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« Desenmascarar la desilusión: Serie IX »

May 20, 2026

*

“Alegoría Geométrica”, pintura digital 2023 de Ricardo Morín (artista visual estadounidense nacido en Venezuela–1954)

Nota del Autor

Esta serie continúa el examen diagnóstico de la condición política venezolana, centrándose en las consecuencias éticas e institucionales que emergen cuando la autoridad, la gobernanza y la rendición de cuentas dejan de estar alineadas.  En lugar de proponer prescripciones, examina cómo la degradación de los derechos humanos, la normalización de la violencia y la difusión de la responsabilidad funcionan como condiciones sistémicas dentro de un contexto autoritario prolongado.  La indagación permanece situada dentro de un patrón histórico más amplio, atenta a las estructuras más que a los acontecimientos y a las consecuencias más que a las intenciones.

 

Ricardo F. Morín

13 de enero de 2026

Oakland Park, Florida

Capítulo XVII

 

El Cuarto Asunto

 

Sobre los Derechos Humanos

1

La historia política moderna de Venezuela ha estado marcada por un escepticismo recurrente hacia las instituciones colectivas y por una sustitución persistente de la autoridad personal en lugar de marcos cívicos compartidos.  Con el tiempo, este patrón ha contribuido al desplazamiento de la confianza en la libertad como condición vivida, más que como principio abstracto.  En tales contextos, los derechos humanos no desaparecen retóricamente;  pierden su fuerza operativa.  Su ausencia se vuelve visible no en declaraciones formales, sino en la capacidad disminuida de las personas para actuar sin miedo, participar sin coerción y sostener la dignidad sin dependencia.

2

Los derechos humanos funcionan diagnósticamente como umbrales más que como aspiraciones.  Donde se respetan, las personas conservan agencia dentro de la vida social y política;  donde se suspenden, el potencial social se contrae independientemente de los recursos disponibles.  La crisis prolongada de Venezuela demuestra que la abundancia material por sí sola no produce libertad.  Sin garantías institucionales que aseguren la integridad corporal, la participación política y la igualdad ante la ley, el desarrollo democrático pierde continuidad operativa, y la vida social se reorganiza en torno a la supervivencia más que a la posibilidad.

3

El aislamiento—ya sea político, ideológico o institucional—acelera esta contracción.  Cuando los gobiernos o los grupos sociales se retraen de la rendición de cuentas, la corrupción deja de ser una anomalía y se convierte en un mecanismo de gobierno.  En Venezuela, el aislamiento prolongado de las normas democráticas y de la supervisión internacional ha coincidido con la pérdida de la confianza social como condición operativa y con la normalización de la arbitrariedad.  Desde una perspectiva diagnóstica, la responsabilidad primaria del Estado no es el liderazgo moral, sino la protección de las condiciones sociales que permiten a las personas ejercer una elección significativa.  Enfoques como el marco de las capacidades articulan esta responsabilidad no como caridad, sino como una obligación institucional de preservar las condiciones materiales y políticas de la dignidad. [1]

4

En el núcleo de los derechos humanos se encuentra la libertad entendida en forma dual:  protección frente a la violencia y acceso a las condiciones materiales necesarias para la supervivencia.  Estas dimensiones son inseparables.  El conflicto político no es evidencia de fracaso social;  es una característica esperada de las sociedades pluralistas.  Lo que distingue a los sistemas autoritarios no es el conflicto en sí, sino la supresión de las restricciones éticas que regulan la forma en que se gestiona el conflicto.  Allí donde el poder sustituye a la reciprocidad y la coerción reemplaza a la legitimidad, los derechos humanos dejan de funcionar como salvaguardas y se convierten en artefactos simbólicos desvinculados de la realidad vivida. [2]

 

Endnotes — Capítulo XVII

§ 3

  • [1] Nussbaum, Martha C., Women and Human Development:  The Capabilities Approach (Cambridge:  Cambridge University Press, 2000), 4–14, 71–72, 114–123.

§ 4

  • [2] Rawls, John, A Theory of Justice (Cambridge:  Harvard University Press, 1971), 111, 337–338, 511, 515, 545.

 

Capítulo XVIII

 

El Quinto Asunto

 

Sobre la Naturaleza de la Violencia

1

La violencia altera el orden social no solo mediante el daño físico, sino a través del colapso de la rendición de cuentas que la hace posible.  Su regulación depende de dos estructuras interdependientes:  el contrato social y la gobernanza.  El contrato social establece las condiciones bajo las cuales las personas renuncian a ciertas libertades a cambio de protección y justicia.  La gobernanza operacionaliza ese contrato al traducir la autoridad en una acción previsible y limitada.  Cuando la gobernanza fracasa—ya sea por incapacidad, corrupción o distorsión deliberada—la violencia deja de ser excepcional y se vuelve sistémica.

2

La distinción entre fuerza legítima y violencia ilegítima es estructural, no retórica.  La fuerza legítima está delimitada por la ley, la proporcionalidad y la rendición de cuentas;  existe para preservar el contrato social.  La violencia ilegítima surge cuando el poder se ejerce de forma arbitraria, desvinculado de la restricción ética y de la supervisión institucional.  Las revoluciones históricas demuestran que cuando la gobernanza colapsa por completo, la violencia puede surgir como sustituto más que como solución.  Tales sustituciones rara vez restablecen el orden;  por el contrario, consolidan la inestabilidad, fragmentan la autoridad en centros no responsables y prolongan la recuperación social durante generaciones.

3

En la Venezuela contemporánea, la violencia se ha convertido en un instrumento de preservación política más que de protección pública.  Las fuerzas del Estado y las milicias aliadas han sido desplegadas de manera reiterada para suprimir la disidencia, en particular durante las protestas nacionales de 2017 y 2024.  Estas acciones produjeron muertes, lesiones generalizadas, detenciones masivas y la persecución sistemática de figuras opositoras.  Dirigentes políticos prominentes fueron encarcelados o forzados al exilio, mientras que las instituciones judiciales—incluido el Tribunal Supremo de Justicia—funcionaron no como salvaguardas, sino como mecanismos que legitimaron la represión mediante la forma legal. [1] [2] [3] 

4

Los relatos oficiales enmarcan estas acciones como defensas de la seguridad nacional.  Desde un punto de vista diagnóstico, sin embargo, indican la disolución del contrato social.  Cuando el Estado dirige la violencia hacia el interior, la legitimidad colapsa incluso si la autoridad persiste.  La gobernanza se vuelve performativa, el derecho se reduce a procedimiento, y la violencia se normaliza como método de gobierno.

5

La libertad no persiste a través de la fuerza, sino mediante la resistencia sostenida a la normalización de la violencia.  Las sociedades que no interrogan la coerción—ya sea impuesta o tolerada—se adaptan gradualmente a ella.  La vigilancia diagnóstica exige reconocer cómo la violencia migra de respuesta excepcional a gobernanza ordinaria, reconfigurando instituciones, expectativas y conductas cívicas en el proceso.

6

Allí donde se restablece la rendición de cuentas, la violencia puede ser contenida dentro de límites éticos.  Donde está ausente, la violencia se vuelve auto‑perpetuante.  La preservación de la justicia depende, por tanto, menos de la resolución moral que de la reconstrucción de instituciones capaces de imponer límites efectivos al poder.

 

Endnotes — Capítulo XVIII

§ 3

  • [1] Newman, William, “Venezuelan Opposition Leader Leopoldo López Sentenced to Prison Over Protest,” New York Times, September 10, 2015.
  • [2] “Venezuelan Opposition Politician Manuel Rosales Arrested,” BBC News, October 15, 2015.
  • [3] “Venezuela Police Raid Arrests Caracas Mayor Antonio Ledezma,” BBC News, February 20, 2015.

 

Capítulo XIX

 

El Sexto Asunto

 

Sobre la Persistencia de la Injusticia

1

La durabilidad de la injusticia dentro de cualquier sistema político depende menos de las intenciones de los dirigentes que de la distribución de la rendición de cuentas.  Cuando la responsabilidad se concentra en la cúspide y se difunde hacia abajo, la vida política queda aislada de las consecuencias.  En tales sistemas, la ciudadanía es reducida a espectadora más que a participante, y la gobernanza avanza sin presión correctiva. [1]

2

La apatía no es simplemente una disposición personal;  es una condición política producida por la exclusión sostenida de una agencia significativa.  Cuando la participación implica riesgo sin influencia, el retraimiento se vuelve racional.  Con el tiempo, este retiro estabiliza la injusticia al eliminar la resistencia del sistema.

3

La justicia y la libertad no son logros estáticos;  emergen de una negociación continua entre intereses en competencia dentro de marcos limitados.  Los sistemas autoritarios prosperan en la ilusión precisamente porque eliminan la negociación, sustituyendo la adaptabilidad por la certeza.  La gobernanza efectiva depende de la capacidad de absorber el conflicto sin suprimirlo. [2]

4

La agencia individual sigue siendo relevante no como heroísmo moral, sino como participación estructural.  Cuando la ciudadanía conserva la capacidad de reconocer la diferencia, confrontar el sesgo y actuar dentro de instituciones compartidas, la injusticia encuentra fricción.  La restauración de la justicia depende de reconstituir las condiciones bajo las cuales las personas pueden actuar sin miedo y sin ilusión, reconectando la responsabilidad personal con las estructuras colectivas en lugar de aislarla únicamente en la conciencia. [3]

 

Endnotes — Capítulo XIX

§ 1

  • [1] O’Donnell, Guillermo “Delegative Democracy,” Journal of Democracy 5, no. 1 (1994): 55–69.

§ 3

  • [2] Sen, Amartya,  Development as Freedom (New York:  Knopf, 1999), 123–137, 146–159, 282–287.

§ 4

  • [3] Nussbaum, Martha C., Women and Human Development:  The Capabilities Approach (Cambridge:  Cambridge University Press, 2000), 66–72, 104–110, 124–130.

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Carta de un Presidente

May 19, 2026

Durante décadas escribí a distintos presidentes de los Estados Unidos como ciudadano americano-venezolano preocupado por el progresivo deterioro institucional de Venezuela.  La mayoría de aquellas cartas nunca recibió respuesta.  En 2014, en medio de las protestas, detenciones y fracturas políticas que comenzaban a transformar irreversiblemente al país, llegó una respuesta de la Casa Blanca firmada por Barack Obama.

Leída hoy, la carta resulta menos significativa por lo que afirma explícitamente que por la naturaleza misma de su lenguaje.  El texto reconoce el deterioro de las instituciones democráticas venezolanas, menciona la detención de líderes opositores y reclama diálogo, mediación y contención de la violencia.  Sin embargo, como ocurre frecuentemente en el lenguaje diplomático, la precisión disminuye a medida que aumenta la proximidad a las consecuencias que tales afirmaciones podrían exigir.  Vista retrospectivamente, aquella cautela también revelaba la dificultad de una administración norteamericana para reconocer abiertamente hasta qué punto Venezuela había dejado de ser únicamente una crisis interna y comenzaba a formar parte de una disputa más amplia por la influencia hemisférica.

La carta parecía reflejar una contradicción más amplia de la política exterior norteamericana:  la dificultad de sostener un lenguaje democrático mientras crecían dependencias económicas, compromisos energéticos y rivalidades geopolíticas que limitaban la disposición de Estados Unidos a confrontar directamente la expansión de influencias extranjeras sobre América Latina.  Lo que durante años permaneció formulado bajo el lenguaje de la mediación, el diálogo y la estabilidad regional terminaría revelando una tensión más profunda entre los principios declarados de la política exterior estadounidense y la progresiva reconfiguración estratégica del hemisferio.

 

Traducción de la carta de Barack Obama:

Estimado Sr. Morin:

Gracias por escribir.  Mi administración continúa profundamente preocupada por los eventos en curso en Venezuela, y agradezco saber de usted.

Las instituciones democráticas de Venezuela están fallando en proteger a las personas con puntos de vista alternativos al permitir la detención de líderes de la oposición y la expulsión de un funcionario opositor de un cargo electo.  El enfoque del gobierno venezolano debe ser involucrar al pueblo venezolano en un diálogo real y abordar sus quejas legítimas.  He pedido la liberación de los manifestantes detenidos, un paso necesario hacia la paz y el progreso.

Si bien seguimos explorando todas las opciones para enfrentar la situación en Venezuela, nuestro enfoque inmediato es apoyar cualquier esfuerzo de mediación que genere un diálogo honesto entre el gobierno venezolano y la oposición.  Todas las partes tienen la obligación de trabajar juntas para contener la violencia y restaurar la calma.  Con nuestros socios internacionales, Estados Unidos continúa analizando qué más podemos hacer para respaldar ese esfuerzo.

Estados Unidos tiene fuertes lazos históricos y culturales con el pueblo venezolano, y seguimos comprometidos con nuestra relación con ellos.  Sus libertades fundamentales y sus derechos humanos universales deben ser protegidos y respetados.

Nuevamente, gracias por compartir sus pensamientos.

 

Sinceramente,

(Firma ilegible de)

Barack Obama

 

Esta misiva de la Casa Blanca fue enviada el 7 de mayo de 2014 a través de mi dirección de correo electrónico personal.

 

Mi respuesta en la misma fecha:

Honorable Presidente Barack Obama:

Gracias por su amable y generosa respuesta.

Lo que permanece implícito en su respuesta es que Estados Unidos mantiene compromisos económicos y estratégicos que limitan cualquier confrontación directa con el gobierno venezolano.  Una intervención destinada a remover un poder considerado ilegítimo podría alterar acuerdos, contratos y equilibrios internacionales cuya estabilidad forma parte de una economía norteamericana ya sometida a tensiones considerables.

Una dependencia estructural del petróleo parecía encontrarse en el centro de ese dilema y de sus consecuencias no deseadas.  Sin embargo, un país sumido en un proceso creciente de descomposición institucional y económica podía eventualmente dejar de satisfacer tanto las demandas internacionales como las necesidades de su propia población.

En última instancia, la estabilidad regional y la propia seguridad estratégica de los Estados Unidos podían depender no sólo de llamados al diálogo, sino también de una comprensión más clara de las fuerzas externas y dependencias políticas que estaban contribuyendo al deterioro progresivo de Venezuela.

 

Sinceramente de Ud.,

Ricardo F. Morín

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« Desenmascarar la desilusión: Serie VIII »

May 6, 2026

*

“Alegoría Geométrica”, pintura digital 2023 de Ricardo Morín (artista visual estadounidense nacido en Venezuela–1954)

Ricardo F. Morín

13 de enero de 2026

Oakland Park, Florida

Nota del Autor

Esta serie continúa un examen diagnóstico de la experiencia política venezolana, centrado en las condiciones bajo las cuales la autoridad, la verdad y la responsabilidad institucional dejan de estar alineadas.  Permanece situada dentro de una indagación histórica más amplia, no como un relato cronológico, sino como atención a patrones que aparecen cuando el poder se preserva a expensas de la gobernanza.

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Capítulo XV

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El Segundo Asunto

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Sobre Verdades Parciales y Anarquía Represiva

Verdades Parciales

1

La política entendida como una competencia entre verdades parciales resulta pertinente para comprender las dinámicas autoritarias.  Este planteamiento sugiere que la vida política es inherentemente pluralista, y que cada perspectiva capta un fragmento de una realidad más amplia y compleja.  En una democracia funcional, las verdades en competencia—que reflejan valores, necesidades y experiencias distintas—entran en un intercambio abierto y constructivo.  Bajo el autoritarismo, en cambio, los esfuerzos del régimen por monopolizar la verdad suprimen las voces diversas indispensables para un discurso político equilibrado.

2

En Venezuela, el gobierno ejerce un control estricto sobre la información, deslegitima la disidencia y con frecuencia califica las perspectivas opositoras como falsas o peligrosas para el Estado. [1]  Este monopolio de la verdad distorsiona el discurso público y evita que puntos de vista alternativos cuestionen los relatos del régimen.  En lugar de propiciar un espacio para la oposición, las comunidades marginadas y la sociedad civil, el campo político venezolano queda reducido a una única verdad alineada con los intereses del régimen y diseñada para consolidar su poder.

3

Cuando la política se concibe como una negociación continua entre valores en competencia, resulta evidente que el régimen venezolano interrumpe ese proceso al descalificar a la oposición como subversiva.  La idea de que el poder configura el conocimiento ilumina aún más esta dinámica:  en Venezuela, el control estatal de los medios y de la información pública subordina los relatos alternativos y crea un entorno en el que solo prevalece la versión del régimen.

4

Esta supresión de verdades pluralistas invalida el fundamento de la gobernanza democrática, que idealmente depende de la coexistencia y la competencia entre perspectivas diversas.  Al silenciar la disidencia, el régimen transforma la política en un monólogo de propaganda estatal, intensifica el control autoritario al despojar a la ciudadanía de su capacidad de acción, y socava, en última instancia, las bases democráticas necesarias para el funcionamiento de la sociedad.

Anarquía Represiva

5

La anarquía represiva revela una contradicción profunda en la estructura del poder, en la que el Estado actúa simultáneamente como fuerza opresiva y como agente de desorden.  En Venezuela, esta tensión entre represión y anarquía pone de relieve un conflicto filosófico más profundo entre las funciones de la autoridad y su disolución.  Mientras que las autocracias tradicionales se apoyan en la centralización del poder para imponer orden, la anarquía represiva señala el colapso de la capacidad del Estado para gobernar, incluso cuando endurece su control sobre la expresión política y la disidencia.

6

En el núcleo de la anarquía represiva se encuentra la paradoja del control sin gobernanza efectiva. [2]  La maquinaria estatal está orientada a suprimir libertades políticas, restringir la oposición y eliminar el pluralismo, y, sin embargo, abandona simultáneamente su responsabilidad de mantener el orden civil o proteger a la población frente al colapso económico, la criminalidad y la descomposición social.  Este ejercicio selectivo del poder expone una soberanía vacía:  un Estado que proyecta autoridad mediante la represión mientras descuida sus funciones esenciales, como garantizar la justicia, la seguridad y el Estado de derecho.  En la práctica, la autoridad del Estado adquiere una forma represiva, pero produce un resultado anárquico, creando una realidad caótica en la que el poder existe sin propósito.

7

Esta condición desafía las nociones clásicas de poder y gobernanza. [3]  En la teoría política, el Estado deriva su legitimidad del contrato social, entendido como una obligación recíproca entre gobernantes y gobernados.  Cuando un Estado prioriza la represión por encima de la administración, disuelve ese contrato y sustituye la confianza por el temor.  La anarquía represiva sugiere que cuando el poder se separa de sus responsabilidades fundacionales, se vuelve a la vez auto-perpetuante y auto-destructivo, reduciendo al Estado a un mecanismo coercitivo en lugar de una fuerza orientada al bien social.

8

Esta dualidad pone en cuestión el supuesto hobbesiano de que el autoritarismo garantiza naturalmente el orden. [4]  En Venezuela, la centralización del poder bajo Nicolás Maduro no ha producido estabilidad, sino un deterioro de las funciones gubernamentales y de la capacidad del Estado para gobernar.  El poder sin control no ha generado unidad ni seguridad, sino fragmentación y caos;  la represión, lejos de compensar las fallas del Estado, las intensifica, acelera la desintegración social y alimenta su propia inseguridad.

9

La anarquía represiva también reconfigura la relación entre miedo y libertad. [5]  En estos sistemas, el miedo no es solo una herramienta de control, sino una condición generalizada que regula la forma en que las personas se relacionan tanto con el Estado como entre sí.  El miedo restringe la participación política, aplasta los espacios de deliberación pública y debilita la posibilidad de una libertad efectiva.  De este modo, la anarquía represiva representa no solo un fracaso de la gobernanza, sino también un fracaso moral, en la medida en que tanto los individuos como la sociedad quedan cargados bajo el peso de una represión persistente.

10

En última instancia, la anarquía represiva enfrenta a la filosofía política con una contradicción que desafía soluciones convencionales. [6]  Expone los límites del poder coercitivo y la vulnerabilidad inherente de los regímenes autocráticos a su propia autodestrucción.  Más importante aún, subraya la necesidad de reconciliar autoridad con gobernanza efectiva—no como instrumentos de mera represión, sino como sistemas éticos que sostengan la dignidad y el bienestar de la población.  La experiencia venezolana demuestra que cuando el poder se separa tanto de la gobernanza como de la responsabilidad moral, no logra imponer orden y, en su lugar, produce un caos inducido institucionalmente que resiste sanciones internacionales o medidas punitivas.

~

 

Endnotes, Chapter XV

§2

§6

  • [2] Corrales, Javier and Penfold, Michael, Dragon in the Tropics: Hugo Chávez and the Political Economy of Revolution in Venezuela (Washington, DC: Brookings Institution Press, 2011); InSight Crime, Venezuela: A Country Run by Criminal Networks, Bogotá, 2023, https://insightcrime.org; United Nations Development Programme, Governance Indicators: Venezuela Country Profile, New York, 2023.

§7

  • [3] O’Donnell, Guillermo “Delegative Democracy,” Journal of Democracy 5, no. 1 (1994): 55–69. (Foundational framework for understanding regimes that retain electoral form while hollowing institutional responsibility.)

§8

  • [4] Hobbes, Thomas, Leviathan (1651; Kindle ed.), chap. 17, loc. 103; United Nations Development Programme, “Governance Indicators: Venezuela Country Profile,” New York, 2023.

§9

  • [5] Arendt, Hannah, The Origins of Totalitarianism (New York: Harcourt, Brace & Company, 1951).

§10

~

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Capítulo XVI

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El Tercer Asunto

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El Clarín de la Democracia

1

En un mundo que enfrenta amenazas sistémicas —pandemias, guerra, inestabilidad ambiental— la distorsión del lenguaje democrático por regímenes autoritarios introduce un peligro secundario:  el desplazamiento de los estándares compartidos mediante los cuales se evalúa la realidad política.  Cuando los términos democráticos se preservan retóricamente pero se vacían institucionalmente, ya no aclaran los desafíos globales; los oscurecen. [1]  En tales condiciones, el problema no es únicamente la ausencia de democracia, sino el uso indebido de su vocabulario.

2

En este contexto, la democracia puede examinarse no como una aspiración, sino como un conjunto de condiciones operativas mediante las cuales la autoridad se limita y la legitimidad se mide.  Estas condiciones no funcionan simbólicamente; funcionan diagnósticamente.  Cuando están ausentes, sustituidas o aplicadas de manera selectiva, la forma democrática persiste mientras la sustancia democrática queda inoperante.

3

Entre estas condiciones se encuentran el Estado de derecho; elecciones libres y verificables; la protección de las libertades civiles y los derechos humanos; la separación de poderes; la independencia judicial; participación cívica sostenida; capacidad de respuesta gubernamental; protección de minorías; transparencia y rendición de cuentas; y la transferencia pacífica del poder.  No son ideales abstractos, sino condiciones necesarias. [1]  Estas condiciones pueden ser suspendidas, distorsionadas o reemplazadas por formas que las imitan sin funcionar.  La gobernanza persiste como apariencia y, al hacerlo, opera como subterfugio, mientras la democracia deja de operar.

4

En Venezuela, la disyunción entre el lenguaje democrático y la operación autoritaria se ha convertido en un rasgo definitorio de la vida política.  Durante el último cuarto de siglo, la autoridad se ha centralizado de manera progresiva dentro de un marco de partido único, reforzado por participación militar y captura institucional. [2]  Aunque se han conservado formas electorales y constitucionales, sus funciones de limitación han sido neutralizadas, contribuyendo a una pérdida sostenida de capacidad institucional en los planos político, social y económico.

5

El poder judicial ilustra esta sustitución con particular claridad.  En lugar de operar como árbitro independiente, ha funcionado cada vez más como una extensión administrativa del poder ejecutivo; ha legitimado detenciones arbitrarias, restringido la participación política y normalizado la represión mediante mecanismos legales.  Así, los mecanismos del poder judicial se utilizan para autorizar la represión en lugar de restringir el poder. [3]

6

Cuando los tribunales se alinean con la autoridad ejecutiva en lugar de limitarla, la participación cívica y la representación política dejan de funcionar.  Las elecciones, las reclamaciones legales y la impugnación pública pueden continuar en forma, pero ya no permiten a la ciudadanía influir en el poder ni obtener reparación.

 

Endnotes, Chapter XVI

§1-§3

  • [1] Rosanvallon, Pierre,  Counter-Democracy: Politics in an Age of Distrust (Cambridge: Cambridge University Press, 2008); Urbinati, Nadia, Democracy Disfigured: Opinion, Truth, and the People (Cambridge: Harvard University Press, 2014).

§4

  • [2] International Crisis Group, “Venezuela: The Rise of a Militarized State,” Brussels, 2022; Organization of American States, “Report on the Situation in Venezuela,” Washington, 2023.

§5

  • [3] Foro Penal, “Political Prisoners in Venezuela: Annual Report 2025,” Caracas, 2025; United Nations Working Group on Arbitrary Detention, “Opinion No. 44/2023 (Venezuela),” Geneva, 2023; Inter-American Commission on Human Rights, “Democratic Institutions, Rule of Law, and Human Rights in Venezuela,” Washington, DC, 2024.

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« Desenmascarar la desilusión: Serie VII »

April 22, 2026

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“Alegoría geométrica”, pintura digital de 2023 de Ricardo Morin (artista visual estadounidense nacido en Venezuela, 1954).

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Nota del autor

Esta entrega examina cómo las etiquetas ideológicas, liberal, socialista, democrática, se despliegan como instrumentos de alineación más que como compromisos exigibles.  Venezuela no se aborda como excepción, sino como un caso en el que la práctica administrativa, el posicionamiento internacional y la abstracción partidista convergen para oscurecer la responsabilidad.  Lo que sigue muestra cómo el poder se ejerce por método más que por doctrina, cómo el lenguaje ideológico desplaza la rendición de cuentas y cómo la claridad, más que el consenso, surge como la primera condición de la recuperación.

Ricardo F. Morín, 12 de enero de 2026, Oakland Park, Florida.

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Capítulo XIII

LA QUINTA SEÑAL

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LA REPÚBLICA EMPEÑADA

1

La crisis económica venezolana se desarrolló dentro de un entorno político en el que el control sobre la moneda extranjera, el gasto público y los ingresos del Estado se concentró progresivamente en sistemas de asignación controlados por el Estado y mecanismos fiscales fuera de presupuesto. Después de establecerse los controles cambiarios en 2003, el acceso a divisas se asignó de forma centralizada mediante mecanismos como CADIVI, y para 2013 incluso autoridades gubernamentales reconocían públicamente fraudes en la asignación de divisas preferenciales, incluyendo su otorgamiento a empresas de fachada. A nivel fiscal, fondos paralelos como FONDEN manejaron grandes sumas fuera de un escrutinio parlamentario efectivo, mientras la información pública sobre el gasto estatal y los fondos parafiscales dejó de publicarse de forma sistemática. Bajo estas condiciones, la desviación de recursos públicos no apareció como un hecho aislado, sino como una práctica recurrente de gobierno en la que los procedimientos formales de aprobación presupuestaria y rendición de cuentas se mantenían de manera nominal mientras disminuían la verificación independiente y la transparencia pública. Lo que emergió no fue el fracaso de una doctrina declarada, sino la consolidación de un método administrativo en el que el acceso a los recursos públicos dependía menos de procedimientos transparentes que de la concentración del control discrecional.

Los debates que oponen socialismo y capitalismo identifican erróneamente el campo operativo. Estos términos describen creencias sobre la propiedad y la finalidad social, no describen cómo se administran las economías. La estabilidad económica no depende del propósito declarado, sino de límites exigibles sobre la tributación, el gasto y la ejecución contractual. Depende de que la tributación siga reglas, de que los contratos se cumplan sin excepción, de que los presupuestos queden sujetos a procedimiento y de que la autoridad se ejerza dentro de límites respaldados por la ley presupuestaria, la ejecución contractual y la supervisión institucional. Donde estas condiciones faltan, la designación ideológica no fracasa, se vuelve irrelevante.

A medida que la contratación estatal en sectores como el petróleo, la infraestructura y las importaciones de alimentos quedó sometida a discreción política, las funciones de auditoría se debilitaron y los órganos de supervisión perdieron independencia operativa. Los ingresos y contratos controlados por el Estado se utilizaron cada vez más para redirigir recursos mediante asignación discrecional. La autoridad pública dejó de funcionar como estructura mediadora y pasó a convertirse en objeto de apropiación. El resultado no fue una corrupción episódica, sino una configuración estable en la que la desviación operó como resultado esperado del gobierno.

El mecanismo no explicó la acción, desplazó su examen. El lenguaje ideológico no aclaró las operaciones, las volvió inaccesibles. El discurso oficial que invocaba la lucha de clases y el antiimperialismo desvió la atención pública lejos de la asignación de divisas, el gasto público y las prácticas de contratación, y la condujo hacia un conflicto político simbólico. Estos llamados sustituyeron el examen de los procedimientos por relatos de oposición sin capacidad alguna de control.

Esta sustitución se extendió más allá del ámbito nacional. Gobiernos identificados con tradiciones liberales o democráticas respaldaron sanciones presentadas como instrumentos de presión. En la práctica, estas medidas intensificaron las penurias económicas sin alterar la configuración interna del poder.[1] Al mismo tiempo, Estados que mantenían alineación política y económica con el gobierno venezolano, entre ellos China, Rusia y Cuba, toleraron el debilitamiento de la supervisión electoral, la independencia judicial y la autoridad legislativa, y presentaron la inacción como fidelidad al principio.[2] A través de estas posiciones, la designación ideológica no guió la acción. Encubrió una convergencia, medidas que debilitaron a la sociedad sin alterar la autoridad, y posturas que preservaron la autoridad sin atender a la manera en que era ejercida.

2

Lo que se presenta como una división entre sistemas opuestos se resuelve, en la práctica, en una convergencia de procedimientos. La presión externa que debilita a una población sin alterar la autoridad, y la tolerancia externa que preserva la autoridad sin atender al desmantelamiento institucional, producen una misma condición, el aislamiento de la sociedad respecto de medios judiciales, electorales y legislativos para impugnar la autoridad.

3

Dentro de esa condición, la población no queda situada entre modelos de gobierno en competencia. Queda convertida en instrumento de posiciones que no operan sobre los mecanismos que sostienen o limitan el poder. El lenguaje de la alineación, sea en forma de solidaridad, neutralidad o cautela, no altera esta configuración cuando permanece desligado de los procedimientos a través de los cuales la autoridad se ejerce.[3]

Donde la rendición de cuentas no se hace valer, otras formas de organización ocupan su lugar. Redes criminales y economías informales que operan sin cumplimiento judicial ni regulatorio se expanden dentro del espacio dejado sin regulación. Su crecimiento no requiere justificación ideológica, resulta de la ausencia de límites exigibles.[4] Lo que se describe como crisis no comienza con el colapso. Comienza cuando la restricción se retira del ejercicio del poder y permanece retirada sin consecuencia.

Notas del Capítulo XIII

[1] Francisco Rodríguez y Jeffrey Sachs, “Economic Sanctions as Collective Punishment:  The Case of Venezuela,” The Lancet 393, no.  10178 (2019):  2584–2591; Center for Economic and Policy Research, “Sanctions in Venezuela:  Economic and Humanitarian Impacts,” 2019.

[2] R.  Evan Ellis, “The Maduro Regime’s Foreign Backers:  China, Russia, Iran, and Cuba,” Center for Strategic and International Studies (CSIS), 6 de noviembre de 2020; United Nations Human Rights Council, “Report on the Situation of Human Rights in the Bolivarian Republic of Venezuela,” 2022.

[3] Javier Corrales, “Democratic Backsliding Through Electoral Irregularities:  The Case of Venezuela,” Perspectives on Politics 18, no.  2 (2020):  311–327.

[4] Insight Crime, “Venezuela’s Criminal Landscape:  A Country of Collusion,” 2021; Transparency International, “Venezuela:  Corruption Perceptions Index,” 2022.

Capítulo XIV

*

LA PRIMERA CUESTIÓN

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RESISTIR EL CONTROL PARTIDISTA:   LA POSTURA DE LA SOCIEDAD CIVIL EN VENEZUELA

1

La vida democrática no se asegura por un principio único, sino por la interacción de formas distintas:  pluralismo, partidismo, no partidismo y antipartidismo.  Estas formas no se resuelven en una unidad.  Definen cómo la autoridad se organiza, se disputa y se limita dentro de instituciones como partidos, tribunales y legislaturas.

 

El pluralismo establece la condición bajo la cual la diferencia puede aparecer sin ser suprimida.  Su función consiste en asegurar que múltiples posiciones puedan entrar en el espacio público sin requerir alineación previa.  Cuando las instituciones no protegen la participación mediante acceso electoral y garantías jurídicas, la participación se contrae y la representación se estrecha.

 

El partidismo organiza la competencia mediante alineaciones estructuradas.  Su función depende de un límite, que la lealtad a un partido no sustituya la adhesión a las reglas que gobiernan la contienda misma.  Cuando ese límite se disuelve, la competencia persiste en la forma mientras desaparecen sus restricciones.

 

El no partidismo suspende la alineación para preservar el procedimiento.  Su función no es una neutralidad abstracta, sino el mantenimiento de condiciones en las que las decisiones sigan siendo responsables ante la regla y no ante la afiliación.

 

El antipartidismo surge cuando estos arreglos fracasan.  Rechaza a los partidos como vehículos de representación, pero al hacerlo elimina las estructuras mediante las cuales se ejerce la rendición de cuentas.  Cuando este rechazo se vuelve programático, no elimina el poder.  Elimina las estructuras que lo limitan y deja al poder concentrarse sin oposición.

2

En Venezuela, el antipartidismo se convirtió en una estrategia de gobierno mediante la deslegitimación de los partidos establecidos y la centralización de la autoridad en el ejecutivo.  El desencanto público con los partidos establecidos permitió el ascenso de una alternativa política singular que no operó fuera de las instituciones, sino que las reorganizó.  Los límites institucionales fueron presentados como impedimentos y su eliminación como restauración.  Lo que se eliminó, sin embargo, no fue el obstáculo, sino la restricción.[1]

 

Bajo Chávez, este método se extendió mediante la redirección de los recursos del Estado.  Los ingresos petroleros se desplegaron para asegurar alineación política en distintos sectores.  El acceso a recursos distribuidos por el Estado dependió cada vez más de la alineación política, particularmente a través de programas gubernamentales y del empleo público, lo que estableció dependencia en lugar de confianza institucional.  Bajo Maduro, esta estructura persistió bajo contracción, a medida que los recursos disminuyeron, el requisito de alineación se intensificó mientras se preservaba la misma lógica operativa. 

3

Las prácticas clientelares no fueron introducidas, sino ampliadas y centralizadas.  Lo que antes se hallaba disperso se volvió sistémico.  Programas como las Misiones Bolivarianas, financiados con ingresos petroleros y administrados por estructuras alineadas con el Estado, ilustran esta transformación.  Su función declarada era la provisión social, su operación vinculó el acceso con la identificación política.  En programas como Barrio Adentro, la prestación de servicios de salud fue administrada a través de estructuras coordinadas con el aparato gobernante.[2] Los beneficios no siguieron únicamente la necesidad, sino también la alineación.

 

Las políticas de expropiación y control cambiario restringieron aún más la actividad económica independiente.  Al reasignar activos por decisión administrativa, estas medidas redujeron el espacio dentro del cual podían surgir formas alternativas de organización.  La contracción económica siguió como consecuencia de una actividad restringida por control administrativo.

4

El debilitamiento de las estructuras institucionales desplazó la actividad organizada, pero no la eliminó.  Las organizaciones de la sociedad civil asumieron funciones de defensa jurídica, documentación de derechos humanos y provisión de servicios allí donde las instituciones del Estado dejaron de operar con continuidad institucional.

 

Organizaciones como Provea, Foro Penal y Transparencia Venezuela documentan violaciones, ofrecen defensa jurídica y mantienen registros de la conducta administrativa.  Las organizaciones de observación electoral documentan condiciones de votación e irregularidades pese a restricciones jurídicas y operativas.  Las estructuras comunitarias, como las Mesas Técnicas de Agua, coordinan el acceso a servicios básicos como el suministro de agua en ausencia de una provisión estatal confiable.  Estas actividades mantienen un vínculo verificable entre los actos documentados y sus consecuencias, entre las afirmaciones públicas y los registros, y entre la autoridad y sus límites legales.  Allí donde las instituciones ya no aseguran estas relaciones, ellas se sostienen mediante la práctica.

5

Estas formaciones no constituyen un sistema alternativo de gobierno.  Operan dentro de límites que les son impuestos y su continuidad sigue siendo contingente.  Las medidas legislativas que incrementan la supervisión de las organizaciones no gubernamentales han reducido todavía más su espacio operativo.

 

Lo que persiste no es un programa, sino un conjunto de prácticas que mantiene un vínculo verificable entre acción y consecuencia, autoridad y límite y decisión y verificación.  Donde estas relaciones se sostienen, aunque sea de forma restringida, permanece la posibilidad de reconstrucción.

 

La recuperación democrática no comienza con alineación ni con diseño.  Comienza con el restablecimiento de límites exigibles sobre el poder y con la restauración de procedimientos mediante los cuales los actos puedan ser examinados y limitados.  Donde estas condiciones faltan, las declaraciones de principio no fracasan, no operan.

*

Notas del Capítulo XIV

[1] Javier Corrales y Michael Penfold, Dragon in the Tropics:  Hugo Chávez and the Political Economy of Revolution in Venezuela (Washington:  Brookings Institution Press, 2011), 19–24, 30–34.

[2] “Barrio Adentro:  Complementariedad entre Cuba y Venezuela,” video de YouTube, https://youtu.be/y8GXPozsSWQ.

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« Desenmascarar la desilusión:  Serie VI »

April 8, 2026

 

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“Alegoría geométrica”,  pintura digital 2023 de Ricardo Morín (artista visual estadounidense nacido en Venezuela–1954)

 

*

 

Nota del autor:

 

Esta entrega cierra el Capítulo XII,  “El cuarto signo”.  Presenta los §§ 26–34 bajo el encabezado “La asimetría de las sanciones”,  y examina la aplicación desigual y los efectos diferenciados de las medidas económicas y políticas externas dentro del marco más amplio establecido por las secciones precedentes sobre la autocracia y Venezuela.

Ricardo F. Morín

13 de Enero, 2026

Oakland Park, Fl

*

Capítulo XII:  Parte 3

 

 

~

 

La asimetría de las sanciones

 

26

Las sanciones se emplean con frecuencia como instrumento diplomático para debilitar regímenes autocráticos.  Sin embargo,  su uso revela una asimetría más profunda en la tensión entre responsabilidad democrática y persistencia autoritaria.  Según datos del V-Dem Institute,  cerca del 72 % de la población mundial vive actualmente bajo formas de gobierno autocráticas,  la proporción más elevada desde 1978.  Esta constatación obliga a reconsiderar las sanciones no como medidas excepcionales frente a regímenes aislados,  sino como políticas aplicadas en un orden global donde la autocracia se ha convertido en la forma predominante de gobierno.

 

27

Por un lado,  las sanciones buscan aislar a las autocracias en los planos económico y político.  Por otro,  regímenes como el de Nicolás Maduro han demostrado una notable capacidad de adaptación frente a tales medidas.  Su perdurabilidad pone de relieve los límites de instrumentos concebidos para un mundo en el que se presuponía la primacía de la democracia.

27a  

Los desarrollos posteriores, incluida la remoción de Nicolás Maduro del poder, alteran el objeto inmediato hacia el cual se dirigían las sanciones, pero no resuelven las condiciones estructurales aquí examinadas.  Las redes de autoridad, los arreglos institucionales y las alianzas externas que sostuvieron su mandato no han sido disueltas por su salida.  Lo que se observa en este caso no es la permanencia de una figura individual, sino la persistencia de una estructura de gobierno capaz de adaptarse más allá de ella.

 

28

Maduro ha tejido alianzas adversariales con el fin de eludir la presión externa y sostener su permanencia en el poder.  Al invocar nociones de soberanía y resistencia frente a la influencia occidental,  ha transformado el aislamiento en un relato de desafío.

 

29

Este relato sirve de base para asociaciones con otros Estados autocráticos,  entre ellos Rusia,  China,  Cuba,  Irán y Turquía. [43] [44] [45] [46] [47]   Impulsadas por intereses pragmáticos más que por una afinidad ideológica estricta,  estas alianzas permiten a Venezuela atenuar los efectos previstos de las sanciones.

 

30

El resultado es paradójico:  mientras las sanciones aspiran a debilitar a las autocracias,  contribuyen de manera involuntaria a su resiliencia.  La dependencia de alianzas alternativas brinda a regímenes como el de Maduro acceso a recursos,  apoyo militar y respaldo político,  lo que a su vez los resguarda de disrupciones económicas severas y del escrutinio internacional.  En un contexto donde la mayoría de la población mundial vive bajo regímenes autocráticos,  la lógica del aislamiento pierde eficacia;  se convierte en una lectura errónea del equilibrio global.

 

31

De este modo,  las sanciones favorecen la persistencia de la autocracia.  Regímenes como el de Maduro explotan su aislamiento para presentarse como defensores de la soberanía nacional y de la resistencia frente a la hegemonía global.  Esta dinámica refuerza la noción de un orden mundial multipolar. [48]   A medida que el poder global se desplaza desde una dominación unipolar,  estos regímenes encuentran nuevas vías para sostenerse.

 

32

Al encuadrar su cooperación como resistencia a la primacía occidental,  los regímenes autoritarios legitiman sus alianzas bajo el estandarte de la multipolaridad.  Este reposicionamiento estratégico no solo elude las sanciones;  reconfigura activamente el orden global.  En la medida en que estos regímenes amplían su influencia,  debilitan las normas democráticas al sustituirlas por un sistema en el que el poder se concentra sin rendición externa de cuentas.

 

33

Este desplazamiento no se limita a regímenes como el de Maduro.  Refleja una tendencia más amplia en la que el autoritarismo avanza aprovechando fracturas ideológicas internas en las sociedades democráticas.  En Europa y Asia,  movimientos nacionalistas y de derecha reproducen cada vez más narrativas alineadas con el Kremlin para intensificar el escepticismo hacia las instituciones occidentales.  El ascenso de estas fuerzas en países como Hungría,  Italia e India no constituye únicamente un giro interno;  señala una convergencia con un marco global en el que la soberanía se invoca no para fortalecer a los ciudadanos,  sino para aislar a los dirigentes de toda exigencia de responsabilidad.

 

34

Contrariamente a la tesis de que el autoritarismo sería solo una reacción a la hegemonía estadounidense,  su expansión revela un impulso propio que persiste al margen de la intervención de Estados Unidos.  China y Rusia no buscan disputar el poder norteamericano en nombre de un orden más equitativo;  aspiran a consolidar su autoridad sin restricciones externas.  En este escenario,  la división ideológica tradicional entre izquierda y derecha pierde centralidad frente a una confrontación más fundamental:  la pugna entre la concentración del poder y la resiliencia democrática. [49]   Ya sea bajo la forma del populismo o del nacionalismo,  el objetivo permanece constante:  debilitar los contrapesos institucionales y concentrar el poder sin una rendición de cuentas suficiente.

 

 

NOTAS FINALES

 

§ 29

  • [43]  En 2019,  la empresa estatal rusa Rosneft gestionó cerca del 70 % de las exportaciones de crudo venezolano,  eludiendo sanciones estadounidenses.  Rusia también suministró equipamiento militar y programas de adiestramiento destinados a reforzar el control de Maduro sobre las fuerzas armadas.
  • [44]  La participación de China incluye empresas mixtas en la Faja del Orinoco,  proyectos de infraestructura como el ferrocarril Tinaco–Anaco y programas habitacionales asociados a la Gran Misión Vivienda.  Pese a dificultades operativas,  estas iniciativas evidencian el interés estratégico chino en el sector energético venezolano.
  • [45]  De acuerdo con el Brookings Institution,  Cuba y Venezuela han mantenido vínculos políticos y estratégicos estrechos,  especialmente durante las administraciones de Chávez y Maduro.  Esta relación ha abarcado cooperación en materia de seguridad e inteligencia.  Instituciones cubanas han aportado formación,  asesoría y apoyo técnico a fuerzas militares y de seguridad venezolanas,  incluida la Dirección de Inteligencia (DI,  G2),  los Comités de Defensa de la Revolución (CDR)  y la Brigada Especial Nacional del Ministerio del Interior.
  • [46]  Irán ha respaldado a Venezuela mediante cooperación energética y militar,  aportando combustible refinado y asistencia técnica para la industria petrolera.  Acuerdos de trueque e intercambios tecnológicos,  incluidos sistemas no tripulados,  reflejan la profundización de esta alianza.
  • [47]  Turquía facilitó el comercio de oro venezolano,  permitiendo al gobierno eludir sanciones.  Este intercambio,  que alcanzó aproximadamente 900 millones de dólares en 2018,  ha sido cuestionado por su opacidad y por su vínculo con la minería ilegal en la región del Arco Minero. 

§ 31

  • [48]  Pérez-Liñán, Aníbal y Mainwaring, Scott,  Democracies and Dictatorships in Latin America:  Emergence,  Survival,  and Fall  (Cambridge:  Cambridge University Press,  2014),  183–187,  199–202.  

§ 34

  • [49]  Levitsky, Steven y Ziblatt, Daniel  How Democracies Die  (Nueva York:  Crown,  2018),  212–215.

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« Desenmascarar la desilusión:  Serie V »

March 25, 2026

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“Alegoría geométrica”,  pintura digital 2023 de Ricardo Morín  (artista visual estadounidense nacido en Venezuela–1954)

 

*

*

Nota del autor

 

Esta entrega prolonga el Capítulo XII,  “El cuarto signo”,  tras la exposición inicial sobre la autocracia (§§ 1–9).  Su atención se concentra en Venezuela,  examinando §§ 10–25,  donde el marco previamente establecido se somete a una verificación situada.  El capítulo se cierra en una entrega independiente dedicada a “La asimetría de las sanciones” (§§ 26–34).

Ricardo F. Morín

26 de Diciembre de 2025

Oakland Park, Fl

*

Capítulo XII:  Parte 2

 

 

Venezuela

 

10

Para comprender las consecuencias prácticas de la autocracia y de la concentración del poder que la acompaña,  me remito a la obra de Rafael Arráiz Lucca,  Venezuela:   1830 a nuestros días:   Breve historia política [2016].  Allí se presenta una reconstrucción continua de la trayectoria venezolana desde la independencia hasta el presente. [1]   El autor examina transformaciones políticas,  económicas y sociales,  atendiendo tanto a los conflictos iniciales como al ascenso de liderazgos militares.  Su análisis incluye la irrupción de Hugo Chávez,  la formulación de su proyecto ideológico y los efectos acumulativos de sus políticas.  Asimismo,  considera la persistencia de ese legado bajo el gobierno de Nicolás Maduro.  En su lectura,  ambas presidencias encarnaron formas de poder que tendieron a centralizar la autoridad y a restringir la disidencia.

 

11

La trayectoria política del país ha quedado marcada por una prolongada impronta militar.  Desde la independencia en 1811,  veinticinco oficiales ocuparon la presidencia,  acumulando 172 años de ejercicio gubernamental y afianzando la gravitación castrense en la vida política. [2]  La transición hacia la democracia representativa en 1961 introdujo un quiebre significativo,  al abrir un período de treinta y ocho años de gobiernos civiles en el marco del Pacto de Punto Fijo (véase el Capítulo XI).  Este ciclo,  sin embargo,  no estuvo exento de tensiones.  Los acontecimientos del Caracazo en 1989 y el intento de golpe de 1992 evidenciaron la fragilidad del orden civil y la persistencia del recurso al liderazgo militar en contextos de crisis. [3][4]

 

12

El Caracazo y la represión que le siguió expusieron fracturas sociales profundas que socavaron la confianza en la gobernanza civil.  Para amplios sectores,  el desorden y la desilusión reactivaron la percepción de las fuerzas armadas como instancia de contención y orden,  una imagen arraigada en la tradición del caudillismo.  El ascenso de Chávez puede leerse como una consecuencia directa de ese trasfondo histórico:  una figura militar que se ofreció como respuesta a los límites de la política civil.  La violencia posterior a los disturbios,  sumada a la incapacidad estructural para responder a las desigualdades que estos condensaban,  preparó el terreno para el retorno de inclinaciones autocráticas,  formuladas ahora en clave populista.  Se inauguró así una etapa autoritaria configurada tanto por las tensiones del presente como por herencias no resueltas del pasado.

 

13

La presidencia de Hugo Chávez prolongó una tradición autoritaria ya visible durante el régimen del general Marcos Pérez Jiménez. [5]  Como en aquella etapa,  el ingreso petrolero constituyó el sostén principal de la acción gubernamental. [6]

 

14

La noción de “democracia participativa” promovida por Chávez se presentó como un mecanismo de incorporación de sectores históricamente excluidos.  Los consejos comunales y las misiones sociales,  concebidos bajo ese principio,  operaron en la práctica como dispositivos de control político asociados a la ideología bolivariana.  El acceso y la participación quedaron condicionados por la lealtad al liderazgo,  lo que derivó en la exclusión sistemática de quienes disentían.  Esta articulación de populismo y autoridad redefinió la disidencia como falta de compromiso nacional y debilitó la centralidad del derecho,  subordinando los poderes legislativo y judicial al ejecutivo.

 

15

El respaldo explícito de Chávez a Nicolás Maduro en 2012 acentuó la deriva autoritaria. [7]  Diversas organizaciones opositoras —Vente Venezuela,  Primero de Justicia,  Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular— denunciaron la instrumentalización del Consejo Nacional Electoral. [8][9][10][11][12]

 

16

Tras la muerte de Chávez,  Maduro enfrentó cuestionamientos similares en los procesos electorales de 2013 y 2018.  Organismos regionales e internacionales coincidieron en sus objeciones,  entre ellos la Organización de los Estados Americanos,  el Grupo de Lima,  el Grupo de Contacto Internacional y el Grupo de los Siete. [13][14][15]  Human Rights Watch y Amnistía Internacional también pusieron en duda la legitimidad del proceso. [16][17]   Una excepción fue el debate en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (comunicado SC/13719),  que sostuvo la primacía de una resolución interna del conflicto. [18][19]

 

17

Tras la suspensión de Venezuela del Mercosur en 2016,  las respuestas regionales variaron y se ajustaron con los cambios de gobierno. [20][21]  Argentina y Brasil modificaron sus posiciones entre el respaldo a medidas de presión y la apelación a la mediación. [22][23]  Colombia osciló entre la ruptura diplomática y el restablecimiento de vínculos bajo un enfoque de no intervención. [24]  Chile mantuvo una postura sostenida a favor de sanciones y remitió el caso venezolano a la Corte Penal Internacional. [25][26]  Perú expulsó al embajador venezolano tras la disolución de la Asamblea Nacional por el Tribunal Supremo de Justicia y regularizó la situación migratoria. [27]  México pasó de la condena inicial a una política de mediación. [28][29][30]

 

18

En el período previo a las elecciones presidenciales de 2024,  María Corina Machado fue inhabilitada tras imponerse en las primarias de su coalición. [31]  El Tribunal Supremo de Justicia fundamentó su decisión en alegaciones de apoyo a sanciones extranjeras,  presuntos actos de corrupción y responsabilidades vinculadas a Citgo,  filial estadounidense de Petróleos de Venezuela,  S.A.  La negativa a permitirle acceso a los cargos formulados constituyó una vulneración manifiesta del debido proceso.  Su exclusión dejó a Edmundo González Urrutia como candidato unitario de la oposición. [32]

 

19

Ambas campañas recurrieron a prácticas de intimidación.  La coalición opositora desplegó observadores en miles de centros de votación,  mientras el gobierno intensificó la censura informativa y las acciones represivas.  Tras la proclamación de resultados,  las protestas derivaron en muertes extrajudiciales,  detenciones y restricciones severas a la prensa independiente. [33]

 

20

La oposición coordinó su labor con observadores internacionales —entre ellos la Organización de los Estados Americanos,  la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea,  el Centro Carter y la Misión de Estados Unidos ante las Naciones Unidas— para registrar irregularidades. [34][35][36][37]  El gobierno retuvo datos electorales desagregados,  alegando intrusiones informáticas,  e impuso restricciones a los observadores. [38]  El Centro Carter concluyó que el proceso no alcanzó estándares aceptables de transparencia,  equidad e imparcialidad. [39]

 

21

Maduro acusó a Machado y a González de incitar desórdenes y anunció investigaciones por “usurpación de funciones” e “insurrección militar”.  El 8 de agosto de 2024,  González salió del país rumbo a España tras recibir salvoconducto.

 

22

Para situar el estado institucional venezolano,  resulta pertinente atender a los diagnósticos ofrecidos por índices internacionales.  El Índice de Democracia de The Economist Intelligence Unit,  el Índice Global de Libertad de Freedom House y el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional permiten observar,  desde métricas distintas,  el deterioro sostenido del orden democrático.

 

23

El Índice de Democracia asigna valores más altos a sistemas considerados más abiertos.  Freedom House y Transparencia Internacional emplean escalas inversas,  en las que puntajes bajos reflejan restricciones severas y altos niveles de corrupción.

 

24

Según el Índice de Democracia,  Venezuela figuró en 2008 como el país menos democrático de Sudamérica y,  en 2022,  ocupó el puesto 147 de 167. [40]  En 2023,  Freedom House registró niveles mínimos de libertad,  mientras que el Índice de Percepción de la Corrupción asignó al país 13 puntos sobre 100,  situándolo entre los casos más graves a escala global. [41]

 

25

Los informes de Transparencia Internacional correspondientes al período 2012–2023 confirman la persistencia de esa situación. [42]  En 2023,  Venezuela obtuvo 13 puntos sobre 100 y se ubicó en el puesto 177 de 180.  En conjunto,  estos indicadores delinean un panorama coherente de concentración del poder y de deterioro institucional prolongado.

NOTAS FINALES

 

§ 10

  • [1]  Rafael Arráiz Lucca,  Venezuela:  1830 a nuestros días:  Breve historia política (Caracas:  Editorial Alfa,  2016),  15–151,  212–237.  Esta obra ofrece una reconstrucción sostenida de la trayectoria política venezolana desde la independencia.  Su valor reside en mostrar cómo la recurrencia del poder militar,  lejos de ser episódica,  se integra de forma estructural en la formación del Estado.   

§ 11

  • [2]  José Gregorio Petit Primera,  “Presidentes de Venezuela (1811–2012).  Un análisis estadístico-descriptivo”.  Revista Venezolana:  Análisis de Coyuntura (Caracas:  Universidad Central de Venezuela,  XXII-1,  2016),  47–56.  El estudio cuantifica la ocupación militar de la presidencia y permite medir su persistencia como patrón de gobierno.  
  • [3]  El Pacto de Punto Fijo fue un acuerdo político suscrito por Acción Democrática (AD), Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI) y Unión Republicana Democrática (URD).  Su objetivo fue garantizar alternancia,  estabilidad institucional y contención del autoritarismo tras la caída de Marcos Pérez Jiménez (1952–1958).  Si bien permitió una transición democrática prolongada,  también consolidó estructuras partidarias cerradas y exclusiones acumulativas.  

§ 13

  • [5]  Fredy Rincón Noriega, El Nuevo Ideal Nacional y los planes económico-militares de Pérez Jiménez,  1952–1957 (Caracas:  Ediciones Centauro,  1981).  
  • Judith Ewell, The Indictment of a Dictator:  The Extradition and Trial of Marcos Pérez Jiménez (College Station:  Texas A&M University Press,  1981).  
  • Ambos estudios documentan un modelo de centralización autoritaria sostenido por planificación estatal y control militar.  
  •  [6]  Aunque con orientaciones divergentes,  tanto Pérez Jiménez como Chávez estructuraron su acción gubernamental sobre la renta petrolera.  En el primer caso,  esta sostuvo proyectos de modernización infraestructural.  En el segundo,  permitió programas de redistribución que incrementaron la dependencia estructural del Estado respecto del ingreso energético.  

 § 15

  • [12]  El Consejo Nacional Electoral,  órgano encargado de la supervisión electoral, ha sido objeto de acusaciones persistentes de parcialidad.  Diversos actores opositores sostienen que su composición fue progresivamente alineada con el poder ejecutivo, limitando la credibilidad del proceso electoral.  

 

§ 16

  • [13]  El Grupo de Lima, constituido en agosto de 2017, agrupó a Estados americanos con el propósito de coordinar respuestas diplomáticas frente a la crisis venezolana.  
  • [14]  El Grupo de Contacto Internacional, integrado por la Unión Europea,  Costa Rica,  Ecuador y Uruguay, abogó por elecciones verificables y expresó reservas sobre la imparcialidad del Consejo Nacional Electoral.  
  • [15]  El Grupo de los Siete (G7) condenó irregularidades electorales y reclamó supervisión independiente.  
  • [19]  En este debate,  el Consejo optó por una postura de no intervención directa, ofreciendo mediación sin asumir supervisión electoral.  

 

§ 17

  • [21]  Mercosur, Mercado Común del Sur, bloque regional creado en 1991 para promover integración económica.  
  • [30]  México asumió labores de mediación tras las elecciones presidenciales de julio de 2024,  con respaldo de Brasil y Colombia.  

 

§ 18

 

 

§ 19

 

§ 20

  • [38]  La ausencia de resultados electorales desagregados impide auditorías verificables y debilita la legitimidad del proceso.  
  • [39]  La Organización de los Estados Americanos señaló la falta de verificación independiente de los resultados electorales.  

 

§ 24

 

§ 25

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« Desenmascarar la desilusión: Serie III—Parte II »

February 18, 2026

El resentimiento, la fuerza y ​​la arquitectura del poder.

*

“Geometric Allegory”, pintura digital 2023 por Ricardo Morín (artista visual estadounidense nacido en Venezuela–1954)

Ricardo F. Morin

25 de Diciembre de 2025

Oakland Park, Fl

Nota del autor

Los capítulos que siguen parten de la medida establecida anteriormente.    No retoman la virtud como ideal ni la ética como aspiración, sino como conjunto de restricciones cuya ausencia produce consecuencias identificables.    El análisis no se organiza en torno a intenciones ni a programas declarados, sino a procesos de acumulación mediante los cuales esas restricciones fueron desplazadas.

El resentimiento político, una vez movilizado como fuente de legitimidad, dejó de ser una condición social a ser abordada y pasó a operar como instrumento de gobierno.    La autoridad militar, históricamente presente en la formación institucional de Venezuela, dejó de funcionar como elemento de contención y asumió un papel constitutivo en la identidad política del Estado.    Las estructuras partidarias, lejos de mediar entre sociedad y poder, se rigidizaron en asimetrías que neutralizaron la oposición y transformaron el pluralismo en fragmentación.

Estos procesos no se produjeron de forma aislada ni pueden atribuirse a un único actor o momento.    Emergieron a partir de una convergencia de afecto político, coerción y diseño institucional.    La desilusión que aquí se examina no es de orden emocional.    Es estructural:    el resultado de ideales que se mantienen como símbolos una vez que sus límites operativos han sido eliminados.

La « Parte II » sigue estos mecanismos en secuencia.    Lo que se observa no es una ruptura con la geometría ética delineada anteriormente, sino su deformación progresiva.    La virtud persiste en el lenguaje mientras la restricción desaparece en la práctica.    El discurso político conserva pretensiones universales incluso cuando el poder se concentra y la rendición de cuentas se disuelve.    El resultado no es solo un régimen autoritario, sino una forma de organización política en la que la desilusión se vuelve sistémica:    producida, sostenida y normalizada.

*

Capítulo IX

*

La primera señal

*

Sobre el resentimiento político y social

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1

Tras la fractura de la democracia venezolana, el resentimiento político y social adquirió centralidad como forma de articulación pública.    Originado en la desigualdad persistente, en agravios históricos y en promesas incumplidas, ese resentimiento pasó a operar como recurso político.    Su movilización permitió a Hugo Chávez reorganizar el descontento social en torno a la Revolución Bolivariana, no como respuesta a la crisis, sino como base de legitimación del movimiento.

2

El discurso de Chávez se apoyó de manera sistemática en referencias a la explotación colonial y a la corrupción política del siglo XX, construyendo una narrativa en la que las élites eran presentadas como responsables del deterioro social.    La desigualdad persistente entre ámbitos rurales y urbanos, entre sectores vinculados a la renta petrolera y comunidades empobrecidas, fue integrada como elemento central de esa formulación.    A través de esta operación retórica, Chávez se posicionó como mediador exclusivo del agravio y como portavoz de una promesa de justicia económica. [1]

3

Detrás del lenguaje de inclusión y equidad se implementaron políticas cuya eficacia dependía de condiciones transitorias.    Los programas sociales conocidos como Misiones produjeron efectos inmediatos, pero carecieron de sostenibilidad estructural.    Financiadas por una renta petrolera volátil, estas iniciativas abordaron consecuencias visibles sin alterar los mecanismos subyacentes y reforzaron la dependencia del Estado respecto a los ingresos petroleros y al control centralizado. [2]

4

Aun cuando gozaron de aceptación inicial, estas políticas introdujeron nuevas formas de desigualdad.    El acceso a los beneficios estatales comenzó a condicionarse por la lealtad política, lo que incentivó la fragmentación y erosionó la confianza entre los mismos sectores a los que se dirigían.    La corrupción administrativa y la ineficiencia operativa limitaron su alcance, acumularon promesas incumplidas y profundizaron la polarización social.

*

5

El culto a la personalidad

*

El carisma personal de Chávez facilitó la conversión del resentimiento en capital político.    La identificación progresiva entre el líder y la nación diluyó las distinciones entre disenso y deslealtad, de modo que la crítica comenzó a presentarse como una forma de traición.    Este proceso consolidó un culto a la personalidad que redujo los costos políticos de la centralización del poder.

6

Tal como se examinó en el Capítulo VI, Crónicas de Hugo Chávez, la autoconstrucción de Chávez como representante del pueblo coexistió con prácticas que redujeron el espacio del pluralismo y normalizaron la conformidad.    Esta combinación reforzó su control político al tiempo que erosionó las capacidades institucionales de la democracia.    La reiteración de agravios históricos operó como marco legitimador que desplazó la atención de estos efectos acumulativos.

*

7

El resentimiento

*

La Revolución Bolivariana se sostuvo mediante la activación de divisiones culturales preexistentes, en particular aquellas vinculadas a clase, raza y región.    La retórica política, organizada en un esquema de antagonismo binario, amplificó el resentimiento y reforzó la lealtad de la base gobernante al presentar el conflicto social como una oposición irreconciliable.    Este encuadre dificultó la cooperación entre sectores distintos y fragmentó las condiciones necesarias para una supervisión política amplia y sostenida por parte de la oposición.

8

Este encuadre antagonista se proyectó también sobre el sector privado.    Las expropiaciones, los controles de precios y la deslegitimación pública de la actividad empresarial redujeron la capacidad operativa de la empresa privada y reforzaron la dependencia respecto del Estado.    Estas medidas contribuyeron al deterioro económico, reorientaron la atribución de responsabilidades hacia actores definidos como adversarios y mantuvieron activos los ciclos de resentimiento. [3]

*

9

Su atracción

*

La movilización del resentimiento no operó únicamente como reacción frente a la desigualdad, sino como un mecanismo que se alimentó de ella.    Al canalizar agravios históricos y contemporáneos, se estructuró un movimiento que ofrecía una narrativa de reparación mientras consolidaba dinámicas de división.    Las referencias a la unidad y al progreso funcionaron como dispositivos legitimadores y produjeron efectos duraderos de desconfianza, expectativas no satisfechas y debilitamiento institucional. [4]

10

Cuando el resentimiento pasa a operar como principio de gobierno, tiende a socavar las estructuras destinadas a sostener la vida institucional.    Aunque el discurso político ofreció expectativas de reparación, el funcionamiento del sistema amplificó las mismas desigualdades que declaraba corregir.

Notas finales – Capítulo IX

  • [1] Luis Vicente León, Chávez: La Revolución No Será Televisada (Caracas: Editorial Planeta, 2008), 112–127.
  • [2] Luis Vicente León, Misiones Sociales: ¿Un gobierno de dependencia? (Caracas: Editorial Alfa, 2011), 45–59.
  • [3] MIchael F. A., Sargeant, The Venezuelan Military Under Chávez: Political Influence and Militarization (Nueva York: Columbia University Press, 2013), 150–165.
  • [4] Gustavo Coronel, Venezuela: The Collapse of a Democracy (Miami: Editorial Santillana, 2015), 203–220.

*

Capítulo X

*

La segunda señal

*

Emblema del Ejército Bolivariano.

*

El pilar sólido del poder: la fuerza militar

1

La dinámica descrita anteriormente muestra que las fuerzas armadas operaron no solo como institución, sino como eje de articulación política.   Desde la independencia en 1811, la autoridad militar ha desempeñado un papel persistente en la configuración del Estado venezolano, como reflejan las constituciones de los siglos XIX y XX.   Esta continuidad no responde únicamente a coyunturas políticas, sino a una concepción arraigada del poder militar como principio de orden.   A lo largo de casi dos siglos, la vida política se organizó de manera recurrente en torno a figuras caudillistas cuya legitimidad dependía del respaldo castrense.   En este marco, las fuerzas armadas dejaron de funcionar como elemento contingente y pasaron a constituir una estructura estable de gobierno.   La reconfiguración del poder militar emprendida por Chávez se inscribe en esta tradición y debe ser entendida como una adaptación de ese patrón histórico a una nueva forma de control estatal.

2

Tras la independencia, la vida política venezolana se desarrolló bajo condiciones de inestabilidad persistente, en las que el liderazgo militar asumió funciones de orden en un Estado fragmentado.   Las primeras décadas estuvieron atravesadas por disputas entre facciones, desde la rivalidad entre Simón Bolívar y José Antonio Páez hasta conflictos posteriores encabezados por jefes militares, incluidos los enfrentamientos de los federalistas azules en la década de 1860 y el ascenso de Cipriano Castro a finales del siglo XIX y comienzos del XX.   En ese contexto, la jerarquía castrense y su capacidad de acción concentrada consolidaron su posición como fuerza decisiva.   La orientación política del país se definió de manera recurrente fuera de los espacios parlamentarios, mientras que el gobierno civil, marcado por la discontinuidad, mostró una capacidad limitada para articular un orden político duradero.

3

Este legado se manifiesta en figuras contemporáneas como el general en jefe Vladimir Padrino López y el general en jefe Diosdado Cabello, cuya trayectoria refleja la integración sostenida de lo militar en la estructura política del Estado.   Padrino López, en su función como ministro de la Defensa, encarna la continuidad de la autoridad castrense dentro del aparato gubernamental.   Su relación con Nicolás Maduro, fundada en lealtad institucional y afinidad con el proyecto bolivariano, ha contribuido a su posición como actor central en la estabilidad del gobierno.   Diosdado Cabello, cuya carrera transita entre ámbitos militares y civiles, articula su influencia a partir de ese doble registro.   En conjunto, ambas figuras ilustran la persistencia de una lógica política en la que disciplina organizativa y capacidad coercitiva permanecen estrechamente vinculadas.

4

Vladimir Padrino López es descrito con frecuencia como una figura disciplinada y pragmática, capaz de combinar la formación militar con habilidades de gestión política en un entorno institucional inestable.   En su discurso público, ha insistido en el papel de las fuerzas armadas como garantes del orden y de la continuidad del Estado.   Más allá de esa presentación, su posición ha adquirido relevancia en la articulación interna del poder bajo el gobierno de Nicolás Maduro.   Su estilo, caracterizado por una diplomacia medida, contrasta con enfoques más confrontacionales y le ha permitido operar como interlocutor tanto dentro del aparato estatal como en escenarios externos.   De este modo, su influencia se ejerce no solo a través de funciones formales, sino también mediante su capacidad para mediar y adaptarse a tensiones internas del sistema político.

5

El papel atribuido a Padrino López en las prácticas represivas del Estado lo ha situado como una figura controvertida en el análisis político.   Diversas investigaciones y señalamientos lo han vinculado con redes de corrupción militar y con economías ilícitas, incluidas actividades relacionadas con el narcotráfico y la minería ilegal.   Estas imputaciones no permiten establecer responsabilidades judiciales en este contexto, pero sí introducen un grado de opacidad en torno a su posición institucional.   En ese marco, su figura aparece asociada tanto a la noción de estabilidad como a una influencia cuyo alcance efectivo permanece indeterminado.   Algunos observadores han planteado que, en escenarios de crisis, podría desempeñar un papel de intermediación dentro del propio sistema de poder.

6

El análisis de las estructuras contemporáneas de poder requiere situarlas dentro de una secuencia histórica más amplia.   Aunque Hugo Chávez suele ser presentado como el principal artífice del orden autocrático vigente, su trayectoria se inscribe en tradiciones previas de militarización y movilización populista.   Su ascenso no constituyó una anomalía, sino la convergencia de procesos políticos y sociales acumulados a lo largo de casi dos siglos.   Reducir la explicación a su figura individual oscurece las condiciones estructurales que hicieron posible ese desenlace.   En este sentido, el recorrido de Venezuela hacia formas concentradas de poder solo puede entenderse a partir de su evolución institucional y constitucional.

Capítulo XI

La tercera señal

*

La asimetría de los partidos políticos

1

Desde finales del siglo XX, el sistema político venezolano entró en una fase de transformación sostenida, condicionada por una inestabilidad socioeconómica persistente que afectó de manera desigual a distintos sectores sociales.   El orden democrático establecido en 1958 se estructuró inicialmente en torno a un bipartidismo funcional entre Acción Democrática (AD) y el Partido Social Cristiano (COPEI), formalizado a través del Pacto de Puntofijo como mecanismo de estabilización institucional y alternancia en el poder. [1][2][3]    Con el paso del tiempo, ese esquema tendió a concentrar la representación política y a restringir la incorporación de corrientes alternativas, en particular aquellas situadas fuera del consenso dominante.   Esta dinámica redujo la capacidad del sistema para absorber demandas sociales emergentes y contribuyó a una disminución progresiva de su legitimidad. [4]

2

Durante las décadas de 1980 y 1990, una combinación de desequilibrios económicos, aumento de la desigualdad y deterioro de la credibilidad institucional debilitó de manera sostenida el sistema bipartidista.   La expansión de la deuda externa, junto con la caída de los ingresos petroleros, intensificó tensiones sociales preexistentes. [5][6]   En 1989, los acontecimientos conocidos como el Caracazo expusieron de forma abrupta la distancia acumulada entre las estructuras de gobierno y amplios sectores de la población. [7]    Las medidas de ajuste asociadas a ese episodio pusieron de manifiesto límites estructurales del modelo político y económico vigente, así como fracturas persistentes en el entramado social. [8]

3

En este contexto de desgaste institucional y fractura social, el Movimiento V República (MVR), encabezado por Hugo Chávez, se consolidó como fuerza política dominante tras su victoria electoral en 1999.   Su discurso combinó apelaciones redistributivas con la promesa de reorganizar el Estado a partir de los ingresos petroleros.   En 2007, el MVR fue absorbido en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), un proceso que redujo la pluralidad interna y produjo una estructura partidaria más centralizada, diseñada para disciplinar la toma de decisiones y asegurar la ejecución de políticas. [9][10][11]

4

La muerte de Hugo Chávez en 2013 alteró los equilibrios internos del Partido Socialista Unido de Venezuela y abrió un proceso de disputa por la sucesión.   El ascenso de Nicolás Maduro se produjo en un contexto de faccionalismo persistente, marcado por tensiones entre los sectores civiles y militares del aparato estatal.   Su consolidación en el poder se apoyó en un uso instrumental del marco legal:   reinterpretaciones constitucionales, subordinación del poder judicial y administración estratégica de los procesos electorales para preservar una apariencia de continuidad institucional.   Paralelamente, prácticas extralegales —incluidas la represión selectiva, la restricción del espacio mediático y la cooptación de órganos del Estado— pasaron a desempeñar un papel central en la reproducción del control político. [12] [13][14]

5

Pese a la aparición de nuevas organizaciones opositoras, el Partido Socialista Unido de Venezuela mantuvo su posición dominante dentro del sistema político.   La fragmentación interna de la oposición se consolidó como un factor estructural, alimentado por desacuerdos estratégicos y por divergencias persistentes respecto a las formas de relación con el poder establecido.   De manera simultánea, el aparato estatal desplegó mecanismos judiciales y electorales orientados a dividir, neutralizar o reconfigurar a los actores opositores, lo que redujo de forma sostenida su capacidad de articulación y de competencia efectiva.

6

La incapacidad de los partidos opositores para articular un frente coordinado se mantuvo como una vulnerabilidad persistente dentro del sistema político.   Esta condición fue incorporada de manera recurrente en la práctica gubernamental, lo que limitó la posibilidad de que la oposición se presentara como alternativa operativa.   Episodios clave, como el referéndum revocatorio de 2004 —en el que Hugo Chávez retuvo el mandato— y la Sentencia 156 del Tribunal Supremo de Justicia en 2017, que suspendió las funciones de la Asamblea Nacional controlada por la oposición, profundizaron esta asimetría institucional. [15] [16][17]

7

A medida que la fragmentación del espacio político se intensificó, surgieron nuevas formaciones opositoras y se ensayaron estrategias alternativas.   En un momento dado, el sistema llegó a registrar hasta cuarenta y nueve partidos (véase Apéndice: Ítem B). Sin embargo, esta expansión organizativa no se tradujo en capacidad de coordinación ni en competencia efectiva frente al partido gobernante.   La multiplicación de estructuras partidarias operó, en la práctica, como un factor adicional de dispersión.   Las divergencias estratégicas internas —entre enfoques orientados al diálogo y otros de carácter confrontacional— fueron absorbidas por el funcionamiento del sistema político mediante mecanismos de cooptación, fragmentación inducida y administración selectiva de reglas judiciales y electorales, lo que contribuyó a neutralizar desafíos sostenidos a la posición dominante.

Notas finales – Capítulo XI

  • [1] John D. Martz, Acción Democrática. Evolution of a Modern Political Party in Venezuela (Princeton: Princeton University Press, 1966). Ofrece una historia detallada del partido Acción Democrática (AD) en una tesis doctoral sobre Venezuela. https://doi.org/10.1215/00182168-46.4.468
  • [2] Steve Ellner, “Venezuelan Revisionist Political History, 1908–1958: New Motives and Criteria for Analyzing the Past”, Latin American Research Review (The Latin American Studies Association), vol. 30, núm. 2 (1995): 91–121. El artículo ofrece un contexto crítico para la historia del partido socialcristiano COPEI. https://www.jstor.org/stable/2503835
  • [3] Samuel Paltiel Handlin, “The Politics of Polarization: Legitimacy Crises, Left Political Mobilization, and Party System Divergence in South America” (Tesis doctoral, Ciencia Política: University of California, Berkeley, otoño de 2011), 8, 39–48, 54, 59, 73, 79, 81–86, 91–93, 95, 116, 168, 172.
  • [4] David J. Myers, “The Struggle to Legitimate Political Regimes in Venezuela: From Pérez Jiménez to Maduro”, Latin American Research Review (Cambridge University Press, 23 de octubre de 2017). DOI: https://doi.org/10.25222/larr.240
  • [5] Miriam Kornblith y Daniel H. Levine, “Venezuela: The Life and Times of the Party System”, Kellogg Institute for International Studies, University of Notre Dame, Working Paper núm. 197, junio de 1993. https://pdba.georgetown.edu/Parties/Venezuela/Leyes/PartySystem.pdf
  • [6] Javier Corrales, Fixing Democracy: The Venezuela Crisis and Global Lessons (Cambridge: Cambridge University Press, 2021), 99–133.
  • [7] Margarita López Maya, “The Venezuelan Caracazo of 1989: Popular Protest and Institutional Weakness”, Journal of Latin American Studies (2003), 35, 117–137. DOI: 10.1017/S0022216X02006673
  • [8] Moisés Naím, Paper Tigers and Minotaurs: The Politics of Venezuela’s Economic Reforms (Washington: The Carnegie Endowment for International Peace, 1993). https://observacionessobrelanaturalezade.com/wp-content/uploads/2025/12/ce199-papertigersandminotaurs.pdf
  • [9] “Dossier No. 61: The Strategic Revolutionary Thought and Legacy of Hugo Chávez Ten Years After His Death” (Monthly Review Online, Tricontinental: Institute for Social Research, 1 de marzo de 2023). https://mronline.org/2023/03/01/dossier-no-61-the-strategic-revolutionary-thought-and-legacy-of-hugo-chavez-ten-years-after-his-death/
  • [10] Marta Harnecker, Understanding the Venezuelan Revolution: Hugo Chávez Talks to Marta Harnecker (Nueva York: Monthly Review Press, 2005), 45–47.
  • [11] Barry Cannon, Hugo Chávez and the Bolivarian Revolution: Populism and Democracy in a Globalised Age (Manchester: Manchester University Press, 2009), 101–103.
  • [12] Gregory Wilpert, Changing Venezuela by Taking Power: The History and Policies of the Chávez Government (Londres: Verso Books, 2007), 102–104.
  • [13] Javier Corrales y Michael Penfold, Dragon in the Tropics: Hugo Chávez and the Political Economy of Revolution in Venezuela (Washington: Brookings Institution Press, 2011), 19–24, 30–34.
  • [14] Tiago Rogero, “Evidence shows Venezuela’s election was stolen—but will Maduro budge?”, The Guardian, 6 de agosto de 2024. https://www.theguardian.com/world/article/2024/aug/06/venezuela-election-maduro-analysis
  • [15] Gustavo Delfino y Guillermo Salas, “Analysis of the 2004 Venezuela Referendum: The Official Results Versus the Petition Signatures”, Project Euclid, noviembre de 2011. DOI: 10.1214/08-STS263
  • [16] Rafael Romo, “Venezuela’s high court dissolves National Assembly”, CNN, 30 de marzo de 2017. https://www.cnn.com/2017/03/30/americas/venezuela-dissolves-national-assembly/index.html
  • [17] Margarita López Maya, “Venezuela’s Hugo Chávez: Savior or Danger?”, Latin American Perspectives, vol. 29, núm. 6 (2002): 88–103. Ofrece un contexto crítico para el referéndum revocatorio de 2004. https://www.jstor.org/stable/2692130

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« Viabilidad »

January 11, 2026
Ricardo F. Morin
Viabilidad
Frotados con acuarela y corrector blanco sobre papel vegetal para dibujo
50,8 x 76,2 cm
2005

Ricardo F. Morín

11 de Enero de 2026

Oakland Park, Fl

1.  La pregunta suele plantearse en términos de por qué ciertos regímenes corruptos se convierten en objeto de acción política mientras otros, no menos comprometidos, no lo hacen.  A primera vista, esto parecería exigir una explicación moral comparativa.  En realidad, no es así.  La dificultad no radica en la falta de información, sino en la suposición de que tales acciones están guiadas por un sistema coherente y generalizable de principios.

2.  Lo que puede observarse no es la aplicación de un principio entre distintos casos, sino decisiones adoptadas uno a uno.  La acción política no sigue una regla que pueda aplicarse de antemano a diferentes regímenes.  Por esa razón, las comparaciones entre Venezuela, Arabia Saudita, Rusia o Argentina oscurecen más de lo que aclaran.  Presuponen un criterio de decisión que, en la práctica, no orienta la acción.

3.  Las acciones examinadas aquí son aquellas emprendidas por Donald Trump en su condición de actor político.  Su nombre se introduce no para explicar el comportamiento mediante la personalidad o la intención, sino para situar la responsabilidad.  El análisis parte de decisiones observables y de las circunstancias en las que dichas decisiones fueron tomadas, y no de suposiciones sobre carácter, motivo o disposición.

4.  La pregunta relevante no es, por tanto, por qué algunos regímenes son confrontados y otros ignorados, sino en qué circunstancias un país presenta pocos obstáculos a la acción, y qué intereses inmediatos se alinean para hacerla viable.  Esta reformulación desplaza el análisis del juicio moral hacia las circunstancias observables.

5.  Entendida en estos términos, la cuestión admite una respuesta, no como regla, sino como un relato de cómo se toman decisiones en casos concretos.  No existe manera de inferir, a partir del nivel de corrupción por sí solo, si la acción ocurrirá.  Sí existe, en cambio, una forma de explicar por qué, en determinadas circunstancias, la acción avanza.

6.  En el caso venezolano confluyen varias condiciones.

7.  En primer lugar, la resistencia externa inmediata es limitada.  Venezuela carece de aliados dispuestos a imponer consecuencias materiales, militares o económicas en respuesta a presiones o a una intervención de alcance limitado.

8.  En segundo lugar, las instituciones del Estado no actúan de manera coordinada.  Los organismos administrativos, las fuerzas de seguridad y las autoridades políticas no operan de forma consistente bajo un mando único, lo que reduce la capacidad de articular una respuesta conjunta y facilita la acción externa.

9.  En tercer lugar, Venezuela puede ser presentada públicamente como un caso excepcional —marcado por colapso, conductas delictivas y fallas administrativas— lo que permite exponer acciones ante audiencias internas sin necesidad de invocar un principio general que deba aplicarse en otros contextos.

10.  En cuarto lugar, los intereses económicos se canalizan mediante negociaciones de corto plazo más que a través de compromisos duraderos.  El petróleo venezolano, bajo sanciones y desorden administrativo, puede incorporarse a acuerdos circunstanciales sin exigir alianzas estables.

11.  Por último, la presión ejercida sobre Venezuela no provoca una disrupción inmediata de mercados clave ni de equilibrios estratégicos mayores.  A diferencia de los casos de Arabia Saudita o Rusia, la acción no desencadena respuestas económicas o militares en cadena.

12.  Ninguno de estos factores constituye una explicación moral ni una doctrina rectora.  Considerados en conjunto, describen cuándo una administración actúa mediante la política exterior:  no porque la corrupción sea mayor, sino porque la resistencia es limitada, los intereses convergen con rapidez y puede sostenerse una justificación ante el público—condiciones ausentes en muchos casos de corrupción igualmente grave.

13.  Esto no explica el mundo.  Explica una decisión.

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« Desenmascarar la desilusión: Serie I »

January 7, 2026

*

« Geometric Allegory », pintura digital 2023 de Ricardo Morin (artista visual estadounidense nacido en Venezuela en 1954)
A mis padres

Reconocimiento

~

Deseo reconocer la meticulosa orientación editorial de Billy Bussell Thompson.  Sus observaciones afinaron la estructura, la precisión y la disciplina interna de este trabajo.

Prefacio

1

« Desenmascarar la desilusión » sigue una línea de indagación presente a lo largo de mi trabajo:   el examen de la identidad, la memoria y las relaciones que emergen cuando la vida se despliega a través de fronteras culturales.   Aunque he vivido fuera de Venezuela por más de cinco décadas y me naturalicé ciudadano de los Estados Unidos hace veinticuatro años, mi vínculo con el país de nacimiento permanece como un punto de referencia persistente.   La distancia entre estas condiciones —pertenencia y separación— constituye el trasfondo sobre el cual este relato toma forma.

Este trabajo forma parte de un proyecto autobiográfico más amplio que reúne experiencias, observaciones y preguntas acumuladas a lo largo del tiempo.   Aunque su origen es personal, no procede como confesión ni como memoria.   Su método es secuencial más que expresivo:   la exposición individual se sitúa dentro de fuerzas históricas y estructuras políticas que han configurado la vida venezolana a lo largo de generaciones.   La intención no es reconciliar estas tensiones, sino hacerlas visibles mediante recurrencia, registro y consecuencia.

“Serie I” introduce los primeros núcleos temáticos de esta indagación.   Los episodios aquí reunidos no desarrollan una tesis única ni buscan conclusiones definitivas.   Señalan puntos de fricción donde la experiencia privada se cruza con el poder público, y donde los relatos políticos ejercen presión sobre la vida ordinaria.   A través de estos encuentros surgen patrones —no como abstracciones, sino como condiciones que modifican la forma en que se ejerce la autoridad, se desplaza la responsabilidad y se restringe la agencia.

Los capítulos que siguen examinan las presiones generadas por la desigualdad sistémica y rastrean las condiciones contemporáneas de Venezuela hasta su formación histórica.   El gobierno autocrático y el consentimiento popular no aparecen como fuerzas opuestas, sino como elementos que se entrelazan y debilitan mutuamente.   En este entramado, la verdad no desaparece; se vuelve menos accesible de manera uniforme y más fácilmente desplazable por el relato.

Cuando el discurso público se ve modelado por la propaganda y la desinformación, las estructuras autoritarias adquieren mayor resistencia.   Recuperar la verdad bajo tales condiciones no resuelve el conflicto político, pero delimita el campo dentro del cual este opera.   La agencia cívica no emerge como ideal, sino como condición que se sostiene —o se pierde— a través de la práctica y la consecuencia.

Este trabajo no propone explicaciones deterministas ni remedios simples.   Avanza por acumulación, señalando patrones que persisten a pesar de los cambios de contexto.   Lo que solicita al lector no es adhesión, sino atención: a la evidencia, a la secuencia y a las condiciones bajo las cuales la libertad política puede ejercerse de manera significativa.

Escribiendo desde Bala Cynwyd, Pensilvania, y Fort Lauderdale, Florida, permanezco consciente de la distancia entre los entornos desde los cuales se compone este trabajo y las condiciones que examina.   Esa distancia no confiere autoridad; impone responsabilidad.

Ricardo Federico Morín
Bala Cynwyd, Pensilvania, 21 de enero de 2025

Tabla de contenidos

  • Capítulo I – Un lenguaje escrito.
  • Capítulo II – Nuestra imprudencia.
  • Capítulo III – Punto de vista.
  • Capítulo IV – Un diálogo.
  • Capítulo V – Resumen.
  • Capítulo VI – Crónicas de Hugo Chávez (§§ I–XVII).
  • Capítulo VII – El modo alegórico.
  • Capítulo VIII – El gobierno ideal y el poder de la virtud.
  • Capítulo IX – Primera señal:  Sobre el resentimiento político y social.
  • Capítulo X – Segunda señal:  El pilar sólido del poder; Las fuerzas armadas.
  • Capítulo XI – Tercera señal:  La asimetría de los partidos políticos.
  • Capítulo XII – Cuarta señal:   Autocracia (§§ 1–9); Venezuela (§§ 10–23); La asimetría de las sanciones (§§ 24–32).
  • Capítulo XIII – Quinta señal:  La república empeñada.
  • Capítulo XIV – Primer asunto:  Partidismo, No-partidismo y Antipartidismo.
  • Capítulo XV – Segundo asunto:  Sobre las verdades parciales y la anarquía represiva.
  • Capítulo XVI – Tercer asunto:   El clarín de la democracia.
  • Capítulo XVII – Cuarto asunto:  Sobre los derechos humanos.
  • Capítulo XVIII – Quinto asunto:  Sobre la naturaleza de la violencia.
  • Capítulo XIX – Sexto asunto:   Sobre la Persistencia de la Injusticia
  • Capítulo XX — El asunto final:   La forma constitucional y su vaciamiento
  • Apéndice:   Nota del autor, Nota preliminar.   A) Constituciones venezolanas [1811–1999], Poderes y departamentos de gobierno.  B) Evolución de los partidos políticos:  1840–2024.   C) Algunas leyes promulgadas por la Asamblea Nacional.   D) Nota aclaratoria sobre la coerción interna, la presencia extranjera y la intervención:
  • Bibliografía.

Capítulo I

Un lenguaje escrito

La estabilidad suele buscarse allí donde no puede asegurarse.   La experiencia lo demuestra de forma reiterada.   Incluso las intenciones cuidadosas tienden a conducir a terrenos inciertos, donde la comprensión llega después de la consecuencia.   Frente al escritorio, cuando la luz de la tarde alcanza la página, la escritura adquiere una función práctica:   se convierte en un medio para ordenar aquello que, de otro modo, permanecería inestable.   El acto no resuelve la vulnerabilidad, pero la registra.   Si el tiempo modifica tales condiciones sigue siendo incierto; lo que sí puede hacerse es darles forma.

Lo que sigue se desplaza de las condiciones de la escritura a las condiciones que esta debe enfrentar.

*

Capítulo II

*

Nuestra imprudencia

Our painful struggle to deal with the politics of climate change is surely also a product of the strange standoff between science and political thinking.

« Nuestra dolorosa dificultad para abordar la política del cambio climático es, sin duda,
también producto del extraño enfrentamiento entre la ciencia y el pensamiento político ».
— Hannah Arendt, La condición humana [1958] (traducción del autor)

*

1

La pandemia de COVID y los incendios que se extendieron por Canadá en 2023, entre otros acontecimientos recientes, hicieron visibles condiciones que ya se encontraban en funcionamiento.   Estos hechos no introdujeron vulnerabilidades nuevas, sino que revelaron hasta qué punto los sistemas existentes dependen de incentivos económicos y hábitos políticos que privilegian la extracción por encima de la preservación.   Durante el período en que el humo de los incendios alcanzó el noreste de los Estados Unidos, la luz diurna en algunas zonas de Pensilvania se vio alterada de manera perceptible y registró el alcance de acontecimientos que se desarrollaban a considerable distancia.   Tales episodios no se sitúan al margen de los arreglos económicos vigentes; coinciden con un modelo que trata las condiciones naturales como mercancías y absorbe su degradación como un costo externo.

2
Los incendios en California en 2025, al igual que los ocurridos en Canadá en 2023, no se presentan como episodios aislados. [1]   Forman parte de una secuencia configurada por el descuido ambiental, la inercia política y la expansión industrial sostenida.   Condiciones como la desertificación, la escasez de recursos y el desplazamiento de poblaciones ya no aparecen únicamente como proyecciones futuras; se registran cada vez más como circunstancias presentes.   Las evaluaciones científicas indican que estos patrones tienden a intensificarse en ausencia de cambios estructurales. [1][2][3]  Lo que se hace visible, con el paso del tiempo, no es un fallo singular, sino un sistema que continúa operando conforme a prioridades que favorecen el rendimiento inmediato por encima de la continuidad a largo plazo.

3
La cuestión del equilibrio no se plantea únicamente como un problema técnico.   Surge dentro de un campo moral y político configurado por supuestos económicos dominantes.   El tratamiento de la naturaleza —y, más recientemente, de la inteligencia artificial— como mercancía refleja una trayectoria en la que asuntos vinculados a la supervivencia compartida se traducen de manera creciente en términos de mercado.   En tales condiciones, consideraciones que anteriormente pertenecían al ámbito de la responsabilidad colectiva pasan a ser reformuladas como variables dentro de sistemas de cálculo.

4
Estos patrones ejercen una presión creciente sobre las condiciones necesarias para la supervivencia colectiva.   Las respuestas frente a tales circunstancias varían, y oscilan entre la indiferencia y la urgencia, aunque la urgencia no produce necesariamente claridad.   Lo que se vuelve reconocible, a través de instancias reiteradas, es una tendencia a que la crisis reaparezca sin que se produzcan ajustes sostenidos.   Esta recurrencia guarda paralelismo con las historias políticas examinadas en los capítulos que siguen, donde advertencia y consecuencia con frecuencia no llegan a coincidir.

Notas finales del capítulo II

*

Capítulo III

*

Punto de vista

*

1

Las conversaciones con mi editor, Billy Bussell Thompson (BBT), han acompañado el desarrollo de este trabajo a lo largo del tiempo.   Su atención al método de investigación y a la estructura del argumento contribuyó a precisar su alcance y orientación.   Estos intercambios, realizados con frecuencia a distancia y sin formalidades, formaron parte del proceso mediante el cual fue tomando forma el presente relato.   Tras un período prolongado de incertidumbre acerca de cómo abordar la figura de Hugo Chávez, los contornos de « Desenmascar la desilusión » comenzaron a definirse de manera gradual.

2
Hugo Chávez se consolidó como un dirigente político cuya autoridad se ejerció en oposición al liberalismo político. [1]  Mientras su discurso público subrayaba la identificación con los sectores pobres, los beneficios materiales del poder se concentraron en un círculo reducido. [2]  A lo largo de su mandato, las instituciones democráticas en Venezuela experimentaron un debilitamiento progresivo, y la práctica de gobierno adoptó formas cada vez más autoritarias.   Estos procesos resultan más legibles cuando se sitúan dentro del registro histórico y se examinan a partir de la práctica documentada, más que desde la afirmación retórica.

3
Los acontecimientos que siguieron al fin del gobierno de Chávez se caracterizan por el desorden y por consecuencias aún no resueltas.   Su persistencia remite a cuestiones de responsabilidad histórica y colectiva que permanecen abiertas.   Examinar el registro del liderazgo autocrático —tanto sus ambiciones como sus fracasos— ofrece un modo de aproximarse al problema de la justicia en Venezuela sin presuponer resolución.   A través de este examen, tensiones duraderas se hacen visibles como condiciones que requieren comprensión, no como conclusiones ya establecidas.

Notas finales del capítulo III

  • [1] El término caudillo tiene su origen en el español y se ha utilizado históricamente para describir a un dirigente que ejerce una autoridad política y militar concentrada.   En el contexto venezolano, el término adquiere una resonancia particular y se asocia con figuras vinculadas al período posterior a la independencia del siglo XIX.  Dichos dirigentes tendieron a consolidar el poder mediante una combinación de autoridad personal, lealtad de facciones armadas y la promesa —ya fuese sustantiva o retórica— de mantener el orden en condiciones de inestabilidad.  Mientras algunos fueron considerados defensores de causas locales o nacionales, otros quedaron asociados a prácticas que facilitaron formas de gobierno autoritario y debilitaron las estructuras institucionales.  El concepto de caudillo continúa operando en la cultura política venezolana como una categoría descriptiva aplicada a formas de liderazgo que combinan apoyo popular con poder concentrado.

*

Capítulo IV

*

Un diálogo

*

Una serie de conversaciones entre BBT y el autor acompañó el examen de la política y la historia venezolanas desarrollado en esta sección.   Estos intercambios configuraron un espacio transicional en el que la indagación reflexiva dio paso al registro histórico, permitiendo que cuestiones de interpretación, responsabilidad y documentación fueran abordadas mediante el diálogo, más que a través de la exposición directa.

1
—RFM:
« Mi escritura se ha ocupado de la evolución del panorama político venezolano, con atención particular a la aparición de formas de gobierno autoritarias.   El interés se ha centrado menos en la doctrina abstracta que en la manera en que determinadas políticas se tradujeron en condiciones cotidianas para la población. »

2
—BBT:
« Examinar cómo el liderazgo autoritario configura las condiciones políticas resulta necesario, aunque el propio término suele ser objeto de disputa y aplicación desigual.   En el caso de Chávez, el uso de la propaganda no fue excepcional en su forma, pero sí constante como instrumento de gobierno.   ¿De qué modo circularon los relatos oficiales durante su mandato y qué efectos produjeron, con el tiempo, sobre la percepción pública? »

3
—RFM:
« La propaganda no es exclusiva de Chávez; opera como un instrumento recurrente en distintos sistemas políticos.   En Venezuela, los medios oficiales atribuyeron de manera sistemática las dificultades económicas a interferencias externas, más que a decisiones de política interna.   Al mismo tiempo, las condiciones materiales se deterioraron, con la aparición de escasez derivada de una gestión económica deficiente, posteriormente agravada por restricciones externas.   Los grupos de oposición difundieron también contra-relatos, que a su vez generaron respuestas por parte del Estado.   Estos intercambios se desarrollaron en un contexto histórico marcado por conflictos civiles y alineamientos propios de la Guerra Fría, dando lugar a un entorno informativo fragmentado.   En ese marco, la responsabilidad por el deterioro económico fue desplazada con frecuencia, mientras la percepción pública se gestionó mediante la repetición más que mediante la resolución.   Las reformas sociales y económicas invocadas como justificación no produjeron, con el tiempo, las reducciones de pobreza y desigualdad que se habían prometido. »

4
—BBT:
« Para representar con cierto grado de precisión las condiciones políticas de Venezuela, es necesario atender a la manera en que la población común se encontró con estas dinámicas en la vida diaria.   ¿Cómo se desenvolvieron tales condiciones en la práctica, especialmente allí donde el discurso político intersectó con la necesidad económica inmediata? »

5
—RFM:
« El colapso económico posterior al declive del modelo petrolero intensificó la pobreza y ejerció una presión sostenida sobre los servicios públicos.   Examinado en secuencia, este período muestra cómo los legados coloniales y las prácticas autoritarias convergieron en la configuración del chavismo.   Episodios como los disturbios de 1989, conocidos como El Caracazo, registraron una desafección generalizada hacia los partidos establecidos y las instituciones democráticas.   En tales condiciones, la exigencia de asegurar necesidades básicas prevaleció con frecuencia sobre la participación en principios políticos de carácter abstracto. »

6
—BBT:
« La claridad narrativa depende en parte de reconocer los supuestos que orientan la interpretación. Cuando dichos supuestos se hacen explícitos y se someten a examen, el relato se vuelve menos directivo y más accesible, permitiendo que el lector siga el registro sin ser conducido hacia una posición predeterminada. »

7
—RFM:
« Ningún relato prescinde de la interpretación, incluido este.   La escritura ofrece un medio para aproximarse a la historia de Venezuela —su formación colonial, los episodios de gobierno autoritario y los períodos de disrupción política— sin clausurar lecturas alternativas.   Un relato coherente no necesita ser exhaustivo; permanece abierto en la medida en que atiende a las implicaciones y a las consecuencias, más que a la resolución. »

8
—BBT:
« El propio intercambio subraya la importancia de una narración cuidadosa al abordar el registro político y social de Venezuela.   Considerar múltiples puntos de vista no resuelve la complejidad, pero permite que emerja un relato más coherente sin reducir esa historia a un único marco explicativo. »

El intercambio marcó una transición de la indagación reflexiva al registro histórico.

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Capítulo V

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Resumen

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1

« Desenmascar la desilusión » examina la secuencia mediante la cual el proyecto político articulado bajo Hugo Chávez asumió forma autocrática.   En lugar de atribuir este resultado a una causa única, la indagación procede rastreando cómo las decisiones de liderazgo se desplegaron dentro de una convergencia de condiciones históricas, disposiciones institucionales, presiones económicas y alineamientos geopolíticos.   El relato no parte de una conclusión, sino del registro.

2
La atención se mantiene en la forma en que se ejerció la autoridad y en cómo sus efectos se manifestaron dentro de la sociedad venezolana.   Las circunstancias históricas, el diseño institucional y las influencias externas se examinan no para simplificar el registro, sino para hacer visibles las interdependencias a través de las cuales el poder se consolidó con el tiempo.   Lo que emerge no es una tesis explicativa, sino una configuración cuya coherencia solo puede evaluarse mediante una atención sostenida a la secuencia y a la consecuencia.

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« La claridad no es opcional »

January 3, 2026

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Ricardo F. Morin
Puntos de equivalencias
CGI
2026

Ricardo F. Morin

3 de enero de 2026

Oakland park, Fl

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Poder, soberanía y el costo de la duplicidad

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La transición de Venezuela y la supervivencia de Ucrania constituyen ahora una sola prueba:  si el poder puede ser contenido sin ilusiones,  y si Estados Unidos es capaz de actuar con coherencia incluso cuando su presidente no logra percibirla plenamente.

Este texto no propone una política ni anticipa un desenlace.  Señala el umbral en el que la coherencia deja de ser discrecional y pasa a convertirse en una condición de supervivencia.

Estados Unidos no puede actuar en un escenario de manera que invalide los principios que afirma defender en otro.  Si la soberanía,  la integridad territorial,  la continuidad institucional y la responsabilidad jurídica se consideran vinculantes en Ucrania,  no pueden volverse flexibles,  provisionales o estratégicamente inconvenientes en Venezuela.  Y el principio inverso debe sostenerse igualmente:  si esos mismos principios se tratan como vinculantes en Venezuela,  no pueden relajarse,  reinterpretarse ni aplicarse de forma selectiva en Ucrania.  Una vez cruzada esa línea en cualquiera de los dos sentidos,  la coherencia se derrumba,  no solo en el plano retórico,  sino estructural.  El poder deja de estabilizar resultados y comienza a administrar el deterioro.

No se trata de una afirmación moral,  sino funcional.  El poder contemporáneo no fracasa por carecer de fuerza,  sino por perder consistencia interna.  Cuando los mismos instrumentos —sanciones,  acusaciones judiciales,  presión militar,  reconocimiento diplomático— se aplican según la conveniencia del momento y no conforme a principios,  dejan de restringir a los adversarios.  Los instruyen.  Rusia y China no necesitan imponerse militarmente si pueden demostrar que la legalidad misma es selectiva,  contingente y susceptible de reinterpretación por quien detente la ventaja circunstancial.

Por esta razón,  ninguna transición puede apoyarse en la personalización.  La confianza entre líderes no sustituye la verificación,  ni el trato personal puede reemplazar a las instituciones.  Esta vulnerabilidad es bien conocida en la diplomacia centrada en personalidades y ha sido especialmente visible bajo Donald Trump,  en su reiterada mala lectura de Vladimir Putin.  Sin embargo,  el peligro más profundo no es psicológico,  sino procedimental.  Una política que depende de quién habla con quién no resiste la presión.  Solo puede perdurar aquella que sigue siendo legible cuando las personalidades desaparecen.

Tampoco pueden proclamarse resultados antes de que existan las instituciones capaces de sostenerlos.  El control territorial sin autoridad civil no es estabilidad.  Las elecciones celebradas sin garantías de seguridad exigibles no son legitimidad.  El acceso a los recursos sin mecanismos de custodia,  auditoría y revisión jurídica no es recuperación,  sino extracción bajo otra denominación.  Cuando Estados Unidos acepta resultados sin estructuras,  aplaza el colapso en lugar de prevenirlo.

Igualmente corrosiva es la improvisación jurídica.  El derecho aplicado a posteriori —acusaciones justificadas retroactivamente,  sanciones reajustadas para acomodar hechos consumados— no limita el poder;  lo representa.  Cuando la legalidad se vuelve explicativa en lugar de normativa,  pierde su capacidad disciplinaria.  Los adversarios aprenden que las reglas son instrumentos narrativos,  no límites efectivos.

Por último,  no puede haber tolerancia alguna hacia la preservación de intermediarios coercitivos.  Una transición que deja intactas milicias,  financiadores opacos o estructuras de coerción paralelas no es una transición.  Es una redistribución del riesgo que garantiza una ruptura futura.  Los actores externos pueden ser contenidos,  auditados o retrasados,  pero no pueden ser apaciguados mediante la ambigüedad sin socavar todo el proceso.

La prueba es severa e implacable.   Si una acción adoptada en Venezuela o en Ucrania no pudiera defenderse, palabra por palabra, al aplicarse en el otro caso —o si una concesión aceptada en uno fuese condenada al reproducirse en el otro— entonces el axioma ya ha sido vulnerado.

Lo que,  por tanto,  debe mantenerse verdadero en ambos escenarios a la vez es lo siguiente:  el poder debe someterse al mismo estándar que invoca,  sin excepciones,  sin personalización y sin refugiarse en una conveniencia disfrazada de realismo.

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Autoridad donde la legitimidad aún no ha convergido

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Esta sección no evalúa la legitimidad democrática ni el mérito político.  Observa cómo se constituye y se ejerce la autoridad cuando la coherencia se encuentra bajo presión.

Una pregunta formulada durante una conferencia de prensa —relativa a la coalición opositora encabezada por María Corina Machado y a la victoria electoral de Edmundo González Urrutia— provocó una respuesta desdeñosa del presidente Donald Trump.  Al preguntársele por qué un liderazgo de transición no se articularía en torno a dicha coalición,  respondió que “no había respeto por ella,”  dando a entender una ausencia de autoridad dentro del país.

Tomada al pie de la letra,  la observación parece personal.  Leída de manera diagnóstica,  expone una distinción más consecuente:  la legitimidad no se traduce actualmente en autoridad dentro de Venezuela.  La misma distinción —entre legitimidad y autoridad exigible— ha marcado la resistencia de Ucrania ante la invasión rusa:   una legitimidad establecida internamente que debió ser defendida materialmente frente a la agresión externa.

La victoria electoral, el reconocimiento internacional y la credibilidad moral confieren legitimidad.  No confieren, por sí solos, poder exigible.  La autoridad, tal como existe sobre el terreno, deriva de la capacidad de imponer cumplimiento —ya sea mediante el control de instituciones coercitivas, de puntos críticos de recursos o de la maquinaria operativa del Estado.  En Ucrania, esa autoridad se ejerce de forma defensiva para preservar un orden soberano ya legítimo frente a la agresión externa.   En Venezuela, la autoridad persiste con independencia del resultado electoral, sostenida por instituciones y mecanismos desvinculados de la legitimidad.

En este sentido,  la cuestión planteada por la observación de Trump no es si la coalición de Machado es legítima,  sino qué otorga actualmente autoridad dentro del país —y quién es capaz de hacer cumplir decisiones,  evitar la fragmentación o imponer obediencia.  La respuesta no es retórica ni normativa.  Se trata de cómo la autoridad se constituye y se ejerce actualmente, bajo las condiciones presentes.

La reciente discusión en torno al involucramiento de Estados Unidos con actores venezolanos ha vuelto esta distinción operativa, más que abstracta.   La marginación de María Corina Machado no ha girado en torno a cuestiones de legitimidad democrática, mandato electoral o reconocimiento internacional.  Ha girado en torno a su negativa a participar en arreglos transaccionales con los estratos tecnocráticos y financieros existentes que actualmente ejercen control dentro del Estado.   En contraste, figuras como la Vice Presidente Delcy Rodríguez son tratadas como interlocutoras viables precisamente porque detentan una autoridad ejecutable mediante la continuidad de aquellos mecanismos —coercitivos, financieros y administrativos— que persisten con independencia de la legitimidad.  La criminalidad, en esta lógica, no resulta descalificadora. Constituye una prueba de control.  Lo que se privilegia no es la credibilidad moral, sino la capacidad de negociación bajo presión.

Esta distinción importa porque las transiciones que confunden legitimidad con autoridad tienden a derivar en desorden o enquistamiento.   La autoridad negociada sin legitimidad produce represión.   La legitimidad afirmada sin autoridad produce parálisis.   Una transición duradera exige que ambas converjan, pero no parten del mismo punto ni convergen a través de los mismos medios.

En Ucrania, legitimidad y autoridad están alineadas, aunque tensionadas por la agresión externa; en Venezuela, la autoridad persiste en ausencia de legitimidad.  Tratar estas condiciones como moral o procedimentalmente equivalentes oscurece las obligaciones que imponen.   Cuando el apoyo se condiciona con mayor severidad allí donde la legitimidad está intacta que allí donde está ausente, la coherencia cede paso a un desequilibrio ético.

La observación de Trump no aclara la estrategia de Estados Unidos.  Sin embargo, expone la línea de falla a lo largo de la cual la política corre ahora el riesgo de fracturarse: si la autoridad es evaluada y transformada en relación con la legitimidad, o acomodada al margen de ella en nombre del orden.  La elección no es neutral.  Determina si el poder refuerza o socava los principios que invoca.

La distinción entre legitimidad y autoridad no invalida la exigencia de coherencia.  La afila.  Cuando la coherencia se abandona de forma selectiva, el colapso deja de ser un riesgo y pasa a ser un resultado.

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