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« Desenmascarar la desilusión: Serie VIII »

May 6, 2026

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“Alegoría Geométrica”, pintura digital 2023 de Ricardo Morín (artista visual estadounidense nacido en Venezuela–1954)

Ricardo F. Morín

13 de enero de 2026

Oakland Park, Florida

Nota del Autor

Esta serie continúa un examen diagnóstico de la experiencia política venezolana, centrado en las condiciones bajo las cuales la autoridad, la verdad y la responsabilidad institucional dejan de estar alineadas.  Permanece situada dentro de una indagación histórica más amplia, no como un relato cronológico, sino como atención a patrones que aparecen cuando el poder se preserva a expensas de la gobernanza.

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Capítulo XV

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El Segundo Asunto

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Sobre Verdades Parciales y Anarquía Represiva

Verdades Parciales

1

La política entendida como una competencia entre verdades parciales resulta pertinente para comprender las dinámicas autoritarias.  Este planteamiento sugiere que la vida política es inherentemente pluralista, y que cada perspectiva capta un fragmento de una realidad más amplia y compleja.  En una democracia funcional, las verdades en competencia—que reflejan valores, necesidades y experiencias distintas—entran en un intercambio abierto y constructivo.  Bajo el autoritarismo, en cambio, los esfuerzos del régimen por monopolizar la verdad suprimen las voces diversas indispensables para un discurso político equilibrado.

2

En Venezuela, el gobierno ejerce un control estricto sobre la información, deslegitima la disidencia y con frecuencia califica las perspectivas opositoras como falsas o peligrosas para el Estado. [1]  Este monopolio de la verdad distorsiona el discurso público y evita que puntos de vista alternativos cuestionen los relatos del régimen.  En lugar de propiciar un espacio para la oposición, las comunidades marginadas y la sociedad civil, el campo político venezolano queda reducido a una única verdad alineada con los intereses del régimen y diseñada para consolidar su poder.

3

Cuando la política se concibe como una negociación continua entre valores en competencia, resulta evidente que el régimen venezolano interrumpe ese proceso al descalificar a la oposición como subversiva.  La idea de que el poder configura el conocimiento ilumina aún más esta dinámica:  en Venezuela, el control estatal de los medios y de la información pública subordina los relatos alternativos y crea un entorno en el que solo prevalece la versión del régimen.

4

Esta supresión de verdades pluralistas invalida el fundamento de la gobernanza democrática, que idealmente depende de la coexistencia y la competencia entre perspectivas diversas.  Al silenciar la disidencia, el régimen transforma la política en un monólogo de propaganda estatal, intensifica el control autoritario al despojar a la ciudadanía de su capacidad de acción, y socava, en última instancia, las bases democráticas necesarias para el funcionamiento de la sociedad.

Anarquía Represiva

5

La anarquía represiva revela una contradicción profunda en la estructura del poder, en la que el Estado actúa simultáneamente como fuerza opresiva y como agente de desorden.  En Venezuela, esta tensión entre represión y anarquía pone de relieve un conflicto filosófico más profundo entre las funciones de la autoridad y su disolución.  Mientras que las autocracias tradicionales se apoyan en la centralización del poder para imponer orden, la anarquía represiva señala el colapso de la capacidad del Estado para gobernar, incluso cuando endurece su control sobre la expresión política y la disidencia.

6

En el núcleo de la anarquía represiva se encuentra la paradoja del control sin gobernanza efectiva. [2]  La maquinaria estatal está orientada a suprimir libertades políticas, restringir la oposición y eliminar el pluralismo, y, sin embargo, abandona simultáneamente su responsabilidad de mantener el orden civil o proteger a la población frente al colapso económico, la criminalidad y la descomposición social.  Este ejercicio selectivo del poder expone una soberanía vacía:  un Estado que proyecta autoridad mediante la represión mientras descuida sus funciones esenciales, como garantizar la justicia, la seguridad y el Estado de derecho.  En la práctica, la autoridad del Estado adquiere una forma represiva, pero produce un resultado anárquico, creando una realidad caótica en la que el poder existe sin propósito.

7

Esta condición desafía las nociones clásicas de poder y gobernanza. [3]  En la teoría política, el Estado deriva su legitimidad del contrato social, entendido como una obligación recíproca entre gobernantes y gobernados.  Cuando un Estado prioriza la represión por encima de la administración, disuelve ese contrato y sustituye la confianza por el temor.  La anarquía represiva sugiere que cuando el poder se separa de sus responsabilidades fundacionales, se vuelve a la vez auto-perpetuante y auto-destructivo, reduciendo al Estado a un mecanismo coercitivo en lugar de una fuerza orientada al bien social.

8

Esta dualidad pone en cuestión el supuesto hobbesiano de que el autoritarismo garantiza naturalmente el orden. [4]  En Venezuela, la centralización del poder bajo Nicolás Maduro no ha producido estabilidad, sino un deterioro de las funciones gubernamentales y de la capacidad del Estado para gobernar.  El poder sin control no ha generado unidad ni seguridad, sino fragmentación y caos;  la represión, lejos de compensar las fallas del Estado, las intensifica, acelera la desintegración social y alimenta su propia inseguridad.

9

La anarquía represiva también reconfigura la relación entre miedo y libertad. [5]  En estos sistemas, el miedo no es solo una herramienta de control, sino una condición generalizada que regula la forma en que las personas se relacionan tanto con el Estado como entre sí.  El miedo restringe la participación política, aplasta los espacios de deliberación pública y debilita la posibilidad de una libertad efectiva.  De este modo, la anarquía represiva representa no solo un fracaso de la gobernanza, sino también un fracaso moral, en la medida en que tanto los individuos como la sociedad quedan cargados bajo el peso de una represión persistente.

10

En última instancia, la anarquía represiva enfrenta a la filosofía política con una contradicción que desafía soluciones convencionales. [6]  Expone los límites del poder coercitivo y la vulnerabilidad inherente de los regímenes autocráticos a su propia autodestrucción.  Más importante aún, subraya la necesidad de reconciliar autoridad con gobernanza efectiva—no como instrumentos de mera represión, sino como sistemas éticos que sostengan la dignidad y el bienestar de la población.  La experiencia venezolana demuestra que cuando el poder se separa tanto de la gobernanza como de la responsabilidad moral, no logra imponer orden y, en su lugar, produce un caos inducido institucionalmente que resiste sanciones internacionales o medidas punitivas.

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Endnotes, Chapter XV

§2

§6

  • [2] Corrales, Javier and Penfold, Michael, Dragon in the Tropics: Hugo Chávez and the Political Economy of Revolution in Venezuela (Washington, DC: Brookings Institution Press, 2011); InSight Crime, Venezuela: A Country Run by Criminal Networks, Bogotá, 2023, https://insightcrime.org; United Nations Development Programme, Governance Indicators: Venezuela Country Profile, New York, 2023.

§7

  • [3] O’Donnell, Guillermo “Delegative Democracy,” Journal of Democracy 5, no. 1 (1994): 55–69. (Foundational framework for understanding regimes that retain electoral form while hollowing institutional responsibility.)

§8

  • [4] Hobbes, Thomas, Leviathan (1651; Kindle ed.), chap. 17, loc. 103; United Nations Development Programme, “Governance Indicators: Venezuela Country Profile,” New York, 2023.

§9

  • [5] Arendt, Hannah, The Origins of Totalitarianism (New York: Harcourt, Brace & Company, 1951).

§10

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Capítulo XVI

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El Tercer Asunto

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El Clarín de la Democracia

1

En un mundo que enfrenta amenazas sistémicas —pandemias, guerra, inestabilidad ambiental— la distorsión del lenguaje democrático por regímenes autoritarios introduce un peligro secundario:  el desplazamiento de los estándares compartidos mediante los cuales se evalúa la realidad política.  Cuando los términos democráticos se preservan retóricamente pero se vacían institucionalmente, ya no aclaran los desafíos globales; los oscurecen. [1]  En tales condiciones, el problema no es únicamente la ausencia de democracia, sino el uso indebido de su vocabulario.

2

En este contexto, la democracia puede examinarse no como una aspiración, sino como un conjunto de condiciones operativas mediante las cuales la autoridad se limita y la legitimidad se mide.  Estas condiciones no funcionan simbólicamente; funcionan diagnósticamente.  Cuando están ausentes, sustituidas o aplicadas de manera selectiva, la forma democrática persiste mientras la sustancia democrática queda inoperante.

3

Entre estas condiciones se encuentran el Estado de derecho; elecciones libres y verificables; la protección de las libertades civiles y los derechos humanos; la separación de poderes; la independencia judicial; participación cívica sostenida; capacidad de respuesta gubernamental; protección de minorías; transparencia y rendición de cuentas; y la transferencia pacífica del poder.  No son ideales abstractos, sino condiciones necesarias. [1]  Estas condiciones pueden ser suspendidas, distorsionadas o reemplazadas por formas que las imitan sin funcionar.  La gobernanza persiste como apariencia y, al hacerlo, opera como subterfugio, mientras la democracia deja de operar.

4

En Venezuela, la disyunción entre el lenguaje democrático y la operación autoritaria se ha convertido en un rasgo definitorio de la vida política.  Durante el último cuarto de siglo, la autoridad se ha centralizado de manera progresiva dentro de un marco de partido único, reforzado por participación militar y captura institucional. [2]  Aunque se han conservado formas electorales y constitucionales, sus funciones de limitación han sido neutralizadas, contribuyendo a una pérdida sostenida de capacidad institucional en los planos político, social y económico.

5

El poder judicial ilustra esta sustitución con particular claridad.  En lugar de operar como árbitro independiente, ha funcionado cada vez más como una extensión administrativa del poder ejecutivo; ha legitimado detenciones arbitrarias, restringido la participación política y normalizado la represión mediante mecanismos legales.  Así, los mecanismos del poder judicial se utilizan para autorizar la represión en lugar de restringir el poder. [3]

6

Cuando los tribunales se alinean con la autoridad ejecutiva en lugar de limitarla, la participación cívica y la representación política dejan de funcionar.  Las elecciones, las reclamaciones legales y la impugnación pública pueden continuar en forma, pero ya no permiten a la ciudadanía influir en el poder ni obtener reparación.

 

Endnotes, Chapter XVI

§1-§3

  • [1] Rosanvallon, Pierre,  Counter-Democracy: Politics in an Age of Distrust (Cambridge: Cambridge University Press, 2008); Urbinati, Nadia, Democracy Disfigured: Opinion, Truth, and the People (Cambridge: Harvard University Press, 2014).

§4

  • [2] International Crisis Group, “Venezuela: The Rise of a Militarized State,” Brussels, 2022; Organization of American States, “Report on the Situation in Venezuela,” Washington, 2023.

§5

  • [3] Foro Penal, “Political Prisoners in Venezuela: Annual Report 2025,” Caracas, 2025; United Nations Working Group on Arbitrary Detention, “Opinion No. 44/2023 (Venezuela),” Geneva, 2023; Inter-American Commission on Human Rights, “Democratic Institutions, Rule of Law, and Human Rights in Venezuela,” Washington, DC, 2024.

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