Ricardo F. Morín
12 de enero de 2026
Oakland Park, Florida
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Nota del autor
Esta entrega examina cómo las etiquetas ideológicas, liberal, socialista, democrática, se despliegan como instrumentos de alineación más que como compromisos exigibles. Venezuela no se aborda como excepción, sino como un caso en el que la práctica administrativa, el posicionamiento internacional y la abstracción partidista convergen para oscurecer la responsabilidad. Lo que sigue muestra cómo el poder se ejerce por método más que por doctrina, cómo el lenguaje ideológico desplaza la rendición de cuentas y cómo la claridad, más que el consenso, surge como la primera condición de la recuperación.
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Capítulo XIII
LA QUINTA SEÑAL
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LA REPÚBLICA EMPEÑADA
1
La crisis económica venezolana se desarrolló dentro de un entorno político en el que el control sobre la moneda extranjera, el gasto público y los ingresos del Estado se concentró progresivamente en sistemas de asignación controlados por el Estado y mecanismos fiscales fuera de presupuesto. Después de establecerse los controles cambiarios en 2003, el acceso a divisas se asignó de forma centralizada mediante mecanismos como CADIVI, y para 2013 incluso autoridades gubernamentales reconocían públicamente fraudes en la asignación de divisas preferenciales, incluyendo su otorgamiento a empresas de fachada. A nivel fiscal, fondos paralelos como FONDEN manejaron grandes sumas fuera de un escrutinio parlamentario efectivo, mientras la información pública sobre el gasto estatal y los fondos parafiscales dejó de publicarse de forma sistemática. Bajo estas condiciones, la desviación de recursos públicos no apareció como un hecho aislado, sino como una práctica recurrente de gobierno en la que los procedimientos formales de aprobación presupuestaria y rendición de cuentas se mantenían de manera nominal mientras disminuían la verificación independiente y la transparencia pública. Lo que emergió no fue el fracaso de una doctrina declarada, sino la consolidación de un método administrativo en el que el acceso a los recursos públicos dependía menos de procedimientos transparentes que de la concentración del control discrecional.
Los debates que oponen socialismo y capitalismo identifican erróneamente el campo operativo. Estos términos describen creencias sobre la propiedad y la finalidad social, no describen cómo se administran las economías. La estabilidad económica no depende del propósito declarado, sino de límites exigibles sobre la tributación, el gasto y la ejecución contractual. Depende de que la tributación siga reglas, de que los contratos se cumplan sin excepción, de que los presupuestos queden sujetos a procedimiento y de que la autoridad se ejerza dentro de límites respaldados por la ley presupuestaria, la ejecución contractual y la supervisión institucional. Donde estas condiciones faltan, la designación ideológica no fracasa, se vuelve irrelevante.
A medida que la contratación estatal en sectores como el petróleo, la infraestructura y las importaciones de alimentos quedó sometida a discreción política, las funciones de auditoría se debilitaron y los órganos de supervisión perdieron independencia operativa. Los ingresos y contratos controlados por el Estado se utilizaron cada vez más para redirigir recursos mediante asignación discrecional. La autoridad pública dejó de funcionar como estructura mediadora y pasó a convertirse en objeto de apropiación. El resultado no fue una corrupción episódica, sino una configuración estable en la que la desviación operó como resultado esperado del gobierno.
El mecanismo no explicó la acción, desplazó su examen. El lenguaje ideológico no aclaró las operaciones, las volvió inaccesibles. El discurso oficial que invocaba la lucha de clases y el antiimperialismo desvió la atención pública lejos de la asignación de divisas, el gasto público y las prácticas de contratación, y la condujo hacia un conflicto político simbólico. Estos llamados sustituyeron el examen de los procedimientos por relatos de oposición sin capacidad alguna de control.
Esta sustitución se extendió más allá del ámbito nacional. Gobiernos identificados con tradiciones liberales o democráticas respaldaron sanciones presentadas como instrumentos de presión. En la práctica, estas medidas intensificaron las penurias económicas sin alterar la configuración interna del poder.[1] Al mismo tiempo, Estados que mantenían alineación política y económica con el gobierno venezolano, entre ellos China, Rusia y Cuba, toleraron el debilitamiento de la supervisión electoral, la independencia judicial y la autoridad legislativa, y presentaron la inacción como fidelidad al principio.[2] A través de estas posiciones, la designación ideológica no guió la acción. Encubrió una convergencia, medidas que debilitaron a la sociedad sin alterar la autoridad, y posturas que preservaron la autoridad sin atender a la manera en que era ejercida.
2
Lo que se presenta como una división entre sistemas opuestos se resuelve, en la práctica, en una convergencia de procedimientos. La presión externa que debilita a una población sin alterar la autoridad, y la tolerancia externa que preserva la autoridad sin atender al desmantelamiento institucional, producen una misma condición, el aislamiento de la sociedad respecto de medios judiciales, electorales y legislativos para impugnar la autoridad.
3
Dentro de esa condición, la población no queda situada entre modelos de gobierno en competencia. Queda convertida en instrumento de posiciones que no operan sobre los mecanismos que sostienen o limitan el poder. El lenguaje de la alineación, sea en forma de solidaridad, neutralidad o cautela, no altera esta configuración cuando permanece desligado de los procedimientos a través de los cuales la autoridad se ejerce.[3]
Donde la rendición de cuentas no se hace valer, otras formas de organización ocupan su lugar. Redes criminales y economías informales que operan sin cumplimiento judicial ni regulatorio se expanden dentro del espacio dejado sin regulación. Su crecimiento no requiere justificación ideológica, resulta de la ausencia de límites exigibles.[4] Lo que se describe como crisis no comienza con el colapso. Comienza cuando la restricción se retira del ejercicio del poder y permanece retirada sin consecuencia.
Notas del Capítulo XIII
[1] Francisco Rodríguez y Jeffrey Sachs, “Economic Sanctions as Collective Punishment: The Case of Venezuela,” The Lancet 393, no. 10178 (2019): 2584–2591; Center for Economic and Policy Research, “Sanctions in Venezuela: Economic and Humanitarian Impacts,” 2019.
[2] R. Evan Ellis, “The Maduro Regime’s Foreign Backers: China, Russia, Iran, and Cuba,” Center for Strategic and International Studies (CSIS), 6 de noviembre de 2020; United Nations Human Rights Council, “Report on the Situation of Human Rights in the Bolivarian Republic of Venezuela,” 2022.
[3] Javier Corrales, “Democratic Backsliding Through Electoral Irregularities: The Case of Venezuela,” Perspectives on Politics 18, no. 2 (2020): 311–327.
[4] Insight Crime, “Venezuela’s Criminal Landscape: A Country of Collusion,” 2021; Transparency International, “Venezuela: Corruption Perceptions Index,” 2022.
Capítulo XIV
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LA PRIMERA CUESTIÓN
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RESISTIR EL CONTROL PARTIDISTA: LA POSTURA DE LA SOCIEDAD CIVIL EN VENEZUELA
1
La vida democrática no se asegura por un principio único, sino por la interacción de formas distintas: pluralismo, partidismo, no partidismo y antipartidismo. Estas formas no se resuelven en una unidad. Definen cómo la autoridad se organiza, se disputa y se limita dentro de instituciones como partidos, tribunales y legislaturas.
El pluralismo establece la condición bajo la cual la diferencia puede aparecer sin ser suprimida. Su función consiste en asegurar que múltiples posiciones puedan entrar en el espacio público sin requerir alineación previa. Cuando las instituciones no protegen la participación mediante acceso electoral y garantías jurídicas, la participación se contrae y la representación se estrecha.
El partidismo organiza la competencia mediante alineaciones estructuradas. Su función depende de un límite, que la lealtad a un partido no sustituya la adhesión a las reglas que gobiernan la contienda misma. Cuando ese límite se disuelve, la competencia persiste en la forma mientras desaparecen sus restricciones.
El no partidismo suspende la alineación para preservar el procedimiento. Su función no es una neutralidad abstracta, sino el mantenimiento de condiciones en las que las decisiones sigan siendo responsables ante la regla y no ante la afiliación.
El antipartidismo surge cuando estos arreglos fracasan. Rechaza a los partidos como vehículos de representación, pero al hacerlo elimina las estructuras mediante las cuales se ejerce la rendición de cuentas. Cuando este rechazo se vuelve programático, no elimina el poder. Elimina las estructuras que lo limitan y deja al poder concentrarse sin oposición.
2
En Venezuela, el antipartidismo se convirtió en una estrategia de gobierno mediante la deslegitimación de los partidos establecidos y la centralización de la autoridad en el ejecutivo. El desencanto público con los partidos establecidos permitió el ascenso de una alternativa política singular que no operó fuera de las instituciones, sino que las reorganizó. Los límites institucionales fueron presentados como impedimentos y su eliminación como restauración. Lo que se eliminó, sin embargo, no fue el obstáculo, sino la restricción.[1]
Bajo Chávez, este método se extendió mediante la redirección de los recursos del Estado. Los ingresos petroleros se desplegaron para asegurar alineación política en distintos sectores. El acceso a recursos distribuidos por el Estado dependió cada vez más de la alineación política, particularmente a través de programas gubernamentales y del empleo público, lo que estableció dependencia en lugar de confianza institucional. Bajo Maduro, esta estructura persistió bajo contracción, a medida que los recursos disminuyeron, el requisito de alineación se intensificó mientras se preservaba la misma lógica operativa.
3
Las prácticas clientelares no fueron introducidas, sino ampliadas y centralizadas. Lo que antes se hallaba disperso se volvió sistémico. Programas como las Misiones Bolivarianas, financiados con ingresos petroleros y administrados por estructuras alineadas con el Estado, ilustran esta transformación. Su función declarada era la provisión social, su operación vinculó el acceso con la identificación política. En programas como Barrio Adentro, la prestación de servicios de salud fue administrada a través de estructuras coordinadas con el aparato gobernante.[2] Los beneficios no siguieron únicamente la necesidad, sino también la alineación.
Las políticas de expropiación y control cambiario restringieron aún más la actividad económica independiente. Al reasignar activos por decisión administrativa, estas medidas redujeron el espacio dentro del cual podían surgir formas alternativas de organización. La contracción económica siguió como consecuencia de una actividad restringida por control administrativo.
4
El debilitamiento de las estructuras institucionales desplazó la actividad organizada, pero no la eliminó. Las organizaciones de la sociedad civil asumieron funciones de defensa jurídica, documentación de derechos humanos y provisión de servicios allí donde las instituciones del Estado dejaron de operar con continuidad institucional.
Organizaciones como Provea, Foro Penal y Transparencia Venezuela documentan violaciones, ofrecen defensa jurídica y mantienen registros de la conducta administrativa. Las organizaciones de observación electoral documentan condiciones de votación e irregularidades pese a restricciones jurídicas y operativas. Las estructuras comunitarias, como las Mesas Técnicas de Agua, coordinan el acceso a servicios básicos como el suministro de agua en ausencia de una provisión estatal confiable. Estas actividades mantienen un vínculo verificable entre los actos documentados y sus consecuencias, entre las afirmaciones públicas y los registros, y entre la autoridad y sus límites legales. Allí donde las instituciones ya no aseguran estas relaciones, ellas se sostienen mediante la práctica.
5
Estas formaciones no constituyen un sistema alternativo de gobierno. Operan dentro de límites que les son impuestos y su continuidad sigue siendo contingente. Las medidas legislativas que incrementan la supervisión de las organizaciones no gubernamentales han reducido todavía más su espacio operativo.
Lo que persiste no es un programa, sino un conjunto de prácticas que mantiene un vínculo verificable entre acción y consecuencia, autoridad y límite y decisión y verificación. Donde estas relaciones se sostienen, aunque sea de forma restringida, permanece la posibilidad de reconstrucción.
La recuperación democrática no comienza con alineación ni con diseño. Comienza con el restablecimiento de límites exigibles sobre el poder y con la restauración de procedimientos mediante los cuales los actos puedan ser examinados y limitados. Donde estas condiciones faltan, las declaraciones de principio no fracasan, no operan.
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Notas del Capítulo XIV
[1] Javier Corrales y Michael Penfold, Dragon in the Tropics: Hugo Chávez and the Political Economy of Revolution in Venezuela (Washington: Brookings Institution Press, 2011), 19–24, 30–34.
[2] “Barrio Adentro: Complementariedad entre Cuba y Venezuela,” video de YouTube, https://youtu.be/y8GXPozsSWQ.
Observaciones sobre la percepción 