencia y permite medir su persistencia como patrón de gobierno.  
  • [3]  El Pacto de Punto Fijo fue un acuerdo político suscrito por Acción Democrática (AD), Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI) y Unión Republicana Democrática (URD).  Su objetivo fue garantizar alternancia,  estabilidad institucional y contención del autoritarismo tras la caída de Marcos Pérez Jiménez (1952–1958).  Si bien permitió una transición democrática prolongada,  también consolidó estructuras partidarias cerradas y exclusiones acumulativas.  

§ 13

  • [5]  Fredy Rincón Noriega, El Nuevo Ideal Nacional y los planes económico-militares de Pérez Jiménez,  1952–1957 (Caracas:  Ediciones Centauro,  1981).  
  • Judith Ewell, The Indictment of a Dictator:  The Extradition and Trial of Marcos Pérez Jiménez (College Station:  Texas A&M University Press,  1981).  
  • Ambos estudios documentan un modelo de centralización autoritaria sostenido por planificación estatal y control militar.  
  •  [6]  Aunque con orientaciones divergentes,  tanto Pérez Jiménez como Chávez estructuraron su acción gubernamental sobre la renta petrolera.  En el primer caso,  esta sostuvo proyectos de modernización infraestructural.  En el segundo,  permitió programas de redistribución que incrementaron la dependencia estructural del Estado respecto del ingreso energético.  

 § 15

  • [12]  El Consejo Nacional Electoral,  órgano encargado de la supervisión electoral, ha sido objeto de acusaciones persistentes de parcialidad.  Diversos actores opositores sostienen que su composición fue progresivamente alineada con el poder ejecutivo, limitando la credibilidad del proceso electoral.  

 

§ 16

  • [13]  El Grupo de Lima, constituido en agosto de 2017, agrupó a Estados americanos con el propósito de coordinar respuestas diplomáticas frente a la crisis venezolana.  
  • [14]  El Grupo de Contacto Internacional, integrado por la Unión Europea,  Costa Rica,  Ecuador y Uruguay, abogó por elecciones verificables y expresó reservas sobre la imparcialidad del Consejo Nacional Electoral.  
  • [15]  El Grupo de los Siete (G7) condenó irregularidades electorales y reclamó supervisión independiente.  
  • [19]  En este debate,  el Consejo optó por una postura de no intervención directa, ofreciendo mediación sin asumir supervisión electoral.  

 

§ 17

  • [21]  Mercosur, Mercado Común del Sur, bloque regional creado en 1991 para promover integración económica.  
  • [30]  México asumió labores de mediación tras las elecciones presidenciales de julio de 2024,  con respaldo de Brasil y Colombia.  

 

§ 18

 

 

§ 19

 

§ 20

  • [38]  La ausencia de resultados electorales desagregados impide auditorías verificables y debilita la legitimidad del proceso.  
  • [39]  La Organización de los Estados Americanos señaló la falta de verificación independiente de los resultados electorales.  

 

§ 24

 

§ 25


« La lógica de la extracción »

March 18, 2026

Ricardo F. Morín
Serie Triangulación Nº 2
37″ x 60″ x 2″
Óleo sobre lino
2006

Ricardo F. Morín

10 de Marzo de 2026

Oakland Park, Florida

1

Las sociedades modernas describen el progreso mediante un vocabulario de invención y expansión.  Sin embargo, las consecuencias que con frecuencia se observan en la vida económica surgen de arreglos institucionales que preceden a las propias innovaciones.

Las nuevas tecnologías aparecen como descubrimientos; los mercados aparecen como oportunidades; el crecimiento aparece como el resultado natural del ingenio humano.  Este lenguaje crea una imagen del desarrollo que enfatiza la creatividad mientras oculta una estructura más duradera que se encuentra debajo.  Los gobiernos, las autoridades jurídicas y las instituciones comerciales rara vez inician sistemas de crecimiento económico únicamente a partir de la invención.  Comienzan cuando las instituciones convierten condiciones que antes pertenecían a la vida humana compartida en recursos que pueden poseerse, medirse e intercambiarse.

La tierra se convierte en propiedad; el trabajo se convierte en trabajo asalariado; el conocimiento se convierte en datos.  Los ríos que antes suministraban agua libremente a las comunidades cercanas ahora aparecen en los mercados financieros como activos negociables.  Cada transformación amplía el campo de la actividad económica porque reorganiza lo que anteriormente era común.  La narrativa del progreso celebra la innovación que sigue a esta conversión; sin embargo la expansión suele depender primero de la extracción que hizo posible esa innovación.  El desarrollo económico se despliega por lo tanto mediante un acto institucional recurrente:  la conversión de condiciones compartidas en sistemas organizados de propiedad.

2

La primera gran transformación ocurrió cuando la tierra y el trabajo entraron en los sistemas económicos modernos como mercancías.  Las sociedades anteriores cultivaban la tierra y organizaban el trabajo mediante obligaciones locales, derechos consuetudinarios y prácticas comunales.  Las economías modernas introdujeron un arreglo diferente.  Los sistemas jurídicos definieron la tierra como propiedad transferible; esta definición permitió que haciendas, plantaciones y sitios industriales circularan dentro de los mercados.

La producción industrial también requirió un suministro estable de trabajo que pudiera medirse y compensarse en términos monetarios.  Los contratos salariales cumplieron ese requisito.  Los trabajadores intercambiaron horas de esfuerzo por ingresos; los empleadores calcularon la producción mediante unidades previsibles de trabajo.

Esta reorganización institucional creó la base del crecimiento industrial.  Las fábricas y la agricultura comercial no dependían únicamente de la maquinaria; dependían también de sistemas jurídicos y económicos que convirtieron la tierra y el trabajo en insumos capaces de sostener una producción continua.  La Revolución Industrial se expandió por lo tanto no sólo mediante la invención sino también mediante la reorganización sistemática de los recursos humanos y naturales en instrumentos económicos.

3

La expansión industrial pronto exigió recursos que iban más allá de la tierra y el trabajo.  Las fábricas requerían fuentes concentradas de energía capaces de sostener la producción mecánica a gran escala.  El carbón proporcionó la primera solución; el petróleo siguió con una eficiencia aún mayor.

Las industrias extractivas surgieron para suministrar estos combustibles.  Las compañías mineras desarrollaron tecnologías capaces de extraer carbón de capas geológicas profundas; las empresas petroleras perforaron pozos que alcanzaron depósitos bajo tierra y mar.  Ferrocarriles, oleoductos y rutas marítimas conectaron estos sitios de extracción con los centros industriales.

Los gobiernos y las corporaciones aseguraron el acceso a estos recursos mediante acuerdos territoriales, concesiones de perforación y alianzas estratégicas que protegían rutas marítimas e infraestructura energética.  Las potencias industriales negociaron derechos de perforación y controlaron corredores marítimos que transportaban combustible hacia fábricas y ciudades.  Estos arreglos vincularon territorios distantes con las demandas energéticas de las sociedades industriales en expansión.  La energía se convirtió en la sustancia que sostenía las economías industriales; el control de los flujos energéticos se convirtió en una medida de influencia geopolítica.  La expansión económica dependió por lo tanto no sólo de la invención técnica sino también de la capacidad de los Estados para organizar y proteger sistemas de extracción de recursos a través de las fronteras nacionales.

4

A finales del siglo XX apareció una transformación que parecía apartarse de este patrón material.  Las redes digitales crearon entornos en los que la actividad humana podía registrarse, almacenarse y analizarse.  Las empresas que operaban estas redes pronto reconocieron que la información generada por la interacción cotidiana poseía valor económico.

Las búsquedas, las compras en línea, los intercambios sociales, las señales de ubicación y los historiales de navegación formaron registros detallados del comportamiento.  Las plataformas digitales desarrollaron algoritmos capaces de procesar estos registros e identificar patrones dentro de ellos.  Los sistemas publicitarios utilizaron esos patrones para relacionar productos con consumidores probables; las empresas compraron acceso a esas predicciones porque buscaban aumentar las ventas.

Las personas que buscan información, se comunican con amigos o se desplazan por las ciudades rara vez perciben que estas acciones ordinarias generan los flujos de datos que sostienen los mercados digitales.  Estos sistemas parecen impersonales; sin embargo siguen siendo construcciones humanas.  Ingenieros diseñan las plataformas, legisladores autorizan los marcos jurídicos que permiten la recolección de datos, e inversionistas financian la infraestructura que organiza esta información en ganancias.  La autoridad del sistema descansa por lo tanto en decisiones tomadas por actores identificables que participan en su funcionamiento.  El comportamiento humano se convierte en un recurso medible dentro de la economía digital, y la actividad cotidiana entra en sistemas de cálculo que transforman la experiencia ordinaria en insumo económico.

5

La inteligencia artificial extiende este sistema informacional hacia un nuevo dominio.  Los sistemas de aprendizaje automático requieren vastas colecciones de lenguaje, imágenes y actividad registrada.  Los desarrolladores reúnen estos materiales mediante grandes conjuntos de datos que recopilan expresión escrita, material visual y rastros de comportamiento provenientes de numerosas fuentes.

Periódicos, libros, fotografías, investigaciones académicas y conversaciones en línea se convierten en material de entrenamiento para estos sistemas.  Los procesos computacionales analizan estos materiales y ajustan parámetros internos hasta que emergen patrones reconocibles de lenguaje o percepción.  Los modelos resultantes parecen generar conocimiento de manera independiente; sin embargo su estructura depende de las expresiones humanas que formaron el material de entrenamiento.

La actividad intelectual colectiva se convierte por lo tanto en la sustancia a partir de la cual los sistemas de inteligencia artificial derivan sus capacidades.  Las empresas que controlan estos sistemas poseen la arquitectura mediante la cual este conocimiento se transforma en inteligencia computacional.  La creatividad humana permanece como origen; los sistemas propietarios gobiernan el acceso a las capacidades resultantes.

6

La aparente inmaterialidad de este entorno digital oculta una base física sustancial.  La computación requiere hardware capaz de conducir electricidad, almacenar información y realizar cálculos complejos.  Estos dispositivos dependen de minerales extraídos de la tierra.

El cobre conduce la corriente eléctrica a través de circuitos y líneas de transmisión.  El litio y el cobalto estabilizan baterías que alimentan sistemas portátiles.  Los elementos de tierras raras crean imanes que operan dentro de turbinas y componentes electrónicos.  El silicio forma la base de la fabricación de semiconductores.

Las operaciones mineras extraen estos materiales de depósitos geológicos; las instalaciones de refinamiento los separan y procesan en formas utilizables; las plantas de fabricación los ensamblan en procesadores, sistemas de memoria y centros de datos.  La economía digital descansa por lo tanto sobre una cadena de producción material que se extiende desde la extracción mineral hasta la infraestructura computacional.

Los Estados compiten intensamente dentro de este sistema porque el control de las cadenas de suministro mineral influye en la capacidad tecnológica.  Los países ricos en cobre, litio y elementos de tierras raras negocian nuevas asociaciones con potencias industriales que requieren estos materiales.  El desarrollo tecnológico vuelve así a conectar la innovación digital con las realidades geopolíticas de la extracción de recursos.

7

Los sistemas construidos sobre la extracción rara vez se presentan con ese lenguaje.  Los defensores de cada era tecnológica suelen describir el desarrollo como una progresión inevitable que ninguna sociedad puede alterar.  La industrialización llevó esa descripción; la dependencia del petróleo también la llevó; la expansión digital repitió la misma afirmación.  Expresiones como “el futuro digital no puede detenerse” o “la inteligencia artificial transformará todo” presentan los sistemas tecnológicos como resultados inevitables.

Esta descripción cumple una función importante.  Cuando un sistema parece inevitable, la crítica de su estructura pierde urgencia.  La discusión pública se desplaza desde el examen de cómo las instituciones organizan los recursos hacia la adaptación al sistema que esas instituciones ya han creado.

Los ciudadanos repiten estas expresiones en la discusión pública y en la conversación privada; al hacerlo refuerzan la apariencia de que los sistemas tecnológicos operan más allá de la elección humana.  Esta repetición libera a los individuos de la carga de cuestionar las estructuras que gobiernan la vida económica y permite que los sistemas de extracción continúen sin un escrutinio sostenido.  Sin embargo los sistemas tecnológicos no surgen independientemente de decisiones políticas.  Los gobiernos establecen derechos de propiedad, regulan industrias y autorizan estructuras de inversión.  Las empresas diseñan plataformas, infraestructuras y mercados que canalizan recursos hacia sistemas de producción.  La narrativa de la inevitabilidad oculta estos arreglos y alienta a las sociedades a aceptar los sistemas tecnológicos como desarrollos naturales en lugar de instituciones moldeadas por decisiones deliberadas.

8

La secuencia histórica revela un patrón recurrente.  Cada etapa del crecimiento moderno identifica condiciones de la vida que las instituciones pueden reorganizar como recursos económicos.  La tierra, el trabajo, la energía, la información y el conocimiento han entrado en esta secuencia en distintas épocas.

Estos recursos se originan dentro del entorno compartido de la sociedad humana y del mundo natural.  Las comunidades cultivan la tierra; los trabajadores aplican habilidad y esfuerzo; las generaciones contribuyen conocimiento y expresión.  Las instituciones económicas establecen mecanismos que reorganizan estas condiciones compartidas en sistemas de propiedad.  El derecho de propiedad asigna control sobre la tierra; la infraestructura industrial organiza el trabajo y la energía; las plataformas digitales recopilan información conductual; los sistemas computacionales ensamblan el conocimiento humano en modelos propietarios.

La tensión dentro de este proceso se vuelve visible cuando el recurso no puede describirse plausiblemente como de origen privado.  El agua ofrece el ejemplo más claro.  Ningún individuo la produce y toda sociedad depende de ella.  Sin embargo los sistemas financieros y jurídicos tratan cada vez más el acceso al agua como un activo que puede poseerse, negociarse o controlarse mediante estructuras de inversión.  Cuando las instituciones transforman un recurso tan evidentemente común en un vehículo de propiedad, la separación entre origen y control se vuelve inconfundible.

Las instituciones económicas no operan separadas de la autoridad política.  Los Estados establecen los marcos jurídicos que transforman los recursos comunes en sistemas de propiedad y producción.  A través de estos marcos los gobiernos conceden acceso a la tierra, la energía, la información y la infraestructura tecnológica.  Estos arreglos generan riqueza para las empresas y los inversionistas que operan dentro de ellos; también fortalecen la posición estratégica de los Estados que supervisan estos sistemas.

Las comunidades políticas se enfrentan por lo tanto a una responsabilidad difícil.  Deben decidir si los recursos que sostienen la vida colectiva permanecen sujetos a la autoridad pública o se convierten en instrumentos de propiedad concentrada.

Los gobiernos suelen tratar los recursos comunes no sólo como fundamentos de la actividad económica sino también como instrumentos de ventaja geopolítica.  Estados rivales compiten para asegurar el control de estos recursos y de las industrias que dependen de ellos.  Las disputas ideológicas acompañan esta competencia; sin embargo la estructura subyacente permanece similar entre sistemas rivales.  La prosperidad y la influencia surgen de instituciones que convierten recursos comunes en formas concentradas de riqueza y autoridad.

Las sociedades modernas continúan persiguiendo la innovación y la expansión; la historia de su desarrollo muestra que el crecimiento ha dependido repetidamente de esta conversión.  El progreso amplía la producción y el conocimiento; sin embargo con frecuencia separa la propiedad de los recursos comunes que hicieron posible esa expansión.  La pregunta duradera es si las sociedades pueden sostener el avance mientras mantienen la alineación entre los recursos que pertenecen a todos y los sistemas que gobiernan su uso.


« El paradigma de la extracción »

March 18, 2026

Ricardo Morin
Sin título nº 5: El paradigma de la extracción
25,4 x 30,5 cm
Acuarela
2003

Por Ricardo F. Morín

Octubre de 2025

Oakland Park, Florida

1

La historia de la inteligencia artificial (IA) suele contarse como un relato de promesas infinitas: una tecnología destinada a transformar las economías y redefinir el potencial humano.   Sin embargo, bajo ese optimismo se oculta una realidad más antigua:   la conversión de la creatividad humana en riqueza concentrada.   Lo que se presenta como progreso repite el patrón económico más viejo de todos:   extraer valor de muchos para beneficio de pocos.   El lenguaje que rodea a la IA disfraza esta continuidad.   Convierte la innovación en un espectáculo de inevitabilidad, una visión de abundancia que oculta sus cimientos desiguales.

2

Ese espectáculo depende de la persuasión.   Expresiones como inteligencia manifestada, la próxima frontera del billón de dólares o transformación inevitable no son descripciones, sino estrategias de mercadotecnia.   Presentan el beneficio como destino e invitan a participar no en el descubrimiento, sino en la especulación.   Cifras como “80 billones” o “25.000 % de retorno” se repiten en los medios como profecías, transformando las previsiones financieras en certezas morales.   Esta retórica moldea la imaginación pública:   la IA deja de ser una herramienta para resolver problemas humanos y se convierte en un fenómeno financiero—una historia sobre riqueza más que sobre comprensión.

3

Estas promesas no marcan un nuevo comienzo.   Repiten el mismo ciclo que acompañó a cada gran invención.   La Revolución Industrial transformó el trabajo pero profundizó las divisiones sociales.   La revolución digital difundió la información pero concentró la propiedad.   La IA entra ahora en esa historia como su expresión más reciente.   Su capacidad para ampliar el conocimiento y servir al bien común es real, pero su primera lealtad sigue siendo el lucro.   Dentro de las estructuras existentes, acelera la acumulación de capital en lugar de corregir su desequilibrio.

4

Los mecanismos de esa concentración son visibles.   Los modelos propietarios cercan el conocimiento tras muros de pago y patentes.   Los datos recolectados del público se convierten en propiedad privada.   El costo de la potencia informática y del talento especializado limita quién puede participar.   El resultado es previsible:   la mayoría experimentará la IA no como empoderamiento, sino como dependencia.   Lejos de reducir la desigualdad, la incorpora a la infraestructura del futuro.

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Esta dirección resulta más inquietante frente a las necesidades urgentes del mundo.   Miles de millones de personas aún viven sin acceso confiable a alimentos, salud o educación—condiciones que la tecnología podría transformar pero rara vez aborda.   Los usos más rentables de la IA optimizan la publicidad, manipulan el comportamiento y amplían la vigilancia.   No son accidentes; son la consecuencia lógica de un sistema que valora la rentabilidad por encima del bienestar humano.   Cuando el progreso se mide solo por el valor para el accionista, la tecnología pierde su brújula moral y la sociedad pierde su sabiduría.

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Un uso más reciente y peligroso de estos sistemas ha surgido en la esfera política.   Las mismas herramientas que dirigen anuncios ahora dirigen conciencias.   Gobiernos de tendencia autocrática han comenzado a utilizar modelos generativos para inundar el discurso público con contenidos persuasivos, borrar la frontera entre verdad y ficción y cultivar obediencia mediante la simulación.   Informes recientes muestran cómo oficinas ejecutivas emplean la IA para redactar mensajes políticos, amplificar medios afines y silenciar voces disidentes.   Tales prácticas convierten la inteligencia en propaganda y los datos en dominación.   Cuando un Estado puede administrar algorítmicamente la percepción, la democracia se convierte en representación teatral.   La concentración de la riqueza converge así con la concentración de la creencia—cada una reforzando a la otra.

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Ya hemos visto este patrón.   En cada era tecnológica, la riqueza se transforma en poder político y luego utiliza ese poder para protegerse.   Los magnates ferroviarios consolidaron monopolios en el siglo XIX.   Las potencias petroleras moldearon la política exterior en el XX.   Hoy, los conglomerados digitales redactan las reglas que mantienen su dominio.   La IA sigue la misma fuerza gravitacional, guiada menos por visión humana que por la inercia del capital.

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En el orden actual, la unión del poder tecnológico y la especulación financiera ya no produce descubrimiento, sino dependencia.   La riqueza circula dentro de una economía cerrada de influencias, recompensando a quienes diseñan los mecanismos de acceso en lugar de a quienes amplían el alcance del conocimiento.   Lo que aparece como innovación suele ser un ensayo del privilegio:   un intercambio de capital entre los mismos centros de autoridad, cada uno validando al otro mientras la sociedad asume el costo.   Cuando la creatividad se convierte en garantía y la inteligencia en arrendamiento, el progreso deja de servir al público y empieza a servirse a sí mismo.

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La ilusión más seductora que sostiene este orden es la del mito de la inevitabilidad:   la creencia de que el avance tecnológico debe producir desigualdad y que nadie es responsable del resultado.   Es una ficción útil, pues exime a los poderosos del escrutinio moral al convertir la explotación en destino.   Pero la inevitabilidad es una elección disfrazada de naturaleza.   Las sociedades siempre han dado forma al uso de la tecnología mediante sus leyes, sus valores y su coraje para intervenir.   Aceptar la desigualdad como destino es renunciar a esa responsabilidad.

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Rechazar la inevitabilidad implica recuperar la idea misma de progreso.   La innovación no es progreso si no amplía la libertad y la seguridad humanas.   Ello requiere dirección deliberada—mediante inversión pública, impuestos justos, estándares transparentes y cooperación internacional.   No son obstáculos al crecimiento; son las condiciones que lo hacen justo y sostenible.   Los mercados por sí solos no garantizan justicia, y la tecnología sin ética no es avance, sino aceleración sin rumbo.

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Medir el progreso de otro modo transformaría lo que celebramos.   Si un sistema de IA reduce errores médicos en comunidades pobres, fortalece la educación donde faltan recursos o mejora la participación democrática, su valor supera al de aquel que solo aumenta los márgenes de ganancia.   La verdadera medida de la inteligencia—artificial o humana—es el bien que aporta al mundo.   El beneficio es solo una forma de valor; la dignidad humana es otra.

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En el centro de este orden persiste una hipocresía silenciosa.   Se elogia la riqueza como recompensa al esfuerzo y la inteligencia, pero depende de la extracción constante de valor de otros—del trabajador, del consumidor, del entorno.   Lo que parece mérito suele descansar en la desigualdad disfrazada de eficiencia.   El mismo patrón define a la inteligencia artificial.   Construida a partir del conocimiento y la creatividad humanos, se encierra en sistemas que venden el acceso a lo que fue dado libremente.   Ambas formas de acumulación—la financiera y la tecnológica—obtienen su poder de los mismos recursos que agotan:   el trabajo, la atención y la imaginación humanos.   Al pretender impulsar a la sociedad, reproducen la inequidad que convierte la vitalidad en estancamiento—la inversión de lo que el progreso debería ser.

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El discurso febril sobre oportunidades de billones pertenece a un vocabulario antiguo:   el lenguaje de la extracción confundido con el de la evolución.   La cuestión esencial es si la inteligencia seguirá sirviendo a la riqueza o empezará a servir a la humanidad.   La inteligencia artificial ofrece esa elección:   repetir la lógica que durante siglos confundió acumulación con progreso, o construir un futuro en que el conocimiento y la prosperidad se compartan.   Esa decisión no surgirá por sí sola; depende de lo que las sociedades exijan, de lo que los gobiernos regulen y de los valores que definan el éxito.   La ventana para decidir sigue abierta, aunque se estrecha cada vez que el lucro habla más alto que la conciencia.

Las observaciones anteriores se refieren a las consecuencias de la extracción.  La lógica institucional que produce estas consecuencias pertenece a un patrón histórico más amplio dentro del desarrollo económico moderno.  Ese patrón se examina por separado en La lógica de la extracción.


« Melania »

March 10, 2026

Ricardo F. Morín

10 de Marzo de 2026

Oakland Patrk, Florida

El documental Melania se desarrolla dentro del paisaje ceremonial que rodea el regreso de Donald Trump a la presidencia.  La voz de Melania Trump conduce el hilo narrativo.  Comienza con un relato de herencia.  Atribuye a la fortaleza serena y a la devoción de su madre por la familia el haber formado a la persona que ha llegado a ser.  Presenta esa herencia como el fundamento de su papel público.

Esa afirmación de su origen se sitúa dentro de escenarios que despliegan su significado.  En la Catedral de San Patricio un sacerdote ofrece su bendición.  El momento entra en el lenguaje de la ceremonia nacional.  Melania declara que usará su influencia y su poder para defender a quienes lo necesiten.  Vincula esa promesa con la disciplina que guió su carrera anterior en París y Milán, donde altos estándares personales moldearon sus primeras ambiciones.

Desde la catedral la narración pasa a la transferencia de autoridad.  El presidente Joe Biden y Jill Biden acompañan a Donald Trump y Melania Trump hacia la Casa Blanca.  La procesión avanza dentro de la coreografía conocida de la investidura.

En ese momento un reportero irrumpe desde la línea de prensa y lanza una pregunta:  “¿Sobrevivirá Estados Unidos al próximo presidente?”  Su resonancia concede a la secuencia una franqueza inesperada.

La narración vuelve entonces a la voz de Melania cuando entra en la Rotonda del Capitolio.  Describe el momento como el punto de encuentro entre la historia nacional y su propio recorrido como inmigrante.  Habla de derechos que deben protegerse y de una humanidad compartida entre orígenes distintos.

Cuando la ceremonia avanza hacia el juramento presidencial a la Constitución, Jill Biden permanece centrada en el encuadre de la cámara hasta que Tiffany, hija de Trump, da un paso al frente y la bloquea de la vista.

Donald Trump presta entonces juramento.  Anuncia que una edad dorada comienza de inmediato.  Promete prosperidad nacional, respeto internacional y la restauración de una justicia imparcial bajo el estado constitucional de derecho.  Nombra la paz y la unidad como las marcas de su legado futuro.

Aunque la producción lleva el nombre de Melania, el material ante la cámara consiste en ceremonia, lenguaje preparado y exhibición pública.  En tales condiciones un retrato no puede revelar a una figura privada.  Registra el papel simbólico que se le asigna dentro del espectáculo que rodea el regreso de Trump al poder.

Trump le dice que parece una estrella de cine.  La cámara vuelve sucesivamente a su rostro.  El intento de suavizar su belleza no tiene éxito.  Sus ojos se estrechan.  La línea de su boca se tensa en un gesto que rehúsa la facilidad de una sonrisa ceremonial.

La reiterada presencia de zapatos de tacón de aproximadamente doce centímetros pasa a formar parte de la composición visual.  El efecto sugiere un intento de acentuar la presencia física en un entorno donde la estatura ya está construida simbólicamente. 

Vistas desde el segundo año del segundo mandato de Trump, las promesas escuchadas a lo largo del documental:  fidelidad constitucional, respeto por los derechos, orgullo por la contribución del inmigrante a la vida nacional, y la afirmación de que la pluralidad permanece unida dentro de una comunidad cívica común, contrastan con la conducta de gobierno que siguió.

El montaje conserva así algo más que un retrato de Melania Trump.  La ceremonia enmarca el poder con un lenguaje tomado de la herencia, del deber constitucional y de la unidad cívica.  Cuando los acontecimientos ponen a prueba las promesas unidas a ese lenguaje, la ceremonia permanece mientras la sustancia se debilita.

La belleza, la piedad y el simbolismo patriótico ocupan el primer plano de la ceremonia y conceden al momento dignidad y continuidad.  Cuando el registro del gobierno entra en el encuadre, esos mismos elementos permanecen después de que las promesas unidas a ellos han fracasado.  El documental deja la imagen de la superficie sobre la cual esas promesas fueron escritas.

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Epílogo

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El documental no construye un lenguaje capaz de reconocer su propio artificio.  La ceremonia permanece en el nivel de la presentación.  No se transforma en representación consciente.

Precedentes artísticos en el género documental y en el tema literario del poder gubernamental han mostrado que el poder puede ser expuesto a través de su propia teatralidad.  Cuando ese lenguaje se establece, el espectáculo se vuelve legible como construcción.  El artificio deja de ocultarse y pasa a formar parte del significado.

Aquí ocurre lo contrario.  La escenografía, el vestuario, la coreografía y el discurso se presentan sin distancia.  No hay un registro que permita observarlos como construcción.  El resultado no es una interpretación del poder, sino su reiteración.

La condición misma de la obra contribuye a este resultado.  Se trata de una producción comisionada.  Su costo, cercano a los 48 millones de dólares, intensifica la presentación de la superficie sin ampliar el campo del lenguaje.

Esa circunstancia modifica el sentido de lo que se ve.  La ceremonia conserva sus formas, pero pierde la capacidad de producir conciencia sobre sí misma.  El lenguaje sigue enunciando legitimidad, pero no alcanza a examinarla.

La producción, sin proponérselo, deja expuesta esa insuficiencia.  No revela el artificio del poder.  Muestra, en cambio, un poder que no dispone del lenguaje necesario para reconocerse como artificio.

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« Desenmascarar la desilusión: Serie IV »

March 4, 2026

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“Alegoría geométrica”, pintura digital © 2023 de Ricardo Morin (artista visual estadounidense nacido en Venezuela, 1954)

Ricardo F. Morín

25 de diciembre de 2025

Oakland Park, Fl.

Esta entrega de « Desenmascarar la desilusión » presenta la primera parte del Capítulo XII, « La cuarta señal ».    Abarca las §§ 1–9 bajo el título Autocracia, sentando las bases conceptuales e institucionales necesarias para las secciones siguientes.    El capítulo continúa en entregas posteriores, que abordan « Venezuela » (§§ 10-25) y « La asimetría de las sanciones » (§§ 26-34).

La cuarta señal

Autocracia

1

La justificación para un debate sobre la autocracia y la democracia surgió de ideas que emergieron en los siglos XVII y XVIII, las cuales proporcionaron una visión de los fundamentos de la gobernanza contemporánea.    John Locke, en sus Dos tratados sobre el gobierno [1689], sostuvo que la autoridad política legítima se derivaba del consentimiento de los gobernados.    El énfasis de Locke en los derechos naturales (vida, libertad y propiedad) y en su concepto de contrato social —según el cual la función principal del gobierno es proteger esos derechos— sentó las bases de la gobernanza democrática moderna.    Al defender el Estado de derecho, Locke ofreció un claro contraste con la autocracia.    Jean-Jacques Rousseau, en Du contrat social [1762], contribuyó a la teoría democrática con su concepto de voluntad general, en el que sostuvo que la soberanía residía en el pueblo y que los gobiernos debían rendir cuentas ante esa voluntad general.    Rousseau analizó la autocracia como una forma de tiranía que vulneraba los principios de la soberanía popular.   Así anticipó el paso del gobierno monárquico a la democracia participativa.

2

Montesquieu, en De l’esprit des lois [1748], afirmó que los gobiernos democráticos se basaban en la soberanía popular, mientras que los gobiernos autocráticos se fundaban en el miedo y la obediencia.    Introdujo la idea de la separación de poderes, que se convirtió en una arquitectura fundamental de la democracia.    Su énfasis en el sistema de pesos y contrapesos contrastaba con los regímenes autocráticos, en los que el poder se concentraba en un solo gobernante o institución.    Su obra influyó en diseños constitucionales posteriores, en particular en los Estados Unidos de América y en Francia.

3

El siglo XIX estuvo marcado por revoluciones políticas, el auge del nacionalismo y la expansión de las monarquías constitucionales.    Aunque se produjeron desarrollos importantes, como la ampliación del sufragio y la evolución del gobierno representativo, el andamiaje filosófico ya se había establecido en gran medida en el siglo anterior.    El siglo XIX se centró más en la aplicación de estos principios que en su desarrollo teórico.   Pensadores como Alexis de Tocqueville y Karl Marx aportaron análisis críticos, pero su atención a la práctica (la democracia en América o la lucha de clases en general) se construyó sobre teorías previas más que en una nueva comprensión de la gobernanza.

4

Se ha dicho que, en algunos casos, los déspotas benévolos sirven al bien común, aunque John Stuart Mill, en On Liberty [1859] (capítulo 1, “Introductory”, 4–5), aclaró que ello solo podía considerarse cierto, y de manera limitada, en el contexto de las libertades civiles cuando esa supuesta benevolencia favorecía la democracia participativa:

“By Liberty was meant protection against the tyranny of political rulers. . . . Their power was regarded as necessary but also as highly dangerous. . . . The aim, therefore, of patriots, was to set limits to the power which the ruler should be suffered to exercise over the community; and this limitation was what they meant by liberty.”

Mill sostuvo que, desde la Antigüedad, la libertad cívica se ha defendido para impedir la tiranía de la mayoría o el abuso de poder.    Por ello consideró que la autocracia era intrínsecamente defectuosa, al concentrar poder sin responsabilidad.

5

En el siglo XX, Polyarchy [1971], de Robert A. Dahl, introdujo el concepto de poliarquía para describir sistemas de gobierno que, aunque imperfectos, ofrecían mayores niveles de participación ciudadana.    Para Dahl, la democracia no consistía únicamente en la existencia de elecciones; también exigía pluralismo que permitiera a la ciudadanía participar.    Este rasgo distingue a la democracia del autoritarismo.    Su análisis examina el funcionamiento de las democracias e introduce elementos mensurables que diferencian la gobernanza democrática de la autocracia.

6

En el siglo XXI, Juan J. Linz y Larry Diamond han continuado esta línea de pensamiento al explorar las condiciones en las que las democracias fracasan y surgen las autocracias.   La obra de Linz, Totalitarian and Authoritarian Regimes [2000], se ha centrado en el colapso de los regímenes democráticos y en el concepto de autoritarismo.    Ha explicado que la tensión entre democracia y autoritarismo es fundamental para entender la fragilidad de las democracias y cómo pueden degradarse hasta devenir un régimen autocrático bajo un solo líder.   De forma paralela, Larry Diamond, en The Spirit of Democracy: The Struggle to Build Free Societies Throughout the World [2008] y In Search of Democracy [2015], se ha ocupado del retroceso democrático, esto es, del deterioro gradual de democracias que han dado paso a formas de autoritarismo.    Tanto Linz como Diamond han subrayado la importancia de las instituciones, de la sociedad civil y del Estado de derecho para la preservación de la democracia.

Los principios constitucionales expuestos en la discusión anterior establecen un marco en el cual la autoridad se distribuye, se limita y se hace responsable.  Sin embargo, el funcionamiento de ese marco introduce una cuestión distinta:  cómo los sistemas diseñados para limitar el poder se adaptan cuando se enfrentan a condiciones que requieren decisiones inmediatas.  La transición del gobierno monárquico al representativo no eliminó la necesidad de decidir.  Reubicó esa necesidad dentro de una estructura destinada a contenerla.  La tensión entre norma y decisión persiste, por tanto, no como un defecto, sino como una condición inherente al gobierno mismo.

Esta tensión se hace visible en momentos de crisis, cuando el ritmo de los acontecimientos supera la capacidad de los procedimientos.  En Venezuela, los estados de excepción y emergencia económica han sido invocados repetidamente en respuesta a la inestabilidad política y económica, otorgando al poder ejecutivo una autoridad ampliada para actuar sin mediación legislativa ordinaria.  Estas medidas se han justificado mediante referencias a amenazas externas, desorden interno y la preservación de la estabilidad nacional.  En tales circunstancias, la decisión no se sitúa fuera del orden constitucional;  opera dentro de él, aunque bajo condiciones alteradas.  La excepción comienza como una respuesta a la necesidad.

Lo que comienza como una respuesta a la necesidad puede, mediante su repetición, adquirir un carácter distinto.  Las medidas introducidas bajo condiciones de urgencia no siempre desaparecen cuando esas condiciones se estabilizan.  En Venezuela, el uso reiterado de leyes habilitantes y decretos de emergencia ha permitido que la gobernanza se ejerza mediante decisiones ejecutivas en ausencia de acuerdos legislativos sostenidos.  Con el tiempo, la excepción ha pasado de ser una respuesta temporal a convertirse en un instrumento disponible.  El lenguaje de la necesidad se extiende más allá de su ámbito original, y la excepción se convierte en un método de gobierno.

Este desplazamiento no requiere la suspensión formal de la ley.  Las instituciones permanecen y los procedimientos continúan.  Sin embargo, su función comienza a cambiar.  Los órganos administrativos y judiciales participan en esta reorientación, ya que las interpretaciones de la autoridad constitucional permiten la continuidad de medidas excepcionales más allá de su alcance inicial.  La ley persiste, pero su aplicación se vuelve cada vez más dependiente de la dirección ejecutiva.  Lo que surge no es la desaparición de la legalidad, sino su reconfiguración, en la cual la distinción entre autoridad formal e implementación práctica pierde estabilidad.

La extensión de la excepción como método de gobierno introduce un límite que surge de su propio uso.  La distinción entre lo ordinario y lo excepcional es lo que da sentido a la excepción.  Cuando el lenguaje de la necesidad se invoca repetidamente en distintos ámbitos, esa distinción comienza a perder claridad.  Las medidas que antes se justificaban como respuestas temporales aparecen con mayor frecuencia, y su repetición altera el marco en el cual se comprenden.  Lo que se introdujo para enfrentar interrupciones se convierte en práctica habitual.  La discrecionalidad se expande, pero sus criterios se vuelven menos discernibles.  La excepción se debilita por su extensión, a medida que la condición que debía identificar se vuelve indistinguible de la gobernanza ordinaria.

Este límite interno tiene implicaciones que van más allá del diseño institucional.  Cuando la excepción deja de ser temporal, las restricciones que antes regulaban su uso comienzan a debilitarse.  Las decisiones justificadas en el lenguaje de la necesidad dejan de remitirse a un marco estable capaz de evaluarlas.  En tales condiciones, prácticas introducidas bajo alegatos de urgencia —como la restricción de la sociedad civil, la expansión de medidas de seguridad o la concentración de autoridad administrativa— pueden persistir sin criterios claros de limitación.  Lo que sigue no es una transformación inmediata, sino una reorientación gradual en la cual la concentración de la decisión se vuelve más fácil de justificar y más difícil de resistir.

7

Otro pensador, Timothy Snyder, ha enfatizado el papel de la confianza y la transparencia en el funcionamiento de la democracia.    En The Road to Unfreedom [2018] y On Tyranny [2017], Snyder ha argumentado que la erosión de la confianza institucional —tanto en el poder judicial como en los medios de comunicación— es una táctica recurrente del autoritarismo.    Explica cómo los líderes autocráticos manipulan las instituciones sociales al convertirlas en instrumentos de propaganda con una mera fachada de gobierno.

8

La relación entre un gobernante autocrático y el pueblo puede describirse como transaccional:  el autócrata proporciona seguridad y estabilidad a cambio de la lealtad de los ciudadanos y de sus libertades.  Los ciudadanos se convierten en instrumentos para el mantenimiento del poder.  El líder cultiva una imagen que fomenta la devoción y refuerza la dependencia, a menudo mediante el lenguaje de protección y necesidad nacional.  Lo que comienza como una forma de tranquilidad en momentos de incertidumbre reduce gradualmente la rendición de cuentas, en la medida en que la concentración de la decisión se acepta como condición para el orden.

9

Una democracia sigue siendo viable solo cuando el Estado es capaz de limitarse a sí mismo y de no aprovechar su propio poder y privilegio.  Esto nos conduce al tema en cuestión, que es el desafío que enfrentan países como Venezuela, donde los líderes políticos han debilitado la autoridad de la ley al eximirse de sus propias restricciones.  El marco diseñado para contener el poder no se abandona formalmente.  Se reinterpreta gradualmente, hasta que la distinción entre norma y excepción deja de operar como límite y pasa a funcionar como justificación.


« Admitir y negar la alteridad en la vida religiosa y democrática »

March 1, 2026
Ricardo F. Morín
Infinito 32
33 x 39 cm
Óleo sobre lino
2009

Ricardo F. Morín

16 de febrero de 2026

Oakland Park, Fl

La creencia religiosa y la vida democrática suelen encontrarse dentro de sociedades diversas en las que las tradiciones, los rituales y las identidades visibles difieren, aun cuando las personas comparten preocupaciones éticas más profundas.  Las personas recurren a la religión en busca de sentido y conciencia, mientras que la vida democrática les pide convivir con otros cuyas prácticas y expresiones pueden variar.  La tensión se hace visible cuando las distinciones superficiales influyen más en la percepción que aquello que se comparte en términos éticos, y cuando alguien comienza a reclamar autoridad sobre el espacio común de los demás.

La pluralidad constituye una condición constante de la vida democrática.  Las personas hablan, escuchan y responden en reuniones públicas, espacios cívicos, intercambios digitales y encuentros cotidianos donde se cruzan límites y libertad de expresión.  Las formas de expresión que invitan a responder, permiten el desacuerdo o abren espacio para reconsiderar posiciones pueden sostener la convivencia, mientras que aquellas formuladas como acusación, exclusión o certeza moral definitiva tienden a estrecharla.  La vida política cambia según ventajas momentáneas y circunstancias inmediatas, mientras que la conciencia religiosa suele orientar a las personas hacia criterios que no se modifican con cada nuevo conflicto.  Los individuos se desplazan entre estas dos exigencias y rara vez resuelven plenamente la tensión que las une.  El juicio religioso y el juicio político pueden alinearse y permanecer abiertos al desacuerdo, aun cuando las personas recurran a marcos morales que dan forma a su conducta y a sus tradiciones.

La expresión religiosa aparece con frecuencia en la vida pública mediante apelaciones a la equidad, la responsabilidad y la dignidad de las personas.  Tales expresiones influyen en la manera en que se formulan las reivindicaciones sin exigir coincidencia doctrinal ni lingüística.  Cuando el lenguaje religioso participa en la conversación pública como parte de un vocabulario ético compartido, puede ampliar el reconocimiento sin exigir uniformidad de creencias.  Las personas pueden no coincidir en sus convicciones, pero suelen reconocer similitudes en el uso de un lenguaje moral común.  En ocasiones, las comunidades religiosas reconocen similitudes éticas que atraviesan distintas tradiciones y permiten que la pluralidad siga siendo practicable dentro de ese reconocimiento.  Cuando las presiones partidistas reformulan la diferencia como amenaza, elementos como credo, raza o cultura se convierten en líneas divisorias, y la percepción de cualquier terreno compartido se desvanece.

La dificultad surge cuando la identidad religiosa se vuelve inseparable de la identidad partidista y cuando el lenguaje público adopta la forma de acusación en lugar de examen mutuo de las ideas.  En tales circunstancias, la libertad de expresión se interpreta con mayor frecuencia como rechazo personal más que como diferencia cívica.  Los participantes comienzan a tratar la expresión como una ofensa individual en vez de comprenderla como parte del intercambio ordinario de la vida pública.

Otra condición aparece cuando los ciudadanos continúan reconociéndose como participantes legítimos pese a diferencias que permanecen sin resolver.  La convicción religiosa configura la conciencia, mientras que la vida democrática mantiene un espacio donde pueden coexistir reivindicaciones en competencia sin recurrir a la coerción.  Las personas se mueven entre estas esferas, a veces con comodidad y otras con tensión, ajustando límites, ampliando o restringiendo la participación y renegociando la convivencia con el paso del tiempo.

Las personas continúan transitando entre la convicción religiosa y la participación democrática sin resolver definitivamente la tensión que existe entre ambas.  Algunas trazan límites más firmes, otras amplían el espacio para la coexistencia y muchas alternan entre ambas posiciones con el tiempo.  La tensión permanece visible no como un problema que deba resolverse, sino como parte de la forma en que las personas se comprenden a sí mismas, reclaman autoridad y viven con responsabilidad junto a otros dentro de un mundo cívico compartido.