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« Coacción al amparo del secreto »

November 21, 2026

El botín. Ricardo F. Morín. Imagen digital, 2026.

Ricardo F. Morín

20 de noviembre de 2026

Oakland Park, Florida

El 18 de noviembre de 2026, Estados Unidos y Venezuela anunciaron la firma de un acuerdo de cooperación militar.  El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, y el ministro de Defensa venezolano, Gustavo González López, suscribieron el documento en Caracas, en presencia de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.  Según el Pentágono, el acuerdo tenía por objeto impulsar la cooperación y las operaciones combinadas.  Hegseth mencionó el adiestramiento conjunto, el intercambio de información de inteligencia y el desarrollo de capacidades militares.  Ninguno de los dos gobiernos puso a disposición del público el texto que fija las obligaciones convenidas.  El anuncio acreditaba la firma de un documento por representantes de ambos gobiernos, pero nada permitía conocer con qué atribuciones habían actuado, qué compromisos asumieron ni qué libertad conservaba Venezuela para rechazar lo acordado.1

La cooperación militar entre Estados soberanos no constituye, por sí misma, motivo de objeción.  Los gobiernos intercambian información, instruyen a sus fuerzas armadas, suministran equipos y establecen procedimientos frente a amenazas comunes.  Determinadas disposiciones operativas requieren, además, reserva.  Pero preservar información militar sensible no equivale a ocultar el fundamento jurídico que permite a un Estado admitir la intervención de otro en su defensa.  Las actividades anunciadas en Caracas afectan facultades mediante las cuales una nación protege su territorio y determina en qué condiciones pueden estar presentes y actuar fuerzas extranjeras.  La mera noticia de un acuerdo de cooperación no basta para esclarecer su naturaleza jurídica.

La firma se produjo en circunstancias muy distintas de las propias de una relación bilateral ordinaria.  El 3 de enero, fuerzas estadounidenses penetraron en Venezuela y depusieron a Nicolás Maduro.  El 9 de enero, Trump anunció que había cancelado una segunda oleada de ataques prevista con anterioridad debido a la cooperación venezolana, aunque los buques estadounidenses permanecerían en sus posiciones.  Más tarde, ante directivos de empresas petroleras, confirmó que aquella segunda oleada estaba preparada, describió la poderosa fuerza naval desplegada frente a las costas venezolanas y afirmó que los representantes del país habían sido «inteligentes» y habían hecho «lo correcto».  Añadió posteriormente que otro ataque habría podido dejar a Venezuela «aniquilada».  El gobierno que había intervenido vinculaba así expresamente la suspensión de nuevas acciones militares a la cooperación venezolana, sin retirar los medios necesarios para ejecutarlas.2

De estas circunstancias no se desprende que todos los acuerdos posteriores fueran obtenidos mediante una amenaza contraria a derecho.  Lo que exigen es examinar en qué condiciones pudo Venezuela decidir.  Un gobierno puede tener razones lícitas para cooperar con el Estado que acaba de intervenir militarmente en su territorio.  También puede verse ante consecuencias de una negativa que alteren sustancialmente el sentido de su aceptación.  Una declaración de conformidad no permite discernir entre ambas situaciones.  Para establecer si hubo una decisión independiente es preciso conocer las atribuciones de quienes prestaron el consentimiento, el contenido de los compromisos y las circunstancias en que pudieron adoptarlos.

El acuerdo petrolero anunciado en agosto plantea la cuestión por una vía distinta.  Según la Casa Blanca, las autoridades interinas venezolanas otorgaron a North American Blue Energy Partners [NABEP] concesiones sobre diecisiete campos petrolíferos.  La empresa celebró, por separado, un convenio que concedía al gobierno estadounidense una participación en el capital, derechos preferentes de compra e intervención en la dirección societaria.  El instrumento de asociación estadounidense de dieciocho páginas examinado por ProPublica lleva las firmas de funcionarios de Estados Unidos y representantes de la empresa privada.  Venezuela no figura entre sus partes.  Por tanto, la autoridad con que los funcionarios venezolanos concedieron los derechos de explotación ha de acreditarse mediante un acto distinto, cuyo texto íntegro y cuyas disposiciones operativas no se han divulgado oficialmente.3

El gobierno estadounidense y la empresa privada pueden contraer obligaciones recíprocas sin que ello acredite la legalidad de cuantos derechos Venezuela deba haber concedido para hacer posible su acuerdo.  Las prestaciones pactadas entre ambos pueden estar claramente definidas, mientras permanece sin examen la competencia de las autoridades venezolanas que otorgaron las concesiones.  El convenio estadounidense rige las relaciones de quienes lo suscribieron.  Sus firmas, por sí solas, no demuestran la existencia de una decisión soberana e independiente que autorice el acceso de la empresa a los recursos venezolanos.

Tampoco la denominación de gobierno interino resuelve la cuestión.  Quien ocupa un cargo público puede ejercer funciones administrativas y participar en negociaciones internacionales sin que estén fuera de discusión sus atribuciones para asumir determinados compromisos.  El artículo 12 de la Constitución venezolana dispone que los yacimientos mineros y de hidrocarburos son bienes del dominio público de la República, inalienables e imprescriptibles; esa condición no excluye, por sí misma, las concesiones de explotación otorgadas conforme a derecho.  El artículo 150 exige la aprobación de la Asamblea Nacional para los contratos de interés público nacional en los casos previstos por la ley y, separadamente, para los contratos de interés público con Estados extranjeros, entidades oficiales extranjeras o sociedades no domiciliadas en Venezuela.  El convenio estadounidense no permite determinar si las concesiones satisfacen esas exigencias.  La competencia constitucional para comprometer recursos nacionales no se presume por el mero desempeño de un cargo, menos aún cuando las obligaciones rebasan el mandato de quienes las contraen.  Su fundamento ha de encontrarse en el ordenamiento venezolano, no en el reconocimiento dispensado por el gobierno extranjero a las personas que dicen ejercerla.

El artículo 5 de la Constitución establece que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, que la ejerce directamente en las formas previstas por la Constitución y la ley e, indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos del Poder Público.  Estos órganos reciben de la soberanía popular sus atribuciones y están sujetos a sus límites.  La disposición no impone la celebración de un referéndum para cada acuerdo gubernamental.  Significa que el funcionario que firma un instrumento ejerce una potestad conferida por el pueblo, no la facultad de disponer a título propio de la soberanía de la que procede.4

El pueblo venezolano no es, pues, un tercero ajeno a estas operaciones.  De él procede constitucionalmente el poder que se invoca, y sobre él recaen las consecuencias relativas a sus recursos, su hacienda pública y su seguridad.  Un gobierno extranjero no acredita la suficiencia del consentimiento de Venezuela con señalar a los funcionarios venezolanos con quienes negoció.  Esos funcionarios han de estar facultados para asumir los compromisos concretos de que se trate.  Tampoco la existencia de atribuciones legales permite concluir, sin más, que las ejercieran libres de coacción ilícita.

El anuncio petrolero de agosto dejó abiertas ambas cuestiones.  La Casa Blanca habló de concesiones de cien años, mientras Rodríguez atribuyó al proyecto bilateral una duración de veinticinco.  Según ProPublica, la cifra de cien años no constaba en el acuerdo de asociación estadounidense que pudo examinar.  Los distintos derechos contractuales estaban sometidos, además, a plazos diferentes de vigencia y protección.  No cabe resolver esas divergencias escogiendo la versión de uno de los gobiernos, pues las declaraciones se refieren a instrumentos jurídicamente distintos.  El alcance de las obligaciones asumidas por Venezuela debe establecerse a partir del propio acto venezolano de concesión.3

La controversia sobre los plazos importa porque un Estado puede obligarse más allá del período de gobierno de quienes suscriben un acuerdo.  Nada hay necesariamente ilícito en ello.  Los empréstitos públicos, las concesiones, los tratados y los contratos mercantiles suelen subsistir después de elecciones y cambios de gobierno.  Ahora bien, cuanto más prolongada sea la incidencia de un compromiso sobre las decisiones venideras, mayor será la necesidad de determinar qué se autorizó, quién lo hizo, en qué circunstancias y mediante qué procedimientos jurídicos podrá revisarse o extinguirse.

ProPublica dio cuenta asimismo de cláusulas destinadas a proteger la empresa frente a modificaciones introducidas por futuros gobiernos venezolanos y estadounidenses.  Es legítimo que los inversores busquen garantías contra la resolución arbitraria de sus contratos.  Esa finalidad no acredita, sin embargo, la validez de la concesión venezolana subyacente ni demuestra que sus condiciones fueran aceptadas libremente.  La protección de una inversión presupone derechos adquiridos conforme a derecho.  No prueba que la autoridad que los constituyó tuviera competencia para otorgar cuanto pretendió conceder.

El acuerdo militar del 18 de noviembre añade una dimensión más inmediata.  A diferencia del convenio de asociación entre Estados Unidos y NABEP, el documento de defensa fue suscrito por representantes de los dos gobiernos.  Existe, por tanto, una firma venezolana expresamente reconocida.  Pero el público sigue sin disponer del texto indispensable para conocer las obligaciones correspondientes.  La expresión «operaciones combinadas» puede comprender desde actividades de instrucción hasta formas de coordinación operativa con presencia de personal militar extranjero.  El artículo 187, numeral 11, de la Constitución atribuye a la Asamblea Nacional la potestad de autorizar misiones militares extranjeras en el país.  El artículo 154 exige, con las excepciones que establece, la aprobación parlamentaria de los tratados antes de su ratificación.  La aplicación de una u otra disposición depende de la naturaleza jurídica del documento y de las actividades concretamente autorizadas.  Tampoco el anuncio permite saber si Venezuela conserva la facultad de rehusar su participación en determinadas operaciones.

La firma venezolana permite identificar quién prestó formalmente su asentimiento, no el contenido preciso de lo convenido y mucho menos las condiciones en que pudo decidir con independencia.  Esta incertidumbre reviste especial gravedad cuando la otra parte representa a las fuerzas armadas que habían intervenido en Venezuela meses antes.  La intervención precedente no priva automáticamente de valor a cualquier firma posterior.  Impide, eso sí, que la firma baste para descartar la intervención de la coacción en la obtención del acuerdo.

Para consentir libremente no se exige igualdad de riqueza, capacidad militar ni influencia negociadora.  Son frecuentes los acuerdos entre Estados desiguales, y el menos poderoso puede obtener beneficios efectivos de su relación con otro más fuerte.  Pero Estados Unidos había empleado la fuerza contra Venezuela, y su presidente vinculó públicamente la cancelación de nuevos ataques a la cooperación de las autoridades venezolanas.  No puede presumirse la libertad de rechazo por el solo hecho de que esas autoridades acabaran aceptando.  Corresponde al Estado interventor explicar qué relación guardan el empleo de su poder militar y los compromisos obtenidos con posterioridad.

Los documentos necesarios para esclarecer esa relación continúan, sin embargo, en manos de los gobiernos y particulares que negociaron los acuerdos.  Un venezolano que desee conocer las obligaciones contraídas sobre los recursos de su país no puede consultar el instrumento íntegro de las concesiones.  Tampoco puede examinar el documento de defensa quien pretenda averiguar qué operaciones militares autorizó Venezuela.  Se comunica a la ciudadanía que existen acuerdos y que se ha aceptado la cooperación, mientras se le sustrae la documentación necesaria para apreciar el alcance y las condiciones de ese consentimiento.

No estamos ante una simple carencia de información.  La falta de acceso deriva de decisiones adoptadas por quienes tienen los documentos en su poder.  Las autoridades pueden aducir las firmas como prueba de consentimiento y negar al público, al mismo tiempo, la posibilidad de consultar los instrumentos que lo expresan.  Si se cuestiona entonces la existencia de coacción, la falta de una demostración pública de ella puede ofrecerse como garantía de legitimidad.  Pero la investigación que permitiría distinguir el acuerdo libre de la aceptación impuesta ya ha sido obstaculizada por la retención de las pruebas.

Se invierte así la responsabilidad de justificar públicamente el ejercicio del poder.  Se exige a los venezolanos que acrediten defectos en acuerdos a los que no tienen acceso, mientras quienes ejercen las facultades controvertidas fundan su autoridad en documentos cuya difusión controlan.  La propia falta de publicidad puede alegarse después para sostener que las objeciones no han quedado plenamente probadas.  El secreto preserva de este modo la afirmación de consentimiento frente al examen que permitiría juzgarla.

Exigir cuentas al poder público no equivale a establecer una presunción judicial de ilegalidad.  Ante un tribunal habrán de determinarse las normas aplicables, las pruebas pertinentes y las cargas procesales de las partes.  La exigencia ciudadana no anticipa esa decisión.  Ahora bien, la imposibilidad de alcanzar todavía una conclusión judicial definitiva tampoco demuestra la suficiencia de la justificación gubernamental.  Quien pretende actuar en virtud del consentimiento de otra nación ha de identificar ese consentimiento y explicar las potestades que dice ejercer gracias a él.  Si se niega a exhibir los documentos indispensables, su pretensión permanece sin verificar, no convalidada.

El artículo 18 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos dispone la publicidad de los tratados y acuerdos internacionales.  El artículo 19 proscribe la intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos de otro Estado, incluidas las injerencias políticas y económicas.  El artículo 20 prohíbe recurrir a medidas coercitivas de carácter económico o político para forzar la voluntad soberana de otro Estado y obtener ventajas.  El artículo 21 declara inviolable el territorio estatal, rechaza su ocupación o cualquier otra medida de fuerza por otro Estado y excluye las adquisiciones territoriales y ventajas especiales obtenidas mediante la fuerza u otros medios de coacción.  Estas disposiciones no convierten todo contrato mercantil en un tratado ni suprimen las excepciones legítimas a la publicidad de información militar sensible.  Sí impiden que el Estado más poderoso tenga por zanjadas, mediante su sola declaración, las responsabilidades internacionales derivadas de un acuerdo y de las circunstancias en que fue obtenido.5

Un contrato entre un Estado y una empresa privada puede contener estipulaciones mercantiles reservadas sin adquirir por ello la condición de convenio internacional entre Estados.  Un documento de defensa suscrito por dos gobiernos plantea cuestiones diferentes de comunicación institucional, publicidad y obligaciones internacionales.  Sin embargo, los derechos de Venezuela no se agotan en la calificación formal de uno u otro instrumento.  Ambos fueron anunciados como acuerdos capaces de incidir sobre asuntos económicos o militares venezolanos.  En ambos casos es necesario acreditar la autoridad en virtud de la cual Venezuela habría aceptado las obligaciones que se le atribuyen.

Las consecuencias inmediatas recaen sobre venezolanos que no intervinieron en las negociaciones.  Un gobierno puede actuar legítimamente en su nombre sin obtener la aprobación individual de cada ciudadano para cada decisión:  tal es el funcionamiento ordinario de las instituciones representativas.  Pero la representación no queda acreditada por la conformidad del gobierno extranjero beneficiado.  Tampoco la imposibilidad de conocer las cláusulas puede interpretarse como aceptación popular de su contenido.  Cuando quienes dicen representar a la nación accedieron a sus cargos después de una intervención militar extranjera, la alegación de consentimiento público exige un examen particularmente riguroso.

El problema alcanza igualmente a quienes ejercerán la autoridad política venezolana en el porvenir.  Un gobierno posterior puede heredar obligaciones exigibles contraídas por el anterior.  La elección de nuevos representantes no las extingue por sí sola.  Pero la nación debe haber contado desde el principio con capacidad jurídica para asumirlas, y las circunstancias de su otorgamiento han de poder ser examinadas.  La facultad del gobierno presente para obligar al futuro no puede proceder exclusivamente del reconocimiento dispensado por una potencia extranjera que contribuyó a determinar las condiciones de su acceso al poder.

La publicación de los textos contractuales tampoco resolvería por sí sola todas las dudas acerca de la coacción.  Los documentos pueden reproducir fielmente lo pactado y guardar silencio sobre amenazas, presiones o alternativas discutidas durante la negociación.  Harían falta otras pruebas.  No obstante, retenerlos priva a la nación del medio más inmediato para conocer lo aceptado, la autoridad invocada y los compromisos cuya obtención debe examinarse a la luz de la intervención militar precedente.  No cabe exigir al público que pruebe el contenido de instrumentos cuya lectura se le impide.

Ambos gobiernos han presentado la cooperación como beneficiosa.  Sus declaraciones pueden obedecer a fines políticos legítimos, y algunos de los beneficios anunciados quizá lleguen a realizarse.  Ninguna de esas posibilidades acredita la facultad independiente del pueblo venezolano para decidir sus propios compromisos.  Un resultado económico favorable no demuestra retrospectivamente que el consentimiento fuera libre.  Tampoco una cooperación militar eficaz permite deducir, por sus resultados, que la amenaza o la fuerza estuvieron ausentes cuando se concertó el acuerdo.

Una decisión soberana no queda demostrada porque un funcionario reconocido lleve a cabo el acto con que habitualmente se formaliza.  Debe fundarse en atribuciones legítimas, referirse a obligaciones comprendidas dentro de ellas y respetar el derecho que regula las relaciones del Estado con otras potencias.  Si el acuerdo fue precedido por una intervención militar, el título del funcionario no dispensa de examinar las circunstancias del consentimiento.  Y, si se oculta el instrumento que contiene lo pactado, la ciudadanía ni siquiera puede emprender ese examen en condiciones comparables a las de quienes reivindican los derechos resultantes.

Los dos anuncios dejan así al descubierto una contradicción que ninguno de los gobiernos ha esclarecido públicamente.  El ejercicio de derechos estadounidenses sobre el petróleo venezolano se ampara en concesiones cuyos términos jurídicos venezolanos siguen sin conocerse.  La cooperación militar se justifica mediante una firma bilateral, aunque las obligaciones correspondientes permanecen ocultas.  En ambos supuestos se invoca el consentimiento de Venezuela para sostener disposiciones que afectan potestades soberanas, mientras se priva al pueblo venezolano de los documentos con los que podría examinar lo autorizado en su nombre.

No basta con que un acuerdo permanezca oculto para tener por acreditada la coacción al amparo del secreto.  Esta situación se produce cuando una potencia que ya ha empleado la fuerza militar invoca el consentimiento posterior del Estado contra el que intervino y, al mismo tiempo, retiene los términos y las circunstancias necesarios para examinarlo.  La falta de pruebas públicas de coacción no convalida el acuerdo si quienes invocan el consentimiento controlan también los elementos indispensables para verificarlo.

La soberanía de Venezuela no depende del reconocimiento de Washington.  No pertenece a quienes ocupan transitoriamente los cargos públicos ni pasa a manos de una potencia extranjera por virtud de sus firmas.  El pueblo venezolano continúa siendo el titular del poder público ejercido en su nombre.  Quienes sostienen que ha prestado su consentimiento deben, por ello, demostrar a qué consintió, quién estaba facultado para hacerlo y si la decisión pudo adoptarse con libertad para rechazarla.

No puede exigirse a una nación que pruebe la coacción ejercida sobre su consentimiento mientras se le niegan los medios para examinar ese mismo consentimiento, invocado contra ella.  Hasta que se faciliten esos medios, los acuerdos podrán acreditar lo obtenido por la potencia interventora.  No acreditarán lo que la nación soberana cedió libremente.

Notas documentales

  1. Documento de cooperación militar del 18 de noviembre de 2026. Matthew Adams, «Hegseth makes surprise visit to Venezuela and ‘looks forward’ to deepening military partnership», Stars and Stripes, 18 de noviembre de 2026; el artículo reproduce el comunicado del Pentágono que identifica a los firmantes y menciona las operaciones combinadas.  Vivian Sequera, Mayela Armas y Luis Jaime Acosta, información de Reuters, 18 de noviembre de 2026, sobre las declaraciones públicas de Hegseth y Rodríguez.  El texto íntegro del acuerdo firmado no figuraba entre las fuentes de acceso público consultadas hasta el 20 de noviembre de 2026.
  2. Intervención militar y declaraciones presidenciales posteriores. Donald J. Trump, Truth Social Posts, January 9, 2026, publicación en la que atribuye a la cooperación venezolana la cancelación de la segunda oleada de ataques prevista y anuncia que los buques estadounidenses permanecerán en sus posiciones.  Donald J. Trump, Remarks During a Meeting With Executives of Oil and Gas Companies and an Exchange With Reporters, 9 de enero de 2026, Daily Compilation of Presidential Documents; transcripción de sus declaraciones posteriores sobre la operación de enero, el segundo ataque previsto y la permanencia de la fuerza naval.
  3. Acuerdo petrolero y concesiones venezolanas no divulgadas. Casa Blanca, Fact Sheet: President Donald J. Trump Announces Historic Oil Agreement to Secure American Energy Dominance and Drive Venezuela’s Economic Recovery, 31 de agosto de 2026.  Cate Brown, Aaron C. Davis y Sebastian Rotella, «The Secret Terms of Trump’s Venezuelan Oil Deal», ProPublica, 20 de octubre de 2026.  La investigación distingue el convenio de asociación celebrado en Estados Unidos con NABEP de las concesiones venezolanas subyacentes, documenta cláusulas destinadas a proteger la empresa frente a cambios futuros y señala discrepancias entre los plazos comunicados públicamente.
  4. Soberanía constitucional venezolana. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículos 5, 7, 12, 150, 154 y 187, numeral 11, sobre soberanía popular y sufragio, supremacía constitucional, dominio público de los yacimientos minerales, aprobación legislativa de determinados contratos de interés público y tratados, y autorización de misiones militares extranjeras.
  5. Obligaciones internacionales relativas a la intervención y al consentimiento. Carta de la Organización de los Estados Americanos, artículos 18 a 21, relativos a la publicidad de los acuerdos internacionales, la prohibición de intervenir en los asuntos de otro Estado, las medidas coercitivas contra la voluntad soberana y las ventajas obtenidas mediante el empleo de la fuerza.

« La carga de la reparación »

November 5, 2026

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Una nación obligada a pagar. Ricardo F. Morín. Imagen digital, 2026.

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Ricardo F. Morín

4 de Noviembre de 2026

Rohnert, Ca

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En 2025, la Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida registró en Venezuela un descenso de la pobreza de ingresos de los hogares, que pasó del 73,2 al 68,5 por ciento, mientras la pobreza extrema bajaba del 36,5 al 31,7 por ciento.  La mejoría fue real.  También fue real la privación que persistía.  Casi un tercio de los hogares venezolanos seguía careciendo de ingresos suficientes para cubrir sus necesidades alimentarias básicas.  Entre los hogares abastecidos por acueductos públicos, apenas el 29 por ciento recibía agua a diario, y sólo uno de cada diez hogares conectados a la red eléctrica declaraba un servicio ininterrumpido.  La encuesta identificó además a cerca de 1,2 millones de niños, niñas y adolescentes fuera del sistema educativo.  El aumento del ingreso no había traído consigo un restablecimiento equivalente de los servicios públicos ni de la seguridad de la vida cotidiana.  Para las familias obligadas a comprar lo que las instituciones públicas dejaban de proveer, una reducción de la pobreza medida no significaba necesariamente una mejora comparable de sus condiciones de vida.[1]

La severidad de la situación actual debe mucho a las decisiones de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, pero el origen de esa situación es anterior a ambos gobiernos.  La historia de Venezuela registra reiterados casos en que las autoridades políticas comprometieron territorio, rentas públicas, derechos mineros y obligaciones económicas futuras mediante arreglos cuyas consecuencias perduraron después de la salida de los gobiernos que los habían concertado.  Algunos de esos arreglos fueron soluciones lícitas de controversias; otros fueron actos de discrecionalidad gubernamental, y otros más nacieron de la coacción o del abuso de la autoridad pública.  El carácter jurídico y las consecuencias inmediatas de esos arreglos fueron distintos.  La carga que esos arreglos impusieron a las generaciones posteriores revela, sin embargo, una separación persistente entre quienes tienen la facultad de gobernar y quienes deben vivir bajo las decisiones de los gobernantes.

La formación de la República no estableció una correspondencia duradera entre la autoridad política y la rendición de cuentas ante la ciudadanía.  La Independencia aseguró la existencia de un Estado soberano sin extender de inmediato la participación política a todos los habitantes del territorio ni establecer instituciones capaces de contener el ejercicio personal del poder.  Los jefes militares intervinieron repetidamente en el gobierno civil, y los cargos públicos y los privilegios económicos se distribuían según la lealtad política.  Esas prácticas fueron combatidas a lo largo de la historia venezolana, y diversas reformas constitucionales las restringieron periódicamente.  La sucesión de gobiernos, sin embargo, no siempre alteró la relación mediante la cual la autoridad política disponía de recursos y obligaciones que afectaban a personas excluidas de las decisiones mismas.

Las controversias territoriales de la Guayana Esequiba y de La Guajira surgieron en circunstancias históricas y jurídicas distintas.  El laudo arbitral de 1899 fijó una frontera entre Venezuela y la Guayana Británica que Venezuela impugnó después.  El Acuerdo de Ginebra de 1966 estableció un marco para resolver la controversia, y la controversia llegó con el tiempo a la Corte Internacional de Justicia.  La Corte escuchó los alegatos sobre el fondo en mayo de 2026, tras decisiones anteriores relativas a la competencia de la propia Corte y a medidas provisionales.  Guyana administra el territorio disputado y sostiene la validez del laudo; Venezuela impugna esa validez.  La controversia ha continuado a través de la sucesión de gobiernos en ambos países, mientras los habitantes del territorio siguen sujetos a las consecuencias políticas y económicas de la condición disputada de ese territorio.[2]

La Guajira siguió otro curso.  El arbitraje español de 1891, el arbitraje suizo de 1922 y el Tratado López de Mesa–Gil Borges de 1941 fijaron la frontera terrestre entre Venezuela y Colombia.  La mayor parte de la península quedó en Colombia, y la porción oriental de la península quedó en Venezuela.  La delimitación terrestre no resolvió la controversia marítima, de naturaleza distinta, en el golfo de Venezuela.  La percepción venezolana de una pérdida territorial tampoco demuestra, por sí sola, que las decisiones fueran ilícitas o se obtuvieran mediante una diplomacia indebida.  El arreglo dividió, no obstante, un territorio habitado por comunidades cuya existencia precedió a la formación de una y otra república.  El pueblo wayuu siguió viviendo a ambos lados de una frontera negociada entre dos Estados cuya jurisdicción ese pueblo quedó obligado a reconocer desde entonces.[3]

Las fronteras internacionales requieren estabilidad, y un arreglo territorial no puede permanecer indefinidamente provisional por el solo hecho de que las generaciones sucesivas discrepen de los términos del arreglo.  Un gobierno que ejerce una autoridad legítima debe poder obligar al Estado que representa.  La dificultad surge cuando la capacidad de contraer tales obligaciones excede los medios de que dispone la población afectada para examinar la decisión, influir en los términos de la decisión o pedir cuentas a quienes la adoptaron.  En esa circunstancia, la permanencia que exigen las relaciones internacionales permite también que las consecuencias del error gubernamental sobrevivan a las personas responsables del error.

La crisis de la deuda de 1902 y 1903 expuso el problema de modo más directo en la disposición de las rentas públicas.  Gran Bretaña, Alemania e Italia bloquearon los puertos venezolanos para hacer efectivas sus reclamaciones contra el gobierno de Cipriano Castro.  Los acuerdos de Washington que siguieron al bloqueo asignaron el treinta por ciento de los derechos aduaneros recaudados en La Guaira y Puerto Cabello al pago de las reclamaciones extranjeras.  El arbitraje de La Haya concedió luego un trato preferente a las potencias bloqueadoras.  Las fallas fiscales internas habían contribuido a provocar la crisis, mientras los gobiernos extranjeros se valían de la coacción militar para asegurar a sus acreedores un trato favorable.  Las obligaciones resultantes se satisficieron con rentas procedentes del comercio futuro.  Las mercancías que entraban en los puertos seguían generando derechos, pero una porción predeterminada de esos ingresos quedaba comprometida con reclamaciones nacidas de decisiones anteriores a la recaudación misma.  El arreglo aseguró el pago sin devolver a la población venezolana las rentas ya asignadas.[4]

El petróleo ofreció otro medio de financiar el Estado y de distribuir ventajas políticas.  Bajo Juan Vicente Gómez, los funcionarios otorgaron concesiones a personas con conexiones políticas, muchas de las cuales traspasaron después sus derechos a compañías extranjeras.  La expansión de la producción transformó la economía nacional y creó empleo, renta pública y oportunidades comerciales en una escala hasta entonces desconocida.  Esos beneficios fueron sustanciales.  El derecho a obtener una concesión podía depender, sin embargo, de la cercanía al gobernante antes que de la contribución económica del intermediario.  Los funcionarios conferían ventajas privadas mediante derechos sobre recursos que pertenecían a la nación.  El concesionario podía transferir el valor comercial del privilegio, mientras el Estado conservaba la responsabilidad por las condiciones institucionales y económicas en que se desarrollaba la industria.[5]

La ampliación de la participación política siguió un curso separado y desigual.  Las mujeres venezolanas obtuvieron un sufragio municipal restringido en 1945, la participación electoral universal conforme al estatuto que rigió la elección de la Asamblea Nacional Constituyente de 1946 y el reconocimiento constitucional de sus derechos electorales en 1947.  Había transcurrido más de un siglo desde la Independencia cuando la República admitió formalmente a las mujeres en la participación política en condiciones de igualdad.  En noviembre de 1948, los militares derrocaron al gobierno electo de Rómulo Gallegos e interrumpieron el ensayo constitucional en el que esos derechos se habían consagrado.  El reconocimiento de esos derechos había ampliado el electorado sin establecer todavía instituciones capaces de preservar el orden constitucional frente a la intervención de quienes controlaban las fuerzas armadas.[6]

El restablecimiento del gobierno civil en 1958 demostró que los fracasos anteriores no eran inevitables ni universalmente aceptados.  Venezuela sostuvo después instituciones electorales durante unas cuatro décadas.  Las reformas petroleras y la nacionalización de 1976 aumentaron el control del Estado sobre una industria hasta entonces dominada por concesionarios extranjeros.  La educación pública se extendió, la infraestructura se desarrolló y la participación política se arraigó más ampliamente.  Esos logros transformaron el país en lo material y en lo institucional.  Los mismos logros no eliminaron la dependencia de las finanzas públicas respecto de la renta petrolera, ni la capacidad de los partidos políticos para distribuir oportunidades económicas mediante el acceso al gobierno.  La propiedad pública de una industria estableció quién era el propietario legal de los recursos; esa propiedad no determinó con cuánta fidelidad administrarían los ingresos quienes controlaban el Estado.[7]

La autoridad del Ejecutivo se expandió considerablemente durante los gobiernos de Chávez y Maduro, hasta abarcar la actividad productiva, los contratos públicos, el régimen cambiario y la distribución de ventajas económicas.  El deterioro de las operaciones petroleras, la insuficiencia de la inversión y del mantenimiento, la dependencia fiscal, la inestabilidad monetaria y los controles administrativos debilitaron la economía antes de que se impusieran las sanciones petroleras estadounidenses de mayor alcance.  Esas fallas redujeron la capacidad productiva del país y la aptitud del país para resistir restricciones posteriores.  Los funcionarios venezolanos controlaban las instituciones mediante las cuales se tomaron esas decisiones.  La responsabilidad de esos funcionarios no puede transferirse a gobiernos extranjeros por el solo hecho de que medidas externas posteriores agravaran las consecuencias.

El deterioro alteró las condiciones en que los venezolanos sostenían sus hogares.  Un gobierno que restringe el acceso a las divisas, menoscaba la producción o deja de mantener los servicios esenciales no confina las consecuencias a las instituciones que administran esas políticas.  Una empresa privada de importaciones necesarias puede reducir el empleo.  Un hospital sin equipos en funcionamiento traslada gastos adicionales a los pacientes.  Las interrupciones de la electricidad o del agua obligan a las familias a reorganizar las responsabilidades domésticas y, cuando las familias pueden hacerlo, a comprar alternativas.  El costo se produce fuera de las cuentas públicas en que se registraron las decisiones originales.  Quienes pueden obtener servicios privados o divisas se protegen con mayor eficacia que quienes dependen de salarios, pensiones y servicios públicos.

Las sanciones estadounidenses introdujeron nuevas restricciones en esa economía debilitada.  En 2021, la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de los Estados Unidos concluyó que las sanciones, en particular las impuestas en 2019 a la empresa petrolera estatal, probablemente contribuyeron a la contracción económica más pronunciada al restringir los ingresos petroleros.  La misma oficina identificó también la mala gestión y la caída de los precios del petróleo entre las causas del deterioro.  Las conclusiones de la oficina no atribuyeron a ninguno de los dos gobiernos la responsabilidad exclusiva de la situación resultante.  Los funcionarios venezolanos habían menoscabado la capacidad productiva del país antes de las principales sanciones petroleras, mientras los Estados Unidos impusieron después medidas cuyas consecuencias económicas alcanzaron a personas distintas de los funcionarios a quienes esas medidas pretendían restringir.  Las excepciones humanitarias permitían determinadas transacciones, pero las restricciones bancarias, comerciales y de pagos internacionales siguieron entorpeciendo la actividad humanitaria.[8]

El gobierno de Caracas buscó relaciones comerciales alternativas a través de las cuales el petróleo y otros recursos pudieran seguir generando ingresos.  China ya había concedido cuantiosos créditos respaldados por entregas futuras de petróleo.  Empresas rusas tenían participaciones en el sector energético, y Turquía estableció un comercio sustancial de oro venezolano.  La participación de cada uno de esos países difería considerablemente.  Los préstamos chinos entrañaban obligaciones financieras garantizadas con la producción; las relaciones rusas comprendían inversión y cooperación estratégica; las transacciones turcas versaban principalmente sobre la compra, la refinación y el comercio del oro.  Varios de esos arreglos precedieron a las sanciones que más tarde acentuaron la dependencia venezolana de canales alternativos.  La consecuencia común de esos arreglos fue que el acceso del país a los mercados internacionales dependiera cada vez más de intermediarios financieros y comerciales cuyas condiciones se negociaban en una situación de desigualdad en el poder de negociación.

Un comprador dispuesto a adquirir petróleo bajo sanciones podía exigir descuentos o modalidades de pago que no habría obtenido en un mercado sin restricciones.  Un acreedor reembolsado con entregas futuras obtenía un derecho sobre la producción antes de que esa producción pudiera venderse libremente.  Un intermediario que facilitaba una transacción retenía una compensación sobre el producto de la venta.  Ninguno de esos arreglos era necesariamente ilegítimo.  Los efectos económicos de cada arreglo dependían de las condiciones aceptadas y de las alternativas disponibles.  El gobierno venezolano podía seguir percibiendo ingresos mientras la porción retenida para fines públicos disminuía a causa de los costos de financiamiento, los descuentos o las comisiones.  La diferencia afectaba los recursos disponibles para servicios e inversión pública, aunque la pérdida atribuible a cada transacción dependía de los términos efectivos de esa transacción.

El comercio del oro puso de manifiesto otras dificultades.  La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos documentó graves riesgos de corrupción, financiamiento ilícito, violaciones de derechos humanos y daño ambiental en las cadenas de suministro del oro venezolano.  La producción pasaba a menudo por intermediarios cuyas relaciones con autoridades políticas, militares y comerciales dificultaban la identificación de los beneficiarios.  El oro podía salir del país por canales oficiales o por redes dispersas, y entrar en el comercio internacional tras pasar por mercados y refinerías extranjeros.  El destino del metal no revelaba necesariamente las circunstancias de la extracción ni la distribución de las ganancias.[9]

Los compromisos financieros chinos relativos a proyectos mineros venezolanos precedieron a la acumulación más reciente de reservas oficiales de oro por parte de China.  La cantidad de oro venezolano adquirida por intereses chinos, y la porción, si la hubo, incorporada luego a las reservas monetarias de China, no constan en las cuentas públicamente disponibles.  Entre tanto, los habitantes de las regiones mineras venezolanas han padecido daños ambientales, coacción y la actividad de grupos armados y de intermediarios comerciales señalados en las investigaciones sobre la producción aurífera.  El valor monetario atribuido al metal podía aumentar después de la salida del metal del país, mientras las consecuencias físicas de la extracción permanecían en el lugar de origen.  Las ventajas financieras obtenidas en el exterior y los daños sufridos dentro de Venezuela no recayeron necesariamente en las mismas personas ni en las mismas instituciones.

El desarrollo de sistemas de pago alternativos introdujo otra forma de intermediación.  En abril de 2024, Reuters informó que Petróleos de Venezuela ampliaba el uso de USDT, una criptomoneda vinculada al dólar, en las transacciones petroleras, en momentos en que se restablecían las sanciones estadounidenses.  Algunos pagos se efectuaron con la intervención de intermediarios comerciales, y esos intermediarios cobraban comisiones que reducían lo percibido por el vendedor venezolano.  El mecanismo permitía que las transacciones avanzaran por canales menos dependientes de la banca convencional, aunque no sustraía esas transacciones de toda posible supervisión regulatoria.  La consecuencia económica del mecanismo era más inmediata que la cuestión de la jurisdicción regulatoria.  Cada intermediario adicional podía retener una parte de los ingresos generados por la venta de la producción venezolana.[10]

La diversificación del poder financiero internacional ofrecía escasa garantía de que esos costos desaparecieran.  China podía reducir su dependencia de los activos denominados en dólares, Rusia podía establecer canales comerciales alternativos y otros Estados podían emprender transacciones menos expuestas a las restricciones estadounidenses.  La autonomía financiera de esos Estados no ampliaba necesariamente la libertad de negociación de Venezuela.  Un país dotado de grandes reservas, capacidad industrial y numerosos proveedores podía rechazar condiciones desfavorables con más facilidad que otro país que dependiera de un número limitado de acreedores y compradores.  Para Venezuela, la existencia de varios socios comerciales poderosos no significaba necesariamente que el gobierno venezolano pudiera obtener de alguno de esos socios condiciones favorables.  La competencia entre esos socios podía mejorar la posición venezolana, pero la ventaja dependía de las condiciones obtenidas y del destino asignado a los ingresos.

Las consecuencias alcanzaron a los venezolanos que vivían fuera del país.  La Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela estimó que en noviembre de 2025 había aproximadamente 7,9 millones de venezolanos en el exterior.  Esos venezolanos se marcharon por motivos diversos, y las circunstancias de cada uno después de partir distaban de ser uniformes.  Muchos de los emigrados buscaban ingresos, seguridad, atención médica y oportunidades que en Venezuela no existían o resultaban insuficientes.  La migración impuso costos a quienes partieron y alteró las responsabilidades de las familias que permanecieron en el país.  Las remesas aliviaban la privación inmediata, pero la capacidad de los parientes en el exterior para sostener un hogar no restablecía las instituciones cuyo fracaso había hecho necesario ese sostén.  Los ingresos privados cumplían cada vez más funciones que los servicios públicos y el empleo nacional ya no podían sostener de manera fiable.[11]

Los arreglos petroleros estadounidenses anunciados en agosto de 2026 introdujeron una nueva redistribución de derechos comerciales.  La Casa Blanca describió un acuerdo en virtud del cual North American Blue Energy Partners recibía concesiones por cien años sobre diecisiete campos petroleros venezolanos.  El 1 de octubre, NABEP asumió el control operativo de catorce campos adicionales, que se sumaron a los tres proyectos que la empresa operaba desde su ingreso en la industria petrolera venezolana en 2024.  Según funcionarios estadounidenses entrevistados por Reuters, entre los operadores anteriores de los proyectos transferidos a NABEP figuraban cinco compañías chinas y una firma rusa.  El nuevo arreglo transfirió así operaciones que antes realizaban intereses chinos y rusos a una empresa en la que los Estados Unidos ejercerían una considerable autoridad económica y gerencial.  La administración estadounidense presentó el acuerdo como parte de un programa de estabilización, reconstrucción y transición democrática.[12]

Los términos anunciados iban más allá del traspaso de los derechos de operación.  La Casa Blanca declaró que la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono obtendría una participación accionaria del treinta y cinco por ciento en la sociedad matriz de NABEP.  El Departamento de Estado obtendría el derecho a comprar el veinte por ciento de la producción a precio de costo y un derecho de tanteo sobre el ochenta por ciento restante.  El gobierno estadounidense ejercería además un veto sobre los nombramientos en la junta directiva de la empresa, cuya mayoría debía estar integrada por ciudadanos estadounidenses.  La Casa Blanca atribuyó a NABEP un plan de inversión de hasta cien mil millones de dólares en infraestructura petrolera venezolana.  La inversión privada proyectada, la participación accionaria gubernamental y los derechos de compra constituían arreglos comerciales y gubernamentales distintos, y cada uno de esos arreglos confería beneficios y responsabilidades diferentes.[12]

La participación accionaria gubernamental se estructuró mediante certificados de opción de compra a precio simbólico, según un funcionario estadounidense entrevistado por Reuters en septiembre.  Esos certificados otorgaban al gobierno el derecho, sin la obligación, de adquirir acciones a un precio nominal en una fecha posterior.  Los certificados tenían también por objeto proteger contra la dilución la posición del treinta y cinco por ciento del gobierno a medida que NABEP captara capital adicional.  El funcionario afirmó que el arreglo daba derecho a los Estados Unidos a percibir dividendos antes de ejercer los certificados.  La distinción entre adquirir acciones y obtener las ventajas económicas que normalmente acompañan a la condición de accionista resultaba, por tanto, sustancial.  Washington podía obtener derechos contractuales a dividendos futuros y preservar su posición accionaria prospectiva mientras la expansión productiva de la empresa seguía incompleta.  El funcionario atribuyó además al Pentágono un derecho de primera oferta para comprar la producción petrolera de NABEP, y describió la compra del veinte por ciento a costo de producción y la del resto a precios de mercado.  La Casa Blanca había asignado al Departamento de Estado un derecho de tanteo sobre el ochenta por ciento restante.  Un derecho de primera oferta y un derecho de tanteo confieren privilegios de compra distintos, y las versiones publicadas dejaron sin aclarar la relación entre ambos derechos.[15]

La inversión anunciada no equivalía al capital ya comprometido.  En octubre, NABEP declaró a Reuters que había invertido aproximadamente mil millones de dólares de capital propio desde 2024 y que se proponía aumentar la reinversión anual hasta en un cincuenta por ciento.  El portavoz de la empresa afirmó que el plan de negocios no contemplaba obtener financiamiento externo.  Esas declaraciones dejaban una distancia considerable entre la actividad financiera informada por la empresa y la escala de desarrollo descrita en el anuncio de la Casa Blanca.  La rehabilitación de diecisiete campos exigiría abundantes equipos de perforación, personal calificado, transporte, generación eléctrica y la restauración de instalaciones deterioradas.  La expansión propuesta por la empresa dependía de una disponibilidad de capital y de capacidad productiva que excedía las operaciones existentes de NABEP.  La contribución final de NABEP a los ingresos públicos venezolanos dependería de la inversión efectivamente realizada, de la producción alcanzada y de los pagos recibidos, y no de la magnitud del plan anunciado.[13]

La duración jurídica de las concesiones planteaba otra dificultad.  La Casa Blanca describió derechos de cien años de duración y afirmó al mismo tiempo que los arreglos se regían por la legislación venezolana de hidrocarburos.  La reforma aprobada en enero de 2026 fija para las empresas mixtas un plazo inicial de veinticinco años, prorrogable por quince años más.  La misma reforma permite también que empresas privadas realicen actividades de producción mediante contratos con empresas del Estado, conforme a un régimen jurídico distinto.  Los límites aplicables dependen, por tanto, de la forma jurídica de los arreglos de NABEP y de los instrumentos mediante los cuales se otorgaron los derechos de la empresa.  El anuncio público no identificó esos instrumentos con la precisión suficiente para conciliar las concesiones de cien años con los plazos legales que rigen las distintas formas de participación petrolera.[14]

La trascendencia económica de esa discrepancia es considerable.  Francisco Monaldi, director del Programa de Energía para América Latina del Instituto Baker de la Universidad Rice, estimó que aproximadamente diez mil millones de barriles podrían desarrollarse de manera realista en un período operativo de veinticinco años, cifra muy inferior a los cerca de sesenta y cinco mil millones de barriles de reservas atribuidos a los diecisiete campos.  La posibilidad legal de quince años adicionales no produciría necesariamente un aumento proporcional del petróleo recuperable.  La producción depende de la inversión, de las características de los yacimientos, de la infraestructura, de los costos de operación y de las condiciones del mercado.  La diferencia entre los recursos presentes en el subsuelo y los recursos recuperables dentro de un período operativo determinado incide directamente en la escala de la inversión requerida, en los ingresos que pueden resultar y en la justificación económica de los derechos conferidos.[13]

La reforma de enero de 2026 introdujo también cláusulas de estabilización contractual destinadas a preservar el equilibrio económico y financiero de las empresas mixtas y de los contratos de producción.  Los cambios sustancialmente adversos en el marco jurídico, fiscal, regulatorio o contractual pueden exigir ajustes en las regalías, los impuestos, las contribuciones, las condiciones contractuales o las compensaciones.  Tales protecciones responden a un propósito comercial reconocible.  Los inversionistas que asumen riesgos considerables necesitan una garantía razonable de que las decisiones gubernamentales posteriores no destruirán arbitrariamente la base económica de sus acuerdos.  Las cláusulas de estabilización inciden también, sin embargo, en la discrecionalidad de los gobiernos futuros para modificar las condiciones fiscales o regulatorias.  La reforma permite además que las empresas mixtas se constituyan mediante autorización presidencial, y sustituye así el requisito previo de aprobación legislativa por una notificación a la Asamblea Nacional.  La combinación de autorización ejecutiva y protección contractual a largo plazo confiere una importancia considerable a la autoridad bajo la cual se contraen los compromisos originales.[14]

Las cuestiones constitucionales van más allá de la competencia de los funcionarios que otorgaron las concesiones.  El artículo 302 de la Constitución venezolana de 1999 reserva al Estado la actividad petrolera conforme a la ley orgánica respectiva, y el artículo 303 exige que el Estado conserve la totalidad de las acciones de Petróleos de Venezuela o del ente creado para el manejo de la industria.  Esta última disposición exceptúa expresamente a las filiales, asociaciones estratégicas, empresas y cualquier otra que se haya constituido como consecuencia del desarrollo de negocios de PDVSA.  La participación privada no queda, por tanto, categóricamente excluida, pero la forma y el alcance permisibles de esa participación dependen del marco constitucional y legal.  Una empresa que ejerce una amplia autoridad operativa y gerencial sobre diecisiete campos plantea una cuestión distinta de la legitimidad del gobierno que autorizó la participación de esa empresa:  si los derechos otorgados preservan la relación que la Constitución exige entre el Estado y la administración de la industria petrolera.  El comentario jurídico ha planteado la caracterización de NABEP como una empresa que opera en paralelo con PDVSA.  La competencia de los funcionarios que otorgaron los derechos y los límites constitucionales de los derechos mismos siguen siendo cuestiones separadas.[16]

Los arreglos estadounidenses suscitaron cuestiones distintas en materia de facultades legales y de gasto público.  El 30 de septiembre, los senadores Jeanne Shaheen, Jack Reed, Elizabeth Warren y Martin Heinrich dirigieron una carta a los secretarios de Estado, de Defensa y de Energía en la que solicitaban los acuerdos y las bases legales de la adquisición accionaria y de los derechos de compra de petróleo.  La carta, que la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado hizo pública el 1 de octubre, cuestionaba que las facultades legales de la Oficina de Capital Estratégico autorizaran una participación accionaria en una empresa petrolera privada, y pedía información sobre los fondos de que dispondría el Departamento de Estado para las compras.  Los senadores solicitaron también que se revelaran los posibles intereses financieros de miembros de la administración y de otras personas con vínculos políticos.  La intervención de los senadores no invalidó el arreglo ni demostró un enriquecimiento indebido.  Esa intervención sometió al escrutinio formal del Congreso la autoridad invocada por la administración, las obligaciones financieras propuestas y la identidad de los posibles beneficiarios.[17]

La diferencia temporal importa.  Los derechos comerciales pueden otorgarse antes de que se produzca petróleo adicional.  La duración y la exigibilidad de esos derechos pueden extenderse mucho más allá del período necesario para restablecer la producción actual del país.  Un inversionista puede obtener un derecho a largo plazo a cambio de asumir un riesgo considerable, mientras el beneficio público sigue dependiendo del éxito de la empresa y de la administración de los ingresos resultantes.  La estructura de certificados de opción del gobierno estadounidense, tal como fue informada, introduce otro intervalo entre la adquisición de derechos económicos y la realización futura del valor productivo.  Si la producción decepciona, si los costos exceden las proyecciones o si un gobierno sucesor procura revisar el acuerdo, las consecuencias dependerán de obligaciones ya contraídas.  La estabilización contractual puede proteger la posición económica esperada del inversionista y limitar a la vez los cambios al alcance de un gobierno futuro.  El país podría recuperar capacidad productiva y aceptar, al mismo tiempo, restricciones al ejercicio ulterior de la autoridad económica nacional.

El arreglo tiene un antecedente histórico en las concesiones petroleras otorgadas bajo Gómez, aunque las circunstancias y los instrumentos jurídicos no son idénticos.  Ambos casos implican la asignación de derechos sobre recursos nacionales mediante la autoridad gubernamental y la participación de intereses comerciales extranjeros.  El arreglo contemporáneo difiere también de la cesión aduanera de 1903, que siguió a una coacción armada y se refería al pago de reclamaciones públicas.  Los episodios anteriores demuestran, no obstante, la duración de las obligaciones creadas por decisiones gubernamentales particulares.  Las concesiones sobrevivieron al gobernante que las otorgó; los pagos aduaneros continuaron después de que terminara el bloqueo.  Las consecuencias de esos episodios no se extinguieron con la sucesión política, ni fueron necesariamente reconsideradas por quienes heredaron la responsabilidad de cumplir las obligaciones.

La misma distinción se aplica a los arreglos territoriales históricos.  Una frontera internacional, una deuda soberana y una concesión petrolera tienen fundamentos jurídicos diferentes.  La continuidad de esos instrumentos puede servir a propósitos legítimos, entre ellos la certeza jurídica y la seguridad de las relaciones comerciales.  El agravio surge cuando las autoridades públicas contraen obligaciones mediante el poder discrecional, una representación insuficiente o una rendición de cuentas defectuosa, y las cargas resultantes siguen siendo exigibles a una población incapaz de corregir las circunstancias en que esas cargas se crearon.  La estabilidad de una obligación puede ser necesaria para el Estado, mientras la conducta de quienes contrajeron la obligación sigue sujeta a juicio.

Los gobernantes venezolanos son responsables de decisiones relativas a la participación política, la administración de los recursos públicos, la inversión productiva, la política monetaria y el ejercicio de la autoridad coercitiva que contribuyeron a la vulnerabilidad del país.  Los funcionarios que controlaban las instituciones mediante las cuales se adoptaron esas decisiones poseían facultades de las que carecía la población afectada por las consecuencias de las decisiones.  La existencia de acreedores extranjeros y de beneficiarios comerciales no puede eximir a esos funcionarios de las obligaciones que descuidaron ni de los poderes de que abusaron.  Las sanciones externas tampoco pueden explicar fallas gubernamentales anteriores a la imposición de esas sanciones.

Los gobiernos extranjeros y los intereses privados contraen responsabilidades distintas mediante las decisiones que toman dentro de esa vulnerabilidad.  Un acreedor puede exigir legítimamente el pago, un inversionista puede requerir compensación por el riesgo y un gobierno puede regular las transacciones dentro de su jurisdicción.  Cada una de esas actividades tiene un fundamento económico.  La legitimidad del propósito no determina la equidad de cada condición impuesta en procura de ese propósito.  La existencia de un gobierno debilitado puede explicar por qué hay concesiones disponibles en condiciones favorables para intereses externos, pero la debilidad del gobierno no justifica por sí misma cada ventaja obtenida de esa debilidad.  La responsabilidad interna por crear las condiciones de la dependencia y la responsabilidad externa por aprovechar esas condiciones conciernen a decisiones diferentes, adoptadas por actores que poseen poderes diferentes.

A la población venezolana no puede asignársele una responsabilidad equivalente por el solo hecho de que sus miembros tengan la nacionalidad del país.  A lo largo de la historia nacional, los venezolanos se han organizado en pos de derechos políticos, se han opuesto a gobiernos militares, han establecido instituciones civiles, han exigido rendición de cuentas y han resistido el ejercicio discrecional del poder.  La larga persistencia de la autoridad personalista y de la intervención militar no puede atribuirse, por tanto, a una disposición nacional inmutable.  Las prácticas políticas sobreviven por obra de instituciones, intereses y una distribución desigual del poder coercitivo y económico.  La persistencia de esas prácticas no borra los esfuerzos de quienes intentaron sustituirlas.

La distinción entre la responsabilidad de los gobiernos y la herencia de las consecuencias de los actos de gobierno explica la dificultad particular de la reconstrucción.  Venezuela requiere capital, inversión productiva, instituciones públicas que funcionen y la recuperación de la actividad económica ordinaria.  Esas necesidades crean oportunidades para que acreedores, inversionistas y gobiernos negocien derechos sobre la riqueza futura del país.  El país debe obtener los medios para reparar daños cuyas causas abarcan sucesivas administraciones y relaciones internacionales.  Los hogares que soportaron la caída de los ingresos, el deterioro de los servicios y la partida de familiares podrían verse obligados, sin embargo, a sostener las obligaciones contraídas para financiar esa reparación.

Las consecuencias de tales arreglos no se distribuirán necesariamente de manera equitativa.  Una industria petrolera restablecida puede generar empleo e ingresos públicos y dejar desatendidos otros sectores productivos.  Un acuerdo comercial puede producir rendimientos para los inversionistas mientras los beneficios públicos siguen dependiendo de la administración de los impuestos y las regalías.  Un mayor ingreso nacional puede coexistir con familias que aún no logran obtener de manera fiable agua, electricidad, atención médica o educación.  La recuperación de la producción, por considerable que sea, no establece por sí misma la recuperación de las instituciones a través de las cuales los beneficios de esa producción llegan a la población.

Las dificultades del país tampoco pueden resolverse si se equipara el restablecimiento de la soberanía venezolana con la sustitución de un beneficiario extranjero por otro.  El control nacional de los recursos puede ejercerse mediante instituciones que permanecen fuera del alcance del escrutinio público.  Un gobierno electo puede heredar compromisos de largo plazo contraídos por el gobierno anterior y disponer de medios limitados para revisar esos compromisos.  La inversión extranjera puede mejorar la capacidad productiva sin garantizar que las ganancias se distribuyan mediante una administración pública sujeta a rendición de cuentas.  La autoridad legal para celebrar un acuerdo, las ventajas económicas obtenidas del acuerdo y las consecuencias impuestas a la población siguen siendo cuestiones distintas, aun cuando el acuerdo se defienda como necesario para la recuperación nacional.

La herencia histórica de Venezuela contiene auténticos logros constitucionales y también reiterados fracasos institucionales.  Los derechos políticos se ampliaron, el gobierno civil se restableció y el control nacional sobre la producción petrolera se extendió.  Esos logros transformaron el país y no pueden reducirse a interrupciones pasajeras de una tradición autoritaria.  Las limitaciones de esos logros se manifiestan, no obstante, dondequiera que las instituciones creadas para proteger la autoridad pública resultan incapaces de contener el ejercicio discrecional de esa autoridad.  Los gobiernos sucesivos heredan los poderes del Estado sin heredar necesariamente restricciones eficaces al uso de esos poderes.  La población hereda las consecuencias de decisiones que no siempre pudo impedir, mientras los funcionarios responsables de esas decisiones pueden marcharse antes de que las consecuencias lleguen a medirse por completo.

El restablecimiento de la capacidad productiva requiere decisiones que obliguen a los gobiernos futuros.  Ningún Estado puede funcionar sin la facultad de contraer obligaciones que se extiendan más allá del mandato de sus funcionarios.  La distinción reside en las instituciones mediante las cuales se contraen esas obligaciones y en la responsabilidad que conservan quienes están facultados para crearlas.  Cuando los beneficios de una decisión se distribuyen de inmediato entre partes identificables mientras los costos de esa decisión se difieren al público, el paso del tiempo puede ocultar la asignación original de la ventaja.  Lo que una generación posterior percibe como una obligación nacional ineludible puede haberse originado en un ejercicio del poder del que esa generación obtuvo escaso beneficio.

El pueblo venezolano ha soportado reiteradamente las consecuencias de decisiones adoptadas bajo la autoridad del Estado, en las relaciones del Estado con potencias extranjeras y en la administración de los recursos del país.  La responsabilidad del pueblo por esas decisiones rara vez ha guardado proporción con las cargas impuestas al pueblo mismo.  La reconstrucción puede restablecer los ingresos del país y las instituciones productivas, pero también puede crear obligaciones cuyos costos sobrevivirán a los gobiernos que negocian esas obligaciones.  La misma población que padeció el daño original podría verse obligada entonces a financiar la corrección de ese daño mediante derechos sobre una riqueza todavía no producida.

La injusticia persistiría dondequiera que quienes están facultados para comprometer el futuro de la nación permanecieran desvinculados de las consecuencias de sus propias decisiones.  Un gobierno podría anunciar la recuperación de la soberanía, los inversionistas podrían registrar el restablecimiento de la producción y los acreedores podrían obtener la seguridad de sus créditos, mientras los hogares venezolanos siguieran soportando costos generados mucho antes de la recuperación prometida.  La carga de la reparación constituiría entonces otra herencia de una autoridad ejercida por otros, y no la corrección de la condición que había hecho necesaria la reparación.


Notas documentales

[1] Universidad Católica Andrés Bello, Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales. Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida 2025.  Presentada el 7 de mayo de 2026.  Pobreza, servicios de los hogares y cobertura educativa.

[2] Corte Internacional de Justicia. Laudo arbitral del 3 de octubre de 1899 (Guyana c. Venezuela).  Sentencias sobre la competencia, medidas provisionales y procedimiento sobre el fondo, incluidas las audiencias celebradas del 4 al 11 de mayo de 2026.  Naciones Unidas, Acuerdo para resolver la controversia entre Venezuela y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre la frontera entre Venezuela y Guayana Británica, Ginebra, 17 de febrero de 1966.

[3] Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Frontera Terrestre Colombia–Venezuela.  Arbitraje español de 1891, arbitraje suizo de 1922 y Tratado López de Mesa–Gil Borges de 1941.  Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia, materiales sobre la historia territorial wayuu.

[4] Departamento de Estado de los Estados Unidos. Foreign Relations of the United States, documentos diplomáticos sobre el bloqueo de Venezuela, los Protocolos de Washington de 1903 y el arbitraje de La Haya.

[5] B. S. McBeth. Juan Vicente Gómez and the Oil Companies in Venezuela, 1908–1935.  Cambridge University Press, 1983.

[6] Venezuela. Estatuto para la Elección de Representantes a la Asamblea Nacional Constituyente, marzo de 1946.  Constitución de 1947, artículos 80 a 82.  Fundación Empresas Polar, registros históricos sobre el derrocamiento militar de noviembre de 1948.

[7] Council on Foreign Relations. Venezuela: The Rise and Fall of a Petrostate.  Relato histórico del período democrático posterior a 1958, de la política petrolera y de la nacionalización.

[8] Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de los Estados Unidos. Venezuela: Additional Tracking Could Aid Treasury’s Efforts to Mitigate Any Adverse Impacts U.S. Sanctions Might Have on Humanitarian Assistance.  GAO-21-239, febrero de 2021.

[9] Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Gold Flows from Venezuela: Supporting Due Diligence on the Production and Trade of Gold in Venezuela.  Publicado en septiembre de 2021.

[10] Reuters. Venezuela to Accelerate Cryptocurrency Shift as Oil Sanctions Return.  22 de abril de 2024.

[11] Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V).  Estimaciones de población, noviembre de 2025.  Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Venezuela Situation, diciembre de 2025.

[12] La Casa Blanca. Fact Sheet: President Donald J. Trump Announces Historic Oil Agreement to Secure American Energy Dominance and Drive Venezuela’s Economic Recovery.  31 de agosto de 2026.  Reuters, Steve Holland y Jarrett Renshaw, información sobre el traspaso de proyectos petroleros operados por empresas chinas y rusas, 31 de agosto de 2026.

[13] Reuters. Trump Touted a Record Venezuela Oil Deal. Now Reality Is Setting In.  30 de octubre de 2026.  Información sobre el traspaso del control operativo el 1 de octubre, el financiamiento de NABEP, las estimaciones de producción y la evaluación de Francisco Monaldi.

[14] Venezuela. Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos.  29 de enero de 2026, Gaceta Oficial n.º 6.978 Extraordinario.  Baker McKenzie, Venezuela’s Hydrocarbons Law Reform: What Businesses Need to Know, 2 de marzo de 2026.  Disposiciones relativas a las empresas mixtas, los contratos privados de producción, la duración contractual, la autorización ejecutiva y la estabilización económica.

[15] Reuters, Mike Stone. US Structured Venezuela Oil Position to Protect It from Dilution, Official Says.  4 de septiembre de 2026.  Descripción de los certificados de opción de compra a precio simbólico (penny warrants), las cláusulas contra la dilución, el derecho a dividendos, la adquisición accionaria prospectiva y el derecho de primera oferta atribuido al Pentágono.  El anuncio de la Casa Blanca del 31 de agosto describe por separado un derecho de tanteo del Departamento de Estado.

[16] Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999, artículos 302 y 303.  Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, WIPO Lex.  José Ignacio Hernández, Understanding the Implications of the U.S.–Venezuela Oil Deal, Center for Strategic and International Studies, 4 de septiembre de 2026.  Reserva constitucional de la actividad petrolera, propiedad de PDVSA, excepciones societarias permitidas y caracterización jurídica del papel operativo de NABEP.

[17] Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos. Shaheen, Reed, Warren, Heinrich Press Secretaries Rubio, Hegseth, Wright for Answers on Administration’s Oil Deal.  Publicado el 1 de octubre de 2026, en referencia a la carta enviada el 30 de septiembre.  Preguntas sobre las facultades legales, la participación accionaria gubernamental, las compras de petróleo y los posibles conflictos de intereses.


« Desenmascarar la desilusión:  Serie XXIV »

October 29, 2026


“Geometric Allegory” digital painting (2023) by Ricardo Morin (American visual artist, born in Venezuela, 1954)

APÉNDICE (cont.)

*


CONTENIDO

A-2 · Poderes y ministerios

A-3 · Fuerzas Armadas

A-4 · Inteligencia y seguridad

B · Organizaciones políticas

Fuentes y notas documentales del apéndice

Bibliografía de las XXIV Series


Alcance y cronología

Esta entrega final recoge la organización del poder público conforme a los ordenamientos constitucionales de 1961 y 1999, la evolución de las instituciones militares y de seguridad de Venezuela y las organizaciones políticas desde el siglo XIX hasta el 21 de octubre de 2026.  Las fechas que acompañan a las entradas indican períodos de actividad, constitución o reorganización.  Las valoraciones sobre la actuación de las instituciones se atribuyen a los informes o estudios de los que proceden.

El repertorio político es selectivo e incluye partidos, coaliciones electorales y movimientos personalistas de épocas anteriores.  La numeración prosigue la del Apéndice.  El apartado A-1, « Constituciones », figura en el índice del Apéndice de la Serie X y se desarrolla en las entregas constitucionales precedentes.


A-2).  Poderes y órganos del Estado [1961–2026]

El ordenamiento constitucional de 1961 articulaba el gobierno nacional en torno a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.  El artículo 136 de la Constitución de 1999 distribuye el Poder Público Nacional en cinco poderes:  Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral. [1] [2]

A-2.1).  Poder Ejecutivo Nacional

Conforme a la Constitución de 1961, el mandato presidencial duraba cinco años y se prohibía la reelección inmediata.  La Constitución de 1999 estableció un mandato de seis años y, en su redacción inicial, permitía una sola reelección inmediata.  La enmienda constitucional aprobada mediante referendo en febrero de 2009 suprimió el límite al número de reelecciones para la Presidencia y los demás cargos de elección popular. [1] [2] [3]

El presidente es jefe del Estado y del Ejecutivo Nacional, dirige la acción del gobierno y las relaciones exteriores y ejerce el mando supremo de las Fuerzas Armadas.  El Ejecutivo comprende, asimismo, al vicepresidente ejecutivo, los ministros y los demás funcionarios previstos en la Constitución o en la ley.  El artículo 236 atribuye al presidente el nombramiento y la remoción del vicepresidente ejecutivo y de los ministros. [2]

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó del deterioro de la separación de poderes y de las restricciones impuestas al ejercicio de las funciones de la Asamblea Nacional.  La Comisión Internacional de Juristas documentó la influencia política sobre el nombramiento de los jueces y su permanencia en el cargo. [4] [5]

Maduro prestó juramento como presidente el 10 de enero de 2025, tras la controvertida proclamación del resultado electoral de 2024 por el CNE. [85]  El 3 de enero de 2026, fuerzas de los Estados Unidos capturaron a Maduro y a Cilia Flores y los trasladaron bajo custodia estadounidense.  Delcy Rodríguez, hasta entonces vicepresidenta ejecutiva, prestó juramento como presidenta encargada el 5 de enero. [86]

Mediante la sentencia n.º 00001, de 3 de enero de 2026, la Sala Constitucional ordenó a Rodríguez ejercer la Presidencia en calidad de encargada.  La decisión invocó los artículos 234 y 239 y dejó expresamente pendiente la calificación definitiva de la falta de Maduro como temporal o absoluta.  Los artículos 233 y 234 establecen procedimientos de sucesión distintos para cada supuesto.  La sentencia no fijó una fecha para las elecciones presidenciales. [87] [2]

A-2.2).  Congreso de la República de Venezuela [ordenamiento de 1961–1999]

El Congreso estaba integrado por el Senado y la Cámara de Diputados.  El Senado incorporaba la representación territorial, mientras que la Cámara de Diputados representaba a la población conforme a las disposiciones electorales de la Constitución y de la ley.  El Congreso sancionaba las leyes, examinaba el presupuesto, ejercía el control político e intervenía en los nombramientos y las autorizaciones previstos constitucionalmente. [1]

La Constitución de 1999 sustituyó el Congreso por una Asamblea Nacional unicameral. [2]

A-2.3).  Asamblea Nacional [creada por la Constitución de 1999; elegida por primera vez en 2000]

La Asamblea Nacional ejerce la potestad legislativa, aprueba el presupuesto nacional, desempeña funciones de control político e interviene en los nombramientos que le atribuye la Constitución.  Los diputados duran cinco años en sus funciones.  El artículo 186 establece una asignación de escaños con una base poblacional del 1,1 por ciento de la población total del país, a la que se añaden tres diputados por cada entidad federal y tres diputados indígenas elegidos conforme a la ley y a sus tradiciones. [2]

El sistema electoral combina la votación nominal por circunscripciones con el voto por listas.  La legislación electoral y las disposiciones administrativas han regulado su aplicación y la distribución de escaños.  El informe de la misión de observación electoral de la Unión Europea de 2021 recoge modificaciones en la composición de la Asamblea y en las disposiciones electorales. [6]

Tras la victoria de la oposición en las elecciones legislativas de diciembre de 2015, diversas decisiones del Tribunal Supremo restringieron el funcionamiento de la Asamblea.  La Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentó estas restricciones y la asunción de funciones legislativas por la Asamblea Constituyente instalada en 2017. [4]

La Asamblea elegida en 2025 contaba con 285 escaños.  La Unión Interparlamentaria recoge 253 para la alianza de gobierno Gran Polo Patriótico y veintinueve para otras organizaciones políticas, además de tres escaños indígenas elegidos por separado el 1 de junio.  Las elecciones legislativas se celebraron el 25 de mayo, junto con las regionales.  La principal plataforma opositora llamó a la abstención, mientras que otros dirigentes opositores participaron.  Estas cifras corresponden a la distribución de escaños anunciada. [88]  La nueva Asamblea se instaló el 5 de enero de 2026. [86]

A-2.4).  Asamblea Nacional Constituyente [2017–2020]

El presidente Maduro inició el proceso constituyente de 2017 sin un referendo popular previo que autorizara su convocatoria.  Los artículos 347 y 348 distinguen el poder constituyente originario del pueblo de la iniciativa para promover una asamblea constituyente, cuyo ejercicio se reconoce a determinados sujetos, entre ellos el presidente en Consejo de Ministros.  Al examinar la controversia sobre la convocatoria, la Comisión de Venecia concluyó que la iniciativa presidencial no podía sustituir la decisión popular de convocar dicho órgano. [2] [7]

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó de que la Asamblea Constituyente, afín al gobierno, se arrogó autoridad sobre los poderes constituidos, asumió funciones legislativas y destituyó a Luisa Ortega Díaz del cargo de fiscal general de la República. [4]

La Asamblea Constituyente concluyó sus actividades en diciembre de 2020 sin elaborar una nueva constitución.  Durante su funcionamiento dictó instrumentos denominados leyes constitucionales, entre ellos el relativo a las Fuerzas Armadas que se examina en A-3.2. [8] [9]

A-2.5).  Corte Suprema de Justicia[ordenamiento de 1961–1999]

La Corte Suprema era el máximo órgano judicial en el ordenamiento constitucional de 1961.  Entre sus atribuciones figuraban el control de constitucionalidad y la resolución de los asuntos que le encomendaban la Constitución y la ley.  Su organización varió durante este período.  Conforme a la Ley Orgánica de 1976, estaba integrada por tres salas de cinco magistrados cada una:  Político-Administrativa, de Casación Civil y de Casación Penal.  El número total de magistrados era, por tanto, de quince. [1] [10]

A-2.6).  Tribunal Supremo de Justicia [1999–2026]

La Constitución de 1999 sustituyó la Corte Suprema por el Tribunal Supremo, organizado en salas especializadas, entre ellas una Sala Constitucional.  Sus funciones comprenden la jurisdicción constitucional, la revisión judicial definitiva en las materias de su competencia y la administración y supervisión del Poder Judicial.  El artículo 267 atribuye al Tribunal la dirección, el gobierno y la administración del Poder Judicial. [2]

La ley determina el número de magistrados del Tribunal.  Inicialmente eran veinte; la Ley Orgánica de 2004 elevó su número a treinta y dos, y la reforma de 2022 lo redujo a veinte. [11][5]

El informe de la Comisión Internacional de Juristas de 2021 examinó el nombramiento, la permanencia en el cargo y la remoción de los jueces, y concluyó que la injerencia política comprometía la independencia judicial. [5]

Una nueva reforma de la Ley Orgánica, vigente desde el 22 de mayo de 2026, elevó a treinta y dos el número legal de magistrados:  siete en la Sala Constitucional y cinco en cada una de las otras cinco salas.  La reforma dispuso los nombramientos correspondientes a la nueva composición. [89]

Una segunda reforma, publicada el 15 de septiembre de 2026, estableció un Comité de Postulaciones Judiciales de veintitrés miembros:  once diputados de la Asamblea Nacional y doce representantes postulados por otros sectores de la sociedad. [90]  La información publicada el 14 de octubre señalaba que la selección del nuevo Tribunal seguía en curso.  La ampliación prevista en la ley y la culminación de los nombramientos se consignan por separado. [91]

A-2.7).  Poder Electoral y Consejo Nacional Electoral

La denominación Consejo Nacional Electoral [CNE] es anterior a la Constitución de 1999:  se adoptó con la reforma electoral de 1997.  La Constitución de 1999 estableció el Poder Electoral como poder nacional diferenciado, con el CNE como órgano rector.  Entre sus atribuciones figuran la organización de elecciones y referendos, la conservación y actualización del registro electoral y la reglamentación de las materias que le encomienda la legislación electoral. [12] [2]

El artículo 296 dispone que el CNE esté integrado por cinco miembros principales sin vinculación con organizaciones políticas.  Tres son postulados por la sociedad civil; uno, por las facultades de ciencias jurídicas y políticas de las universidades nacionales; y otro, por el Poder Ciudadano.  La Asamblea Nacional los designa por mayoría de dos tercios para períodos de siete años, conforme a las disposiciones constitucionales sobre su selección y renovación. [2]

Tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, el CNE declaró vencedor a Maduro.  El Centro Carter informó de que el CNE no había publicado los resultados por mesa que sustentaran los totales anunciados ni había aportado pruebas del ataque informático que alegaba haber sufrido. [13]  El Centro concluyó que las elecciones no cumplían las normas internacionales y no podían considerarse democráticas. [14]

En su informe final, publicado en febrero de 2025, el Centro Carter concluyó que las actas de mesa disponibles demostraban una clara victoria de Edmundo González Urrutia en las elecciones de 2024. [13]

El 22 de agosto de 2024, la Sala Electoral del Tribunal Supremo avaló el resultado anunciado por el CNE. [92]

El 23 de septiembre de 2026, Rodríguez prometió públicamente la celebración de elecciones sin precisar una fecha.  Reuters informó de que representantes de la oposición reclamaban cambios en el Poder Judicial y en la autoridad electoral como condiciones para un proceso competitivo. [93]

A-2.8).  Poder Ciudadano [1999–2026]

El Poder Ciudadano se ejerce por medio del Consejo Moral Republicano, integrado por el fiscal general de la República, el defensor del Pueblo y el contralor general de la República.  Las instituciones que lo componen gozan de autonomía constitucional y cumplen funciones diferenciadas en materia de legalidad, derechos y administración de los recursos públicos. [2]

El artículo 279 establece un procedimiento común de designación.  El Consejo Moral Republicano convoca un comité de evaluación de postulaciones con participación de diversos sectores de la sociedad.  Mediante un proceso público de evaluación se elabora una terna para cada cargo, que se remite a la Asamblea Nacional para que efectúe la designación por mayoría de dos tercios dentro de un plazo de treinta días consecutivos.  Si no se alcanza un acuerdo, la Constitución prevé someter la terna a consulta popular.  Si no se convoca el comité de evaluación, la Asamblea procede a la designación en el plazo que determine la ley. [2]

a).  Ministerio Público [incorporado al Poder Ciudadano en 1999].  Bajo la dirección del fiscal general de la República, el Ministerio Público dirige las investigaciones penales, ejerce la acción penal pública cuando corresponde y vela por las garantías constitucionales en los procesos judiciales.  La institución existía antes de 1999; la nueva Constitución la integró en el Poder Ciudadano.  El artículo 284 establece un período de siete años para el fiscal general de la República y remite su designación al procedimiento previsto para el Poder Ciudadano. [1] [2]

El 9 de abril de 2026, la Asamblea Nacional designó a Larry Devoe fiscal general de la República, tras la renuncia de Tarek William Saab en febrero. [94]

El procurador general de la Repúblicarepresenta y defiende los intereses patrimoniales de la República.  El artículo 249 dispone que su nombramiento corresponde al presidente, con autorización de la Asamblea Nacional. [2]

b).  Defensoría del Pueblo [creada por la Constitución de 1999].  El defensor del Pueblo promueve y defiende los derechos constitucionales y humanos, vigila la actuación de las autoridades y los servicios públicos y puede ejercer las acciones que la ley atribuye al cargo.  Su titular dura siete años en sus funciones y se designa conforme al artículo 279. [2]

La Asamblea designó a Eglée González Lobato defensora del Pueblo el 9 de abril de 2026, tras la renuncia de Alfredo Ruiz en febrero.  EFE recogió las objeciones de organizaciones de la sociedad civil a la transparencia del procedimiento y a la composición del órgano encargado de seleccionar a los candidatos para ambos cargos del Poder Ciudadano. [94]

c).  Contraloría General de la República[incorporada al Poder Ciudadano en 1999].  La Contraloría supervisa los ingresos, los gastos y los bienes públicos y ejerce el control fiscal conforme a la Constitución y a la ley.  Esta institución también es anterior a 1999.  La Constitución establece para su titular un período de siete años y la designación conforme al artículo 279.  Sus funciones de fiscalización se distinguen de la persecución de los delitos y de la determinación judicial de la responsabilidad penal. [1] [2]


A-2.9).  Ministerios del Ejecutivo y principales ámbitos de competencia [1999–2026]

Los ministerios formulan y ejecutan la política nacional en el ámbito del Ejecutivo.  El artículo 236 faculta al presidente para nombrar y remover a los ministros y, dentro de los límites legales, determinar la organización y las competencias de los ministerios.  La Asamblea Nacional ejerce la fiscalización parlamentaria mediante sus atribuciones presupuestarias, de investigación y de control político. [2]

Las dieciocho carteras que se describen a continuación ofrecen una relación selectiva de funciones.  Sus denominaciones, competencias y formas de organización variaron durante el período.  El decreto de 2016 sobre la organización de la Administración Pública Nacional sirve de referencia documental para la distribución de atribuciones y se complementa, donde se indica, con otras disposiciones y documentos. [15]

1.  Defensa:  Ministerio del Poder Popular para la Defensa.  El ministerio formula la política de defensa y administra el personal militar, los recursos, las adquisiciones y las demás materias que le corresponden en el Ejecutivo.  La ley de 2020 sobre las Fuerzas Armadas atribuye funciones administrativas al ministerio y funciones operacionales al Comando Estratégico Operacional. [9]

El 18 de marzo de 2026, Rodríguez nombró a Gustavo González López ministro de Defensa en sustitución de Vladimir Padrino López, que ocupaba la cartera desde 2014. [95]

2.  Relaciones exteriores:  Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores.  Este ministerio ejerce la actividad diplomática, administra los servicios diplomáticos y consulares, participa en la negociación de tratados y representa al gobierno ante los organismos internacionales.  Ejecuta la política exterior presidencial conforme a la Constitución, incluida la aprobación legislativa de los acuerdos internacionales cuando resulte preceptiva. [15] [2]

3.  Interior, justicia y paz:  Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.  Sus competencias comprenden la seguridad interior, la política policial, el orden público, la protección civil y las materias administrativas conexas.  El artículo 267 atribuye el gobierno y la administración judiciales al Tribunal Supremo; el ejercicio de la acción penal corresponde al Ministerio Público. [15] [2]

4.  Economía y finanzas:  Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas, con sucesivas denominaciones.  La cartera de finanzas elabora y administra la política fiscal, coordina las materias presupuestarias y de tesorería, gestiona el crédito público y supervisa las entidades que la ley le adscribe.  El artículo 318 atribuye las funciones monetarias al Banco Central de Venezuela y reconoce su autonomía en la formulación y el ejercicio de las políticas de su competencia. [15] [2]

5.  Planificación:  Ministerio del Poder Popular de Planificación, anteriormente vinculado a la denominación Planificación y Desarrollo.  Esta cartera coordina la planificación del desarrollo nacional, las prioridades de inversión pública, la planificación institucional y los trabajos estadísticos correspondientes. [15]

6.  Educación:  Ministerio del Poder Popular para la Educación.  Este ministerio dirige la política de educación inicial, primaria y secundaria y las modalidades educativas que le están atribuidas.  La educación universitaria también ha contado con una cartera propia.  Un comunicado ministerial de enero de 2024 recoge la coordinación entre los ministerios de Educación y de Educación Universitaria. [16]

7.  Salud:  Ministerio del Poder Popular para la Salud.  La cartera de salud dirige la política sanitaria, la vigilancia epidemiológica, la prevención de enfermedades y la coordinación de los servicios e instituciones adscritos a ella. [15]  El informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de 2019 documentó la escasez de medicamentos, el deterioro de las instalaciones y los obstáculos para acceder a la atención sanitaria. [17]

8.  Alimentación:  Ministerio del Poder Popular para la Alimentación.  Este ministerio coordina las políticas de abastecimiento y distribución de alimentos y las entidades públicas encargadas de esas funciones.  El ordenamiento administrativo distribuye las atribuciones conexas entre los organismos competentes en agricultura, comercio, importaciones, nutrición y asistencia social. [15]

9.  Ciencia y tecnología:  Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, cuya organización ha variado.  Esta cartera promueve la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación y la cooperación entre las instituciones públicas y la comunidad científica.  En la organización administrativa de 2016, la educación universitaria, la ciencia y la tecnología se reunían en un solo ministerio. [15]

10.  Comercio:  carteras de comercio interior y exterior.  La política comercial se ha distribuido entre las carteras competentes en industria y comercio interior, comercio exterior e inversión internacional.  El decreto de 2016 identifica por separado el Ministerio del Poder Popular para la Industria y Comercio y el Ministerio del Poder Popular para el Comercio Exterior e Inversión Internacional. [15]

11.  Hábitat y vivienda:  Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda.  La cartera de vivienda formula políticas de construcción residencial, financiación de viviendas y mejora de las condiciones del hábitat, con atribuciones en materia de desarrollo urbano y servicios residenciales. [15]

12.  Energía eléctrica:  Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica.  Este ministerio dirige la política y la planificación del sector eléctrico y supervisa las entidades que le están adscritas.  La generación, la transmisión, la distribución y el mantenimiento corresponden a las entidades operadoras. [15]

13.  Petróleo:  Ministerio del Poder Popular de Petróleo, con sucesivas denominaciones.  Esta cartera formula la política de hidrocarburos, regula las actividades de su competencia y vela por los intereses del Estado en el sector.  Petróleos de Venezuela, S.A. [PDVSA] y otras empresas realizan las operaciones de producción, refino y comercialización. [15]

La Ley Orgánica de Hidrocarburos se reformó el 29 de enero de 2026.  La reforma incorporó disposiciones sobre los contratos para el desarrollo de actividades primarias y modificó el régimen de operaciones, las disposiciones fiscales y las atribuciones ministeriales. [96]  El 17 de octubre, Rodríguez anunció que esperaba inversiones petroleras de cerca de 76.000 millones de dólares estadounidenses durante cinco años y aludió a nuevos acuerdos, entre ellos los de cooperación con los Estados Unidos.  La cifra correspondía a una previsión gubernamental. [97]

14.  Agricultura y tierras:  Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras.  Esta cartera coordina el desarrollo agrícola, la capacidad productiva, la política rural y las materias relativas a la tierra que le atribuye la ley.  La organización administrativa de 2016 encomendaba la pesca, la agricultura urbana y la distribución de alimentos a carteras ministeriales diferenciadas. [15]

15.  Transporte:  Ministerio del Poder Popular para el Transporte, con diversas formas de agrupación con obras públicas.  Las competencias en materia de transporte comprenden las infraestructuras, los servicios, la regulación y la supervisión de los organismos y empresas públicas del sector.  El decreto de 2016 atribuía las competencias de transporte terrestre, acuático y aéreo al Ministerio del Poder Popular para Transporte y Obras Públicas. [15]

16.  Mujer e igualdad de género:  Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género[creado en 2009].  Este ministerio coordina las políticas relativas a los derechos de las mujeres, la participación en condiciones de igualdad y la prevención de la discriminación y la violencia por razón de género.  Su creación estuvo precedida por otras formas de organización institucional dedicadas a los asuntos de la mujer. [18] [15]

17.  Comunicación e información:  Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información.  Esta cartera coordina la comunicación del Ejecutivo y las funciones relativas a los medios públicos que le están atribuidas. [15]  El informe de Human Rights Watch sobre los acontecimientos de 2023 documentó restricciones a los medios independientes y el hostigamiento de periodistas. [19]

18.  Cultura:  Ministerio del Poder Popular para la Cultura.  Este ministerio formula la política cultural, apoya la actividad artística y supervisa las instituciones dedicadas al patrimonio, los museos, la edición y las demás funciones culturales de su competencia.  La Constitución reconoce la libertad y la diversidad culturales y los derechos de los creadores y las comunidades. [15] [2]


A-3).  Fuerzas Armadas

La organización y las funciones de las Fuerzas Armadas se regulan en las disposiciones constitucionales sobre defensa y seguridad nacionales y en la legislación militar posterior.  Las entradas que siguen distinguen los ordenamientos constitucionales de 1961 y 1999 y las modificaciones legislativas ulteriores. [1] [2]

A-3.1).  Fuerzas Armadas Nacionales [1961–1999]

En el ordenamiento constitucional de 1961, las Fuerzas Armadas comprendían el Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional.  La Guardia Nacional, creada en 1937, ya formaba parte de la institución militar antes de la Constitución de 1999.  La Ley Orgánica de 1995 identificaba expresamente estos cuatro componentes. [1] [20]

El artículo 132 de la Constitución de 1961 definía las Fuerzas Armadas como una institución apolítica, obediente y no deliberante al servicio de la República.  Entre sus funciones figuraban la defensa nacional, la estabilidad constitucional y la protección del orden democrático. [1]

A-3.2).  Fuerza Armada Nacionaly Fuerza Armada Nacional Bolivariana [1999–2026]

El artículo 328 de la Constitución de 1999 describe la Fuerza Armada Nacional como una institución profesional, sin militancia política, organizada para defender la soberanía y la integridad territorial.  También le atribuye participación en el mantenimiento del orden interno y en el desarrollo nacional conforme a la Constitución.  Los cuatro componentes que nombra el texto constitucional son el Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional.  El artículo 330 permite votar a los militares en servicio activo, pero les prohíbe la actividad política partidista y la postulación a cargos de elección popular mientras permanezcan en servicio activo. [2]

La denominación Fuerza Armada Nacional Bolivariana [FANB] se incorporó mediante la legislación orgánica de 2008. [21]

La Asamblea Nacional Constituyente dictó la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicada en la Gaceta Oficial n.º 6.508 Extraordinario, de 30 de enero de 2020.  Su preámbulo invocaba los artículos 347–349 de la Constitución.  Los artículos 22 y 59 califican a la Milicia Bolivariana como componente especial.  La denominación ley constitucional corresponde a la forma legislativa empleada por aquella Asamblea Constituyente, cuya controvertida convocatoria se trata en A-2.4. [9]

En su estudio de 2023 publicado por la Fundación Carolina, Francine Jácome documentó la participación de militares en cargos ministeriales, empresas públicas, la administración territorial y actividades económicas.  La autora examinó estas funciones como manifestaciones de la militarización del gobierno y de la sociedad. [22]

Fuerzas estadounidenses llevaron a cabo la captura de Maduro en enero de 2026.  La posterior asunción de la Presidencia por Delcy Rodríguez en calidad de encargada y el cambio de ministro de Defensa de marzo se recogen en A-2.1 y A-2.9. [86] [95]


A-4).  Organismos de inteligencia y de seguridad del Estado

Las instituciones que se enumeran a continuación desempeñan funciones de inteligencia, contrainteligencia militar, investigación penal y mantenimiento del orden público.  Su adscripción y sus atribuciones se describen por separado en las entradas correspondientes.

Las conclusiones de 2022 de la misión de determinación de los hechos de las Naciones Unidas documentaron el empleo de los servicios de inteligencia en la represión de opositores al gobierno, reales o presuntos, mediante prácticas que incluían la detención arbitraria y la tortura.  La misión examinó las estructuras institucionales, las prácticas operativas y las cadenas de responsabilidad. [23]

A-4.1).  Organismos de inteligencia y contrainteligencia

1.  Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención [DISIP, 1969–2010].  Habitualmente asociada con la denominación posterior Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención, la DISIP fue el principal organismo civil de inteligencia y seguridad política.  Su trayectoria institucional abarcó tanto el período anterior a 1999 como el bolivariano.  Una reorganización iniciada en 2009 culminó con el cambio formal de denominación a SEBIN mediante el Decreto n.º 7.453, de 1 de junio de 2010. [24] [25]

2.  Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional [SEBIN, 2010–2026].  El SEBIN es el principal servicio civil de inteligencia y ejerce funciones de inteligencia y contrainteligencia en las materias de su competencia.  Su adscripción administrativa ha variado.  Forma parte de la estructura de seguridad del Ejecutivo. [25]

La misión de determinación de los hechos de las Naciones Unidas documentó detenciones arbitrarias, torturas y otras violaciones cometidas por el SEBIN contra personas consideradas opositoras.  Sus conclusiones de 2022 vincularon estas prácticas con un plan estatal de represión política y señalaron fundamentos para atribuir responsabilidades que alcanzaban a altos funcionarios. [23]

En septiembre de 2026, Acceso a la Justicia informó de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había ordenado el cierre de El Helicoide mediante una sentencia de abril, notificada a Venezuela el 10 de junio.  La organización señaló que la información pública era insuficiente para comprobar su cumplimiento.  Examinó por separado los traslados de presos recogidos en la prensa y la ejecución de las reparaciones ordenadas en la sentencia. [98]

3.  Dirección General de Contrainteligencia Militar [DGCIM; denominación vigente desde 2011].  La DGCIM procede de estructuras anteriores de inteligencia militar, entre ellas la Dirección de Inteligencia Militar [DIM].  Sus competencias de contrainteligencia se refieren a las amenazas contra la seguridad militar. [25]

En marzo de 2026, Germán Gómez Lárez fue nombrado al frente de la DGCIM tras el paso de González López al Ministerio de Defensa. [95]

La misión de determinación de los hechos describió detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual y otros abusos graves vinculados con instalaciones y miembros de la DGCIM, incluidas operaciones contra militares y civiles considerados opositores. [25]

A-4.2).  Organismos de seguridad del Estado

La Guardia Nacional es un componente militar; el CICPC, un órgano de investigación policial; la Policía Nacional, una institución policial civil; y las FAES fueron una unidad especializada de la Policía Nacional.  Las policías estadales y municipales integran también el sistema policial. [9] [26]

4.  Guardia Nacional y Guardia Nacional Bolivariana [1937–2026].  Creada durante la presidencia de Eleazar López Contreras, la Guardia Nacional combina su carácter militar con funciones de orden interno, control fronterizo y apoyo al cumplimiento de la ley.  El artículo 329 de la Constitución de 1999 le atribuye la responsabilidad básica de las operaciones necesarias para mantener el orden interno. [27] [2]

El informe de 2018 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó el uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y malos tratos en los que intervinieron la Guardia Nacional y otros cuerpos de seguridad durante las manifestaciones. [28]

5.  Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas [CICPC, 2001–2026].  El CICPC sucedió al Cuerpo Técnico de Policía Judicial, conocido habitualmente como Policía Técnica Judicial [PTJ], cuyos orígenes se remontan a 1958.  Sus competencias incluyen la investigación penal, los exámenes forenses y la obtención técnica de pruebas.  En los procesos penales, la investigación se realiza bajo la dirección del Ministerio Público y con sujeción a las garantías procesales. [29] [2]

6.  Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana [PNB; en funcionamiento desde 2009].  La Policía Nacional surgió de las reformas policiales y de la legislación orgánica aprobadas durante el gobierno de Chávez.  Ejerce funciones policiales de alcance nacional, entre ellas la prevención del delito, el mantenimiento del orden público y las atribuciones que se le encomiendan en determinados ámbitos y servicios.  Forma parte de la estructura de seguridad interior del Ejecutivo. [26]

La ley del servicio de policía establece la política nacional y las funciones de coordinación y supervisión de un sistema que comprende policías nacionales, estadales y municipales, cada una con competencias propias. [26]

7.  Fuerzas de Acciones Especiales [FAES; creación fechada en 2016 o 2017 según la fuente].  Las FAES fueron una unidad especializada de la PNB vinculada a operaciones contra la delincuencia.  La información publicada por Human Rights Watch en septiembre de 2019 sitúa su creación en 2017.  Un reportaje de TalCual de junio de 2019, reproducido por PROVEA, la fecha en abril de 2016. [30] [31]

Human Rights Watch y la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentaron muertes durante presuntos enfrentamientos, detenciones arbitrarias y otros abusos en los que intervinieron las FAES, especialmente en comunidades de bajos ingresos.  El informe de la Alta Comisionada de 2019 pidió su disolución y la investigación de sus integrantes. [30] [17]

El Informe Mundial 2024 de Human Rights Watch señala que las FAES fueron disueltas en 2022 y sustituidas por la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas [DAET].  Con referencia a la misión de determinación de los hechos de las Naciones Unidas, el informe recoge la similitud de funciones y métodos y la designación, para puestos clave de la DAET, de antiguos miembros de las FAES implicados en abusos. [19]

A-4.3).  Detenciones posteriores a las elecciones, amnistía y procesos judiciales [2024–2026]

El informe de septiembre de 2024 de la misión de determinación de los hechos de las Naciones Unidas recogió veinticinco muertes en la represión posterior a las elecciones presidenciales, así como detenciones arbitrarias y violaciones de derechos de manifestantes y personas consideradas opositoras. [92]

En marzo de 2025, la misión de determinación de los hechos de las Naciones Unidas informó de que persistían formas graves de represión y crímenes de lesa humanidad.  En su evaluación de septiembre destacó la ausencia de una rendición de cuentas efectiva en el ámbito nacional y la necesidad de una actuación internacional en favor de las víctimas. [99] [100]

La Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática entró en vigor el 19 de febrero de 2026.  Comprende delitos vinculados con determinados hechos dentro de un período que comienza el 1 de enero de 1999, con sujeción a los requisitos y las exclusiones que establece.  Su aplicación exige seguir los procedimientos previstos en la ley. [101]

En septiembre de 2026, la misión de determinación de los hechos de las Naciones Unidas informó de que el aparato represivo del Estado permanecía intacto pese a los limitados cambios políticos. [102]  La información de Reuters sobre esas conclusiones recogió una disminución de las detenciones por motivos políticos, junto con la persistencia de abusos, incluidas torturas, y la permanencia de cientos de personas detenidas.  La misión calificó los cambios de limitados y reversibles. [103]

La Resolución n.º 2026-0010 del Tribunal Supremo, de 13 de octubre de 2026, reorganizó la tramitación de las causas por terrorismo:  suprimió la competencia de alcance nacional de los juzgados especiales especificados en ella y redistribuyó las causas dentro de la jurisdicción penal, con excepciones transitorias.  La resolución regula la competencia y el reparto de las causas; las disposiciones penales sustantivas constituyen una materia distinta. [104]

El 8 de octubre de 2026, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció un nuevo escrito de acusación, que reemplazaba al anterior, contra Maduro y Flores por conspiración para cometer torturas, además de delitos relacionados con narcóticos y armas.  La acusación sostenía que se habían utilizado instituciones del Estado para maltratar a detenidos. [105]  Ambos acusados se declararon no culpables el 15 de octubre.  El juicio quedó señalado para el 14 de junio de 2027; las acusaciones seguían pendientes de resolución judicial en la fecha de cierre de este borrador. [106]


B).  Evolución de los partidos y movimientos políticos [1830–2026]

Este apartado recoge una selección de facciones del siglo XIX, partidos modernos, movimientos revolucionarios, organizaciones electorales y coaliciones.  Las fechas indican los orígenes documentados o los períodos de actividad; cuando el movimiento precedió a su inscripción como partido, se hace constar esa circunstancia.

Cuando una intervención judicial ha alterado el control de las denominaciones registradas y los símbolos electorales de un partido, las entradas distinguen dicho control de la dirigencia y la militancia históricas de la organización.

B-1).  Primeras tradiciones políticas y movimientos personalistas [1830–1935]

1.  Conservadores [principalmente entre las décadas de 1830 y 1850].  La corriente conservadora se formó en torno al orden político vinculado con José Antonio Páez y sus apoyos entre comerciantes, propietarios de tierras y funcionarios de la administración.  Favorecía la estabilidad política y la autoridad establecida.  Se trataba de una agrupación histórica de afinidades e intereses, no de un partido moderno con inscripción continuada. [32]

2.  Partido Liberal y Gran Partido Liberal [desde 1840].  Vinculada inicialmente con Antonio Leocadio Guzmán, Tomás Lander y el periódico El Venezolano, la organización liberal se opuso a los grupos que ejercían el poder.  El federalismo y la ampliación de la participación política adquirieron importancia en la evolución de sus propuestas. [32]

3.  Guzmancismo y Liberalismo Amarillo [principalmente desde 1870].  El guzmancismo designa a los seguidores políticos de Antonio Guzmán Blanco dentro del liberalismo venezolano del siglo XIX. [32]

4.  Crespismo [especialmente en la década de 1890].  Los partidarios de Joaquín Crespo actuaban dentro de la tradición liberal mediante vínculos de lealtad personal y patronazgo político. [32]

5.  Gomecismo [1908–1935].  Juan Vicente Gómez mantuvo el poder mediante la autoridad militar, las relaciones regionales, el control administrativo y la represión.  El término gomecismo designa al régimen y sus redes de lealtad, más que a un partido que compitiera en elecciones.  La actividad opositora comprendió organizaciones en el exilio, movilizaciones estudiantiles y agrupaciones políticas clandestinas. [33]

Tras la muerte de Gómez, el gobierno de Eleazar López Contreras afrontó la oposición de nuevas organizaciones políticas, agrupaciones estudiantiles y activistas sindicales.  Durante este período se constituyeron ORVE y el PDN. [34] [35]

B-2).  Formación de los partidos modernos y transiciones democráticas [1926–1958]

6.  Partido Revolucionario Venezolano [PRV; fundado en el exilio en 1926].  Esta organización reunió a opositores de la dictadura de Gómez en un ámbito de incipiente organización revolucionaria y socialista. [36]

7.  Partido Comunista de Venezuela [PCV; fundado en 1931].  El PCV se desarrolló como una organización marxista-leninista vinculada con la movilización obrera y la transformación socialista.  Su trayectoria comprendió la clandestinidad, la legalización, la represión y el recurso tanto a estrategias electorales como revolucionarias.  Quedó excluido del Pacto de Puntofijo de 1958. [37] [38]

La dirigencia histórica del PCV apoyó a Chávez y, posteriormente, adoptó una posición crítica frente a Maduro; en 2020 participó en la formación de la APR.  En 2023, el Tribunal Supremo designó otra directiva. [39] [19]

8.  Organización Venezolana [ORVE, 1936].  ORVE actuó durante la apertura política posterior a Gómez.  Entre sus integrantes figuraban personas que más tarde participaron en el PDN y en Acción Democrática. [34]

9.  Partido Republicano Progresista [PRP, 1936].  El PRP surgió durante la apertura posterior a la dictadura y ofreció un cauce legal de actuación política a militantes marxistas y comunistas.  Sus antecedentes inmediatos se encontraban en la organización de la izquierda y en la oposición a la dictadura. [40]

10.  Partido Democrático Nacional [PDN, 1936–1941].  El PDN surgió de los esfuerzos por coordinar la oposición democrática y prosiguió su actividad clandestinamente tras negársele el reconocimiento oficial.  Fue un antecedente organizativo directo de Acción Democrática.  Su labor contribuyó a la formación de una estructura partidista nacional a finales de la década de 1930. [35] [41]

11.  Acción Democrática [AD; fundada en 1941].  AD se constituyó como un partido de masas de orientación socialdemócrata, con bases obreras y campesinas y un programa de inclusión política y desarrollo nacional.  Participó junto con oficiales militares en el derrocamiento de Medina Angarita en octubre de 1945.  Después de 1958 participó en el gobierno nacional. [41] [42]

En junio de 2020, el Tribunal Supremo suspendió a la dirigencia de AD y nombró una junta directiva ad hoc.  La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recogió esta intervención en su informe anual. [43]

12.  Partido Democrático Venezolano [PDV, 1943–1945].  El PDV se organizó para respaldar al presidente Isaías Medina Angarita.  Perteneció a un período de liberalización política en el que se ampliaron la actividad partidista y el debate público, mientras la elección presidencial seguía siendo indirecta y el sufragio, restringido.  Su actividad concluyó tras el derrocamiento cívico-militar de octubre de 1945. [44]

13.  Unión Republicana Democrática [URD; fundada en 1945].  URD se desarrolló como una organización nacionalista y democrática estrechamente vinculada con Jóvito Villalba.  Se opuso al gobierno militar y fue uno de los tres partidos signatarios del Pacto de Puntofijo. [42] [38]

14.  Comité de Organización Política Electoral Independiente [COPEI; fundado en 1946].  Conocido habitualmente como Partido Socialcristiano, COPEI se desarrolló bajo la dirección de Rafael Caldera y otros dirigentes demócrata-cristianos.  Combinó la orientación socialcristiana con la organización electoral y la participación en las instituciones representativas.  Participó en el gobierno nacional después de 1958.  El informe de la misión de observación electoral de la Unión Europea de 2021 recoge la intervención judicial que afectó a su dirigencia. [45] [6]

La sucesión de los procesos democráticos.  Al derrocamiento cívico-militar de Medina Angarita, el 18 de octubre de 1945, siguió una ampliación de la participación electoral.  Rómulo Betancourt presidió la junta revolucionaria provisional.  Rómulo Gallegos ganó las elecciones de diciembre de 1947, fue el primer presidente de Venezuela elegido por sufragio universal, directo y secreto y asumió el cargo en febrero de 1948.  Un golpe militar lo depuso en noviembre de 1948.  El período de gobierno militar que siguió concluyó en enero de 1958. [42] [46]

Mediante el Pacto de Puntofijo de octubre de 1958, AD, COPEI y URD se comprometieron a defender el orden electoral y constitucional y a cooperar en torno a un programa mínimo común.  Betancourt ganó las elecciones presidenciales de diciembre de 1958. [38] [34]

B-3).  Formación y reorganización de partidos [1960–1998]

15.  Movimiento de Izquierda Revolucionaria [MIR; fundado en 1960].  El MIR surgió de una escisión de AD y se vinculó con la izquierda revolucionaria y la insurgencia armada.  Las posteriores discrepancias estratégicas produjeron nuevas divisiones, mientras que sectores importantes regresaron más tarde a la actividad política legal. [47]

16.  Cruzada Cívica Nacionalista [CCN; organizada en la década de 1960].  Esta organización representaba una corriente política vinculada con el exdictador Marcos Pérez Jiménez y su Nuevo Ideal Nacional. [48]

17.  Movimiento Electoral del Pueblo[MEP; fundado en 1967].  El MEP surgió de una escisión de AD encabezada por Luis Beltrán Prieto Figueroa y otros dirigentes.  Adoptó una orientación nacionalista de izquierda y participó posteriormente en diversas alianzas electorales, entre ellas la coalición de gobierno bolivariana. [49]

18.  Bandera Roja [BR; fundada en 1970].  Bandera Roja tuvo su origen en una escisión de la izquierda revolucionaria y, en sus comienzos, recurrió a la lucha armada.  Posteriormente desarrolló una actividad política legal y pasó a oponerse a los gobiernos de Chávez y Maduro. [50]

19.  Movimiento al Socialismo [MAS; fundado en 1971].  El MAS surgió de una escisión del PCV.  Participó en elecciones y coaliciones políticas y, posteriormente, sufrió divisiones en torno al apoyo a Chávez. [51] [52]

20.  La Causa R [LCR; fundada en 1971].  Vinculada con Alfredo Maneiro, La Causa R se desarrolló mediante la organización obrera y comunitaria, especialmente en la Guayana industrial.  Concurrió a las elecciones de comienzos de la década de 1990.  De una escisión de La Causa R surgió PPT en 1997. [53]

21.  Liga Socialista [LS, 1973–2007].  La Liga Socialista pertenecía a la izquierda revolucionaria y participó en tareas de organización política y sindical.  Posteriormente apoyó a Chávez y se incorporó al proceso de integración en el PSUV en 2007. [54]

22.  Organización Renovadora Auténtica[ORA; fundada en 1987].  ORA surgió con una identidad cristiana evangélica y participó en la actividad electoral. [55] [56]

23.  Convergencia [fundada en 1993].  Convergencia se organizó en torno a la candidatura presidencial de Rafael Caldera tras su separación de COPEI.  Formó parte de la coalición más amplia que respaldó su victoria de 1993, conocida habitualmente como el chiripero. [57] [58]

24.  Patria Para Todos [PPT; fundado en 1997].  PPT surgió de una escisión de La Causa R y participó posteriormente en la coalición bolivariana.  Una intervención judicial en 2020 desplazó a su dirigencia y alteró el control de la denominación y los símbolos electorales del partido.  Su tarjeta electoral continuó utilizándose en 2024. [53] [59] [56]

25.  Movimiento V República [MVR, 1997–2007].  El MVR respaldó la candidatura presidencial con la que Hugo Chávez ganó las elecciones de 1998.  Surgió de la trayectoria política vinculada con el anterior Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 [MBR-200].  El MVR se integró en el PSUV en 2007. [60] [61]

26.  Proyecto Venezuela [fundado en 1998].  Proyecto Venezuela se formó en torno al proyecto político nacional de Henrique Salas Römer, a partir de su anterior base regional en Carabobo.  Respaldó su candidatura presidencial frente a Chávez en 1998 y participó posteriormente en la oposición.  Su fundación como organización nacional se distingue de la anterior organización regional Proyecto Carabobo. [62]

B-4).  Partidos y movimientos políticos del período bolivariano [1999–2026]

27.  Un Nuevo Tiempo [UNT; orígenes regionales en 1999 y organización nacional desde 2006].  UNT se desarrolló a partir de una base política zuliana vinculada con Manuel Rosales.  Su expansión nacional acompañó la candidatura presidencial de este en 2006.  Posteriormente participó en alianzas de oposición. [63]

28.  Primero Justicia [PJ; origen como asociación civil en 1992 y organización como partido desde 2000].  Primero Justicia comenzó como una asociación civil dedicada a la reforma jurídica e institucional y se convirtió después en un partido de oposición. [64]

En junio de 2020, el Tribunal Supremo designó una directiva ad hoc presidida por José Brito; posteriormente suspendió la medida.  El 22 de abril de 2024, mediante la sentencia n.º 207 de la Sala Constitucional, una junta ad hocencabezada por Brito volvió a recibir el control de la tarjeta y los símbolos electorales del partido.  La dirigencia histórica rechazó la intervención.  La tarjeta de PJ figuró en la boleta presidencial de 2024 en apoyo de Brito, mientras que la dirigencia histórica respaldó a Edmundo González Urrutia. [65] [66]

29.  Alianza Bravo Pueblo [ABP; fundada en 2000].  Vinculada con Antonio Ledezma y con una escisión de AD, ABP pasó a formar parte de la oposición al gobierno bolivariano. [67]

30.  Por la Democracia Social [PODEMOS; fundado en 2002].  PODEMOS surgió de una escisión del MAS.  Al principio apoyó a Chávez, pasó después a la oposición y, posteriormente, fue objeto de una intervención judicial que transfirió el control del partido a otra directiva. [68]

31.  Movimiento Revolucionario Tupamaro [el movimiento precedió a su inscripción como partido en 2004].  La organización Tupamaro se desarrolló a partir del activismo revolucionario urbano y participó más tarde en las elecciones como partidaria del proceso bolivariano.  Las discrepancias con el gobierno y la intervención judicial de 2020 dieron lugar a reclamaciones contrapuestas sobre la dirección y la identidad del partido. [69][70]

32.  Unidad Popular Venezolana [UPV; fundada en 2004].  Vinculada con Lina Ron, UPV se constituyó como una organización de apoyo militante a Chávez y conservó una presencia electoral propia en posteriores alianzas de gobierno.  Su tarjeta figuró en la boleta presidencial de 2024 dentro de la alianza que respaldaba a Maduro. [71] [56]

33.  Partido Socialista Unido de Venezuela [PSUV; formación iniciada en 2007].  Chávez promovió el PSUV como organización unitaria de las fuerzas que respaldaban su proyecto político.  En su constitución se integraron el MVR y otras organizaciones o sectores, mientras que algunos aliados conservaron su identidad propia.  El partido celebró su congreso fundacional en 2008. [61] [72]

El PSUV encabezó la alianza electoral de gobierno que apoyó a Maduro en 2024 y ocupó la primera posición en la boleta presidencial. [66]

34.  Voluntad Popular [VP; constituida como movimiento en 2009 y reconocida como partido en 2011].  Vinculada con Leopoldo López y otros promotores, Voluntad Popular se desarrolló en torno a la participación democrática, el cambio político y la oposición al gobierno.  Sus dirigentes y militantes afrontaron procesos penales, detenciones y exilio.  Una intervención judicial dio lugar, asimismo, a una disputa por el reconocimiento oficial de la dirección del partido. [73] [6]

35.  Movimiento Progresista de Venezuela, posteriormente Movimiento por Venezuela [MPV; fundado en 2012].  El MPV surgió de divisiones de la izquierda y participó en la coordinación de la oposición. [74]

36.  Avanzada Progresista [AP; fundada en 2012].  Vinculada con Henri Falcón y otros dirigentes, AP se desarrolló como una organización de centroizquierda favorable a la participación electoral y a la negociación política.  Sus estrategias difirieron en ocasiones de las de la principal coalición opositora, en particular respecto a la participación en elecciones cuyas condiciones eran objeto de controversia. [75]

37.  Vente Venezuela [fundada en 2012].  Vinculada con María Corina Machado, Vente se desarrolló como un movimiento político liberal que defendía las libertades individuales, la iniciativa privada y el cambio democrático.  Machado ganó las primarias de la oposición de 2023 y quedó excluida de la boleta presidencial de 2024. [76] [13]

Machado recibió el Premio Nobel de la Paz de 2025 por su labor en defensa de los derechos democráticos y de una transición democrática pacífica en Venezuela. [107]

38.  Movimiento Somos Venezuela[constituido como movimiento social en 2017 y transformado en partido en 2018].  Promovido por Maduro, Somos Venezuela se desarrolló en relación con la movilización en torno a los programas sociales y el sistema del Carnet de la Patria.  En 2018 obtuvo reconocimiento electoral mediante la transformación de Nuevo Camino Revolucionario [NCR]. [77]

39.  Cambiemos Movimiento Ciudadano[fundado en 2018].  Vinculado con Timoteo Zambrano, Cambiemos promovió la participación electoral y el diálogo.  Se integró en el sector de la oposición que emprendió negociaciones y estrategias electorales fuera de la principal coalición unitaria. [78]

40.  Encuentro Ciudadano [fundado en 2018].  Vinculado con Delsa Solórzano, Encuentro Ciudadano se desarrolló como una organización opositora centrada en la participación democrática y los derechos humanos.  Participó en la coordinación de la oposición y en el proceso de primarias de 2023. [79]

41.  Primero Venezuela [constituido en 2020].  Primero Venezuela fue creado por disidentes de Primero Justicia, entre ellos José Brito, y participó en las elecciones parlamentarias de 2020. [80]  La información publicada por Acceso a la Justicia el 14 de mayo de 2024 recoge la candidatura presidencial de Brito por la tarjeta de Primero Venezuela y la incorporación de la tarjeta de PJ a su candidatura tras la intervención judicial. [65]

42.  Fuerza Vecinal [fundada en 2021].  Fuerza Vecinal se constituyó en torno a dirigentes municipales, con atención a la administración local y a la participación electoral. [81]

B-5).  Coaliciones electorales y plataformas de coordinación

43.  Mesa de la Unidad Democrática[MUD; formada entre 2008 y 2009].  La MUD reunió a partidos de distintas ideologías para coordinar la oposición, presentar candidaturas comunes y concurrir a las elecciones.  Contribuyó a organizar campañas electorales de alcance nacional, incluida la que condujo a la victoria parlamentaria de la oposición en 2015. [82] [6]

44.  Gran Polo Patriótico Simón Bolívar[GPPSB; constituido en 2011].  Esta alianza reunió al PSUV, a partidos aliados y a organizaciones sociales que respaldaban al gobierno bolivariano. [83] [72]

45.  Alternativa Popular Revolucionaria[APR; formada en 2020].  La APR reunió a organizaciones y sectores comunistas y de otras corrientes de la izquierda revolucionaria que mantenían una posición crítica frente al gobierno de Maduro.  En 2020, el Tribunal Supremo nombró nuevas directivas para PPT y Tupamaro, cuyos dirigentes desplazados participaron en la coalición. [39] [59] [70]

46.  Plataforma Unitaria Democrática[PUD; constituida públicamente en 2021, tras anteriores iniciativas de unidad].  La plataforma se desarrolló como instancia de coordinación de partidos opositores y sectores aliados.  Participó en negociaciones, promovió las primarias opositoras de 2023 y respaldó a Edmundo González Urrutia en las elecciones presidenciales de 2024, tras la exclusión de Machado. [84] [13]

B-6).  Tarjetas electorales, continuidad de las organizaciones e intervención judicial

Además de las organizaciones descritas, otras figuraron en la boleta de 2024.  La reproducción publicada por El Diario identifica a Partido Verde, Futuro Venezuela, Enamórate, Partido Arepa, CONDE, Unidad Visión Venezuela y Derecha Democrática. [66]

La misión de observación electoral de la Unión Europea de 2021 informó de intervenciones judiciales que afectaban a las directivas de los partidos y al control de sus nombres, símbolos y postulaciones electorales.  Human Rights Watch recogió posteriormente la intervención del PCV en 2023; Acceso a la Justicia documentó la nueva intervención de Primero Justicia en 2024. [6] [19] [65]

B-7).  Participación electoral y negociaciones políticas [2025–2026]

Las organizaciones opositoras siguieron estrategias distintas en las elecciones legislativas de 2025.  La PUD llamó a la abstención, mientras que Henrique Capriles y otros dirigentes opositores participaron.  La Unión Interparlamentaria recoge once escaños para la alianza UNT–Unión entre los resultados anunciados. [88]

El 6 de agosto de 2026, Reuters informó del inicio de negociaciones, respaldadas por los Estados Unidos, entre representantes del gobierno de la presidenta encargada y una delegación opositora.  Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera encabezaban las respectivas delegaciones.  Machado no participaba en ese proceso de negociación. [108]

En octubre, Machado pidió la celebración de elecciones a más tardar en julio de 2027.  El plazo propuesto no constituía un calendario electoral oficial. [109]  El anuncio presidencial de septiembre citado en A-2.7 no precisaba una fecha. [93]


Fuentes y notas documentales

Las notas identifican textos constitucionales y legislativos, informes de instituciones independientes, estudios históricos, información periodística contemporánea y testimonios de las propias organizaciones.  Las publicaciones de los partidos se emplean para sus orígenes y fines declarados; las valoraciones sobre la actuación de las instituciones se atribuyen a los informes o estudios correspondientes.  La fecha de cierre documental de este borrador es el 21 de octubre de 2026.

[1] Constitución de la República de Venezuela de 1961, especialmente las disposiciones relativas a los poderes nacionales, la Presidencia, el Congreso, el Poder Judicial y las Fuerzas Armadas.  Edición documental del CIDEP.
https://cidep.online/files/constituciones/1961.pdf
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[2] Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, especialmente los artículos 136, 186–187, 192, 225–236, 247–249, 253–279, 280–296, 318, 328–330 y 347–349.  Texto disponible en el sitio de la Organización de los Estados Americanos.
https://www.oas.org/dil/esp/constitucion_venezuela.pdf
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[3] Constitución de Venezuela con la enmienda de 2009 incorporada.  Compárese el artículo 230 con el texto original; véase también el artículo 279.  Constitute Project.
https://constituteproject.org/constitution/Venezuela_2009?lang=es
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[4] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, informe sobre la institucionalidad democrática, el Estado de derecho y los derechos humanos en Venezuela, aprobado en 2017; edición inglesa publicada en 2018.
https://www.oea.org/en/iachr/reports/pdfs/venezuela2018-en.pdf
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[5] Comisión Internacional de Juristas, Jueces en la cuerda floja (2021):  nombramientos judiciales, permanencia en el cargo e influencia política.
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2021/06/Venezuela-Judges-on-the-tightrope-Publications-Reports-Thematic-reports-2021-SPA.pdf
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[6] Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, Venezuela 2021:  informe final.  Examina el ordenamiento jurídico, la administración electoral, la participación política y las intervenciones de partidos.
https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/eu_eom_ven_2021_fr_en.pdf
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[7] Comisión de Venecia, dictamen CDL-AD(2017)024 sobre las cuestiones jurídicas suscitadas por el proceso constituyente venezolano de 2017, especialmente el párrafo 27.  Ficha oficial del dictamen y reproducción en el repertorio de derecho electoral.
https://www.coe.int/en/web/venice-commission/-/cdl-ad-2017-024-e
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[8] Reuters, información sobre la sesión de clausura de la Asamblea Constituyente venezolana, 18 de diciembre de 2020, reproducida por Infobae.  Véase también la evaluación de la CIDH de 2020 sobre la falta de elaboración de una nueva constitución.
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/12/18/oficialistas-de-venezuela-cierran-criticada-asamblea-constituyente-2/
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[9] Asamblea Nacional Constituyente, Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Gaceta Oficial n.º 6.508 Extraordinario, de 30 de enero de 2020.  El preámbulo invoca los artículos 347–349; los artículos 22 y 59 califican a la Milicia Bolivariana como componente especial.  Reproducción de la Gaceta disponible en el sitio de Control Ciudadano.
https://www.controlciudadano.org/web/wp-content/uploads/LOFANB-2020-GO-6.508-ExT-30.01.2020.pdf
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[10] Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia de 1976, artículo 24:  tres salas de cinco magistrados cada una.  Texto legislativo reproducido por Justia.
https://venezuela.justia.com/estatales/miranda/leyes/ley-organica-de-la-corte-suprema-de-justicia-1976/gdoc/
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[11] Carlos Lusverti, análisis de la reforma del Tribunal Supremo venezolano de 2022, Justicia en las Américas, 15 de marzo de 2022.  Sobre la ampliación anterior, véase el informe de la Comisión Internacional de Juristas citado previamente.
https://dplfblog.com/2022/03/15/nueva-ley-y-nuevos-jueces-pero-el-mismo-control-politico-de-siempre-sobre-el-tribunal-supremo-de-venezuela/
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[12] Organización de los Estados Americanos, informe de observación electoral sobre las elecciones venezolanas de 1998, publicado en 1999.  Documenta la autoridad electoral y el ordenamiento jurídico anterior a 1999.
https://www.oas.org/sap/publications/1999/moe/venezuela/pbl_22_1999_spa.pdf
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[13] Centro Carter, informe final sobre las elecciones presidenciales venezolanas de 2024, publicado en febrero de 2025.  Se emplea retrospectivamente para los acontecimientos y las pruebas relativos a las elecciones de 2024.
https://www.cartercenter.org/wp-content/uploads/2025/02/venezuela-final-report-2025.pdf
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[14] Centro Carter, declaración sobre las elecciones presidenciales venezolanas, 30 de julio de 2024.  Documento distinto del informe final publicado posteriormente.
https://www.cartercenter.org/news/venezuela-073024/
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[15] Decreto n.º 2.378 sobre Organización General de la Administración Pública Nacional, Gaceta Oficial n.º 6.238 Extraordinario, de 13 de julio de 2016.  Texto legislativo histórico reproducido por Pandectas Digital; el cuerpo del apéndice recoge la existencia de reorganizaciones posteriores.
https://pandectasdigital.blogspot.com/2016/07/decreto-sobre-organizacion-general-de.html
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[16] Ministerio de Educación, anuncio de coordinación entre los ministerios de Educación y de Educación Universitaria, 16 de enero de 2024.  Acredita su existencia institucional separada durante el período examinado.
https://www.mppe.gob.ve/noticias/2024/01/16/articulaci%C3%B3n-acad%C3%A9mica-por-la-juventud-venezolana-mppe-y-el-mppeu-firman-resoluci%C3%B3n/
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[17] Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, informe A/HRC/41/18 (2019), sobre derechos económicos y sociales, operaciones de seguridad y rendición de cuentas.  Copia disponible en el sitio del Congreso de los Estados Unidos.
https://humanrightscommission.house.gov/sites/evo-subsites/humanrightscommission.house.gov/files/documents/20190705_UNHRC_HRinVZ_A.HRC_.41.18_0.pdf
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[18] Comisión Económica para América Latina y el Caribe, plataforma del Consenso de Montevideo:  ficha sobre el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género de Venezuela y su creación en 2009.
https://consensomontevideo.cepal.org/es/node/1244
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[19] Human Rights Watch, Informe Mundial 2024, capítulo sobre Venezuela.  Documenta acontecimientos de 2023, entre ellos la intervención del PCV y la reorganización de las FAES.
https://www.hrw.org/es/world-report/2024/country-chapters/venezuela
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[20] Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Nacionales de 1995, especialmente los artículos 4–7.  Texto legislativo histórico reproducido por Venciclopedia.
https://www.venciclopedia.org/index.php/Ley_Org%C3%A1nica_de_las_Fuerzas_Armadas_1995
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[21] Decreto n.º 6.239, Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Gaceta Oficial n.º 5.891 Extraordinario, de 31 de julio de 2008.  Gaceta digitalizada por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos.
https://tile.loc.gov/storage-services/service/ll/llflg/75/64/35/27/_v/e2/00/80/73/1c/75643527_ve20080731c/75643527_ve20080731c.pdf
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[22] Francine Jácome, « Militarismo y militarización.  El caso venezolano », en Marcos Robledo Hoecker y Francisco J. Verdes-Montenegro (eds.), Militarización, militarismo y democracia:  ¿nuevas tendencias en América Latina? (Fundación Carolina, 2023), pp. 153–169.
https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2023/06/Militarizacion.pdf
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[23]Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, debate del Consejo de Derechos Humanos sobre las conclusiones de la misión de determinación de los hechos sobre Venezuela, 26 de septiembre de 2022.
https://www.ungeneva.org/en/news-media/meeting-summary/2022/09/morning-human-rights-council-holds-interactive-dialogue-fact
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[24] Decreto n.º 7.453, Gaceta Oficial n.º 39.436, de 1 de junio de 2010:  cambio de denominación de la DISIP a SEBIN.  Registro jurídico de Iusdata.
https://iusdata.com/denominacion-cambio-disip-por-sebin/
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[25] Misión de determinación de los hechos de las Naciones Unidas, conclusiones detalladas sobre los crímenes cometidos a través de los servicios de inteligencia del Estado, A/HRC/51/CRP.3, septiembre de 2022.  Colección oficial de informes.
https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/ffmv/report-ffmv-september2022
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[26] Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, Gaceta Oficial n.º 5.940 Extraordinario, de 7 de diciembre de 2009.  Texto legislativo reproducido por Tu Gaceta Oficial.
https://tugacetaoficial.com/leyes/ley-organica-del-servicio-de-policia-y-del-cuerpo-de-policia-nacional-gaceta-5940-2009/
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[27] Héctor Bencomo Barrios, « Fuerzas Armadas », Diccionario de Historia de Venezuela, Fundación Empresas Polar.  Evolución histórica de los componentes militares y de la Guardia Nacional.
https://bibliofep.fundacionempresaspolar.org/dhv/entradas/f/fuerzas-armadas/
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[28] Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, informe sobre Venezuela de 2018, relativo a las violaciones de derechos, la rendición de cuentas y el trato dispensado a los manifestantes.
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/VE/VenezuelaReport2018_EN.pdf
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[29] Keymer Ávila y colaboradores, Visión panorámica del sistema policial en Venezuela (2000–2018), Acceso a la Justicia.  Véanse los apartados sobre el CICPC, la Policía Nacional y sus antecedentes institucionales.
https://www.accesoalajusticia.org/wp-content/uploads/2020/05/Informe-sobre-desempe%C3%B1o-sistema-policial-venezolano-2000-2018.pdf
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[30] Human Rights Watch, investigación sobre ejecuciones extrajudiciales en zonas de bajos ingresos de Venezuela, 18 de septiembre de 2019.
https://www.hrw.org/news/2019/09/18/venezuela-extrajudicial-killings-poor-areas
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[31] TalCual, « Tres estados acumularon 50% de las 143 muertes a manos de las FAES durante mayo », reproducido por PROVEA el 12 de junio de 2019.  Sitúa la creación en abril de 2016; la información de Human Rights Watch citada por separado la fecha en 2017.
https://provea.org/actualidad/tres-estados-acumularon-50-de-las-143-muertes-a-manos-de-las-faes-durante-mayo/
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[32] « Partidos políticos », Diccionario de Historia de Venezuela, Fundación Empresas Polar.  Fuente para las tradiciones partidistas y las agrupaciones personalistas del siglo XIX.
https://bibliofep.fundacionempresaspolar.org/dhv/entradas/p/partidos-politicos/
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[33] « Gómez, Juan Vicente, gobierno de », Diccionario de Historia de Venezuela, Fundación Empresas Polar.
https://bibliofep.fundacionempresaspolar.org/dhv/entradas/g/gomez-juan-vicente-gobierno-de/
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[34] « Betancourt, Rómulo », Diccionario de Historia de Venezuela, Fundación Empresas Polar.  Incluye las organizaciones posteriores a Gómez y las transiciones democráticas.
https://bibliofep.fundacionempresaspolar.org/dhv/entradas/b/betancourt-romulo/
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[35] Fundación Empresas Polar, cronología histórica:  organización del Partido Democrático Nacional en 1936.
https://bibliofep.fundacionempresaspolar.org/_custom/static/cronologia_hv/zoom/s20/1936-32.html
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[36] Fundación Empresas Polar, cronología histórica:  formación del Partido Revolucionario Venezolano en el exilio, 1926.
https://bibliofep.fundacionempresaspolar.org/_custom/static/cronologia_hv/zoom/s20/1926-7.html
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[37] Wikipedia, entrada histórica sobre el Partido Comunista de Venezuela.  Fuente para la fecha de fundación y la orientación de la organización; las disputas contemporáneas por su dirección se examinan por separado mediante fuentes independientes.
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Comunista_de_Venezuela
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[38] Archivo documental de Rafael Caldera, relación y documentos sobre el Pacto de Puntofijo y sus signatarios.
https://rafaelcaldera.com/puntofijo/
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[39] Comunicado fundacional de la Alternativa Popular Revolucionaria, reproducido en agosto de 2020.  Fuente primaria sobre la formación de la coalición y sus fines declarados.
https://www.idcommunism.com/2020/08/alternativa-popular-revolucionaria-venezuela-new-antiimperialist-and-socialist-alliance.html
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[40] Wikipedia, entrada histórica sobre el Partido Republicano Progresista de Venezuela, incluida su constitución en 1936 y sus vínculos con el comunismo.
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Republicano_Progresista_(Venezuela)
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[41] Acción Democrática, historia de la organización.  Se emplea para el antecedente del PDN y la fundación de AD en 1941; las valoraciones institucionales se sustentan en informes independientes.
https://acciondemocratica.org.ve/adport/componentes/Historia2/
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[42] « Junta Revolucionaria de Gobierno », Diccionario de Historia de Venezuela, Fundación Empresas Polar.
https://bibliofep.fundacionempresaspolar.org/dhv/entradas/j/junta-revolucionaria-de-gobierno/
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[43] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe anual 2020, capítulo IV.B, Venezuela.  Incluye el contexto político e institucional y las intervenciones que afectaron a las directivas de los partidos.
https://www.oas.org/en/iachr/docs/annual/2020/Chapters/IA2020cap.4b.VE-en.pdf
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[44] « Medina Angarita, Isaías, gobierno de », Diccionario de Historia de Venezuela, Fundación Empresas Polar.
https://bibliofep.fundacionempresaspolar.org/dhv/entradas/m/medina-angarita-isaias-gobierno-de/
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[45] Fundación Empresas Polar, cronología histórica:  fundación y orientación socialcristiana de COPEI en 1946.
https://bibliofep.fundacionempresaspolar.org/_custom/static/cronologia_hv/zoom/s20/1946-2.html
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[46] « Gallegos, Rómulo, gobierno de », Diccionario de Historia de Venezuela, Fundación Empresas Polar.
https://bibliofep.fundacionempresaspolar.org/dhv/entradas/g/gallegos-romulo-gobierno-de/
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[47] « Guerrillas », Diccionario de Historia de Venezuela, Fundación Empresas Polar.  Examina la izquierda revolucionaria y el desarrollo de la insurgencia armada.
https://bibliofep.fundacionempresaspolar.org/dhv/entradas/g/guerrillas/
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[48] Wikipedia, entrada histórica sobre la Cruzada Cívica Nacionalista y su vinculación con Pérez Jiménez.
https://es.wikipedia.org/wiki/Cruzada_C%C3%ADvica_Nacionalista
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[49] Fundación Empresas Polar, cronología histórica:  fundación del Movimiento Electoral del Pueblo en 1967.
https://bibliofep.fundacionempresaspolar.org/_custom/static/cronologia_hv/zoom/s20-2/1967-46.html
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[50] Wikipedia, entrada histórica sobre Bandera Roja:  orígenes en 1970, procedencia de la izquierda revolucionaria y posterior actividad electoral.
https://es.wikipedia.org/wiki/Bandera_Roja_(Venezuela)
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[51]Movimiento al Socialismo, documento programático publicado por Nueva Sociedad(1980).  Fuente primaria sobre su orientación socialista democrática.
https://pre.nuso.org/articulo/movimiento-al-socialismo-venezuela/
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[52] Estudio académico sobre el Movimiento al Socialismo, publicado en 1981 e incluido en JSTOR.
https://www.jstor.org/stable/3539979
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[53] « Understanding the Collapse of Venezuela’s Causa Radical », Journal of Politics in Latin America, vol. 6, n.º 1 (2014).  Incluye los orígenes del partido y la escisión de la que surgió PPT.
https://ciaotest.cc.columbia.edu/journals/jpla/v6i1/f_0031490_25538.pdf
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[54] Wikipedia, entrada histórica sobre la Liga Socialista.  Sobre el anuncio de integración en el PSUV, véase también la información de la Agencia Bolivariana de Noticias del 21 de diciembre de 2006.
https://en.wikipedia.org/wiki/Socialist_League_(Venezuela)
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[55] Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, estudio y cuadros históricos sobre los partidos políticos venezolanos, incluida la fundación de ORA en 1987.
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/12/5544/6.pdf
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[56] La República, presentación de la boleta del CNE para las elecciones presidenciales de 2024.  Fecha que figura en el artículo:  11 de mayo de 2024; segmento de fecha de la URL:  2024/05/09.
https://larepublica.pe/mundo/venezuela/2024/05/09/elecciones-venezuela-2024-conoce-el-tarjeton-electoral-del-cne-que-revela-los-10-candidatos-presidenciales-235737
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[57] Convergencia, historia de la organización y de su dirigencia, incluida su constitución en junio de 1993.
https://partidoconvergencia.org/liderazgo/
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[58] CIDOB, « Rafael Caldera Rodríguez »:  biografía política, incluida la candidatura de 1993 y la coalición que la respaldó.
https://www.cidob.org/en/lider-politico/rafael-caldera-rodriguez
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[59] Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, sentencia n.º 0122, de 21 de agosto de 2020, relativa a PPT.  Decisión y ficha del caso reproducidas por Acceso a la Justicia.
https://accesoalajusticia.org/intervencion-judicial-de-la-organizacion-con-fines-politicos-patria-para-todos-ppt/
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[60] Universidad de Belgrano, estudio sobre el Movimiento V República y el desarrollo del proyecto político de Chávez.
https://repositorio.ub.edu.ar/bitstream/handle/123456789/185/55_rodriguez_games.pdf?isAllowed=y&sequence=2
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[61] Margarita López Maya, El PSUV y el sistema de partidos, 20 de enero de 2008.  Análisis contemporáneo de la formación del partido y de la concentración política.
https://margaritalopezmaya.com/wp-content/uploads/2022/06/El-PSUV-y-el-sistema-de-partidos-UN-20-1-08.pdf
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[62] Fundación Empresas Polar, cronología histórica:  Proyecto Venezuela y las elecciones presidenciales de 1998.
https://bibliofep.fundacionempresaspolar.org/_custom/static/cronologia_hv/zoom/s20-10/1998-87.html
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[63] Wikipedia, entrada histórica sobre Un Nuevo Tiempo, que distingue sus orígenes regionales de su expansión nacional.
https://es.wikipedia.org/wiki/Un_Nuevo_Tiempo
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[64] Primero Justicia, relación retrospectiva que distingue la asociación civil constituida en 1992 de la organización como partido en 2000.
https://www.primerojusticia.org.ve/cms/index.php?Itemid=468&cid=149%3Anoticias&id=21622%3Aalejandro-vivas-primero-justicia-15-anos-resteados-con-el-cambio-para-venezuela&option=com_flexicontent&view=item
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[65] Acceso a la Justicia, « La segunda intervención judicial de Primero Justicia y su impacto en las presidenciales de 2024 », 14 de mayo de 2024.  Véase el apartado « Ocultando al rival » sobre la candidatura de Brito por Primero Venezuela y la tarjeta del PJ intervenido judicialmente.
https://accesoalajusticia.org/segunda-intervencion-judicial-primero-justicia-impacto-presidenciales-2024/
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[66] El Diario, descripción y reproducción de la boleta presidencial, actualizada el 8 de mayo de 2024.  Incluye la tarjeta de Primero Justicia, intervenido judicialmente, en apoyo de José Brito, y las tarjetas de Futuro Venezuela y Partido Arepa.
https://eldiario.com/2024/05/08/boleta-electoral-elecciones-presidenciales-venezuela/
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[67] Wikipedia, entrada histórica sobre Alianza Bravo Pueblo, sus orígenes en 2000 y su vinculación con Antonio Ledezma.
https://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_Bravo_Pueblo
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[68] Wikipedia, entrada histórica sobre Por la Democracia Social, incluidos sus orígenes en 2002 y la intervención de su dirigencia en 2012.
https://es.wikipedia.org/wiki/Por_la_Democracia_Social
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[69] Wikipedia, entrada histórica sobre el movimiento Tupamaro venezolano, que distingue el activismo previo de su legalización como partido político en 2004.
https://es.wikipedia.org/wiki/Tupamaro_(Venezuela)
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[70] Runrun.es, información sobre la respuesta del movimiento Tupamaro a la intervención judicial, 19 de agosto de 2020.
https://runrunes.org/noticias/419292/movimiento-tupamaro-rechazo-intervencion-del-tsj-se-ha-consumado-el-robo-del-partido/
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[71] Wikipedia, entrada histórica sobre Unidad Popular Venezolana.  La boleta de 2024 documenta de forma independiente su posterior presencia electoral.
https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_Popular_Venezolana
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[72] CLACSO, cronología de Venezuela correspondiente a 2007.  Registro contemporáneo de los acontecimientos políticos durante la formación del PSUV.
https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/osal/20190429034519/Venezuela_2007.pdf
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[73] Leopoldo López, historia de Voluntad Popular:  constitución del movimiento en diciembre de 2009 y reconocimiento como partido en enero de 2011.
https://leopoldolopez.com/voluntad-popular/
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[74]Wikipedia, entrada histórica sobre el Movimiento por Venezuela, originalmente Movimiento Progresista de Venezuela, fundado en junio de 2012.
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_por_Venezuela
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[75] Tomás Straka, « Los partidos de última generación en Venezuela », PolítiKa UCAB, 4 de septiembre de 2023.  Examina partidos de trayectoria anterior y de reciente formación.
https://politikaucab.net/2023/09/04/los-partidos-de-ultima-generacion-en-venezuela/
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[76] Vente Venezuela, información de la organización publicada el 24 de mayo de 2021, que sitúa su fundación en 2012 y describe su desarrollo nacional.
https://www.ventevenezuela.org/2021/05/24/maria-corina-machado-vente-es-una-realidad-en-toda-venezuela/
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[77] El Pitazo, información sobre la transformación de Somos Venezuela en partido político, que distingue el movimiento de 2017 de su inscripción electoral en 2018.
https://elpitazo.net/sucesos/madurismo-se-convierte-partido-movimiento-somos-venezuela/
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[78] Wikipedia, entrada histórica sobre Cambiemos Movimiento Ciudadano, fundado en 2018 y vinculado con Timoteo Zambrano.
https://es.wikipedia.org/wiki/Cambiemos_Movimiento_Ciudadano
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[79] Encuentro Ciudadano, declaración oficial de la organización que sitúa su fundación el 13 de diciembre de 2018 y señala su atención a los derechos y las libertades ciudadanas.
https://encuentrociudadano.org/quienes-somos/
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[80] Runrun.es, información sobre partidos poco conocidos que concurrieron a las elecciones de 2021, incluidos los orígenes de Primero Venezuela.
https://runrun.es/noticias/453207/guachimanelectoral-los-partidos-poco-conocidos-que-van-a-las-elecciones-del-21n/
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[81] Directorio Legislativo, informe sobre las elecciones regionales y municipales venezolanas de 2021, publicado en enero de 2022.  Describe los orígenes municipales de Fuerza Vecinal y su constitución en 2021.
https://alertas-v3.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2022/01/Venezuela-Elecciones-regionales-y-municipales-2021-2022-1.pdf
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[82] María Dubuc, relación del acuerdo de la MUD de 2008 y su reorganización en 2009, publicada por Primero Justicia el 22 de enero de 2014.
https://www.primerojusticia.org.ve/cms/index.php?Itemid=499&cid=160%3Anuestros-dirigentes-opinan&id=13644%3Amaria-dubuc-un-responsabilidad-historica-la-verdadera-unidad&option=com_flexicontent&view=item
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[83] PSUV, información conmemorativa del tercer aniversario de la formación del Gran Polo Patriótico, ocurrida el 7 de octubre de 2011; publicada el 7 de octubre de 2014.
https://www.psuv.org.ve/temas/noticias/presidente-maduro-reconoce-lucha-gpp-a-tres-anos-su-conformacion/
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[84] Crónica Uno, información sobre el desarrollo organizativo de la Plataforma Unitaria y la designación de Omar Barboza, 2022.  Describe el proceso iniciado en abril de 2021.
https://cronica.uno/plataforma-unitaria-anuncia-refundacion-y-confirma-a-omar-barboza-como-secretario-ejecutivo/
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[85] Associated Press, información sobre la toma de posesión de Maduro, 10 de enero de 2025.
https://apnews.com/article/41df1203ab06e1ee9168622d12aac461
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[86] Reuters, información sobre el juramento de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela, 5 de enero de 2026.
https://www.reuters.com/world/americas/delcy-rodriguez-formally-sworn-venezuelas-interim-president-2026-01-05/
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[87] Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, sentencia n.º 00001, de 3 de enero de 2026, expediente 2026-00001.  Decisión y comentario reproducidos por Acceso a la Justicia.
https://accesoalajusticia.org/la-sc-ordena-que-delcy-rodriguez-presidencia-de-la-republica/
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[88] Unión Interparlamentaria, Parline, Venezuela:  elecciones a la Asamblea Nacional del 25 de mayo de 2025.  Las cifras de escaños reproducen el resultado electoral comunicado.
https://data.ipu.org/parliament/VE/VE-LC01/election/VE-LC01-E20250525/
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[89] Acceso a la Justicia, ficha de la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, Gaceta Oficial n.º 7.025 Extraordinario, de 22 de mayo de 2026; análisis publicado el 3 de junio de 2026.
https://accesoalajusticia.org/ley-organica-de-reforma-parcial-de-la-ley-organica-del-tribunal-supremo-de-justicia/
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[90] Acceso a la Justicia, ficha de la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, Gaceta Oficial n.º 7.074 Extraordinario, de 15 de septiembre de 2026; análisis publicado el 21 de septiembre de 2026.
https://accesoalajusticia.org/ley-organica-de-reforma-parcial-de-la-lotsj/
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[91] El País, información sobre la selección aún pendiente de los magistrados del Tribunal Supremo, 14 de octubre de 2026.
https://elpais.com/america/2026-10-14/un-nuevo-supremo-para-venezuela-con-prisa-y-sin-reglas-claras.html
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[92] Misión de determinación de los hechos de las Naciones Unidas, informe A/HRC/57/57, de 17 de septiembre de 2024.  Incluye la respuesta institucional y la represión posteriores a las elecciones.
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/sessions-regular/session57/advance-versions/a-hrc-57-57-en.pdf
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[93] Reuters, información sobre la promesa de elecciones formulada por Delcy Rodríguez, 23 de septiembre de 2026.  El anuncio no precisaba la fecha de los comicios.
https://www.reuters.com/world/americas/venezuelas-rodriguez-promises-elections-2026-09-23/
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[94] EFE, « El Parlamento de Venezuela designa a un nuevo fiscal general y a una defensora del pueblo », 9 de abril de 2026.
https://efe.com/mundo/2026-04-09/nuevo-fiscal-defensora-del-pueblo-venezuela/
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[95] Reuters, información sobre la sustitución del ministro de Defensa venezolano por el jefe de contrainteligencia militar, 18 de marzo de 2026.
https://www.reuters.com/world/americas/venezuela-acting-president-replaces-long-time-defense-minister-2026-03-18/
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[96] Acceso a la Justicia, ficha de la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, Gaceta Oficial n.º 6.978 Extraordinario, de 29 de enero de 2026; análisis publicado el 26 de febrero de 2026.
https://accesoalajusticia.org/ley-de-reforma-de-la-ley-organica-de-hidrocarburos/
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[97] Reuters, información sobre la previsión de inversiones petroleras anunciada por Rodríguez, 17 de octubre de 2026.  La cifra corresponde a una expectativa anunciada, no a inversiones ya realizadas.
https://www.reuters.com/business/energy/venezuela-expects-nearly-76-billion-oil-investment-over-five-years-acting-2026-10-17/
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[98] Acceso a la Justicia, examen del cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana sobre El Helicoide, 3 de septiembre de 2026.
https://accesoalajusticia.org/casi-3-meses-sentencia-sobre-helicoide-que-ha-hecho-estado-venezolano-cumplirla/
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[99] Misión de determinación de los hechos de las Naciones Unidas, declaración sobre la persistencia de la represión y los crímenes de lesa humanidad, 18 de marzo de 2025.
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2025/03/venezuela-harsh-repression-and-crimes-against-humanity-ongoing-fact-finding
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[100] Misión de determinación de los hechos de las Naciones Unidas, declaración sobre la rendición de cuentas y la justicia internacional, 22 de septiembre de 2025.
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2025/09/venezuela-only-hope-victims-find-justice-lies-international-community-says
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[101] Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, Gaceta Oficial n.º 6.990 Extraordinario, de 19 de febrero de 2026.  Ficha legislativa y análisis de Acceso a la Justicia, 24 de febrero de 2026.
https://accesoalajusticia.org/engaceta-ley-de-amnistia/
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[102] Misión de determinación de los hechos de las Naciones Unidas, declaración sobre la persistencia de la represión, 16 de septiembre de 2026.
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2026/09/venezuela-amidst-limited-political-changes-countrys-repressive-apparatus
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[103] Reuters, información sobre las conclusiones de septiembre de la misión de determinación de los hechos de las Naciones Unidas, 16 de septiembre de 2026.
https://www.reuters.com/world/americas/rights-abuses-persist-venezuela-despite-maduros-removal-un-experts-say-2026-09-16/
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[104] Tribunal Supremo de Justicia, Resolución n.º 2026-0010, de 13 de octubre de 2026, reproducida por Acceso a la Justicia el 16 de octubre.  Reorganiza la competencia para conocer de las causas por terrorismo.
https://accesoalajusticia.org/resolucion-2026-0010-mediante-la-cual-se-modifica-la-estructura-organizacional-de-los-juzgados-con-competencia-en-terrorismo/
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[105] Departamento de Justicia de los Estados Unidos, anuncio de un nuevo escrito de acusación contra Nicolás Maduro y Cilia Flores, en sustitución del anterior, 8 de octubre de 2026.  Las alegaciones de la acusación requieren resolución judicial.
https://www.justice.gov/opa/pr/nicolas-maduro-moros-and-cilia-adela-flores-de-maduro-charged-torture
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[106] Reuters, información sobre las declaraciones de no culpabilidad de Maduro y Flores y la nueva fecha del juicio, 15 de octubre de 2026.
https://www.reuters.com/world/americas/venezuelas-maduro-due-court-over-new-us-torture-charge-2026-10-15/
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[107] Comité Noruego del Nobel, anuncio de la concesión del Premio Nobel de la Paz de 2025 a María Corina Machado, 10 de octubre de 2025.
https://www.nobelprize.org/uploads/2025/10/press-peaceprize2025.pdf
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[108] Reuters, información sobre el inicio de negociaciones respaldadas por los Estados Unidos entre el gobierno de la presidenta encargada y una delegación opositora, 6 de agosto de 2026.
https://www.reuters.com/world/americas/venezuelan-acting-government-opposition-delegation-begin-talks-2026-08-06/
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[109] Reuters, información sobre la petición de Machado de celebrar elecciones a más tardar en julio de 2027, 9 de octubre de 2026, con referencia a su entrevista con el Financial Times.
https://www.reuters.com/world/americas/venezuelas-machado-calls-elections-by-july-ft-reports-2026-10-09/
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Bibliografía de las XXIV Series

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Sen, Amartya:    Development as Freedom.   New York:    Knopf, 1999.

Sharp, Gene:    The Politics of Nonviolent Action.   Boston:    Porter Sargent Publishers, 1973.

Snyder, Timothy:   On Tyranny:   Twenty Lessons from the 20th Century.   New York:   Tim Duggan Books, 2017.

Zakaria, Fareed:    The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad.   New York: W.W. Norton & Company, 2003.

Zúquete, José P.:    The Palgrave Handbook of Left Wing Extremism, Volume 2.    London:   Palgrave McMillan, 2023.


« Desenmascarar la desilusión: Serie XXIII »

October 27, 2026

« Geometric Allegory », pintura digital, 2023, de Ricardo Morin (artista visual estadounidense nacido en Venezuela en 1954).

Alcance y uso

Esta entrega forma parte del corpus constitucional presentado en el Apéndice, integrado por las veinticinco constituciones de Venezuela y organizado para la consulta, no para una lectura sucesiva.  La comparación se articula mediante códigos permanentes de rúbrica, cuya identidad se conserva a través del corpus; la ausencia de una rúbrica significa silencio constitucional, y las rúbricas retiradas no se reasignan.  Las citas se fijan primero por el número del artículo y siguen la recensión del CIDEP enlazada al final de cada entrada.  La definición íntegra del corpus, su método y su convención de citas constan en la nota « Alcance y uso » que encabeza las Constituciones del siglo XIX, iniciadas en « Desenmascarar la Desilusión:  Serie XI ».

Ricardo F. Morín

19 de octubre de 2026

Oakland Park, Florida


25) Constitución de 1999

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 fue aprobada por el pueblo venezolano mediante referendo constituyente el 15 de diciembre de 1999 y proclamada por la Asamblea Nacional Constituyente en Caracas el 20 de diciembre de 1999, según consta en el cierre constitucional.  Su disposición final condiciona la entrada en vigencia a la publicación en la Gaceta Oficial después de la aprobación en referendo.  Las fórmulas de cierre y cumplimiento nombran a la Asamblea Constituyente y a su presidente; las variantes impresas de su nombre se registran en CON-FIN.  La recensión del CIDEP reproduce también cinco lecturas posteriores de enmienda en notas al pie, identificadas separadamente en CON-AMD. (CIDEP 1999, disposición final y fórmulas de cierre y Cúmplase, pp. 66–67; notas de enmienda 1–5, pp. 28–29, 32, 36, 41).

DOC-PRE—Preámbulo

« El pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores e invocando la protección de Dios, el ejemplo histórico de nuestro Libertador Simón Bolívar y el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados aborígenes y de los precursores y forjadores de una patria libre y soberana;

Con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para ésta y las futuras generaciones; asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna; promueva la cooperación pacífica entre las naciones e impulse y consolide la integración latinoamericana de acuerdo con el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos, la garantía universal e indivisible de los derechos humanos, la democratización de la sociedad internacional, el desarme nuclear, el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad;

En ejercicio de su poder originario representado por la Asamblea Nacional Constituyente mediante el voto libre y en referendo democrático, decreta la siguiente CONSTITUCIÓN »

(CIDEP 1999, p. 4, preámbulo; cf. 1961, preámbulo, p. 4:  « en representación del pueblo venezolano, para quien invoca la protección de Dios Todopoderoso »).

FND-TER—Territorio

La República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y funda su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar.  La independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional son derechos irrenunciables de la Nación.  La República es un Estado federal descentralizado, regido por la integridad territorial, la cooperación, la solidaridad, la concurrencia y la corresponsabilidad. (arts. 1, 4; cf. 1961, arts. 1–2:  « La República de Venezuela es un Estado Federal, en los términos consagrados por esta Constitución. »).

Los símbolos nacionales son la bandera amarilla, azul y roja, el himno Gloria al bravo pueblo y el escudo de armas de la República, con las características, significados y usos prescritos por la ley.  El castellano conserva su condición de idioma oficial; los idiomas indígenas son también de uso oficial para los pueblos indígenas y deben respetarse en toda la República como patrimonio cultural de la Nación y de la humanidad. (arts. 8–9; cf. 1961, arts. 5–6:  « El idioma oficial es el castellano. »).

El territorio y los espacios geográficos corresponden a la Capitanía General de Venezuela anterior a la transformación iniciada el 19 de abril de 1810, con las modificaciones de tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad.  La soberanía comprende los espacios continentales, insulares, lacustres, fluviales, marítimos, aéreos, subterráneos y de recursos enumerados.  La relación insular nombra Los Monjes, Las Aves, Los Roques, La Orchila, La Tortuga, La Blanquilla, Los Hermanos, Margarita, Cubagua, Coche, Los Frailes, La Sola, Los Testigos, Patos y Aves, junto con las islas, islotes, cayos y bancos existentes o emergentes señalados.  Los derechos exclusivos sobre la zona contigua, la plataforma continental y la zona económica exclusiva se sujetan al derecho internacional y a la ley; los derechos en el espacio ultraterrestre suprayacente y en el patrimonio común de la humanidad, a los acuerdos y a la legislación nacional. (arts. 10–11; cf. 1961, art. 7:  « con las modificaciones resultantes de los tratados celebrados válidamente por la República »).

El territorio nacional no puede cederse, traspasarse, arrendarse ni enajenarse, ni siquiera temporalmente o en parte, a Estados extranjeros u otros sujetos de derecho internacional.  El espacio geográfico venezolano es una zona de paz sin bases militares extranjeras ni instalaciones con propósitos militares.  Se permite la adquisición recíproca de sedes diplomáticas o consulares dentro del área legalmente determinada, con reserva de la soberanía.  Los baldíos de las Dependencias Federales y de las islas fluviales o lacustres no pueden enajenarse ni concederse de manera que se transfiera la propiedad. (art. 13; cf. 1961, art. 8:  « a potencia extranjera »).

La ley establece un régimen especial para los territorios incorporados por libre determinación de sus habitantes y aceptación de la Asamblea Nacional.  El Estado debe mantener una política integral de fronteras terrestres, insulares y marítimas que proteja la integridad territorial, la soberanía, la seguridad, la defensa, la identidad nacional, la diversidad y el ambiente; una ley orgánica de fronteras determina las responsabilidades y objetivos, con asignaciones económicas especiales adecuadas a cada región fronteriza. (arts. 14–15; cf. 1961, art. 15:  « y con la aceptación del Congreso »).

El territorio comprende Estados, Distrito Capital, Dependencias Federales y Territorios Federales, organizados en Municipios.  La ley orgánica regula la división políticoterritorial, la autonomía municipal y la descentralización; la creación de Territorios Federales dentro de los Estados requiere referendo aprobatorio en la entidad afectada.  Una ley especial puede elevar a Estado la totalidad o parte de un Territorio.  Las Dependencias Federales son las islas marítimas no integradas en un Estado y las que se formen o aparezcan en el mar territorial o sobre la plataforma continental.  Caracas es la capital y sede nacional, sin excluir el ejercicio de funciones nacionales en otros lugares; una ley especial establece un gobierno municipal metropolitano de dos niveles que integre los Municipios del Distrito Capital y los correspondientes de Miranda. (arts. 16–18; cf. 1961, arts. 9–14:  « el Distrito Federal, los Territorios Federales y las Dependencias Federales »).

POW-LEG—Congreso

La Asamblea Nacional se compone de diputados elegidos en cada entidad federal por votación universal, directa, personalizada y secreta, con representación proporcional.  La base poblacional es del uno coma uno por ciento de la población total del país, con tres diputados adicionales por entidad y tres diputados indígenas elegidos conforme a la ley y a sus tradiciones.  Cada diputado tiene un suplente escogido en el mismo proceso.  Los diputados duran cinco años y, en el texto principal, pueden ser reelegidos por dos períodos consecutivos como máximo.  Las lecturas de la enmienda posterior se registran separadamente en CON-AMD. (arts. 186, 192; cf. 1961, arts. 135, 138, 151:  « El Poder Legislativo se ejerce por el Congreso, integrado por dos Cámaras:  el Senado y la Cámara de Diputados. »).

El diputado debe ser venezolano por nacimiento o naturalizado con quince años de residencia en Venezuela por lo menos, mayor de veintiún años y residente durante cuatro años consecutivos en la entidad representada antes de la elección.  El presidente y los vicepresidentes de la Asamblea Nacional deben ser venezolanos por nacimiento y sin otra nacionalidad. (arts. 41, 188; cf. 1961, art. 152:  « Para ser Diputado se requiere ser venezolano por nacimiento y mayor de veintiún años. »).

Los funcionarios ejecutivos, de institutos autónomos, de empresas estatales, gobernadores y autoridades capitalinas de jerarquía comparable enumerados son inelegibles hasta tres meses después de su separación definitiva; los demás funcionarios públicos remunerados se sujetan a la regla territorial electoral y a las excepciones señaladas, con posibilidad de otras exclusiones por ley orgánica.  Los diputados no pueden ser propietarios, administradores o directores de empresas que contraten con personas jurídicas estatales ni gestionar ante ellas causas particulares lucrativas, y deben abstenerse cuando concurra conflicto de intereses económicos.  La aceptación o ejercicio de cargos públicos acarrea la pérdida de la investidura legislativa, salvo las actividades docentes, académicas, accidentales o asistenciales señaladas que no supongan dedicación exclusiva. (arts. 189–191; cf. 1961, art. 141:  « Los Senadores y Diputados podrán aceptar cargos de Ministro, Secretario de la Presidencia de la República, Gobernador, jefe de misión diplomática o Presidente del Instituto Autónomo sin perder su investidura. »).

La Asamblea legisla sobre materias nacionales, controla el gobierno y la administración nacional, promueve la participación, decreta amnistías y aprueba presupuestos, impuestos, empréstitos, créditos adicionales, lineamientos del plan de desarrollo, contratos, tratados, nombramientos, distinciones extranjeras, misiones militares, enajenaciones de inmuebles nacionales y las salidas presidenciales que reúnan las condiciones establecidas.  Vela por los intereses y la autonomía estadales, acuerda honores del Panteón transcurridos veinticinco años, regula sus procedimientos y seguridad interna, califica a sus miembros, conoce de sus renuncias y administra su presupuesto y organización.  La separación temporal de un diputado requiere dos tercios de los presentes.  La reforma constitucional y la censura se rigen por las reglas separadas que se registran más adelante. (arts. 187(1–9), (11–24); cf. 1961, arts. 139, 150, 153, 158:  « Corresponde al Congreso legislar sobre las materias de la competencia nacional y sobre el funcionamiento de las distintas ramas del Poder Nacional. »).

La moción de censura contra el vicepresidente ejecutivo o un ministro sólo se discute transcurridos dos días.  El artículo 187(10) exige tres quintas partes de los diputados para la destitución, y el artículo 240, tres quintas partes de los integrantes de la Asamblea para la censura vicepresidencial.  El artículo 246 exige tres quintas partes de los integrantes presentes para la censura ministerial.  La remoción impide al funcionario ocupar la Vicepresidencia Ejecutiva o un ministerio durante el resto del período presidencial.  La consecuencia de tres remociones vicepresidenciales se registra en POW-EXE. (arts. 187(10), 240, 246; cf. 1961, art. 153(2):  « por las dos terceras partes de los Diputados presentes »).

La Asamblea nombra comisiones permanentes, ordinarias, especiales y temporales de investigación.  Las permanentes, no más de quince, corresponden a sectores de la actividad nacional; su creación o supresión requiere dos tercios de los integrantes.  La Asamblea elige anualmente de su seno a su presidente y dos vicepresidentes, y fuera de él a un secretario y un subsecretario.  Durante el receso, la Comisión Delegada se compone de esas autoridades de presidencia y de los presidentes de las Comisiones Permanentes.  Convoca a sesiones extraordinarias, autoriza salidas presidenciales, créditos adicionales y modificaciones urgentes de servicios públicos, designa comisiones temporales e investiga; la autorización sobre servicios públicos requiere dos tercios. (arts. 193–196; cf. 1961, arts. 178–180:  « una Comisión integrada por el Presidente, el Vicepresidente y veintiún miembros del Congreso »).

Los diputados se dedican exclusivamente al interés del pueblo, mantienen relación con los electores, rinden cuenta anual y están sujetos a revocación; el diputado revocado no puede optar a cargo electivo en el período siguiente.  No responden por los votos y opiniones emitidos en el ejercicio de sus funciones y responden ante los electores y el cuerpo legislativo conforme a la Constitución y los reglamentos.  Representan al pueblo y a los Estados en su conjunto, se sujetan a su conciencia y no a instrucciones y votan personalmente. (arts. 197–199, 201; cf. 1961, art. 142:  « Sólo responderán ante el respectivo cuerpo de acuerdo con esta Constitución y los reglamentos. »).

La inmunidad corre desde la proclamación hasta la conclusión del mandato o la renuncia.  El Tribunal Supremo de Justicia conoce privativamente de los presuntos delitos y sólo él puede, previa autorización de la Asamblea, ordenar la detención y continuar el enjuiciamiento.  La flagrancia acarrea custodia en la residencia del diputado y comunicación inmediata al Tribunal.  Los funcionarios que violen la inmunidad incurren en responsabilidad penal. (art. 200; cf. 1961, art. 143:  « hasta veinte días después de concluido su mandato o de la renuncia del mismo »).

Las leyes son los actos sancionados por la Asamblea como cuerpo legislador; las compilaciones sistemáticas pueden denominarse Códigos.  Son orgánicas las leyes así designadas por la Constitución y las que organicen los poderes públicos, desarrollen derechos constitucionales o sirvan de marco normativo a otras leyes.  La admisión de los proyectos no calificados constitucionalmente de orgánicos requiere dos tercios de los presentes; la misma votación calificada se aplica a la modificación de leyes orgánicas.  La Sala Constitucional revisa su carácter orgánico dentro de diez días antes de la promulgación.  Las leyes habilitantes requieren tres quintas partes de los integrantes y fijan las directrices, propósitos, marco de las materias y plazo de la delegación presidencial con rango y valor de ley. (arts. 202–203; cf. 1961, art. 163:  « por la mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara »).

La iniciativa legislativa corresponde al Ejecutivo, a la Comisión Delegada y las Comisiones Permanentes, a tres diputados por lo menos, al Tribunal Supremo en materia judicial, al Poder Ciudadano respecto de sus órganos, al Poder Electoral en materia electoral, al cero coma uno por ciento de los electores inscritos por lo menos y a los Consejos Legislativos en materias estadales.  La discusión de los proyectos de iniciativa electoral debe comenzar a más tardar en las sesiones ordinarias siguientes o someterse a referendo aprobatorio.  Los Estados deben ser consultados por medio de sus Consejos Legislativos sobre las leyes que les conciernan, con mecanismos legales de consulta a la sociedad civil. (arts. 204–206; cf. 1961, art. 165(5):  « A un número no menor de veinte mil electores »).

Los proyectos reciben dos discusiones en días diferentes.  La primera examina motivos, objetivos, alcance, viabilidad y articulado, seguida del informe de comisión dentro de treinta días consecutivos.  La segunda se realiza artículo por artículo; las modificaciones vuelven a comisión para incorporarse dentro de quince días continuos, y la plenaria resuelve por mayoría las discrepancias restantes.  Los proyectos pendientes pueden continuar en sesiones posteriores o extraordinarias.  La consulta comprende órganos estatales, ciudadanos y sociedad organizada; los representantes ejecutivos, judiciales, ciudadanos, electorales, estadales y sociales designados pueden intervenir conforme al reglamento. (arts. 207–211; cf. 1961, art. 166:  « en cada Cámara no menos de dos discusiones, en días diferentes y en Cámara plena »).

La fórmula legislativa nombra a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.  Los textos sancionados se extienden por duplicado con su redacción final, la fecha de aprobación definitiva y las firmas del presidente, los dos vicepresidentes y el secretario; el presidente de la Asamblea remite un ejemplar para la promulgación. (arts. 212–213; cf. 1961, arts. 171–172:  « El Congreso de la República de Venezuela »).

Dentro de diez días de la recepción, el presidente promulga o, con acuerdo del Consejo, solicita motivadamente modificaciones o el levantamiento total o parcial de la sanción.  La mayoría absoluta de los diputados presentes resuelve la solicitud; la ley devuelta debe promulgarse dentro de cinco días sin nuevas observaciones.  La objeción de inconstitucionalidad se remite dentro del plazo de diez días a la Sala Constitucional, que dispone de quince días para decidir.  El rechazo de la objeción o el vencimiento del plazo judicial exige la promulgación dentro de cinco días. (art. 214; cf. 1961, art. 173:  « Las Cámaras en sesión conjunta decidirán acerca de los puntos planteados por el Presidente de la República »).

La promulgación consiste en la publicación con el Cúmplase en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.  Ante la omisión presidencial, el presidente de la Asamblea y ambos vicepresidentes promulgan, sin perjuicio de la responsabilidad.  El Ejecutivo determina la oportunidad de promulgar las leyes aprobatorias de tratados conforme a los usos internacionales y la conveniencia nacional.  Las leyes se derogan por otras leyes y se abrogan por referendo, con las excepciones constitucionales; la reforma parcial se publica en un solo texto refundido. (arts. 215–218; cf. 1961, art. 177:  « Las leyes sólo se derogan por otras leyes »).

Las sesiones ordinarias se celebran del 5 de enero o del día posterior más inmediato al 15 de agosto, y del 15 de septiembre o del día posterior más inmediato al 15 de diciembre.  Las extraordinarias versan sobre la convocatoria, las materias conexas y las declaradas urgentes por mayoría de los integrantes.  El reglamento rige la instalación, las sesiones y las comisiones; el cuórum nunca puede ser inferior a la mayoría absoluta de los integrantes. (arts. 219–221; cf. 1961, art. 154:  « el día 2 de marzo de cada año o el día posterior más inmediato posible y durarán hasta el 6 de julio siguiente »).

El control legislativo se ejerce mediante interpelaciones, investigaciones, preguntas, autorizaciones, aprobaciones y otros mecanismos legales.  La Asamblea puede declarar la responsabilidad política y solicitar actuaciones del Poder Ciudadano.  Los funcionarios públicos y los particulares deben suministrar información y documentos y comparecer ante las comisiones, con reserva de los derechos constitucionales.  La investigación no desplaza a los demás poderes públicos; los jueces deben evacuar las pruebas que les encomienden la Asamblea o sus comisiones. (arts. 222–224; cf. 1961, art. 160:  « con cuarenta y ocho horas de anticipación, cuando menos »).

ECO-HAC—Hacienda

Todos deben contribuir mediante los impuestos, tasas y contribuciones legales.  La competencia fiscal nacional comprende la banca central, la moneda, el cambio, el sistema financiero, el mercado de capitales, los impuestos enumerados, las aduanas y la coordinación y armonización fiscales.  El sistema procura la distribución justa conforme a la capacidad económica y a la progresividad, la protección económica y la elevación del nivel de vida mediante la recaudación eficiente.  Los tributos y los incentivos requieren ley; se prohíben la tributación confiscatoria y el pago en servicios personales.  Las leyes tributarias fijan su vigencia; en su defecto, rigen sesenta días continuos.  La evasión puede castigarse penalmente, con doble pena para los funcionarios públicos; la administración tributaria nacional tiene autonomía técnica, funcional y financiera. (arts. 133, 156(11–15), (21), 316–317; cf. 1961, arts. 223–226:  « No podrá establecerse ningún impuesto pagadero en servicio personal. »).

Los ingresos estadales comprenden bienes, servicios, sanciones, especies fiscales, Situado Constitucional, tributos asignados, transferencias y compensación interterritorial.  El Situado tiene un máximo del veinte por ciento y un mínimo del quince por ciento de los ingresos ordinarios nacionales estimados, con las condiciones de sostenibilidad financiera señaladas.  El treinta por ciento se distribuye por partes iguales entre Estados y Distrito Capital, y el setenta por ciento en proporción a la población.  Los Estados invierten por lo menos la mitad de su cuota; los Municipios reciben por lo menos el veinte por ciento del Situado y de los demás ingresos ordinarios del Estado.  Las modificaciones del presupuesto nacional requieren reajuste proporcional. (art. 167; cf. 1961, art. 229:  « hasta llegar a un mínimo definitivo que alcance a un quince por ciento (15%) »).

Las rentas municipales comprenden bienes y ejidos, tasas por servicios y licencias, impuestos sobre actividades económicas, inmuebles urbanos, vehículos, espectáculos, juegos lícitos, publicidad, plusvalías y predios rurales, transferencias, sanciones y otros ingresos legales.  La potestad tributaria municipal es distinta de las potestades reguladoras nacionales o estadales.  Las inmunidades fiscales de las demás entidades territoriales se extienden a sus personas jurídicas estatales, pero no a concesionarios ni contratistas.  Los Estados y Municipios no pueden establecer aduanas o gravámenes de tránsito reservados, gravar bienes antes de su circulación local ni discriminar los de procedencia exterior; la tributación agrícola, pecuaria, pesquera y forestal se sujeta a la ley nacional. (arts. 179–180, 183; cf. 1961, arts. 31, 34:  « con otros impuestos que los ordinarios sobre detales de comercio »).

Los institutos autónomos requieren ley y los intereses públicos en entidades quedan sujetos al control del Estado.  La ley nacional determina la creación de entidades funcionalmente descentralizadas que desarrollen actividades sociales o empresariales para asegurar una productividad económica y social razonable de los recursos públicos invertidos. (arts. 142, 300; cf. 1961, art. 230:  « Sólo por ley, y en conformidad con la Ley Orgánica respectiva, podrán crearse institutos autónomos. »).

Los contratos de interés público nacional requieren aprobación de la Asamblea cuando lo prescriba la ley; los contratos municipales, estadales o nacionales con Estados extranjeros, entidades oficiales extranjeras o sociedades no domiciliadas, y los traspasos a ellos, requieren aprobación de la Asamblea.  La ley puede imponer condiciones de nacionalidad, domicilio u otro orden, o garantías.  La cláusula de tribunales venezolanos y exclusión de reclamaciones extranjeras sigue incorporada cuando sea compatible con la naturaleza del contrato.  La Asamblea autoriza las enajenaciones de inmuebles del patrimonio privado nacional que reúnan las condiciones señaladas, y el presidente celebra los contratos de interés nacional conforme a la Constitución y la ley.  El artículo 150 no contiene una cláusula separada correspondiente sobre la autorización de nuevas concesiones de hidrocarburos. (arts. 150–151, 187(9), (12), 236(14); cf. 1961, art. 126:  « al otorgamiento de nuevas concesiones de hidrocarburos »).

La gestión fiscal se rige por la eficiencia, solvencia, transparencia, responsabilidad y equilibrio dentro de un marco plurianual cuyos límites de gasto y endeudamiento requieren sanción legislativa.  Los ingresos ordinarios deben cubrir los gastos ordinarios; los ingresos de recursos del subsuelo se orientan a la inversión productiva, la educación y la salud.  Los principios aplicables se extienden a los Estados y Municipios.  La ley limita prudentemente el endeudamiento, y la ley especial de autorización acompaña al presupuesto anual, con las excepciones de la ley orgánica.  Sólo se reconocen obligaciones legalmente contraídas por órganos nacionales legítimos.  Las atribuciones presidenciales comprenden la administración de la Hacienda y la negociación de empréstitos nacionales. (arts. 311–312, 236(11–12); cf. 1961, arts. 231–233:  « No se contratarán empréstitos sino para obras reproductivas »).

El presupuesto anual requiere ley; la falta de presentación oportuna o el rechazo legislativo mantiene el presupuesto vigente.  La Asamblea puede modificar las partidas, pero no reducir los ingresos públicos ni autorizar gastos superiores a las estimaciones del proyecto.  Los gastos necesarios no previstos o insuficientemente dotados requieren recursos disponibles del Tesoro, aprobación previa del Consejo y autorización de la Asamblea o de la Comisión Delegada.  Los presupuestos públicos identifican objetivos, resultados previstos, funcionarios responsables e indicadores de desempeño técnicamente posibles.  El Ejecutivo presenta cuentas y balances de ejecución presupuestaria dentro de los seis meses siguientes al cierre del ejercicio. (arts. 313–315, 187(6–7), 196(3), 236(13); cf. 1961, art. 228:  « pero no autorizarán gastos que excedan el monto de las estimaciones de ingresos del respectivo Proyecto de Ley de Presupuesto »).

El Banco Central de Venezuela ejerce exclusiva y obligatoriamente la competencia monetaria nacional, con personalidad jurídica pública y autonomía en sus políticas.  Su objetivo fundamental es la estabilidad de precios y la preservación del valor interno y externo de la moneda.  La unidad es el bolívar; puede adoptarse una moneda común latinoamericana y caribeña basada en un tratado.  Sus funciones comprenden las políticas monetaria y cambiaria, la moneda, el crédito, los tipos de interés y las reservas internacionales, coordinadas con la política económica general. (art. 318; nuevo; 1961, art. 136(7):  sin organización constitucional correspondiente del Banco Central).

El Banco Central informa a la Asamblea de sus políticas, metas, resultados y variables macroeconómicas, se somete a fiscalización contralora y bancaria y a auditoría externa y presenta su presupuesto operativo para aprobación legislativa.  El incumplimiento injustificado de los objetivos puede acarrear remoción del directorio y sanciones administrativas.  El Banco no se subordina a directivas ejecutivas ni puede convalidar o financiar políticas fiscales deficitarias.  Un acuerdo anual publicado coordina las políticas y la rendición de cuentas del ministerio de finanzas y del Banco.  La ley establece un fondo de estabilización macroeconómica que protege el gasto público frente a las fluctuaciones de los ingresos ordinarios. (arts. 319–321; nuevo; 1961, arts. 223–239:  sin disposiciones correspondientes sobre rendición de cuentas del Banco Central, acuerdo de política macroeconómica o fondo de estabilización).

La Contraloría General de la República es un órgano autónomo del Poder Ciudadano que controla los ingresos, gastos, bienes y deuda públicos y las operaciones correspondientes.  Inspecciona, investiga, formula reparos, impone sanciones administrativas legales, insta al enjuiciamiento y evalúa la gestión.  El contralor dura siete años y debe ser venezolano por nacimiento y sin otra nacionalidad, mayor de treinta años y de probada aptitud y experiencia.  Su designación sigue el procedimiento del Poder Ciudadano registrado en POW-JUD; la organización y el sistema nacional de control fiscal se sujetan a la ley. (arts. 273, 279, 287–290; cf. 1961, arts. 234–239:  « es órgano auxiliar del Congreso en su función de control sobre la Hacienda Pública »).

La Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional forma parte del sistema nacional de control y fiscaliza los ingresos, gastos y bienes militares, sin menoscabar la competencia de la Contraloría nacional.  Su titular se selecciona mediante concurso de oposición; la organización se sujeta a la ley. (art. 291; nuevo; 1961, arts. 234–239:  sin organización constitucional correspondiente de una Contraloría separada de la Fuerza Armada).

POW-EXE—Ejecutivo

Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, con los valores humanos, democráticos, éticos y pluralistas enumerados.  Los fines estatales comprenden la dignidad y el desarrollo personales, la voluntad popular democrática, la justicia, la paz, la prosperidad, el bienestar y las garantías constitucionales; la educación y el trabajo son medios fundamentales.  La soberanía pertenece intransferiblemente al pueblo y se ejerce directamente conforme a la Constitución y la ley e indirectamente mediante el sufragio.  El gobierno es democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables.  La Constitución es suprema y obliga a todas las personas y órganos estatales.  El artículo 2 termina con la palabra impresa « de ». (arts. 2–3, 5–7; cf. 1961, arts. 3–4:  « democrático, representativo, responsable y alternativo »).

El Poder Público se distribuye en los órdenes municipal, estadal y nacional; el nacional se divide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral, con funciones propias y colaboración.  La competencia constitucional y legal obliga a los órganos públicos.  La usurpación es ineficaz y sus actos son nulos; el abuso, la desviación de poder y la violación constitucional o legal acarrean responsabilidad individual.  El Estado responde patrimonialmente por las lesiones imputables a la Administración Pública. (arts. 136–140; cf. 1961, arts. 117–121, 135:  « Cada una de las ramas del Poder Público tienen sus funciones propias »).

La Administración Pública sirve a los ciudadanos conforme a la honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas, responsabilidad y sometimiento al derecho.  Los ciudadanos pueden obtener información oportuna y veraz sobre las actuaciones que les afecten y las decisiones definitivas y acceder a los archivos administrativos, con los límites legales democráticos que protejan la seguridad, la investigación penal y la intimidad.  No puede censurarse a los funcionarios que informen de asuntos bajo su responsabilidad. (arts. 141, 143; cf. 1961, art. 122:  « Los empleados públicos están al servicio del Estado y no de parcialidad alguna. »).

Un estatuto de la función pública regula el ingreso, ascenso, traslado, suspensión, retiro, requisitos y seguridad social.  La afiliación política no puede determinar el nombramiento o la remoción.  El ingreso a la carrera sigue el concurso público y el mérito, con las excepciones enumeradas.  La remuneración debe estar presupuestada; la ley regula las escalas, límites y pensiones.  Un segundo cargo público remunerado equivale ordinariamente a la renuncia del primero, con las excepciones señaladas; las pensiones múltiples requieren permiso legal expreso.  Se prohíbe la contratación pública de los funcionarios salvo autorización legal, y los cargos, honores y recompensas extranjeros requieren autorización de la Asamblea. (arts. 144–149; cf. 1961, arts. 122–125:  « sin que preceda la correspondiente autorización del Senado »).

Las relaciones internacionales se rigen por la soberanía, los intereses populares, la independencia, la igualdad, la autodeterminación, la no intervención, la solución pacífica, la cooperación, los derechos humanos y la solidaridad emancipadora.  La integración latinoamericana y caribeña puede comprender el ejercicio de competencias por organizaciones supranacionales mediante tratados; las normas de integración se incorporan al derecho interno con aplicación directa y preferente.  Los tratados requieren aprobación de la Asamblea antes de la ratificación presidencial, con las excepciones enumeradas para obligaciones existentes, principios reconocidos, relaciones ordinarias o facultades legales expresas.  Siguen exigiéndose las cláusulas compatibles de solución pacífica. (arts. 152–155; cf. 1961, arts. 108, 128–129:  « La República favorecerá la integración económica latinoamericana. »).

El Poder Ejecutivo se ejerce por el presidente, el vicepresidente ejecutivo, los ministros y los demás funcionarios designados.  El presidente es el jefe del Estado y del Ejecutivo Nacional y dirige el gobierno.  La elegibilidad requiere nacimiento venezolano, ausencia de otra nacionalidad, edad superior a treinta años, estado seglar, no estar sometido a condena mediante sentencia penal firme y los demás requisitos constitucionales.  Por votación universal, directa y secreta resulta elegido el candidato con mayor número de votos válidos.  El ejercicio de la Vicepresidencia Ejecutiva, un ministerio, una gobernación o una alcaldía al postularse o antes de la elección inhabilita. (arts. 225–229; cf. 1961, arts. 181–184:  « ni sus parientes dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad »).

El texto principal fija una Presidencia de seis años y permite la reelección inmediata por una sola vez para un nuevo período.  La lectura de la enmienda de 2009 reproducida separadamente se registra en CON-AMD. (art. 230; cf. 1961, arts. 135, 185:  « dentro de los diez años siguientes a la terminación de su mandato »).

El presidente electo toma posesión el 10 de enero del primer año del período, mediante juramento ante la Asamblea o, por impedimento sobrevenido, ante el Tribunal Supremo.  El presidente responde por los actos y obligaciones del cargo y debe proteger los derechos, la independencia, la integridad territorial, la soberanía y la defensa; la declaración de estados de excepción no modifica la responsabilidad ejecutiva.  El mensaje anual personal sobre la gestión política, económica, social y administrativa se presenta dentro de los diez días siguientes a la instalación ordinaria de la Asamblea. (arts. 231–232, 237; cf. 1961, arts. 186, 191–192:  « personalmente o por medio de uno de los Ministros »).

Las faltas absolutas presidenciales comprenden la muerte, la renuncia, la destitución judicial, la incapacidad permanente médicamente certificada y aprobada por la Asamblea, el abandono declarado por ésta y la revocación popular.  Antes de la toma de posesión, debe celebrarse nueva elección universal, directa y secreta dentro de treinta días consecutivos, mientras ejerce el presidente de la Asamblea.  Durante los primeros cuatro años, la elección se celebra dentro de treinta días consecutivos y el vicepresidente ejecutivo ejerce hasta la toma de posesión; el sucesor elegido completa el período.  Durante los dos últimos años, lo completa el vicepresidente ejecutivo. (art. 233; cf. 1961, art. 187:  « procederán, dentro de los treinta días siguientes, a elegir, por votación secreta y en sesión conjunta convocada expresamente, un nuevo Presidente »).

El vicepresidente ejecutivo suple la falta temporal presidencial hasta por noventa días, prorrogables por la Asamblea durante noventa más.  Transcurridos noventa días consecutivos, la Asamblea decide por mayoría de sus integrantes si la falta es absoluta.  La salida presidencial del territorio nacional requiere autorización de la Asamblea o de la Comisión Delegada cuando exceda de cinco días consecutivos. (arts. 234–235; cf. 1961, arts. 188–189:  « El Presidente, o quien haga sus veces, no podrá salir del Territorio Nacional sin autorización del Senado o de la Comisión Delegada. »).

Las atribuciones presidenciales comprenden la ejecución constitucional y legal, la dirección del gobierno, los nombramientos ejecutivos, las relaciones exteriores y los tratados, el mando militar, las medidas de excepción, los decretos de ley habilitante, la convocatoria legislativa extraordinaria, la reglamentación sin alterar el espíritu, propósito o razón de la ley, la administración fiscal, los contratos, los nombramientos señalados, los mensajes especiales, el plan de desarrollo, los indultos, la organización ejecutiva, la disolución de la Asamblea constitucionalmente permitida, los referendos y la consulta de defensa.  Las funciones enumeradas requieren actuación en Consejo; los actos distintos del nombramiento o remoción de ministros y del vicepresidente y de la suprema autoridad jerárquica militar requieren refrendo vicepresidencial y ministerial correspondiente. (art. 236; cf. 1961, art. 190:  « Dictar medidas extraordinarias en materia económica o financiera »).

El vicepresidente ejecutivo es órgano directo y colaborador inmediato del presidente, debe reunir los requisitos presidenciales y no puede tener parentesco de consanguinidad ni afinidad con éste.  Sus funciones comprenden la colaboración gubernamental, la coordinación administrativa, la propuesta de ministros, la presidencia autorizada del Consejo, las relaciones legislativas, la presidencia del Consejo Federal de Gobierno, los nombramientos residuales, la sustitución presidencial temporal, las atribuciones delegadas y los deberes legales.  El titular responde conforme a la Constitución y la ley. (arts. 238–239, 241; nuevo; 1961, arts. 181–199:  sin Vicepresidencia Ejecutiva permanente correspondiente).

Tres vicepresidentes ejecutivos removidos por censura dentro de un mismo período constitucional facultan al presidente para disolver la Asamblea.  La disolución convoca a elecciones para una nueva legislatura dentro de sesenta días y no procede durante el último año de la Asamblea. (arts. 240, 236(21); nuevo; 1961, arts. 138–199:  sin facultad presidencial correspondiente de disolver el Legislativo después de censuras vicepresidenciales).

El presidente, el vicepresidente ejecutivo y los ministros integran el Consejo.  El vicepresidente puede presidir por autorización en ausencia del presidente, con ratificación presidencial de las decisiones.  Los miembros concurrentes responden solidariamente salvo constancia de voto adverso.  Los ministros de Estado pueden asesorar sin despacho determinado.  Se requiere nacionalidad venezolana y edad superior a veinticinco años para ser ministro, con las excepciones constitucionales.  Las memorias departamentales razonadas se presentan dentro de los primeros sesenta días de cada año.  Los ministros pueden intervenir, sin voto, en la Asamblea y sus comisiones; la censura sigue las mayorías diferenciadas registradas en POW-LEG. (arts. 242–246; cf. 1961, arts. 193–199:  « ser venezolano por nacimiento, mayor de treinta años y de estado seglar »).

El Consejo de Estado es el órgano superior de consulta del gobierno y de la administración nacional para políticas sobre asuntos de importancia nacional que le someta el presidente.  Lo preside el vicepresidente ejecutivo, con cinco personas designadas por el presidente, un representante de la Asamblea y otro del Tribunal Supremo y un gobernador elegido por el conjunto de gobernadores.  La ley determina sus funciones y atribuciones. (arts. 251–252; nuevo; 1961, arts. 181–203:  sin Consejo de Estado constitucional correspondiente).

POW-JUD—Poder Judicial

La potestad judicial emana de los ciudadanos y se administra en nombre de la República por autoridad de la ley.  El sistema de justicia comprende el Tribunal Supremo de Justicia, los demás tribunales, el Ministerio Público, la defensa pública, los órganos de investigación penal, el personal judicial, las prisiones, los medios alternativos, los ciudadanos participantes y los abogados autorizados.  El Poder Judicial es independiente; el Tribunal tiene autonomía funcional, financiera y administrativa.  El sistema de justicia recibe por lo menos el dos por ciento del presupuesto ordinario nacional; las reducciones o modificaciones requieren autorización previa de la Asamblea, y no puede cobrar por sus servicios.  El ingreso y ascenso judiciales requieren concursos de oposición públicos, participación ciudadana y formación profesional; el nombramiento y el juramento corresponden al Tribunal Supremo.  La remoción, suspensión y responsabilidad personal se sujetan a la ley. (arts. 253–255, 156(31–32); cf. 1961, arts. 204–205, 207–210:  « En el ejercicio de sus funciones los jueces son autónomos e independientes de los demás órganos del Poder Público. »).

Los magistrados, jueces, fiscales y defensores públicos pueden votar, pero no desarrollar activismo partidista, gremial, sindical o semejante mientras ejerzan el cargo, emprender actividades lucrativas incompatibles ni desempeñar otras funciones públicas salvo las educativas.  Los jueces no pueden asociarse entre sí.  El proceso es instrumento de justicia y debe ser simplificado, uniforme, eficaz, breve, oral y público, sin sacrificio por formalidades no esenciales.  Los jueces de paz comunitarios se eligen por votación universal, directa y secreta; la ley promueve el arbitraje, la conciliación, la mediación y otros medios alternativos. (arts. 256–258; cf. 1961, art. 207:  « para asegurar la idoneidad, estabilidad e independencia de los jueces »).

La jurisdicción contencioso-administrativa corresponde al Tribunal Supremo y a los tribunales legales, con potestad de anular actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho, incluida la desviación de poder, acordar sumas e indemnizaciones por responsabilidad administrativa, conocer de reclamaciones sobre servicios públicos y restablecer situaciones jurídicas subjetivas lesionadas. (art. 259; cf. 1961, art. 206:  « disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa »).

Las autoridades indígenas legítimas pueden administrar justicia dentro de su hábitat conforme a sus tradiciones ancestrales y normas propias respecto de sus integrantes, sujetas a la Constitución, la ley y el orden público y a la coordinación legal.  La jurisdicción penal militar pertenece al Poder Judicial, emplea jueces seleccionados por concurso y procedimiento acusatorio y se limita a delitos militares.  Los delitos comunes, las violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad corresponden a los tribunales ordinarios.  La ley regula las demás jurisdicciones especiales y los tribunales. (arts. 260–261; nuevo; 1961, arts. 204–217:  sin jurisdicción indígena expresa correspondiente ni limitación constitucional de los tribunales militares a delitos militares).

El Tribunal Supremo funciona en Sala Plena y en las Salas Constitucional, Políticoadministrativa, Electoral, de Casación Civil, de Casación Penal y de Casación Social; esta última comprende la casación agraria, laboral y de menores.  Los magistrados deben ser venezolanos por nacimiento y sin otra nacionalidad, honorables y juristas de reconocida competencia que reúnan las alternativas profesionales, docentes o judiciales de quince años señaladas.  Duran un único período de doce años.  Las postulaciones de sectores sociales, la consulta comunitaria y las preselecciones del Comité de Postulaciones Judiciales y del Poder Ciudadano preceden a la selección definitiva de la Asamblea, con posibilidad de objeciones públicas fundadas.  La remoción requiere dos tercios de la Asamblea, previa audiencia y calificación de falta grave por el Poder Ciudadano. (arts. 262–265, 270; cf. 1961, arts. 212–214:  « por periodos de nueve años, pero se renovarán por terceras partes cada tres años »).

El Tribunal Supremo ejerce la jurisdicción constitucional; declara el mérito para enjuiciar al presidente y continúa previa autorización de la Asamblea; declara el mérito respecto de los altos funcionarios enumerados y sigue el procedimiento señalado de remisión y delitos comunes; dirime controversias administrativas entre entidades públicas; anula actos administrativos ejecutivos; interpreta textos legales; resuelve conflictos de competencia judicial; y conoce de la casación.  Las funciones constitucionales corresponden a la Sala Constitucional; los procedimientos de altos funcionarios, a la Sala Plena; y las materias administrativas señaladas, a la Sala Políticoadministrativa. (art. 266; cf. 1961, arts. 215–216:  « las ejercerá la Corte en pleno »).

El Tribunal Supremo dirige, gobierna, administra, inspecciona y elabora el presupuesto del Poder Judicial y de la defensa pública, creando una Dirección Ejecutiva de la Magistratura con oficinas regionales.  Los tribunales disciplinarios legales aplican el código de ética judicial mediante procedimientos públicos, orales y breves con debido proceso.  La ley asegura la autonomía, organización, disciplina, idoneidad y beneficios de carrera de la defensa pública y organiza circuitos y tribunales regionales para la descentralización administrativa y jurisdiccional. (arts. 267–269; cf. 1961, art. 217:  « La Ley Orgánica respectiva creará el Consejo de la Judicatura »).

No puede negarse la extradición de extranjeros responsables de los delitos enumerados relativos a capitales, drogas, delincuencia organizada internacional, patrimonio público de otros Estados y derechos humanos.  No prescriben las acciones para sancionar delitos contra los derechos humanos o el patrimonio público, o el tráfico de drogas.  Se prevén confiscación judicial, medidas patrimoniales preventivas y procedimientos públicos, orales y breves con debido proceso.  La recensión imprime « deslegitimación de capitales ». (art. 271; nuevo; 1961, arts. 45, 102, 136(4), 250:  sin procedimiento conjunto correspondiente de extradición, imprescriptibilidad y bienes delictivos).

El Estado garantiza un sistema penitenciario que proteja los derechos humanos y la rehabilitación, con trabajo, educación, deporte, recreación, dirección profesional cualificada y administración descentralizada estadal o municipal, con posibles modalidades de privatización.  Se prefieren el régimen abierto, las colonias agrícolas penitenciarias y las alternativas no privativas de libertad.  Se prevén asistencia posterior a la excarcelación y un ente penitenciario técnico autónomo. (art. 272; cf. 1961, art. 136(24):  « la legislación civil, mercantil, penal, penitenciaria y de procedimientos »).

El Poder Ciudadano se ejerce por el Consejo Moral Republicano, compuesto por el defensor del pueblo, el fiscal general y el contralor general.  Sus órganos son independientes y gozan de autonomía funcional, financiera y administrativa; sus titulares eligen un presidente anual reelegible del Consejo.  Sus funciones comprenden la ética pública, la moral administrativa, el patrimonio público, la legalidad y la educación cívica.  El Consejo formula advertencias y sanciones legales, informa de los incumplimientos a la autoridad competente, publica informes anuales y solicitados y puede exigir colaboración urgente y preferente y documentos clasificados, con las garantías legales. (arts. 273–278; nuevo; 1961, arts. 218–222, 234–239:  sin Poder Ciudadano ni Consejo Moral Republicano correspondientes).

Un comité de sectores sociales evalúa públicamente las postulaciones al Poder Ciudadano y presenta una terna por cargo.  Dos tercios de la Asamblea eligen dentro de treinta días continuos; la falta de acuerdo somete la terna a consulta popular por el Poder Electoral.  Si el comité no ha sido convocado, la Asamblea designa dentro del plazo legal.  La remoción por la Asamblea requiere pronunciamiento previo del Tribunal Supremo conforme a la ley. (art. 279; cf. 1961, arts. 219, 238:  « Las Cámaras en sesión conjunta elegirán el Contralor General de la República »).

La Defensoría del Pueblo promueve, defiende y vigila los derechos constitucionales y convencionales y los intereses legítimos colectivos o difusos.  Su titular dura un único período de siete años y debe ser venezolano por nacimiento y sin otra nacionalidad, mayor de treinta años, competente en derechos humanos y reunir los requisitos éticos legales.  Sus atribuciones comprenden la investigación, la vigilancia de los servicios públicos, las acciones constitucionales y de protección, las solicitudes de enjuiciamiento y correctivos, las iniciativas legislativas, la protección de los derechos indígenas, las inspecciones, las recomendaciones y la educación en derechos humanos.  La inmunidad funcional reserva los casos al Tribunal Supremo.  La organización sigue la gratuidad, accesibilidad, celeridad, informalidad e impulso de oficio. (arts. 280–283; nuevo; 1961, arts. 218–222:  sin Defensoría del Pueblo constitucional correspondiente).

El Ministerio Público está dirigido por el fiscal general de la República, con los requisitos del Tribunal Supremo y un período de siete años.  Garantiza los derechos constitucionales y convencionales, la justicia legal y oportuna, el juicio previo y el debido proceso; dirige la investigación penal; ejerce las acciones penales públicas y de responsabilidad funcionarial; y preserva los derechos y acciones ajenos.  La ley organiza las funciones nacionales, estadales y municipales y asegura la idoneidad, probidad, estabilidad y carrera de los fiscales.  La designación por el Poder Ciudadano sigue el artículo 279. (arts. 284–286; cf. 1961, arts. 218–222:  « dentro de los primeros treinta días de cada periodo constitucional »).

La Procuraduría General de la República asesora, defiende y representa separadamente los intereses patrimoniales de la República en juicio y fuera de él y debe ser consultada para aprobar contratos de interés público nacional.  El procurador la dirige con los colaboradores legales, reúne los requisitos del Tribunal Supremo y lo nombra el presidente con autorización de la Asamblea.  Asiste a las reuniones del Consejo con derecho de palabra.  La ley orgánica rige la organización, competencia y funcionamiento. (arts. 247–250; cf. 1961, arts. 200–203:  « cuando a ellas sea convocado por el Presidente de la República »).

Todos los jueces deben asegurar la integridad constitucional y aplicar la Constitución frente a normas jurídicas incompatibles, incluso de oficio.  Sólo la Sala Constitucional anula los actos públicos enumerados de ejecución constitucional directa o con rango de ley; revisa tratados antes de su ratificación, decretos de excepción, omisiones legislativas, colisiones de leyes, controversias constitucionales y sentencias firmes de amparo o control de constitucionalidad.  Puede fijar plazos y lineamientos para corregir omisiones legislativas.  Sus interpretaciones constitucionales obligan a las demás Salas y tribunales; el Tribunal Supremo es el intérprete máximo y último de la Constitución.  El artículo 334 comienza « Todos Todos ». (arts. 334–336; cf. 1961, art. 215(3):  « Declarar la nulidad total o parcial de las leyes nacionales y demás actos de los cuerpos legislativos que colidan con esta Constitución »).

POW-SUB—Gobierno subnacional

Los Estados son personas jurídicas autónomas e iguales en lo político, obligadas a preservar la independencia, soberanía e integridad territorial y a cumplir el orden constitucional y legal.  Su competencia exclusiva comprende sus constituciones, la organización local, los bienes, las rentas, los minerales no metálicos no reservados, las salinas, los ostrales, los baldíos, la policía, las especies fiscales, los servicios, las vías estadales, las carreteras nacionales y los puertos y aeropuertos comerciales en coordinación, y las materias residuales.  Las leyes nacionales de bases y las estadales de desarrollo regulan las competencias concurrentes mediante coordinación, cooperación, corresponsabilidad y subsidiariedad; los Estados transfieren a los Municipios los servicios que éstos puedan gestionar y los recursos correspondientes conforme al derecho estadal. (arts. 159, 164–165; cf. 1961, arts. 16–18:  « Los Estados son autónomos e iguales como entidades políticas. »).

Los gobernadores deben ser venezolanos, mayores de veinticinco años y de estado seglar.  Se eligen por cuatro años por mayoría de los votantes, con una reelección inmediata permitida en el texto principal.  Rinden cuenta pública anual al contralor estadal, al Consejo Legislativo y al consejo de planificación.  Un Consejo Legislativo de siete a quince integrantes representa proporcionalmente a la población del Estado y de los Municipios, legisla y sanciona el presupuesto.  Rigen, en cuanto sean aplicables, los requisitos de los diputados, la rendición de cuentas y la inmunidad territorialmente limitada; los legisladores duran cuatro años, con dos reelecciones consecutivas como máximo en el texto principal.  Las lecturas de la enmienda posterior figuran en CON-AMD. (arts. 160–162; cf. 1961, arts. 19–24:  « los Gobernadores serán nombrados y removidos libremente por el Presidente de la República »).

Cada Estado tiene una Contraloría con autonomía orgánica y funcional, cuyo titular se designa mediante concurso público que garantice la idoneidad, independencia y neutralidad, sin menoscabo de las atribuciones de la Contraloría nacional.  Cada uno tiene también un Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas presidido por el gobernador, con alcaldes, directores estadales de ministerios, representantes legislativos y municipales y comunidades organizadas, incluidas las indígenas donde las hubiere. (arts. 163, 166; nuevo; 1961, arts. 16–24, 235:  sin organización expresa correspondiente de Contraloría estadal ni consejo estadal de planificación).

Los Municipios conservan su personalidad jurídica y autonomía electoral, de gestión local y de rentas, con participación ciudadana efectiva e impugnación judicial de sus actos.  La Constitución, las leyes orgánicas nacionales y las leyes estadales pueden establecer distintos regímenes locales democráticos, incluidas opciones para poblaciones indígenas.  Los Municipios pueden formar mancomunidades o distritos metropolitanos; la consulta popular, la legislación estadal o la actuación nacional rigen los supuestos territoriales señalados.  Las parroquias y demás entidades locales promueven la iniciativa vecinal, la desconcentración, la participación y los servicios, sin convertirse en divisiones territoriales exhaustivas obligatorias. (arts. 168–173; cf. 1961, arts. 25–29:  « Los Municipios podrán ser agrupados en Distritos. »).

El alcalde gobierna y administra el Municipio como primera autoridad civil, debe ser venezolano, mayor de veinticinco años y de estado seglar, y se elige por cuatro años por mayoría de los votantes, con una reelección inmediata en el texto principal.  Los concejales elegidos ejercen la legislación.  La Contraloría Municipal fiscaliza los ingresos, gastos, bienes y operaciones locales, dirigida por un titular que el Concejo designa por concurso público.  La ley nacional puede prescribir residencia, elegibilidad, inhabilidades e incompatibilidades.  La enmienda posterior sobre alcaldes se registra en CON-AMD. (arts. 174–177; cf. 1961, arts. 27, 29:  « En todo caso la organización municipal será democrática y responderá a la naturaleza propia del gobierno local. »).

La competencia municipal comprende la planificación local, la vivienda, el turismo, la recreación, las vías, el transporte, los espectáculos, la publicidad, el ambiente, el saneamiento, la protección civil, la atención primaria de salud, la asistencia social, la educación preescolar, la cultura, el deporte, los servicios domiciliarios, los cementerios, la justicia de paz y la policía, con reserva de las competencias nacionales y estadales.  Los ejidos siguen siendo inalienables e imprescriptibles, con las excepciones legales de las ordenanzas; los terrenos urbanos sin dueño y los baldíos urbanos se constituyen en ejidos sin perjuicio de los derechos legítimos de terceros, con excepción de las tierras indígenas.  Un consejo local de planificación presidido por el alcalde comprende concejales, presidentes de parroquias y representantes vecinales y sociales.  Las rentas se registran en ECO-HAC. (arts. 178, 181–182; cf. 1961, arts. 30–32:  « Sólo podrán enajenarse para construcciones »).

La mayoría de la Asamblea puede atribuir materias nacionales a los Estados o Municipios para promover la descentralización.  La ley crea mecanismos flexibles de transferencia de servicios que puedan gestionar las comunidades y grupos vecinales organizados, participación en la inversión y control de servicios, instituciones de economía social, cogestión y empresas locales de servicios públicos.  El Consejo Federal de Gobierno planifica y coordina las transferencias, presidido por el vicepresidente ejecutivo, con ministros, gobernadores, un alcalde por Estado y sociedad organizada.  Su secretaría comprende al vicepresidente ejecutivo, dos ministros, tres gobernadores y tres alcaldes; un fondo interterritorial financia el desarrollo regional equilibrado y los servicios prioritarios. (arts. 157–158, 184–185; cf. 1961, art. 137:  « por el voto de las dos terceras partes de los miembros de cada Cámara »).

CON-AMD—Reforma constitucional

La enmienda añade o modifica artículos sin alterar la estructura fundamental.  La iniciativa corresponde al quince por ciento de los ciudadanos inscritos, al treinta por ciento de la Asamblea o al presidente en Consejo.  La iniciativa legislativa requiere mayoría de la Asamblea y el procedimiento legislativo ordinario.  El Poder Electoral somete las enmiendas a referendo a los treinta días siguientes a su recepción formal.  Las enmiendas aprobadas se numeran y se imprimen a continuación de la Constitución sin alterar su texto, anotando el número y la fecha al pie de los artículos afectados. (arts. 340–341; cf. 1961, art. 245:  « ratificados por las dos terceras partes de las Asambleas »).

La reforma es una revisión parcial o sustitución sin cambiar la estructura y los principios fundamentales.  La iniciativa corresponde a la mayoría de la Asamblea, al presidente en Consejo o al quince por ciento de los electores inscritos por lo menos.  La Asamblea realiza la primera discusión en las sesiones de presentación, la segunda por Título o Capítulo y la tercera artículo por artículo, y aprueba dentro de dos años por dos tercios de sus integrantes. (arts. 342–343; cf. 1961, art. 246:  « reforma general »).

La reforma aprobada se somete a referendo dentro de treinta días de su sanción.  Se vota en conjunto, con posibilidad de votar separadamente hasta un tercio por la iniciativa legislativa, presidencial o electoral señalada.  La aprobación requiere más votos afirmativos que negativos.  La iniciativa de reforma rechazada no puede reiterarse en el mismo período constitucional.  El presidente promulga las enmiendas o reformas dentro de diez días de su aprobación, con promulgación sustitutiva en caso de omisión. (arts. 344–346; cf. 1961, arts. 247–249:  « Las iniciativas de enmienda o reforma rechazadas no podrán presentarse de nuevo en el mismo periodo constitucional. »).

El pueblo es depositario del poder constituyente originario y puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente para transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una Constitución.  La iniciativa de convocatoria corresponde al presidente en Consejo, a dos tercios de la Asamblea, a los Concejos Municipales en cabildos por la votación prescrita de dos tercios o al quince por ciento de los electores inscritos.  El presidente no puede objetar la nueva Constitución; los poderes constituidos no pueden impedir las decisiones constituyentes.  Después de promulgarse, la nueva Constitución se publica en la Gaceta Oficial o en la constituyente. (arts. 347–349; nuevo; 1961, arts. 245–249:  sin procedimiento permanente correspondiente de Asamblea Nacional Constituyente).

La Constitución conserva su vigencia pese al desplazamiento por la fuerza o a la pretendida derogación fuera de su propio procedimiento; todo ciudadano, investido o no de autoridad, debe colaborar en su restablecimiento.  El pueblo, fiel a la tradición republicana, la independencia, la paz y la libertad, desconocerá todo régimen, legislación o autoridad contrario a los valores, principios y garantías democráticos o que menoscabe los derechos humanos. (arts. 333, 350; cf. 1961, art. 250:  « Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza »).

Lecturas posteriores de enmienda (2009)

La recensión reproduce separadamente cinco lecturas posteriores de enmienda en notas al pie, cada una rotulada « Enmienda N° 1 del 14-01-2009 ».  Conservan los períodos de cuatro años de gobernadores, legisladores estadales y alcaldes, el de cinco años de los diputados y el de seis de la Presidencia, y sustituyen los límites del texto principal a la reelección consecutiva por el permiso de reelección.  Éstos son el rótulo declarado y las lecturas posteriores de las notas, identificados aquí separadamente, sin incorporarlos al texto principal de 1999. (CIDEP 1999, notas de enmienda 1–5, pp. 28–29, 32, 36, 41).

CIV-SUF—Sufragio

La ciudadanía confiere a los venezolanos los derechos y deberes políticos prescritos para su edad y condición, con sujeción a la interdicción civil y la inhabilitación política.  Los derechos políticos se reservan generalmente a los venezolanos, y los naturalizados residentes desde temprana edad que reúnan las condiciones señaladas gozan de los derechos de los venezolanos por nacimiento.  Los ciudadanos participan directamente o por representantes elegidos.  El sufragio es un derecho de ejercicio libre, universal, directo y secreto, con personalización del voto y representación proporcional.  Pueden votar los venezolanos que hayan cumplido dieciocho años; los extranjeros de dieciocho años y más de diez de residencia que reúnan las condiciones señaladas reciben el voto parroquial, municipal y estadal.  Los electores pueden exigir cuentas públicas, transparentes y periódicas conforme a los programas de sus representantes. (arts. 39–40, 62–64, 66; cf. 1961, arts. 110–113:  « Su ejercicio será obligatorio, dentro de los límites y condiciones que establezca la ley. »).

Las condenas firmes por delitos cometidos en funciones públicas o contra el patrimonio público inhabilitan para cargos electivos durante el plazo legal posterior al cumplimiento de la pena, conforme a la gravedad del delito.  Las disposiciones de derechos políticos no contienen un requisito general de alfabetización correspondiente al del antecedente. (arts. 39–42, 62–67; cf. 1961, art. 112:  « los electores que sepan leer y escribir, mayores de veintiún años »).

Las asociaciones políticas deben organizarse y seleccionar democráticamente a sus dirigentes y candidatos mediante elecciones internas.  Se prohíbe el financiamiento estatal; el financiamiento privado, las campañas, los límites de gasto y el control se sujetan a la ley.  Los ciudadanos y asociaciones pueden postular candidatos; las direcciones de asociaciones no pueden contratar con entidades públicas.  La participación política y social comprende elecciones, referendos, consulta, revocación, iniciativas populares, cabildos abiertos, asambleas ciudadanas vinculantes, autogestión, cogestión, cooperativas, cajas de ahorro y empresas comunitarias conforme a la ley. (arts. 67, 70; cf. 1961, art. 114:  « por métodos democráticos, en la orientación de la política nacional »).

Las materias de trascendencia nacional pueden someterse a consulta por iniciativa del presidente en Consejo, de la mayoría de la Asamblea o del diez por ciento de los electores inscritos.  La consulta parroquial, municipal y estadal puede iniciarse por dos tercios del órgano representativo respectivo, por su autoridad ejecutiva o por el diez por ciento del registro electoral local. (art. 71; nuevo; 1961, arts. 110–116, 246:  sin procedimiento general correspondiente de referendo consultivo).

Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables.  Transcurrida la mitad del período, el veinte por ciento de los electores inscritos en la circunscripción puede solicitar la revocación.  Ésta requiere votos favorables por lo menos iguales a los que eligieron al funcionario y participación mínima del veinticinco por ciento del registro, seguida de la provisión de la falta absoluta.  La ley regula la revocación de cuerpos colegiados, y sólo puede formularse una solicitud durante el período del funcionario. (art. 72; nuevo; 1961, arts. 110–116, 135–153, 181–189:  sin procedimiento general correspondiente de revocación popular).

Dos tercios de la Asamblea pueden someter un proyecto a referendo aprobatorio, con participación del veinticinco por ciento de los electores inscritos para su sanción.  Los tratados que afecten a la soberanía o atribuyan competencias supranacionales pueden someterse por el presidente en Consejo, dos tercios de la Asamblea o el quince por ciento de los electores.  La iniciativa abrogatoria de leyes corresponde al diez por ciento de los electores o al presidente en Consejo; el cinco por ciento puede solicitar la abrogación de decretos de ley habilitante.  Se exige participación del cuarenta por ciento.  Quedan excluidas las leyes señaladas de presupuesto, impuestos, crédito, amnistía, derechos humanos y tratados; una misma materia sólo puede someterse a un referendo abrogatorio por período. (arts. 73–74; nuevo; 1961, arts. 110–116, 126, 128, 177:  sin procedimientos generales correspondientes de referendo legislativo, de tratados o abrogatorio).

Los pueblos indígenas reciben representación legislativa nacional y en las entidades territoriales que reúnan las condiciones señaladas.  La Asamblea, el presidente y los jueces de paz se eligen conforme a sus respectivas normas de voto directo.  Los militares en servicio activo reciben expresamente el sufragio, pero no pueden optar a cargos electivos ni realizar propaganda, militancia o proselitismo político.  Los requisitos legislativos y presidenciales se registran en POW-LEG y POW-EXE. (arts. 125, 186, 228, 258, 330; cf. 1961, arts. 111–113, 131:  « Son electores todos los venezolanos que hayan cumplido dieciocho años de edad »).

El Poder Electoral se ejerce por el Consejo Nacional Electoral, con órganos electorales nacionales, de registro civil y electoral y de participación política y financiamiento.  Reglamenta la ley electoral, administra su presupuesto, dicta directivas de financiamiento y publicidad, anula elecciones, realiza elecciones públicas y referendos, organiza las elecciones de asociaciones señaladas, mantiene el registro y controla las organizaciones políticas y sus fondos.  Rigen la independencia orgánica, la autonomía funcional y presupuestaria, la despartidización, la imparcialidad, la participación, la descentralización y la votación transparente y célere.  Un comité de postulaciones de sectores sociales precede a la designación por dos tercios de la Asamblea de cinco integrantes no vinculados a organizaciones políticas, por períodos escalonados de siete años:  tres postulados por la sociedad civil al comienzo del período de la Asamblea y uno por las universidades y otro por el Poder Ciudadano a su mitad, con los seis, dos y dos suplentes prescritos, respectivamente.  La remoción requiere pronunciamiento previo del Tribunal Supremo. (arts. 292–296; cf. 1961, art. 113:  « de manera que no predomine en ellos ningún partido o agrupación política »).

La jurisdicción contencioso-electoral corresponde a la Sala Electoral del Tribunal Supremo y a los tribunales legales.  La ley de procesos electorales no puede modificarse durante los seis meses anteriores al día de la elección ni en ese día. (arts. 297–298; nuevo; 1961, arts. 110–116, 204–217:  sin jurisdicción electoral expresa correspondiente ni restricción de seis meses a la ley electoral).

CIV-CIT—Nacionalidad

La nacionalidad por nacimiento comprende el nacimiento en la República; el nacimiento en el exterior de padre y madre venezolanos por nacimiento; el nacimiento en el exterior de padre o madre venezolano por nacimiento, seguido de residencia o declaración; y el nacimiento en el exterior de padre o madre venezolano por naturalización, seguido de residencia antes de los dieciocho años y declaración antes de los veinticinco. (art. 32; cont., 1961, art. 35).

La naturalización por carta requiere diez años de residencia ininterrumpida inmediatamente anterior, reducidos a cinco para quienes posean nacionalidad originaria española, portuguesa, italiana, latinoamericana o caribeña.  Los cónyuges extranjeros pueden declarar transcurridos cinco años de matrimonio por lo menos.  Los menores extranjeros sujetos a la patria potestad de un progenitor recién naturalizado pueden declarar antes de los veintiún años, después de cinco de residencia ininterrumpida. (art. 33; cf. 1961, arts. 36–37:  « La extranjera casada con venezolano »).

La adquisición u opción de otra nacionalidad no extingue la venezolana.  Los venezolanos por nacimiento no pueden ser privados de ella; la naturalización sólo puede revocarse por sentencia judicial conforme a la ley.  Puede renunciarse a la nacionalidad.  La recuperación de la nacionalidad por nacimiento exige domicilio durante dos años por lo menos y declaración; la del naturalizado repite los requisitos del artículo 33.  El Estado promueve tratados de nacionalidad; la ley regula la adquisición, opción, renuncia, recuperación, revocación y nulidad.  La pérdida o renuncia acarrea pérdida de la ciudadanía, cuyo ejercicio o derechos políticos sólo pueden suspenderse por sentencia judicial firme en los casos legales. (arts. 34–38, 42; cf. 1961, art. 39(1):  « Por opción o adquisición voluntaria de otra nacionalidad »).

Los cargos enumerados de presidente, vicepresidente ejecutivo, autoridades de presidencia legislativa, magistrados, presidencia electoral, procurador, fiscal, contralor, defensor del pueblo, ministros señalados, gobernadores y alcaldes fronterizos y los de la ley militar requieren nacimiento venezolano sin otra nacionalidad.  Los naturalizados que ocupen los demás cargos señalados de diputado, ministro, gobernador o alcalde no fronterizo requieren domicilio con quince años de residencia ininterrumpida por lo menos y los requisitos legales. (art. 41; cf. 1961, arts. 45, 112, 152, 182, 195, 213:  « ser venezolano por nacimiento »).

RTS-GAR—Derechos

El Estado garantiza los derechos humanos progresivos, no discriminatorios, irrenunciables, indivisibles e interdependientes.  El libre desenvolvimiento personal se limita por los derechos ajenos y el orden público y social.  La igualdad comprende medidas positivas para las personas vulnerables o marginadas, protección legal y administrativa efectiva, ausencia de distinciones hereditarias y el tratamiento oficial ordinario de ciudadano.  Los derechos inherentes no enumerados siguen siendo exigibles sin ley de desarrollo.  Los tratados de derechos humanos ratificados tienen jerarquía constitucional y prevalecen internamente cuando sean más favorables, con aplicación inmediata y directa. (arts. 19–23; cf. 1961, arts. 43, 50, 61:  « La falta de ley reglamentaria de estos derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos. »).

La irretroactividad admite la excepción de la menor pena; la ley procesal se aplica de inmediato, con apreciación favorable de las pruebas penales ya evacuadas y aplicación de la norma favorable en caso de duda.  Los actos públicos violatorios de derechos son nulos; los funcionarios incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa sin excusa en órdenes superiores.  Todos pueden solicitar protección judicial oportuna y efectiva de sus derechos e intereses, incluidos los colectivos o difusos, mediante justicia gratuita, accesible, imparcial, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas ni formalismos inútiles. (arts. 24–26; cf. 1961, arts. 44, 46, 68:  « órdenes superiores manifiestamente contrarias a la Constitución y a las leyes »).

El amparo judicial protege los derechos constitucionales e inherentes a la persona mediante procedimiento oral, público, breve, gratuito e informal, con restablecimiento inmediato o su equivalente más próximo.  Todo tiempo es hábil y el asunto tiene preferencia.  Cualquier persona puede solicitar protección de la libertad o seguridad, y el detenido pasa inmediatamente a custodia judicial.  La excepción o restricción de garantías no puede menoscabar el recurso. (art. 27; cf. 1961, art. 49:  « El procedimiento será breve y sumario »).

Las personas pueden acceder a los datos sobre sí mismas o sus bienes en registros públicos o privados, conocer su uso y finalidad y solicitar judicialmente la actualización, rectificación o destrucción de datos erróneos o ilegítimamente perjudiciales.  El acceso comprende también información de interés comunitario o colectivo, con reserva del secreto de las fuentes periodísticas y de las demás profesiones legalmente señaladas. (art. 28; nuevo; 1961, arts. 59, 63, 68:  sin disposición expresa correspondiente de acceso y rectificación de datos personales).

El Estado debe investigar y sancionar los delitos oficiales contra los derechos humanos.  Los crímenes de lesa humanidad, las violaciones graves de derechos humanos y los crímenes de guerra son imprescriptibles; las violaciones señaladas corresponden a tribunales ordinarios, sin indulto, amnistía u otros beneficios de impunidad.  El Estado debe indemnizar íntegramente las lesiones de derechos humanos que le sean imputables, proteger a las víctimas de delitos comunes y procurar la reparación por el culpable.  Las personas pueden acudir a órganos internacionales de derechos humanos creados por tratados, y el Estado debe adoptar medidas para cumplir sus decisiones. (arts. 29–31; cf. 1961, arts. 46–47:  « que no hayan sido causados por autoridades legítimas en el ejercicio de su función pública »).

La vida es inviolable, se prohíbe la pena de muerte y el Estado protege a quienes estén detenidos, presten servicio militar o civil o se hallen de otro modo bajo su autoridad.  La detención requiere ordinariamente orden judicial, salvo flagrancia y con presentación a la autoridad judicial dentro de cuarenta y ocho horas.  El juicio en libertad es la regla, con las excepciones legales apreciadas judicialmente; la caución no causa impuestos.  Los detenidos tienen derechos de comunicación inmediata, información, constancia de su condición, registro público de la detención y notificación consular aplicable.  Las penas son personales, nunca perpetuas ni infamantes, y la privación de libertad no puede exceder de treinta años.  Las autoridades deben identificarse; procede la libertad por orden competente o cumplimiento de la pena.  Se prohíben la esclavitud, la servidumbre y la trata. (arts. 43–44, 54; cf. 1961, arts. 48, 58, 60:  « en virtud de orden escrita del funcionario autorizado para decretar la detención »).

Se prohíbe la desaparición forzada incluso durante emergencia, excepción o restricción; las órdenes contrarias deben desobedecerse y denunciarse.  Los autores intelectuales y materiales, cómplices, encubridores y la tentativa incurren en sanción legal.  La integridad física, psíquica y moral excluye la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, con rehabilitación de las víctimas, custodia digna y sanción del abuso o tolerancia oficiales.  Los experimentos científicos y los exámenes médicos o de laboratorio requieren consentimiento libre, con las excepciones señaladas de peligro para la vida y las demás legales. (arts. 45–46; cf. 1961, art. 60(3):  « Nadie podrá ser incomunicado ni sometido a tortura »).

El hogar y los recintos privados son inviolables, salvo entrada judicial para impedir delitos o ejecutar decisiones legales respetando la dignidad; las visitas sanitarias legales requieren aviso previo.  Las comunicaciones privadas de toda forma son secretas e inviolables y sólo admiten interferencia por orden de tribunal competente conforme a la ley, preservando lo privado ajeno al proceso. (arts. 47–48; cf. 1961, arts. 62–63:  « Las visitas sanitarias que hayan de practicarse de conformidad con la ley sólo podrán hacerse previo aviso »).

El debido proceso rige las actuaciones judiciales y administrativas.  Se garantizan la defensa, la asistencia jurídica, la notificación, el acceso a las pruebas, la preparación adecuada, la exclusión de pruebas ilegales, el recurso con las excepciones legales, la presunción de inocencia, un tribunal previo competente, independiente e imparcial, el plazo razonable y la asistencia de intérprete.  Los jueces naturales deben estar identificados; se prohíben los tribunales de excepción.  Se excluyen la confesión o incriminación forzadas contra sí mismo o los familiares y parejas señalados.  Rigen la ley previa, la prohibición de nuevo juicio y la reparación estatal o personal por error judicial, retardo u omisión injustificados. (art. 49; cf. 1961, arts. 60, 68–69:  « Los reos de delito contra la cosa pública podrán ser juzgados en ausencia »).

El tránsito, el domicilio, la salida, el regreso y el traslado de bienes siguen siendo libertades legales; los venezolanos no requieren autorización de entrada ni pueden ser condenados al extrañamiento.  El acceso a vías alternativas en concesiones viales se sujeta a la ley.  La petición exige respuesta oportuna y adecuada, con sanciones legales por infracción.  Se protegen la asociación lícita, la reunión sin armas ni permiso previo y la manifestación pacífica; no pueden emplearse armas de fuego ni sustancias tóxicas para controlar manifestaciones pacíficas.  La República reconoce el asilo y refugio y prohíbe la extradición de venezolanos. (arts. 50–53, 68–69; cf. 1961, arts. 64, 67, 70–71, 115–116:  « salvo como conmutación de otra pena y a solicitud del mismo reo »).

Los órganos estatales de seguridad deben proteger a las personas, los bienes, los derechos y los deberes, con participación ciudadana legal y uso de la fuerza necesario, conveniente, oportuno y proporcional.  Todos tienen derecho a nombre propio, apellidos e identidad parentales, investigación de la filiación, inscripción gratuita del nacimiento y documentos de identidad sin calificación de la filiación.  Se protegen el honor, la vida privada y la intimidad, la imagen, la confidencialidad y la reputación; la ley limita la informática para resguardar la intimidad personal y familiar y los derechos. (arts. 55–56, 60; cf. 1961, arts. 59, 61, 75:  « Toda persona tiene derecho a ser protegida contra los perjuicios a su honor, reputación o vida privada. »).

La expresión por cualquier medio es libre de censura, con responsabilidad por lo expresado.  Se prohíben el anonimato, la propaganda de guerra, los mensajes discriminatorios y la promoción de intolerancia religiosa; los funcionarios no pueden ser censurados al informar de sus responsabilidades.  La comunicación es libre y plural.  Las personas tienen derecho a información oportuna, veraz e imparcial, a réplica y rectificación, y los niños a información adecuada para su desarrollo. (arts. 57–58; cf. 1961, art. 66:  « Tampoco se permitir la propaganda de guerra »).

El Estado protege a las familias, a quienes ejerzan su jefatura, la igualdad, solidaridad, respeto mutuo, vida en la familia de origen o sustituta y adopción en interés del niño, con la adopción internacional subsidiaria de la nacional.  La maternidad y la paternidad reciben protección cualquiera que sea el estado civil, con elección reproductiva, información, planificación familiar y asistencia recíproca entre padres e hijos.  El matrimonio entre un hombre y una mujer se funda en el consentimiento libre y la igualdad de derechos y deberes; las uniones estables de hecho entre un hombre y una mujer que reúnan los requisitos señalados producen los mismos efectos. (arts. 75–77; cf. 1961, arts. 73–75:  « La maternidad será protegida sea cual fuere el estado civil de la madre. »).

Los niños y adolescentes son sujetos plenos de derecho con protección de prioridad absoluta, legislación e instituciones especializadas y ciudadanía activa progresiva.  Los jóvenes reciben oportunidades de desarrollo y primer empleo.  Los ancianos conservan la dignidad, autonomía, seguridad social, trabajo adecuado y pensiones no inferiores al salario mínimo urbano.  Las personas con discapacidad reciben igualdad de oportunidades, integración, formación y empleo adecuado; las personas sordas o mudas pueden emplear la lengua de señas venezolana.  La vivienda adecuada con servicios es un derecho que aseguran progresivamente los ciudadanos y el Estado, con prioridad para las familias y quienes carezcan de medios. (arts. 78–82; cf. 1961, arts. 73, 75:  « para que la infancia y la juventud estén protegidas contra el abandono, la explotación o el abuso »).

La salud es un derecho social fundamental y una obligación estatal, con promoción, acceso, participación y deberes sanitarios legales.  Un sistema público nacional de salud gratuito, universal, integral, equitativo y participativo se integra con la seguridad social; sus bienes y servicios públicos no pueden privatizarse.  El Estado financia y regula la salud, apoya la formación y producción nacional de insumos y garantiza seguridad social universal no lucrativa para las contingencias enumeradas.  La incapacidad contributiva no puede excluir la protección; los recursos afectados no pueden desviarse y las cotizaciones obligatorias conservan su destino social y dirección estatal. (arts. 83–86; cf. 1961, arts. 76, 94:  « En forma progresiva se desarrollará un sistema de seguridad social »).

El trabajo es un derecho, deber y hecho social protegido.  El Estado promueve empleo productivo y digno y la protección de trabajadores independientes; los patronos garantizan seguridad, higiene y ambiente laboral.  La igualdad entre los sexos comprende el reconocimiento del trabajo doméstico como económicamente productivo y el derecho de las amas de casa a seguridad social conforme a la ley.  Los derechos y beneficios laborales son progresivos e irrenunciables, la realidad prevalece sobre las apariencias, las normas favorables se aplican íntegramente en caso de duda, los actos patronales inconstitucionales son nulos, se prohíbe la discriminación y se excluyen el trabajo adolescente perjudicial y la explotación. (arts. 87–89; cf. 1961, arts. 54, 84–85, 93:  « La mujer y el menor trabajador serán objeto de protección especial. »).

La jornada ordinaria máxima es de ocho horas diarias y cuarenta y cuatro semanales; la nocturna legal se limita a siete diarias y treinta y cinco semanales.  No pueden imponerse horas extraordinarias.  Se prescriben la reducción progresiva, el aprovechamiento del tiempo libre, el descanso semanal y las vacaciones remunerados.  El salario debe sustentar la dignidad y las necesidades familiares, con igualdad salarial, participación en los beneficios, inembargabilidad salvo obligación alimentaria y pago oportuno en moneda legal.  El salario mínimo vital público y privado se ajusta anualmente, tomando como referencia, entre otras, la canasta básica. (arts. 90–91; cf. 1961, art. 86:  « cuarenta y ocho semanales »).

Las prestaciones sociales recompensan la antigüedad y protegen frente a la cesantía; los salarios y prestaciones son créditos laborales inmediatamente exigibles, con intereses por mora que gozan de los privilegios correspondientes.  La ley protege la estabilidad y limita el despido injustificado, y los despidos inconstitucionales son nulos.  Los beneficiarios de servicios de intermediarios o contratistas responden conforme a la ley, sin menoscabo de la responsabilidad solidaria de éstos; la simulación y el fraude acarrean la responsabilidad patronal señalada. (arts. 92–94; cf. 1961, arts. 88–89:  « sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de éstos »).

Los trabajadores pueden constituir sindicatos y afiliarse libremente sin autorización previa ni intervención, suspensión o disolución administrativas, con protección frente a la discriminación e injerencia.  Los promotores y directivos reciben inamovilidad; las directivas internas se renuevan por sufragio universal, directo y secreto, el enriquecimiento personal es punible y los dirigentes declaran sus bienes.  Los trabajadores públicos y privados pueden negociar y celebrar convenciones colectivas que amparen a los empleados existentes y posteriores y ejercer la huelga con las condiciones legales. (arts. 95–97; cf. 1961, arts. 90–92:  « Los trabajadores tienen el derecho de huelga, dentro de las condiciones que fije la ley. »).

La creación cultural es libre, con protección legal de la propiedad intelectual.  Los valores culturales y el patrimonio tangible e intangible reciben protección, conservación, restauración y apoyo público; los bienes patrimoniales culturales son inalienables, imprescriptibles e inembargables.  La administración cultural pública tiene autonomía legal.  La expresión popular e intercultural recibe atención especial, incentivos y seguridad social para los trabajadores culturales.  Los medios deben difundir las obras culturales nacionales, y la televisión debe incorporar subtítulos y traducción a lengua de señas para las dificultades auditivas. (arts. 98–101; cf. 1961, arts. 83, 100:  « Los derechos sobre obras científicas, literarias y artísticas, invenciones, denominaciones, marcas y lemas gozarán de protección »).

La educación es un derecho humano democrático, gratuito y obligatorio, un deber social, un servicio público y una función estatal indeclinable, orientada a la personalidad, al conocimiento científico y humanístico, al trabajo, a la identidad, a la ciudadanía y a la participación social.  La obligatoriedad se extiende desde el maternal hasta la educación media diversificada; la educación estatal es gratuita hasta el pregrado universitario.  Se prescriben acceso igualitario, atención a necesidades especiales, inversión prioritaria, docentes idóneos, mérito, estabilidad profesional, regulación de títulos y colegiación y establecimientos privados inspeccionados.  Son obligatorias, según lo señalado, la educación ambiental, la lengua castellana, la historia y geografía venezolanas y los principios bolivarianos.  Los medios y redes públicas de información apoyan la ciudadanía y el acceso tecnológico. (arts. 102–108; cf. 1961, arts. 55, 78–82:  « la ley podrá establecer excepciones respecto de la enseñanza superior y especial, cuando se trate de personas provistas de medios de fortuna »).

La autonomía universitaria comprende el gobierno, patrimonio, investigación, docencia y extensión, con inviolabilidad del recinto universitario y autonomía legal para las universidades nacionales experimentales.  La ciencia, tecnología, innovación y servicios de información son de interés público y requieren recursos estatales, contribuciones privadas y garantías éticas.  El deporte y la recreación son derechos respaldados por políticas educativas y sanitarias; la educación física y el deporte son obligatorios hasta el ciclo secundario señalado, con protección de los atletas e incentivos legales. (arts. 109–111; nuevo; 1961, arts. 78–83:  sin disposiciones expresas correspondientes de autonomía universitaria, sistema de ciencia o derecho al deporte).

La actividad económica lícita y la iniciativa privada reciben protección dentro de los límites constitucionales, de desarrollo humano, sanitarios, de seguridad, ambientales y sociales, con planificación y regulación estatales.  Se combaten los monopolios, el abuso de dominio y la demanda concentrada; las concesiones legales de recursos o servicios públicos son temporales y requieren contraprestación adecuada al interés público.  Los delitos económicos reciben sanción legal severa.  Los consumidores tienen derechos de calidad, información veraz, elección, trato equitativo y reparación.  Las cooperativas, mutuales, cajas de ahorro y demás formas de beneficio colectivo reciben reconocimiento y apoyo. (arts. 112–114, 117–118; cf. 1961, arts. 72, 96–98:  « No se permitirán monopolios. »).

Se garantiza la propiedad con derechos de uso, goce, disfrute y disposición, sujeta a cargas legales de utilidad pública o interés general.  La expropiación requiere utilidad pública o interés social, sentencia firme y justa indemnización oportuna.  La confiscación se limita a los casos constitucionales; la sentencia judicial firme puede alcanzar los bienes de responsables de delitos contra el patrimonio público, enriquecimiento ilícito al amparo del Poder Público o actividades vinculadas al tráfico de estupefacientes y psicotrópicos. (arts. 115–116; cf. 1961, arts. 99–102:  « mediante sentencia firme y pago de justa indemnización »).

Los pueblos y comunidades indígenas conservan su organización, cultura, costumbres, idiomas, religiones, hábitat y derechos colectivos ancestrales sobre las tierras.  El Ejecutivo demarca con su participación; las tierras son inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles.  La explotación de recursos exige información y consulta previas y no puede lesionar la integridad cultural, social o económica.  Se protegen la identidad, espiritualidad, lugares sagrados, educación intercultural bilingüe, salud adecuada y medicina tradicional.  Los pueblos indígenas forman parte de un solo pueblo venezolano soberano e indivisible y deben resguardar la integridad nacional; el término pueblo no tiene aquí su sentido de derecho internacional. (arts. 119–122, 126; cf. 1961, art. 77:  « su incorporación progresiva a la vida de la Nación »).

Se protegen las prácticas económicas indígenas, la actividad productiva, la participación nacional, las prioridades, la formación, la asistencia técnica y financiera y los derechos laborales.  Se garantiza la propiedad intelectual colectiva sobre conocimientos, tecnologías e innovaciones; la actividad de recursos genéticos debe beneficiar al colectivo, y se prohíben patentes sobre estos recursos y conocimientos ancestrales.  Se garantiza la representación política y legislativa indígena conforme a la ley, cuya ejecución electoral se registra en CIV-SUF y CON-FIN. (arts. 123–125; cf. 1961, art. 77:  « El Estado propenderá a mejorar las condiciones de vida de la población campesina. »).

Cada generación debe proteger el ambiente, y todos tienen derecho individual y colectivo a una vida y entorno seguros, sanos y ecológicamente equilibrados.  El Estado protege la biodiversidad, los recursos genéticos, los procesos ecológicos y las áreas protegidas; los genomas vivos no pueden patentarse.  Rigen la ordenación territorial sostenible y participativa, los estudios previos de impacto ambiental y sociocultural, la exclusión de desechos tóxicos y las prohibiciones de armas nucleares, químicas y biológicas.  Los contratos y permisos que afecten a los recursos incorporan, aunque no estén expresas, obligaciones de equilibrio ecológico, acceso y transferencia de tecnología convenidos y restauración. (arts. 127–129; cf. 1961, art. 106:  « la explotación de los mismos estará dirigida primordialmente al beneficio colectivo de los venezolanos »).

Los deberes comprenden el honor y defensa nacionales, la protección de los símbolos, valores culturales, soberanía, nacionalidad, territorio, autodeterminación e intereses nacionales; la obediencia al orden constitucional y legal y a los actos públicos; la responsabilidad social y solidaridad en derechos humanos; las contribuciones públicas legales; los servicios civiles o militares necesarios y los electorales, sin reclutamiento forzoso; y la asistencia humanitaria y el servicio profesional comunitario conforme a la capacidad y a la ley. (arts. 130–135; cf. 1961, arts. 51–57:  « El servicio militar es obligatorio y se presta sin distinción de clase o condición social »).

El presidente en Consejo puede declarar la excepción por circunstancias sociales, económicas, políticas, naturales o ecológicas graves que excedan de las facultades ordinarias.  Las garantías pueden restringirse temporalmente, salvo la vida, la proscripción de la incomunicación o tortura, el debido proceso, la información y los demás derechos humanos intangibles.  La alarma dura hasta treinta días; la emergencia económica, sesenta; y la conmoción interior o exterior, noventa, cada una prorrogable una vez por igual plazo con aprobación de la Asamblea.  La ley orgánica rige las medidas. (arts. 337–338; cf. 1961, arts. 240–241:  « podrá restringir o suspender las garantías constitucionales »).

Los decretos de excepción regulan los derechos afectados y se someten dentro de ocho días a la Asamblea o a la Comisión Delegada para su consideración y aprobación y a la Sala Constitucional para juicio de constitucionalidad.  Deben cumplir el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  La revocación ejecutiva o legislativa sigue al cese de las causas; los órganos públicos continúan funcionando. (art. 339; cf. 1961, arts. 242–244:  « dentro de los diez días siguientes a su publicación »).

REG-MIL—Fuerza armada

La seguridad nacional es una competencia estatal esencial fundada en el desarrollo integral, con responsabilidad de defensa extendida a los venezolanos y a las personas públicas y privadas presentes en el espacio nacional.  El Estado y la sociedad civil comparten responsabilidad en los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar.  Los servicios civiles o militares necesarios se sujetan a la ley, sin reclutamiento forzoso.  La seguridad fronteriza tiene prioridad, con franjas, regímenes especiales, poblamiento y uso legales que protejan parques, hábitats indígenas y áreas de administración especial. (arts. 134, 156(7–8), 322, 326–327; cf. 1961, art. 53:  « El servicio militar es obligatorio y se presta sin distinción de clase o condición social »).

El presidente preside el Consejo de Defensa de la Nación, órgano superior de planificación y consulta de defensa, con la composición ejecutiva, legislativa, judicial, ciudadana y ministerial señalada.  Determina el concepto estratégico nacional conforme a la ley orgánica.  Sólo el Estado puede poseer y usar armas de guerra, que pasan a propiedad de la República sin indemnización ni proceso; la Fuerza Armada regula las demás armas, municiones y explosivos conforme a la ley.  El Ejecutivo se reserva la clasificación y divulgación de las operaciones de seguridad dentro de los términos legales. (arts. 323–325, 236(23); cf. 1961, art. 133:  « Sólo el Estado puede poseer y usar armas de guerra. »).

La Fuerza Armada Nacional es esencialmente profesional, sin militancia política y al servicio exclusivo de la Nación mediante la defensa militar, la cooperación en el orden interno y el desarrollo nacional activo, conforme a la disciplina, obediencia y subordinación.  Comprende Ejército, Armada, Aviación y Guardia Nacional, con régimen propio de seguridad social integral.  Los tres primeros planifican, ejecutan y controlan las operaciones de defensa; la Guardia coopera y tiene como responsabilidad principal las operaciones de orden interno.  La ley puede atribuir actividades de policía administrativa e investigación penal. (arts. 328–329; cf. 1961, art. 132:  « Las Fuerzas Armadas Nacionales forman una institución apolítica, obediente y no deliberante »).

Los militares en servicio activo pueden votar conforme a la ley, pero no optar a cargos electivos ni participar en propaganda, militancia o proselitismo político.  Los ascensos siguen el mérito, escalafón, plazas vacantes y ley, como competencia exclusiva de la Fuerza Armada; el presidente ejerce el mando supremo, fija los contingentes y promueve a los oficiales desde coronel o capitán de navío.  La Asamblea autoriza las misiones venezolanas en el exterior y las extranjeras en Venezuela. (arts. 330–331, 236(5–6), 187(11); cf. 1961, art. 150(5):  « Autorizar el ascenso de oficiales de las Fuerzas Armadas, desde Coronel o Capitán de Navío, inclusive »).

La seguridad ciudadana nacional comprende la policía nacional uniformada, la investigación científica y criminal, los bomberos y la administración civil de emergencias y la protección civil y administración de desastres.  Protege a las personas, hogares, derechos y orden público, apoya a la autoridad legal y comparte competencia con Estados y Municipios.  Los órganos deben respetar la dignidad y los derechos humanos sin discriminación; el uso de la fuerza se sujeta a la necesidad y proporcionalidad conforme a la ley. (arts. 55, 332; cf. 1961, art. 136(5):  « Los servicios de identificación y de policía nacional »).

Las disposiciones ejecutivas y de seguridad no contienen una regla expresa correspondiente que prohíba el ejercicio simultáneo de autoridad civil y militar fuera de la Presidencia. (arts. 225–226, 236, 322–332; cf. 1961, art. 131:  « La autoridad militar y la civil no podrán ejercerse simultáneamente por un mismo funcionario, excepto por el Presidente de la República »).

REG-REL—Religión

Se garantizan la creencia religiosa, la enseñanza, la práctica y el culto privado o público dentro de la moral, las buenas costumbres y el orden público.  Las iglesias y confesiones gozan de independencia y autonomía con los límites constitucionales y legales; los padres pueden procurar educación religiosa conforme a sus convicciones.  La creencia no excusa la desobediencia legal ni impide el derecho ajeno.  La conciencia es libre dentro de los límites personales y penales señalados, sin exención de deberes legales.  Estas disposiciones no contienen una cláusula expresa correspondiente de Patronato Eclesiástico. (arts. 59, 61; cf. 1961, arts. 65, 130:  « En posesión como está la República del Derecho de Patronato Eclesiástico »).

Se exige estado seglar a los gobernadores, alcaldes, presidente y, por los requisitos presidenciales, al vicepresidente ejecutivo.  Los artículos de requisitos ministeriales, del Tribunal Supremo, del defensor del pueblo, fiscal y contralor no contienen exigencia expresa correspondiente de estado seglar. (arts. 160, 174, 227, 238, 244, 263, 280, 284, 288; cf. 1961, arts. 21, 182, 195, 237:  « mayor de treinta años y de estado seglar »).

ECO-INF—Infraestructura

Los yacimientos mineros y de hidrocarburos pertenecen a la República como bienes de dominio público inalienables e imprescriptibles; las costas marinas son de dominio público.  La competencia nacional comprende recursos, calidad y metrología, estadística, ingeniería y urbanismo, obras, salud, educación, vivienda, seguridad alimentaria, agricultura, transporte, puertos y aeropuertos, caminos y ferrocarriles, comunicaciones, servicios domiciliarios, fronteras y legislación señalada.  Las concesiones mineras no pueden ser indefinidas; la ley asigna participaciones económicas especiales a los Estados.  Las obras, servicios, vías e instalaciones nacionales coordinadas de los Estados y Municipios se sujetan a sus respectivas competencias. (arts. 12, 156(16–20), (23–30), (32), 164(5), (8–10), 178; cf. 1961, art. 136(10):  « pero no podrá enajenar las salinas, ni otorgar concesiones mineras por tiempo indefinido »).

El orden socioeconómico se funda en la justicia social, democracia, eficiencia, libre competencia, protección ambiental, productividad y solidaridad, con desarrollo estatal y privado y planificación estratégica democrática y participativa.  La inversión extranjera recibe las mismas condiciones que la nacional y no puede gozar de regímenes más favorables.  La ley orgánica reserva la actividad petrolera y las demás actividades estratégicas de interés público; se promueven la manufactura y tecnología nacionales.  El Estado conserva todas las acciones de Petróleos de Venezuela, S.A., o de su sucesor gestor, con la excepción señalada para filiales, asociaciones estratégicas, empresas y demás entidades de desarrollo de negocios. (arts. 299–303; cf. 1961, arts. 95, 98, 107:  « La ley establecerá las normas relativas a la participación de los capitales extranjeros en el desarrollo económico nacional. »).

Todas las aguas son bienes de dominio público nacional.  El Estado promueve la agricultura sostenible, la seguridad alimentaria mediante la producción interna, el desarrollo rural, la infraestructura productiva, los insumos, el crédito, la formación y la asistencia técnica, protegiendo a las comunidades pesqueras artesanales y sus caladeros.  El latifundio es contrario al interés social; la ley grava las tierras ociosas y dispone su transformación productiva, la propiedad campesina de la tierra, las asociaciones agrícolas, la ordenación sostenible y el apoyo parafiscal excepcional. (arts. 304–307; cf. 1961, art. 105:  « El régimen latifundista es contrario al interés social. »).

La pequeña y mediana industria, las cooperativas, las cajas de ahorro, las empresas familiares y comunitarias, la artesanía y las industrias populares tradicionales reciben formación, crédito, protección y promoción.  El turismo es prioridad de interés nacional para la diversificación y el desarrollo sostenible.  Las redes públicas de información, la ciencia y tecnología, la ordenación territorial participativa y la evaluación ambiental y sociocultural complementan los derechos y deberes registrados en RTS-GAR. (arts. 308–310, 108, 110, 128–129; cf. 1961, arts. 72, 106, 136(24):  « la de turismo »).

CON-FIN—Disposiciones finales

Se deroga la Constitución de 23 de enero de 1961; el resto del ordenamiento continúa en cuanto sea compatible con la nueva Constitución.  La disposición final da vigencia a ésta con su publicación en la Gaceta Oficial después de la aprobación popular en referendo. (disposición derogatoria; disposición final; cf. 1961, arts. 251–252:  « Las disposiciones transitorias se dictan en texto separado. »).

La Asamblea Constituyente debe aprobar la ley especial capitalina preservando la integridad territorial de Miranda; entretanto continúan los regímenes orgánicos existentes del Distrito Federal y municipal.  Hasta la legislación de nacionalidad, se consideran domiciliados los extranjeros señalados que hayan ingresado legalmente, tengan medios lícitos de vida, hayan declarado intención de domicilio y residido dos años ininterrumpidos.  Las declaraciones de nacionalidad se formulan auténticamente por el adulto interesado o por representante legal bajo la condición impresa de veintiún años. (disposiciones transitorias I–II; cf. 1961, disposiciones transitorias I–IV:  « se mantiene en vigencia el actual régimen y organización municipal de la República »).

Dentro de los seis meses siguientes a su instalación, la Asamblea debe aprobar la legislación penal sobre desaparición forzada, aplicando entretanto la Convención Interamericana en lo posible, una ley orgánica de excepción y un régimen fronterizo especial para los Municipios José Antonio Páez y Rómulo Gallegos de Apure, previas las consultas señaladas. (disposición transitoria III; nuevo; 1961, disposiciones transitorias I–XXIII:  sin programa correspondiente de seis meses para estas tres leyes de desarrollo).

Dentro del primer año, la Asamblea debe legislar sobre tortura, refugio y asilo, un nuevo régimen de prestaciones de antigüedad proporcional al servicio y calculado conforme al último salario, con prescripción de diez años, reducción progresiva de la jornada y jurisdicción laboral autónoma y especializada mediante procedimientos gratuitos, céleres, orales, inmediatos, equitativos y atentos a la realidad de los hechos.  El régimen de antigüedad existente continúa hasta la reforma. (disposición transitoria IV(1–4); nuevo; 1961, disposiciones transitorias I–XXIII:  sin programa correspondiente del primer año para estas leyes protectoras y laborales).

La legislación del primer año debe comprender justicia, administración pública, Poderes Ciudadano y Electoral, tributos, presupuesto, crédito, defensa pública, hacienda estadal, organización municipal, Banco Central y policía nacional.  La defensa pública queda temporalmente a cargo de la comisión de reestructuración del sistema judicial.  La ley del Banco debe prescribir funciones, gobierno, auditoría y participación ejecutiva y legislativa en los nombramientos.  Dentro de un año de la entrada en vigencia constitucional debe reformarse el código tributario en las materias interpretativas, de irretroactividad, antievasión, penas, responsabilidad, intereses, prescripción, fiscalización y procedimiento enumeradas.  Dentro de dos años, la Asamblea legisla sobre todas las materias constitucionales, con prioridad para pueblos indígenas, educación y fronteras. (disposición transitoria IV(5–9), V–VI; nuevo; 1961, disposiciones transitorias I–XXIII:  sin calendario integral correspondiente de leyes de desarrollo).

Hasta la ley orgánica, las candidaturas indígenas requieren idioma indígena y por lo menos una de las condiciones señaladas de autoridad tradicional, reivindicación, servicio u organización.  El texto especifica las regiones occidental, meridional y oriental, sus Estados integrantes, la declaración por mayoría de la autoridad electoral, la inclusión en las boletas para todos los electores estadales y el censo de 1992 para la representación territorial.  Imprime « Cada uno de los Estados que componen las regiones elegirá un representante ».  El Consejo Nacional Electoral realiza los procesos electorales existentes y nuevos hasta las nuevas leyes.  Sus primeros integrantes se designan simultáneamente, con renovación de dos a mitad del período. (disposiciones transitorias VII–VIII; nuevo; 1961, disposiciones transitorias I–XXIII:  sin procedimiento correspondiente de elecciones indígenas ni Consejo Electoral inicial).

Las leyes orgánicas existentes del Ministerio Público y de la Contraloría continúan hasta la legislación del Poder Ciudadano; la Asamblea Constituyente designa un defensor del pueblo provisional para organizar la institución.  El deber estadal de invertir el cincuenta por ciento del Situado comienza el 1 de enero de 2001.  La administración nacional de baldíos continúa hasta la legislación; la demarcación del hábitat indígena debe concluir dentro de dos años.  El régimen de especies fiscales existente continúa hasta que las leyes estadales asuman la competencia del artículo 164(7). (disposiciones transitorias IX–XIII; cf. 1961, disposiciones transitorias XVI–XVII:  « Mientras la ley orgánica provea lo conducente »).

Las ordenanzas e instrumentos fiscales municipales se mantienen hasta la legislación de desarrollo.  El derecho vigente sobre requisitos profesionales continúa hasta la legislación del artículo 105.  El cronista de la Asamblea Constituyente debe preservar sus registros de imagen, sonido, escritos, digitales, fotográficos, hemerográficos y demás, bajo el Archivo General de la Nación.  La disposición de registro imprime « secciones y actividades ». (disposiciones transitorias XIV–XVI; cf. 1961, disposición transitoria XXIII:  « se mantiene en vigencia el ordenamiento jurídico existente »).

Los órganos públicos y privados que expidan documentos deben emplear inmediatamente República Bolivariana de Venezuela; la papelería ordinaria se sustituye progresivamente dentro de cinco años, y la transición monetaria sigue la reforma de la ley del Banco Central.  Una ley de control de monopolios debe establecer un organismo supervisor cuyo titular designe la mayoría de la Asamblea previo informe favorable de una comisión especial, la aplicación directa de los principios del artículo 113 y reglas sobre utilidad y financiamiento de las concesiones de servicios públicos. (disposiciones transitorias XVII–XVIII; nuevo; 1961, disposiciones transitorias I–XXIII:  sin programa correspondiente de transición de la denominación de la República ni supervisión de monopolios).

El cierre registra la aprobación popular por referendo constituyente el 15 de diciembre de 1999 y la proclamación por la Asamblea Nacional Constituyente en Caracas el 20 de diciembre de 1999, año 189 de la Independencia y 140 de la Federación.  Firman Luis Miquilena como presidente, Isaías Rodríguez como primer vicepresidente y Aristóbulo Istúriz como segundo vicepresidente, con los constituyentes nacionales, territoriales e indígenas enumerados y los secretarios Elvis Amoroso y Alejandro Andrade.  El Cúmplase final nombra a Luis Miquilena como presidente de la Asamblea Constituyente.  El cierre imprime « LUIS MIQUELENA », mientras la fórmula de cumplimiento imprime « LUIS MIQUILENA ». (fórmulas de cierre y Cúmplase, pp. 66–67; cf. 1961, fórmulas de cierre y Ejecútese, pp. 32–33:  « a los veintitrés días del mes de enero de mil novecientos sesenta y uno »).

Recensión

Centro para la Integración y el Derecho Público (CIDEP).

Constitución de 1999, recensión del CIDEP (PDF)


« Perla del Adriático »

October 22, 2026

Saludo al Palacio Ducal por el vedutista símbolo de Venecia Antonio Canaletto 1697-1768,
El Palacio Ducal de Venecia. Giovanni Antonio Canal, conocido como Canaletto (1697–1768).

Antes de visitar Venecia, recordé la conocida, aunque discutida, explicación que vinculaba el nombre de mi país con la semejanza que Américo Vespucio había advertido entre los palafitos indígenas próximos al lago de Maracaibo y la ciudad italiana. Otra interpretación sitúa el origen del nombre de Venezuela en un topónimo indígena, recogido como Veneciuela por Martín Fernández de Enciso en 1519. La historia de la Pequeña Venecia era una de las asociaciones que me acompañaban al emprender el viaje.

Cuando llegué a Venecia, llevaba años familiarizado con sus representaciones. Conocía la ciudad a través de las pinturas de Canaletto y Francesco Guardi, del tratamiento de la atmósfera en las vistas de J. M. W. Turner y de los escritos de Goethe, Nietzsche y Thomas Mann. Los grabados de Piranesi sobre la Antigüedad contribuían a la imagen que me había formado de Italia. Venecia había sido para Poe un «Elíseo marino amado por las estrellas», para Dickens una ciudad soñada y para Herzen una «locura del genio»; Mann la había descrito como «mitad leyenda, mitad trampa para forasteros». Aquellas representaciones habían influido en lo que esperaba encontrar.

Comprendí que parte del atractivo de Venecia residía en su fragilidad. Los monumentos, puentes y canales de la Serenísima atestiguaban la perseverancia y la pericia necesarias para mantener la ciudad a lo largo de los siglos.

Como pintor, quería estudiar de cerca las obras de Antonio Vivarini, Pisanello, Giovanni Bellini, Vittore Carpaccio, Jacopo Bassano, Tiziano, Palma el Viejo, Tintoretto, Lorenzo Lotto, Paolo Veronese y Giambattista Tiepolo. Me atraían el tratamiento de la materia pictórica en la escuela veneciana, el matiz agridulce de su gama cromática y el modo en que el color daba profundidad a la atmósfera e impregnaba la figura humana. Quería examinar esas cualidades ante las propias obras.

La arquitectura ofrecía otro ámbito de observación. Las influencias bizantinas, islámicas y góticas convivían con el lenguaje clásico de Andrea Palladio y el barroco de Baldassare Longhena. Los edificios de Palladio y su tratado Los cuatro libros de arquitectura difundieron su interpretación de la arquitectura clásica más allá de Venecia e influyeron en generaciones de arquitectos. Una visita tan breve solo permitía una aproximación a esas tradiciones.

Por las limitaciones físicas de mi madre, habíamos previsto una estancia de tres días y un recorrido sin prisas. Nos alojamos en el hotel Amadeus, cerca del Gran Canal y de la estación de ferrocarril de Santa Lucia, desde donde continuaríamos el viaje a Roma. En otoño había menos turistas, y los jóvenes seguían reuniéndose al aire libre, en los puentes y en las plazas.

En el Caffè Florian de la plaza de San Marcos, abierto desde el siglo XVIII, nos detuvimos a tomar un refrigerio mientras escuchábamos una orquesta que tocaba al aire libre. Nunca habíamos pagado tanto por un refrigerio, pero la música y el entorno hicieron memorable aquel momento.

Recorrimos las calles y los callejones para observar las fachadas y los espacios más recogidos que se abrían entre ellas. También fuimos en vaporetto a los Giardini di Castello, en el extremo oriental de la ciudad, para visitar la 48.ª Exposición Internacional de Arte de la Bienal de Venecia, celebrada en 1999. Entre los pabellones nacionales se encontraba el de Venezuela.

Más tarde, cuando esperábamos para salir de Roma hacia Venezuela, mi madre me pidió que me pusiera a su lado. Nos situamos ante una pared de espejos y ella dijo: «Así nos recordaremos siempre».

Ricardo F. Morín, 12 de octubre de 2026. En tránsito.


« El Derecho que obliga a Estados Unidos »

October 2, 2026


Ricardo F. Morín
Ligadura
Acuarela y tinta con líneas incisas sobre papel cartón
20,3 × 25,4 cm
2005

Estados Unidos no deja de estar sujeto al Derecho cuando adquiere el poder de determinar lo que otro país puede hacer.  Sus funcionarios necesitan habilitación conforme al ordenamiento estadounidense.  El Estado sigue sujeto a sus obligaciones internacionales.  Ninguna de esas exigencias queda satisfecha por el mero hecho de que el gobierno sometido al poder estadounidense consienta en el acuerdo resultante.

La competencia constitucional venezolana y la responsabilidad jurídica estadounidense son cuestiones distintas.  La primera atañe a la potestad de conferir derechos sobre la riqueza de la República.  La segunda, a los medios por los cuales Estados Unidos obtuvo esos derechos y al fundamento jurídico de la actuación de sus funcionarios.  Un contrato estadounidense no puede suplir una competencia venezolana inexistente.  El consentimiento del gobierno venezolano tampoco puede conferir una potestad que el ordenamiento estadounidense no otorga ni excusar el incumplimiento de una obligación internacional que vincula a Estados Unidos.

La distinción ya estaba presente antes de la intervención de enero.  El 23 de diciembre de 2025, la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia dictaminó que el presidente podía ordenar la participación de militares en la extracción de Nicolás Maduro de Venezuela para someterlo a proceso penal en Estados Unidos.  El memorando se circunscribía expresamente al Derecho interno.  Su conclusión inicial dependía de los intereses nacionales atendidos y de que la fuerza prevista no alcanzara el umbral de una guerra en sentido constitucional. [1]

El dictamen recogía la interpretación del poder ejecutivo sobre la potestad presidencial para la operación propuesta.  La autorización del Congreso y el control judicial conservan su condición de instancias distintas de decisión constitucional.  Cada ejercicio posterior del poder estadounidense sobre el gobierno, los ingresos o el petróleo de Venezuela requiere su propio fundamento jurídico.

La Constitución atribuye al Congreso la potestad de declarar la guerra y hace del presidente el comandante en jefe.  La controversia sobre el límite entre esas atribuciones no puede resolverse mediante la descripción que el presidente haga de sus propios actos.  Tampoco un dictamen del ejecutivo sobre ese límite determina si es lícito vulnerar la soberanía de otro Estado. [2]

El 4 de enero, el embajador Mike Waltz invocó públicamente la legítima defensa al amparo del artículo 51. [3]  El 5 de enero declaró ante el Consejo de Seguridad que Estados Unidos había llevado a cabo una operación de persecución penal con apoyo militar.  Invocó las acusaciones contra Maduro y Cilia Flores, la responsabilidad del presidente de proteger a los estadounidenses y la falta de legitimidad de Maduro.  Negó asimismo que Estados Unidos estuviera ocupando Venezuela. [4]

Una acusación penal habilita actuaciones dentro de un ordenamiento jurídico.  No autoriza por sí sola el empleo de la fuerza armada en otro Estado.  La Carta de las Naciones Unidas prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política.  Entre los fundamentos pertinentes para exceptuar esa prohibición figuran la autorización del Consejo de Seguridad y la legítima defensa; el consentimiento válido del Estado territorial exige un examen distinto.  El artículo 51 establece el ataque armado como presupuesto del derecho inmanente que reconoce. [5]

La Administración debe explicar cómo se articulan esas justificaciones y acreditar los presupuestos de cada una.  El propósito de perseguir un delito no satisface por sí mismo los requisitos internacionales de la legítima defensa; invocar la legítima defensa tampoco acredita por sí mismo la habilitación interna para la operación.  La Administración debe identificar el ataque armado en que se funda y explicar la necesidad y la proporcionalidad de su respuesta.  El artículo 51 exige además comunicar inmediatamente al Consejo las medidas adoptadas en legítima defensa. [5]

El 6 de enero, la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos rechazó la intervención militar unilateral como medio de exigir responsabilidad por las violaciones de derechos humanos en Venezuela y sostuvo que la operación menoscababa la prohibición del uso de la fuerza.  El 13 de enero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos insistió igualmente en el respeto de la soberanía, la no intervención y las prohibiciones de la agresión y del uso de la fuerza, al tiempo que reiteró sus conclusiones sobre la represión del gobierno de Maduro. [6] [7]

Esos pronunciamientos institucionales identifican obligaciones que siguen vigentes aunque el gobierno contra el cual se actúa cometa abusos.  Si la Administración se ampara, en cambio, en una invitación a intervenir, debe identificar un consentimiento válido anterior a la operación y acreditar que sus fuerzas se mantuvieron dentro de sus límites.  El reconocimiento de una autoridad de su preferencia no puede sustituir al consentimiento mismo. [8]

La Resolución sobre los Poderes de Guerra somete la actuación militar del presidente a deberes de información y a requisitos de cese. [9]  El 14 de enero, el Senado acogió una cuestión de orden contra la tramitación privilegiada de la resolución conjunta S.J.Res. 98, que disponía la retirada de las fuerzas estadounidenses de hostilidades no autorizadas dentro de Venezuela o contra ella.  La votación quedó empatada, cincuenta a cincuenta; el vicepresidente votó a favor de la cuestión de orden. [10]

Esa votación impidió que la medida avanzara y dejó sin resolver la cuestión de sujeción a la ley.  El Congreso confiere potestades mediante leyes.  El fracaso de una iniciativa destinada a contener al presidente acredita la incapacidad política de imponer ese límite, no el otorgamiento de la potestad controvertida.

Las disposiciones financieras plantean sus propias exigencias de habilitación jurídica estadounidense.

La Orden Ejecutiva 14373, dictada el 9 de enero, reconoce determinados ingresos procedentes de recursos naturales venezolanos como bienes soberanos de Venezuela y califica la posesión estadounidense como custodia.  Sin embargo, encomienda al secretario de Estado determinar los fines públicos, gubernamentales o diplomáticos para los cuales podrán desembolsarse esos fondos y ordena al Tesoro seguir sus instrucciones. [11]

La orden invoca la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.  El apartado 1702(a)(1)(B) autoriza una amplia regulación de las transacciones que afectan a bienes extranjeros.  El apartado 1702(a)(1)(C) permite, por separado, su confiscación cuando Estados Unidos participa en hostilidades armadas o ha sufrido un ataque, previa determinación presidencial que vincule al propietario extranjero con esas hostilidades o ataques.  La ley distingue el control de las transacciones de la atribución de la propiedad en beneficio estadounidense. [12]

La Administración debe dar cuenta de su conducta conforme a esa distinción.  Su orden de enero afirma que ejerce la custodia, pero atribuye a funcionarios estadounidenses las decisiones sobre el uso de la riqueza venezolana.  Toda adquisición posterior de la propiedad requiere habilitación para adquirirla.  Las potestades de control de las transacciones no pueden equipararse sin más a potestades de apropiación en beneficio estadounidense. [11] [12]

Los senadores Ron Wyden, Elizabeth Warren y Sheldon Whitehouse abordaron precisamente ese problema de control sin propiedad en una carta fechada el 16 de septiembre y publicada al día siguiente.  Con remisión a informaciones de prensa, señalaron que se habían depositado al menos 13.000 millones de dólares de ingresos petroleros venezolanos en una cuenta de custodia del Tesoro.  Preguntaron qué límites constitucionales o legales rigen unos fondos que no pertenecen a Estados Unidos, pero cuyo uso controlan sus funcionarios. [13]

Los senadores solicitaron estados de cuenta, registros de transacciones, solicitudes venezolanas de gasto y salvaguardias contra desembolsos indebidos.  El plazo de respuesta, fijado para el 5 de octubre, aún no había vencido el 30 de septiembre.  La carta exige formalmente a la Administración que dé cuenta de sus atribuciones y de su conducta. [13]  La propia orden de la Administración califica esos fondos como bienes soberanos venezolanos bajo custodia estadounidense.  Sobre esa premisa, corresponde a la Administración acreditar la potestad en virtud de la cual funcionarios estadounidenses deciden su uso. [11]

El acuerdo petrolero añade otro acto que requiere habilitación.  El 31 de agosto, la Casa Blanca anunció que North American Blue Energy Partners había otorgado a la Oficina de Capital Estratégico una participación del 35 por ciento en el capital de su sociedad matriz.  Anunció asimismo derechos preferentes de compra y facultades sobre el gobierno de la sociedad.  La hoja informativa destacó que la participación estadounidense no suponía coste alguno para el contribuyente. [14]

La aceptación, la administración y la disposición de esa participación requieren, cada una, habilitación jurídica.  La gratuidad de la adquisición resuelve una cuestión de coste, pero deja por acreditar la potestad del organismo para adquirir el activo.  Los ingresos percibidos por cuenta de Estados Unidos también deben someterse a la legislación federal sobre ingresos y gastos públicos. [15]

Un informe del Servicio de Investigación del Congreso, actualizado el 8 de septiembre, describe el programa de asistencia financiera de la Oficina de Capital Estratégico en términos de préstamos, garantías de préstamos y asistencia técnica.  Identifica por separado un proyecto legislativo que autorizaría determinadas inversiones en capital social. [16]

Corresponde, por tanto, a la Administración identificar el fundamento jurídico concreto de la participación en NABEP.  El instrumento que la confiere y la habilitación invocada permitirían determinar si la operación se encuentra dentro de una potestad existente y cumple sus condiciones.  Un anuncio de prensa deja incompleta esa justificación legal.

La habilitación legal estadounidense, aun acreditada, sólo resolvería la cuestión interna.  El Derecho internacional determina por separado si Estados Unidos ha incumplido una obligación que le incumbe fuera de su propio ordenamiento.  El artículo 3 de los artículos de la Comisión de Derecho Internacional sobre la responsabilidad del Estado expresa la distinción:  la calificación de un acto como lícito en el Derecho interno no determina su licitud internacional. [17]

La Carta de la Organización de los Estados Americanos regula con particular precisión la obtención de ventajas.  El artículo 19 prohíbe la intervención directa e indirecta.  El artículo 20 prohíbe la coacción económica o política dirigida a forzar la voluntad soberana de otro Estado y obtener ventajas.  El artículo 21 rechaza el reconocimiento de adquisiciones territoriales o ventajas especiales obtenidas por la fuerza u otros medios de coacción. [18]

Esas disposiciones someten al Derecho la relación entre presión y beneficio.  Puede haber intervención coercitiva sin ocupación militar, y una empresa privada puede servir de instrumento para obtener una ventaja mediante presión gubernamental.

La secuencia documentada resulta, por ello, pertinente:  las fuerzas estadounidenses capturaron al presidente y lo sacaron del país; una orden estadounidense sometió a supervisión estadounidense las decisiones sobre los ingresos venezolanos; la Administración anunció después intereses estadounidenses duraderos en la producción petrolera y en el gobierno societario.  Ya en abril, el presidente Trump había descrito la relación económica como semejante a una empresa conjunta y había afirmado que el ataque había rendido muchas veces lo que había costado. [4] [11] [14] [19]

La secuencia permite inferir una relación entre la intervención y la ventaja económica.  Para establecer la existencia de coacción prohibida es preciso acreditar cómo la presión estadounidense limitó la decisión soberana venezolana y contribuyó a obtener los derechos concretos.  La descripción del propio presidente aporta prueba de esa relación y exige examinar conjuntamente la acción militar y su rendimiento económico.

La invocación del acuerdo gubernamental por la Administración debe examinarse, por tanto, a la luz de las circunstancias en que se obtuvo.  El consentimiento es pertinente.  Su constancia en un instrumento no basta, sin examen, para descartar la alegación de que fue obtenido mediante fuerza o coacción.

La estructura societaria exige igual precisión.  La Casa Blanca distingue su acuerdo con NABEP, regido por el Derecho estadounidense, de las concesiones venezolanas de la empresa, regidas por la legislación venezolana. [14]  Un contrato con una sociedad privada no constituye automáticamente un tratado entre Estados.  Antes de aplicar las normas sobre validez de los tratados, deben identificarse los compromisos intergubernamentales que puedan acompañarlo.

Cuando el instrumento es un tratado, la regla recogida en el artículo 52 de la Convención de Viena contempla el consentimiento obtenido mediante amenazas o fuerza ilícitas.  La falta de ratificación estadounidense exige atender a la norma consuetudinaria aplicable.  La pregunta previa sobre la conducta estadounidense sigue siendo directa:  ¿empleó Estados Unidos fuerza o coacción prohibidas para obtener las ventajas que ahora reivindica? [20] [21]

Los funcionarios estadounidenses siguen respondiendo de sus propios actos en toda esa estructura societaria.  Sus decisiones de dirigir el uso de ingresos, adquirir participaciones y ejercer potestades gubernamentales constituyen conducta de Estados Unidos.  Atribuirle otros actos de la sociedad requiere prueba adicional, pero la propia Administración ya ha anunciado su participación. [17]

La soberanía permanente sobre los recursos naturales aporta otro principio aplicable.  Su fuerza jurídica no depende únicamente del valor de una declaración de la Asamblea General.  La Corte Internacional de Justicia lo ha reconocido como principio de Derecho internacional consuetudinario y reafirmó expresamente ese carácter en su opinión consultiva del 19 de julio de 2024. [22]

Su aplicación exige atender a la política y a la conducta acreditadas.  En este caso, la Administración ha anunciado expresamente una política destinada a procurar beneficio estadounidense a partir de los recursos venezolanos.  Un beneficiario privado venezolano y un beneficiario gubernamental estadounidense pueden concurrir en una misma operación sin que ninguno represente al pueblo soberano cuyos recursos le dan valor.

La ocupación impondría obligaciones adicionales si los hechos la acreditaran.  Conforme al Reglamento de La Haya, el presupuesto pertinente es la autoridad efectiva de fuerzas armadas hostiles sobre un territorio.  La supervisión financiera y el predominio político no bastan por sí solos para establecerlo.  Tampoco la negativa estadounidense lo desvirtúa.  Debe examinarse la autoridad efectivamente ejercida sobre un territorio determinado durante el período pertinente. [23]

Si se acredita la ocupación, el Derecho que la rige limita la administración de los bienes públicos y de los recursos naturales por la potencia ocupante.  El ocupante no adquiere soberanía.  Sus facultades son temporales, y las reglas del usufructo le obligan a conservar el capital de los recursos que administra.  La Corte Internacional de Justicia ha reiterado esos límites. [22] [23]

Las prohibiciones del uso ilícito de la fuerza y de la intervención coercitiva se aplican con independencia de esa calificación territorial.  Cabe, por tanto, examinar la responsabilidad por la intervención y por las ventajas obtenidas mediante ella aunque la prueba relativa a la ocupación siga incompleta.

La Administración debe dar una justificación precisa:  la habilitación para adquirir su participación societaria, las normas que rigen sus decisiones sobre ingresos soberanos y el fundamento jurídico de la fuerza y de la presión mediante las cuales obtuvo las ventajas anunciadas.  Los instrumentos que confieren los derechos y los registros de las transacciones son necesarios para contrastar esa justificación.  Su ausencia deja sin acreditar las pretensiones de autoridad legítima de la Administración precisamente donde sus actos exigen explicación.

El control del Congreso, los límites legales y las obligaciones internacionales someten la conducta a examen desde posiciones jurídicas distintas.  La exigencia de cumplimiento puede seguir siendo objeto de controversia y el pronunciamiento judicial puede estar pendiente.  Recae, no obstante, sobre la Administración la carga de identificar las potestades que ejerce y de responder por las obligaciones que sus actos comprometen.

La Administración ha anunciado lo que Estados Unidos obtuvo.  No ha acreditado con ello qué autorizaba el Derecho estadounidense a adquirir a sus funcionarios ni qué permitía el Derecho internacional exigir a Estados Unidos.

El Derecho que rige esa conducta no es una condición que Estados Unidos pueda imponer a Venezuela.  Es una obligación que el propio Estados Unidos debe cumplir.

Ricardo F. Morín

30 de septiembre de 2026

Bala Cynwyd, Pensilvania

Notas

[1] Departamento de Justicia de Estados Unidos, Oficina de Asesoría Jurídica, « Proposed War Department Operation to Support Law Enforcement Efforts in Venezuela », 23 de diciembre de 2025, especialmente pp. 1–2; publicado con supresiones.

https://www.justice.gov/olc/media/1423306/dl

[2] Constitución de Estados Unidos, artículo I, sección 8, cláusula 11, y artículo II, sección 2, cláusula 1.  Congress.gov, Constitution Annotated, suplemento de 2024, examen de las atribuciones del presidente y del Congreso en materia de guerra.

[3] Embajador Mike Waltz, entrevista en Sunday Morning Futures, de Fox News, 4 de enero de 2026, en la que invoca el artículo 51; información de la emisora y entrevista incorporada.  Esta declaración pública es distinta de una comunicación al Consejo de Seguridad sobre medidas adoptadas en legítima defensa.

https://www.foxnews.com/media/un-ambassador-waltz-defends-us-capture-maduro-ahead-security-council-meeting

[4] Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, S/PV.10085, 5 de enero de 2026, pp. 13–14, intervención del embajador Mike Waltz.

[5] Carta de las Naciones Unidas, artículos 2.4, 39–42 y 51.  La documentación examinada para este ensayo no permite establecer si Estados Unidos presentó una comunicación al amparo del artículo 51 sobre la operación de enero.  No se afirma aquí que haya incumplido el deber de informar.

https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text

[6] Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, declaración de la portavoz Ravina Shamdasani sobre la intervención estadounidense en Venezuela, 6 de enero de 2026; transcripción oficial de las Naciones Unidas en Ginebra.

https://www.unognewsroom.org/story/en/2959/un-human-rights-spokesperson-ravina-shamdasani-on-u-s-intervention-in-venezuela/8823

[7] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, « IACHR expresses concern over armed incursion in Venezuela, calls for respect for international law, and the end of repression », 13 de enero de 2026.

https://www.oas.org/en/IACHR/jsForm/?File=/en/iachr/media_center/PReleases/2026/007.asp

[8] Comisión de Derecho Internacional, artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, con comentarios, 2001, artículo 20 y su comentario, sobre el consentimiento válido, sus límites y su otorgamiento anterior al acto.  El comentario aporta el marco jurídico del consentimiento, no una determinación de qué autoridad venezolana podía invitar a intervenir.  Una invitación atribuida a una autoridad reconocida que carezca de control efectivo exige examinar su capacidad internacional, el momento y el alcance de su consentimiento y la conducta autorizada.  El reconocimiento no resuelve por sí solo esas cuestiones.

[9] Resolución sobre los Poderes de Guerra, 50 U.S.C. §§ 1543(a)(1), 1544(b) y 1547.  La regla de los sesenta días se refiere al informe presentado o exigible conforme al § 1543(a)(1); el período adicional de treinta días requiere la determinación presidencial prevista en el § 1544(b).  Para aplicar el plazo es preciso establecer cuándo se presentó o debió presentarse el informe y si continuó el empleo de las fuerzas correspondiente.  La continuidad de la supervisión financiera no constituye por sí misma continuidad de las hostilidades militares.

[10] Senado de Estados Unidos, votación nominal n.º 9, 119.º Congreso, segundo período de sesiones, 14 de enero de 2026, cuestión de orden relativa a la tramitación privilegiada de S.J.Res. 98.

https://www.senate.gov/legislative/LIS/roll_call_votes/vote1192/vote_119_2_00009.htm

[11] Orden Ejecutiva 14373, « Safeguarding Venezuelan Oil Revenue for the Good of the American and Venezuelan People », 9 de enero de 2026, especialmente secciones 4(a), 4(b), 4(c)(ii) y 5(a)(ii).

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2026/01/safeguarding-venezuelan-oil-revenue-for-the-good-of-the-american-and-venezuelan-people

[12] Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, 50 U.S.C. §§ 1701–1702, especialmente § 1702(a)(1)(B)–(C).  El presupuesto de hostilidades armadas del apartado (C) es distinto del umbral de guerra constitucional examinado por la Oficina de Asesoría Jurídica.  El apartado (C) exige además una determinación presidencial de que el propietario extranjero planeó, autorizó, ayudó a realizar o participó en las hostilidades o el ataque pertinentes.  La adquisición de una participación societaria requiere identificar su propio fundamento jurídico; no se califica aquí como confiscación por el mero carácter gubernamental del adquirente.

https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=(title:50%20section:1702%20edition:prelim)

[13] Senadores Ron Wyden, Elizabeth Warren y Sheldon Whitehouse, carta al secretario del Tesoro, Scott Bessent, y al secretario de Estado, Marco Rubio, fechada el 16 de septiembre de 2026 y publicada el 17 de septiembre de 2026, pp. 1–3.  El comunicado del comité y el título de la descarga llevan la fecha del 17 de septiembre; la carta lleva la del 16 de septiembre.

https://www.finance.senate.gov/ranking-members-news/wyden-warren-whitehouse-press-trump-administration-over-revenue-from-venezuelan-oil-and-gold-deals

[14] Casa Blanca, « Fact Sheet:  President Donald J. Trump Announces Historic Oil Agreement to Secure American Energy Dominance and Drive Venezuela’s Economic Recovery », 31 de agosto de 2026.

https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2026/08/fact-sheet-president-donald-j-trump-announces-historic-oil-agreement-to-secure-american-energy-dominance-and-drive-venezuelas-economic-recovery

[15] Constitución de Estados Unidos, artículo I, sección 9, cláusula 7; Ley de Ingresos Diversos, 31 U.S.C. § 3302(b).  El § 3302(b) exige, como regla general, depositar el dinero recibido por cuenta del Gobierno, sin perjuicio de las excepciones legales aplicables.  La cláusula de asignaciones presupuestarias rige las extracciones de fondos del Tesoro.  Los fondos soberanos venezolanos bajo custodia no constituyen automáticamente ingresos públicos ni asignaciones presupuestarias estadounidenses.  Los ingresos derivados de una participación societaria del Gobierno estadounidense requieren una calificación separada.

https://constitution.congress.gov/browse/essay/artI-S9-C7-2/ALDE_00013189

[16] Servicio de Investigación del Congreso, « Office of Strategic Capital:  Overview and Considerations », IF13215, actualizado el 8 de septiembre de 2026, apartados sobre el programa piloto de asistencia financiera y las cuestiones sometidas al Congreso.  Reproducción pública del informe.

https://www.everycrsreport.com/reports/IF13215.html

[17] Comisión de Derecho Internacional, artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, 2001, especialmente artículos 2–5, 8 y 20; anexos a la Resolución 56/83 de la Asamblea General.  Estos artículos no constituyen un tratado; muchas de sus disposiciones reflejan el Derecho consuetudinario.  El artículo 4 se refiere a los órganos del Estado.  El artículo 5 exige habilitación jurídica para ejercer atribuciones del poder público y una actuación en esa calidad; las facultades ordinarias de gobierno societario no acreditan por sí mismas tal delegación.  El artículo 8 se refiere a una conducta concreta realizada bajo instrucciones, dirección o control del Estado.  La participación estatal en el capital no permite atribuirle por sí sola todos los actos de la sociedad.

[18] Carta de la Organización de los Estados Americanos, artículos 19–23.

https://www.oas.org/en/sla/dil/inter_american_treaties_A-41_charter_OAS.asp

[19] GovInfo, « Remarks During a Document Signing Ceremony and an Exchange With Reporters », 30 de abril de 2026, p. 8.

[20] Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, 1969, artículos 2.1(a), 46 y 52.  El artículo 46 establece una conexión distinta y limitada entre competencia interna y validez internacional:  la violación debe afectar a una norma interna fundamental sobre la competencia para celebrar tratados y ser manifiesta.  El vencimiento de un período de suplencia presidencial temporal no acredita por sí solo esos requisitos ni invalida todos los actos posteriores.  Esa cuestión sigue siendo distinta de la responsabilidad por la fuerza o la coacción estadounidenses.

[21] Departamento de Estado de Estados Unidos, « Vienna Convention on the Law of Treaties », orientación archivada sobre la firma de la Convención por Estados Unidos, su falta de ratificación y su reconocimiento del Derecho consuetudinario de los tratados.

https://2009-2017.state.gov/s/l/treaty/faqs/70139.htm

[22] Corte Internacional de Justicia, Consecuencias jurídicas que se derivan de las políticas y prácticas de Israel en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, opinión consultiva del 19 de julio de 2024, párrafos 124–125, 133 y 240; reproducida en el documento A/78/968 de las Naciones Unidas.  La opinión examina el asunto Actividades armadas en el territorio del Congo (República Democrática del Congo c. Uganda), sentencia del 19 de diciembre de 2005, párrafo 244.  En la sentencia de 2005, la Corte no aplicó el principio de soberanía permanente al saqueo y la explotación allí examinados.  El párrafo 125 de la opinión de 2024 distingue la falta de prueba creíble de una política gubernamental de explotación en aquel asunto de la explotación emprendida como política gubernamental contraria a los deberes impuestos por el Derecho de la ocupación.  El principio no queda, por tanto, excluido de toda ocupación ni sustituye la acreditación de los hechos y las obligaciones pertinentes.

[23] Comité Internacional de la Cruz Roja, « Occupation and international humanitarian law », 4 de agosto de 2004, especialmente el examen de los artículos 42 y 55 del Reglamento de La Haya y de los presupuestos fácticos de la ocupación.

https://www.icrc.org/en/article/occupation-international-humanitarian-law-questions


« Conforme al Derecho »

October 1, 2026

Ricardo F. Morín
Intitulado
18 × 12,434 pulgadas
2003

La cuestión constitucional que hoy plantea Venezuela no comienza con el petróleo.  Comienza con la identidad del soberano.

El artículo 5 de la Constitución vigente establece que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo.  Precisa que este la ejerce directamente en la forma prevista en la Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público.  Establece después la relación de la que depende todo lo demás:  los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos. [1]

Ese precepto no identifica al gobierno con la Nación.  Distingue al soberano de los órganos por cuyo conducto se ejerce la autoridad soberana.  Un presidente, un órgano legislativo, un ministerio, una empresa del Estado o un gobierno interino pueden ejercer competencias constitucionales.  Ninguno se convierte por ello en soberano.  El poder gubernamental es un poder constituido.  La soberanía permanece en el pueblo.

El artículo 12 atribuye a esta distinción un objeto material.  Los yacimientos mineros y de hidrocarburos pertenecen a la República, son bienes del dominio público y son inalienables e imprescriptibles.  No pertenecen a los funcionarios que administran la República.  El control transitorio de las instituciones gubernamentales no convierte la riqueza del dominio público en propiedad de quienes las controlan. [2]

La relación entre los artículos 5 y 12 precede, por tanto, a cualquier acuerdo petrolero.  Los yacimientos pertenecen a la República.  Los órganos del Estado sólo pueden actuar respecto de ellos en virtud de las atribuciones que les confiere el orden constitucional.  El pueblo sigue siendo la fuente soberana de la que emanan esos órganos.

Esa estructura ha adquirido una trascendencia inmediata porque Estados Unidos no se ha limitado a facilitar el comercio del petróleo venezolano.  La actual Administración describe públicamente un acuerdo concebido para asegurar ventajas gubernamentales y económicas estadounidenses sobre las reservas venezolanas, con un alcance y una duración que exceden ampliamente la presente transición política.

El 31 de agosto de 2026, la Casa Blanca anunció lo que calificó como el mayor acuerdo petrolero de la historia.  Afirmó que las autoridades interinas venezolanas habían otorgado a North American Blue Energy Partners concesiones de cien años sobre diecisiete campos con aproximadamente sesenta y cinco mil millones de barriles de reservas probadas.  El mismo anuncio atribuyó a Estados Unidos un « control mayoritario », facultades gubernamentales de dirección, « propiedad económica », una participación del 35 por ciento en el capital para la Oficina de Capital Estratégico del Departamento de Guerra, un derecho garantizado del Departamento de Estado a adquirir el 20 por ciento de la producción a precio de coste, un derecho de adquisición preferente sobre el 80 por ciento restante, facultades de veto sobre los nombramientos del consejo de administración de la empresa y la exigencia de que la mayoría de sus integrantes fueran ciudadanos estadounidenses. [3]

La Administración no presentó esas disposiciones como garantías accesorias de un programa de desarrollo venezolano.  Las presentó como logros estadounidenses.  La Casa Blanca afirmó que el acuerdo aseguraría el « predominio energético durante el próximo siglo » de Estados Unidos, ampliaría las reservas a su disposición efectiva, favorecería sus refinerías y el empleo, y proporcionaría petróleo de bajo coste para la Reserva Estratégica de Petróleo, las necesidades militares y otros usos sensibles. [3] [4]

Estados Unidos no es el beneficiario fortuito de un acuerdo concebido por otros.  Los beneficios estadounidenses figuran como objetivos expresos de la propia política.

La misma ficha informativa presenta el acuerdo como parte de la estabilización, la reconstrucción y una futura transición democrática.  Afirma que el nuevo marco normativo de los hidrocarburos se adoptó con apoyo estadounidense.  Describe las disposiciones estadounidenses sobre dirección y auditoría, la reforma bancaria, la supervisión de pagos y la vigilancia financiera como medios para fiscalizar el destino de los impuestos y las regalías.  Señala, además, que Estados Unidos auspicia conversaciones de reconciliación entre la Asamblea Nacional de 2015 y las autoridades interinas. [3]

El vocabulario de la transición acompaña, por tanto, una estructura en la que la potencia extranjera que intervino militarmente ha adquirido intereses económicos duraderos, facultades de dirección, privilegios de compra y funciones de supervisión sobre el principal recurso natural del país en transición.

El actual gobierno interino no obtuvo su mandato mediante una nueva elección nacional posterior a la acción militar estadounidense de enero.  A finales de septiembre, su presidenta seguía prometiendo elecciones como parte de una transición hacia la plena democracia, sin fijar una fecha cierta.  El propio Estados Unidos continúa presentando la transición democrática como un proceso aún por realizar. [3] [5] [6]

Esa circunstancia no suprime el artículo 5.  Lo hace ineludible.

Si la soberanía correspondiera a quien controlase en cada momento el aparato gubernamental, bastaría el control efectivo para resolver la cuestión constitucional.  El artículo 5 dispone lo contrario.  Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos.  La Constitución rechaza, por tanto, que la posesión del poder gubernamental equivalga a la titularidad de la soberanía. [1]

El respaldo que la actual Asamblea Nacional otorgó después al acuerdo petrolero forma parte de los antecedentes constitucionales.  El 1 de septiembre lo apoyó mediante una votación a mano alzada.  Algunos diputados de oposición se abstuvieron porque no habían podido examinar las condiciones escritas del acuerdo. [7]  Pero el acto de un órgano constituido no equivale a la voluntad del soberano del que, según el artículo 5, deriva la autoridad constituida.  La aprobación legislativa exige que el órgano posea competencia constitucional para autorizar el acto de que se trate.  La existencia de una votación no puede, por sí sola, convertir al órgano que vota en el pueblo soberano ni subsanar una carencia previa de atribuciones cuando la Constitución no confería a ese órgano la potestad que pretendió ejercer.

Esa es la distinción entre representación y soberanía.  Los representantes pueden ejercer atribuciones en nombre de la Nación.  No son dueños de la soberanía que ejercen.  El artículo 5 mantiene al representante sometido al soberano que representa.

La distinción adquiere especial trascendencia cuando se pretende que el compromiso perdure un siglo.  Cien años no constituyen un período de transición.  Una concesión de esa duración sobrevive a los funcionarios que la otorgaron, a la actual Administración estadounidense y a la transición democrática prometida, y alcanza a generaciones de venezolanos ajenas a las circunstancias gubernamentales en las que se constituyó.

La propia documentación estadounidense reconoce, en otro contexto, que el control y la posesión no extinguen la propiedad venezolana.  La Orden Ejecutiva 14373, dictada el 9 de enero, define en su sección 2 determinados ingresos procedentes de recursos naturales depositados en cuentas del Tesoro estadounidense y determina, en la sección 4(a), que esos fondos son propiedad del Gobierno de Venezuela.  Dispone que Estados Unidos los mantiene exclusivamente en calidad de custodio y en ejercicio de funciones gubernamentales, no como participante en el mercado, y obliga al Tesoro a identificarlos como bienes soberanos de Venezuela y no como propiedad de Estados Unidos. [8] [9]

Sin embargo, la sección 4(c)(ii) de la misma orden dispone que esos fondos se conservarán a la espera de una « disposición soberana » para los fines públicos, gubernamentales o diplomáticos que determine el secretario de Estado estadounidense en nombre del Gobierno de Venezuela.  La sección 5(a)(ii) ordena al Tesoro atenerse a las instrucciones del secretario de Estado en materia de desembolsos y transferencias. [8]

Desde enero, la Administración atribuyó así a un funcionario estadounidense la facultad de decidir a qué fines se destinarían bienes soberanos venezolanos.  La propiedad venezolana seguía formalmente reconocida, mientras las decisiones relativas a su ejercicio pasaban a un funcionario del Estado interviniente.  La facultad de ese funcionario para determinar fines soberanos en nombre de Venezuela se proclamaba en una orden estadounidense, sin que la Constitución venezolana la confiriese.

Casi ocho meses después, el acuerdo petrolero añadió ventajas patrimoniales a esa estructura de supervisión.  La Casa Blanca describió la propiedad económica estadounidense, el control mayoritario, los derechos de veto, la adquisición preferente y una participación gubernamental en el capital protegida frente a la dilución.  Reuters informó de que la participación del 35 por ciento se había instrumentado mediante derechos de adquisición de acciones a precio nominal, destinados a preservar el porcentaje estadounidense a medida que ingresara nuevo capital en la empresa. [3] [10]

Esta secuencia no revela desconocimiento acerca de a quién pertenecen los recursos.  Los documentos estadounidenses identifican reiteradamente como venezolanas las reservas, los ingresos, las concesiones y los yacimientos.  La Administración sabe que se trata de la riqueza de Venezuela.  Su propia orden de enero reconoce expresamente bienes soberanos venezolanos.  Sus anuncios posteriores identifican de manera igualmente expresa las ventajas que se buscan para Estados Unidos. [3] [8]

Los antecedentes jurídicos venezolanos identifican la fuerza que alteró las circunstancias gubernamentales.  El 3 de enero, la Sala Constitucional calificó la acción estadounidense de « agresión militar extranjera » cuyo fin era el « secuestro » de Nicolás Maduro.  Consideró la consiguiente « ausencia forzosa » como una imposibilidad material y temporal de ejercer las funciones presidenciales.  Invocando su interpretación de los artículos 234 y 239.8, ordenó a la vicepresidenta Delcy Rodríguez ejercer la presidencia mediante una medida cautelar urgente, destinada a preservar el Estado y defender la Nación.  Dejó a los órganos estatales competentes la calificación definitiva de la falta presidencial. [11]

La resolución que calificó la agresión también dispuso la encargaduría presidencial cuyo consentimiento invoca ahora Estados Unidos.  Descalificar a la Sala como órgano del gobierno anterior no proporciona un fundamento constitucional independiente para ese consentimiento.  El gobierno cuya continuidad aseguró la intervención de la Sala se convirtió después en el conducto por el que Estados Unidos obtuvo las ventajas petroleras anunciadas en agosto.

El presidente del Estado beneficiario ya había vinculado la acción militar con su rendimiento económico.  El 30 de abril, el presidente Trump describió la relación con Venezuela como « una especie de empresa conjunta », afirmó que ambos países ganaban dinero y declaró que Estados Unidos había « recuperado con creces el coste del ataque ». [12]

No toda inversión extranjera, venta de petróleo, operación de préstamo o concesión comercial constituye explotación.  La explotación consiste en extraer deliberadamente ventajas de los recursos de otra nación cuando el beneficiario extranjero dispone de un poder extraordinario sobre las circunstancias gubernamentales por cuyo conducto se pretende obtener el consentimiento.  La asimetría consta en las manifestaciones de ambas partes:  la Sala venezolana calificó la agresión y ordenó una medida de defensa; el presidente estadounidense describió la relación económica resultante como una empresa conjunta que había resarcido el coste del ataque.  El acuerdo de agosto dio después forma económica y gubernamental duradera a esa ventaja.

El propio lenguaje de la Casa Blanca acentúa la contradicción.  Su ficha informativa de agosto acusa a actores rusos y chinos, junto con allegados al poder político venezolano, de haber « saqueado los recursos de Venezuela » en beneficio de adversarios estadounidenses.  El mismo documento celebra después el desplazamiento de esos actores por un sistema concebido para asegurar el predominio estadounidense en el hemisferio, el control gubernamental estadounidense, la propiedad económica estadounidense, los privilegios de compra estadounidenses y el abastecimiento estratégico estadounidense. [3] [4]

La nacionalidad del beneficiario no puede determinar si se ha respetado la soberanía venezolana.  Si el control extranjero de los recursos de Venezuela resulta objetable porque esos recursos pertenecen a Venezuela, sustituir al beneficiario extranjero no altera la titularidad constitucional de la soberanía venezolana ni la condición jurídica de los yacimientos.

La cuestión constitucional no consiste en determinar si Venezuela puede recibir capital extranjero, vender petróleo o establecer relaciones comerciales a largo plazo.  Consiste en determinar de dónde procede la potestad de obligar a la República.  La inversión designa un aporte de capital.  El contrato, un instrumento.  El reconocimiento, la posición diplomática de un gobierno extranjero.  Ninguna de esas categorías confiere, por sí sola, competencia para ejercer potestades soberanas venezolanas.

La distinción cobra aún mayor importancia cuando interviene una estructura societaria.  La Casa Blanca ha destacado la participación de una empresa privada y el empleo de capital privado estadounidense. [3] [4]  Pero una sociedad privada no puede otorgarse a sí misma una concesión petrolera venezolana.  El derecho a explotar yacimientos pertenecientes a la República debe tener su origen en el ordenamiento venezolano.  Los acuerdos societarios privados pueden distribuir intereses económicos una vez constituido ese derecho.  No pueden conferir la potestad soberana necesaria para constituirlo.

Reuters identifica al empresario venezolano Alejandro Betancourt como quien controla North American Blue Energy Partners. [10]  El acuerdo vincula, por tanto, a un beneficiario privado venezolano con los intereses gubernamentales estadounidenses que expresamente constituye.  Para que la obtención de ventajas por Estados Unidos sea deliberada, no es preciso que éste sea el único beneficiario.  Tampoco el interés privado de un empresario venezolano equivale al consentimiento de la Nación venezolana.  Su participación no dispensa de acreditar la potestad constitucional necesaria para otorgar derechos sobre los yacimientos de la República.

Tampoco puede el derecho estadounidense resolver esa cuestión venezolana previa.  Las leyes, órdenes ejecutivas, licencias, contratos y disposiciones sobre competencia judicial de Estados Unidos pueden determinar lo que sus funcionarios y entidades están facultados para hacer conforme a su propio ordenamiento.  No pueden determinar qué atribuciones confiere la Constitución de Venezuela a los funcionarios venezolanos para obligar a la República.

El Preámbulo estadounidense comienza con las palabras « Nosotros, el Pueblo », que la doctrina constitucional de aquel país entiende como la identificación del sujeto que instituyó la Constitución.  Pero el Tribunal Supremo no ha considerado el Preámbulo como una fuente autónoma de potestades gubernamentales sustantivas.  El artículo 5 venezolano no es una fórmula preambular.  Es una disposición constitucional normativa que define dónde reside la soberanía, cómo se ejerce, de dónde emanan los órganos del Estado y a qué están sometidos. [1] [13] [14]

Reducir el artículo 5 a la conocida fórmula estadounidense « Nosotros, el Pueblo » menoscabaría su sentido en vez de esclarecerlo.

El artículo 5 es más preciso.  El pueblo no comparece únicamente en el momento fundacional para diluirse después en las instituciones que creó.  La soberanía sigue siendo suya.  El gobierno no la recibe en propiedad.  Ejerce potestades constituidas y permanece subordinado a la fuente soberana de la que emanan.

La distinción entre la Nación y sus representantes determina el alcance que puede tener el consentimiento gubernamental.

Un acto de representación sólo puede obligar a la Nación porque el orden constitucional faculta al representante para realizarlo.  La representación es, por tanto, derivada.  La soberanía no lo es.  Considerar que el consentimiento de los representantes se valida por sí mismo invierte la relación constitucional establecida en el artículo 5.

El problema se agrava cuando el orden gubernamental que presta el consentimiento se encuentra bajo tutela extranjera.  La orden de enero puso en manos estadounidenses las decisiones sobre ingresos soberanos venezolanos.  La estructura posterior extendió esa supervisión al conjunto de la transición:  el Estado extranjero auspicia la reconciliación política, respalda el marco jurídico del recurso, se atribuye funciones de auditoría y vigilancia financiera, adquiere facultades de dirección y veto en la empresa resultante, recibe propiedad económica y derechos preferentes de compra, y presenta abiertamente el acuerdo como garantía de su propio predominio. [3] [4] [8]

En esas condiciones, el consentimiento gubernamental no puede considerarse una prueba independiente de la potencia extranjera que obtiene el beneficio.  El beneficiario extranjero participa en el entorno político e institucional del que procede el pretendido consentimiento.

Cuando se anunció el acuerdo petrolero, había vencido incluso el plazo máximo de suplencia temporal previsto en el artículo 234.  El artículo 234 prevé la suplencia de las faltas temporales del presidente hasta por noventa días, prorrogables por la Asamblea Nacional hasta por noventa días más.  El primer período concluyó el 3 de abril. [1]  El 6 de abril, Associated Press informó de que la Asamblea no había celebrado ninguna votación pública para autorizar una prórroga. [15]  Aun suponiendo autorizada la totalidad del segundo período, el límite máximo de ciento ochenta días venció el 2 de julio. [1]

El 15 de julio, Acceso a la Justicia informó de que la Asamblea aún no se había pronunciado sobre la falta presidencial.  Sostuvo que, agotado el período temporal, correspondía a la Asamblea activar el artículo 233 y la nueva elección presidencial prevista dentro de los treinta días consecutivos siguientes.  Según esa interpretación, Rodríguez puede continuar transitoriamente hasta que tome posesión un presidente electo.  Esa continuidad no dispensa del pronunciamiento sobre la sucesión ni de la elección; subsiste mientras se cumplen ambos deberes. [16]

El 31 de agosto, la Casa Blanca anunció el otorgamiento de derechos a los que atribuyó una duración de un siglo.  Para entonces había vencido incluso el plazo máximo de suplencia temporal.  Ya se había documentado públicamente que la Asamblea no había resuelto la falta presidencial, y no se había celebrado la elección exigida por aquella interpretación del artículo 233.  A finales de septiembre seguía sin haber una fecha electoral cierta. [3] [5] [6] [16]

El respaldo de la Asamblea proporcionó apoyo político a un compromiso que alcanzaba a varias generaciones, mientras permanecían incumplidos los deberes constitucionales que regían la presidencia que lo asumía. [7] [16]

La mera invocación del consentimiento del gobierno interino no acredita la potestad constitucional para otorgarlo.  Ese consentimiento es precisamente lo que se cuestiona.  Un gobierno que continúa en funciones una vez vencido el período de suplencia temporal, sin haberse cumplido los deberes sucesorios y electorales que rigen la transición, no puede identificarse con la Nación venezolana por el mero hecho de seguir ejerciendo el poder.  La potencia extranjera que alteró las circunstancias de ese gobierno no puede invocar su consentimiento como prueba independiente del consentimiento de la Nación a la apropiación de su riqueza natural.

El Estado interviniente invoca el consentimiento del orden gubernamental que se mantuvo tras su intervención como fundamento jurídico de su propia adquisición.  El círculo nunca llega al soberano que identifica el artículo 5.

El argumento de que alguien tenía que gobernar acredita la necesidad de continuidad.  No acredita que esa continuidad exigiera otorgar al Estado interviniente derechos patrimoniales duraderos y acceso preferente a la riqueza venezolana.  La propia respuesta de la Administración a la emergencia de enero distinguió expresamente la custodia y la administración de la adquisición de derechos de propiedad.  Su acuerdo de agosto traspasó esa delimitación.  Ni la necesidad de preservar los ingresos ni la ausencia de un sucesor electo confieren atribuciones para convertir una administración transitoria en ventajas extranjeras de un siglo de duración.

Llamar reconstrucción al acuerdo no acredita esa potestad.  Llamarlo privatización tampoco la acredita.  Llamarlo estabilización tampoco la acredita.  Llamarlo contrato tampoco la acredita.  Cada término designa una política, un mecanismo o un objetivo.  Ninguno acredita la fuente constitucional venezolana de la potestad ejercida.

El artículo 12 sitúa los yacimientos en el dominio público de la República.  El artículo 5 radica la soberanía en el pueblo.  Entre ambos preceptos se encuentran los órganos de gobierno, investidos únicamente de las atribuciones que les confiere el orden constitucional. [1] [2]

La cadena constitucional discurre, por tanto, en una sola dirección:  del pueblo soberano, a través de la autoridad constituida, a la administración de la República y de su riqueza pública.  No recorre el camino inverso, desde la ocupación de los cargos gubernamentales hasta la titularidad de la soberanía.

Una potencia extranjera puede obtener acceso material.  Puede adquirir derechos contractuales.  Puede ganar capacidad de presión económica.  Puede obtener cooperación gubernamental.  Puede hacer valer su superioridad militar.  Puede incluso alcanzar el control efectivo de instituciones e ingresos.  Ninguna de esas circunstancias modifica la identidad constitucional del soberano venezolano.

La retórica de la victoria empleada por la Administración acentúa todavía más la distinción.  El 22 de septiembre, al referirse a Venezuela y al acuerdo petrolero en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Trump declaró:  « Al vencedor le corresponde el botín ». [17]  Un vencedor puede disponer de los medios para sacar provecho de las circunstancias creadas por su victoria.  Disponer de esos medios no equivale a poseer título jurídico.  La superioridad de la fuerza puede explicar cómo se obtuvo el control.  No puede acreditar, por sí sola, la potestad constitucional venezolana que lo haría lícito.

Por eso la cuestión no puede reducirse a determinar si el acuerdo petrolero aumentará la producción, atraerá inversiones, reducirá los precios, reconstruirá la infraestructura o generará ingresos fiscales.  Tales consecuencias pueden tener importancia económica.  No resuelven la cuestión previa.

La cuestión es quién estaba facultado para consentir.

Conforme al artículo 5, el examen no puede concluir con la identificación de quienes ocupan en la actualidad las instituciones gubernamentales.  Los órganos del Estado no son la fuente de la soberanía.  Emanan de ella y a ella están sometidos. [1]

Conforme al artículo 12, el objeto de la operación no es un patrimonio gubernamental ordinario del que los gobernantes puedan disponer por derecho propio.  Los yacimientos pertenecen a la República como bienes del dominio público. [2]

Estados Unidos puede llamar estabilización a su intervención.  Puede llamar propiedad económica a sus intereses.  Puede llamar reconstrucción a su supervisión.  Puede llamar necesidad estratégica a su predominio.  La Constitución venezolana establece un vocabulario previo:  pueblo, soberanía, República, Poder Público, dominio público, competencia.

Esos términos determinan la cuestión venezolana.

La propia documentación de la Administración estadounidense acredita que la obtención de ventajas es deliberada.  Anuncia el control, cuantifica la propiedad, fija el privilegio de compra, protege la participación en el capital, impone condiciones de dirección, celebra la ausencia de coste para el contribuyente estadounidense y declara como objetivo el predominio de Estados Unidos. [3] [4] [10]

La Administración se ha valido del consentimiento de las autoridades interinas para asegurar ventajas estadounidenses duraderas sobre la riqueza venezolana.  No ha acreditado la potestad que, conforme a la Constitución venezolana, facultaría a esas autoridades para otorgarlas.

Ricardo F. Morín

30 de septiembre de 2026

Bala Cynwyd, Pensilvania

Notas

[1] Centro para la Integración y el Derecho Público (CIDEP), Constituciones de Venezuela, Constitución de 1999, artículos 5, 233, 234 y 239.8.
https://cidep.online/files/constituciones/1999.pdf

[2] Centro para la Integración y el Derecho Público (CIDEP), Constituciones de Venezuela, Constitución de 1999, artículo 12.
https://cidep.online/files/constituciones/1999.pdf

[3] La Casa Blanca, « Fact Sheet:  President Donald J. Trump Announces Historic Oil Agreement to Secure American Energy Dominance and Drive Venezuela’s Economic Recovery », 31 de agosto de 2026.
https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2026/08/fact-sheet-president-donald-j-trump-announces-historic-oil-agreement-to-secure-american-energy-dominance-and-drive-venezuelas-economic-recovery/

[4] La Casa Blanca, « President Trump Secures the Biggest Oil Deal in World History », 2 de septiembre de 2026.
https://www.whitehouse.gov/releases/2026/09/president-trump-secures-the-biggest-oil-deal-in-world-history/

[5] Reuters, « Venezuela’s Rodriguez promises elections in transition to “full democracy” », 23 de septiembre de 2026.
https://www.reuters.com/world/americas/venezuelas-rodriguez-promises-elections-2026-09-23/

[6] Reuters, « Venezuela president returns from US visit with no deals, no firm election date », 26 de septiembre de 2026.
https://www.reuters.com/world/americas/venezuela-president-returns-us-visit-with-no-deals-no-firm-election-date-2026-09-26/

[7] Reuters, « Venezuela’s assembly backs oil deal announced with U.S. », 1 de septiembre de 2026.  Euronews, « Venezuela hands the US control over a fifth of its oil in landmark deal », 2 de septiembre de 2026, informa de la votación a mano alzada y de la abstención de diputados de oposición que no habían podido examinar las condiciones escritas del acuerdo.
https://www.reuters.com/business/energy/venezuelas-assembly-backs-oil-deal-announced-with-us-2026-09-01/
https://www.euronews.com/2026/09/02/venezuela-hands-the-us-control-over-a-fifth-of-its-oil-in-landmark-deal

[8] Orden Ejecutiva 14373, « Safeguarding Venezuelan Oil Revenue for the Good of the American and Venezuelan People », 9 de enero de 2026, en particular las secciones 2, 4(a), 4(b), 4(c)(ii) y 5(a).
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2026/01/safeguarding-venezuelan-oil-revenue-for-the-good-of-the-american-and-venezuelan-people/

[9] La Casa Blanca, « Fact Sheet:  President Donald J. Trump Safeguards Venezuelan Oil Revenue for the Good of the American and Venezuelan People », 9 de enero de 2026.
https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2026/01/fact-sheet-president-donald-j-trump-safeguards-venezuelan-oil-revenue-for-the-good-of-the-american-and-venezuelan-people/

[10] Reuters, « US structured Venezuela oil position to protect it from dilution, official says », 4 de septiembre de 2026.  También identifica al empresario venezolano Alejandro Betancourt como quien controla NABEP.
https://www.reuters.com/legal/litigation/us-structured-venezuela-oil-position-protect-it-dilution-official-says-2026-09-04/

[11] Acceso a la Justicia, « La SC ordena que Delcy Rodríguez, Vicepresidenta Ejecutiva, asuma y ejerza en condición de “encargada” la presidencia de la República », 3 de enero de 2026.  Reproduce la decisión de la Sala Constitucional, incluidas las expresiones « agresión militar extranjera », « secuestro » y « ausencia forzosa », y su orden cautelar fundada en los artículos 234 y 239.8.
https://accesoalajusticia.org/la-sc-ordena-que-delcy-rodriguez-presidencia-de-la-republica/

[12] GovInfo, « Remarks During a Document Signing Ceremony and an Exchange With Reporters », 30 de abril de 2026, p. 8.  Transcripción presidencial oficial que recoge las declaraciones sobre la empresa conjunta y la recuperación con creces del coste del ataque.
https://www.govinfo.gov/content/pkg/DCPD-202600292/pdf/DCPD-202600292.pdf

[13] Congress.gov, Constitution Annotated, « Overview of the Preamble ».
https://constitution.congress.gov/browse/essay/pre-1/ALDE_00001231/

[14] Congress.gov, Constitution Annotated, « Historical Background on the Preamble ».
https://constitution.congress.gov/browse/essay/pre-2/ALDE_00001234/

[15] Associated Press, « Venezuela’s Delcy Rodríguez remains acting president after her initial 90-day appointment expired », 6 de abril de 2026.  Informa de que la Asamblea Nacional no había celebrado una votación pública para prorrogar el período inicial.
https://apnews.com/article/venezuela-maduro-acting-president-delcy-rodriguez-trump-f33d6fe7407305b513940dfa4f69136c

[16] Acceso a la Justicia, « ¿Qué ocurre con la encargaduría presidencial? », 15 de julio de 2026.  Da cuenta de la falta de pronunciamiento de la Asamblea sobre la ausencia presidencial, sostiene que debe activarse el artículo 233 una vez agotado el período de suplencia temporal e interpreta que la Constitución permite continuar transitoriamente hasta la toma de posesión del presidente electo.
https://accesoalajusticia.org/que-ocurre-con-la-encargaduria-presidencial/

[17] Factba.se / Roll Call, transcripción del discurso del presidente Donald J. Trump ante el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 22 de septiembre de 2026.  Recoge, después de la referencia al acuerdo petrolero venezolano, la afirmación que se traduce aquí al castellano como « Al vencedor le corresponde el botín ».
https://rollcall.com/factbase/trump/transcript/donald-trump-speech-81st-united-nations-general-assembly-september-22-2026/

« Conforme al Derecho »

October 1, 2026

Ricardo F. Morín
Sin título
18 × 12.434 pulgadas
2003

La cuestión constitucional que hoy plantea Venezuela no comienza con el petróleo.  Comienza con la identidad del soberano.

El artículo 5 de la Constitución vigente establece que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo.  Precisa que este la ejerce directamente en la forma prevista en la Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público.  Establece después la relación de la que depende todo lo demás:  los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos. [1]

Ese precepto no identifica al gobierno con el pueblo soberano.  Distingue al soberano de los órganos por cuyo conducto se ejerce la autoridad soberana.  Un presidente, un órgano legislativo, un ministerio, una empresa del Estado o un gobierno interino pueden ejercer competencias constitucionales.  Ninguno se convierte por ello en soberano.  El poder gubernamental es un poder constituido.  La soberanía permanece en el pueblo.

El artículo 12 atribuye a esta distinción un objeto material.  Los yacimientos mineros y de hidrocarburos pertenecen a la República, son bienes del dominio público y son inalienables e imprescriptibles.  No pertenecen a los funcionarios que administran la República.  El control transitorio de las instituciones gubernamentales no convierte la riqueza del dominio público en propiedad de quienes las controlan. [2]

La relación entre los artículos 5 y 12 precede, por tanto, a cualquier acuerdo petrolero.  Los yacimientos pertenecen a la República.  Los órganos del Estado sólo pueden actuar respecto de ellos en virtud de las atribuciones que les confiere el orden constitucional.  El pueblo sigue siendo la fuente soberana de la que emanan esos órganos.

Esa estructura ha adquirido una trascendencia inmediata porque Estados Unidos no se ha limitado a facilitar el comercio del petróleo venezolano.  La actual Administración describe públicamente un acuerdo concebido para asegurar ventajas gubernamentales y económicas estadounidenses sobre las reservas venezolanas, con un alcance y una duración que exceden ampliamente la presente transición política.

El 31 de agosto de 2026, la Casa Blanca anunció lo que calificó como el mayor acuerdo petrolero de la historia.  Afirmó que las autoridades interinas venezolanas habían otorgado a North American Blue Energy Partners concesiones de cien años sobre diecisiete campos con aproximadamente sesenta y cinco mil millones de barriles de reservas probadas.  El mismo anuncio atribuyó a Estados Unidos un « control mayoritario », facultades gubernamentales de dirección, « propiedad económica », una participación del 35 por ciento en el capital para la Oficina de Capital Estratégico del Departamento de Guerra, un derecho garantizado del Departamento de Estado a adquirir el 20 por ciento de la producción a precio de coste, un derecho de adquisición preferente sobre el 80 por ciento restante, facultades de veto sobre los nombramientos del consejo de administración de la empresa y la exigencia de que la mayoría de sus integrantes fueran ciudadanos estadounidenses. [3]

La Administración no presentó esas disposiciones como garantías accesorias de un programa de desarrollo venezolano.  Las presentó como logros estadounidenses.  La Casa Blanca afirmó que el acuerdo aseguraría el « predominio energético durante el próximo siglo » de Estados Unidos, ampliaría las reservas a su disposición efectiva, favorecería sus refinerías y el empleo, y proporcionaría petróleo de bajo coste para la Reserva Estratégica de Petróleo, las necesidades militares y otros usos sensibles. [3] [4]

Estados Unidos no es el beneficiario fortuito de un acuerdo concebido por otros.  Los beneficios estadounidenses figuran como objetivos expresos de la propia política.

La misma ficha informativa presenta el acuerdo como parte de la estabilización, la reconstrucción y una futura transición democrática.  Afirma que el nuevo marco normativo de los hidrocarburos se adoptó con apoyo estadounidense.  Describe las disposiciones estadounidenses sobre dirección y auditoría, la reforma bancaria, la supervisión de pagos y la vigilancia financiera como medios para fiscalizar el destino de los impuestos y las regalías.  Señala, además, que Estados Unidos auspicia conversaciones de reconciliación entre la Asamblea Nacional de 2015 y las autoridades interinas. [3]

El vocabulario de la transición acompaña, por tanto, una estructura en la que la potencia extranjera que intervino militarmente ha adquirido intereses económicos duraderos, facultades de dirección, privilegios de compra y funciones de supervisión sobre el principal recurso natural del país en transición.

El actual gobierno interino no obtuvo su mandato mediante una nueva elección nacional posterior a la acción militar estadounidense de enero.  A finales de septiembre, su presidenta seguía prometiendo elecciones como parte de una transición hacia la plena democracia, sin fijar una fecha cierta.  El propio Estados Unidos continúa presentando la transición democrática como un proceso aún por realizar. [3] [5] [6]

Esa circunstancia no suprime el artículo 5.  Lo hace ineludible.

Si la soberanía correspondiera a quien controlase en cada momento el aparato gubernamental, bastaría el control efectivo para resolver la cuestión constitucional.  El artículo 5 dispone lo contrario.  Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos.  La Constitución rechaza, por tanto, que la posesión del poder gubernamental equivalga a la titularidad de la soberanía. [1]

El respaldo que la actual Asamblea Nacional otorgó después al acuerdo petrolero forma parte de los antecedentes constitucionales.  El 1 de septiembre lo apoyó mediante una votación a mano alzada.  Algunos diputados de oposición se abstuvieron porque no habían podido examinar las condiciones escritas del acuerdo. [7]  Pero el acto de un órgano constituido no equivale a la voluntad del soberano del que, según el artículo 5, deriva la autoridad constituida.  La aprobación legislativa exige que el órgano posea competencia constitucional para autorizar el acto de que se trate.  La existencia de una votación no puede, por sí sola, convertir al órgano que vota en el pueblo soberano ni subsanar una carencia previa de atribuciones cuando la Constitución no confería a ese órgano la potestad que pretendió ejercer.

Esa es la distinción entre representación y soberanía.  Los representantes pueden ejercer en nombre del pueblo las atribuciones que les confiere la Constitución.  No son dueños de la soberanía que ejercen.  El artículo 5 mantiene al representante sometido al soberano que representa.

La distinción adquiere especial trascendencia cuando se pretende que el compromiso perdure un siglo.  Cien años no constituyen un período de transición.  Una concesión de esa duración sobrevive a los funcionarios que la otorgaron, a la actual Administración estadounidense y a la transición democrática prometida, y alcanza a generaciones de venezolanos ajenas a las circunstancias gubernamentales en las que se constituyó.

La propia documentación estadounidense reconoce, en otro contexto, que el control y la posesión no extinguen la propiedad venezolana.  La Orden Ejecutiva 14373, dictada el 9 de enero, define en su sección 2 determinados ingresos procedentes de recursos naturales depositados en cuentas del Tesoro estadounidense y determina, en la sección 4(a), que esos fondos son propiedad del Gobierno de Venezuela.  Dispone que Estados Unidos los mantiene exclusivamente en calidad de custodio y en ejercicio de funciones gubernamentales, no como participante en el mercado, y obliga al Tesoro a identificarlos como bienes soberanos de Venezuela y no como propiedad de Estados Unidos. [8] [9]

Sin embargo, la sección 4(c)(ii) de la misma orden dispone que esos fondos se conservarán a la espera de una « disposición soberana » para los fines públicos, gubernamentales o diplomáticos que determine el secretario de Estado estadounidense en nombre del Gobierno de Venezuela.  La sección 5(a)(ii) ordena al Tesoro atenerse a las instrucciones del secretario de Estado en materia de desembolsos y transferencias. [8]

Desde enero, la Administración atribuyó así a un funcionario estadounidense la facultad de decidir a qué fines se destinarían bienes soberanos venezolanos.  La propiedad venezolana seguía formalmente reconocida, mientras las decisiones relativas a su ejercicio pasaban a un funcionario del Estado interviniente.  La facultad de ese funcionario para determinar fines soberanos en nombre de Venezuela se proclamaba en una orden estadounidense, sin que la Constitución venezolana la confiriese.

Casi ocho meses después, el acuerdo petrolero añadió ventajas patrimoniales a esa estructura de supervisión.  La Casa Blanca describió la propiedad económica estadounidense, el control mayoritario, los derechos de veto, la adquisición preferente y una participación gubernamental en el capital protegida frente a la dilución.  Reuters informó de que la participación del 35 por ciento se había instrumentado mediante derechos de adquisición de acciones a precio nominal, destinados a preservar el porcentaje estadounidense a medida que ingresara nuevo capital en la empresa. [3] [10]

Esta secuencia no revela desconocimiento acerca de a quién pertenecen los recursos.  Los documentos estadounidenses identifican reiteradamente como venezolanas las reservas, los ingresos, las concesiones y los yacimientos.  La Administración sabe que se trata de la riqueza de Venezuela.  Su propia orden de enero reconoce expresamente bienes soberanos venezolanos.  Sus anuncios posteriores identifican de manera igualmente expresa las ventajas que se buscan para Estados Unidos. [3] [8]

Los antecedentes jurídicos venezolanos identifican la fuerza que alteró las circunstancias gubernamentales.  El 3 de enero, la Sala Constitucional calificó la acción estadounidense de « agresión militar extranjera » cuyo fin era el « secuestro » de Nicolás Maduro.  Consideró la consiguiente « ausencia forzosa » como una imposibilidad material y temporal de ejercer las funciones presidenciales.  Invocando su interpretación de los artículos 234 y 239.8, ordenó a la vicepresidenta Delcy Rodríguez ejercer la presidencia mediante una medida cautelar urgente, destinada a preservar el Estado y defender la Nación.  Dejó a los órganos estatales competentes la calificación definitiva de la falta presidencial. [11]

La resolución que calificó la agresión también dispuso la encargaduría presidencial cuyo consentimiento invoca ahora Estados Unidos.  Descalificar a la Sala como órgano del gobierno anterior no proporciona un fundamento constitucional independiente para ese consentimiento.  El gobierno cuya continuidad aseguró la intervención de la Sala se convirtió después en el conducto por el que Estados Unidos obtuvo las ventajas petroleras anunciadas en agosto.

El presidente del Estado beneficiario ya había vinculado la acción militar con su rendimiento económico.  El 30 de abril, el presidente Trump describió la relación con Venezuela como « una especie de empresa conjunta », afirmó que ambos países ganaban dinero y declaró que Estados Unidos había « recuperado con creces el coste del ataque ». [12]

No toda inversión extranjera, venta de petróleo, operación de préstamo o concesión comercial constituye explotación.  La explotación consiste en extraer deliberadamente ventajas de los recursos de otra nación cuando el beneficiario extranjero dispone de un poder extraordinario sobre las circunstancias gubernamentales por cuyo conducto se pretende obtener el consentimiento.  La asimetría consta en las manifestaciones de ambas partes:  la Sala venezolana calificó la agresión y ordenó una medida de defensa; el presidente estadounidense describió la relación económica resultante como una empresa conjunta que había resarcido el coste del ataque.  El acuerdo de agosto dio después forma económica y gubernamental duradera a esa ventaja.

El propio lenguaje de la Casa Blanca acentúa la contradicción.  Su ficha informativa de agosto acusa a actores rusos y chinos, junto con allegados al poder político venezolano, de haber « saqueado los recursos de Venezuela » en beneficio de adversarios estadounidenses.  El mismo documento celebra después el desplazamiento de esos actores por un sistema concebido para asegurar el predominio estadounidense en el hemisferio, el control gubernamental estadounidense, la propiedad económica estadounidense, los privilegios de compra estadounidenses y el abastecimiento estratégico estadounidense. [3] [4]

La nacionalidad del beneficiario no puede determinar si se ha respetado la soberanía venezolana.  Si el control extranjero de los recursos de Venezuela resulta objetable porque esos recursos pertenecen a Venezuela, sustituir al beneficiario extranjero no altera la titularidad constitucional de la soberanía venezolana ni la condición jurídica de los yacimientos.

La cuestión constitucional no consiste en determinar si Venezuela puede recibir capital extranjero, vender petróleo o establecer relaciones comerciales a largo plazo.  Consiste en determinar de dónde procede la potestad de obligar a la República.  La inversión designa un aporte de capital.  El contrato, un instrumento.  El reconocimiento, la posición diplomática de un gobierno extranjero.  Ninguna de esas categorías confiere, por sí sola, competencia para ejercer potestades soberanas venezolanas.

La distinción cobra aún mayor importancia cuando interviene una estructura societaria.  La Casa Blanca ha destacado la participación de una empresa privada y el empleo de capital privado estadounidense. [3] [4]  Pero una sociedad privada no puede otorgarse a sí misma una concesión petrolera venezolana.  El derecho a explotar yacimientos pertenecientes a la República debe tener su origen en el ordenamiento venezolano.  Los acuerdos societarios privados pueden distribuir intereses económicos una vez constituido ese derecho.  No pueden conferir la potestad soberana necesaria para constituirlo.

Reuters identifica al empresario venezolano Alejandro Betancourt como quien controla North American Blue Energy Partners. [10]  El acuerdo vincula, por tanto, a un beneficiario privado venezolano con los intereses gubernamentales estadounidenses que expresamente constituye.  Para que la obtención de ventajas por Estados Unidos sea deliberada, no es preciso que éste sea el único beneficiario.  Tampoco el interés privado de un empresario venezolano equivale al consentimiento del pueblo venezolano.  Su participación no dispensa de acreditar la potestad constitucional necesaria para otorgar derechos sobre los yacimientos de la República.

Tampoco puede el derecho estadounidense resolver esa cuestión venezolana previa.  Las leyes, órdenes ejecutivas, licencias, contratos y disposiciones sobre competencia judicial de Estados Unidos pueden determinar lo que sus funcionarios y entidades están facultados para hacer conforme a su propio ordenamiento.  No pueden determinar qué atribuciones confiere la Constitución de Venezuela a los funcionarios venezolanos para obligar a la República.

El Preámbulo estadounidense comienza con las palabras « Nosotros, el Pueblo », que la doctrina constitucional de aquel país entiende como la identificación del sujeto que instituyó la Constitución.  Pero el Tribunal Supremo no ha considerado el Preámbulo como una fuente autónoma de potestades gubernamentales sustantivas.  El artículo 5 venezolano no es una fórmula preambular.  Es una disposición constitucional normativa que define dónde reside la soberanía, cómo se ejerce, de dónde emanan los órganos del Estado y a qué están sometidos. [1] [13] [14]

Reducir el artículo 5 a la conocida fórmula estadounidense « Nosotros, el Pueblo » menoscabaría su sentido en vez de esclarecerlo.

El artículo 5 es más preciso.  El pueblo no comparece únicamente en el momento fundacional para diluirse después en las instituciones que creó.  La soberanía sigue siendo suya.  El gobierno no la recibe en propiedad.  Ejerce potestades constituidas y permanece subordinado a la fuente soberana de la que emanan.

La distinción entre el pueblo soberano y sus representantes determina el alcance que puede tener el consentimiento gubernamental.

Un acto de representación sólo puede obligar a la República porque el orden constitucional faculta al representante para realizarlo.  La representación es, por tanto, derivada.  La soberanía no lo es.  Considerar que el consentimiento de los representantes se valida por sí mismo invierte la relación constitucional establecida en el artículo 5.

El problema se agrava cuando el orden gubernamental que presta el consentimiento se encuentra bajo tutela extranjera.  La orden de enero puso en manos estadounidenses las decisiones sobre ingresos soberanos venezolanos.  La estructura posterior extendió esa supervisión al conjunto de la transición:  el Estado extranjero auspicia la reconciliación política, respalda el marco jurídico del recurso, se atribuye funciones de auditoría y vigilancia financiera, adquiere facultades de dirección y veto en la empresa resultante, recibe propiedad económica y derechos preferentes de compra, y presenta abiertamente el acuerdo como garantía de su propio predominio. [3] [4] [8]

En esas condiciones, el consentimiento gubernamental no puede considerarse una prueba independiente de la potencia extranjera que obtiene el beneficio.  El beneficiario extranjero participa en el entorno político e institucional del que procede el pretendido consentimiento.

Cuando se anunció el acuerdo petrolero, había vencido incluso el plazo máximo de suplencia temporal previsto en el artículo 234.  El artículo 234 prevé la suplencia de las faltas temporales del presidente hasta por noventa días, prorrogables por la Asamblea Nacional hasta por noventa días más.  El primer período concluyó el 3 de abril. [1]  El 6 de abril, Associated Press informó de que la Asamblea no había celebrado ninguna votación pública para autorizar una prórroga. [15]  Aun suponiendo autorizada la totalidad del segundo período, el límite máximo de ciento ochenta días venció el 2 de julio. [1]

El 15 de julio, Acceso a la Justicia informó de que la Asamblea aún no se había pronunciado sobre la falta presidencial.  Sostuvo que, agotado el período temporal, correspondía a la Asamblea activar el artículo 233 y la nueva elección presidencial prevista dentro de los treinta días consecutivos siguientes.  Según esa interpretación, Rodríguez puede continuar transitoriamente hasta que tome posesión un presidente electo.  Esa continuidad no dispensa del pronunciamiento sobre la sucesión ni de la elección; subsiste mientras se cumplen ambos deberes. [16]

El 31 de agosto, la Casa Blanca anunció el otorgamiento de derechos a los que atribuyó una duración de un siglo.  Ya se había documentado públicamente que la Asamblea no había resuelto la falta presidencial, y no se había celebrado la elección exigida por aquella interpretación del artículo 233.  A finales de septiembre seguía sin haber una fecha electoral cierta. [3] [5] [6] [16]

El respaldo de la Asamblea proporcionó apoyo político a un compromiso que alcanzaba a varias generaciones, mientras permanecían incumplidos los deberes constitucionales que regían la presidencia que lo asumía. [7] [16]

La mera invocación del consentimiento del gobierno interino no acredita la potestad constitucional para otorgarlo.  Ese consentimiento es precisamente lo que se cuestiona.  Un gobierno que continúa en funciones una vez vencido el período de suplencia temporal, sin haberse cumplido los deberes sucesorios y electorales que rigen la transición, no puede identificarse con el pueblo soberano venezolano por el mero hecho de seguir ejerciendo el poder.  La potencia extranjera que alteró las circunstancias de ese gobierno no puede invocar su consentimiento como prueba independiente de que el pueblo venezolano haya consentido en la apropiación de la riqueza natural de la República.

El Estado interviniente invoca el consentimiento del orden gubernamental que se mantuvo tras su intervención como fundamento jurídico de su propia adquisición.  El círculo nunca llega al soberano que identifica el artículo 5.

El argumento de que alguien tenía que gobernar acredita la necesidad de continuidad.  No acredita que esa continuidad exigiera otorgar al Estado interviniente derechos patrimoniales duraderos y acceso preferente a la riqueza venezolana.  La propia respuesta de la Administración a la emergencia de enero distinguió expresamente la custodia y la administración de la adquisición de derechos de propiedad.  Su acuerdo de agosto traspasó esa delimitación.  Ni la necesidad de preservar los ingresos ni la ausencia de un sucesor electo confieren atribuciones para convertir una administración transitoria en ventajas extranjeras de un siglo de duración.

Llamar reconstrucción al acuerdo no acredita esa potestad.  Llamarlo privatización tampoco la acredita.  Llamarlo estabilización tampoco la acredita.  Llamarlo contrato tampoco la acredita.  Cada término designa una política, un mecanismo o un objetivo.  Ninguno acredita la fuente constitucional venezolana de la potestad ejercida.

El artículo 12 sitúa los yacimientos en el dominio público de la República.  El artículo 5 radica la soberanía en el pueblo.  Entre ambos preceptos se encuentran los órganos de gobierno, investidos únicamente de las atribuciones que les confiere el orden constitucional. [1] [2]

La cadena constitucional discurre, por tanto, en una sola dirección:  del pueblo soberano, a través de la autoridad constituida, a la administración de la República y de su riqueza pública.  No recorre el camino inverso, desde la ocupación de los cargos gubernamentales hasta la titularidad de la soberanía.

Una potencia extranjera puede obtener acceso material.  Puede adquirir derechos contractuales.  Puede ganar capacidad de presión económica.  Puede obtener cooperación gubernamental.  Puede hacer valer su superioridad militar.  Puede incluso alcanzar el control efectivo de instituciones e ingresos.  Ninguna de esas circunstancias modifica la identidad constitucional del soberano venezolano.

La retórica de la victoria empleada por la Administración acentúa todavía más la distinción.  El 22 de septiembre, al referirse a Venezuela y al acuerdo petrolero en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Trump declaró:  « Al vencedor le corresponde el botín ». [17]  Un vencedor puede disponer de los medios para sacar provecho de las circunstancias creadas por su victoria.  Disponer de esos medios no equivale a poseer título jurídico.  La superioridad de la fuerza puede explicar cómo se obtuvo el control.  No puede acreditar, por sí sola, la potestad constitucional venezolana que lo haría lícito.

Por eso la cuestión no puede reducirse a determinar si el acuerdo petrolero aumentará la producción, atraerá inversiones, reducirá los precios, reconstruirá la infraestructura o generará ingresos fiscales.  Tales consecuencias pueden tener importancia económica.  No resuelven la cuestión previa.

La cuestión es quién estaba facultado para consentir.

Conforme al artículo 5, el examen no puede concluir con la identificación de quienes ocupan en la actualidad las instituciones gubernamentales.  Los órganos del Estado no son la fuente de la soberanía.  Emanan de ella y a ella están sometidos. [1]

Conforme al artículo 12, el objeto de la operación no es un patrimonio gubernamental ordinario del que los gobernantes puedan disponer por derecho propio.  Los yacimientos pertenecen a la República como bienes del dominio público. [2]

Estados Unidos puede llamar estabilización a su intervención.  Puede llamar propiedad económica a sus intereses.  Puede llamar reconstrucción a su supervisión.  Puede llamar necesidad estratégica a su predominio.  La Constitución venezolana establece un vocabulario previo:  pueblo, soberanía, República, Poder Público, dominio público, competencia.

Esos términos determinan la cuestión venezolana.

La propia documentación de la Administración estadounidense acredita que la obtención de ventajas es deliberada.  Anuncia el control, cuantifica la propiedad, fija el privilegio de compra, protege la participación en el capital, impone condiciones de dirección, celebra la ausencia de coste para el contribuyente estadounidense y declara como objetivo el predominio de Estados Unidos. [3] [4] [10]

La Administración se ha valido del consentimiento de las autoridades interinas para asegurar ventajas estadounidenses duraderas sobre la riqueza venezolana.  No ha acreditado la potestad que, conforme a la Constitución venezolana, facultaría a esas autoridades para otorgarlas.

Ricardo F. Morín

30 de septiembre de 2026

Bala Cynwyd, Pensilvania

Notas

[1] Centro para la Integración y el Derecho Público (CIDEP), Constituciones de Venezuela, Constitución de 1999, artículos 5, 233, 234 y 239.8.

[2] Centro para la Integración y el Derecho Público (CIDEP), Constituciones de Venezuela, Constitución de 1999, artículo 12.

[3] La Casa Blanca, « Fact Sheet:  President Donald J. Trump Announces Historic Oil Agreement to Secure American Energy Dominance and Drive Venezuela’s Economic Recovery », 31 de agosto de 2026.

https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2026/08/fact-sheet-president-donald-j-trump-announces-historic-oil-agreement-to-secure-american-energy-dominance-and-drive-venezuelas-economic-recovery

[4] La Casa Blanca, « President Trump Secures the Biggest Oil Deal in World History », 2 de septiembre de 2026.

https://www.whitehouse.gov/releases/2026/09/president-trump-secures-the-biggest-oil-deal-in-world-history

[5] Reuters, « Venezuela’s Rodriguez promises elections in transition to “full democracy” », 23 de septiembre de 2026.

https://www.reuters.com/world/americas/venezuelas-rodriguez-promises-elections-2026-09-23

[6] Reuters, « Venezuela president returns from US visit with no deals, no firm election date », 26 de septiembre de 2026.

https://www.reuters.com/world/americas/venezuela-president-returns-us-visit-with-no-deals-no-firm-election-date-2026-09-26

[7] Reuters, « Venezuela’s assembly backs oil deal announced with U.S. », 1 de septiembre de 2026.  Euronews, « Venezuela hands the US control over a fifth of its oil in landmark deal », 2 de septiembre de 2026, informa de la votación a mano alzada y de la abstención de diputados de oposición que no habían podido examinar las condiciones escritas del acuerdo.

https://www.reuters.com/business/energy/venezuelas-assembly-backs-oil-deal-announced-with-us-2026-09-01

https://www.euronews.com/2026/09/02/venezuela-hands-the-us-control-over-a-fifth-of-its-oil-in-landmark-deal

[8] Orden Ejecutiva 14373, « Safeguarding Venezuelan Oil Revenue for the Good of the American and Venezuelan People », 9 de enero de 2026, en particular las secciones 2, 4(a), 4(b), 4(c)(ii) y 5(a).

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2026/01/safeguarding-venezuelan-oil-revenue-for-the-good-of-the-american-and-venezuelan-people

[9] La Casa Blanca, « Fact Sheet:  President Donald J. Trump Safeguards Venezuelan Oil Revenue for the Good of the American and Venezuelan People », 9 de enero de 2026.

https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2026/01/fact-sheet-president-donald-j-trump-safeguards-venezuelan-oil-revenue-for-the-good-of-the-american-and-venezuelan-people

[10] Reuters, « US structured Venezuela oil position to protect it from dilution, official says », 4 de septiembre de 2026.  También identifica al empresario venezolano Alejandro Betancourt como quien controla NABEP.

https://www.reuters.com/legal/litigation/us-structured-venezuela-oil-position-protect-it-dilution-official-says-2026-09-04

[11] Acceso a la Justicia, « La SC ordena que Delcy Rodríguez, Vicepresidenta Ejecutiva, asuma y ejerza en condición de “encargada” la presidencia de la República », 3 de enero de 2026.  Reproduce la decisión de la Sala Constitucional, incluidas las expresiones « agresión militar extranjera », « secuestro » y « ausencia forzosa », y su orden cautelar fundada en los artículos 234 y 239.8.

https://accesoalajusticia.org/la-sc-ordena-que-delcy-rodriguez-presidencia-de-la-republica

[12] GovInfo, « Remarks During a Document Signing Ceremony and an Exchange With Reporters », 30 de abril de 2026, p. 8.  Transcripción presidencial oficial que recoge las declaraciones sobre la empresa conjunta y la recuperación con creces del coste del ataque.

[13] Congress.gov, Constitution Annotated, « Overview of the Preamble ».

https://constitution.congress.gov/browse/essay/pre-1/ALDE_00001231

[14] Congress.gov, Constitution Annotated, « Historical Background on the Preamble ».

https://constitution.congress.gov/browse/essay/pre-2/ALDE_00001234

[15] Associated Press, « Venezuela’s Delcy Rodríguez remains acting president after her initial 90-day appointment expired », 6 de abril de 2026.  Informa de que la Asamblea Nacional no había celebrado una votación pública para prorrogar el período inicial.

https://apnews.com/article/venezuela-maduro-acting-president-delcy-rodriguez-trump-f33d6fe7407305b513940dfa4f69136c

[16] Acceso a la Justicia, « ¿Qué ocurre con la encargaduría presidencial? », 15 de julio de 2026.  Da cuenta de la falta de pronunciamiento de la Asamblea sobre la ausencia presidencial, sostiene que debe activarse el artículo 233 una vez agotado el período de suplencia temporal e interpreta que la Constitución permite continuar transitoriamente hasta la toma de posesión del presidente electo.

https://accesoalajusticia.org/que-ocurre-con-la-encargaduria-presidencial

[17] Factba.se / Roll Call, transcripción del discurso del presidente Donald J. Trump ante el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 22 de septiembre de 2026.  Recoge, después de la referencia al acuerdo petrolero venezolano, la afirmación que se traduce aquí al castellano como « Al vencedor le corresponde el botín ».

https://rollcall.com/factbase/trump/transcript/donald-trump-speech-81st-united-nations-general-assembly-september-22-2026


« Desenmascarar la desilusión:  Serie XVIII »

September 28, 2026

«Alegoría geométrica», pintura digital (2023) de Ricardo Morín (artista visual estadounidense, nacido en Venezuela en 1954)

Alcance y uso

Esta entrega forma parte del corpus constitucional presentado en el Apéndice, que reúne las constituciones de Venezuela para su consulta, sin exigir una lectura consecutiva.  La comparación se articula mediante códigos de rúbricas permanentes, cuya identidad se mantiene en todo el corpus; la ausencia de una rúbrica indica silencio constitucional, y los códigos retirados no se reasignan.  Las referencias se anclan en primer término en el número del artículo y siguen la recensión de CIDEP identificada al cierre de cada entrada, con las correcciones de cotejo expresamente consignadas en las notas de fuentes y en el registro correspondiente.  La definición del corpus, el método editorial y las convenciones de cita figuran en la nota de alcance y uso que introduce las constituciones del siglo XIX en « Desenmascarar la Desilusión: Serie XI ».

Ricardo F. Morín
28 de septiembre de 2026
Bala Cynwyd, Pensilvania

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15).  La Constitución de 1922

La Constitución de los Estados Unidos de Venezuela de 1922 fue declarada sancionada en el Palacio Federal Legislativo, Caracas, el 19 de junio de 1922, tras la ratificación unánime consignada respecto de las Asambleas Legislativas de los Estados, y promulgada en el Palacio Federal, Caracas, el 24 de junio de 1922, bajo la presidencia provisional de V. Márquez Bustillos.

Nota histórica

El Presidente Victorino Márquez Bustillos, quien había ejercido la presidencia provisional mientras el Presidente Juan Vicente Gómez ostentaba el mando militar, suscribió la fórmula de ejecución que figura en la recensión del CIDEP con fecha de 24 de junio de 1922.  Gómez fue elegido Presidente para el período constitucional 1922–1929 y reasumió la presidencia en 1922.

Fuentes: CIDEP, Constitución de 1922, pp. 3 y 21; Ramón J. Velásquez, « Gómez, Juan Vicente », Diccionario de Historia de Venezuela, Fundación Empresas Polar.

https://bibliofep.fundacionempresaspolar.org/dhv/entradas/g/gomez-juan-vicente

DOC-PRE—Preámbulo:

El Congreso de los Estados Unidos de Venezuela invocó el artículo 133 del Pacto Federal vigente en su fórmula decretoria:

«El Congreso de los Estados Unidos de Venezuela, en el nombre de Dios Todopoderoso, y en ejercicio de la facultad que le concede el artículo 133 del Pacto Federal vigente, decreta la presente CONSTITUCIÓN»

La fórmula difería de la de junio de 1914, que identificaba al congreso de diputados plenipotenciarios y la potestad conferida por las asambleas de los distritos (cf. 1914, fórmula decretoria:  «El Congreso de Diputados Plenipotenciarios de los Estados que forman la Unión Venezolana, en ejercicio del poder que le confirieron las Asambleas de Diputados Plenipotenciarios de los Distritos de los Estados, en el nombre de Dios Todopoderoso, decreta la presente:  CONSTITUCIÓN»).

FND-TER—Territorio:

El territorio comprendía el de la antigua Capitanía General de Venezuela, con las modificaciones resultantes de los tratados públicos, y se componía de los territorios de los Estados, el Distrito Federal, los Territorios Federales Amazonas y Delta-Amacuro, y las islas venezolanas del mar de las Antillas (art. 1; cont. 1914, art. 1).  La Nación conservaba la denominación Estados Unidos de Venezuela, la declaración de independencia y la forma de gobierno republicana, federal, democrática, electiva, representativa, responsable y alternativa (arts. 8–9; cont. 1914, arts. 8–9).

Los límites Estatales seguían remitiendo a la Ley de 28 de abril de 1856 y a las modificaciones de 1909.  El artículo 2 reconocía, además, las modificaciones limítrofes convenidas entre Aragua y Carabobo en el Protocolo de Maracay de 31 de enero de 1917 y aprobadas por sus respectivas asambleas legislativas el 27 de febrero y el 2 de marzo de 1917 (cf. 1914, art. 2:  «[…] salvo las modificaciones establecidas en la Constitución sancionada por el Congreso Nacional el 4 de agosto de 1909, y mandada ejecutar el 5 de agosto del mismo año.»).

Las controversias limítrofes continuaban sujetas a la remisión por la Cámara del Senado, a solicitud de uno o más de los Estados interesados, a un tribunal de árbitros arbitradores de libre nombramiento del Ejecutivo Federal (art. 3; cont. 1914, art. 3).

El Distrito Federal conservaba Caracas, sus parroquias foráneas enumeradas y el Departamento Vargas.  Caracas seguía siendo la capital y el asiento de los poderes generales, con la posibilidad de que el Ejecutivo fijase residencia transitoria en otro punto del Distrito Federal por circunstancias imprevistas (arts. 4 y 6; cont. 1914, arts. 4 y 6).  Amazonas y Delta-Amacuro podían adquirir la categoría de Estados si reunían los requisitos de población y capacidad administrativa; las islas del mar de las Antillas permanecían bajo administración federal directa hasta constituirse en Territorios (art. 5; cont. 1914, art. 5).  Se mantenía la prohibición de enajenar, arrendar o ceder territorio nacional a una potencia extranjera (art. 7; cont. 1914, art. 7).

POW-LEG—Congreso:

El Poder Legislativo seguía correspondiendo al Congreso de los Estados Unidos de Venezuela, compuesto por la Cámara de Diputados y la Cámara del Senado (art. 34; cont. 1914, art. 34).  Se conservaban la proporción de un Diputado por cada treinta y cinco mil habitantes, otro por un exceso de quince mil y al menos uno por Estado, el número de Suplentes igual al de principales, y el período de tres años.  Para ser diputado se exigía la nacionalidad venezolana por nacimiento y haber cumplido veintiún años.  El Distrito Federal y los Territorios Federales que reuniesen la base de población también elegían diputados (arts. 35–37; cont. 1914, arts. 35–37).  El artículo 35 conservaba la votación directa, según consta en la recopilación digitalizada alojada por CIDEP, página impresa 235; también la prescribían el artículo 19, base 20, y el artículo 37 (cont. 1914, disposiciones correspondientes).

La Cámara de Diputados conservaba la facultad de censurar a los ministros, que cesaban por ese hecho en sus cargos, y la de elegir cada tres años al Procurador General de la Nación y dos suplentes (art. 38; cont. 1914, art. 38).  Cada asamblea Estatal elegía, de fuera de su seno, dos senadores principales y dos suplentes por tres años; para ser senador se exigía la nacionalidad venezolana por nacimiento y haber cumplido treinta años (arts. 39–40; cont. 1914, arts. 39–40).  El Senado mantenía sus funciones relativas al arbitraje limítrofe, el depósito de restos en el Panteón Nacional, las dádivas y distinciones extranjeras, y los ascensos militares y navales (art. 41; cont. 1914, art. 41).  Respecto de las dádivas y distinciones extranjeras, el artículo 41(3) se refería a los empleados públicos; su antecedente se refería a los empleados nacionales.

Las Cámaras continuaban reuniéndose el 19 de abril o en la fecha más inmediata posible, pero clausuraban sus sesiones improrrogablemente el 5 de julio (art. 42; cf. 1914, art. 42:  «Las sesiones durarán 70 días improrrogables.»).  Se mantenían las disposiciones sobre cuórum, sesiones públicas o secretas, reglamentación interna, funcionamiento simultáneo, incompatibilidades, emolumentos, inmunidad, irresponsabilidad por votos y opiniones, contratos y vacantes (arts. 43–53; cont. 1914, arts. 43–53).

Se conservaba la distinción entre las Leyes sancionadas por las Cámaras como cuerpos colegisladores y los Acuerdos adoptados en reunión conjunta o sobre asuntos privativos de una de ellas, así como la presidencia del Congreso por el presidente del Senado (arts. 54–56; cont. 1914, arts. 54–56).  Las Cámaras reunidas conservaban sus atribuciones electorales, de examen de mensajes y cuentas, de nombramiento militar y de admisión de Territorios como Estados; la competencia para conocer de renuncias incluía expresamente a los vicepresidentes (art. 57; cf. 1914, art. 57(3):  «Conocer de la renuncia del Presidente de los Estados Unidos de Venezuela.»).

Las atribuciones legislativas comunes seguían comprendiendo las leyes orgánicas y electorales federales, los impuestos, los códigos, la moneda, los empleos públicos, la deuda y los empréstitos, la estadística, la sanidad, la milicia, el censo, los tratados, los contratos y concesiones, el presupuesto, las pesas y medidas, las pensiones, la organización militar, la guerra y la seguridad portuaria (art. 58; cont. 1914, art. 58).  El censo seguía siendo decenal; el artículo 58(8) ya no señalaba el 1 de enero de 1916 como fecha inicial.

La iniciativa legislativa, las tres discusiones en cada Cámara, el trámite de las discrepancias, el rechazo, la derogación, la publicación, la indelegabilidad y la irretroactividad seguían regulados en los artículos 59–71.  El artículo 65 precisaba que los proyectos pendientes recibirían las tres discusiones en las sesiones del año siguiente en la Cámara en que no las hubiesen recibido (cf. 1914, art. 65:  «Los proyectos que quedaren pendientes en cualquiera de la Cámaras al fin de las sesiones, sufrirán las mismas tres discusiones en las sesiones del año siguiente.»).  Las restantes disposiciones procedimentales citadas mantenían sus correspondientes antecedentes (arts. 59–64 y 66–71; cont. 1914, arts. 59–64 y 66–71).

ECO-HAC—Hacienda:

Las Cámaras conservaban las facultades de decretar los impuestos nacionales y autorizar su recaudación anual, regular la deuda nacional y sus intereses, decretar empréstitos, aprobar los contratos y concesiones especificados, y sancionar el Presupuesto General de Rentas y Gastos Públicos (art. 58, núms. 2, 6–7 y 10–11; cont. 1914, art. 58, mismos números).

Las rentas Estatales seguían comprendiendo el Impuesto Territorial recaudado en las aduanas; los productos de las minas, los terrenos baldíos y las salinas; la participación legal en la Renta de Aguardiente; los impuestos sobre la explotación de productos naturales; y el papel sellado.  Los Estados delegaban en el legislador federal el establecimiento y la organización de las tres primeras categorías de renta y cedían su administración a la Nación, para distribuir el producto líquido según la población (art. 19, bases 27–28; cont. 1914, art. 19, bases 27–28).  También se mantenía la prohibición de enajenar los baldíos de las islas marítimas, fluviales y lacustres (art. 19, base 28, parágrafo único; cont. 1914, misma disposición).

La exportación permanecía exenta de gravámenes (art. 117; cont. 1914, art. 117).  Las erogaciones del Tesoro Nacional requerían una asignación presupuestaria del Congreso o un decreto ejecutivo que autorizase un Crédito Adicional con el voto afirmativo del Consejo de Ministros.  Los funcionarios respondían civilmente por los pagos no autorizados; los gastos ordinarios tenían preferencia, y los créditos adicionales debían someterse al Congreso en su siguiente reunión (art. 118; cont. 1914, art. 118).

Se conservaba la prohibición de emitir papel moneda o disponer la circulación forzosa de billetes de banco u otros valores representados en papel.  La acuñación de moneda de plata o níquel requería autorización legislativa previa (art. 119; cont. 1914, art. 119).  Los contratos de interés público no podían traspasarse a gobiernos extranjeros e incorporaban la cláusula de jurisdicción venezolana prescrita; las sociedades constituidas para ejecutarlos debían establecer domicilio legal en Venezuela (art. 121; cont. 1914, art. 121).  Se mantenían las obligaciones ministeriales de presupuesto y rendición de cuentas (art. 89; cont. 1914, art. 89).

POW-EXE—Ejecutivo:

El Presidente de los Estados Unidos de Venezuela continuaba ejerciendo el Ejecutivo Federal en unión de los Ministros del Despacho.  Las funciones ejecutivas sólo podían ejercerse fuera del Distrito Federal en los supuestos constitucionales (arts. 72–73; cont. 1914, arts. 72–73).

El Congreso elegía al presidente dentro de los primeros quince días de su instalación y, en la misma sesión, a un primero y un segundo vicepresidentes.  La sesión era pública y permanente, se anunciaba con cinco días de anticipación, y la elección se efectuaba por votación secreta y mayoría absoluta de los miembros presentes (arts. 74–76; cf. 1914, art. 74:  «[…] para hacer la elección del Presidente de los Estados Unidos de Venezuela.»).  Un ministro designado continuaba supliendo las faltas temporales del presidente.  Las faltas absolutas correspondían a los vicepresidentes por su orden de elección; a falta de ambos, el presidente de la Corte Federal y de Casación se encargaba del Poder y convocaba la elección de nuevos titulares para el resto del período (art. 77; cf. 1914, art. 77:  «En caso de falta absoluta, se encargará del Poder el Presidente de la Corte Federal y de Casación y procederá a convocar inmediatamente el Congreso para elegir un nuevo Presidente por el tiempo que falte del período.»).

El presidente y los vicepresidentes debían ser venezolanos por nacimiento, de estado seglar, mayores de treinta años y estar en posesión de sus derechos civiles y políticos.  Prestaban la promesa de ley ante el Congreso o, si ello no fuese posible, ante la Corte en Sala Plena (art. 78; cf. 1914, art. 78:  «[…] prestará ante el Congreso la promesa legal antes de entrar en ejercicio de sus funciones.»).

Las atribuciones presidenciales seguían comprendiendo los nombramientos, la promulgación y ejecución de leyes, la reglamentación, la administración federal, los empréstitos, las negociaciones diplomáticas, los contratos, los documentos de nacionalidad y navegación, el mando militar, las medidas extraordinarias, las amnistías y los indultos (art. 79; cont. 1914, disposiciones correspondientes del art. 79).  La sanidad se añadía a los servicios regulados en el número 10.  El número 21 permitía también la expulsión de extranjeros calificados en el texto como perniciosos que poseyesen inmuebles por valor inferior a cuarenta mil bolívares, acreditado mediante documentos públicos de propiedad (cf. 1914, art. 79(21):  «[…] expulsar a los extranjeros perniciosos que no tengan bienes raíces en el país.»).

Se mantenían el mensaje presidencial anual, la remuneración legal, la responsabilidad por traición a la Patria y delitos comunes, y el cese de las funciones presidenciales el 19 de abril del último año del período (arts. 80–83; cont. 1914, arts. 80–83).  Los períodos ejecutivo y judicial seguían siendo de siete años, contados ahora desde el 19 de abril del año de la elección (art. 128; cf. 1914, art. 128:  «[…] siete años […] desde el día 19 de abril de 1915.»).

La ley continuaba determinando los despachos ministeriales; el artículo 84 facultaba, además, al Ejecutivo Federal para crear ministerios durante el receso legislativo (cf. 1914, art. 84:  «El Presidente de los Estados Unidos de Venezuela tendrá para su Despacho los Ministros que señale la ley.  Esta determinará sus funciones y deberes, y organizará sus Secretarías.»).  Se conservaban los requisitos ministeriales, la refrendación, la responsabilidad personal y solidaria, las memorias y cuentas anuales, la comparecencia ante las Cámaras y los supuestos de responsabilidad enumerados (arts. 85–91; cont. 1914, arts. 85–91).

POW-JUD—Poder Judicial:

El Poder Judicial seguía residiendo en la Corte Federal y de Casación y en los demás tribunales establecidos por la ley.  Los funcionarios judiciales continuaban respondiendo por traición a la Patria, soborno o cohecho, infracción constitucional o legal, y delitos comunes (arts. 92–93; cont. 1914, arts. 92–93).

La Corte conservaba siete Vocales, elegidos por siete años, a quienes se exigía la nacionalidad venezolana por nacimiento, edad superior a treinta años, estado seglar y la condición de abogados de la República.  Siete agrupaciones de las representaciones de los Estados y del Distrito Federal presentaban dos candidatos cada una; los no elegidos quedaban como suplentes, y la Corte cubría por sorteo las faltas absolutas hasta la siguiente reunión del Congreso (arts. 94–97; cont. 1914, arts. 94–97).

El artículo 98(2) añadía a la competencia de la Corte las causas criminales contra los vicepresidentes.  La declaración previa sobre la formación de causa se aplicaba, por ello, a los tres primeros supuestos enumerados (cf. 1914, art. 98:  «En los dos casos anteriores, la Corte declarará si hay o no lugar a formación de causa […]»).  Se mantenían las restantes atribuciones sobre funcionarios nacionales y Estatales, diplomáticos, reclamaciones contra la Nación, casación, presas, conflictos de competencia, control de constitucionalidad, colisión de leyes, actos públicos, contratos, sentencias extranjeras y títulos de minas, baldíos y ejidos, con el desplazamiento de un número en las atribuciones subsiguientes (art. 98, núms. 3–18; cont. 1914, art. 98, núms. 2–17).  Se conservaban la memoria anual, la prohibición de aceptar simultáneamente empleos dependientes del Ejecutivo y la remuneración legal (arts. 99–101; cont. 1914, arts. 99–101).

El Ministerio Público seguía a cargo del Procurador General de la Nación, elegido por la Cámara de Diputados por tres años, con dos suplentes.  Los requisitos continuaban siendo la nacionalidad venezolana por nacimiento, edad superior a treinta años y la condición de abogado (arts. 38(2) y 102–104; cont. 1914, arts. 38(2) y 102–104).  Sus funciones seguían comprendiendo la ejecución de leyes, los informes jurídicos, la vigilancia de los funcionarios federales, las acusaciones, la intervención fiscal y la representación de la Nación.  La remisión relativa al Ministerio Fiscal incluía ahora las cuatro primeras atribuciones de la Corte, entre ellas las causas contra los vicepresidentes (art. 105(5); cf. 1914, art. 105(5):  «[…] los juicios a que se refieren las atribuciones 1., 2. y 3. de la Corte Federal y de Casación […]»).

POW-SUB—Gobierno subnacional:

Los mismos veinte Estados conservaban el reconocimiento recíproco de su autonomía, la igualdad política y la soberanía no delegada por la Constitución, con sujeción a las Bases de la Unión.  El artículo 19 mantenía sus obligaciones relativas a la organización constitucional, los actos federales, la autonomía municipal, las relaciones exteriores, la justicia, las controversias entre Estados, los contingentes militares y las rentas (cont. 1914, art. 19).  La base 17 añadía la sanidad a la competencia legislativa nacional, junto con la instrucción pública (cf. 1914, art. 19, base 17:  «A reservar a la Nación la facultad de legislar sobre Instrucción Pública […]»).

Los Concejos Municipales conservaban su autonomía económica y administrativa y sus facultades rentísticas, con las restricciones especificadas.  La asunción de la administración de los distritos por el Ejecutivo Estatal en caso de guerra continuaba requiriendo el voto de la asamblea legislativa o, durante su receso, el de la corte suprema del Estado (art. 19, base 4; cont. 1914, misma disposición).  Los Estados podían unirse y recuperar su condición separada, conservando durante la unión los derechos especificados sobre representación senatorial y elección de la Corte (arts. 20–21; cont. 1914, arts. 20–21).

La competencia residual seguía correspondiendo a los Estados.  Sus períodos constitucionales de tres años se contaban ahora desde el 20 de febrero del año en que comenzase el período respectivo (art. 106; cf. 1914, art. 106:  «[…] tres años, contados desde el veinte de febrero de 1915.»).  Los tribunales Estatales continuaban siendo independientes, sujetos al examen atribuido por la ley a la Corte federal (art. 108; cont. 1914, art. 108).

El artículo 113 conservaba la prohibición de que funcionarios federales residentes ejerciesen autoridad en los Estados, salvo en los servicios enumerados, así como su sujeción a las leyes Estatales y la remoción a requerimiento del Estado por motivo legal.  La enumeración comprendía al personal de Hacienda, instrucción pública, comunicaciones, sanidad, administración de recursos y establecimientos militares.  La recopilación digitalizada alojada por CIDEP, página impresa 244, mantenía la restricción de esta última jurisdicción a las funciones respectivas y al recinto de fortalezas, cuarteles, apostaderos y puertos habilitados.  No se reproducía la mención separada de las fuerzas de resguardo de fronteras (cf. 1914, art. 113:  «[…] fuerzas que se destinen para resguardo de las fronteras o que guarezcan fortalezas, parques, apostaderos y puertos habilitados […]»).

CON-AMD—Reforma constitucional:

El procedimiento de reforma se mantenía en los artículos 130–134.  El Congreso Nacional sólo podía decretar en sesiones ordinarias las enmiendas o adiciones solicitadas por las tres cuartas partes de las Asambleas Legislativas de los Estados, también en sesiones ordinarias, y únicamente sobre los puntos en que coincidiese la mayoría de los Estados (art. 130; cont. 1914, art. 130).

Se aplicaba el procedimiento legislativo ordinario; el presidente del Congreso sometía el texto acordado a las asambleas Estatales para su ratificación definitiva.  Las reformas de iniciativa congresual requerían la ratificación de las tres cuartas partes de dichas asambleas, cuyos votos definitivos regresaban al Congreso para el escrutinio (arts. 131–134; cont. 1914, arts. 131–134).  La frase repetida en la transcripción de CIDEP del artículo 130 de 1914 no aparecía repetida en la recensión de 1922.

CIV-SUF—Sufragio:

Los venezolanos mayores de veintiún años que reuniesen los requisitos constitucionales seguían siendo electores y elegibles.  La libertad de sufragio permanecía sujeta a la Constitución y las leyes, y los ciudadanos en ejercicio de sus derechos políticos podían elegir y ser elegidos para destinos públicos (arts. 12, 22(11) y 123; cont. 1914, mismas disposiciones).

Los Estados conservaban el voto directo para los Concejos Municipales, las Asambleas Legislativas y la Cámara de Diputados, y el voto indirecto o por delegación para los restantes funcionarios de elección popular, con votación secreta y sujeción al censo electoral federal en ambos casos (art. 19, base 20; cont. 1914, misma disposición).  Se mantenía la disposición expresa sobre votación directa en el Distrito Federal y los Territorios Federales que reuniesen la base de población (art. 37; cont. 1914, art. 37).  El cómputo para la representación seguía excluyendo a la población denominada en la recensión indígenas que viven en estado salvaje (art. 37, parágrafo único; cont. 1914, misma disposición).

El Congreso elegía ahora dos vicepresidentes, además del presidente, por votación secreta y mayoría absoluta de los presentes (arts. 74–76; cf. 1914, art. 76:  «La votación será secreta y proclamará elegido Presidente de Venezuela al ciudadano que obtenga la mayoría absoluta de votos de los miembros del Congreso concurrentes a la elección.»).  Los miembros de la Fuerza Pública Nacional que estuviesen de facción debían permanecer acuartelados durante las votaciones (art. 124; cont. 1914, art. 124).

CIV-CIT—Ciudadanía:

El artículo 10 conservaba la nacionalidad de origen y la adquirida.  La nacionalidad por nacimiento comprendía a los nacidos en Venezuela y a los hijos de padres venezolanos, cualquiera que fuese el lugar de nacimiento.  La adquisición se extendía, en las condiciones prescritas, a los hijos mayores de edad nacidos en el extranjero de padre o madre venezolanos por naturalización; a los nacidos en las repúblicas hispanoamericanas; a los extranjeros que obtuviesen carta de naturaleza; y a la extranjera casada con venezolano, incluida su continuación tras la disolución del vínculo mediante la declaración exigida dentro del primer año (cont. 1914, art. 10).

Se mantenían la declaración ante el Registrador Principal, su inscripción, su remisión al Ejecutivo Federal, y la orden y efectiva publicación en la Gaceta Oficial (art. 11; cont. 1914, art. 11).  También se conservaban el deber de servicio y la igualdad de derechos y deberes en toda la Unión (arts. 13–14; cont. 1914, arts. 13–14).

Las cuatro causas de suspensión de los derechos de ciudadano seguían comprendiendo el compromiso de servir contra Venezuela, la condenación o pena que comportase inhabilitación política o para cargos públicos, la aceptación no autorizada por un empleado de dádivas o distinciones extranjeras, y la interdicción judicial (art. 24; cont. 1914, art. 24).  Las reglas sobre derechos y deberes de los extranjeros, participación política, indemnización y tratados permanecían en los artículos 15–18 (cont. 1914, arts. 15–18).

RTS-GAR—Derechos:

El artículo 22 conservaba las garantías de inviolabilidad de la vida y abolición de la pena capital; propiedad; correspondencia y papeles particulares; hogar doméstico; libertad personal; pensamiento; tránsito; industria; reunión y asociación; petición; sufragio; enseñanza; religión; seguridad individual; e igualdad (cont. 1914, art. 22).  La garantía de propiedad mantenía las contribuciones legislativas, la decisión judicial, las medidas sanitarias y la toma para obras de utilidad pública, previo juicio contradictorio e indemnización.  También se conservaban las garantías sobre reclutamiento forzoso y esclavitud (art. 22, núms. 1–3 y 5; cont. 1914, mismas disposiciones).

El hogar podía allanarse, además, para cumplir decisiones judiciales en materia de enjuiciamiento criminal (art. 22(4); cf. 1914, art. 22(4):  «[…] sino para impedir la perpetración o consumación de un delito, o por motivo sanitario, y esto mismo ha de ejecutarse con arreglo a las leyes.»).  La garantía de libertad del pensamiento mantenía la fianza de cárcel segura cuando hubiese auto de detención en los procedimientos especificados.  Se conservaban las restricciones sobre monopolios, las excepciones legales a la asociación, el límite de treinta días del sumario después de la detención, la prohibición de incomunicación, la pena corporal máxima de veinte años y la prohibición de un segundo juicio por el mismo delito (art. 22, núms. 6, 8–9 y 14; cont. 1914, mismas disposiciones).

La enumeración no negaba otros derechos; los funcionarios que expidiesen o ejecutasen medidas contrarias a las garantías continuaban sujetos a sanción, y las leyes que menoscabasen dichos derechos debían declararse inconstitucionales y carentes de eficacia (arts. 23 y 25–26, en relación con el art. 98(11); cont. 1914, arts. 23 y 25–26, en relación con el art. 98(10)).

Corrección de remisión:  la atribución correspondiente figura en el artículo 98(11), que encomienda expresamente la declaración de nulidad de las leyes inconstitucionales.  El artículo 26 remite a la atribución 10 tanto en la transcripción moderna de CIDEP como en la recopilación digitalizada, página impresa 235; dicha atribución trata de conflictos de competencia judicial.  El aparato incorpora la referencia concordante sin modificar la lectura consignada en los testimonios.

REG-MIL—Fuerza armada:

Los Estados continuaban obligados a proporcionar el contingente desarmado que proporcionalmente les correspondiese, prohibir los enganches y levas especificados, y abstenerse de hacerse la guerra (art. 19, bases 22–24; cont. 1914, mismas disposiciones).  Las Cámaras reunidas en Congreso podían seguir nombrando anualmente un Comandante en Jefe del Ejército Nacional y determinar sus funciones (art. 57(2); cont. 1914, art. 57(2)).  Las Cámaras conservaban sus atribuciones legislativas sobre milicia, organización militar, reclutamiento, guerra y paz (art. 58, núms. 8 y 18–20; cont. 1914, mismas disposiciones).

El presidente conservaba la declaración de la guerra decretada por el Congreso, el mando del Ejército y la Armada, la organización de la Milicia y la determinación del número de fuerzas.  Las atribuciones militares, extraordinarias, de restablecimiento de la paz y de amnistía seguían sujetas a lo que determinase el Congreso cuando nombrase un comandante en jefe (art. 79, núms. 17 y 22–25, y parágrafo único; cont. 1914, mismas disposiciones).

La Fuerza Pública Nacional seguía dividida en naval y terrestre, compuesta de milicias de ciudadanos y susceptible de aumento en caso de guerra.  Las autoridades civil y militar sólo podían concurrir en una misma persona o corporación durante la perturbación del orden público; todos los elementos de guerra pertenecían a la Nación.  La Fuerza Armada continuaba siendo pasiva, obediente y no deliberante, y sólo podía exigir auxilios por conducto de las autoridades civiles y conforme a la ley (arts. 109–111, 115 y 125; cont. 1914, mismos artículos).  La obligación de acuartelamiento electoral permanecía en el artículo 124.

REG-REL—Religión:

La libertad religiosa continuaba sujeta a las leyes y a la suprema inspección de todo culto por el Ejecutivo Federal (art. 22(13); cont. 1914, art. 22(13)).  La Nación conservaba el Derecho de Patronato Eclesiástico, cuyo ejercicio se remitía a la Ley de 28 de julio de 1824 (art. 112; cont. 1914, art. 112).

ECO-INF—Infraestructura:

La cesión de territorio por los Estados para obras federales incluía ahora expresamente los aerodromos, junto con fuertes, muelles, almacenes, astilleros, penitenciarías, vías de comunicación, estaciones de cuarentena y edificios nacionales (art. 19, base 7; cf. 1914, art. 19, base 7:  «[…] fuertes, muelles, almacenes, astilleros, penitenciarías, vías de comunicación, estaciones de cuarentena, edificios nacionales y demás obras indispensables a la Administración general.»).

La jurisdicción legislativa y ejecutiva federal conservaba los Correos, Telégrafos y Teléfonos, la navegación, los muelles y los caminos nacionales, e incluía expresamente la navegación aérea (art. 19, base 9; cf. 1914, art. 19, base 9:  «[…] la navegación marítima, costanera y fluvial y los muelles y caminos nacionales […]»).  Un nuevo parágrafo único facultaba al Poder Federal para regular el tráfico de vehículos de tracción mecánica en los caminos nacionales.  Se mantenía la definición de estos caminos como los que atravesasen un Estado, Territorio o el Distrito Federal y saliesen de sus límites.

La competencia legislativa nacional y la reglamentaria presidencial incluían ahora expresamente la Sanidad (arts. 19, base 17, y 79(10); cf. 1914, art. 79(10):  «Reglamentar el servicio de Correos, Telégrafos y el de Teléfonos, públicos o particulares […]»).  Se conservaban la aprobación legislativa de las concesiones de vías de comunicación y contratos de interés nacional, la expedición de patentes de navegación, y la legislación sobre seguridad de puertos y costas marítimas (arts. 58(10), 58(21) y 79(12); cont. 1914, mismas disposiciones).

CON-FIN—Disposiciones finales:

La promulgación y la entrada en vigor dependían de que el Congreso Nacional comprobase, tras el escrutinio, que las asambleas legislativas Estatales habían ratificado las enmiendas y adiciones (art. 135; cf. 1914, art. 135:  «[…] han ratificado la presente Constitución las dos terceras partes, por lo menos, de las Asambleas.»).  La disposición de 1914 se refería a las asambleas de plenipotenciarios de los distritos y al escrutinio por el congreso constituyente; la de 1922, a las asambleas legislativas Estatales y al Congreso Nacional.

Los períodos ejecutivo y judicial de siete años se contaban desde el 19 de abril del año de la elección; se conservaban la base censal y el cómputo oficial de la Independencia desde el 19 de abril de 1810 y de la Federación desde el 20 de febrero de 1859 (arts. 127–129; cont. 1914, arts. 127 y 129; cf. 1914, art. 128:  «[…] siete años […] desde el día 19 de abril de 1915.»).  El artículo 129 pertenecía a las disposiciones generales, no a la disposición transitoria.

La Disposición Transitoria exigía la elección del primero y segundo vicepresidentes tan pronto se promulgase la Constitución (art. 136).  La Disposición Final derogaba la Constitución de 13 de junio de 1914 (art. 137; cf. 1914, art. 141:  «Se deroga el Estatuto Constitucional Provisorio de 19 de abril de 1914.»).  La fórmula final de sanción estaba fechada el 19 de junio de 1922 en el Palacio Federal Legislativo, Caracas; la orden de ejecución, el 24 de junio en el Palacio Federal, Caracas, con la firma de V. Márquez Bustillos y los ministros.

Nota de fuentes:  esta entrada sigue la recensión del Centro para la Integración y el Derecho Público (CIDEP), cotejada en los pasajes indicados con la reproducción digitalizada de Leyes y Decretos de Venezuela, tomo 45 (1922), publicada por la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas, 1994, y alojada por CIDEP.  El testimonio digitalizado aporta las palabras omitidas en los artículos 35 y 113 de la transcripción moderna y confirma las lecturas de los artículos 26 y 98(11), en las páginas impresas 235, 243 y 244.  El antecedente es la Constitución de junio de 1914; el Estatuto Constitucional Provisorio de abril de 1914 constituye un texto separado.  Recensión de 1922, recopilación digitalizada de 1922, recensión de 1914.

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16).  La Constitución de 1925

La Constitución de los Estados Unidos de Venezuela de 1925 fue declarada sancionada en el Palacio Federal Legislativo, Caracas, el 24 de junio de 1925, tras la ratificación Estatal unánime consignada en el acuerdo reproducido por el Portal Iberoamericano de Derecho de la Cultura.  La fórmula final de sanción de la recensión de CIDEP lleva la misma fecha.  La orden de ejecución estaba fechada el 1 de julio de 1925 en el Palacio Federal, Caracas, bajo la presidencia de Juan Vicente Gómez.

DOC-PRE—Preámbulo:

La fórmula decretoria cotejada identifica al Congreso de los Estados Unidos de Venezuela e invoca el artículo 133 del Pacto Federal vigente:

«EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA, EN EL NOMBRE DE DIOS TODOPODEROSO, y en ejercicio de la facultad que le concede el Artículo 133 del Pacto Federal vigente, DECRETA la presente CONSTITUCIÓN»

La invocación y la referencia al artículo coincidían con las del antecedente (cf. 1922, fórmula decretoria:  «[…] en ejercicio de la facultad que le concede el artículo 133 del Pacto Federal vigente […]»).

Corrección textual:  la fórmula y la fecha del acuerdo preliminar proceden de la reproducción identificada en la nota de fuentes.  Ese testimonio consigna el artículo 133 y un acuerdo de 24 de junio de 1925; el archivo moderno de CIDEP imprime en esos lugares el artículo 126 y el 24 de mayo de 1928.  Ambas lecturas y el testimonio de la corrección quedan consignados en el registro de cotejo.  La fórmula transcrita arriba corresponde al testimonio del Portal, no a una cita literal de la transcripción moderna de CIDEP.

FND-TER—Territorio:

El artículo 1 reunía la definición de la Nación como pacto de organización política bajo el nombre Estados Unidos de Venezuela y la declaración de independencia, con mención expresa de la protección extranjera junto con la dominación (cf. 1922, arts. 8–9:  «[…] en un pacto de asociación política con el nombre de Estados Unidos de Venezuela.»  «[…] libre e independiente de toda potencia o dominación extranjera […]»).  La forma de gobierno figuraba separadamente en el artículo 13.

Se conservaban la referencia territorial a la Capitanía General de Venezuela y las modificaciones derivadas de tratados.  La prohibición de enajenar territorio incluía expresamente el traspaso y la enajenación por tiempo limitado (art. 2; cf. 1922, art. 7:  «El Territorio de la Nación no podrá ser enajenado, ni arrendado, ni cedido de modo alguno a potencia extranjera.»).  Los artículos 3–4 distinguían los Estados, el Distrito Federal, los Territorios Federales y las Dependencias Federales, y enumeraban los mismos veinte Estados citados en el artículo 19 de 1922.

El artículo 5 conservaba la referencia limítrofe a la ley de 1856, las modificaciones de 1909 y el convenio de 1917 entre Aragua y Carabobo, con mención expresa de las variaciones provenientes de la creación de las divisiones territoriales federales.  También autorizaba a los Estados limítrofes a modificar su frontera común mediante convenios aprobados por sus legislaturas, incluidas las compensaciones o cesiones recíprocas de territorio (cf. 1922, art. 2:  «[…] las modificaciones establecidas en el Protocolo celebrado en Maracay, el 31 de enero de 1917, por los Plenipotenciarios de Aragua y Carabobo […]»).

El Distrito Federal se componía expresamente de los Departamentos Libertador y Vargas, con la misma ciudad y las parroquias foráneas enumeradas para Libertador.  Sus atribuciones municipales continuaban sujetas a la restricción legal relativa a la acción política federal (art. 6; cont. 1922, arts. 4 y 58(1), respecto del territorio y de esa restricción).  Caracas permanecía como capital y asiento del Gobierno, con los supuestos indicados de traslado en tiempo de guerra y de visita oficial del presidente (arts. 7 y 100, núms. 24(b) y 25; cf. 1922, art. 6:  «[…] el Ejecutivo Federal podrá fijar su residencia transitoria en cualquier otro punto del Distrito Federal, cuando alguna circunstancia imprevista lo requiera […]»).

Amazonas y Delta Amacuro conservaban la condición de Territorios Federales.  Sus límites y los del Distrito Federal podían modificarse mediante convenios con los gobiernos de los Estados vecinos, aprobados por el Congreso Nacional y las legislaturas Estatales respectivas (art. 8).  Se mantenían los requisitos de población y capacidad administrativa para adquirir la categoría de Estado, extensivos a los Territorios que se creasen posteriormente (art. 9; cont. 1922, art. 5, respecto de esos requisitos).  Las Dependencias Federales comprendían las islas venezolanas del mar de las Antillas, excepto Margarita, identificada como el Estado Nueva Esparta, y permanecían bajo administración federal directa hasta que la ley las elevase a Territorios (art. 10; cf. 1922, art. 5, parágrafo único:  «[…] hasta tanto sean pobladas y puedan constituir uno o más territorio.»).

Las controversias limítrofes entre Estados se atribuían a la Corte Federal y de Casación, conforme al procedimiento legal (art. 11; cf. 1922, art. 3:  «[…] sometidas por la Cámara del Senado […] a un Tribunal de árbitros arbitradores de libre nombramiento del Ejecutivo Federal.»).

POW-LEG—Congreso:

El Congreso de los Estados Unidos de Venezuela conservaba sus dos Cámaras (art. 55; cont. 1922, art. 34).  Se mantenían la proporción de representación, la representación mínima por Estado, el número de Suplentes igual al de diputados principales, los períodos legislativos de tres años, y los requisitos de nacionalidad y edad para los diputados (arts. 56–58; cont. 1922, arts. 35–37).  El artículo 58 designaba a la población indígena excluida del cómputo para la representación como indígenas no reducidos (cf. 1922, art. 37, parágrafo único:  «No se computarán en la base de población los indígenas que viven en estado salvaje.»).  Las asambleas Estatales conservaban la elección de dos senadores y dos suplentes; para ser senador se especificaba ahora una edad superior a treinta años (arts. 60–61; cf. 1922, art. 40:  «[…] haber cumplido treinta años.»).

La Cámara de Diputados conservaba el voto de censura contra los ministros, pero el presidente no estaba obligado a remover al ministro censurado mientras la Corte Federal y de Casación no declarase que había motivo legal para someterlo a juicio (art. 59(1); cf. 1922, art. 38(1):  «Dar voto de censura a los Ministros del Despacho, quienes por este hecho cesarán en sus cargos.»).  La elección del Procurador general de la Nación dejaba de figurar entre las atribuciones de la Cámara y correspondía al presidente conforme al artículo 113.

La Cámara del Senado mantenía sus funciones relativas al Panteón Nacional, las dádivas y distinciones extranjeras, y los ascensos militares y navales; la remisión de controversias limítrofes Estatales ya no figuraba en la enumeración (art. 62; cont. 1922, art. 41, núms. 2–5; véanse 1925, arts. 11 y 120(16)).  Las sesiones ordinarias duraban noventa días improrrogables, en lugar de concluir el 5 de julio.  Las extraordinarias se circunscribían a las materias de la convocatoria y a la legislación conexa (art. 63; cf. 1922, art. 42:  «[…] clausurarán sus sesiones, improrrogablemente, el 5 de julio siguiente.»).

El cuórum, las sesiones públicas o secretas, la reglamentación interna, el funcionamiento simultáneo, las incompatibilidades, los emolumentos, las restricciones contractuales y las vacantes continuaban regulados en los artículos 64–69 y 72–73, correspondientes a los artículos 43–48 y 52–53 de 1922.  El artículo 70 especificaba las protecciones contra la detención, la coacción en el ejercicio de las funciones y la participación obligatoria en procedimientos civiles durante la inmunidad legislativa.  También prohibía que las Cámaras allanasen la inmunidad de sus miembros (cf. 1922, art. 49:  «[…] inmunidad, lo cual consiste en la suspensión de todo procedimiento civil o criminal, cualquiera que sea su origen o naturaleza.»).  El artículo 71 conservaba la irresponsabilidad por las opiniones, sin reproducir separadamente la referencia a los votos del antecedente (cf. 1922, art. 51:  «Los miembros de las Cámaras no son responsables por el voto ni por las opiniones que emitan en ellas.»).

Se mantenían las sesiones conjuntas, la distinción entre Leyes y Acuerdos, y los cargos de presidencia del Congreso (arts. 74–76; cont. 1922, arts. 54–56).  El artículo 77 conservaba las elecciones constitucionales, el conocimiento de la renuncia presidencial, el examen de mensajes y cuentas, y la admisión de Territorios como Estados, e incluía expresamente el examen de créditos adicionales.  No reproducía el nombramiento anual de un comandante en jefe ni la referencia separada a las renuncias de los vicepresidentes del artículo 57 de 1922.

Las atribuciones legislativas comunes se enumeraban en el artículo 78.  Comprendían los impuestos, la deuda y los empréstitos, los empleos, la moneda, los tratados, los contratos, los inmuebles nacionales, el presupuesto, el censo, las pensiones, el reclutamiento militar, la guerra, los puertos y la legislación federal.  Las amnistías figuraban entre estas atribuciones (art. 78(16); cf. 1922, art. 79(25):  «Conceder amnistía e indultos.»).  Las concesiones mineras y los títulos de baldíos otorgados conforme a sus leyes respectivas quedaban exceptuados de aprobación congresual (art. 78(6); cf. 1922, art. 58(10)(a):  «Aprobar o negar:  […] Los títulos y concesiones de minas y las enajenaciones de tierras baldías […]»).

La iniciativa legislativa requería al menos tres miembros de una Cámara o la actuación del Ejecutivo por órgano del ministro competente; no se repetía la exigencia de publicación previa en la prensa de los proyectos ministeriales (art. 79; cf. 1922, art. 59:  «[…] el Proyecto debe publicarse previamente por la prensa y ser presentado por el Ministro a una de las Cámaras.»).  Se mantenían las tres discusiones en cada Cámara.  Las discrepancias no resueltas pasaban al Congreso reunido para decidirse por mayoría de votos (arts. 80–82; cf. 1922, art. 62:  «[…] quedará sin efecto el Proyecto, luego que la Cámara iniciadora resuelva separadamente la ratificación de su insistencia.»).  Los proyectos pendientes requerían nueva presentación y las discusiones correspondientes a un proyecto nuevo (art. 84; cf. 1922, art. 65:  «[…] en la Cámara en la cual no las sufrieron.»).

Se conservaban la fórmula de las leyes, la redacción íntegra de las leyes reformadas, las formalidades de derogación y la indelegabilidad legislativa (arts. 85–87 y 91; cont. 1922, arts. 66–68 y 70).  Los artículos 88–90 regulaban los ejemplares auténticos por duplicado, la publicación, la corrección de errores de impresión y la entrada en vigor en la fecha señalada o, a falta de ella, desde la publicación.  El artículo 92 mantenía la excepción de pena menor a la irretroactividad y precisaba la aplicación inmediata de las leyes de procedimiento a los procesos en curso, con la protección indicada para las pruebas ya evacuadas en materia penal (cf. 1922, art. 71:  «Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto en materia de procedimiento judicial, y la que imponga menor pena.»).

ECO-HAC—Hacienda:

El artículo 48 prohibía expresamente cobrar impuestos no autorizados por la ley y conservaba el requisito de asignación presupuestaria o de Crédito Adicional previo, con responsabilidad civil por las erogaciones no autorizadas (cf. 1922, art. 118:  «No se hará del Tesoro Nacional ningún gasto para el cual no se haya aplicado expresamente una cantidad por el Congreso en el Presupuesto General de Gastos Públicos o se haya acordado un Crédito Adicional con el voto afirmativo del Consejo de Ministros […]»).

Los ingresos aduaneros, el Impuesto Territorial y las rentas de salinas, perlas, minas y baldíos se atribuían al Tesoro Nacional.  Se reconocía expresamente la propiedad Estatal de los recursos especificados dentro de su territorio, bajo administración federal (art. 15, núms. 14 y 18).  Los Estados recibían un Situado Constitucional de diez millones de bolívares anuales, distribuido según la población.  Transcurridos tres años, el importe conjunto debía equivaler al doce por ciento de los ingresos por rentas del año civil precedente (art. 17(4)(1); cf. 1922, art. 19, base 28:  «[…] a ceder a la Nación la administración de esta renta, para distribuir su producto líquido entre todos los Estados proporcionalmente al número de sus habitantes.»).

Las rentas Estatales comprendían también el papel sellado, los impuestos de consumo y las demás contribuciones autorizadas; las rentas municipales se regulaban separadamente.  Las restricciones incluían la prohibición de gravar las materias reservadas a la Federación o a los municipios, el tránsito entre Estados, las mercancías antes de ofrecerse al consumo y el consumo con impuestos distintos según su procedencia, así como la de exigir cooperación fiscal federal o contribuciones pagaderas en trabajo personal o su equivalente monetario (arts. 17(4) y 18(3); cf. 1922, art. 19, bases 10–13:  «[…] sólo habrá las nacionales […]»  «[…] no crear impuestos cuyo establecimiento requiera la cooperación de la administración fiscal de la Nación.»).  La exportación permanecía libre de impuestos (art. 15(14); cont. 1922, art. 117).

Las Cámaras continuaban legislando sobre impuestos, empréstitos, deuda, moneda y el Presupuesto General de Rentas y Gastos Públicos.  No podían ordenar erogaciones determinadas fuera de la ley de presupuesto mediante leyes especiales o acuerdos (art. 78, núms. 1–4 y 9).  Se mantenían el patrón de oro y la prohibición de circulación forzosa de valores representados en papel; no se reproducía la prohibición separada de emitir papel moneda del artículo 119 de 1922 (cf. 1922, art. 119:  «[…] emitir papel moneda, ni declarar en circulación forzosa billetes de banco, ni valor alguno representado en papel.»).

El presidente administraba las rentas nacionales por órgano de los ministros respectivos y podía decretar créditos adicionales en Consejo de Ministros por insuficiencia de la asignación o falta de previsión del gasto, siempre que existiesen fondos sin perjuicio de las erogaciones ordinarias.  El Congreso reunido examinaba dichos créditos conforme al trámite constitucional.  El ministro competente preparaba el proyecto anual de presupuesto en consulta con los demás ministros (arts. 100, núms. 19 y 30; 77(6); y 109; cf. 1922, art. 118:  «Todo Crédito Adicional debe ser sometido a la aprobación del Congreso en su próxima reunión.»).

Los contratos públicos conservaban la prohibición de traspaso a gobiernos extranjeros y la cláusula de jurisdicción venezolana.  El artículo 50 prohibía, además, contratar con sociedades sin domicilio legal en Venezuela o admitir el traspaso de contratos a ellas (cf. 1922, art. 121:  «Las sociedades que en ejercicio de dichos contratos se formen, deberán establecer su domicilio legal en Venezuela.»).  El artículo 24 prohibía expresamente los empréstitos Estatales y municipales en el extranjero.

POW-EXE—Ejecutivo:

El Presidente de los Estados Unidos de Venezuela continuaba ejerciendo el Ejecutivo Federal en unión de los Ministros del Despacho.  El artículo 94 preveía expresamente la ejecución de sus determinaciones por empleados y agentes federales, con la asistencia de los Estados en los casos constitucionales (arts. 93–94; cont. 1922, art. 72, respecto del presidente y los ministros).

Había un Vicepresidente de la República, sujeto a los mismos requisitos del presidente en cuanto a nacionalidad, estado seglar, edad superior a treinta años y ejercicio de derechos civiles y políticos (art. 95; cf. 1922, art. 74:  «En esta misma sesión se elegirán un Primero y un Segundo Vicepresidentes […]»).  El Congreso elegía a ambos dentro de los primeros quince días de su instalación, con señalamiento de la sesión al menos cinco días antes y publicación en la Gaceta Oficial (arts. 96–97).  Estos artículos no repetían la fórmula de votación secreta y mayoría absoluta del artículo 76 de 1922.  El juramento se prestaba ante el Congreso o, si fuese necesario, ante la Corte Federal y de Casación (art. 99; cont. 1922, art. 78, respecto de los órganos alternativos).

El vicepresidente suplía tanto las faltas temporales como las absolutas del presidente; a falta de aquél, el presidente de la Corte asumía el Ejecutivo y convocaba elecciones para el resto del período (art. 98; cf. 1922, art. 77:  «Las faltas temporales del Presidente de los Estados Unidos de Venezuela las suple el Ministro del Despacho designado por aquél.»).  El presidente podía comunicar instrucciones desde cualquier punto de la República sin separarse del cargo por la mera ausencia de la capital.  Las visitas oficiales podían trasladar temporalmente el asiento del Ejecutivo al lugar donde se encontrase el presidente, regulándose por decreto el despacho de los asuntos administrativos corrientes en Caracas (arts. 98 y 100(25); cf. 1922, art. 73:  «Las funciones del Ejecutivo Federal no pueden ejercerse fuera del Distrito Federal, sino en los casos previstos por esta Constitución.»).

El artículo 100 conservaba y reformulaba las atribuciones sobre nombramientos, leyes y reglamentos, administración, empréstitos, tratados, contratos nacionales, rentas, nacionalidad, navegación, mando militar y sesiones extraordinarias.  Prescribía expresamente la intervención del Consejo de Ministros en las decisiones enumeradas.  Las leyes debían publicarse tan pronto fuese posible, sin el anterior límite de quince días (art. 100(7); cf. 1922, art. 79(7):  «[…] dentro de los quince primeros días después de haberlos recibido […]»).  La admisión de extranjeros seguía sujeta a prohibición presidencial; la expulsión se remitía ahora al derecho internacional y a las leyes nacionales, sin la condición anterior relativa al valor de los inmuebles (art. 100(22); cf. 1922, art. 79(21):  «Si los tuvieren, sólo podrá decretarse la expulsión cuando el valor de los inmuebles sea menor de cuarenta mil bolívares […]»).

El presidente podía ejercer las atribuciones delegadas por las constituciones Estatales y reorganizar los Estados dominados por fuerzas rebeldes o cuyos gobiernos participasen en la rebelión.  La suspensión de garantías se regulaba en los artículos 36 y 100(24).  Los indultos seguían correspondiendo al presidente; las amnistías figuraban entre las atribuciones legislativas comunes (arts. 100, núms. 24(d), 27–28; y 78(16); cf. 1922, art. 79(25):  «Conceder amnistía e indultos.»).  Se conservaban el mensaje anual y la responsabilidad por traición a la Patria y delitos comunes.  El artículo 103 establecía expresamente el cese de las funciones tanto del presidente como del vicepresidente el 19 de abril del último año del período (arts. 101–103; cont. 1922, arts. 80, 82–83, respecto de las disposiciones presidenciales correspondientes).

Se mantenía la refrendación ministerial, con las funciones atribuidas al nuevo Secretario general, quien refrendaba los nombramientos de ministros y del gobernador del Distrito Federal y podía transmitir las instrucciones presidenciales.  Su propio nombramiento no requería refrendación ministerial (arts. 104–105; cf. 1922, art. 86:  «Todos los actos de éste serán refrendados por el Ministro o Ministros a cuyos ramos corresponden dichos actos […]»).  Los ministros y el secretario general debían ser venezolanos por nacimiento, mayores de treinta años y estar en posesión de sus derechos civiles y políticos; no se reproducía la anterior exigencia de estado seglar para los ministros (art. 106; cf. 1922, art. 85:  «[…] de estado seglar […]»).

El artículo 107 definía la deliberación en Gabinete y permitía la asistencia del vicepresidente y del secretario general.  Se conservaban la responsabilidad ministerial personal y solidaria, las Memorias y cuentas anuales, y el derecho y la obligación de comparecer ante las Cámaras (arts. 108–110; cont. 1922, arts. 87–90).  El artículo 109 atribuía la preparación del proyecto de presupuesto al ministro encargado de las rentas nacionales, en consulta con los demás ministros.

POW-JUD—Poder Judicial:

El Poder Judicial seguía residiendo en la Corte Federal y de Casación y en los demás tribunales establecidos por la ley (art. 116; cont. 1922, art. 92).  El artículo 117 prescribía expresamente períodos determinados para todos los jueces federales y su remoción durante esos períodos sólo en los casos legales.

La Corte conservaba siete Vocales por períodos de siete años, con los requisitos de nacionalidad venezolana por nacimiento, edad superior a treinta años y condición de abogados; no se repetía la exigencia de estado seglar (art. 118; cf. 1922, art. 94, parágrafo único:  «[…] mayores de treinta años, de estado seglar y abogados de la República.»).  El Congreso elegía separadamente a cada vocal por mayoría absoluta y después a siete suplentes numerados, quienes cubrían las faltas temporales y absolutas en ese orden (art. 119; cf. 1922, art. 95:  «[…] presentará cada Agrupación dos candidatos para que, de entre ellos, elija el Congreso el miembro […]»; art. 97:  «[…] eligiendo la misma Corte por suerte, en cada caso, a uno de los Suplentes.»).

El artículo 120 conservaba las competencias sobre altos funcionarios, diplomáticos, casación, presas, controversias entre autoridades, competencia judicial, leyes inconstitucionales, colisión de leyes, autonomía Estatal, contratos y concesiones, sentencias extranjeras y reclamaciones contra la Nación.  Atribuía expresamente a la Corte las controversias limítrofes entre Estados (art. 120(16); cf. 1922, art. 3:  «[…] un Tribunal de árbitros arbitradores de libre nombramiento del Ejecutivo Federal.»).  No repetía la referencia separada a las causas criminales contra los vicepresidentes del artículo 98(2) de 1922.

La nulidad de una ley inconstitucional se limitaba a las disposiciones en colisión, salvo que la Corte juzgase que, por su conexión con las restantes, procedía la nulidad de toda la ley.  Los decretos y reglamentos ejecutivos que alterasen el espíritu, razón o propósito de una ley quedaban expresamente sujetos a anulación.  Las controversias sobre contratos y concesiones se tramitaban en juicio contencioso, con la reserva especificada para las materias que la ley aplicable atribuyese a la decisión ejecutiva sin recurso judicial (art. 120, núms. 9 y 12–13; cf. 1922, art. 98(11):  «Declarar la nulidad de las leyes nacionales o de los Estados, cuando colidan con la Constitución de la República.»; art. 98(15):  «Conocer de las controversias que resulten de los contratos o negociaciones que celebre el Presidente de la República.»).  El procedimiento previo de las acusaciones permanecía en el artículo 121; el artículo 122 exigía una memoria anual con indicación de las reformas legales que la Corte considerase convenientes (cont. 1922, art. 98, párrafo procedimental, y art. 99, respecto de la declaración previa y de la memoria anual).

El Ministerio Público Federal recibía un título constitucional separado y se definía como órgano del Ejecutivo Federal ante las autoridades judiciales federales y Estatales.  El Procurador general de la Nación era de libre nombramiento y remoción del presidente (arts. 111–113; cf. 1922, art. 38(2):  «Elegir cada tres años […] el Procurador General de la Nación y dos Suplentes […]»).  No se repetían en estas disposiciones el anterior período de tres años ni los requisitos del artículo 103 de 1922.  Las atribuciones del procurador comprendían la vigilancia de la aplicación de las leyes en los procesos especificados, los informes jurídicos, las acusaciones contra funcionarios, la intervención fiscal y la representación judicial de la Nación, con sujeción a las instrucciones ejecutivas conformes a la ley (arts. 114–115; cf. 1922, art. 105(7):  «[…] en uno y otro caso cumplir las instrucciones que el Ejecutivo Federal le comunique […]»).

POW-SUB—Gobierno subnacional:

Los Estados conservaban la autonomía, la igualdad política, la soberanía no delegada y los deberes relativos a la independencia e integridad nacionales.  La forma de gobierno republicana, federal, democrática, electiva, representativa, responsable y alternativa se aplicaba expresamente tanto a la Unión como a cada Estado (arts. 12–13; cont. 1922, arts. 9 y 19, párrafo inicial y bases 2 y 5–6).  El artículo 51 incluía expresamente al Poder Municipal en la distribución del Poder Público (cf. 1922, art. 32:  «El Poder Público se distribuye entre el Poder Federal y el Poder de los Estados […]»).

Los Distritos conservaban la autonomía municipal de su régimen administrativo.  La asunción de su administración por el Ejecutivo Estatal en tiempo de guerra se remitía a la constitución del Estado, en lugar de la aprobación de la asamblea o de la corte prescrita por el texto nacional (art. 14; cf. 1922, art. 19, base 4:  «[…] con el voto de su Asamblea Legislativa, y si ésta no se encontrare reunida, con el de su Corte Suprema.»).

El artículo 15 enumeraba las competencias federales; el artículo 16 exigía cumplir los actos federales dictados dentro de esas competencias.  La enumeración incluía expresamente los bancos y las instituciones de crédito, la previsión social, el trabajo, la conservación de recursos naturales, la aviación militar y las restantes materias especificadas (cf. 1922, art. 19, base 16:  «[…] una misma legislación sustantiva, civil, mercantil y penal, así como la de procedimiento.»; base 17:  «A reservar a la Nación la facultad de legislar sobre Sanidad e Instrucción Pública […]»).

Los Estados conservaban la facultad de dictar sus constituciones, celebrar elecciones, administrar justicia, organizar sus rentas y ejercer los demás derechos autonómicos reservados.  Podían conservar o cambiar sus nombres y delegar determinadas facultades en el presidente mediante sus constituciones (art. 17; cf. 1922, art. 106:  «Todo lo que no esté expresamente atribuido a la Administración General de la Nación en esta Constitución es de la competencia de los Estados.»).  No se repetía el período Estatal uniforme de tres años prescrito en ese antecedente.  Las atribuciones municipales, los ejidos y las rentas municipales se enumeraban separadamente en el artículo 18.

El artículo 20 autorizaba expresamente la presencia en los Estados de los jueces federales, agentes del ministerio público, empleados administrativos y fiscales, y fuerzas enumerados; limitaba su jurisdicción a sus funciones y prohibía que los Estados les impusiesen deberes incompatibles.  No repetía la remoción a requerimiento del gobierno Estatal por motivo legal (cf. 1922, art. 113:  «[…] sujetos a ser inmediatamente removidos o reemplazados […] al requerirlo el Gobierno del Estado respectivo por un motivo legal.»).

El reconocimiento de los actos públicos y judiciales, las obras federales, los enganches y levas prohibidos, y la prohibición de guerra entre Estados seguían regulados (arts. 19 y 21–23; cont. 1922, art. 19, bases 7, 15 y 23–24, respecto de esas obligaciones).  Los Estados y las municipalidades no podían negociar empréstitos en el extranjero (art. 24).  Los Estados conservaban el derecho a unirse y recuperar su condición separada (art. 25; cont. 1922, art. 20), pero no se repetía la garantía específica sobre representación senatorial y elección de la Corte del artículo 21 de 1922.

CON-AMD—Reforma constitucional:

El texto preveía expresamente reformas totales o parciales.  La reforma de iniciativa Estatal continuaba requiriendo la solicitud de las tres cuartas partes de las Asambleas Legislativas de los Estados en sesiones ordinarias, la actuación del Congreso Nacional en sesiones ordinarias y la coincidencia sobre los puntos apoyados por la mayoría de los Estados (art. 123; cf. 1922, art. 130:  «Esta Constitución es susceptible de enmiendas o de adiciones […]»).

Se mantenían el procedimiento legislativo, la remisión a las asambleas Estatales para la ratificación definitiva y el regreso de los votos definitivos al Congreso para su escrutinio (arts. 124–125 y 127; cont. 1922, arts. 131–132 y 134).  Las reformas de iniciativa congresual requerían la ratificación de las dos terceras partes de las asambleas Estatales (art. 126; cf. 1922, art. 133:  «[…] no se considerarán sancionadas sin la ratificación de las tres cuartas partes de las Asambleas Legislativas de los Estados.»).

CIV-SUF—Sufragio:

El artículo 32(12) incluía la capacidad electoral en el derecho de sufragio.  Los venezolanos mayores de veintiún años que no estuviesen sujetos a interdicción ni a condena penal que comportase inhabilitación política eran electores y elegibles para los cargos públicos, con las restricciones constitucionales y los requisitos especiales de competencia o capacidad exigidos por la ley para determinados cargos (cf. 1922, art. 12:  «Son electores y elegibles los Venezolanos mayores de veintiún años, que tengan las condiciones requeridas por esta Constitución.»; art. 22(11):  «La libertad del sufragio, sin más restricciones que las establecidas por esta Constitución y las leyes;»).

Se conservaba el voto directo y secreto, basado en el censo electoral federal, para los Consejos Municipales, las Asambleas Legislativas y los diputados al Congreso (art. 17(1); cont. 1922, art. 19, base 20, respecto de esas elecciones).  La misma disposición no repetía el voto indirecto o por delegación prescrito en el antecedente para los restantes funcionarios de elección popular.  La elección de diputados y los requisitos de población permanecían en los artículos 56 y 58 (cont. 1922, arts. 35 y 37).

El Congreso elegía al presidente y a un vicepresidente (arts. 95–97; cf. 1922, art. 74:  «[…] un Primero y un Segundo Vicepresidentes […]»).  El artículo 47 exigía que las tropas permaneciesen acuarteladas durante los períodos electorales (cf. 1922, art. 124:  «En los períodos electorales, los individuos de la Fuerza Pública Nacional que estén de facción, permanecerán acuartelados durante las votaciones.»).

CIV-CIT—Ciudadanía:

El texto distinguía la nacionalidad por nacimiento de la adquirida por naturalización (art. 27; cf. 1922, art. 10:  «La nacionalidad venezolana es de origen o adquirida.»).  El nacimiento en la República y la filiación de padres venezolanos continuaban como supuestos de nacionalidad por nacimiento (art. 28; cont. 1922, art. 10(a)).

Las categorías de naturalización conservaban a los hijos mayores de edad nacidos en el extranjero de padre o madre venezolanos por naturalización, la naturalización conforme a la ley y la extranjera casada con venezolano en las condiciones indicadas.  Las repúblicas cuyos nacionales podían adquirir la nacionalidad mediante residencia y declaración se denominaban iberoamericanas, en lugar de hispanoamericanas (art. 29; cf. 1922, art. 10(b)(2):  «Los nacidos o que nazcan en las Repúblicas Hispano-Americanas […]»).  Se mantenía el procedimiento de declaración y publicación, con la adquisición sujeta a la publicación efectiva en la Gaceta Oficial; el artículo 30 no repetía separadamente el requisito de que el Ejecutivo ordenase la publicación (cont. 1922, art. 11, respecto del registro y la publicación).

El artículo 31 exigía expresamente la defensa de la Patria y la obediencia a la Constitución, las leyes y los actos públicos dictados conforme a las atribuciones respectivas.  Quienes se comprometiesen a servir contra Venezuela serían castigados conforme a la ley como traidores a la Patria (cf. 1922, art. 13:  «Todos los Venezolanos tienen el deber de servir a la Nación conforme lo dispongan las leyes.»; art. 24(1):  «Por comprometerse a servir contra Venezuela.»).  La interdicción y las condenas penales con inhabilitación política figuraban en la disposición sobre sufragio; la aceptación no autorizada de dádivas y distinciones extranjeras por empleados públicos quedaba sujeta a sanción separada en el artículo 49 (arts. 32(12) y 49; cf. 1922, art. 24(3):  «Por admitir, siendo empleado, dádivas, cargos, honores o recompensas de Gobiernos extranjeros, sin que preceda la correspondiente autorización del Senado.»).

Los derechos y deberes de los extranjeros seguían sujetos a la ley y no podían exceder de los correspondientes a los venezolanos.  Continuaban las disposiciones sobre participación política e indemnización, con inclusión expresa de las municipalidades en esta última; la restricción relativa a los tratados figuraba en la atribución presidencial sobre su celebración (arts. 37–39 y 100(20); cont. 1922, arts. 15–18, respecto de las reglas correspondientes).

RTS-GAR—Derechos:

El artículo 32 conservaba las garantías sobre vida, propiedad, correspondencia, hogar doméstico, libertad personal, pensamiento, tránsito, industria, reunión, asociación, petición, sufragio, enseñanza, religión, seguridad individual e igualdad.  Añadía expresamente el trabajo a la libertad de industria e incorporaba a la enumeración el derecho de acusar a los funcionarios (art. 32, núms. 8 y 11; cont. 1922, art. 116, respecto de la acusación).

La disposición sobre propiedad exigía expresamente el cumplimiento de las leyes de higiene pública y conservación de bosques y aguas (art. 32(2); cf. 1922, art. 22(2):  «[…] a la decisión judicial, a medidas sanitarias conforme a la ley y a ser tomada para obras de utilidad pública […]»).  El secreto de los papeles domésticos y privados quedaba sujeto a su falta de relación con el juicio; el allanamiento del hogar podía ejecutar decisiones judiciales legales en los procesos en general, junto con la prevención de delitos y las visitas sanitarias (art. 32, núms. 3–4; cf. 1922, art. 22(3):  «[…] guardándose siempre el secreto respecto de lo doméstico y privado.»; art. 22(4):  «[…] para cumplir decisiones judiciales en materia de enjuiciamiento criminal […]»).

La libertad del pensamiento seguía sujeta a responsabilidad por los delitos enumerados.  No se repetía la disposición específica sobre fianza vinculada a esa garantía; la fianza figuraba en la garantía general de seguridad (art. 32, núms. 6 y 15(f); cf. 1922, art. 22(6):  «[…] el inculpado podrá prestar fianza de cárcel segura […] hasta sentencia ejecutoriada […]»).  La garantía de asociación remitía de modo general a las restricciones y prohibiciones legales, en lugar de las dos leyes fechadas en 1837 y 1874 (art. 32(9); cf. 1922, art. 22(9):  «[…] con las excepciones que establecen las leyes de 23 de febrero de 1837 y 5 de mayo de 1874 […]»).  Los peticionarios tenían derecho a obtener respuesta oportuna; no se repetían las cláusulas sobre autenticidad de firmas y responsabilidad por los hechos en las peticiones colectivas (art. 32(10); cf. 1922, art. 22(10):  «Si la petición fuere de varios, los cinco primeros responden de la autenticidad de las firmas, y todos de la verdad de los hechos […]»).

La seguridad individual conservaba los jueces naturales, la ley preexistente, las formalidades de detención, el límite de treinta días del sumario, la protección frente a la autoincriminación y la incomunicación, el máximo de veinte años de pena corporal y la prohibición de un segundo juicio por el mismo hecho punible.  El artículo 32(15) mencionaba, además, a los ascendientes, la libertad cuando una decisión judicial firme destruyese los fundamentos de la detención, la libertad mediante fianza suficiente en los casos legales y la prohibición de penas perpetuas, aun no corporales (cf. 1922, art. 22(14)(8):  «Ni ser condenado a pena corporal por más de veinte años.»).  La igualdad comprendía expresamente la igual protección legal, los límites legales a las exoneraciones de contribuciones y la excepción de las fórmulas diplomáticas de tratamiento (art. 32(16); cf. 1922, art. 22(15)(3):  «No se dará otro tratamiento oficial que el de “Ciudadano” y “Usted”.»).

Se mantenía el reconocimiento de los derechos no enumerados (art. 33; cont. 1922, art. 23).  La prohibición de menoscabo se extendía expresamente a las leyes federales, las constituciones y leyes Estatales, y las ordenanzas municipales (art. 34; cf. 1922, art. 26:  «[…] no serán menoscabados ni dañados por las leyes que reglamenten su ejercicio […]»).  La disposición de responsabilidad incluía una excepción para las medidas de defensa nacional o de conservación o restablecimiento de la paz dictadas por funcionarios competentes en los supuestos del artículo 36 (art. 35; cf. 1922, art. 25:  «[…] son culpables, y serán castigados conforme a la ley.»).

La suspensión de garantías requería una declaración del presidente en Consejo de Ministros en caso de guerra internacional o civil, o de peligro inminente de cualquiera de ellas.  Sólo duraba hasta el restablecimiento de la paz y conservaba la inviolabilidad de la vida y la prohibición de castigos infamantes.  La confiscación quedaba prohibida, salvo las represalias recíprocas especificadas para la guerra internacional.  El arresto, el confinamiento y la expulsión cesaban con las circunstancias que los hubiesen motivado, salvo que la expulsión de extranjeros podía permanecer sin revocación (art. 36; cf. 1922, art. 79(23)(d):  «[…] Suspender […] los derechos cuyo ejercicio sea incompatible con la defensa del país, excepto el de la inviolabilidad de la vida.»).

REG-MIL—Fuerza armada:

La competencia federal comprendía expresamente el Ejército, la Armada y la Aviación Militar.  Los Estados y las municipalidades sólo podían mantener sus policías y guardias de cárceles, aparte de las fuerzas organizadas por orden federal.  El contingente proporcional se extendía expresamente a los Estados, el Distrito Federal, los Territorios y las Dependencias; la ley podía organizar los enganches por contrato, además de las milicias ciudadanas (art. 15(8); cf. 1922, art. 19, base 22:  «A dar el contingente desarmado que proporcionalmente les corresponda para componer la Fuerza Pública Nacional […]»).  Se mantenía la propiedad nacional de los elementos de guerra (art. 15(8); cont. 1922, art. 115).

La prohibición de ejercicio simultáneo de la autoridad civil y militar exceptuaba ahora expresamente al presidente y la atribución legal de funciones militares a un empleado civil en caso de guerra (art. 45; cf. 1922, art. 111:  «[…] excepto en los casos de perturbación del orden público.»).  La fuerza armada seguía siendo pasiva, obediente y no deliberante, con las requisiciones por conducto de las autoridades civiles; la obligación de acuartelamiento electoral se refería a las tropas (art. 47; cont. 1922, art. 125, respecto de la no deliberación y las requisiciones; véase también 1922, art. 124).

El presidente conservaba la dirección de la guerra, el mando del Ejército y la Armada, la organización del Ejército y la Milicia Nacionales, y la determinación del número de fuerzas (art. 100(23); cont. 1922, art. 79(22)).  Las Cámaras mantenían la declaración de guerra y la legislación sobre formación y reemplazo de las fuerzas (art. 78, núms. 14–15; cont. 1922, art. 58, núms. 20 y 19).  La enumeración de 1925 no conservaba el nombramiento legislativo anual de un comandante en jefe separado ni la sujeción correlativa de las atribuciones presidenciales a lo que determinase el Congreso (cf. 1922, art. 57(2):  «Nombrar cada año, si lo juzgaren conveniente […] un Comandante en Jefe del Ejército Nacional, y determinar en el mismo acto sus funciones.»; art. 79, parágrafo único:  «[…] con arreglo a lo que determinare el Congreso cuando hiciere uso de la atribución 2., artículo 57 […]»).

REG-REL—Religión:

La libertad religiosa permanecía bajo la regulación legal y la suprema inspección de los cultos por el Ejecutivo Federal.  La garantía salvaguardaba ahora expresamente el Patronato Eclesiástico al que se refería el artículo 52 (art. 32(14); cf. 1922, art. 22(13):  «La libertad religiosa con arreglo a las leyes y bajo la suprema inspección de todo culto por el Ejecutivo Federal […]»).  Se mantenía el ejercicio del patronato conforme a la Ley de 28 de julio de 1824 (art. 52; cont. 1922, art. 112).

ECO-INF—Infraestructura:

La competencia federal conservaba la navegación aérea, marítima y fluvial, los muelles, los caminos nacionales, y los Correos, Telégrafos y Teléfonos.  El artículo 15 comprendía expresamente las comunicaciones inalámbricas, las obras de desembarque, los cables aéreos de tracción y los ferrocarriles, aun dentro de un solo Estado, reservando los tranvías y los cables urbanos de tracción a las municipalidades respectivas (art. 15, núms. 13 y 15–16; cf. 1922, art. 19, base 9:  «[…] La navegación aérea, marítima, costanera y fluvial y los muelles y caminos nacionales […]»).  Se conservaba la prohibición de restringir la navegación de aguas que no hubiesen requerido obras especiales.

Se preveían expresamente las obras públicas federales en todo el territorio nacional, sin excluir las que emprendiesen los Estados y las municipalidades (art. 15(19)).  El artículo 21 autorizaba los fuertes, muelles, almacenes, astilleros, penitenciarías y demás establecimientos federales enumerados dentro del territorio de los Estados (cf. 1922, art. 19, base 7:  «A ceder al Gobierno de la Federación el territorio necesario para erigir fuertes, aerodromos, muelles, almacenes, astilleros, penitenciarías, vías de comunicación, estaciones de cuarentena, edificios nacionales y demás obras indispensables a la Administración general.»).

Las Municipalidades recibían competencia expresa en materia de policía, abastos, cementerios, ornamentación municipal, arquitectura civil, alumbrado, acueductos, tranvías urbanos y otros servicios municipales.  La higiene local permanecía sujeta a la legislación, reglamentación e inspección sanitarias federales (art. 18(1); cf. 1922, art. 19, base 4:  «[…] la autonomía municipal de los Distritos y su independencia del Poder Político del Estado, en lo concerniente a su régimen económico y administrativo […]»).

La aprobación del Congreso comprendía los contratos enumerados sobre ferrocarriles, cables de tracción, telégrafos, comunicaciones inalámbricas, inmigración y demás asuntos de interés nacional.  Las concesiones mineras y los títulos de baldíos expedidos conforme a sus leyes respectivas quedaban excluidos de dicha aprobación (art. 78(6); cf. 1922, art. 58(10):  «Aprobar o negar:  […] Los títulos y concesiones de minas y las enajenaciones de tierras baldías […] Las concesiones para construir vías de comunicación […]»).  La enumeración legislativa comprendía la navegación, las comunicaciones, los ferrocarriles, los caminos, el tráfico de vehículos de tracción mecánica, los baldíos, las salinas, la pesca de perlas y las minas (art. 78(18); cf. 1922, art. 19, base 9, parágrafo único:  «El Poder Federal queda facultado para dictar las disposiciones legislativas y ejecutivas sobre el tráfico de vehículos de tracción mecánica, por dichos caminos.»).

La reglamentación presidencial de los servicios sanitarios y de comunicaciones requería el Consejo de Ministros (art. 100(10); cont. 1922, art. 79(10), respecto de los servicios regulados).  El ministro competente expedía las patentes de navegación y los títulos de adjudicación o arrendamiento de baldíos y de concesiones mineras (art. 100, núms. 12 y 29; cf. 1922, art. 79(18):  «Administrar los terrenos baldíos, minas, salinas y renta de aguardiente conforme a esta Constitución y a las leyes.»).

CON-FIN—Disposiciones finales:

El período federal de siete años se contaba desde el 19 de abril de 1922, con renovación del Poder Legislativo dentro de él (art. 54; cf. 1922, art. 128:  «Los períodos constitucionales de las ramas Ejecutiva y Judicial del Poder Federal, durarán siete años y serán contados desde el día 19 de abril del año de la elección.»).  El artículo 128 disponía la continuidad del presidente, el vicepresidente y los vocales de la Corte por el resto del período, numeraba a los suplentes de la Corte según sus anteriores agrupaciones electorales, mantenía a senadores y diputados por el resto de sus períodos de tres años y exigía proveer el cargo de procurador conforme al artículo 113.

Las Disposiciones Transitorias autorizaban también la organización provisional de los Estados por el presidente mientras se dictaban sus nuevas constituciones y prescribían la renuncia recíproca de las reclamaciones fiscales Estatales y nacionales especificadas hasta el ejercicio de 1924–1925 inclusive (arts. 129–130).  Estas materias no correspondían a la disposición transitoria de 1922 (cf. 1922, art. 136:  «El Primero y el Segundo Vicepresidente de la República, en el presente período, serán elegidos tan luego como sea promulgada esta Constitución.»).

La promulgación y la entrada en vigor seguían al escrutinio legislativo que comprobase la ratificación Estatal (art. 131; cont. 1922, art. 135, respecto del escrutinio previo a la vigencia).  Se derogaba la Constitución de 19 de junio de 1922, mandada ejecutar el 24 de junio del mismo año (art. 132; cf. 1922, art. 137:  «Se deroga la Constitución de trece de junio de mil novecientos catorce.»).  El cómputo oficial de la Independencia y de la Federación permanecía en el artículo 26 (cont. 1922, art. 129).

La fórmula final de sanción estaba fechada el 24 de junio de 1925 en el Palacio Federal Legislativo, Caracas.  La orden de ejecución estaba fechada el 1 de julio de 1925 en el Palacio Federal, Caracas, y firmada por J. V. Gómez y los ministros.  El acuerdo preliminar de 24 de junio de 1925 utilizado en este aparato se identifica en DOC-PRE y en la nota de fuentes.

Nota de fuentes:  esta entrada sigue la recensión del Centro para la Integración y el Derecho Público (CIDEP), con la fecha del acuerdo preliminar y la fórmula decretoria corregidas mediante cotejo con la reproducción del Portal Iberoamericano de Derecho de la Cultura, página 1.  El catálogo de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes consigna independientemente la sanción de 24 de junio de 1925 y la ejecución y publicación oficial de 1 de julio de 1925.  Recensión de CIDEP de 1925, testimonio de cotejo de 1925, registro bibliográfico de 1925, antecedente de 1922.


« Desenmascarar la Desilusión: Serie XVII »

September 20, 2026

« Alegoría geométrica », pintura digital 2023 de Ricardo Morín (artista visual estadounidense nacido en Venezuela, 1954)

Alcance y uso

Esta entrada forma parte del corpus constitucional presentado en el Apéndice, que reúne las veinticinco constituciones de Venezuela y se ordena para la consulta y no para la lectura corrida.  El cotejo se realiza mediante códigos de rúbrica permanentes cuya identidad se mantiene constante a lo largo del corpus; las rúbricas ausentes significan silencio constitucional, mientras que las rúbricas retiradas no se reasignan.  Las citas se anclan primero en el número de artículo y siguen la recensión del CIDEP enlazada al cierre de cada entrada.  La definición completa del corpus, su metodología y la convención de cita figuran en la nota de Alcance y uso que encabeza las Constituciones del siglo XIX, abierta en « Desenmascarar la Desilusión: Serie XI ».

Ricardo F. Morín
20 de Septiembre de 2026
Bala Cynwyd, Pensilvania

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13).  La Constitución de 1909

La Constitución de los Estados Unidos de Venezuela de 1909 fue ratificada por las Asambleas Legislativas de los Estados, declarada sancionada por el Congreso en Caracas el 4 de agosto de 1909 y promulgada en la misma ciudad el 5 de agosto, bajo la presidencia de Juan Vicente Gómez.

DOC-PRE—Preámbulo:

La carta denominó Prólogo a su fórmula introductoria:

« El Congreso de los Estados Unidos de Venezuela en el nombre de Dios Todopoderoso, por autoridad de los Pueblos de la República, y en el ejercicio de la facultad que le concede el Artículo 130 de la Constitución, decreta la siguiente:  Constitución. »

La fórmula de 1909 menciona la autoridad de los Pueblos de la República y el ejercicio de la facultad conferida por el Artículo 130.  La fórmula de 1904 identificaba al Congreso como Constituyente y no citaba un artículo de la Constitución precedente (cf. 1904, fórmula de sanción:  « EL CONGRESO CONSTITUYENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA, EN NOMBRE DE DIOS TODOPODEROSO Y POR AUTORIDAD DE LOS PUEBLOS DE VENEZUELA, DECRETA LA SIGUIENTE:  CONSTITUCIÓN »).

FND-TER—Territorio:

La Constitución declaró que la Nación venezolana era la reunión de todos los venezolanos bajo un mismo pacto de asociación política para su común utilidad (Tít. I, Art. 1; nuevo).  La declaró para siempre e irrevocablemente libre e independiente de toda potencia o « denominación » extranjera, según la voz reproducida por la recensión del CIDEP, y prohibió que autoridad, Congreso o poder alguno alterara su forma republicana, federal, democrática, electiva, representativa, alternativa y responsable (Art. 2; nuevo).

El territorio comprendía todo lo que antes de la transformación política de 1810 se denominaba Capitanía General de Venezuela, con las modificaciones resultantes de los tratados públicos, y se dividía, para su mejor administración, en Estados, Secciones, Distritos, Municipios y Territorios Federales (Art. 3; cf. 1904, Tít. I, Art. 1:  « El Territorio de los Estados Unidos de Venezuela es el mismo que en el año de 1810 correspondía a la Capitanía General de Venezuela, con las modificaciones que resulten de Tratados Públicos. »).

Las Secciones que habían formado el Pacto de Unión de 1864 reasumían su soberanía y se unían para constituir veinte Estados, enumerados y denominados por la propia carta (Art. 4; cf. 1904, Tít. I, Arts. 2–3, que organizaban trece Estados a partir de Distritos).  Sus límites se regían por los asignados a las antiguas Provincias por la Ley de 28 de abril de 1856; las controversias limítrofes quedaban sometidas al tribunal arbitral del Artículo 144 (Art. 5; cf. 1904, Tít. I, Art. 3, § 2, y Tít. VIII, Art. 126).  Los Estados podían unirse sin perder la facultad de recuperar su carácter separado y conservaban, aun unidos, sus derechos de representación en el Consejo de Gobierno y la Corte Federal y de Casación (Arts. 6–8; nuevo respecto de la organización territorial de 1904).

Los Territorios Federales Amazonas y Delta Amacuro podían adquirir la categoría de Estados si alcanzaban la base poblacional requerida para elegir un Diputado y demostraban capacidad para atender los servicios públicos y sus gastos (Art. 9; cf. 1904, Tít. I, Art. 4:  « Los Territorios Federales pueden optar a la categoría de Estado, siempre que reúnan las condiciones siguientes: 1. Tener, por lo menos, cien mil habitantes; y, 2. Comprobar ante el Congreso que están en capacidad de atender al servicio público en todos sus ramos y de cubrir los gastos que éste requiera. »).  El Distrito Federal se componía de la ciudad de Caracas, sus parroquias foráneas y el Departamento Vargas; Caracas era el asiento de los Poderes Generales, aunque el Ejecutivo podía trasladar transitoriamente su residencia a otro punto del Distrito (Art. 10; cf. 1904, Tít. I, Art. 5).

El territorio nacional no podía ser enajenado, arrendado ni cedido de modo alguno a una potencia extranjera (Art. 11; cf. 1904, Tít. I, Art. 6:  « El territorio de la Nación no puede ser enajenado de modo alguno a potencia extranjera. »).

POW-LEG—Congreso:

El Poder Legislativo residía en un Congreso bicameral compuesto de una Cámara del Senado y una Cámara de Diputados (Tít. V, Secc. primera, Art. 35; cont. 1904, Tít. V, Secc. primera, Art. 30:  « El Poder Legislativo se ejerce por una Asamblea que se denomina “Congreso de los Estados Unidos de Venezuela”, compuesta de dos Cámaras, una de Senadores y otra de Diputados. »).

Cada Estado elegía directamente un Diputado por cada treinta y cinco mil habitantes y uno más por un exceso de quince mil, con al menos un Diputado por Estado; elegía igual número de suplentes.  Los Diputados duraban cuatro años y se renovaban en su totalidad (Arts. 36–38; cf. 1904, Tít. V, Secc. segunda, Art. 31:  « Para formar la Cámara de Diputados, cada Estado elegirá por votación directa y de conformidad con su Ley de Elecciones, uno por cada cuarenta mil habitantes, y uno más por un exceso de veinte mil. […] Los Diputados durarán seis años en sus funciones. »).  Cada Asamblea Legislativa Estatal elegía de fuera de su seno dos Senadores principales y dos suplentes, también por cuatro años (Arts. 40–41; cf. 1904, Tít. V, Secc. tercera, Art. 35:  « Para formar esta Cámara, la Asamblea Legislativa de cada Estado elegirá de fuera de su seno dos Senadores Principales, y dos Suplentes […] Los Senadores durarán en sus funciones seis años. »).

Ambas Cámaras calificaban a sus miembros, dictaban sus reglamentos, ejercían potestad disciplinaria, gozaban de inmunidad durante el lapso fijado alrededor de las sesiones y observaban las incompatibilidades prescritas (Arts. 43–56; cont. 1904, Tít. V, Secc. cuarta, Arts. 38–51).  Reunidas en Congreso, examinaban el mensaje presidencial y las cuentas ministeriales y elegían al Presidente de la República, al Consejo de Gobierno y a la Corte Federal y de Casación.  Actuando separadamente como cuerpos colegisladores, sancionaban la legislación nacional y ejercían las potestades sobre impuestos, moneda, deuda, empréstitos, censo, sanidad, tratados, contratos nacionales, pesas y medidas, organización militar, Territorios Federales y declaración de guerra (Arts. 57–58; cf. 1904, Tít. V, Secc. quinta, Arts. 52–53).

Los proyectos recibían tres discusiones en cada Cámara.  Una vez sancionados, se comunicaban al Presidente para su ejecución y publicación; la iniciativa de determinados códigos correspondía también al Ministro del ramo, previa publicación del proyecto por la prensa (Arts. 59–72; cf. 1904, Tít. V, Secc. sexta, Arts. 54–67).

ECO-HAC—Hacienda:

El Congreso decretaba los impuestos nacionales, determinaba todo lo relativo a la deuda nacional y sus intereses, decretaba empréstitos sobre el crédito de la Nación y sancionaba el Presupuesto General de Rentas y Gastos Públicos (Tít. V, Art. 57, núms. 6, 10, 11 y 15; cont. 1904, Tít. V, Art. 52, núms. 5, 9, 10 y 14:  « Decretar los impuestos nacionales »; « Determinar todo lo relativo a la Deuda Nacional y sus intereses »; « Decretar empréstitos sobre el Crédito de la Nación »; « Sancionar el Presupuesto General de Rentas y Gastos Públicos »).  Los Ministros presentaban anualmente el Presupuesto General y la cuenta general del año anterior (Tít. VI, Art. 103; cf. 1904, Tít. VI, Art. 86, que exigía cuentas bienales).

No podía hacerse gasto alguno del Tesoro Nacional sin una asignación expresa del Congreso en el Presupuesto General o un crédito adicional aprobado por el Consejo de Gobierno.  Los funcionarios infractores respondían civilmente ante el Tesoro; los gastos ordinarios se preferían a los extraordinarios, y todo crédito adicional debía someterse al Congreso para su aprobación (Tít. VIII, Art. 134; cf. 1904, Tít. VIII, Art. 116:  « No se hará del Tesoro Nacional ningún gasto para el cual no se haya aplicado expresamente una cantidad por el Congreso en el Presupuesto General de Gastos Públicos […] En toda erogación se preferirán los gastos ordinarios a los extraordinarios. »).

Ni el Poder Legislativo ni ninguna autoridad de la República podía emitir papel moneda, declarar de circulación forzosa billetes de banco u otros valores representados en papel, ni acordar la acuñación de moneda de plata o níquel sin autorización previa del Congreso conferida mediante el procedimiento legislativo ordinario (Art. 135; cont. 1904, Tít. VIII, Art. 117).  La exportación quedaba libre de derechos en toda Venezuela (Art. 133; cf. 1904, Tít. II, Art. 7, base 10:  « A no imponer contribuciones sobre los productos nacionales destinados a la exportación »).

POW-EXE—Ejecutivo:

La Administración General de la Unión correspondía al Ejecutivo Nacional en todo lo no atribuido a otra autoridad.  El Ejecutivo se ejercía por el Presidente de los Estados Unidos de Venezuela, con los Ministros del Despacho como sus órganos y con el Consejo de Gobierno en las atribuciones expresamente conferidas a ese cuerpo (Tít. VI, Arts. 73–74; cf. 1904, Tít. VI, Arts. 68–69:  « […] el Ejecutivo Federal […] se ejerce por un Magistrado que se llamará Presidente de los Estados Unidos de Venezuela, en unión de los Ministros del Despacho, que son sus órganos. »).

Dentro de los primeros quince días de su instalación, las Cámaras reunidas en Congreso elegían directamente al Presidente, en sesión pública y permanente y mediante votación secreta; resultaba electo quien obtuviera la mayoría absoluta de los miembros concurrentes (Arts. 75–77; cf. 1904, Tít. VI, Arts. 70–72:  « Habrá un Cuerpo Electoral, compuesto de catorce miembros del Congreso Nacional, elegidos por éste […] »).  La Constitución de 1909 no contiene el Cuerpo Electoral previsto por los Artículos 70–72 de 1904.

El Presidente debía ser venezolano por nacimiento, de estado seglar, mayor de treinta años y estar en posesión de sus derechos civiles y políticos (Art. 78; cf. 1904, Tít. VI, Art. 73:  « El Presidente de los Estados Unidos de Venezuela deberá ser venezolano por nacimiento y mayor de treinta años […] »).  Las faltas temporales o absolutas las suplía el Vocal que presidiera el Consejo de Gobierno.  Si una falta absoluta ocurría durante los dos primeros años del período, el Consejero encargado convocaba al Congreso para elegir a quien completaría el período (Art. 79; cf. 1904, Tít. VI, Art. 74, que establecía primero y segundo Vicepresidentes).

Entre las atribuciones privativas del Presidente figuraban nombrar y remover a los Ministros; administrar el Distrito Federal y los Territorios Federales; dirigir la guerra y mandar el Ejército y la Armada; ejecutar y publicar la Constitución, las leyes y los decretos; expedir reglamentos sin alterar el espíritu ni la razón de la ley; organizar el Ejército y la Milicia Nacional; negociar los empréstitos decretados por el Congreso; vigilar las rentas nacionales; reglamentar correos, telégrafos y teléfonos; y ejercer las demás funciones enumeradas (Art. 80; cf. 1904, Tít. VI, Arts. 75 y 80).

Con el voto consultivo del Consejo de Gobierno, el Presidente convocaba extraordinariamente al Congreso, declaraba la guerra decretada por este, instaba las acciones del Procurador General, administraba terrenos baldíos, minas, salinas y la renta de aguardiente, dirigía las negociaciones diplomáticas, celebraba contratos nacionales y podía excluir o expulsar a determinados extranjeros (Art. 81).  Con el voto deliberativo del Consejo ejercía las facultades extraordinarias aplicables durante la guerra exterior, la conmoción interior o la rebelión armada, empleaba la fuerza pública para terminar colisiones entre Estados o sofocar rebeliones y concedía amnistías e indultos (Art. 82; cf. 1904, Tít. VI, Art. 80, núms. 8, 9 y 11).

El Presidente presentaba un mensaje anual al Congreso (Art. 83; cont. 1904, Tít. VI, Art. 76).  No podía ser reelegido para el período inmediato, aunque no hubiera completado el período para el cual fue elegido.  Tampoco podía ser elegido para el período inmediato quien hubiera ejercido la Presidencia durante el último año del período precedente, ni los parientes de uno u otro hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad (Art. 84; cf. 1904, Tít. VI, Art. 77:  « El Presidente de los Estados Unidos de Venezuela no podrá ser reelegido para el período inmediato. »).  Su sueldo lo fijaba la ley y no podía aumentarse sino para el período siguiente (Art. 85; cont. 1904, Tít. VI, Art. 78).

El Presidente cesaba el 19 de abril del año final del período; ese día, el Presidente de la Corte Federal y de Casación asumía el Ejecutivo hasta la toma de posesión del nuevo Presidente (Art. 86; cf. 1904, Tít. VIII, Art. 133:  « […] precisamente el 23 de mayo, el Presidente […] cesará […] y el Ministro de Relaciones Interiores entrará a ejercer la Presidencia […] »).  El Presidente respondía por traición a la Patria y delitos comunes (Art. 87; cont. 1904, Tít. VI, Art. 79).

La carta estableció un Consejo de Gobierno de diez Vocales, elegidos por el Congreso cada cuatro años en representación de diez agrupaciones regionales.  El Consejo emitía los votos consultivos y deliberativos requeridos para las atribuciones presidenciales, autorizaba créditos adicionales y podía informar sobre legislación y administración (Arts. 88–97).  La Constitución de 1904 no contiene un Consejo de Gobierno.  Los Ministros eran los órganos legales, únicos y precisos del Presidente, refrendaban sus actos, respondían personalmente por ellos y solidariamente por los resueltos en Consejo de Ministros, y presentaban informes y cuentas anuales al Congreso (Arts. 98–105; cf. 1904, Tít. VI, Arts. 81–88).

POW-JUD—Poder Judicial:

El Poder Judicial residía en la Corte Federal y de Casación y en los demás tribunales y juzgados establecidos por la ley.  Sus empleados respondían por traición a la Patria, soborno o cohecho, infracción de la Constitución y las leyes y delitos comunes (Tít. VII, Arts. 106–107; cont. 1904, Tít. VII, Arts. 89–90).

La Corte Federal y de Casación era el Tribunal Supremo de la Federación y de los Estados.  Se componía de siete Vocales elegidos por el Congreso cada cuatro años; las agrupaciones de Estados y del Distrito Federal presentaban dos candidatos, y los no elegidos quedaban como suplentes (Arts. 108–111; cf. 1904, Tít. VII, Arts. 91–94:  « La Corte Federal y de Casación […] se compondrá de siete Vocales […] », cuyos miembros duraban seis años).  Los Vocales debían ser venezolanos por nacimiento, mayores de treinta años y abogados de la República (Art. 108, párrafo único; cont. 1904, Tít. VII, Art. 91, § único).

La Corte conocía de las acusaciones constitucionales contra el Presidente, los Consejeros de Gobierno, los Ministros, el Procurador General, el Gobernador del Distrito Federal y sus propios miembros; de las causas contra altos funcionarios Estatales; de las causas diplomáticas; de los juicios civiles en que fuese demandada la Nación; del recurso de casación; de las causas de presas; de las controversias de jurisdicción; de la constitucionalidad de las leyes; de la nulidad de actos contrarios a la Constitución o a la autonomía Estatal; de las controversias derivadas de contratos presidenciales; del reconocimiento de sentencias extranjeras; y de las demás materias atribuidas por la Constitución y las leyes (Art. 112; cf. 1904, Tít. VII, Art. 95).  Presentaba anualmente al Congreso una cuenta de sus trabajos y un informe sobre los obstáculos a la uniformidad de la legislación civil, criminal y mercantil (Art. 113; cf. 1904, Tít. VII, Art. 96, que exigía cuenta bienal).  Sus Vocales no podían aceptar empleo dependiente del Ejecutivo durante el ejercicio de sus funciones, y su remuneración la fijaba la ley (Arts. 114–115; cont. 1904, Tít. VII, Arts. 97–98).

El Ministerio Público corría a cargo del Procurador General de la Nación, venezolano por nacimiento, mayor de treinta años y abogado, elegido por dos años y asistido por dos suplentes (Arts. 116–118; cont. 1904, Tít. VII, Arts. 99–101).  El Procurador promovía la ejecución de las leyes, emitía informes jurídicos, vigilaba a los funcionarios federales, instauraba las acusaciones prescritas, ejercía el Ministerio Fiscal y defendía los intereses de la Nación (Art. 119; cont. 1904, Tít. VII, Art. 102).

Nota de recensión:  la reproducción del Artículo 109 proporcionada por el CIDEP omite la Sexta Agrupación y enumera seis agrupaciones para una Corte de siete Vocales.  La misma recensión salta del Artículo 130 al Artículo 132.  Este corpus registra ambas lagunas sin restituir texto.

POW-SUB—Gobierno subnacional:

Los Estados de la Unión eran autónomos e iguales en entidad política y conservaban la soberanía no delegada por la Constitución, sujetos a las obligaciones de las Bases de la Unión (Tít. II, Art. 12; cont. 1904, Tít. II, Art. 7:  « Los Estados que forman la Unión Venezolana son autónomos e iguales en entidad política, conservan en toda su plenitud la soberanía no delegada en esta Constitución […] »).  Todo lo no atribuido expresamente a la Administración General de la Nación correspondía a los Estados; sus períodos constitucionales durarían cuatro años desde el 20 de febrero de 1910 (Tít. VIII, Art. 120; cf. 1904, Tít. VIII, Art. 103:  « […] los períodos constitucionales de sus Poderes Públicos sean de tres años, contados desde el 1 de enero de 1905. »).

Los tribunales Estatales eran independientes, sin más examen que el de la Corte Federal y de Casación en los casos permitidos por la ley (Art. 122; cont. 1904, Tít. VIII, Art. 105).  Todo acto de las Cámaras Legislativas o del Ejecutivo Federal que violara los derechos garantizados a los Estados o atacara su autonomía debía ser declarado nulo por la Corte (Art. 123; cont. 1904, Tít. VIII, Art. 106).

El Gobierno Federal no podía mantener dentro de los Estados otros empleados residentes con jurisdicción o autoridad que los expresamente exceptuados para Hacienda, Instrucción Pública, administración de minas, terrenos baldíos, salinas y renta de aguardiente, y servicios militares de fronteras, fortalezas, parques, apostaderos y puertos (Art. 129; cont. 1904, Tít. VIII, Art. 112).  Cualquier ciudadano podía acusar a los funcionarios nacionales o Estatales ante los tribunales o autoridades designados por la ley (Art. 132; cont. 1904, Tít. VIII, Art. 115).  Para los actos civiles y políticos de los Estados regía la población determinada por el último censo aprobado por el Congreso (Art. 151; cont. 1904, Tít. VIII, Art. 134).

CON-AMD—Reforma de la Constitución:

La Constitución admitía enmiendas y adiciones, pero solo podían decretarse por el Congreso en sesiones ordinarias, a solicitud de las tres cuartas partes de las Asambleas Legislativas Estatales reunidas en sesión ordinaria y sobre los puntos en que coincidiera la mayoría de los Estados.  No entraban en vigor sino después de la renovación de los Poderes Públicos que las hubieran solicitado o sancionado (Tít. VIII, Art. 145; cf. 1904, Tít. VIII, Art. 127:  « Esta Constitución es susceptible de enmiendas o de adiciones; pero ni unas ni otras se decretarán por el Congreso Nacional sino en sesiones ordinarias, y cuando sean solicitadas por las tres cuartas partes de las Asambleas Legislativas de los Estados en sesiones ordinarias. »).

Las enmiendas seguían el procedimiento legislativo ordinario; una vez aprobadas por el Congreso, su Presidente las remitía a las Asambleas Legislativas para su ratificación definitiva.  El Congreso podía iniciar también la reforma, pero esta requería la ratificación de las tres cuartas partes de las Asambleas.  Cualquiera que fuese el origen de la iniciativa, el voto definitivo regresaba al Congreso para su escrutinio (Arts. 146–149; cont. 1904, Tít. VIII, Arts. 128–131).

CIV-SUF—Sufragio:

Eran electores y elegibles para los cargos públicos todos los venezolanos mayores de veintiún años que satisficieran las condiciones constitucionales y legales (Tít. III, Art. 15; cont. 1904, Tít. III, Art. 10:  « Son electores y elegibles los venezolanos mayores de veintiún años, con sólo las condiciones expresadas en esta Constitución y en las leyes. »).  La libertad de sufragio figuraba entre los derechos garantizados (Art. 23, núm. 11; cont. 1904, Tít. III, Art. 17, núm. 11).

Las Bases de la Unión exigían voto directo para los Concejos Municipales, las Asambleas Legislativas y la Cámara de Diputados, y voto indirecto o por delegación para los demás funcionarios de elección popular; ambos debían ser secretos y fundarse en el censo electoral (Tít. II, Art. 12, núm. 19; cf. 1904, Tít. II, Art. 7, núm. 19:  « […] el voto directo, y para el de sus demás funcionarios de elección popular, el voto directo o por delegación […] »).  Durante los períodos eleccionarios, la Fuerza Pública Nacional y las fuerzas de los Estados permanecían acuarteladas durante las elecciones populares (Tít. VIII, Art. 137; cont. 1904, Tít. VIII, Art. 119).

CIV-CIT—Ciudadanía:

La Constitución distinguía entre venezolanos por nacimiento y por naturalización (Tít. III, Art. 13; cont. 1904, Tít. III, Art. 8:  « Los venezolanos lo son por nacimiento o por naturalización »).  Eran venezolanos por nacimiento quienes nacieran en Venezuela y los hijos de padres venezolanos, cualquiera que fuese su lugar de nacimiento.  Eran venezolanos por naturalización los hijos de padre o madre venezolanos por naturalización, nacidos fuera de la República, que vinieran a domiciliarse en el país y manifestaran su voluntad; los nacidos en las Repúblicas hispanoamericanas que fijaran residencia y declararan su voluntad; los extranjeros que obtuvieran carta de naturaleza; y la extranjera casada con venezolano en las condiciones prescritas (Art. 13; cf. 1904, Tít. III, Art. 8).

La manifestación de voluntad se hacía ante el Registrador Principal del domicilio del solicitante y se remitía al Ejecutivo para su publicación en la Gaceta Oficial (Art. 14; cont. 1904, Tít. III, Art. 9:  « La manifestación de voluntad de ser venezolano debe hacerse ante el Registrador Principal […] y […] enviará copia de ella al Ejecutivo Nacional para su publicación en la Gaceta Oficial. »).  Los venezolanos debían servir a la Nación conforme a la ley y gozaban de iguales derechos en todo el territorio de la República (Arts. 16–17; cont. 1904, Tít. III, Arts. 11–12).

Los derechos de ciudadano se suspendían por comprometerse a servir contra Venezuela, por condena acompañada de interdicción o inhabilitación, por aceptar un funcionario cargos, honores o recompensas de un gobierno extranjero sin autorización del Senado, y por interdicción judicial (Art. 18; nuevo).  Los derechos y deberes de los extranjeros se remitían a la ley, sujetos a las reglas sobre participación política, indemnizaciones y tratados (Arts. 19–22; cont. 1904, Tít. III, Arts. 13–16).

RTS-GAR—Derechos:

La Nación garantizaba la inviolabilidad de la vida y abolía la pena capital cualquiera que fuese la ley que la estableciera o la autoridad que la ordenara (Tít. III, Art. 23, núm. 1; cf. 1904, Tít. III, Art. 17, núm. 1:  « La inviolabilidad de la vida, quedando abolida la pena capital »).  Protegía la propiedad, sujeta a las contribuciones legislativas, la decisión judicial y la expropiación por utilidad pública previa indemnización y juicio contradictorio (Art. 23, núm. 2; cont. 1904, Tít. III, Art. 17, núm. 2).

La carta garantizaba la correspondencia y los papeles particulares, el hogar doméstico, la libertad personal, la expresión y la prensa, el tránsito, la industria, la reunión y asociación, la petición, el sufragio, la enseñanza, la religión, la seguridad individual y la igualdad (Art. 23, núms. 3–15).  El texto de 1909 dispuso que, en causas relativas a la expresión, el inculpado no podía ser detenido antes de sentencia ejecutoriada; incluyó el derecho de ausentarse de la República y regresar con los propios bienes; sujetó la industria al orden público y las buenas costumbres y prohibió los juegos de envite y azar, las rifas y las loterías; prohibió el segundo juzgamiento por el mismo delito; y declaró abolidas las penas infamantes (cf. 1904, Tít. III, Art. 17, núms. 6–8 y 14).

La enumeración no impedía que los Estados reconocieran otros derechos y tampoco negaba los demás que pudieran corresponder a los ciudadanos (Arts. 24–25; cf. 1904, Tít. III, Art. 18:  « La enumeración anterior no coarta a los Estados la facultad de acordar a sus habitantes otros derechos. »; nuevo respecto de la cláusula general del Art. 25).  Quien expidiera, firmara, ejecutara o mandara ejecutar decretos o resoluciones violatorios de los derechos garantizados era culpable conforme a la ley y debía indemnizar al agraviado (Art. 26; cf. 1904, Tít. III, Art. 20).  Las leyes reglamentarias que menoscabaran esos derechos eran inconstitucionales y carecían de eficacia (Art. 27; cont. 1904, Tít. III, Art. 21).

REG-MIL—La fuerza armada:

El Congreso fijaba anualmente el número de las fuerzas de mar y tierra, dictaba las ordenanzas del Ejército y la ley para la formación y reemplazo de las fuerzas, determinaba la manera de conferir grados y ascensos militares, confería los grados de Teniente-Coronel en adelante y decidía sobre la admisión de extranjeros al servicio de la República (Tít. V, Art. 57, núms. 23–27).  La atribución relativa a la admisión de extranjeros correspondía al Congreso en el Artículo 57, núm. 23, de 1909 y al Ejecutivo en el Artículo 80, núm. 21, de 1904.  El Presidente dirigía la guerra, mandaba el Ejército y la Armada y organizaba el Ejército y la Milicia Nacional (Tít. VI, Art. 80, núms. 6 y 10; cf. 1904, Tít. VI, Arts. 75, núm. 6, y 80, núm. 4).

Durante la guerra exterior, la conmoción interior o la rebelión armada y previa declaración de alteración del orden público, el Presidente ejercía las facultades extraordinarias enumeradas con el voto deliberativo del Consejo de Gobierno (Art. 82; cf. 1904, Tít. VI, Art. 80, núm. 8).  La Fuerza Pública Nacional se dividía en naval y terrestre y se componía de las milicias ciudadanas; podía aumentarse en caso de guerra.  La autoridad militar y la civil no podían ejercerse simultáneamente por la misma persona o corporación, salvo durante perturbaciones del orden público.  Durante las elecciones, la Fuerza Pública Nacional y las fuerzas Estatales permanecían acuarteladas.  La fuerza armada no podía deliberar, era pasiva y obediente y solo podía requerir auxilios por medio de las autoridades civiles (Tít. VIII, Arts. 124–127, 137 y 140; cont. 1904, Tít. VIII, Arts. 107–110, 119 y 122).

La Constitución de 1909 no contiene el cargo de Comandante en Jefe del Ejército Nacional.  El Artículo 43 del Estatuto Constitucional Provisorio de 19 de abril de 1914 reguló ese cargo para el período provisional.  El Artículo 57, núm. 2, de la Constitución de junio de 1914 autorizó al Congreso a nombrarlo anualmente.

REG-REL—Religión:

La libertad religiosa no podía menoscabar el derecho de Patronato de la República, que continuaría ejerciéndose conforme a la ley, y el Ejecutivo Federal mantenía la inspección suprema sobre todo culto establecido o por establecerse (Tít. III, Art. 23, núm. 13; cf. 1904, Tít. III, Art. 17, núm. 13:  « La libertad religiosa con arreglo a las leyes y bajo la suprema inspección del Presidente de la República. »).  La Nación ejercería el Patronato Eclesiástico conforme a la ley de 28 de julio de 1824 (Tít. VIII, Art. 128; cont. 1904, Tít. VIII, Art. 111).

ECO-INF—Infraestructura:

Los Estados cedían al Gobierno Federal el territorio necesario para fuertes, muelles, almacenes, astilleros, penitenciarías y demás obras indispensables a la administración (Tít. II, Art. 12, núm. 7; cont. 1904, Tít. II, Art. 7, núm. 7:  « A ceder al Gobierno de la Federación el territorio necesario para erigir fuertes, muelles, almacenes, astilleros, penitenciarías y demás obras indispensables a la administración general »).  Reservaban al Poder Federal la jurisdicción legislativa y ejecutiva sobre navegación marítima, costanera y fluvial, muelles y caminos nacionales; eran nacionales los caminos que pasaran de los límites de un Estado y condujeran a otro, al Distrito Federal o a los Territorios Federales (Art. 12, núm. 9; cont. 1904, Tít. II, Art. 7, núm. 9).

El Presidente reglamentaba los correos, telégrafos y teléfonos federales y podía crear o suprimir urgentemente estaciones u oficinas, dando cuenta al Congreso (Tít. VI, Art. 80, núm. 14; cont. 1904, Tít. VI, Art. 80, núm. 17).  El Congreso legislaba sobre el Distrito Federal y los Territorios Federales, la sanidad, la estadística y las obras comprendidas en las atribuciones generales del Poder Federal (Tít. V, Art. 57, núms. 4, 12, 16 y 21).

CON-FIN—Disposiciones finales:

La Constitución se promulgaría y entraría en vigor cuando el Congreso, después de escrutar los votos de las Asambleas Legislativas Estatales, constatara la ratificación de las enmiendas y adiciones (Tít. VIII, Art. 153; nuevo).  Abrió un período provisional hasta el 19 de abril de 1910 para preparar la organización definitiva de la República (Art. 154; nuevo).  Durante ese lapso, el Congreso elegiría un Presidente Provisional con las formalidades establecidas para el cargo, y el Presidente Provisional podría dictar las medidas, decretos y reglamentos necesarios para la organización política y administrativa (Disposiciones Transitorias, Arts. 155–156; nuevo).

Los períodos constitucionales del Poder Federal durarían cuatro años desde el 19 de abril de 1910 (Art. 150; cf. 1904, Tít. VIII, Art. 132:  « Los períodos constitucionales del Poder Federal durarán seis años contados desde el 23 de mayo de 1905. »).  La fecha de la Independencia se computaría desde el 19 de abril de 1810 (Art. 152; cf. 1904, Tít. VIII, Art. 135:  « […] la fecha de la Independencia a partir del 5 de julio de 1811 […] »).  La Disposición Final derogó la Constitución de 27 de abril de 1904 (Art. 157; nuevo).  La carta fue dada en el Palacio Federal Legislativo de Caracas el 4 de agosto de 1909 y mandada ejecutar el 5 de agosto por J. V. Gómez y el Ministro de Relaciones Interiores.

Nota:  el texto original de la Constitución de 1909 puede consultarse en el CIDEP (Recopilación de Leyes y Decretos de Venezuela):  https://cidep.online/files/constituciones/1909.pdf


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14).  La Constitución de 1914

La Constitución de los Estados Unidos de Venezuela de 1914 fue ratificada por las Asambleas de Plenipotenciarios de los Distritos de los Estados, declarada sancionada por el Congreso de Diputados Plenipotenciarios en Caracas el 13 de junio de 1914 y promulgada en la misma ciudad el 19 de junio, bajo la presidencia provisional de Victorino Márquez Bustillos.  La precedió el Estatuto Constitucional Provisorio de 19 de abril de 1914.

Nota histórica

El Presidente Victorino Márquez Bustillos ejerció la presidencia provisional entre 1914 y 1922.  Durante ese período, el Presidente Juan Vicente Gómez ejerció el mando militar como Comandante en Jefe del Ejército Nacional.  Tras su elección por el Congreso en 1915, Gómez permaneció en condición de Presidente electo, sin tomar posesión del cargo, mientras Márquez Bustillos continuaba en el ejercicio de la presidencia provisional.

Fuente: Ramón J. Velásquez, « Gómez, Juan Vicente », Diccionario de Historia de Venezuela, Fundación Empresas Polar.

https://bibliofep.fundacionempresaspolar.org/dhv/entradas/g/gomez-juan-vicente

DOC-PRE—Preámbulo:

La carta se abrió con una fórmula de sanción del Congreso de Diputados Plenipotenciarios:

« El Congreso de Diputados Plenipotenciarios de los Estados que forman la Unión Venezolana, en ejercicio del poder que le confirieron las Asambleas de Diputados Plenipotenciarios de los Distritos de los Estados, en el nombre de Dios Todopoderoso, decreta la presente:  Constitución. »

La fórmula de 1914 menciona el poder conferido por las Asambleas de Diputados Plenipotenciarios de los Distritos de los Estados.  La fórmula de 1909 mencionaba la autoridad de los Pueblos de la República y la facultad conferida por el Artículo 130 de aquella Constitución (cf. 1909, Prólogo:  « El Congreso de los Estados Unidos de Venezuela en el nombre de Dios Todopoderoso, por autoridad de los Pueblos de la República, y en el ejercicio de la facultad que le concede el Artículo 130 de la Constitución, decreta la siguiente:  Constitución. »).

FND-TER—Territorio:

El territorio comprendía cuanto antes de la transformación política de 1810 se denominaba Capitanía General de Venezuela, con las modificaciones resultantes de los tratados públicos, y lo formaban los territorios de los Estados, el Distrito Federal, los Territorios Federales Amazonas y Delta Amacuro y las islas venezolanas del Mar de las Antillas (Tít. I, Art. 1; cf. 1909, Tít. I, Art. 3:  « El territorio de Venezuela comprende todo lo que antes de la transformación política de 1810 se denominaba Capitanía General de Venezuela, con las modificaciones que resulten de Tratados Públicos.  Para mejor administración se divide en Estados, Secciones, Distritos, Municipios y Territorios Federales. »).

Los límites generales de cada Estado eran los que entonces tenían, determinados por la Ley de 28 de abril de 1856, salvo las modificaciones establecidas por la Constitución de 1909 (Art. 2; cf. 1909, Tít. I, Art. 5).  Las controversias limítrofes se sometían por la Cámara del Senado, a solicitud de uno o más Estados, a un tribunal de árbitros arbitradores nombrados libremente por el Ejecutivo Federal (Art. 3; cf. 1909, Tít. I, Art. 5, párrafo único, y Tít. VIII, Art. 144).

El Distrito Federal conservaba la ciudad de Caracas, sus parroquias foráneas y el Departamento Vargas; Caracas era la capital y asiento de los Poderes Generales, aunque el Ejecutivo podía trasladar transitoriamente su residencia dentro del Distrito Federal (Arts. 4 y 6; cont. 1909, Tít. I, Art. 10).  Los Territorios Amazonas y Delta Amacuro podían adquirir la categoría de Estados al satisfacer la base poblacional y la capacidad administrativa prescritas.  Las islas venezolanas del Mar de las Antillas dependían directamente del Ejecutivo Federal hasta que pudieran constituirse en uno o más Territorios (Art. 5; cf. 1909, Tít. I, Art. 9).

El territorio nacional no podía ser enajenado, arrendado ni cedido de modo alguno a una potencia extranjera (Art. 7; cont. 1909, Tít. I, Art. 11:  « El territorio de la Nación no puede ser enajenado, ni arrendado, ni cedido de modo alguno a potencia extranjera. »).

POW-LEG—Congreso:

El Poder Legislativo residía en el Congreso de los Estados Unidos de Venezuela, compuesto de una Cámara de Diputados y otra de Senadores (Tít. V, Art. 34; cont. 1909, Tít. V, Art. 35:  « El Poder Legislativo se ejerce por una Asamblea que se denomina “Congreso de los Estados Unidos de Venezuela”, compuesta de dos Cámaras, una de Senadores y otra de Diputados. »).

Cada Estado elegía directamente un Diputado por cada treinta y cinco mil habitantes y otro por un exceso de quince mil, con al menos uno por Estado e igual número de suplentes.  Los Diputados duraban tres años y se renovaban en su totalidad (Arts. 35–37; cf. 1909, Tít. V, Art. 36:  « […] uno por cada treinta y cinco mil habitantes, y uno más por un exceso de quince mil […] Los Diputados durarán en sus funciones cuatro años y se renovarán en su totalidad. »).  Cada Asamblea Legislativa elegía dos Senadores principales y dos suplentes por tres años, renovables en su totalidad (Arts. 39–40; cf. 1909, Tít. V, Art. 40:  « […] dos Senadores Principales, y dos Suplentes […] Los Senadores durarán en sus funciones cuatro años. »).

Las Cámaras calificaban a sus miembros, dictaban sus reglamentos, mantenían el orden de sus sesiones, gozaban de inmunidad y observaban las incompatibilidades constitucionales (Arts. 42–53; cont. 1909, Tít. V, Arts. 43–56).  Reunidas en Congreso, practicaban las elecciones constitucionales, examinaban el mensaje presidencial y las cuentas ministeriales, podían nombrar anualmente un Comandante en Jefe del Ejército Nacional y elevar Territorios a la categoría de Estados (Arts. 54–57; cf. 1909, Tít. V, Art. 57).  Actuando separadamente como cuerpos colegisladores, ejercían las competencias legislativas sobre impuestos, moneda, deuda, empréstitos, sanidad, censo, tratados, contratos y concesiones, presupuesto, milicia, guerra, puertos y costas (Art. 58; cf. 1909, Tít. V, Art. 57).

Las leyes y los decretos podían iniciarse en cualquiera de las Cámaras y también por el Ministro competente, previa publicación del proyecto.  Recibían tres discusiones en cada Cámara y, una vez sancionados, se remitían al Presidente para su ejecución y publicación (Arts. 59–71; cont. 1909, Tít. V, Arts. 59–72).

ECO-HAC—Hacienda:

Las Cámaras como cuerpos colegisladores decretaban los impuestos nacionales y autorizaban su recaudación para cada ejercicio, determinaban la deuda nacional y sus intereses, decretaban empréstitos y sancionaban el Presupuesto General de Rentas y Gastos Públicos (Tít. V, Art. 58, núms. 2, 6, 7 y 11; cf. 1909, Tít. V, Art. 57, núms. 6, 10, 11 y 15).  El Presidente negociaba los empréstitos decretados y administraba los terrenos baldíos, las minas, las salinas y la renta de aguardiente (Tít. VI, Art. 79, núms. 9 y 18; cf. 1909, Tít. VI, Arts. 80, núm. 12, y 81, núm. 4).  Los Ministros presentaban anualmente el proyecto de Presupuesto General, la Cuenta General de Rentas y Gastos y las cuentas de sus departamentos (Art. 89; cf. 1909, Tít. VI, Art. 103).

No podía hacerse gasto del Tesoro sin asignación expresa del Congreso o Crédito Adicional aprobado por el Consejo de Ministros y autorizado mediante Decreto Ejecutivo.  Los funcionarios infractores respondían civilmente; los gastos ordinarios se preferían a los extraordinarios, y todo crédito debía someterse al Congreso en su reunión siguiente (Tít. VIII, Art. 118).  El Artículo 118 de 1914 exigía el voto afirmativo del Consejo de Ministros; el Artículo 134 de 1909 exigía el voto afirmativo del Consejo de Gobierno (cf. 1909, Tít. VIII, Art. 134:  « No se hará del Tesoro Nacional ningún gasto […] o se haya acordado un crédito adicional con el voto afirmativo del Consejo de Gobierno. »).

Ni el Legislativo, ni el Ejecutivo, ni autoridad alguna podían emitir papel moneda, declarar de circulación forzosa billetes u otros valores representados en papel, ni acordar moneda de plata o níquel sin autorización legislativa previa (Art. 119; cf. 1909, Tít. VIII, Art. 135).  La exportación permanecía libre de derechos (Art. 117; cont. 1909, Tít. VIII, Art. 133).

POW-EXE—Ejecutivo:

La Administración General de la Unión correspondía al Ejecutivo Federal, ejercido por el Presidente de los Estados Unidos de Venezuela con los Ministros del Despacho como sus órganos (Tít. VI, Arts. 72–73; cf. 1909, Tít. VI, Arts. 73–74).  Dentro de los primeros quince días de su instalación, las Cámaras reunidas en Congreso elegían al Presidente mediante votación secreta en sesión pública y permanente (Arts. 74–76; cont. 1909, Tít. VI, Arts. 75–77).

Las faltas temporales las suplía el Ministro designado por el Presidente.  Ante una falta absoluta, el Presidente de la Corte Federal y de Casación asumía el Ejecutivo y convocaba inmediatamente al Congreso para elegir a quien completaría el período (Art. 77; cf. 1909, Tít. VI, Arts. 79 y 86:  « Las faltas temporales o absolutas […] serán suplidas por el Vocal que se encuentre presidiendo el Consejo de Gobierno. »).  El Presidente debía ser venezolano por nacimiento, seglar, mayor de treinta años y estar en posesión de sus derechos civiles y políticos (Art. 78; cont. 1909, Tít. VI, Art. 78).

La Constitución le confirió la ejecución de la Constitución y las leyes; el nombramiento y remoción de Ministros y funcionarios; la administración del Distrito Federal y los Territorios; la negociación de empréstitos, tratados y contratos; la administración de baldíos, minas, salinas y renta de aguardiente; la dirección y organización de la fuerza armada; la reglamentación de las comunicaciones; y las demás atribuciones enumeradas (Art. 79; cf. 1909, Tít. VI, Arts. 80–82).  La Constitución de 1914 no contiene el Consejo de Gobierno regulado por los Artículos 88–97 de 1909.  Las atribuciones que los Artículos 81–82 de 1909 sometían al voto consultivo o deliberativo de ese Consejo figuran entre las atribuciones presidenciales del Artículo 79 de 1914.

Durante la guerra exterior, la conmoción interior o la rebelión armada, y previa declaración de alteración del orden público, el Presidente ejercía las facultades extraordinarias del Artículo 79 hasta el restablecimiento de la paz (Art. 79, núm. 23; cf. 1909, Tít. VI, Art. 82).  Las atribuciones militares, extraordinarias, pacificadoras y de amnistía de los numerales 22–25 se ejercían conforme a lo que determinara el Congreso cuando nombrara un Comandante en Jefe (Art. 79, párrafo único; sin disposición equivalente identificada en la Constitución de 1909).

El Presidente presentaba un mensaje anual al Congreso, percibía el sueldo legal, respondía por traición y delitos comunes y cesaba el 19 de abril del año final del período, cuando el Presidente de la Corte asumía transitoriamente el Ejecutivo (Arts. 80–83; cont. 1909, Tít. VI, Arts. 83, 85–87).  La carta de 1914 no reprodujo la prohibición de reelección presidencial inmediata ni las incapacidades familiares establecidas en el Artículo 84 de 1909.

Los Ministros eran los órganos legales, únicos y precisos del Presidente, refrendaban sus actos, respondían personalmente y, respecto de lo resuelto en Consejo de Ministros, solidariamente; presentaban informes y cuentas anuales y respondían por traición, infracción constitucional o legal, gastos no autorizados, cohecho, malversación y delitos comunes (Arts. 84–91; cf. 1909, Tít. VI, Arts. 98–105).

POW-JUD—Poder Judicial:

El Poder Judicial residía en la Corte Federal y de Casación y los demás tribunales establecidos por la ley; los empleados judiciales respondían por traición, cohecho, infracción constitucional o legal y delitos comunes (Tít. VII, Arts. 92–93; cont. 1909, Tít. VII, Arts. 106–107).

La Corte era el Tribunal Supremo de la Federación y de los Estados y estaba integrada por siete Vocales elegidos por el Congreso.  El período de los Vocales era de siete años en 1914 y de cuatro años en 1909.  Los Vocales debían ser venezolanos por nacimiento, seglares, mayores de treinta años y abogados (Arts. 94–97; cf. 1909, Tít. VII, Art. 108:  « La Corte Federal y de Casación […] se compondrá de siete Vocales que elegirá el Congreso cada cuatro años […] »).  Las agrupaciones de Estados y el Distrito Federal presentaban los candidatos y los no elegidos quedaban como suplentes (Arts. 95–96; cf. 1909, Tít. VII, Arts. 109–110).

La Corte conocía de las acusaciones contra el Presidente, los Ministros, el Procurador General, el Gobernador del Distrito Federal y sus miembros; de las causas contra funcionarios Estatales; de las causas diplomáticas; de las reclamaciones contra la Nación; del recurso de casación; de las presas; de las controversias de jurisdicción; de la constitucionalidad y colisión de leyes; de la nulidad de actos contrarios a la Constitución o a la autonomía Estatal; de controversias contractuales; del reconocimiento de sentencias extranjeras; y de los juicios de nulidad de títulos de minas, tierras baldías y ejidos y de la negativa a expedirlos (Art. 98; cf. 1909, Tít. VII, Art. 112).  Presentaba una memoria anual al Congreso; sus Vocales no podían aceptar empleo del Ejecutivo mientras ejercieran el cargo, y su remuneración quedaba fijada por ley (Arts. 99–101; cont. 1909, Tít. VII, Arts. 113–115).

El Ministerio Público estaba a cargo del Procurador General, venezolano por nacimiento, mayor de treinta años y abogado.  El período del Procurador era de tres años en 1914 y de dos años en 1909; sus faltas las suplían dos suplentes (Arts. 102–104; cf. 1909, Tít. VII, Arts. 116–118).  Sus funciones comprendían promover las leyes, emitir informes, vigilar a los empleados federales, instaurar acusaciones, ejercer el Ministerio Fiscal y representar judicialmente a la Nación (Art. 105; cont. 1909, Tít. VII, Art. 119).

POW-SUB—Gobierno subnacional:

Los veinte Estados de la Unión reconocían recíprocamente su autonomía, eran iguales en entidad política y conservaban la soberanía no delegada a la Nación, sujetos a las Bases de la Unión (Tít. II, Art. 19; cf. 1909, Tít. II, Art. 12:  « Los Estados que forman la Unión Venezolana, son autónomos e iguales en entidad política: conservan en toda su plenitud la soberanía no delegada en esta Constitución […] »).  Podían unirse dos o más para formar un solo Estado y recuperar posteriormente su carácter separado; aun unidos conservaban sus derechos de representación en el Senado y de presentación de Vocales para la Corte (Arts. 20–21; cont. 1909, Tít. I, Arts. 6–7).

Todo lo no atribuido expresamente a la Administración General de la Nación correspondía a los Estados, cuyos períodos constitucionales durarían tres años desde el 20 de febrero de 1915 (Tít. VIII, Art. 106; cf. 1909, Tít. VIII, Art. 120:  « […] los períodos constitucionales de sus Poderes Públicos durarán cuatro años, contados desde el 20 de febrero de 1910. »).  Los tribunales Estatales eran independientes, sujetos solo al examen de la Corte en los casos legales (Art. 108; cont. 1909, Tít. VIII, Art. 122).

El Gobierno Federal no podía mantener en los Estados otros empleados residentes con jurisdicción o autoridad que las excepciones relativas a Hacienda, Instrucción Pública, correos, telégrafos, teléfonos, sanidad, administración de minas, baldíos, salinas y aguardiente, y establecimientos militares (Art. 113; cf. 1909, Tít. VIII, Art. 129).  Cualquier ciudadano podía acusar a funcionarios nacionales o Estatales ante las autoridades designadas por la ley (Art. 116; cont. 1909, Tít. VIII, Art. 132).

CON-AMD—Reforma de la Constitución:

Las enmiendas y adiciones solo podían decretarse en sesiones ordinarias del Congreso, a solicitud de las tres cuartas partes de las Asambleas Legislativas reunidas ordinariamente y sobre los puntos en que coincidiera la mayoría de los Estados (Tít. VIII, Art. 130).  El Artículo 130 de 1914 no contiene el requisito de esperar la renovación de los Poderes Públicos; el Artículo 145 de 1909 sí lo contenía (cf. 1909, Tít. VIII, Art. 145:  « […] nunca se harán las enmiendas o adiciones sino sobre los puntos en que coincida la mayoría de los Estados, ni se podrán poner en vigor sino después de la renovación de los Poderes Públicos de la Nación que las haya solicitado o sancionado. »).

Las enmiendas seguían el procedimiento legislativo; el Presidente del Congreso las sometía a las Asambleas Estatales para ratificación; el Congreso podía iniciarlas, sujetas a ratificación de tres cuartas partes; y el voto definitivo volvía al Congreso para su escrutinio (Arts. 131–134; cont. 1909, Tít. VIII, Arts. 146–149).

Nota de recensión:  en la reproducción del Artículo 130 proporcionada por el CIDEP, las palabras « o de adiciones; pero ni unas ni otras se decretarán » aparecen dos veces consecutivas.  En este resumen aparecen una vez.

CIV-SUF—Sufragio:

Eran electores y elegibles los venezolanos mayores de veintiún años que satisficieran las condiciones constitucionales (Tít. I, Art. 12; cf. 1909, Tít. III, Art. 15:  « Son electores y elegibles todos los venezolanos mayores de veintiún años, con sólo las condiciones expresadas en esta Constitución y en las leyes. »).  La libertad de sufragio figuraba entre las garantías, sujeta únicamente a la Constitución y las leyes (Tít. III, Art. 22, núm. 11; cont. 1909, Tít. III, Art. 23, núm. 11).

Todos los venezolanos en el goce de los derechos de ciudadano podían elegir y ser elegidos para los cargos públicos (Tít. VIII, Art. 123; nuevo).  Durante las votaciones, los individuos de la Fuerza Pública Nacional que estuvieran de facción permanecían acuartelados (Art. 124).  El Artículo 124 de 1914 menciona a los individuos de la Fuerza Pública Nacional que estuvieran de facción y no menciona las fuerzas Estatales; el Artículo 137 de 1909 mencionaba la Fuerza Pública Nacional y las fuerzas de los Estados (cf. 1909, Tít. VIII, Art. 137:  « En los periodos eleccionarios, la Fuerza Pública Nacional y las de los Estados permanecerán acuarteladas durante el lapso de las elecciones populares. »).

CIV-CIT—Ciudadanía:

La Constitución de 1914 empleó las categorías nacionalidad de origen y nacionalidad adquirida; la Constitución de 1909 empleaba las categorías nacimiento y naturalización (Tít. I, Art. 10; cf. 1909, Tít. III, Art. 13:  « Los venezolanos lo son por nacimiento o por naturalización. »).  Eran venezolanos por nacimiento los nacidos en el territorio y los hijos de padres venezolanos.  Adquirían la nacionalidad los hijos mayores de edad de padre o madre venezolanos por naturalización, nacidos en el extranjero, que se domiciliaran y manifestaran su voluntad; los nacidos en Repúblicas hispanoamericanas que cumplieran las condiciones enumeradas; quienes obtuvieran carta de naturaleza; y la extranjera casada con venezolano en las condiciones prescritas (Art. 10; cf. 1909, Tít. III, Art. 13).

La manifestación se hacía ante el Registrador Principal y no producía efecto hasta que el Ejecutivo ordenara y verificara su publicación en la Gaceta Oficial (Art. 11; cf. 1909, Tít. III, Art. 14:  « […] enviará copia de ella al Ejecutivo Nacional para su publicación en la Gaceta Oficial. »).  Los venezolanos debían servir a la Nación y gozaban de iguales derechos y deberes en la Unión (Arts. 12–14; cf. 1909, Tít. III, Arts. 15–17).  Las cuatro causas de suspensión enumeradas en el Artículo 18 de 1909 aparecen también en el Artículo 24 de 1914; este último menciona además las dádivas de gobiernos extranjeros entre las aceptaciones prohibidas a los empleados.  Los derechos y deberes de los extranjeros se remitían a la ley, sin poder exceder los de los venezolanos, y quedaban sujetos a las reglas constitucionales sobre participación política, indemnización y tratados (Arts. 15–18; cf. 1909, Tít. III, Arts. 19–22).

RTS-GAR—Derechos:

La carta garantizaba la inviolabilidad de la vida y abolía la pena capital cualquiera que fuese su fuente (Tít. III, Art. 22, núm. 1; cont. 1909, Tít. III, Art. 23, núm. 1).  Protegía la propiedad, sujeta a contribuciones legislativas, decisión judicial, medidas sanitarias legales y expropiación por utilidad pública previo juicio contradictorio e indemnización (Art. 22, núm. 2; cf. 1909, Tít. III, Art. 23, núm. 2:  « […] sólo estará sujeta a las contribuciones decretadas por la Autoridad Legislativa, a la decisión judicial y a ser tomadas para obras de utilidad pública, previos indemnización y juicio contradictorio. »).

Garantizaba además la correspondencia postal y telegráfica y los papeles particulares, el hogar, la libertad personal, la expresión y la prensa, el tránsito, la industria, la reunión y asociación, la petición, el sufragio, la enseñanza, la religión, la seguridad individual y la igualdad (Art. 22, núms. 3–15; cf. 1909, Tít. III, Art. 23, núms. 3–15).  El Artículo 22 de 1914 autorizaba el allanamiento domiciliario por motivo sanitario; permitía fianza de cárcel segura en las causas de expresión allí especificadas; declaraba abolida la concesión de monopolios; remitía la libertad de asociación a las excepciones de las leyes citadas; fijaba en treinta días el máximo del sumario; y fijaba en veinte años la pena corporal máxima.  El Artículo 23 de 1909 no contenía las disposiciones sanitarias ni el plazo máximo del sumario; disponía que el inculpado por expresión no podía ser detenido antes de sentencia ejecutoriada; prohibía los juegos de envite y azar, las rifas y las loterías; no citaba leyes restrictivas de la asociación; y fijaba en quince años la pena corporal máxima.

La enumeración no negaba otros derechos de los ciudadanos (Art. 23; cont. 1909, Tít. III, Art. 25).  La Constitución de 1914 no contiene una disposición equivalente al Artículo 24 de 1909, que permitía a los Estados acordar otros derechos a sus habitantes.  Quien violara mediante decreto, orden o resolución los derechos garantizados era culpable y debía ser castigado (Art. 25).  El Artículo 25 de 1914 no contiene la oración sobre indemnización incluida en el Artículo 26 de 1909 (cf. 1909, Tít. III, Art. 26:  « El culpable indemnizará al agraviado los perjuicios que le ocasione. »).  Las leyes que menoscabaran los derechos al reglamentarlos eran inconstitucionales e ineficaces (Art. 26; cont. 1909, Tít. III, Art. 27).

REG-MIL—La fuerza armada:

Las Cámaras reunidas en Congreso podían nombrar anualmente, si lo juzgaban conveniente y dentro de los primeros quince días de su instalación, un Comandante en Jefe del Ejército Nacional y determinar sus funciones (Tít. V, Art. 57, núm. 2).  La Constitución de 1909 no contiene ese cargo; el Artículo 43 del Estatuto Constitucional Provisorio lo reguló para el período provisional iniciado el 19 de abril de 1914.  Como cuerpos colegisladores, las Cámaras legislaban sobre la milicia, dictaban las ordenanzas del Ejército y la ley para la formación y reemplazo de las fuerzas de mar y tierra, decidían sobre extranjeros al servicio de la República y decretaban la guerra (Art. 58, núms. 8, 16, 18–20; cf. 1909, Tít. V, Art. 57, núms. 23 y 26–28).

El Presidente declaraba la guerra decretada por el Congreso, dirigía las operaciones militares, mandaba el Ejército y la Armada, organizaba el Ejército y la Milicia y fijaba anualmente el número de las fuerzas (Tít. VI, Art. 79, núms. 17 y 22; cf. 1909, Tít. VI, Arts. 80, núms. 6 y 10, y 81, núm. 2).  Ejercía las facultades extraordinarias durante guerra, conmoción o rebelión y podía emplear la fuerza pública para poner fin a colisiones Estatales o rebeliones (Art. 79, núms. 23–24; cf. 1909, Tít. VI, Art. 82).  Cuando el Congreso nombrara al Comandante en Jefe, las atribuciones 22–25 se ejercerían conforme a lo que aquel determinara (Art. 79, párrafo único).  El Artículo 138 dispuso para el período transitorio que el Presidente Provisional ejerciera esas atribuciones de acuerdo con el Comandante en Jefe.

La Fuerza Pública Nacional se dividía en naval y terrestre y se componía de las milicias ciudadanas; el contingente podía aumentarse en tiempo de guerra.  La autoridad militar y la civil no podían coincidir salvo durante perturbaciones del orden público; todos los elementos de guerra pertenecían a la Nación; los individuos de facción permanecían acuartelados durante las votaciones; y la fuerza armada era pasiva, obediente y no deliberante, sin potestad de requisar o exigir auxilios sino por medio de la autoridad civil (Tít. VIII, Arts. 109–111, 115 y 124–125; cf. 1909, Tít. VIII, Arts. 124–127, 137 y 140).

REG-REL—Religión:

La Constitución garantizaba la libertad religiosa conforme a las leyes y bajo la inspección suprema de todo culto por el Ejecutivo Federal (Tít. III, Art. 22, núm. 13; cf. 1909, Tít. III, Art. 23, núm. 13:  « La libertad religiosa, sin que por ningún motivo pueda menoscabarse el derecho de Patronato […] y […] el Ejecutivo Federal ejercerá inspección suprema sobre todo culto […] »).  La Nación continuaba ejerciendo el Patronato Eclesiástico conforme a la ley de 28 de julio de 1824 (Tít. VIII, Art. 112; cont. 1909, Tít. VIII, Art. 128).

ECO-INF—Infraestructura:

Los Estados cedían al Gobierno Federal el territorio necesario para fuertes, muelles, almacenes, astilleros, penitenciarías, vías de comunicación, estaciones de cuarentena, edificios nacionales y demás obras indispensables a la Administración General (Tít. II, Art. 19, núm. 7).  El Artículo 19 de 1914 menciona vías de comunicación, estaciones de cuarentena y edificios nacionales; esos elementos no aparecen en la enumeración del Artículo 12 de 1909 (cf. 1909, Tít. II, Art. 12, núm. 7:  « […] fuertes, muelles, almacenes, astilleros, penitenciarías y demás obras indispensables a la administración »).

El Artículo 19, núm. 9, reservaba al Poder Federal la jurisdicción legislativa y ejecutiva sobre correos, telégrafos, teléfonos, navegación, muelles y caminos nacionales, y denominaba caminos nacionales a los que atravesaran un Estado, un Territorio o el Distrito Federal y pasaran de sus límites (cf. 1909, Tít. II, Art. 12, núm. 9).  El Presidente reglamentaba los correos, telégrafos y teléfonos públicos o particulares y podía crear o suprimir estaciones federales (Tít. VI, Art. 79, núm. 10; cf. 1909, Tít. VI, Art. 80, núm. 14).  El Congreso legislaba sobre la seguridad de los puertos y costas marítimas (Tít. V, Art. 58, núm. 21; sin disposición equivalente identificada en la Constitución de 1909).

CON-FIN—Disposiciones finales:

La Constitución se promulgaría y entraría en vigencia cuando el Congreso de Diputados Plenipotenciarios, después de escrutar los votos distritales, comprobara la ratificación por al menos dos terceras partes de las Asambleas de Plenipotenciarios.  Los votos debían insertarse al pie del texto (Tít. VIII, Arts. 135–136; cf. 1909, Tít. VIII, Art. 153:  « La presente Constitución se promulgará y entrará en vigencia tan luego como, escrutados por el Congreso Nacional los votos de las Asambleas Legislativas de los Estados, se encuentre que ellas han ratificado las enmiendas y adiciones. »).

Los períodos constitucionales de las ramas Ejecutiva y Judicial del Poder Federal durarían siete años desde el 19 de abril de 1915 (Art. 128; cf. 1909, Tít. VIII, Art. 150:  « Los periodos constitucionales del Poder Federal durarán cuatro años y serán contados desde el 19 de abril de 1910. »).  Los períodos legislativos y Estatales eran trienales (Tít. V, Arts. 35 y 39; Tít. VIII, Art. 106).  La base poblacional era la determinada por el último censo aprobado por el Congreso, y las fechas oficiales computaban la Independencia desde el 19 de abril de 1810 y la Federación desde el 20 de febrero de 1859 (Arts. 127 y 129; cont. 1909, Tít. VIII, Arts. 151–152).

Las Disposiciones Transitorias mantuvieron al Presidente Provisional, los Vicepresidentes Provisionales, los Vocales de la Corte y el Procurador hasta la posesión de sus sucesores; mantuvieron al Comandante en Jefe hasta la posesión del Presidente constitucional; facultaron al Presidente Provisional para dictar las normas necesarias para implantar la nueva organización; y exigieron al Presidente Provisional y al Comandante rendir cuenta al Congreso siguiente (Arts. 137–140; nuevo).  La Disposición Final derogó el Estatuto Constitucional Provisorio de 19 de abril de 1914 (Art. 141; nuevo).  La carta fue dada en el Palacio Federal Legislativo el 13 de junio de 1914 y mandada cumplir el 19 de junio por el Presidente Provisional Victorino Márquez Bustillos y los Ministros del Despacho.

Nota:  el texto original de la Constitución de 1914 y el Estatuto Constitucional Provisorio de 19 de abril de 1914 pueden consultarse en el CIDEP (Recopilación de Leyes y Decretos de Venezuela):  https://cidep.online/files/constituciones/1914.pdf