Ricardo F. Morín Concesión Imagen generada por ordenador (CGI) 2026
Cuando un Estado no existe para la prosperidad de quienes lo habitan sino para administrar su dependencia, el gobierno no garantiza el ejercicio de las libertades: lo dosifica, y de esa dosificación vive quien gobierna. El recurso común, sea tierra, subsuelo o trabajo, no se protege en nombre de todos; se custodia en beneficio de su custodio. Lo que se llama protección colectiva es la forma pública de una apropiación privada.
Entonces la empresa libre aparece como una amenaza antes que como una posibilidad. La inversión que compite, la propiedad que no procede del favor y el individuo que produce por cuenta propia establecen un margen de independencia frente al reparto. El gobernante que vive de la dádiva no puede tolerar esa independencia. Su enemistad con el mercado encuentra justificaciones doctrinales, pero cumple una función precisa: impedir que la prosperidad deje de pasar por sus manos.
Por eso se habla tanto del productor y se le encuentra tan poco. Se elogia al puñado de personas que perseveran a pesar de las restricciones, y el elogio mismo confirma la rareza. Donde la propiedad y la autonomía de quien produce quedan a merced del poder, el elogio funciona como una forma de despedida.
La sucesión en el poder no altera por sí sola esa administración. Quienes se oponen al gobernante suelen oponerse a su persona y no a su oficio: aspiran al mismo despacho, con las mismas atribuciones, para distribuir las mismas dádivas entre las mismas multitudes. La transición se concibe como un relevo, y el relevo deja intacto el reparto.
En Venezuela, la economía depende desde hace décadas del petróleo. Cuando los ingresos de ese recurso común quedan bajo el arbitrio del gobernante, la prosperidad se administra como una concesión, y la concesión puede retirarse. El que se va lo sabe. La partida de millones no es un argumento: es el registro de lo que la permanencia exigía.
Se habla de justicia mientras los pobres están peor que antes. Se habla de revolución mientras el delito ocupa cada sector de la vida pública. El vocabulario de la decencia sobrevive a la decencia, y su supervivencia la parodia. El nombre del sistema encubre la subordinación de sus promesas a un solo fin: la permanencia de quienes gobiernan.
Mi padre escribió en 1947 una tesis doctoral en ciencias políticas titulada « Capital humano ». No llegué a leerla antes de su muerte, en 1997. Lo que conocí de sus convicciones lo conocí en su conducta: en la paciencia con que, frente al Estado, esperaba el momento oportuno para presentar su defensa.
Una vez, cuando yo tenía siete años, lo oí decirle a su agente inmobiliario que si alguna vez la libertad y la propiedad estuvieran amenazadas por un sistema populista, habría que sacrificar la vida. Lo dijo en mi presencia, sin dirigirse a mí. Con el tiempo comprendí que no hablaba de lo que había acumulado. Hablaba de la posibilidad de perder lo que no puede acumularse: la dignidad de no deberle la existencia a quien gobierna. Para él, la vida bajo esa deuda no era vida. Murió antes de que llegara lo que temía.
Reconocer la amenaza no basta para sustraerse a ella. Quien vive bajo tutela, sin la convicción que sostenía a mi padre, puede comprender su condición y desconfiar de su capacidad para modificarla. El agotamiento precede entonces a la renuncia: la voluntad se retrae porque su ejercicio parece inútil. La ira se descarga en la queja, y la queja sirve de justificación a la inacción. Su resentimiento tiene causa y no conduce a ninguna parte. Busca la inmediatez porque el porvenir le ha sido administrado por otros; rehúye nuevos sacrificios porque ha visto confiscado el fruto de los anteriores. La responsabilidad persiste, pero la experiencia reiterada de no poder ejercerla alimenta la convicción de no tenerla.
Hay un punto en que la privación estrecha incluso la idea de lo que puede reclamarse. El cuerpo pasa hambre, la mente se concentra en la urgencia, y la protesta pide al custodio una dádiva mayor. La abyección se instala cuando ese custodio es reconocido como dueño legítimo de lo que reparte. La voluntad subsiste, pero actúa dentro de unos límites que no discute. El poder ya no necesita imponer cada renuncia: quien depende de él ha aprendido a anticiparla.
El rechazo de mi padre no se agotaba en el régimen que temía: alcanzaba la disposición a aceptar que la existencia propia sea una concesión. Esa disposición no pertenece a un sector ni a una clase. El gobernante la exige de otros; el favorecido la acepta mientras conserva su ventaja; el opositor la prolonga cuando aspira a administrar el mismo reparto. Sus posiciones no les confieren el mismo poder ni les imponen la misma responsabilidad. El reparto perdura mientras el derecho a conceder sólo se discute para decidir quién lo ejercerá.
Silence III de Ricardo Morín 22″ × 30″ Acuarela, grafito, gesso y acrílico sobre papel 2010
I. La ciudad de vidrio y plata
Desde el balcón, la ciudad se le ofrecía a Astra como se ofrecía a todo el que pudiera pagarse la altura: entera, luminosa, compuesta, como si la hubieran dispuesto esa misma tarde para que ella la inspeccionara y fueran a guardarla otra vez en cuanto entrara. Las torres guardaban su orden de plata. La luz corría por las avenidas. A esa hora, que no era ni tarde ni noche sino el largo crepúsculo que la ciudad había aprendido a sostener, el horizonte ardía con tal constancia que las estrellas, según había comentado ella una vez en una cena, parecían avergonzarse de asomar; y el comentario se había repetido, y admirado, y publicado con su nombre, de modo que hacía tiempo que había dejado de parecerle algo que hubiera visto.
Y sin embargo lo había visto. En eso consistía la extrañeza de la noche, si es que había alguna: se sorprendía viendo otra vez lo que ya había dicho.
Abajo, la gente se movía por las calles con la soltura de quienes se creen cuidados. Durante años sólo la había conocido así, como un movimiento de luz a gran distancia, y había sabido lo que quería porque le habían pagado, de una forma u otra, para decírselo. Bitcóin había sido la palabra. La había pronunciado en salones como el que tenía a la espalda y en pantallas que llevaban su rostro a salones donde nunca entraría, y la había pronunciado bien: libertad sin permiso, riqueza sin amo, las viejas jerarquías disueltas en un registro que no pertenecía a nadie. Lo había creído como se cree un papel que se representa cada noche, es decir, con una convicción que nunca le exigió mirarla de frente.
Lo nuevo, y ella le daba vueltas a la observación con algo más cercano a la curiosidad que a la alarma, no era que la promesa se hubiera adelgazado. Siempre había sabido que una promesa, vendida a suficiente gente, tiene que adelgazarse. Era más bien que ahora podía oír cómo se adelgazaba: una leve sordina bajo la melodía, una nota sostenida una fracción de más, la clase de defecto que uno advierte primero en una función que uno mismo ha dado.
El aire traía su perfume de siempre. Era caro, y estaba rancio, y nunca hasta entonces se había permitido juntar las dos palabras.
Nexys había construido la ciudad, o había dejado que se dijera tantas veces que la diferencia ya no importaba. Su nombre estaba en el vidrio. El nombre de ella, con su insinuación de estrellas, le había agradado por cómo sonaba; pero era su linaje lo que él había querido, eso siempre lo había entendido: una historia familiar de hombres que habían gobernado sin que nadie cuestionara su autoridad. Él la había mirado una vez, al principio, por encima de una mesa, con el interés franco de quien tasa unos cimientos. Ella había admirado esa franqueza. La había tomado por una especie de honradez, y quizá lo había sido.
No habría dicho, si alguien se lo hubiera preguntado en el balcón, que algo hubiera cambiado. Nadie se lo preguntó. El viento le movía el pelo y ella lo dejaba, porque a los teleobjetivos de las torres de enfrente les gustaba su pelo movido por el viento, y porque hacía tiempo que había dejado de distinguir entre lo que hacía para ellos y lo que hacía.
Había, no obstante, en las calles que sólo últimamente había empezado a mirar de frente, figuras a las que la luz no favorecía: gente sentada donde nadie se sentaba, en los portales de tiendas que vendían cosas que no podían comprar. Estaban las casas de cambio bajo las casas de cambio, donde las promesas cambiaban de manos en lugar del trabajo. Había sabido de ellas como se sabe del tiempo que hace en una provincia lejana. Ahora sabía de ellas como sabía de los rostros de sus propias recepciones, y la comparación, que no había invitado, se negaba a marcharse.
Lo que más advertía, y lo advertía sin quererlo, era la manera en que la miraban. Durante años la mirada de la multitud había sido admiración, y ella la había llevado como llevaba el crepúsculo de la ciudad, como una luz que daba la casualidad de caerle encima. Últimamente había cambiado. Era más paciente que la hostilidad: la mirada, según le parecía, que se le dirige a una figura en un escenario cuando uno ha empezado a adivinar el desenlace.
Entró. La sala estaba templada; el vidrio se cerró a su espalda sin ruido; y la ciudad quedó tan compuesta como antes, cosa que, pensándolo bien, descubrió que esperaba.
II. El espectáculo
El salón estaba iluminado para él, como lo estaban todos. La luz caía en cantidades medidas sobre el mármol y volvía de él a los rostros, y los rostros se volvían hacia las puertas, como estaba dispuesto que lo hicieran.
Astra estaba cerca del centro y apartada de él. Hacía mucho que dominaba el arte de ser a la vez el adorno de la ocasión y su testigo, y lo ejercía ahora con la soltura de siempre y una atención nueva. Oía las voces subir y bajar en su devoción. Sentía sobre sí la mirada del salón y la medía, como siempre la había medido, por la calidad de su consideración. Antes había sido luminosa. Antes no había pedido más que el permiso de admirar. Esta noche pedía algo que al principio no supo nombrar, y luego, con un pequeño sobresalto interior, sí: esperaba.
No su ascenso. Eso ya había ocurrido.
Nexys llegó a la manera de un hombre que ha ensayado la espontaneidad: una pausa en el umbral, una sonrisa que iba desplegando poco a poco, una mano alzada hacia las cámaras como si acabara de reparar en ellas. El aplauso creció para recibirlo. Y entonces, de un extremo a otro del salón, sus ojos encontraron los de ella, y pasó entre ellos algo que ningún otro de los presentes habría podido ver.
No era admiración, y no era una orden. Ella no habría sabido decir qué era. Se desvaneció antes de que pudiera intentarlo.
Él vino hacia ella atravesando la gente. «Estás magnífica», dijo, y dejó que sus ojos se quedaran un momento más de lo que el cumplido requería. «Como siempre».
«¿Está todo en orden?».
«Va a ser perfecto». Miró a un lado, no a nadie, simplemente a un lado. «Siempre lo es».
Perfecto. La palabra cayó entre los dos como una moneda sobre vidrio y sonó, pensó ella, un poco falsa; y le llamó menos la atención la falsedad que el hecho de haberla oído. Ella misma había usado la palabra mil veces. Nunca la había escuchado.
Siguió adelante, y la gente se apartó, y ella la dejó apartarse. Hubo discursos. Se oyó elogiada en una frase que reconoció como una que ella misma había escrito, meses atrás, para otra ocasión. Sonrió donde se esperaba que sonriera. Fue consciente durante todo aquello de Nexys a su hombro, y de una distancia entre los dos que él no reconocería y que ella, según descubrió, no tenía ningún deseo de medir en voz alta.
Más tarde se quedó junto a la ventana, donde el ruido se adelgazaba. La ciudad, abajo, era indiferente al salón, como lo son las ciudades, con sus luces que seguían sin referencia al aplauso de nadie, y pensó en cuánto de lo que había llamado su mundo se sostenía con algo no más firme que el acuerdo de seguir mirándolo.
Oyó sus pasos y no se volvió.
«¿Disfrutas de la función?». Había burla en la pregunta, y bajo la burla algo más quebradizo, como si hubiera querido que saliera más ligera de lo que salió.
Ella se tomó su tiempo. «Siempre dijiste que todo esto era tu mundo».
«Lo es».
«Quizá nunca lo fue».
No contestó. Ella lo había visto contestarlo todo; lo había visto contestar cosas que aún no se habían dicho; y ahora estaba a su lado en un silencio que no había elegido, y ella lo vio descubrir que no tenía nada que poner en él. Volvió al salón. El aplauso siguió a su espalda sin interrupción.
No sintió, entonces, que hubiera ganado nada. Sintió más bien que había dicho algo antes de saber que lo creía, y que el decirlo le había informado de que sí.
III. El despacho
El mensaje llegó por la mañana, entre los otros que se habían ido acumulando en su pantalla durante la noche como visitas a las que nadie hubiera avisado de que ella no estaba. Ven al despacho. Tenemos que hablar de los próximos pasos. No había encanto en él. Había recibido muchísimos mensajes de Nexys y había leído en cada uno los pequeños adornos con que él vestía una orden, y advirtió su ausencia como se advierte una habitación de la que se ha retirado un mueble conocido.
El despacho era suyo en cada línea: madera oscura, metal frío, ángulos que no admitían la duda. Él estaba sentado tras el escritorio con una pantalla que le iluminaba la cara desde abajo, y sus dedos se movían sobre la superficie pulida con un ritmo que no parecía oír. No se levantó. Le indicó la silla.
«Siéntate».
Se sentó. Hacía mucho que había aprendido que las palabras eran instrumentos, y que las más eficaces eran las que uno se guardaba; lo había aprendido, reflexionó con un desapego que la sorprendió, sobre todo de él.
«Lo viste», dijo él. «Anoche. Cómo miraban».
«Sí».
«Cómo se han vuelto contra nosotros».
No corrigió la expresión. No era exactamente la expresión, pero se le acercaba bastante, y le interesó descubrir que él también lo había sentido: que la mirada que ella había supuesto que sólo ella advertía había sido advertida desde el otro lado.
Él empujó una carpeta sobre el escritorio. Dentro había planes, medidas, el lenguaje del orden: el murmullo sería atajado antes de crecer, la duda contestada antes de extenderse. Ella pasó las páginas y vio que los planes eran buenos, como siempre lo habían sido los de Nexys, y que iban dirigidos a una multitud que ya no existía en la forma para la que se habían trazado.
«No van a funcionar», dijo.
Él dejó caer la palma de la mano sobre el escritorio, y el ruido dio la vuelta a la habitación y regresó. «¿Crees que entiendes esto mejor que yo? Yo los hice creer. Yo lo hice todo. Y tú», y ahí se detuvo.
Ella lo vio detenerse. Vio llegarle el pensamiento, y vio que le había venido de la cara de ella y no de nada que ella hubiera hecho; y comprendió, un momento después que él, lo que él había visto allí.
«Ya no estás en esto», dijo él despacio. «¿Verdad?».
Habría sido fácil negarlo. Había negado cosas más grandes en esa silla. Lo que la sorprendió fue que la respuesta que le vino no fuera ni negación ni confesión, sino sencillamente la frase más verdadera de que disponía, y que no la hubiera compuesto ella.
«No creo que lo haya estado nunca», dijo. «No como tú lo entendías».
Se levantó. Él dijo algo a su espalda, y luego algo más alto, y ella oyó las palabras sin seguirlas, como se oye la lluvia contra una ventana en una habitación donde uno está leyendo. El ascensor la recibió. Las puertas se juntaron con su sonido suave, y en su acero pulido vio su propio rostro, compuesto, admirable, exactamente como había sido siempre; y se le ocurrió, mientras bajaba, que nunca lo había mirado todavía como lo miraría una desconocida.
IV. El café
No fue a casa. No habría sabido decir adónde quería ir; sólo que el ascensor la había dejado en la calle y no en el coche que esperaba bajo el edificio, y ella lo había permitido.
La ciudad en la que entró no era la que había contemplado desde el balcón. Era la misma ciudad, se recordó, y recordarlo no le sirvió de nada. Desde arriba las calles habían sido un movimiento de luz; a su propia altura eran estrechas, y estaban mojadas, y llenas de gente que no se movía en absoluto. Las torres, vistas desde abajo, no eran plateadas sino grises, y su vidrio no devolvía el cielo sino la calle, de modo que mirara donde mirara veía los portales y los desperdicios y, de vez en cuando, a una mujer con un buen abrigo que caminaba entre ellos y que era ella.
Nadie la miraba. La habían mirado durante tanto tiempo que al principio no supo identificar la sensación, y cuando lo hizo descubrió que no era alivio.
La pantalla se le encendió dos veces en el bolsillo. El primer mensaje era de él, y no lo abrió; lo que hubiera escrito iría dirigido a la mujer que esa mañana se había sentado frente a su escritorio, y ella aún no sabía si esa mujer era la que ahora caminaba. El segundo venía de un número que no conocía. Nombraba una esquina y nada más, y como no tenía ningún sitio adonde quisiera ir, fue.
El café estaba en una esquina donde dos calles se encontraban en un ángulo que los urbanistas de la ciudad, evidentemente, no habían previsto. Era oscuro, olía a café viejo y a humo más viejo aún, y tenía el aire, que ella reconoció de ciertas habitaciones de su infancia, de un lugar donde al tiempo se le permitía detenerse. Un letrero de neón en la ventana dejaba una mancha pálida sobre la mesa más cercana, y en esa mesa, de espaldas a la puerta, estaba sentada una mujer a la que Astra conocía.
La conocía como se conoce el mobiliario de una institución. La mujer había estado durante años en el borde de los actos de Nexys, nunca en el centro, siempre cerca: un rostro que aplaudía en los momentos oportunos, que sostenía puertas, que anotaba lo que se decía. Astra nunca había sabido su nombre. Se le ocurrió, de pie en el umbral, que nunca le había hecho falta, y el pensamiento no le resultó cómodo.
«Llega tarde», dijo la mujer, sin volverse.
Astra se sentó frente a ella. No se le ocurrió hasta después de haberlo hecho que no la habían invitado, o más bien que la habían invitado de un modo tan seguro que la invitación se había adelantado a su decisión de entrar.
«No sabía que tuviéramos una cita».
«No», convino la mujer. «No tenía por qué saberlo». Miró a Astra con un interés franco sin ser amable, el interés de quien confirma una descripción. «Pensé que a lo mejor huía. La gente lo hace, más o menos a estas alturas. Se van al extranjero una temporada, y vuelven, y descubren que nada de lo que dejaron ha cambiado, y lo agradecen».
«¿A qué punto se refiere?».
La mujer consideró la pregunta como si fuera una pregunta de verdad. «Al punto en que uno empieza a ver la habitación en la que ha estado todo este tiempo».
Astra no dijo nada. Le habían enseñado, y ella misma lo había enseñado, que el silencio en una negociación pertenece a quien sea capaz de soportarlo más tiempo; pero era consciente de que aquello no era una negociación, o no una cuyos términos entendiera, y de que su silencio era menos una táctica que una falta de algo que decir.
«Usted se cree la primera», siguió la mujer, con más suavidad. «Todos los que despiertan lo creen. Es la única vanidad que se nos permite a todos». Giró la taza un cuarto de vuelta sobre el platillo. «La vi venderlo, ¿sabe? Año tras año. Antes pensaba que usted era la única en esos salones que se lo creía».
«¿Y ahora?».
«Ahora pienso que era la única que lo necesitaba».
Lo dijo sin malicia, y era la ausencia de malicia lo que lo hacía difícil de recibir. Astra miró las manos de la mujer, que no eran jóvenes, y el puño de su abrigo, zurcido con cuidado, y oyó en lo que le estaban diciendo algo que no pudo descartar de inmediato: que la creencia había sido para ella y no para ellos; que a la multitud quizá le había bastado la función, y sólo la actriz había necesitado que fuera verdad.
«¿Por qué me dice esto?».
«Porque va a querer hacer algo», dijo la mujer. «La gente quiere, a estas alturas. Y prefiero que lo haga sabiendo lo que es».
«¿Y qué soy?».
La mujer casi sonrió. «Ahí está la pregunta, ¿no?».
Metió la mano en el abrigo y dejó un objeto pequeño sobre la mesa, entre las dos: un dispositivo oscuro, liso, sin marcas, no mayor que una pitillera. No lo empujó hacia Astra. Lo dejó exactamente en medio, donde no pertenecía a ninguna de las dos.
«Hay otros», dijo. «No muchos. No los que usted esperaría. Cuando use eso, sabrán que está lista. Lo que hagan entonces no depende de mí, y tampoco dependerá de usted».
«¿Y usted?».
«Yo estoy demasiado dentro». Lo dijo llanamente, como quien nombra una distancia. «Llevo once años a su lado. Uno no puede estar tanto tiempo en un sitio y fingir que ese suelo no es suyo».
Astra oyó la frase, y oyó bajo ella que iba dirigida a ella tanto como hablaba de quien la decía; y no se permitió, por el momento, seguirla hasta donde llevaba.
Miró el dispositivo. Era una cosa pequeña, y fue consciente de querer que fuera más grande: que estuviera, de algún modo visible, a la altura de la ocasión. No lo estaba. Descansaba sobre la mesa en la mancha del neón como descansaba la taza de la mujer, o el azucarero, y el hecho de que fuera un objeto entre objetos le pareció, oscuramente, lo más serio que tenía.
Lo tomó. Estaba más frío de lo que esperaba, y pesaba menos.
«Estoy lista», dijo, y oyó al decirlo que las palabras le habían salido con la voz que usaba en las pantallas.
La mujer también lo oyó. Astra la vio oírlo. Algo le cruzó el rostro que no era decepción, puesto que la decepción habría requerido una expectativa, sino quizá su pariente más paciente.
«Entonces váyase», dijo la mujer. «No está sola en esto. Ahí tiene la buena noticia». Levantó la taza. «También es la otra».
Fuera había empezado a llover, y el neón yacía roto sobre el pavimento mojado en pedazos que no acababan de encajar. Astra se quedó bajo el toldo con el dispositivo en el bolsillo junto a la pantalla que no había contestado, dos pesos pequeños de casi el mismo tamaño, y se le ocurrió que no habría podido decir con certeza, sin sacarlos, cuál era cuál.
V. La reunión
Lo pulsó esa noche, sola, en el apartamento que daba a la torre de Nexys, y no ocurrió nada. No sabía qué había esperado: una luz, un sonido, algún reconocimiento proporcionado al paso. El dispositivo seguía en su palma exactamente como antes. Sólo después de dejarlo sobre el vidrio de la mesa, de ir a la ventana y volver, encontró en la pantalla un mensaje del número que había nombrado la esquina: una dirección y una hora, y nada más.
Lo que le llamó la atención al leerlo no fue la brevedad sino el tono, que conocía. Era el tono de una convocatoria que no se molesta en persuadir, y lo había oído por última vez esa misma mañana.
La dirección estaba en el viejo distrito financiero: un edificio sin letrero entre un banco cerrado y una tienda donde arreglaban relojes. La hizo pasar un joven que no le preguntó el nombre. La condujo por un pasillo hasta una sala alargada donde una docena de personas estaban sentadas a una mesa bajo unas lámparas colocadas, lo advirtió enseguida, de manera que la cabecera quedara en sombra.
Lo advirtió porque ella misma había colocado lámparas así.
Todos levantaron la vista. La habían mirado en muchas salas, y conocía las variedades; aquello no era admiración, ni la espera paciente de la gala, sino una tasación más llana, la mirada que se le echa a una entrega para ver si ha llegado intacta. La sostuvo. Descubrió que medía la sala mientras la sala la medía a ella, y que la medida le venía con una facilidad desagradable, como si le hubieran adiestrado los ojos precisamente para eso.
El hombre de la cabecera se puso de pie. Era alto y ancho, con la cara casi entera en la sombra que las lámparas estaban dispuestas a conservar. «La estábamos esperando», dijo.
Dos veces en un mismo día le habían dicho que la esperaban. Se preguntó si quedaba en la ciudad alguna sala en la que pudiera entrar por sorpresa.
«Usted entiende lo que está en juego». No era una pregunta, y ella no la trató como tal.
Se sentó donde él le indicó, y él habló. Habló bien, y largo, del miedo: que el sistema funcionaba con él, que el poder acumulado necesitaba cada vez más para conservarse, que el miedo sólo podía cargar con cierto peso antes de ceder, y que cuando cediera todo se vendría abajo con él. La sala escuchaba como escuchan las salas una voz que ya han oído. Astra también escuchaba, y a mitad del discurso fue consciente del placer de oír un discurso bien hecho, el placer del oficio, y luego de dónde había aprendido a sentirlo.
Hacía las pausas donde Nexys las hacía. Bajaba la voz donde Nexys la bajaba. No era imitación; estaba casi segura de que él nunca había oído hablar a Nexys sino como todo el mundo, en pantallas. Era sencillamente que había, al parecer, sólo unas cuantas maneras de dominar una sala, y él había dado con la misma.
Una mujer a su lado se le acercó. «¿Usted cree que está preparada para esto?», susurró, aunque no lo bastante bajo, de modo que era un susurro hecho para ser oído; y Astra reconoció también eso.
«No creo que nadie lo esté», dijo, a la mesa, y vio que varios aprobaban la respuesta, y la consternó descubrir que la había elegido porque sabía que la aprobarían.
«¿Y ahora qué hacemos?», preguntó alguien, y el hombre de la cabecera sonrió.
«Ahora esperamos. El momento se mostrará solo».
Pensó que había oído a Nexys decir casi eso, años atrás, antes del primer gran lanzamiento de la ciudad, y que entonces había sido verdad porque él había dispuesto el momento de antemano.
Se abrió la puerta. Entró un hombre con retraso, ocupó sin disculparse la silla frente a la de ella y se quedó un rato observando a los presentes con una expresión que ella no supo leer: ni desprecio ni interés, sino algo parecido a la atención de un médico a la cabecera de un enfermo cuyo caso ya conoce. Por fin sus ojos llegaron a ella.
«No sabe dónde se está metiendo», dijo.
«No tengo miedo».
«No», dijo él. «Ya lo tendrá». Y luego, tras un momento, más bajo, como quien corrige una expresión: «De lo que va a ver».
Ella lo tomó por una amenaza, como parecían tomarlo todos los de la mesa. La sala se cerró sobre sí misma; el hombre de la cabecera dijo algo cortante; la reunión siguió.
Cuando salió casi amanecía. La calle estaba vacía. Volvió la vista hacia el edificio, que no tenía letrero, y hacia el banco de al lado, cuyo letrero habían descolgado, y hacia la relojería, cuyo escaparate estaba lleno de relojes que no coincidían, y comprendió, sin quererlo, que había pasado la noche en una sala construida según el mismo plano que la que había dejado: sólo que más pequeña, y más oscura, e iluminada por alguien que había estudiado la misma luz.
VI. La señal
El mensaje siguiente llegó cuatro días después y decía sólo: Es la hora.
Había pasado los cuatro días como había pasado años: en un almuerzo, en una prueba de vestuario, en un estreno donde la fotografiaron junto a un ministro cuyo nombre luego no fue capaz de recordar. No había contestado ninguno de los mensajes de Nexys. Había notado que cesaron el segundo día, y no había logrado decidir qué le costaba más soportar, los mensajes o su ausencia.
La sala esta vez no era la alargada sino una que había debajo, donde las lámparas habían sido sustituidas por pantallas, y donde los de la mesa estaban sentados cada uno ante una pantalla propia, de modo que la luz les llegaba a la cara desde abajo, como le había llegado a Nexys en su escritorio. Lo vio y lo dejó pasar. Estaba aprendiendo a dejar pasar muchas cosas, y no estaba segura de que el aprendizaje la honrara.
El hombre de la cabecera tendió la mano, y ella entendió para qué. Sacó el dispositivo del bolsillo. Lo había llevado encima cuatro días, y la mano se le había acostumbrado a él, y le sorprendió una resistencia a entregarlo que nada tenía que ver con su propósito.
Él lo dejó sobre la mesa y le pidió la mano. El dispositivo despertó con el pulgar de ella y con el de nadie más, y ella vio que lo que contenía se había extraído de lugares donde su nombre era la llave: archivos que podía abrir porque había estado al lado de Nexys, y que nadie en aquella mesa habría podido alcanzar sin ella. Él lo conectó a algo, y las pantallas cambiaron.
Nunca le habían dicho qué había dentro, y no lo preguntó ahora, porque lo vio. Columnas, nombres, fechas, las cuentas detrás de las cuentas: el registro de quién había comprado antes de las palabras que ella pronunciaba y quién había vendido después, y de cómo un mercado del que se decía que no pertenecía a nadie había sido dirigido, desde abajo, por muy pocas manos. Su propio nombre estaba allí. No como compradora. Como fecha: cada una de sus apariciones anotada junto al movimiento que la seguía, con la regularidad de una tabla de mareas.
Lo había sabido. No cada cifra, no la aritmética, pero sí la forma; había conocido la forma como se conoce la de una habitación a oscuras, y nunca había encendido la luz porque nunca había necesitado cruzarla.
«Ahora», dijo el hombre, y alguien pulsó una tecla, y los registros salieron: no hacia ninguna autoridad, ni hacia la prensa, sino a los propios canales de las casas de cambio, donde quienes negociaban los leerían en las mismas columnas que el precio.
En la sala no ocurrió nada. Era la segunda vez en una semana que algo hecho por ella no producía nada que pudiera ver, y empezaba a entender que así ocurrían esas cosas. Las pantallas siguieron mostrando sus columnas. Luego, una a una, empezaron a mostrar otras cosas: el precio, cayendo; después las casas de cambio, donde las cifras se movían demasiado deprisa para leerlas; después, al cabo de una hora, las calles.
Miró las calles. Vio a la gente reunirse ante las ventanillas de las casas de cambio bajo las casas de cambio, las que había conocido como el tiempo que hace en una provincia lejana, y la vio quedarse allí con la paciencia que había visto en la gala, que ella había tomado por la paciencia de quienes esperan un desenlace que han adivinado. Algunos sostenían pantallas. En algunas de esas pantallas, pequeño y brillante, estaba su propio rostro, de una aparición antigua, diciendo la palabra.
Al otro lado de la sala, el hombre que había llegado tarde no miraba las pantallas. La miraba a ella.
Lo sintió como se siente una corriente de aire, y se volvió, y le sostuvo la mirada, y él no apartó la suya. No había en su rostro nada que ella hubiera podido llamar triunfo, ni lástima. Era otra vez la atención del médico: el caso seguía su curso previsto, y a él le interesaban los ojos de la paciente.
De lo que va a ver. Lo oyó como si él lo hubiera dicho por segunda vez, y no oyó en ello más que la amenaza.
Hacia el anochecer se informó de un incendio en el barrio de los viejos mercados, y luego de otro; las pantallas los mostraban pequeños y anaranjados y mudos. Las luces de la sala vacilaron una vez, como vacilan las luces cuando una ciudad pide más de lo que fue construida para dar, y en ese instante todas las pantallas se apagaron, cada una un cristal negro, y en cada una vio la sala: las cabezas inclinadas, el hombre de la cabecera, ella misma entre ellos. Luego volvió la luz, y con ella las cifras, y no habría podido decir si el rostro que había visto en la pantalla más cercana se parecía al suyo.
Se quedaron toda la noche. Hacia el amanecer la mayoría de los demás se habían ido, escabulléndose de dos en dos, y ella se encontró sola en la sala con el hombre de la cabecera. Estaba sentado ante las pantallas con las manos planas sobre la mesa.
«Va más deprisa de lo que planeamos», dijo.
«¿Lo planearon?».
Él captó lo que ella quería decir, o algo que podía querer decir, y respondió a eso. «Planeamos sostenerlo cuando cayera». Lo dijo sin énfasis, como quien enuncia el siguiente punto del orden del día. «Alguien tiene que hacerlo. Si no lo hacemos nosotros, lo hará él, o alguien como él. De eso se trató siempre».
Ella esperó, y él oyó en la espera de ella lo que había dicho.
«Usted cree que eso nos hace iguales», dijo.
«Yo no he dicho nada».
«No». Volvió a mirar las pantallas. «No le hace falta, ¿verdad? Nunca le hizo falta. Por eso era tan buena».
No contestó. Pensaba, con una calma de la que no se fiaba, que él tenía razón, y que lo que él había nombrado no era su silencio sino aquello para lo que su silencio había servido siempre: dejaba que otros terminaran la frase, y se adueñaran de ella, mientras ella conservaba la cara de alguien que nunca la había pronunciado.
Por la única ventana alta el cielo clareaba en gris sobre los viejos mercados, donde el humo subía recto en el aire sin viento, y pensó, sin ningún sentimiento en particular, que era la primera vez en años que veía la ciudad a una hora en que no estaba iluminada para nadie.
VII. El mediador
En una semana la ciudad había empezado a describir lo ocurrido, y la descripción no era el suceso.
Ella la siguió en las pantallas, como todos. A la caída se la llamó, en los comentarios, una corrección; al registro, una revelación; a los incendios, lamentables. Se nombró una comisión. Sus miembros eran personas junto a las que se había sentado en cenas. Al noveno día el precio había recuperado un tercio de lo perdido, y las voces que lo anunciaban lo hacían en un tono que ella conocía hasta la sílaba, porque se lo había enseñado a la mitad de ellas: el tono de la calma restablecida, que siempre es un poco más cálido que la calma a la que sustituye.
Nexys no apareció. Su ausencia se explicó, y luego se volvió a explicar, y las explicaciones no coincidían, y a nadie parecía importarle.
La convocatoria, cuando llegó, llegó del hombre de la cabecera, y no nombraba el edificio junto a la relojería sino un hotel que ella conocía, uno discreto, donde se cerraban acuerdos que nadie debía ver cerrarse.
Él estaba allí, en una salita de un piso alto, y no estaba solo. Frente a él había un hombre al que ella no había visto nunca, cuya ropa era demasiado buena para la habitación y cuyo reloj tenía el brillo apagado de las cosas que no necesitan relucir. Se levantó cuando ella entró, cosa que el otro no hizo, y ella registró la cortesía como se registra una firma.
«Un mediador», dijo, antes de que nadie pudiera presentarlo, y sonrió como si la palabra fuera una pequeña broma entre los dos que ella acabaría por disfrutar con el tiempo. «Parece que tenemos intereses en común».
Ella se sentó. Miró al hombre de la cabecera, y él miró la alfombra, y ella entendió la forma de la reunión antes de que se pronunciara una palabra, como había entendido la forma del registro.
El mediador también hablaba bien. Todo el mundo, le parecía últimamente, hablaba bien. Habló del desorden de la semana pasada como de algo que había cumplido su propósito, y de una transición, ordenada y gestionada, que conservaría lo valioso y corregiría lo que había sido, concedió, excesivo. No mencionó a Nexys. No hacía falta; Nexys estaba en la habitación como está un vacío en una habitación, dando forma a los muebles que lo rodean.
«Y si nos negamos», dijo ella.
Él ladeó la cabeza, con lo que parecía un interés verdadero. «No me entiende. No le ofrezco nada. Le describo lo que ya ha ocurrido, para que pueda decidir qué posición quiere ocupar cuando se anuncie».
Sacó un papel doblado de la chaqueta y lo dejó sobre la mesita, y ella pensó en el dispositivo sobre la mesa del café, puesto exactamente entre dos personas para no pertenecer a ninguna. Pero el papel lo empujó, con suavidad, hacia ella.
Era una declaración. Debía leerla ella la noche en que la comisión presentara su informe, y explicaba que había ayudado a sacar la verdad a la luz porque siempre había creído en la promesa y no podía soportar verla traicionada; que la promesa era más grande que cualquier hombre; que ahora, por fin, se cumpliría.
La leyó dos veces. Era muy buena. Era mejor de lo que ella la habría escrito. Tenía sus ritmos, la leve demora antes de una palabra clave, la manera en que dejaba que una frase terminara en algo más suave de lo que el oyente esperaba; y tenía, en el tercer párrafo, una expresión que ella había usado una vez, años atrás, en una cena, sobre las estrellas, ligeramente alterada, de modo que ahora parecía hablar del futuro de la ciudad.
Levantó la vista y encontró al mediador observándola con placer, el placer del artesano cuya obra examina la única persona capaz de apreciarla.
«¿Quién ha escrito esto?».
«¿Importa? Es suyo». Abrió las manos. «Si prefiere no leerlo, hay muchísimas grabaciones. Casi todo lo ha dicho usted antes».
Entonces oyó lo que le estaban diciendo. Su voz no era suya. La habían estudiado, y aprendido, y podía pronunciarse sin ella; la había hecho para que la repitieran, y la habían repetido.
«Usted ganó», dijo el mediador, con amabilidad. «Simplemente no ha reconocido todavía cómo es ganar».
Ella miró al hombre de la cabecera. Ahora sí le sostuvo la mirada, y ella vio en su cara no vergüenza sino alivio, el alivio de un hombre al que le han ofrecido mejores condiciones de las que temía, y que, comprendió ella, formaría parte de la comisión.
«Se acabó, Astra», dijo.
Se levantó. Nadie la detuvo. El mediador volvió a ponerse de pie, con la misma cortesía, y no recogió el papel; lo dejó sobre la mesa, donde quedó entre los dos hombres, doblado, mientras ella salía.
En el pasillo había un espejo largo, de los que cuelgan los hoteles para que sus pasillos parezcan más anchos de lo que son, y ella pasó ante él sin mirar, y fue consciente de haberlo hecho.
VIII. El vendedor
Había llovido mientras estaba dentro, y había parado, y la calle frente al hotel brillaba como pulida bajo las farolas. No tomó un coche. Caminó, como había caminado la mañana en que dejó el despacho de Nexys, y la ciudad la dejó caminar, como entonces; pero era otra manera de dejarla. Entonces no había reparado en ella. Ahora, pensó, había reparado, y había concluido que no hacía falta.
Las pantallas en los escaparates de las tiendas cerradas mostraban al presidente de la comisión, luego el precio recuperado, luego, por un momento, su propio rostro, de una aparición antigua, sin sonido. Vio su boca formar una palabra que ya no podía oír, y siguió andando antes de que terminara.
En una esquina cerca de los viejos mercados, donde el olor a humo flotaba aún en el aire húmedo, un hombre asaba carne en una parrilla bajo una lámina de plástico tendida entre dos postes. Era viejo, y tenía la cara de quien ha visto empezar muchas cosas y no se ha sorprendido cuando terminaron. Daba vuelta a los pinchos sin mirarlos.
«Tarde para andar por ahí», dijo.
Ella se detuvo. Pensó en decir algo. Tenía frases a su disposición; siempre las había tenido. Podría haberle preguntado qué se hace cuando uno descubre que la lucha nunca fue suya; podría haber hecho que la pregunta sonara como si se le acabara de ocurrir. Descubrió que cada una, antes de llegarle a los labios, tenía la leve demora antes de su palabra clave y el final suave, y las dejó ir.
Él le tendió un pincho. No lo había pedido. Lo tomó, y su calor en el aire frío la sobresaltó, y comió de pie, como no comía desde hacía años.
Él la miró comer. No la miraba como la había mirado la multitud, ni como la había mirado el hombre que llegó tarde, con su interés de médico; la miraba como un hombre mira a una clienta, para ver si la comida está buena. Fue dándose cuenta, despacio, de que él no sabía quién era ella. Las pantallas a su espalda daban a la calle, y su rostro había pasado por ellas dos veces mientras estaba allí, y él no se había vuelto ni una sola.
«Tiene cara de estar decidiendo algo», dijo.
Ella lo consideró. No habría sabido decir qué estaba decidiendo; no estaba segura de estar decidiendo nada, ni de que quedara algo que su decisión pudiera tocar. «¿Sí?».
«Lo he visto». Se encogió de hombros. «La gente se para aquí a estas horas con esa cara. Casi todos comen y se van a casa».
«¿Y los otros?».
«Los otros comen y se van a otra parte». Dio vuelta a la carne. «Desde fuera no se sabe cuáles son cuáles».
Sacó la pantalla. Los mensajes de Nexys estaban allí, sin abrir, de los dos primeros días, y abrió el último. Decía: Vuelve. Nada ha cambiado. Lo leyó dos veces, y oyó en él no la voz de él sino la de la mujer del café, diciendo que la gente se va al extranjero una temporada, y vuelve, y descubre que nada de lo que dejó ha cambiado, y lo agradece. Guardó la pantalla sin contestar, y fue consciente de que tampoco eso era una respuesta.
Le pagó. Él tomó el dinero y le dio el cambio con la misma atención neutral, y cuando ella le dio las gracias asintió como habría asentido a cualquiera. Se quedó un momento más de lo necesario bajo el borde de su plástico, porque era consciente de algo que no quería perder: la sensación de haber sido vista por alguien que no tenía ni idea de qué estaba mirando. Descubrió que quería, más de lo que había querido nada en mucho tiempo, saber qué había visto él.
La parrilla chisporroteó. Las pantallas a su espalda pasaron al pronóstico del tiempo. Ella siguió andando, ni hacia las torres ni alejándose de ellas, y la calle la recibió como habría recibido a cualquiera.
Ricardo F. Morín Apartarse Imagen generada por ordenador (CGI) 2026
Las leyes se redactan en el lenguaje de la paz, pero por sí solas no bastan para asegurarla. Una ley prescribe conductas: prohíbe la violencia, protege a las personas vulnerables e impone deberes a quienes gobiernan. Las sanciones pueden contener conductas sin que medie convicción ética, y la ley puede ofrecer a los perjudicados medios para obtener reparación. Sin embargo, la aplicación de la ley depende de personas que la acatan, la eluden o la manipulan. Cuando la ley se aplica al servicio de los intereses que debía contener, aumenta la distancia entre lo escrito y lo que se hace.
La misma distancia se advierte entre las naciones. La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio fue aprobada en 1948, y desde entonces se han cometido genocidios. El derecho internacional prohíbe la esclavitud y el trabajo forzoso, pero ambos persisten en todo el mundo. En el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los cinco miembros permanentes disponen de derecho de veto, cuyo ejercicio ha bloqueado proyectos de resolución relativos a atrocidades masivas. Los procedimientos de la institución siguen su curso con plena regularidad: se celebran sesiones, se presentan informes, se numeran resoluciones. Entretanto, continúa ocurriendo aquello que dichos procedimientos debían impedir. Allí donde prevalecen los intereses económicos o estratégicos, cede el deber de actuar, y esa claudicación queda consignada con la misma pulcritud formal que todo lo demás.
Las doctrinas políticas pueden encubrir esta distancia, así como justificar las formas de organización que causan daño. Una democracia proclama la igualdad de sus ciudadanos y tolera su exclusión. El capitalismo se justifica mediante la promesa de recompensar el esfuerzo, mientras la propiedad otorga ventajas que el esfuerzo por sí solo no permite obtener. El comunismo promete la desaparición de las clases e instaura una clase que administra al resto de la sociedad. El fascismo promete la unidad y la grandeza nacionales; la sumisión a sus gobernantes se exige como prueba de lealtad a la nación. Las doctrinas difieren entre sí, y lo que proclaman no tiene el mismo valor. Una promesa puede ser traicionada o servir para hacer aceptable la subordinación. La izquierda, el centro y la derecha se acusan mutuamente y rara vez examinan las lealtades que rigen su propio juicio. Cuando la acusación sustituye al examen, el debate político gira en un remolino de acusaciones y contraacusaciones: el intercambio continúa, pero las lealtades que rigen el juicio permanecen intactas.
El silencio ante la injusticia responde a causas distintas. Una persona agotada por las exigencias de la subsistencia puede reconocerla y carecer de fuerzas o de medios para oponerse a ella. Quien dispone de medios para actuar puede quedar tan absorto en el entretenimiento que la inquietud ante la injusticia se amortigüe antes de dar lugar a un juicio. El agotamiento y la indiferencia pueden producir el mismo silencio público, si bien entrañan responsabilidades distintas. Quienes se benefician de ese silencio no necesitan distinguir sus causas.
Entretanto, los bienes comunes pasan a manos privadas, y algunas líneas celulares desarrolladas a partir de tejido humano se patentan y se venden. Una patente no acredita que la persona cuyo tejido hizo posible la investigación comprendiera el uso comercial de ese material ni que lo consintiera. Cuando se prescinde del consentimiento, la apropiación llega hasta la materia del propio cuerpo. El derecho interviene aquí tanto para limitar la conducta como para determinar a quién corresponde el control. El cumplimiento de una norma no demuestra la legitimidad ética de lo que autoriza.
Cada persona se forma entre vínculos que todavía no está en condiciones de juzgar: una nación, una región, una secta, un texto sagrado, un partido, las lealtades que una institución cultiva mediante su propaganda. Esos vínculos le dan arraigo y la unen a otras personas. Cuando la lealtad se impone al juicio, la pertenencia al grupo sirve de criterio para juzgar el valor de los demás. Quien queda fuera aparece entonces como rival, como inferior o como alguien cuya suerte resulta indiferente. El sentimiento de superioridad que de ahí nace no se percibe como un agravio a la humanidad ajena. Se vive como pertenencia. Los reformadores y los dirigentes pueden seguir sujetos a las mismas lealtades que aquellos a quienes dirigen, y la explotación perdura cuando la fidelidad a una institución sirve para disculpar lo que esta hace.
La división interior de la persona y la división entre las naciones se enlazan mediante las instituciones que los individuos sostienen. El temor con que una persona acude a una negociación, la codicia que pone en la balanza un contrato y una vida, la envidia que mide a una nación por la riqueza de otra: todo ello se incorpora a la vida pública por medio de decisiones, contratos y políticas. Una institución puede contener estas disposiciones o conferirles una fuerza duradera. Sus normas pueden conservar una ventaja más allá de la vida de quienes la obtuvieron. El poder para mantener o modificar esas normas se distribuye de manera desigual, y la responsabilidad varía en consecuencia. El estancamiento sostenido por ese vórtice de acusaciones políticas se reproduce en la persona cuyo juicio permanece sometido a sus lealtades.
Reconocer esta correspondencia supone perder la certeza de que el desorden está por entero fuera de uno mismo. Tal reconocimiento no garantiza remedio alguno. Sitúa la división tanto en la institución como en la persona y revela cómo cada una sostiene la de la otra. El bloqueo del Consejo está también en ti, y el tuyo está allí.
Ricardo F. Morín Serie Triangulación Nº 7 37″ x 60″ x 2″ Óleo sobre lino 2006
Un hombre de edad avanzada está de pie junto a su equipaje, cerca del borde de una acera ancha, en una parada de autobús. Otro hombre, más joven, repara en él desde lejos y se aproxima con una mirada fija que el mayor percibe como calculadora y resuelta. Hay espacio para pasar. El joven, sin embargo, se desvía y golpea al hombre mayor con fuerza suficiente para desplazarlo del lugar que ocupa; luego sigue andando sin dar explicaciones ni disculparse. No hay discusión previa y el golpe no causa lesiones graves.
La mirada y el cambio de rumbo hacen pensar en un golpe deliberado, pero apenas permiten entrever qué lo ha motivado. Cabe imaginar desprecio, irritación, resentimiento o el deseo de imponerse a alguien. Que una de esas hipótesis permita comprender el acto no basta para darla por cierta. Se puede seguir la atención del joven hasta el momento del golpe; no se puede precisar con igual certeza el motivo de su conducta.
Antes de golpearlo, el joven había reparado en el hombre mayor. Lo que percibió bastó para dirigir sus pasos hacia él; advertir la presencia de alguien, sin embargo, no permite saber hasta qué punto se lo reconoce como persona. La atención puede fijarse con precisión en el destinatario de un acto y permanecer indiferente a la vida en la que ese acto irrumpe.
Normalmente, se pasa junto a un desconocido sin exigirle que justifique su presencia. El hombre que espera junto a su equipaje no necesita explicar adónde va ni por qué se ha detenido allí. No hace falta conocer casi nada de él para tener la consideración elemental de pasar sin tocarlo.
Alguien que en otras circunstancias guardaría esa consideración puede negársela a una persona de la que espera poca resistencia o ante la que cree no tener que responder por sus actos. La contención se debilita de manera selectiva y la vulnerabilidad ajena puede ofrecer una ocasión para actuar. No se sabe si la edad del hombre mayor o una expectativa de impunidad influyeron en la elección del joven. Aun si se confirmara el resentimiento, quedaría por saber por qué se dirigió precisamente contra ese desconocido.
Al joven le bastaba con pasar. Quienes tienen a su cargo la protección de una población pueden verse ante situaciones en las que no atajar un peligro exponga a otros a nuevos daños. Puede ser necesario que recurran a la fuerza, y quienes aguardan su decisión pueden tener razones apremiantes para exigirlo.
Un gobierno que defiende su territorio, otro que invade un país ajeno y otro que actúa frente a un peligro que prevé no se hallan en las mismas circunstancias ni les corresponde la misma responsabilidad. El sufrimiento que sobreviene no borra la responsabilidad por el origen de una guerra. Tampoco esa responsabilidad decide por sí sola cómo deben juzgarse las acciones posteriores.
Antes de decidir cómo proseguir, los responsables deben examinar qué peligro subsiste, qué ha cambiado y qué podría lograrse con una nueva acción. Las personas que siguen expuestas a ataques pueden necesitar defensa mucho después del daño inicial, mientras que una operación breve puede infligir daños para los que nunca existió justificación suficiente. Ni la duración de una guerra ni la magnitud de las pérdidas ya sufridas bastan para determinar lo que deba hacerse a continuación.
Quienes han sufrido un ataque pueden, sin embargo, seguir teniendo más presente el daño inicial que los cambios que se producen mientras se decide cómo responder y se actúa. Un peligro remite, se alcanza un objetivo o una nueva acción introduce riesgos que antes no existían, mientras lo ocurrido sigue reclamando una respuesta. Cuando se le pregunta qué lograría otro ataque, un dirigente puede invocar las pérdidas ya sufridas. La contestación puede ser del todo sincera y, aun así, dejar la pregunta sin responder.
En el duelo puede perdurar una fidelidad a los muertos que ningún cambio de circunstancias alcanza a satisfacer. La acción política, sin embargo, se desarrolla entre los vivos. La exigencia de responder a una pérdida puede persistir cuando una acción concreta ya no cumple el propósito protector que llevó a emprenderla. Reconsiderar lo que se hace puede entonces vivirse como una deslealtad, aun cuando sea necesario para seguir protegiendo.
Quienes ejercen la fuerza pueden, entretanto, identificar a las personas expuestas a ella sobre todo por el lugar donde viven o por sus vínculos con otras personas. Pueden incluir en un mismo ámbito de actuación a quien dirigió un ataque, a quien lo apoyó y a quien simplemente vivía donde se originó, aunque no les corresponda la misma responsabilidad. Nadie necesita negar que cada uno tiene una historia o es capaz de sufrir. Es posible reconocer esos hechos y luego descartarlos por irrelevantes para lo que se va a hacer.
Desde la distancia, quienes dirigen una operación quizá sólo conozcan a las personas expuestas a ella por las reuniones informativas, las labores de vigilancia, los partes de bajas y las observaciones transmitidas a través de la cadena de mando. Esos medios pueden revelar lo que no está al alcance de la observación directa de quienes deciden. Un informe puede dar a conocer a alguien alejado del peligro lo que quienes están expuestos a él no tienen medios para comunicarle por sí mismos. Los propios procedimientos con que se adopta la decisión pueden acortar la distancia entre unos y otros.
Sin embargo, los informes pueden seguir llegando cuando ya no se admite revisar la decisión de continuar. Alguien puede registrar una pérdida con exactitud y, aun así, verla únicamente como un dato que debe anotarse antes de emitir la siguiente autorización. Las personas afectadas siguen figurando en los registros, pero se impide que cuanto se sabe de ellas influya en la decisión de proseguir. La información ha llegado; los fundamentos de la actuación han quedado a resguardo de ella.
Alguien a quien se ha confiado la seguridad de otros puede causar daño conscientemente y creer que, de no actuar, el daño sería mayor. El conflicto puede ser real y no resolverse por el mero hecho de conocer mejor las consecuencias. Pero cuando quienes actúan se convencen de que su responsabilidad justifica por sí sola su actuación, pueden considerar a quienes sufrirán el daño sólo como un coste ya aceptado. Quienes cuestionan ese daño pueden entonces ser tratados como si se opusieran a la protección misma.
Un funcionario puede disponer de autoridad para ordenar una acción y de medios para ejecutarla, mientras quienes sufrirán sus consecuencias apenas pueden cuestionar la primera o contrarrestar los segundos. Puede imponer su decisión sin dar cuenta de lo que les debe. La cuestión de la justicia subsiste, aun cuando actúe con la intención sincera de proteger a otros.
El hombre mayor estaba lo bastante cerca para que el joven pudiera dirigirse hacia él deliberadamente. Una población lejana puede describirse hasta el último detalle. Ni la proximidad ni la información revelan por sí solas qué lugar ocupa la presencia del otro en una decisión. La atención puede limitarse a lo que facilita el acto; también es posible ejecutarlo sin perder la conciencia clara del sufrimiento que causará. El fallo puede darse en la propia atención.
Una persona puede comprender un daño, condenar que se cause y, sin embargo, consentir otro semejante contra alguien a quien se ha dejado al margen de la protección de ese juicio. Lo comprendido permanece intacto, pero se restringe su alcance. Dar cuenta de los temores, agravios o convicciones de esa persona puede hacer más inteligible su conducta sin esclarecer cómo concilia lo que hace con lo que condena.
El joven sigue su camino sin dar explicaciones. No saber por qué actuó así deja una pregunta acerca de él, pero no borra la fuerza que ejerció. Con más información quizá se comprendería mejor qué lo impulsó, pero le debía al hombre mayor la contención elemental que le habría permitido permanecer donde estaba.
El otro sigue siendo alguien cuya vida excede los términos en que se lo ha considerado. El agravio, la amenaza, el procedimiento y la necesidad pueden limitar lo que se acepta tener en cuenta de esa persona. No se la conoce por entero. Sin embargo, quizá se haya decidido ya actuar como si nada más de ella pudiera importar.
Ricardo F. Morín 6 de octubre de 2026 Bala Cynwyd, Pensilvania
Nota del autor: Las condiciones aquí descritas ya se examinaron en « La gramática del conflicto », a partir de la estructura del lenguaje y no de encuentros concretos.
El suprematismo funciona como la gramática universal de la justificación represiva. Es menos una doctrina que un hábito de explicación: la forma en que la dominación llega a parecer necesaria, el privilegio llega a parecer ordenado y la exclusión llega a describirse como preservación. Sus formas varían—raza, religión, nación, civilización, partido, destino histórico—pero su lógica permanece constante: algunos se presumen aptos para decidir, otros para acatar.
Este hábito no está confinado a una sola sociedad ni a un solo sistema. Aparece allí donde la jerarquía puede narrarse como natural o merecida, y donde la autoridad queda eximida de la carga de explicarse. Lo que distingue a las sociedades no es su inmunidad al suprematismo, sino el grado en que este es contenido. El progreso no consiste en su desaparición, sino en limitar las circunstancias bajo las cuales la supremacía puede excusarse.
Cuando ese límite se debilita, la ventaja adquiere cobertura moral, la queja se endurece en derecho adquirido y la autoridad se reorganiza en torno a la excepción más que a la obligación. El suprematismo deja entonces de ser una simple tendencia social y se convierte en un principio de coherencia—uno que prepara el terreno para la represión no por la fuerza, sino por la familiaridad.
El suprematismo rara vez se nombra en el momento en que se instala. Entra en la vida social de manera discreta, a través del hábito más que de la declaración, y mediante el permiso más que mediante la fuerza. La mayoría de las personas no lo encuentran como una creencia, sino como un patrón: quién es creído sin cuestionamiento, a quién se le perdonan los errores, qué quejas se toman en serio y qué presencias se tratan como una complicación. Mucho antes de volverse político, el suprematismo organiza las expectativas cotidianas.
En su núcleo, el suprematismo es la suposición de que el orden depende de la jerarquía—de que algunos están naturalmente habilitados para decidir, mientras otros deben adaptarse. Esta suposición ha aparecido en toda forma de sociedad organizada. Se adhiere con facilidad a distinciones ya existentes, pero no depende de ninguna de ellas. Su contenido cambia. Su función no. Allí donde arraiga, libera al poder de la carga de explicarse y sustituye la justificación por la herencia.
Ninguna sociedad supera por completo este impulso. Lo decisivo es si se lo contiene. Donde el límite se mantiene, la autoridad sigue siendo condicional, las reglas resisten la incomodidad y la queja no se endurece en derecho adquirido. Donde se debilita, la dominación reaparece bajo nuevos nombres y la desigualdad comienza a parecer práctica más que peligrosa.
El suprematismo se vuelve más persuasivo en momentos de tensión. La incertidumbre económica, el cambio cultural y la fragmentación política hacen que la vida procedimental parezca lenta y frágil. En tales momentos, la jerarquía ofrece claridad. Promete estabilidad sin negociación y coherencia sin igualdad. Lo que oculta es el costo de esa promesa: la sustitución silenciosa de la obligación compartida por el privilegio selectivo. Estas condiciones no crean el suprematismo; revelan cuán fácilmente se adapta al lenguaje mediante el cual las sociedades interpretan la amenaza.
En la política estadounidense contemporánea, ciertas corrientes del conservadurismo funcionan cada vez menos como custodias de la continuidad institucional y más como vehículos mediante los cuales el razonamiento suprematista encuentra una expresión renovada. El lenguaje de la preservación — tradición, orden, defensa cultural — suele servir para presentar la jerarquía como necesidad y no como preferencia. Dentro de sectores del Partido Republicano, la retórica populista reformula el desacuerdo político como una lucha entre un pueblo auténtico y fuerzas presentadas como ajenas o corruptas. Este encuadre no solo moviliza apoyo; reorganiza la legitimidad misma, reduciendo el campo de la pluralidad aceptable mientras presenta la exclusión como protección.
Históricamente, el populismo no siempre ha culminado en formas autoritarias; sin embargo, su gramática se presta a ellas cuando el agravio se convierte en el principio organizador de la identidad política. El suprematismo prospera precisamente en tales momentos, porque no requiere una doctrina explícita; opera mediante la normalización de la desigualdad y a través de narrativas que presentan el dominio como restauración. Lo que aparece como resistencia al cambio se convierte así en un mecanismo mediante el cual la jerarquía se reafirma bajo la apariencia de necesidad, permitiendo la concentración del poder mientras conserva la apariencia de expresión democrática.
Debido a que la premisa se refiere al orden más que a la identidad, viaja fácilmente entre contextos. En un lugar se expresa abiertamente; en otro se insinúa mediante la costumbre o la historia. En todas partes funciona por los mismos medios: presentar la desigualdad como herencia y no como elección, y tratar el dominio como continuidad en lugar de imposición. Su fuerza no reside en lo que afirma, sino en lo poco que necesita explicar.
Lo que ha sido aceptado socialmente pronto reorganiza la autoridad. Una vez que el poder desigual se experimenta como estabilizador, su concentración deja de parecer alarmante. Las decisiones ascienden con escasa resistencia, justificadas menos por el argumento que por el temperamento, la experiencia o la supuesta aptitud. La excepción entra de manera discreta, no como ruptura sino como ajuste, una desviación temporal que dice proteger lo que permanece intacto. La ley continúa existiendo, pero su función se desplaza. Ya no gobierna de antemano. Sigue, explicando después lo que la autoridad ya ha decidido.
Cuando esta reorganización ocurre, la autoridad comienza a actuar de manera directa en lugar de procedimental. El poder ejecutivo se justifica como cumplimiento de la expectativa popular y se trata como licencia para eludir la mediación legislativa y judicial. La aplicación de la ley se expande hacia el interior, organizada en torno a objetivos más que a órdenes judiciales, y la selección se desplaza de la infracción comprobada al riesgo presunto. Al mismo tiempo, la administración electoral se redefine como un problema de seguridad, y la autoridad se traslada desde los estados sobre la base de que los resguardos existentes no son confiables. En ambos casos, una amenaza invocada se utiliza para reemplazar los límites previos por el mando, concentrar el poder y presentar el cambio como necesidad en lugar de elección.
A medida que este patrón se asienta, la contención se vuelve desigual. Las reglas siguen siendo visibles, pero su fuerza depende cada vez más de quién las invoca y contra quién. La obligación se enfatiza hacia abajo, mientras la discreción se acumula hacia arriba. Lo que antes se justificaba como excepción comienza a parecer ordinario, incluso prudente. La expectativa de que la autoridad se someta al procedimiento se debilita, reemplazada por la creencia de que los resultados importan más que los medios por los cuales se alcanzan. La vida constitucional no desaparece; se adelgaza. Sobrevive como lenguaje y forma, mientras su disciplina se deja de lado de manera silenciosa.
El suprematismo no se anuncia como crueldad ni ambición. Se presenta como sentido común. Aparece cada vez que el poder deja de sentirse obligado a explicarse, y cada vez que la desigualdad se trata como una condición del orden más que como su fracaso. Las sociedades no colapsan porque carezcan de ideales, sino porque se acostumbran a la excepción. Cuando se permite que la supremacía se justifique a sí misma—por la historia, la identidad, la urgencia o el temor—la ley se vuelve selectiva, la autoridad se personaliza y el procedimiento se convierte en una formalidad observada solo cuando resulta conveniente. El desorden que sigue no es caos, sino un desequilibrio disciplinado en el que la contención se exige a unos y el derecho se concede a otros. Así es como termina la vida constitucional: no en la ruptura, sino en la aceptación.
Ricardo F. Morín Persa Tres 48 × 74 cm Grafito, sanguina y tinta Sumi sobre papel para acuarela 2003
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La crisis presente no comienza con soldados en las calles ni con la suspensión abierta de las leyes. Comienza antes, en nuestros pensamientos y conversaciones, a medida que las palabras mudan de sentido. Antes de que se eluda a los tribunales o se impugnen elecciones, comienza a alterarse el lenguaje con que se expresa la legalidad. Palabras antes vinculadas a una lesión se convierten en instrumentos de acusación. La autoridad comienza por alterar la manera de nombrar las cosas, mucho antes de que cambien los procedimientos.
La transformación suele advertirse primero no en las leyes, sino en la reiteración de acusaciones por televisión, en audiencias y en la conversación cotidiana, mucho antes de que recaiga decisión alguna.
Una persona abre una notificación oficial que declara cometida una « infracción », pero el documento no describe el acto, no presenta prueba alguna que pueda examinarse ni ofrece procedimiento mediante el cual pueda controvertirse la determinación. Lo que se presenta no es una imputación pendiente de examen, sino una conclusión que pasa a regir lo que puede hacerse a continuación.
En etapas anteriores del constitucionalismo, una infracción remitía a un acto determinado. Había que reunir pruebas. Había que aplicar el derecho. Había que seguir un procedimiento. Hoy, la infracción se declara cada vez más en lugar de demostrarse. La palabra deja de anunciar un examen jurídico. Anuncia que la determinación ya ha sido adoptada. Lo que antes exigía una determinación conforme a derecho puede convertirse en instrumento de mando.
Una regla puede entonces imponerse antes de que haya sido resuelta la premisa controvertida sobre la cual descansa. La persona afectada puede conservar el derecho a impugnarla, pero el examen sobreviene después de que el lenguaje de la infracción, la necesidad, la seguridad o el cumplimiento haya proporcionado ya una razón para actuar.
Es allí donde lenguaje y procedimiento se encuentran. Una situación controvertida recibe un nombre como si ya hubiera sido establecida; la actuación gubernamental procede sobre esa denominación; el examen viene después.
Esta lógica se hizo visible el 6 de enero de 2021. Una elección certificada mediante procedimientos legales fue declarada ilegítima por mera afirmación. Una transmisión del poder conforme a derecho fue descrita como un robo. La derrota fue rebautizada como infracción. Lo que siguió no fue confusión. Fue la sustitución del procedimiento jurídico por un relato.
Las consecuencias jurídicas no desembocaron en una única resolución institucional. La causa federal relativa a los intentos de revertir las elecciones de 2020 fue sobreseída en noviembre de 2024 después de la reelección de Donald Trump, de conformidad con la posición sostenida desde hace tiempo por el Departamento de Justicia respecto del enjuiciamiento penal de un presidente en ejercicio. El 20 de enero de 2025, el ejercicio presidencial de la potestad de gracia conmutó las penas de catorce personas condenadas por delitos relacionados con el 6 de enero, concedió indultos plenos a las demás personas condenadas por esos delitos y ordenó al fiscal general solicitar el sobreseimiento definitivo de las acusaciones pendientes derivadas de los hechos del 6 de enero. La causa de Georgia relativa a la interferencia electoral contra Trump fue sobreseída en noviembre de 2025.
Los distintos procedimientos concluyeron mediante mecanismos constitucionales y procesales diferentes. Ninguno produjo una sentencia definitiva sobre las acusaciones federales de interferencia electoral contra quien regresaba a la presidencia.
La misma secuencia aparece en la actuación administrativa.
En 2026, el Departamento de Seguridad Nacional condicionó la percepción íntegra de determinadas subvenciones para la lucha contra el terrorismo a cambios en la administración electoral estatal y local, y sometió a retención el 20 por ciento de la asignación en caso de incumplimiento. Seis ciudades y condados impugnaron esas condiciones. El 28 de septiembre, un tribunal federal resolvió que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias carecía de autoridad conferida por el Congreso para imponerlas y dejó sin efecto los requisitos relativos a la administración electoral.
La sentencia demuestra que los límites constitucionales no habían desaparecido. El control judicial conservaba capacidad para hacerlos efectivos. La condición controvertida existió, sin embargo, como mandato administrativo antes de que el tribunal determinara si la agencia tenía autoridad para imponerla.
La dificultad constitucional reside en ese intervalo. La actuación gubernamental y sus posibles consecuencias pueden preceder a la decisión institucional que determina los límites jurídicos de la autoridad invocada.
La misma secuencia aparece en encuentros cívicos menos formales. Un tribunal permanece abierto. Se fijan audiencias. Se reciben escritos. Una determinación de consecuencias reales puede, aun así, estar rigiendo ya a quien solicita su examen. El procedimiento sigue disponible, pero comienza después de que la situación controvertida haya adquirido efectos prácticos.
Fuera de los Estados Unidos, una distinción conexa separa el poder de la autoridad soberana. El poder militar o diplomático puede alterar las circunstancias en las que otro Estado decide. No determina por sí mismo la competencia soberana mediante la cual esa decisión adquiere validez jurídica.
Las anteriores pretensiones de adquirir Groenlandia habían presentado el dominio territorial como exigencia estratégica. El 22 de septiembre de 2026, los Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia suscribieron, en cambio, un acuerdo que se inscribe en la relación de defensa ya existente. El acuerdo permitiría establecer nuevas instalaciones estadounidenses en Narsarsuaq y Mestersvig, ampliar la Base Espacial de Pituffik y extender el acceso militar estadounidense, al tiempo que mantiene a Groenlandia dentro del Reino de Dinamarca y afirma su derecho a la libre determinación. El acuerdo continúa sujeto a la aprobación parlamentaria de Groenlandia y Dinamarca.
La presión no transfirió por sí misma la soberanía. El acuerdo resultante requiere el consentimiento de las partes y el cumplimiento de los procedimientos constitucionales.
El 1 de septiembre, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó un acuerdo petrolero entre Venezuela y Estados Unidos que comprende 17 yacimientos y aproximadamente una quinta parte de las reservas petroleras del país. Algunos diputados de oposición se abstuvieron porque no habían podido examinar las condiciones escritas del acuerdo. El acto legislativo forma parte de los antecedentes constitucionales; no cabe simplemente desconocerlo. Tampoco resuelve una cuestión distinta: qué competencia constitucional poseen las instituciones venezolanas que actualmente ejercen el poder para constituir derechos cuya vigencia se pretende prolongar mucho más allá del gobierno actual. El reconocimiento estadounidense puede determinar a quién considera Estados Unidos gobierno de Venezuela. No puede resolver esa cuestión constitucional venezolana.
En todos estos casos, el derecho no ha desaparecido. Los tribunales ejercen su jurisdicción. Los órganos legislativos aprueban leyes. Los acuerdos continúan sujetos a procedimientos constitucionales. La dificultad se manifiesta de dos formas relacionadas: el poder puede actuar antes de que el control institucional determine sus límites jurídicos, y puede alterar las circunstancias en las que otro soberano ha de ejercer su propia autoridad.
El lenguaje confiere eficacia institucional a la primera situación y puede acompañar a la segunda. Una premisa controvertida, descrita como infracción, necesidad, exigencia de seguridad o acto de cumplimiento, puede comenzar a regir la conducta antes de que las instituciones encargadas de determinar sus consecuencias jurídicas hayan concluido ese examen.
Surge así un poder que conserva la apariencia procesal de actuar conforme a derecho mientras los límites de su autoridad permanecen aún sujetos a determinación. El procedimiento subsiste. La secuencia cambia.
El peligro reside en aquello que el lenguaje permite al poder presentar como ya resuelto. Cuando la acusación se convierte en infracción, la necesidad en autoridad y el cumplimiento en prueba de legalidad, el discernimiento comienza después de que el poder le haya proporcionado su vocabulario.
La primera libertad es el discernimiento.
La libertad subsiste únicamente allí donde el discernimiento continúa siendo posible. El discernimiento subsiste únicamente allí donde el lenguaje todavía no ha sido sometido al poder.
Ricardo F. Morín 30 de septiembre de 2026 Bala Cynwyd, Pensilvania
Ricardo Morín Sin título n.º 4: La fragua del pensamiento aforístico 10″x12″ Acuarela, sharpie negro y gesso, 2003
Nota del autor
Aquí, la conciencia no designa una experiencia subjetiva, sino el reconocimiento de la relación entre las formas visibles de la vida cívica y las condiciones institucionales que rigen el funcionamiento de esas formas. La percepción constituye una facultad primaria que capta esas formas, y el examen las contrasta con la distribución del poder que pretenden representar. El reconocimiento comienza allí donde esa correspondencia deja de darse por supuesta y la apariencia institucional revela los límites de aquello que las instituciones afirman encarnar.
Este ensayo constituye una indagación diagnóstica, no una construcción teórica: examina cómo la concentración de la riqueza condiciona el acceso a los recursos, influye en las decisiones institucionales y en la organización de la atención pública, y debilita la eficacia de las restricciones constitucionales. Este diagnóstico no presupone una conspiración unitaria. Los incentivos, la legislación, la administración, los regímenes de propiedad y la dispersión de la responsabilidad favorecen que decisiones deliberadas se presenten como necesidades antes que como elecciones. Bajo esas condiciones, las formas democráticas pueden conservar su vigencia formal aun cuando su funcionamiento deje de garantizar el autogobierno.
La percepción entra en la fragua del pensamiento, donde el examen somete la apariencia al fuego de la conciencia. El pensamiento aforístico no fabrica aquello que procura revelar: condensa observaciones destinadas a distinguir la forma democrática de su ejercicio, la participación visible de su capacidad para incidir en la distribución de la autoridad y la soberanía proclamada de la facultad del pueblo para determinar el orden bajo el cual vive.
Las observaciones que siguen examinan cómo las instituciones normalizan la dependencia dentro de sociedades que conservan formas democráticas. Aquí, el mandato constitucional consiste en que el poder público permanezca limitado, responda por igual ante los ciudadanos y quede sujeto a la facultad de estos para gobernarse a sí mismos. La coherencia de estas observaciones no reside en ofrecer una explicación total, sino en hacer inteligible la divergencia entre ese mandato y una distribución del poder que restringe el ejercicio del autogobierno que ese mandato exige. Como la incisión del escultor, cada observación no añade una forma propia: la revela.
Ricardo F. Morín 1 de agosto de 2026 Bala Cynwyd, Pennsylvania
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¿Qué forma adopta la dependencia dentro de una sociedad plural y democrática? Dentro de una sociedad de esa naturaleza, la dependencia adquiere relevancia política cuando el control de la riqueza determina el acceso a las condiciones materiales e institucionales de la vida cívica. Es esta relación entre riqueza y dependencia la que, a lo largo del tiempo, ha suscitado de manera recurrente las mismas cuestiones éticas: ¿Quién depende de quién para sobrevivir? ¿Es esa dependencia recíproca o unilateral? ¿Circula la riqueza o permanece inmovilizada? ¿Sostiene la vida cívica o la sustituye?
La democracia deriva su legitimidad de la aspiración a reconciliar la igualdad y la libertad. Sin embargo, cuando quienes concentran la propiedad condicionan el acceso a los recursos y dirigen el funcionamiento de las instituciones, la igualdad deja de regir el orden público y cede su lugar a relaciones de dependencia. Las instituciones democráticas conservan su carácter público, pero los intereses privados condicionan las decisiones mediante las cuales esas instituciones cumplen sus funciones. La desigualdad económica designa entonces no sólo una diferencia de recursos, sino una condición de dependencia. Aunque el proceso sea gradual, la concentración de la propiedad y su influencia sobre las instituciones reproducen por medios institucionales aquello que los antiguos despotismos aseguraban mediante la fuerza: el gobierno de unos pocos. Quienes concentran la riqueza pueden invocar el lenguaje de la democracia y, al mismo tiempo, menoscabar el servicio que las instituciones democráticas prestan al bien común.
La financiación privada sostiene las campañas políticas y condiciona la legislación. Las decisiones colectivas descansan, en consecuencia, menos sobre la deliberación pública que sobre los incentivos definidos por quienes financian el acceso a la autoridad. La financiación, la visibilidad pública y las redes organizadas de apoyo determinan cada vez más quién puede competir por la autoridad política y acceder a ella, en detrimento del juicio cívico. La participación ciudadana permanece formalmente abierta, pero quienes financian el acceso a la autoridad también delimitan las opciones disponibles y preservan así la distribución existente del control.
Las instituciones políticas y económicas pueden presentar el aumento de la capacidad productiva, tecnológica y financiera como progreso cívico aun cuando la distribución del control permanezca intacta. El progreso pierde su significado cívico cuando la ampliación de esa capacidad no modifica quién dirige su utilización ni quién recibe los beneficios resultantes. Las instituciones conservan el carácter público de la prestación de los servicios, pero reservan a intereses privados las decisiones que orientan el funcionamiento institucional. Las empresas y entidades que administran las redes de energía, transporte, comunicaciones y finanzas subordinan la prestación de servicios esenciales a criterios de rentabilidad privada. Mediante los precios, las tarifas y la deuda, quienes administran esas redes facilitan el acceso a unos y lo restringen a otros allí donde el derecho proclama un acceso común. La autonomía material de quienes dependen de esos servicios queda entonces condicionada por su capacidad económica, aunque quienes administran esas redes presenten como autonomía un acceso regido por esa misma capacidad. Las empresas que controlan el acceso a esos servicios imponen mediante contratos condiciones que antes habrían requerido la fuerza del decreto.
Bajo esas condiciones, las instituciones tratan la ciudadanía como una relación económica, no como una condición cívica autónoma. Tratan asimismo el voto como objeto de intercambio y emblema de conformidad, antes que como ejercicio de elección cívica. En ese orden de relaciones, los movimientos populistas vinculan el agravio con el acceso al poder. Sus dirigentes asocian la lealtad con el acceso a oportunidades y recompensas, y también con el reconocimiento dentro de la comunidad política. Al reiterar consignas, agravios y recompensas públicas, pueden presentar la adhesión inmediata a medidas declaradas necesarias ante una crisis como prueba de participación. Esa adhesión puede preceder al examen de la necesidad de esas medidas, de las alternativas disponibles y de sus consecuencias. Así, las instituciones condicionan tanto el acceso a los recursos como los términos bajo los cuales reconocen la participación cívica.
Una vez que las instituciones establecen relaciones de dependencia mediante el control de la energía, el transporte, las comunicaciones y las finanzas, el ejercicio del poder se extiende hacia la administración de la percepción. Los organismos Estatales seleccionan y difunden la información pública, mientras los medios de comunicación y las plataformas digitales favorecen los contenidos que concentran la atención frente a aquellos que propician el examen. Cuando organismos, medios y plataformas reiteran contenidos que suscitan una reacción inmediata, la frecuencia del mensaje puede confundirse con la certeza de aquello que afirma y reducir el espacio para examinarlo. Al favorecer la reacción continua, esos mismos actores dificultan la atención sostenida, hasta que la participación llega a confundirse con la respuesta inmediata. En esas condiciones, la coerción manifiesta pierde centralidad: la selección y reiteración de la información pueden dificultar el reconocimiento de las relaciones de subordinación.
Las instituciones Estatales y privadas preservan el poder concentrado cuando protegen las ventajas de quienes lo ejercen y dispersan la responsabilidad por las consecuencias de ese ejercicio. Las normas legislativas, las decisiones administrativas y los regímenes de propiedad reproducen la concentración de la riqueza, sostienen la acumulación y dificultan la atribución de responsabilidad. Las instituciones disfrazan decisiones deliberadas de imperativos inevitables.
La lealtad engendra silencio: el trabajador protege su empleo; el periodista preserva su acceso; el ciudadano defiende el interés del cual depende su posición. Cada decisión parece justificada cuando se la considera aisladamente, pero, en su conjunto, esas decisiones sostienen un orden en el que resulta cada vez más difícil atribuir responsabilidad a medida que se profundizan las relaciones de dependencia. La cuestión no consiste en determinar si la riqueza existe, sino en establecer si su utilización sirve al bien común. Cuando quienes controlan la riqueza hacen de la acumulación un fin en sí mismo, su utilización deja de ampliar la libertad e institucionaliza relaciones de dependencia.
Las diferencias entre los órdenes políticos impiden tratarlos como equivalentes. Los ejemplos que siguen no pretenden equipararlos, sino mostrar mecanismos diversos mediante los cuales las autoridades de distintos órdenes políticos organizan relaciones de dependencia y subordinación. En Rusia, las autoridades presentan la concentración de la autoridad Estatal como garantía de estabilidad. Al restringir la autonomía política y distribuir selectivamente las oportunidades, vinculan la seguridad material con la lealtad al poder. En China, las autoridades administrativas vinculan la distribución de oportunidades y las posibilidades de ascenso social con mecanismos de supervisión política. De ese modo, las oportunidades económicas quedan subordinadas al orden administrativo.
En los Estados Unidos, el éxito económico funciona como fuente de legitimidad social: la riqueza se toma como prueba de mérito, mientras las instituciones atribuyen el fracaso a una deficiencia individual antes que a las condiciones que distribuyen las oportunidades y los riesgos. Al hacerlo, presentan la desigualdad como consecuencia de la conducta individual y no como resultado de condiciones institucionales. A esa legitimación del éxito económico, el nacionalismo populista añade otra fuente de legitimidad política al definir la comunidad nacional a partir del agravio económico y cultural y prometer restituirle una soberanía que presenta como menoscabada. En diversos países de América Latina, movimientos populistas de orientaciones distintas articulan la desigualdad y la exclusión histórica mediante promesas de restitución política. En ambos espacios políticos, las fuerzas populistas vinculan el agravio con la lealtad y presentan la promesa de restitución como fundamento de autoridad.
Subyace a estas variaciones un principio común: quienes disponen de mayor capacidad económica y política influyen sobre las decisiones relativas al acceso a los recursos, la distribución de los beneficios y la asignación de los costos. La legislación, la administración Estatal, el régimen de propiedad privada y la gestión institucional hacen efectivas esas decisiones, canalizan los beneficios resultantes hacia los sectores con mayor capacidad de influencia y distribuyen los costos correspondientes entre sectores más amplios de la ciudadanía. Cuando las instituciones presentan ese resultado como consecuencia natural del orden existente, apartan del juicio público las decisiones que lo producen y preservan la relación de subordinación.
En la economía especulativa, la posibilidad de enriquecimiento depende del acceso desigual a la información, del momento de entrada y salida, de la liquidez y de la capacidad para absorber pérdidas. Los promotores y operadores de monedas digitales e instrumentos financieros especulativos los presentan como vías de emancipación respecto del poder centralizado, pero la organización de esos mercados distribuye de manera desigual la información, la liquidez y la exposición a las pérdidas entre quienes administran las operaciones, quienes disponen de los medios necesarios para aprovechar la fluctuación y quienes soportan sus consecuencias.
Dentro de esos mercados, el valor deja de fundarse en el trabajo y pasa a depender de la volatilidad; la riqueza financiera se multiplica mediante la fluctuación antes que mediante la producción. Tras la retórica de la descentralización operan corredores, grandes inversionistas y plataformas que controlan la información, la liquidez y la ejecución de las operaciones, y distribuyen así de manera desigual las posibilidades de ganancia y pérdida. Las plataformas y los actores financieros que proclaman la transparencia de esos mercados dependen, sin embargo, de la incertidumbre, que explotan en lugar de reducir. La volatilidad ya no surge solamente como subproducto del intercambio: quienes diseñan y emplean determinados instrumentos y prácticas financieras la convierten deliberadamente en fuente de beneficio y hacen de la inestabilidad una mercancía. Los defensores de esos mercados pueden presentar esa inestabilidad como libertad, pero continúa siendo una apuesta cuyas pérdidas sólo quienes concentran suficientes recursos pueden absorber sin perder su posición.
La idea de comunidad deja de regir el funcionamiento de las instituciones cuando estas se apropian de recursos compartidos e institucionalizan relaciones de dependencia. Al convertir el acceso a esos recursos en fuente de ventaja unilateral, sustituyen la reciprocidad por la explotación y la colaboración por la sumisión. Las instituciones al servicio de la riqueza concentrada presentan como orden una distribución que produce privación. Cuando el Estado funda la estabilidad institucional, o quienes concentran riqueza privada fundan su posición económica, en las necesidades ajenas, pueden presentar el orden resultante como legítimo mientras sujetan a quienes dependen de él a las condiciones desiguales sobre las que ese orden descansa. Al reorganizar quién depende de quién para acceder a los recursos compartidos, las instituciones alteran los términos públicos mediante los cuales se juzgan el orden, la justicia, la libertad y la ciudadanía.
Las instituciones alteran también los términos de la ciudadanía cuando el acceso al empleo, a los servicios esenciales y a la participación cívica queda condicionado por la dependencia material. El poder adquisitivo funciona entonces como medida de la libertad, y la posibilidad de elegir entre opciones predeterminadas se presenta como medida suficiente de la ciudadanía. Las formas democráticas permanecen, mientras el poder concentrado restringe el alcance efectivo de la elección.
La restricción del alcance de la elección constituye una desviación constitucional cuando, en la legislación, la administración Estatal y el régimen de propiedad privada, el ejercicio del poder se aparta del mandato constitucional sin que los órganos encargados de limitarlo contengan ese apartamiento. La divergencia entre el mandato y su ejercicio se consolida cuando los órganos legislativos permiten que las normas afiancen la concentración de poder que les corresponde limitar. El marco constitucional permanece entonces formalmente vigente, mientras la distribución efectiva del poder contradice la dirección establecida por ese mismo marco.
El examen de esa divergencia permite distinguir entre la vigencia formal del mandato constitucional y su realización en el ejercicio del poder. La percepción capta la continuidad visible de las instituciones; el examen determina si el ejercicio institucional responde todavía al mandato que las legitima. El reconocimiento comienza cuando el examen deja de considerar esa continuidad como prueba suficiente de la correspondencia entre el mandato y el ejercicio del poder. El examen revela entonces cuándo las instituciones conservan los términos de la libertad, la participación y el consentimiento mientras reducen la libertad a permiso, la participación a visibilidad y el consentimiento a conformidad.
Esa divergencia no alcanza la misma extensión en todas las sociedades. En Suiza, Noruega, Dinamarca, Suecia y Estonia, así como en Costa Rica y Uruguay, la representación política, la fiscalización pública y el Estado de derecho contribuyen, en grados distintos, a contener la concentración del poder; someten la administración Estatal a supervisión y limitan la influencia de la riqueza privada sobre las decisiones públicas. En conjunto, esos mecanismos aproximan el ejercicio del poder al mandato constitucional sin eliminar la influencia de la riqueza privada sobre las decisiones públicas ni asegurar una correspondencia plena entre el mandato constitucional y el ejercicio efectivo del poder. Contienen la divergencia, pero no la eliminan.
La dependencia institucionalizada perdura allí donde las restricciones constitucionales, la fiscalización pública y las instituciones encargadas de limitar el poder concentrado dejan de operar eficazmente. Perdura cuando las restricciones constitucionales dejan de contener el poder concentrado, cuando las instituciones encargadas de hacer cumplir esas restricciones permiten que ese poder se expanda y cuando los procedimientos democráticos conservan su vigencia formal mientras disminuye el alcance efectivo de la elección. El voto conserva entonces su forma cívica, pero una distribución del poder que el propio ejercicio electoral no logra alterar limita la capacidad del voto para modificar la distribución de la autoridad.
Bajo esas condiciones, las formas democráticas permanecen, aunque dejan de contener la concentración del poder. La participación continúa visible, pero pierde la capacidad de modificar la distribución de la autoridad. El examen reconoce esa divergencia, pero no puede por sí solo eliminarla ni restituir el autogobierno. La democracia puede perecer sin que desaparezcan sus instituciones: la acción pública cede ante la administración, el juicio ante la necesidad y el pueblo, aunque todavía proclamado soberano, deja de determinar el orden bajo el cual vive.
Bibliografía seleccionada
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Tomás de Aquino. Suma de teología. Edición dirigida por los Regentes de Estudios de las Provincias Dominicanas en España. 5 vols. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1988–1994.
La vida no comienza con el poder. Comienza con la dependencia. Antes de que un ser humano sea capaz de juzgar, elegir, consentir o resistir, su existencia ya transcurre dentro de vínculos de los cuales depende su supervivencia. Nadie comparece al mundo investido de autonomía. Toda vida humana comienza sostenida por la acción de otro.
La dependencia, sin embargo, no basta para explicar la autoridad. Quien posee mayor fuerza puede preservar la vida ajena, abandonarla o destruirla. La sola superioridad física no permite comprender la índole de la relación gracias a la cual la vida humana llega ordinariamente a desarrollarse. Si la fuerza gobernara por sí sola el vínculo entre quien necesita protección y quien puede otorgarla, el cuidado dejaría de distinguirse del dominio.
El cuidado comienza a revelarse como algo distinto del dominio en una experiencia tan cotidiana que rara vez se convierte en objeto de reflexión. El niño va descubriendo paulatinamente un mundo en el que la orientación recibida no se vive únicamente como una limitación impuesta desde fuera, sino como una guía que corresponde a quien la ejerce. Antes de convertirse en objeto de comprensión, la autoridad constituye una experiencia vivida. Su primera aparición no adopta la forma del mandato, sino la del cuidado.
El cuidado hace posible una dependencia que la fuerza jamás podría producir: una dependencia que no extingue la libertad futura, sino que prepara su aparición. La orientación recibida resulta inteligible porque se ejerce en beneficio de la vida que todavía se encuentra en formación y no para satisfacer el interés inmediato de quien dispone de mayor poder.
El poder y la autoridad intervienen conjuntamente en el desarrollo de la vida civilizada. El poder designa la capacidad de actuar. La autoridad designa el derecho reconocido para orientar, dirigir, juzgar o decidir. Ambas realidades pueden concurrir en una misma persona, pero ninguna implica necesariamente la existencia de la otra. Puede existir poder desprovisto de autoridad, del mismo modo que la autoridad puede subsistir aun cuando el poder haya disminuido considerablemente.
La obediencia tampoco resuelve el problema. Los seres humanos obedecen por motivos muy diversos. Obedecen porque temen el castigo. Obedecen porque la costumbre ha vuelto invisibles las alternativas. Obedecen porque el engaño ha ocultado la verdadera naturaleza de lo que se les exige. Obedecen porque toda resistencia parece inútil. Ninguna de estas circunstancias constituye autoridad. Todas ellas explican únicamente la sumisión.
La autoridad sólo comienza allí donde el reconocimiento llega a ser posible. La orientación de quien guía debe poseer un título que haga justificable su reconocimiento con independencia de la fuerza. Quien acepta la orientación de otro no se limita a ceder ante una voluntad más poderosa. Reconoce que esa orientación posee un título que excede el simple hecho de poder imponerla.
Ese reconocimiento constituye la legitimidad. La legitimidad no se identifica con la eficacia, la popularidad, el éxito, la antigüedad ni la duración. Tampoco nace de la mera afirmación de quien reclama obediencia. Designa la condición bajo la cual la autoridad puede ser reconocida como debida y no simplemente como existente.
Por depender del reconocimiento y no de la posesión del poder, la legitimidad resulta más frágil que el propio poder. La fuerza puede permanecer intacta cuando la legitimidad ya ha comenzado a desaparecer. Los ejércitos pueden seguir obedeciendo. Las instituciones pueden continuar funcionando. Las leyes pueden seguir aplicándose. Sin embargo, el fundamento del reconocimiento ya ha cambiado: lo que antes era reconocido como debido comienza a experimentarse únicamente como impuesto.
Desde ese momento, las relaciones humanas empiezan a transformarse sin estridencia. La orientación se aproxima a la coacción. La confianza cede su lugar al cálculo. La responsabilidad empieza a confundirse con el control. La enseñanza se aproxima al adoctrinamiento. El juicio comienza a percibirse como dominación. La autoridad permanece visible, mientras la inteligibilidad que antes la hacía reconocible se desvanece progresivamente. Un hijo puede seguir obedeciendo a su padre por hábito mucho después de haber dejado de confiar en su juicio. Desde fuera, el vínculo entre el padre y el hijo apenas parece haber cambiado. Las mismas palabras siguen pronunciándose. Las mismas decisiones continúan siendo acatadas. Sin embargo, aquello que sostenía interiormente la autoridad ya ha comenzado a desaparecer.
La desaparición de la legitimidad no provoca un derrumbe inmediato de la convivencia. Las relaciones humanas comienzan a reorganizarse conforme a recursos que ya no descansan en el reconocimiento. Allí donde el reconocimiento deja de sostener la autoridad, aparecen recursos destinados a sustituirlo. La fuerza intenta compensar lo que el reconocimiento ya no concede. El temor procura asegurar la obediencia que la confianza ha retirado. La costumbre prolonga prácticas que ya casi no descansan en el reconocimiento. La manipulación fabrica la apariencia del consentimiento cuando el reconocimiento auténtico ha dejado de existir.
Ninguno de esos recursos, sin embargo, constituye autoridad. La fuerza obtiene conductas, pero no reconocimiento. El temor silencia la resistencia, pero no produce asentimiento. La costumbre prolonga formas cuya inteligibilidad se ha debilitado. La manipulación imita la legitimidad porque ya no puede producirla. Todos esos recursos dependen de la ausencia del reconocimiento que pretenden reemplazar.
¿Qué hace posible que un ser humano reconozca la autoridad de otro sin reducir ese reconocimiento a la fuerza, al temor, a la costumbre o a la manipulación? Toda forma posterior de autoridad recibirá su inteligibilidad de la respuesta ofrecida a esa pregunta.
La primera manifestación de la autoridad permanece inseparable del cuidado porque la vida todavía depende de la presencia constante de otro. Con el crecimiento del niño, sin embargo, la dependencia comienza a modificarse. La supervivencia deja de ocupar el centro de la relación. Poco a poco ese lugar pasa a ser ocupado por la comprensión.
Ninguna experiencia permite advertir con mayor claridad que el lenguaje cómo la supervivencia deja de ocupar el centro de la dependencia y la comprensión comienza a ocupar su lugar. Ningún niño inventa la lengua mediante la cual el mundo comienza a hacerse inteligible. Las palabras son recibidas antes de ser utilizadas. Los significados son reconocidos antes de ser examinados. La gramática es obedecida mucho antes de poder ser explicada. Todo acto de habla presupone, por consiguiente, una herencia que ningún individuo ha producido por sí mismo.
La transmisión de esa herencia no puede obtenerse por la fuerza. Un niño puede ser obligado a repetir una palabra, pero la repetición no equivale todavía a la comprensión. El lenguaje llega a ser propio porque la corrección acaba siendo reconocida como algo distinto de la imposición. El niño no reproduce simplemente sonidos. Aprende que ciertas palabras nombran el mundo con mayor fidelidad que otras. La corrección, por ello mismo, remite siempre a una realidad que trasciende a quien corrige.
Con la adquisición del lenguaje también cambia la naturaleza de la autoridad. La dependencia propia de la primera infancia deja de constituir su fundamento principal. La autoridad comienza ahora a surgir de la participación compartida en un orden que precede tanto al maestro como al discípulo. La lengua existía antes de ambos. Ninguno puede atribuírsela como propiedad exclusiva. Ambos permanecen sometidos a la misma estructura que hace posible la comunicación.
La enseñanza del lenguaje, por esa razón, nunca puede reducirse al ejercicio de un mandato. Quien corrige una expresión responde, en último término, ante la lengua misma y no únicamente ante su propia voluntad. La legitimidad de la corrección no nace del deseo del hablante, sino de la fidelidad con que la palabra transmitida corresponde al idioma compartido. La autoridad deja entonces de apoyarse principalmente en la persona que enseña y comienza a descansar en la realidad a la cual esa persona permanece subordinada.
La autoridad puede ser reconocida aun cuando desaparezca la dependencia personal que caracterizaba los primeros años de la vida. El niño empieza a descubrir que alguien merece ser escuchado, no porque sea más fuerte ni porque continúe dispensándole cuidado, sino porque le permite acceder con fidelidad a una realidad que existe independientemente de ambos. El reconocimiento deja así de dirigirse exclusivamente hacia la persona para orientarse hacia aquello que esa persona hace accesible.
La orientación del reconocimiento hacia la realidad transmitida, y no exclusivamente hacia la persona que la transmite, altera profundamente la experiencia humana. La autoridad ya puede ser examinada sin quedar por ello abolida. La corrección también puede ser corregida. El maestro puede equivocarse. Ni el examen de la autoridad, ni la corrección de lo enseñado, ni el error del maestro destruyen la legitimidad de la enseñanza, porque la legitimidad ya no reside exclusivamente en quien enseña, sino en la fidelidad con que transmite aquello que lo trasciende.
Sobre el desplazamiento de la autoridad desde la persona que transmite hacia la integridad de lo transmitido comienza a edificarse la civilización. Una vez que la autoridad pasa a ser atribuible a la integridad de lo transmitido y no simplemente a quien lo transmite, se hacen posibles todas las formas superiores de aprendizaje. La educación, la investigación científica, la vida moral, el juicio y el gobierno constitucional reproducirán, cada uno en su propio ámbito, la subordinación de la autoridad a una realidad anterior que gobierna su ejercicio y hace posible su reconocimiento.
El lenguaje, sin embargo, todavía no constituye educación. Proporciona únicamente la posibilidad de comunicar la comprensión sobre la cual podrá actuar la educación. Gracias al lenguaje la comprensión puede comunicarse. La educación persigue un propósito distinto: la formación deliberada del entendimiento.
Un maestro corrige un razonamiento equivocado. El alumno advierte primero el error en su respuesta antes de comprender plenamente la verdad de la explicación recibida. La corrección no exige únicamente obediencia. Exige la confianza suficiente para aceptar que otro puede conducir el entendimiento hacia una realidad que todavía no alcanza a ver. Con la educación aparece una nueva modificación de la autoridad. El niño ya no depende del adulto únicamente para habitar una lengua compartida, sino para acceder a saberes cuya adquisición resulta imposible mediante la sola experiencia individual. Cada generación recibe un mundo cuya complejidad rebasa inmensamente la duración de cualquier existencia humana. La educación existe porque ningún hombre puede comenzar siempre desde el principio.
Por ello, la autoridad del educador no puede derivarse de la edad, del cargo o de la pertenencia a una institución. Ninguna de esas circunstancias confiere, por sí sola, el derecho de orientar la inteligencia ajena. El maestro adquiere legitimidad únicamente cuando hace accesible un conocimiento cuya validez no procede de él mismo. Allí donde la enseñanza convierte al profesor en el verdadero objeto del aprendizaje, la educación ha dejado ya de existir.
La formación intelectual exige, por ello, una disciplina común al maestro y al discípulo. El maestro responde ante la verdad de aquello que enseña. El discípulo responde ante el esfuerzo requerido para comprenderlo. Ninguno gobierna unilateralmente la relación educativa porque ambos comparecen ante un conocimiento que ninguno ha creado.
Por ello la educación difiere radicalmente del adoctrinamiento. El adoctrinamiento busca la adhesión al maestro o la permanencia de una doctrina con independencia de que ésta conserve su inteligibilidad. La educación persigue un fin opuesto. Busca que el discípulo llegue a reconocer la verdad incluso cuando ese reconocimiento termine por superar el entendimiento del propio maestro. El éxito de la enseñanza consiste en hacer progresivamente menos necesaria la autoridad de quien enseñó.
La educación pone así de manifiesto uno de los rasgos menos advertidos de la autoridad legítima. Cuanto más fielmente se transmite el conocimiento, menos depende el discípulo de la persona que actuó como mediadora. La educación no perpetúa la dependencia. Prepara la autonomía sin destruir la legitimidad de la relación gracias a la cual esa autonomía llegó a ser posible.
La autoridad legítima y la dominación revelan aquí con mayor claridad las direcciones opuestas hacia las cuales se orientan. La dominación necesita perpetuarse porque depende de la subordinación continua de quien permanece sometido. La autoridad legítima, por el contrario, trabaja para que el reconocimiento pueda sostenerse finalmente por sí mismo. No teme la madurez intelectual del discípulo porque jamás buscó poseerlo, sino formarlo.
Cuando la enseñanza intenta impedir el examen, desalienta la corrección o procura prolongar indefinidamente la dependencia del discípulo, comienza a apartarse de la subordinación al conocimiento que justificaba su autoridad. La corrupción comienza cuando el maestro deja de reconocerse subordinado al conocimiento que transmite y exige ser reconocido por la sola permanencia de su autoridad.
Del desplazamiento de la legitimidad educativa desde la persona del maestro hacia la fidelidad al conocimiento surge una nueva interrogante. Si la legitimidad de la educación depende de la fidelidad al conocimiento y no exclusivamente del educador, ¿qué hace posible que el conocimiento posea autoridad sin convertirse en otra forma de poder institucional? Esa pregunta conduce naturalmente desde la educación hacia la investigación científica.
Un investigador dedica años a desarrollar una hipótesis. Los resultados de nuevos experimentos terminan contradiciéndola. Puede ignorarlos para preservar su prestigio o reconocer públicamente que la realidad ha desmentido sus conclusiones. Esa decisión permite advertir si el investigador permanece subordinado a las pruebas obtenidas o si utiliza la autoridad institucional de la ciencia para preservar su propio prestigio. La investigación científica nace de la obligación de someter las conclusiones del investigador a las pruebas capaces de desmentirlas. Ninguna proposición adquiere verdad porque haya sido formulada por un investigador prestigioso, aprobada por una institución de renombre o aceptada por la mayoría de los especialistas. La autoridad de la ciencia no procede de quienes la ejercen. Procede de la disciplina mediante la cual toda afirmación permanece expuesta al examen, a la reproducción, a la rectificación o al rechazo por parte de otros. El científico comparece así bajo las mismas exigencias a las que somete cada una de sus conclusiones.
Por esa razón, la autoridad científica posee un carácter singular. La posibilidad del error no la debilita; constituye una de las condiciones que hacen posible su legitimidad. Una investigación permanece científicamente legítima porque admite la corrección pública de sus propios resultados. El error pertenece a la vida ordinaria de la ciencia. Lo que deslegitima la investigación no es equivocarse, sino sustraer las conclusiones al procedimiento mediante el cual podrían demostrarse equivocadas.
Una conclusión errónea no destruye la autoridad de la ciencia mientras permanezca expuesta a ser demostrada y corregida mediante los mismos procedimientos que justifican la investigación. El error adquiere otra naturaleza cuando el examen deja de ser posible, cuando el prestigio institucional sustituye la demostración o cuando se exige asentimiento al margen de toda verificación ulterior. En ese instante el investigador deja de mediar el conocimiento de la realidad para comenzar a mediar el reconocimiento de sí mismo.
La autoridad científica, por consiguiente, nunca reside en el científico. Reside en la fidelidad permanente de la investigación respecto de la realidad que procura comprender. El investigador conserva autoridad únicamente mientras permanezca sometido a esa realidad. Desde el momento en que pretende sustraerse a esa subordinación, la legitimidad comienza a retirarse, aun cuando el poder institucional de la ciencia permanezca aparentemente intacto.
La tentación descubierta en la investigación científica no pertenece exclusivamente a la ciencia. Toda institución duradera acaba enfrentándose al peligro de confundir la conservación de su propia autoridad con la conservación de la realidad que inicialmente justificó su existencia. Las instituciones rara vez pierden legitimidad por ejercer autoridad. Comienzan a perderla cuando su principal preocupación deja de ser aquello que les fue confiado y pasa a ser su propia permanencia. La fidelidad cede entonces ante la autoconservación. La mediación termina convirtiéndose en autorreferencia. La autoridad, que antes permitía ver con transparencia aquello que la justificaba, comienza lentamente a oscurecerlo.
La investigación científica conduce así al problema de la autoridad moral. Si la ciencia recibe legitimidad de su fidelidad a la verdad, ¿rige una estructura semejante aquellas formas de autoridad que no pueden demostrarse experimentalmente y que, sin embargo, resultan indispensables para la convivencia? Esa pregunta introduce el problema de la autoridad moral.
Quien exhorta a los demás a decir la verdad termina siendo descubierto en una mentira. El principio permanece. La autoridad de quien lo invocaba desaparece. Esa experiencia cotidiana introduce una pregunta distinta de todas las anteriores. ¿Qué hace que una persona llegue legítimamente a orientar la conciencia de otra? La autoridad moral presenta mayores dificultades que la autoridad científica porque los bienes a los cuales se refiere no pueden reproducirse mediante experimentos ni reducirse a mediciones.
La respuesta no puede encontrarse en la intensidad de las convicciones. Toda sociedad conoce individuos que proclaman la virtud mientras desmienten con su conducta aquello mismo que afirman. Ni la elocuencia, ni la reputación, ni el prestigio, ni el cargo confieren por sí solos autoridad moral. Antes de que un juicio sobre el bien merezca reconocimiento debe existir una correspondencia entre la vida de quien habla y los principios que invoca.
La integridad hace visible esa correspondencia. No garantiza que cada juicio resulte verdadero. Tampoco convierte a nadie en ejemplo perfecto. Permite, más bien, que la autoridad moral llegue a ser inteligible porque quien exhorta permanece igualmente sometido a las normas cuya observancia propone a los demás. Lo que los seres humanos reconocen no es la perfección, sino la coherencia.
Por ello la hipocresía posee una fuerza disolvente incomparable. No destruye el principio moral invocado. Destruye la autoridad de quien pretende hablar en su nombre. Una exigencia moral puede conservar íntegramente su verdad mientras desaparece el derecho de determinada persona a formularla. La contradicción no reside en el principio, sino en la ruptura entre ese principio y la conducta de quien lo invoca.
También aquí conviene distinguir cuidadosamente entre el error y la corrupción. Una persona moralmente seria puede equivocarse, rectificar o descubrir retrospectivamente la insuficiencia de sus propios juicios. Mientras continúe sometida a los principios que reconoce, la legitimidad permanece intacta. La hipocresía no constituye un error moral susceptible de rectificación, sino la reclamación deliberada de una excepción respecto de las normas impuestas a los demás. Desde ese instante el principio deja de gobernar la conducta de la persona, y la persona comienza a gobernar el principio.
La experiencia acumulada hasta aquí deja al descubierto una constante. El padre permanece subordinado al bien del hijo. El maestro permanece subordinado al conocimiento. El investigador permanece subordinado a la verdad. Quien habla en nombre del bien permanece subordinado a los principios que propone. En ninguno de esos casos la autoridad nace de una superioridad personal. Nace de la fidelidad sostenida a una realidad anterior y superior a quien la ejerce.
Cuando esa subordinación se invierte, la corrupción comienza a manifestarse sin ruptura visible. El bien deja de gobernar la conducta. La verdad deja de gobernar la investigación. El conocimiento deja de gobernar la enseñanza. Los principios dejan de gobernar la conciencia. Aquello que originalmente justificaba la autoridad comienza a ser utilizado para preservar la autoridad misma. La persona se convierte en la fuente de la autoridad que antes recibía de la realidad a la cual permanecía subordinada.
Dos personas comparecen sosteniendo pretensiones incompatibles. Ambas creen tener razón. Ambas apelan a la justicia. Ninguna puede decidir por sí misma cuál de las dos reclamaciones debe prevalecer. Allí aparece por primera vez la necesidad del juicio. La vida moral conduce así hacia otra exigencia todavía más compleja. Allí donde varias personas sostienen pretensiones incompatibles entre sí, ya no basta orientar una conciencia individual. Se hace necesario discernir entre derechos contrapuestos. La necesidad de discernir entre derechos contrapuestos hace aparecer el juicio.
El juicio introduce una modalidad de autoridad distinta de todas las anteriores. El padre orienta al hijo. El maestro conduce al discípulo. El investigador indaga la verdad. Quien vive conforme a principios procura ordenar su propia conducta y orientar la de otros. El juez, en cambio, comparece allí donde dos o más pretensiones incompatibles reclaman simultáneamente reconocimiento. La autoridad deja entonces de situarse frente a una sola persona para colocarse entre personas cuyas reclamaciones deben ser ponderadas conforme a justicia.
La complejidad de esa función no modifica la estructura de la legitimidad. Ningún juez adquiere autoridad por ocupar un estrado, vestir una toga o disponer del poder necesario para ejecutar sus decisiones. Tales circunstancias hacen posible el ejercicio institucional del juicio, pero no explican por qué ese juicio merece ser reconocido como debido. La autoridad judicial sólo llega a ser inteligible cuando quienes comparecen ante ella pueden reconocer que la decisión permanece sometida a la justicia y no a los intereses, preferencias o conveniencias del juzgador.
La imparcialidad, por consiguiente, no constituye una virtud añadida al ejercicio jurisdiccional. Constituye una exigencia inherente al propio acto de juzgar. Las partes no buscan únicamente una decisión. Buscan una decisión cuya autoridad proceda de su conformidad con una justicia que ni el juez ni los litigantes han creado. La justicia ocupa así el lugar hacia el cual apunta la autoridad judicial sin llegar jamás a convertirse en patrimonio de quien la ejerce.
Por esa razón, incluso la apariencia de parcialidad puede erosionar profundamente la legitimidad del juicio. Cuando quienes acuden a los tribunales comienzan a percibir que las decisiones responden principalmente a los intereses del juez, de la institución o de cualquier poder exterior, la autoridad empieza a separarse de la justicia. Las sentencias continúan dictándose. La obediencia puede mantenerse. La maquinaria judicial sigue funcionando. Sin embargo, el reconocimiento deja paulatinamente de dirigirse hacia la justicia del fallo para orientarse hacia la fuerza que asegura su cumplimiento.
También en el juicio resulta indispensable distinguir entre el error y la pérdida de legitimidad. Los jueces siguen siendo seres humanos cuya comprensión permanece necesariamente limitada. Una sentencia equivocada no destruye por sí sola la autoridad judicial mientras el orden jurídico conserve procedimientos públicos capaces de corregirla. La apelación, la revisión y el razonado disentimiento no debilitan la justicia. Manifiestan que la función jurisdiccional continúa subordinada a ella.
La corrupción del juicio comienza en un lugar muy distinto. Comienza cuando quien juzga deja de comprenderse como servidor de la justicia y empieza a comprender la justicia como aquello que confirma su propia autoridad. El ejercicio jurisdiccional deja entonces de transparentar el derecho para comenzar a transparentar el poder del juzgador. La fidelidad cede nuevamente ante la autorreferencia. El cargo ocupa el lugar que antes correspondía a la justicia.
La reiteración de esa misma inversión ha reaparecido ya bajo formas sucesivas. El cuidado degenera cuando convierte la vida ajena en objeto de posesión. La educación degenera cuando sustituye la formación por el adoctrinamiento. La investigación científica degenera cuando el prestigio reemplaza la demostración. La autoridad moral degenera cuando los principios son utilizados para eximir de ellos a quien los invoca. El juicio degenera cuando la justicia deja de constituir el término al cual permanece subordinada la autoridad judicial.
La reiteración del desplazamiento por el cual la autoridad ocupa el lugar de aquello que debía gobernarla revela que la reflexión ha alcanzado un umbral distinto. Ya no se trata de examinar casos particulares de autoridad. Lo que comparece ahora es la subordinación común de toda autoridad legítima a aquello que la precede y gobierna su ejercicio. La cuestión deja de preguntar qué hace legítima a determinada autoridad para preguntar qué hace posible la legitimidad de toda autoridad.
El cuidado, el lenguaje, la educación, la investigación científica, la conciencia moral y el juicio pertenecen a ámbitos muy diversos de la experiencia humana. El cuidado pertenece al comienzo de la vida. El lenguaje hace posible un mundo compartido. La educación transmite el conocimiento. La investigación científica disciplina la búsqueda de la verdad. La conciencia moral ordena la conducta. El juicio restablece la justicia entre pretensiones enfrentadas. Pese a esa diversidad, todas esas experiencias permanecen unidas por una misma estructura.
En ninguna de ellas la autoridad encuentra su origen en quien la ejerce. El padre no constituye el bien del hijo. El hablante no constituye la lengua. El maestro no constituye el conocimiento. El investigador no constituye la verdad. La conciencia no constituye los principios morales. El juez no constituye la justicia. Cada uno recibe legitimidad únicamente mientras permanece fiel a aquello que le precede y que continúa gobernando el ejercicio de su autoridad.
El poder y la legitimidad revelan así que proceden de condiciones enteramente distintas. El poder existe allí donde alguien posee capacidad suficiente para imponer una conducta. La legitimidad sólo existe allí donde la autoridad permanece inteligible como mediación fiel de una realidad que no le pertenece. El poder puede afirmarse mediante la posesión. La legitimidad únicamente puede sostenerse mediante la fidelidad.
Por ello la legitimidad resulta, al mismo tiempo, más frágil y más perdurable que el poder. Es más frágil porque el reconocimiento puede desaparecer mientras las instituciones continúan ejerciendo eficazmente sus funciones. Es más perdurable porque las realidades de las cuales la autoridad recibe legitimidad permanecen más allá de quienes la ejercen transitoriamente. Los hombres desaparecen. Las instituciones cambian. La verdad, la justicia, el conocimiento, el bien y el cuidado continúan juzgando a todos aquellos que pretenden representarlos.
La reflexión emprendida hasta este punto ha mostrado bajo qué condiciones nace la legitimidad. El examen debe dirigirse ahora hacia el movimiento inverso. Conviene preguntarse cómo comienza la autoridad a perder aquello mismo que inicialmente la hizo digna de reconocimiento.
La corrupción de la autoridad no comienza con el abuso del poder. El abuso únicamente hace visible una corrupción que ya se encontraba en marcha. El verdadero deterioro aparece en el instante en que la autoridad deja de remitir a la realidad que la legitimaba y comienza a reclamar reconocimiento para sí misma. Lo que antes permanecía transparente a la verdad, al cuidado, a la justicia o al conocimiento empieza lentamente a oscurecerlos. La institución, el cargo, la persona o la tradición ocupan el lugar que correspondía al cuidado, al conocimiento, a la verdad, a la justicia o al bien común que originalmente justificaban su autoridad.
El abandono de la realidad que legitimaba la autoridad y la consiguiente reclamación de reconocimiento para la autoridad misma rara vez se anuncian mediante rupturas espectaculares. Casi siempre avanza por sustituciones imperceptibles. La fidelidad cede ante la conservación. La mediación se convierte en representación. La representación termina identificándose con aquello que pretendía representar. Poco a poco desaparece la distancia entre la autoridad y la realidad de la cual recibía legitimidad. La autoridad comienza a presentarse como si ella misma fuese el origen de aquello que sólo estaba llamada a custodiar.
Cuando la autoridad comienza a reclamarse como fuente de su propia legitimidad, la legitimidad comienza a disolverse progresivamente, aun cuando la estabilidad exterior permanezca aparentemente intacta. El reconocimiento deja de dirigirse hacia el bien protegido, la verdad investigada, la justicia administrada o el conocimiento transmitido. Comienza a dirigirse hacia el prestigio del cargo, la permanencia de la institución, la continuidad de una tradición o la influencia de determinadas personas. Se exige confianza porque la autoridad existe, y no porque continúe siendo fiel a aquello que justificó su existencia.
Las consecuencias alcanzan todas las formas de la vida civilizada. Allí donde la autoridad pierde la capacidad de remitir más allá de sí misma, resurgen inevitablemente los sucedáneos que habían aparecido al comienzo de esta reflexión. La fuerza intenta reemplazar el reconocimiento perdido. El temor procura conservar la obediencia. La costumbre prolonga prácticas cuyo fundamento se ha debilitado. La manipulación fabrica la apariencia de una legitimidad que ya no puede producir.
La civilización no consiste, por ello, en la mera acumulación de instituciones. Consiste en una compleja red de autoridades cuya legitimidad depende de la fidelidad permanente a las realidades que les dieron origen. La salud de una civilización no se mide por la magnitud del poder que concentra, sino por el grado de transparencia con que sus autoridades continúan remitiendo al cuidado, al conocimiento, a la verdad, a la justicia y al bien común.
Sólo en este punto adquiere pleno sentido la autoridad política. El gobierno constitucional no constituye un problema separado de cuanto antecede. Reúne en el ámbito de la vida pública todas las formas de legitimidad examinadas hasta ahora. La cuestión ya no consiste en preguntar si el poder político posee una legitimidad propia. Consiste en determinar si el orden constitucional permanece sometido a la misma exigencia de fidelidad a una realidad que lo precede y lo trasciende.
La civilización preserva esas formas de autoridad mediante instituciones. Ninguna generación podría transmitir por sí sola la lengua, el conocimiento, la justicia o el orden político. Las instituciones prolongan a través del tiempo la transmisión de la lengua, el conocimiento, la justicia y el orden político.
La institución, sin embargo, jamás posee legitimidad por sí misma. Una escuela existe para educar. Una universidad existe para cultivar el conocimiento. Un tribunal existe para hacer justicia. Un centro de investigación existe para investigar. El gobierno constitucional existe para ordenar jurídicamente la vida política de una comunidad. Ninguna de esas instituciones constituye el principio del cual deriva su autoridad. Todas permanecen subordinadas a la realidad cuya custodia les ha sido encomendada.
Por esa razón las instituciones reúnen simultáneamente una fortaleza y una vulnerabilidad que no aparecen con igual intensidad en las relaciones personales. Su permanencia permite conservar logros que exceden la duración de cualquier existencia individual. Pero esa misma permanencia introduce una tentación constante. Lo que perdura termina desarrollando intereses propios. La conservación de aquello que debía proteger acaba desplazándose hacia la conservación de la institución misma.
La subordinación de la misión institucional a la conservación de la propia institución rara vez comienza mediante un acto deliberado de corrupción. Las instituciones procuran inicialmente asegurar las condiciones necesarias para continuar cumpliendo su misión. Esa preocupación resulta legítima mientras permanezca subordinada a la finalidad que justificó su existencia. El problema aparece cuando la conservación deja de servir a la misión y la misión comienza a servir a la conservación. Los medios ocupan el lugar de los fines. La continuidad de la institución comienza gradualmente a ocupar el lugar de su fidelidad a la finalidad que justificó su existencia.
Cuando la conservación de la institución comienza a prevalecer sobre su misión, la institución deja de preguntarse si continúa haciendo presente la realidad cuya custodia le fue confiada. La preocupación principal pasa a ser su propia supervivencia. Una universidad puede seguir inaugurando edificios, ampliando sus programas, incrementando sus matrículas y mejorando su posición en los rankings mientras la pregunta por la formación del entendimiento deja gradualmente de ocupar el centro de su vida académica. Nada parece indicar una crisis institucional. Sin embargo, la finalidad que justificaba la existencia de la institución ha comenzado a ceder su lugar a la conservación de la propia institución. La verdad, la justicia, el conocimiento o el bien común dejan de constituir el criterio supremo del examen institucional. El centro de gravedad se desplaza hacia la preservación de la organización misma.
La pérdida de legitimidad rara vez se manifiesta de inmediato porque el poder institucional suele sobrevivir durante largo tiempo al debilitamiento de la legitimidad. Los edificios permanecen abiertos. Los procedimientos continúan aplicándose. Los cargos siguen siendo ocupados. Las decisiones continúan produciéndose. Las formas exteriores permanecen reconocibles mientras el fundamento que las hacía inteligibles comienza a retirarse de la experiencia pública.
Por ello el deterioro institucional suele atribuirse a causas secundarias. Se culpa a la hostilidad política, a las dificultades económicas, a los cambios culturales o a la presión exterior. Todos esos factores pueden acelerar la decadencia. Ninguno constituye su origen. La decadencia comienza cuando la institución deja de medirse por la fidelidad a la realidad que debía custodiar y comienza a medirse por la eficacia con que asegura su propia continuidad.
Comprender que la decadencia comienza cuando la institución privilegia su continuidad sobre la realidad que debía custodiar permite aclarar uno de los equívocos más persistentes de la vida pública. La crítica dirigida contra una institución suele confundirse con hostilidad hacia ella. Sin embargo, la verdadera fidelidad institucional puede exigir esa misma crítica cuando procura restituir la institución a la finalidad que justificó su nacimiento.
Del mismo modo, la defensa más apasionada de una institución puede contribuir a su deslegitimación si pretende conservarla al margen del bien que estaba llamada a servir.
El reconocimiento, por consiguiente, no sigue necesariamente a la permanencia ni acompaña inevitablemente al cambio. Sigue a la fidelidad. Las instituciones permanecen legítimas únicamente mientras continúan haciendo presente aquello que originalmente les confirió autoridad.
Entre todas ellas existe una cuya responsabilidad supera a las demás. A diferencia de la escuela, del tribunal o del laboratorio, el orden constitucional no administra un ámbito particular de la experiencia humana. Establece el marco jurídico dentro del cual todas las demás autoridades pueden ejercer legítimamente sus respectivas funciones. La legitimidad constitucional constituye, por ello, la expresión más amplia de la misma estructura que ha venido desplegándose desde las primeras relaciones de cuidado.
La autoridad constitucional no constituye una excepción respecto de las formas anteriores de legitimidad. Al contrario, las presupone y las reúne en la organización de la vida pública. Lo que el cuidado realiza en la familia, la enseñanza en la formación del entendimiento, la investigación en el conocimiento de la verdad, la conciencia moral en la conducta y el juicio en la administración de justicia, el orden constitucional debe realizarlo respecto de la comunidad política en su conjunto.
Por ello el gobierno nunca adquiere legitimidad por el solo hecho de gobernar. Gobernar demuestra la existencia de poder. La legitimidad constitucional plantea una cuestión distinta. La existencia de un gobierno no resuelve esa cuestión. Tan sólo hace imposible eludirla.
La respuesta no puede apartarse de la estructura que ya ha quedado manifiesta en todas las formas anteriores de autoridad. Así como el maestro no constituye el conocimiento, el investigador no constituye la verdad y el juez no constituye la justicia, tampoco el gobierno constituye el origen de la autoridad pública que ejerce. La autoridad política permanece necesariamente subordinada a una realidad que la antecede y la trasciende.
Esa realidad no es el propio gobierno, ni los órganos que lo integran, ni la continuidad administrativa, ni la eficacia de las políticas públicas, ni la permanencia institucional, ni el reconocimiento internacional, ni el respaldo partidista, ni la necesidad práctica de conservar el orden. Todas esas circunstancias pueden acompañar al ejercicio del poder. Ninguna de ellas basta para conferirle legitimidad.
La autoridad pública sólo permanece legítima mientras continúe siendo atribuible a la comunidad política de la cual procede. Un gobierno puede conservar el control de los ministerios, de la administración pública, de la fuerza armada y de las relaciones internacionales. Ninguna de esas circunstancias responde todavía a la cuestión decisiva. Todas describen quién ejerce el poder. Ninguna demuestra todavía a quién resulta constitucionalmente atribuible la autoridad pública. El gobierno no es propietario del poder público. Lo ejerce en calidad de autoridad derivada. La fuente de esa autoridad permanece siempre fuera del gobierno mismo.
Esa misma subordinación preserva el orden constitucional de una de las tentaciones más antiguas de la política. Todo gobierno tiende espontáneamente a identificar la continuidad de su propia existencia con la continuidad de la comunidad política que administra. Sin embargo, ambas realidades jamás llegan a confundirse. La comunidad política permanece. Los gobiernos pasan. El poder público no pertenece a quienes circunstancialmente lo ejercen.
Cuando el gobierno comienza a identificar la continuidad de su propia existencia con la continuidad de la comunidad política, reaparece la corrupción por la cual la autoridad ocupa el lugar de la realidad que debía gobernarla. El gobierno deja gradualmente de remitir a la comunidad política de la cual recibe legitimidad. Empieza a reclamar reconocimiento porque gobierna, porque administra, porque conserva el orden, porque ha sobrevivido o porque no parece existir una alternativa inmediata. La fuente de la legitimidad comienza a ceder su lugar al ejercicio mismo del poder.
En ese momento la atribución constitucional comienza a ser sustituida por la simple efectividad política. El reconocimiento público deja de dirigirse hacia las condiciones constitucionales de las cuales nace la autoridad y comienza a dirigirse hacia la posesión continuada del poder. La administración reemplaza la atribución. La continuidad reemplaza la legitimidad. La posesión reemplaza el título. Las elecciones pueden seguir celebrándose. Los tribunales pueden continuar dictando sentencias. El presupuesto puede seguir ejecutándose. Sin embargo, la discusión pública puede haber dejado ya de preguntar por el título constitucional del poder para concentrarse únicamente en la administración de quienes lo ejercen. Allí comienza a hacerse visible la sustitución.
La sustitución de la atribución constitucional por la efectividad política no exige el derrumbe inmediato del orden constitucional. Las constituciones pueden seguir invocándose. Las instituciones pueden continuar funcionando. Las elecciones pueden seguir celebrándose. Los gobiernos pueden continuar administrando el Estado. Las formas visibles del constitucionalismo permanecen en pie mientras la legitimidad que les daba sentido se retira progresivamente de la conciencia pública.
La consecuencia trasciende el ámbito político. Cuando la autoridad pública comienza a reclamar reconocimiento por su mera permanencia, las instituciones subordinadas terminan reproduciendo la misma inversión. La subordinación de la autoridad al bien, al conocimiento, a la verdad, a la justicia y a la comunidad política se debilita en toda la vida civilizada. La sustitución del cuidado por el control, advertida inicialmente en las relaciones de dependencia, alcanza finalmente su expresión política más amplia cuando el ejercicio permanente del poder ocupa el lugar de la atribución constitucional. La civilización comienza entonces a reorganizar su comprensión de la autoridad alrededor del poder y no de la legitimidad. El desplazamiento rara vez se manifiesta simultáneamente en todos los ámbitos. Puede comenzar en la familia, continuar en la escuela, hacerse visible en las instituciones y terminar alcanzando el orden político. Allí donde la autoridad empieza a justificarse por la permanencia de quien la ejerce y no por la realidad a la cual permanece subordinada, la permanencia ocupa el lugar de la legitimidad.
Ninguna civilización puede sostenerse exclusivamente sobre el poder. El poder organiza conductas, asegura la obediencia, protege fronteras, administra recursos y reprime el desorden. Nada de ello explica, sin embargo, por qué la autoridad continúa siendo reconocida como debida cuando desaparece el temor, cambian las circunstancias o surge una fuerza mayor. El poder gobierna la conducta. La legitimidad gobierna el reconocimiento. Allí donde el reconocimiento desaparece, el poder necesita recurrir cada vez más intensamente a los sucedáneos que la legitimidad había vuelto innecesarios.
Por ello el peligro más profundo para una civilización rara vez se presenta inicialmente bajo la forma de la violencia. Comienza cuando deja de prestarse atención a las realidades que justificaban la autoridad. El cuidado es sustituido por el control. El conocimiento por el prestigio. La verdad por el consenso. La justicia por la decisión. La atribución constitucional por la administración del poder. Poco a poco la mirada deja de dirigirse hacia aquello que confería legitimidad y termina fijándose exclusivamente en quien ejerce autoridad.
Nada de ello necesita revestirse de apariencia revolucionaria. Los padres continúan criando a sus hijos. Los maestros siguen enseñando. Los investigadores prosiguen sus trabajos. Los jueces continúan dictando sentencias. Los gobiernos siguen gobernando. Exteriormente la civilización parece conservar la misma fisonomía. Sin embargo, bajo esas formas familiares se ha instaurado otra fuente de reconocimiento, fundada en la utilidad, la influencia, la identidad, la necesidad o la mera permanencia, que comienza a ocupar el lugar que antes pertenecía a la legitimidad.
Cuando la sustitución de la realidad legitimadora por la autoridad que pretendía representarla termina por hacerse habitual, la propia naturaleza del desacuerdo cambia. La discusión deja de preguntar si la autoridad permanece fiel a la realidad que la legitimaba. Empieza a preguntarse únicamente si resulta eficaz, conveniente, representativa o suficientemente poderosa para imponerse. La indagación acerca de la legitimidad desaparece lentamente del horizonte público. El poder comienza a explicarse por sí mismo.
Desde ese momento toda autoridad soporta una carga creciente. Ninguna institución puede sustituir indefinidamente mediante la fuerza aquello que sólo la legitimidad puede sostener. El temor termina por agotarse. La costumbre pierde vigor con el paso de las generaciones. La manipulación acaba revelando la voluntad que la dirige. Incluso la fuerza encuentra límites más allá de los cuales la obediencia deja de producir reconocimiento. La autoridad que ha dejado de remitir a una realidad superior termina dependiendo únicamente de sí misma.
La cuestión decisiva nunca ha consistido en determinar si la civilización necesita autoridad. Ninguna convivencia humana puede existir sin ella. La verdadera cuestión consiste en saber si la autoridad continuará reconociendo las realidades de las cuales deriva su legitimidad o si terminará sustituyéndolas por sí misma. Ninguna generación queda dispensada de responder nuevamente a esa pregunta.
La abolición de la legitimidad no destruye únicamente gobiernos o instituciones. Destruye la posibilidad misma de que un ser humano reconozca la autoridad de otro sin verse reducido a la fuerza, al temor, a la costumbre o a la manipulación. La pérdida no pertenece exclusivamente al orden político. Alcanza todas las relaciones gracias a las cuales un mundo común puede llegar a existir.
La legitimidad no constituye, por ello, un atributo accesorio de la civilización ni una cualidad reservada al constitucionalismo. Constituye la condición silenciosa que permite a los seres humanos habitar un mismo mundo sin tener que explicar toda autoridad por el dominio. Mientras esa condición permanezca viva, la autoridad continuará siendo transparente a la realidad que la legitima. Cuando desaparezca, la civilización no perecerá de inmediato. Comenzará, sencillamente, a olvidar para qué existía la autoridad.
15 de julio de 2026 En tránsito a través de Pensilvania
Ricardo F. Morín Infinito 28 25 cm x 41 cm Óleo sobre lino 2009
Ricardo F. Morín
4 de marzo de 2026
Oakland Park, Florida
Los períodos de autoridad concentrada generan presión estructural. Cuando el poder se centraliza en instituciones identificables, el desequilibrio se acumula en forma visible. En los sistemas imperiales, la autoridad se encarnaba en monarquías o administraciones coloniales cuyo mando sobre el territorio y la tributación era directo y jerárquico. La restricción podía rastrearse hasta un centro, y la responsabilidad podía asignarse a ese centro.
Cuando la restricción es focal, la resistencia también lo es. La revolución surge dentro de esta concentración. Invoca la volición como la capacidad de comenzar de nuevo y de alterar instituciones mediante acción deliberada. Articula la voluntad colectiva como capaz de rehacer arreglos que parecen fijos. Debido a que la autoridad es visible y centralizada, la acción colectiva puede dirigirse hacia una estructura específica.
Sin embargo, los momentos revolucionarios no emergen fuera de la causalidad. La dislocación industrial altera los patrones de trabajo. La exclusión política restringe la participación. La tensión económica intensifica la desigualdad. Estas presiones se acumulan dentro de los sistemas existentes y hacen concebible la ruptura. La revolución toma forma dentro de estas presiones y permanece sujeta a ellas incluso después de que cambian las instituciones. La remoción de un régimen no elimina las condiciones que hicieron necesaria la oposición.
Cuando la autoridad centralizada retrocede o es desmantelada, el poder no desaparece. Se reorganiza. El control que antes operaba mediante mando territorial se distribuye a través de sistemas interactivos. La producción depende de cadenas de suministro que cruzan fronteras. Las decisiones financieras en un país afectan mercados en otros países. Las redes de comunicación enlazan poblaciones en tiempo real. La restricción ya no emana de una única estructura de mando; surge de la interacción de múltiples arreglos.
Esta reorganización altera el terreno de la ruptura. Cuando la autoridad está concentrada, la oposición puede enfocarse en un centro soberano. Cuando la autoridad está distribuida, la restricción persiste en múltiples dominios al mismo tiempo. La acción dirigida a un sitio no disuelve las condiciones sostenidas en otros lugares. El objeto de la transformación se vuelve difuso porque la causalidad ya no está confinada a un único punto.
La restricción difundida a través de sistemas no elimina la causalidad; multiplica sus canales. La presión estructural persiste incluso cuando sus fuentes están dispersas. Lo que cambia no es la presencia de la restricción, sino la manera en que opera.
El determinismo, en este contexto, no niega la acción. Nombra la continuidad de la condición a través de la transformación. Las instituciones pueden cambiar. La autoridad puede reorganizarse. Sin embargo, la causalidad sigue operando dentro de nuevos arreglos. La revolución marca un umbral dentro de la estructura. El determinismo marca el campo que la estructura continúa imponiendo.
Cuando la restricción está distribuida a través de sistemas interactivos, la agencia cívica opera dentro de esa distribución. La acción no puede asumir un único punto de control donde no existe. El reconocimiento de la segmentación se convierte en parte de la responsabilidad. Las decisiones individuales y colectivas tienen lugar dentro de arreglos que ningún acto aislado puede disolver.
Las formas que emergen reflejan la interacción entre la condición estructural y la respuesta humana.
Este ensayo examina el abuso como una distorsión de la autoridad confiada dentro de la vida jerárquica. Describe cómo la autoridad se expande cuando la restricción se debilita, cómo la protección se forma mediante decisiones identificables, y cómo la responsabilidad dispersa permite que el uso indebido persista. El propósito es aclarar la secuencia antes que invocar escándalo o espectáculo moral.
Ricardo F. Morín
4 de marzo, 2026
Oakland Park, Florida
La autoridad surge cuando una persona posee poder de decisión sobre otra. Un padre dirige a un hijo. Un maestro evalúa a un estudiante. Un supervisor asigna tareas. Un funcionario electo emite órdenes. En cada caso, quien ejerce la autoridad recibe discrecionalidad, es decir, la capacidad de actuar sin solicitar aprobación de quienes están sujetos a la decisión. La discrecionalidad permite la coordinación. Sin discrecionalidad, la jerarquía no puede funcionar. En este ensayo, la autoridad se refiere a la discrecionalidad confiada y asignada para la coordinación, no a un derecho ilimitado de mandar. El poder, por el contrario, se refiere a la capacidad de imponer cumplimiento sin consideración del propósito confiado.
La discrecionalidad requiere restricción. La ley establece límites al definir conductas prohibidas. La revisión independiente limita la autoridad al examinar decisiones. Las normas compartidas desalientan conductas que violan expectativas. Cuando estas restricciones operan juntas, la autoridad permanece alineada con su propósito asignado. La distorsión comienza cuando una restricción se debilita o desaparece.
La revisión se debilita cuando quienes deben examinar la autoridad dependen de la misma jerarquía para su posición o avance. La dependencia altera la evaluación. Un revisor que arriesga perjuicio institucional puede sopesar ese riesgo frente a la acción correctiva. Si la preservación parece más segura que la exposición, el revisor retrasa la intervención. El retraso incrementa el tiempo durante el cual la autoridad opera sin corrección.
Las normas se debilitan cuando cuestionar la autoridad se considera deslealtad. Cuando la deslealtad conlleva penalidad social, las personas dudan antes de plantear preocupación. La duda reduce el número de informes. Menos informes reducen la información disponible para revisión. La información reducida limita la respuesta correctiva. En esta secuencia, el silencio expande la discrecionalidad.
La discrecionalidad expandida altera las condiciones de modo que la infracción solo se hace visible más tarde. Quien ejerce autoridad puede aumentar el acceso privado bajo pretexto legítimo. La interacción repetida sin supervisión reduce la percepción de irregularidad. La percepción reducida disminuye el escrutinio. El escrutinio reducido permite mayor acceso. La secuencia avanza de forma incremental antes que abrupta.
La explotación sexual de menores revela esta estructura en su forma más asimétrica. Un menor carece de agencia equivalente y depende del control adulto para seguridad y aprobación. Cuando un adulto inicia conducta sexual bajo estas condiciones, convierte la dependencia en instrumento de dominio. Si el menor anticipa incredulidad o castigo, la revelación disminuye. La revelación reducida permite repetición. La repetición consolida el control. La consecuencia ética se desprende de esta secuencia: un rol asignado para protección ha sido utilizado para dominación.
Las instituciones pueden reproducir dinámicas similares. Un administrador recibe una queja contra un empleado respetado. La terminación puede exponer a la institución a litigio o crítica pública. Para reducir daño inmediato, el administrador reasigna al empleado. La reasignación preserva la posición institucional. También preserva el acceso a posibles víctimas. El acceso preservado permite nueva conducta indebida. Una decisión destinada a proteger reputación se convierte en el mecanismo mediante el cual el daño continúa.
Varios amplificadores intensifican la protección sin alterar la secuencia subyacente. La riqueza y el estatus refuerzan la protección mediante acciones identificables. Reducen la divulgación: asesores legales limitan la divulgación para disminuir responsabilidad jurídica. Asesores de comunicación modelan la explicación pública para mantener posición. Interesados financieros desalientan exposición que amenace inversión compartida. Cada decisión reduce transparencia. La transparencia reducida eleva el umbral probatorio requerido para iniciar investigación. Un umbral elevado retrasa la revisión. La revisión retrasada extiende discrecionalidad no examinada.
El carisma altera la evaluación al inducir a los observadores a tratar el éxito visible como evidencia de confiabilidad. Cuando un líder demuestra éxito visible, los observadores asocian éxito con confiabilidad. Cuando surge una acusación, los observadores comparan la acusación con la imagen establecida. Si la imagen contradice la acusación, la duda se dirige primero al acusador. La duda ralentiza la indagación. La indagación ralentizada protege la autoridad.
La autoridad política magnifica estos mecanismos. Un líder electo exige lealtad de sus seguidores. Los seguidores interpretan supervisión como amenaza a identidad colectiva. Legisladores que comparten afiliación dudan en iniciar revisión porque la revisión puede debilitar posición política. La revisión reducida expande la discrecionalidad ejecutiva. La discrecionalidad expandida reduce transparencia. La transparencia reducida limita corrección. La escala modifica magnitud, no secuencia.
La responsabilidad se dispersa entre funciones escalonadas. Una oficina recibe la queja. Otra evalúa evidencia. Otra comunica públicamente. Cada actor cumple tarea definida dentro de límites asignados. Ningún actor individual asume responsabilidad completa por el resultado. La responsabilidad fragmentada reduce el costo percibido de la inacción. Una presión menor favorece cumplimiento procedimental antes que corrección sustantiva.
Las comunidades asignan costo a la disidencia. En algunos contextos, cuestionar ancianos produce aislamiento. En otros, criticar liderazgo arriesga empleo o estatus. Cuando la penalidad anticipada excede el beneficio anticipado, las personas eligen silencio. El silencio reduce flujo de información. La información reducida perjudica revisión. La revisión perjudicada permite que la discrecionalidad persista.
La prevención estructural requiere interrupción en puntos identificables. Separar autoridad investigativa de la jerarquía examinada. Limitar acceso sin supervisión donde exista dependencia. Exigir informes mediante canales definidos con plazos exigibles. Proteger denunciantes contra represalia mediante sanción formal. Cada medida restaura restricción. La restricción restaurada reduce discrecionalidad. La discrecionalidad reducida disminuye oportunidad de uso indebido.
Después de la exposición, las instituciones suelen adoptar reforma. Nuevas políticas incrementan supervisión. Con el tiempo, la aplicación puede relajarse porque urgencia disminuye o liderazgo cambia. La aplicación relajada devuelve discrecionalidad a nivel previo. Cuando la discrecionalidad retorna sin revisión externa, los mecanismos anteriores se reactivan. La recurrencia sigue a restricción debilitada antes que a vicio inevitable.
La jerarquía y la vulnerabilidad permanecen como rasgos de la vida organizada. La autoridad no puede eliminarse sin disolver coordinación. La condición decisiva concierne a la revisión. Cuando la autoridad permanece sujeta a revisión que no controla, la discrecionalidad opera dentro de límite. Cuando la autoridad controla su propia revisión o la elude mediante demora, la discrecionalidad se expande. En esa expansión, reaparecen condiciones para el abuso.