La traición de la sofistería — Ricardo F. Morín. CGI, 2026.
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En Sapiens: breve historia de la humanidad, Yuval Noah Harari se pregunta qué diría la Declaración de Independencia de los Estados Unidos si sus postulados se expresaran en términos biológicos. Propone la siguiente reformulación:
« Sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas: que todos los hombres han evolucionado de manera distinta, que nacen con ciertas características mutables y que entre ellas figuran la vida y la búsqueda del placer ».1
Estas sustituciones responden a una tesis más amplia de Harari: la igualdad y los derechos forman parte de un «orden imaginado», cuyos principios se sustentan en convicciones humanas compartidas y no en propiedades biológicas. Harari reconoce la utilidad de esos principios para la cooperación, pero niega que los principios de justicia posean validez objetiva.
La reformulación de Harari plantea un interrogante legítimo sobre los fundamentos de la Declaración. La invocación de un Creador y la afirmación de que esos principios son evidentes por sí mismos no eximen de justificarlos. La reformulación biológica que propone, sin embargo, no demuestra que esos principios sean erróneos. Modifica las cuestiones sometidas a examen.
La igualdad que proclama la Declaración atañe a la condición de los seres humanos ante la autoridad política. Tras enunciar los derechos, el documento afirma que los gobiernos se instituyen para garantizarlos y que la legitimidad de sus potestades procede del consentimiento de los gobernados. El argumento versa, por tanto, sobre la justificación del poder político. No presupone que las personas tengan cuerpos, aptitudes o temperamentos idénticos.2 Las diferencias biológicas, por sí solas, no confieren a nadie el derecho a gobernar a otra persona.
La sustitución de «derechos inalienables» por «características mutables» introduce una confusión semejante. Una característica describe la condición o las capacidades de una persona. Un derecho determina qué trato puede exigir legítimamente esa persona. La disminución de la fuerza, la memoria o la movilidad no permite decidir, por sí sola, si es legítimo someter a esa persona a esclavitud. La sustitución que propone Harari excluye la cuestión moral del examen, pero no la resuelve.
Cabe, desde luego, impugnar la apelación a un Creador. Pero el rechazo de esa premisa teológica deja pendiente la justificación de la igualdad; no demuestra que tal justificación sea imposible. Tampoco la explicación del origen histórico de una convicción determina si existen razones suficientes para sostenerla.
Tampoco las nociones de libertad y felicidad admiten sin más las sustituciones propuestas. La diferencia entre actuar por voluntad propia y sufrir un cautiverio impuesto se manifiesta en condiciones observables de la vida humana. Determinar el alcance moral de esa diferencia exige, no obstante, un razonamiento adicional. Aun si el placer resultara más fácil de medir que la felicidad, esa facilidad no demostraría que ambos fueran equivalentes. La reducción de la felicidad al placer exige una justificación propia.
Harari reconoce que la creencia compartida en la igualdad puede favorecer la cooperación y contribuir a una sociedad mejor. Su postura no se limita, por tanto, a desechar los derechos como invenciones inútiles. Sin embargo, la afirmación de que los principios de justicia carecen de validez objetiva sigue siendo una tesis filosófica. La ausencia de esos principios en una descripción biológica no basta para demostrar esa tesis.1
La Declaración ha de justificar los principios que proclama. A Harari le corresponde, a su vez, justificar el criterio con el que niega a esos principios validez objetiva. Demostrar que los derechos no son características biológicas no basta para concluir que carecen de justificación racional. Su reformulación altera el sentido habitual del lenguaje de la Declaración, pero deja sin resolver la cuestión de las obligaciones recíprocas entre los seres humanos.
Ricardo F. Morín
3 de noviembre de 2026
Oakland Park, Florida
Fuentes
Yuval Noah Harari. Sapiens: A Brief History of Humankind. Edición en inglés, 2014. Capítulo 6, «Building Pyramids». Cita traducida del original inglés para esta versión.
Esta entrega final recoge la organización del poder público conforme a los ordenamientos constitucionales de 1961 y 1999, la evolución de las instituciones militares y de seguridad de Venezuela y las organizaciones políticas desde el siglo XIX hasta el 21 de octubre de 2026. Las fechas que acompañan a las entradas indican períodos de actividad, constitución o reorganización. Las valoraciones sobre la actuación de las instituciones se atribuyen a los informes o estudios de los que proceden.
El repertorio político es selectivo e incluye partidos, coaliciones electorales y movimientos personalistas de épocas anteriores. La numeración prosigue la del Apéndice. El apartado A-1, « Constituciones », figura en el índice del Apéndice de la Serie X y se desarrolla en las entregas constitucionales precedentes.
A-2). Poderes y órganos del Estado [1961–2026]
El ordenamiento constitucional de 1961 articulaba el gobierno nacional en torno a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. El artículo 136 de la Constitución de 1999 distribuye el Poder Público Nacional en cinco poderes: Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral. [1][2]
A-2.1). Poder Ejecutivo Nacional
Conforme a la Constitución de 1961, el mandato presidencial duraba cinco años y se prohibía la reelección inmediata. La Constitución de 1999 estableció un mandato de seis años y, en su redacción inicial, permitía una sola reelección inmediata. La enmienda constitucional aprobada mediante referendo en febrero de 2009 suprimió el límite al número de reelecciones para la Presidencia y los demás cargos de elección popular. [1][2][3]
El presidente es jefe del Estado y del Ejecutivo Nacional, dirige la acción del gobierno y las relaciones exteriores y ejerce el mando supremo de las Fuerzas Armadas. El Ejecutivo comprende, asimismo, al vicepresidente ejecutivo, los ministros y los demás funcionarios previstos en la Constitución o en la ley. El artículo 236 atribuye al presidente el nombramiento y la remoción del vicepresidente ejecutivo y de los ministros. [2]
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó del deterioro de la separación de poderes y de las restricciones impuestas al ejercicio de las funciones de la Asamblea Nacional. La Comisión Internacional de Juristas documentó la influencia política sobre el nombramiento de los jueces y su permanencia en el cargo. [4][5]
Maduro prestó juramento como presidente el 10 de enero de 2025, tras la controvertida proclamación del resultado electoral de 2024 por el CNE. [85] El 3 de enero de 2026, fuerzas de los Estados Unidos capturaron a Maduro y a Cilia Flores y los trasladaron bajo custodia estadounidense. Delcy Rodríguez, hasta entonces vicepresidenta ejecutiva, prestó juramento como presidenta encargada el 5 de enero. [86]
Mediante la sentencia n.º 00001, de 3 de enero de 2026, la Sala Constitucional ordenó a Rodríguez ejercer la Presidencia en calidad de encargada. La decisión invocó los artículos 234 y 239 y dejó expresamente pendiente la calificación definitiva de la falta de Maduro como temporal o absoluta. Los artículos 233 y 234 establecen procedimientos de sucesión distintos para cada supuesto. La sentencia no fijó una fecha para las elecciones presidenciales. [87][2]
A-2.2). Congreso de la República de Venezuela [ordenamiento de 1961–1999]
El Congreso estaba integrado por el Senado y la Cámara de Diputados. El Senado incorporaba la representación territorial, mientras que la Cámara de Diputados representaba a la población conforme a las disposiciones electorales de la Constitución y de la ley. El Congreso sancionaba las leyes, examinaba el presupuesto, ejercía el control político e intervenía en los nombramientos y las autorizaciones previstos constitucionalmente. [1]
La Constitución de 1999 sustituyó el Congreso por una Asamblea Nacional unicameral. [2]
A-2.3). Asamblea Nacional [creada por la Constitución de 1999; elegida por primera vez en 2000]
La Asamblea Nacional ejerce la potestad legislativa, aprueba el presupuesto nacional, desempeña funciones de control político e interviene en los nombramientos que le atribuye la Constitución. Los diputados duran cinco años en sus funciones. El artículo 186 establece una asignación de escaños con una base poblacional del 1,1 por ciento de la población total del país, a la que se añaden tres diputados por cada entidad federal y tres diputados indígenas elegidos conforme a la ley y a sus tradiciones. [2]
El sistema electoral combina la votación nominal por circunscripciones con el voto por listas. La legislación electoral y las disposiciones administrativas han regulado su aplicación y la distribución de escaños. El informe de la misión de observación electoral de la Unión Europea de 2021 recoge modificaciones en la composición de la Asamblea y en las disposiciones electorales. [6]
Tras la victoria de la oposición en las elecciones legislativas de diciembre de 2015, diversas decisiones del Tribunal Supremo restringieron el funcionamiento de la Asamblea. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentó estas restricciones y la asunción de funciones legislativas por la Asamblea Constituyente instalada en 2017. [4]
La Asamblea elegida en 2025 contaba con 285 escaños. La Unión Interparlamentaria recoge 253 para la alianza de gobierno Gran Polo Patriótico y veintinueve para otras organizaciones políticas, además de tres escaños indígenas elegidos por separado el 1 de junio. Las elecciones legislativas se celebraron el 25 de mayo, junto con las regionales. La principal plataforma opositora llamó a la abstención, mientras que otros dirigentes opositores participaron. Estas cifras corresponden a la distribución de escaños anunciada. [88] La nueva Asamblea se instaló el 5 de enero de 2026. [86]
A-2.4). Asamblea Nacional Constituyente [2017–2020]
El presidente Maduro inició el proceso constituyente de 2017 sin un referendo popular previo que autorizara su convocatoria. Los artículos 347 y 348 distinguen el poder constituyente originario del pueblo de la iniciativa para promover una asamblea constituyente, cuyo ejercicio se reconoce a determinados sujetos, entre ellos el presidente en Consejo de Ministros. Al examinar la controversia sobre la convocatoria, la Comisión de Venecia concluyó que la iniciativa presidencial no podía sustituir la decisión popular de convocar dicho órgano. [2][7]
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó de que la Asamblea Constituyente, afín al gobierno, se arrogó autoridad sobre los poderes constituidos, asumió funciones legislativas y destituyó a Luisa Ortega Díaz del cargo de fiscal general de la República. [4]
La Asamblea Constituyente concluyó sus actividades en diciembre de 2020 sin elaborar una nueva constitución. Durante su funcionamiento dictó instrumentos denominados leyes constitucionales, entre ellos el relativo a las Fuerzas Armadas que se examina en A-3.2. [8][9]
A-2.5). Corte Suprema de Justicia[ordenamiento de 1961–1999]
La Corte Suprema era el máximo órgano judicial en el ordenamiento constitucional de 1961. Entre sus atribuciones figuraban el control de constitucionalidad y la resolución de los asuntos que le encomendaban la Constitución y la ley. Su organización varió durante este período. Conforme a la Ley Orgánica de 1976, estaba integrada por tres salas de cinco magistrados cada una: Político-Administrativa, de Casación Civil y de Casación Penal. El número total de magistrados era, por tanto, de quince. [1][10]
A-2.6). Tribunal Supremo de Justicia [1999–2026]
La Constitución de 1999 sustituyó la Corte Suprema por el Tribunal Supremo, organizado en salas especializadas, entre ellas una Sala Constitucional. Sus funciones comprenden la jurisdicción constitucional, la revisión judicial definitiva en las materias de su competencia y la administración y supervisión del Poder Judicial. El artículo 267 atribuye al Tribunal la dirección, el gobierno y la administración del Poder Judicial. [2]
La ley determina el número de magistrados del Tribunal. Inicialmente eran veinte; la Ley Orgánica de 2004 elevó su número a treinta y dos, y la reforma de 2022 lo redujo a veinte. [11][5]
El informe de la Comisión Internacional de Juristas de 2021 examinó el nombramiento, la permanencia en el cargo y la remoción de los jueces, y concluyó que la injerencia política comprometía la independencia judicial. [5]
Una nueva reforma de la Ley Orgánica, vigente desde el 22 de mayo de 2026, elevó a treinta y dos el número legal de magistrados: siete en la Sala Constitucional y cinco en cada una de las otras cinco salas. La reforma dispuso los nombramientos correspondientes a la nueva composición. [89]
Una segunda reforma, publicada el 15 de septiembre de 2026, estableció un Comité de Postulaciones Judiciales de veintitrés miembros: once diputados de la Asamblea Nacional y doce representantes postulados por otros sectores de la sociedad. [90] La información publicada el 14 de octubre señalaba que la selección del nuevo Tribunal seguía en curso. La ampliación prevista en la ley y la culminación de los nombramientos se consignan por separado. [91]
A-2.7). Poder Electoral y Consejo Nacional Electoral
La denominación Consejo Nacional Electoral [CNE] es anterior a la Constitución de 1999: se adoptó con la reforma electoral de 1997. La Constitución de 1999 estableció el Poder Electoral como poder nacional diferenciado, con el CNE como órgano rector. Entre sus atribuciones figuran la organización de elecciones y referendos, la conservación y actualización del registro electoral y la reglamentación de las materias que le encomienda la legislación electoral. [12][2]
El artículo 296 dispone que el CNE esté integrado por cinco miembros principales sin vinculación con organizaciones políticas. Tres son postulados por la sociedad civil; uno, por las facultades de ciencias jurídicas y políticas de las universidades nacionales; y otro, por el Poder Ciudadano. La Asamblea Nacional los designa por mayoría de dos tercios para períodos de siete años, conforme a las disposiciones constitucionales sobre su selección y renovación. [2]
Tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, el CNE declaró vencedor a Maduro. El Centro Carter informó de que el CNE no había publicado los resultados por mesa que sustentaran los totales anunciados ni había aportado pruebas del ataque informático que alegaba haber sufrido. [13] El Centro concluyó que las elecciones no cumplían las normas internacionales y no podían considerarse democráticas. [14]
En su informe final, publicado en febrero de 2025, el Centro Carter concluyó que las actas de mesa disponibles demostraban una clara victoria de Edmundo González Urrutia en las elecciones de 2024. [13]
El 22 de agosto de 2024, la Sala Electoral del Tribunal Supremo avaló el resultado anunciado por el CNE. [92]
El 23 de septiembre de 2026, Rodríguez prometió públicamente la celebración de elecciones sin precisar una fecha. Reuters informó de que representantes de la oposición reclamaban cambios en el Poder Judicial y en la autoridad electoral como condiciones para un proceso competitivo. [93]
A-2.8). Poder Ciudadano [1999–2026]
El Poder Ciudadano se ejerce por medio del Consejo Moral Republicano, integrado por el fiscal general de la República, el defensor del Pueblo y el contralor general de la República. Las instituciones que lo componen gozan de autonomía constitucional y cumplen funciones diferenciadas en materia de legalidad, derechos y administración de los recursos públicos. [2]
El artículo 279 establece un procedimiento común de designación. El Consejo Moral Republicano convoca un comité de evaluación de postulaciones con participación de diversos sectores de la sociedad. Mediante un proceso público de evaluación se elabora una terna para cada cargo, que se remite a la Asamblea Nacional para que efectúe la designación por mayoría de dos tercios dentro de un plazo de treinta días consecutivos. Si no se alcanza un acuerdo, la Constitución prevé someter la terna a consulta popular. Si no se convoca el comité de evaluación, la Asamblea procede a la designación en el plazo que determine la ley. [2]
a). Ministerio Público [incorporado al Poder Ciudadano en 1999]. Bajo la dirección del fiscal general de la República, el Ministerio Público dirige las investigaciones penales, ejerce la acción penal pública cuando corresponde y vela por las garantías constitucionales en los procesos judiciales. La institución existía antes de 1999; la nueva Constitución la integró en el Poder Ciudadano. El artículo 284 establece un período de siete años para el fiscal general de la República y remite su designación al procedimiento previsto para el Poder Ciudadano. [1][2]
El 9 de abril de 2026, la Asamblea Nacional designó a Larry Devoe fiscal general de la República, tras la renuncia de Tarek William Saab en febrero. [94]
El procurador general de la Repúblicarepresenta y defiende los intereses patrimoniales de la República. El artículo 249 dispone que su nombramiento corresponde al presidente, con autorización de la Asamblea Nacional. [2]
b). Defensoría del Pueblo [creada por la Constitución de 1999]. El defensor del Pueblo promueve y defiende los derechos constitucionales y humanos, vigila la actuación de las autoridades y los servicios públicos y puede ejercer las acciones que la ley atribuye al cargo. Su titular dura siete años en sus funciones y se designa conforme al artículo 279. [2]
La Asamblea designó a Eglée González Lobato defensora del Pueblo el 9 de abril de 2026, tras la renuncia de Alfredo Ruiz en febrero. EFE recogió las objeciones de organizaciones de la sociedad civil a la transparencia del procedimiento y a la composición del órgano encargado de seleccionar a los candidatos para ambos cargos del Poder Ciudadano. [94]
c). Contraloría General de la República[incorporada al Poder Ciudadano en 1999]. La Contraloría supervisa los ingresos, los gastos y los bienes públicos y ejerce el control fiscal conforme a la Constitución y a la ley. Esta institución también es anterior a 1999. La Constitución establece para su titular un período de siete años y la designación conforme al artículo 279. Sus funciones de fiscalización se distinguen de la persecución de los delitos y de la determinación judicial de la responsabilidad penal. [1][2]
A-2.9). Ministerios del Ejecutivo y principales ámbitos de competencia [1999–2026]
Los ministerios formulan y ejecutan la política nacional en el ámbito del Ejecutivo. El artículo 236 faculta al presidente para nombrar y remover a los ministros y, dentro de los límites legales, determinar la organización y las competencias de los ministerios. La Asamblea Nacional ejerce la fiscalización parlamentaria mediante sus atribuciones presupuestarias, de investigación y de control político. [2]
Las dieciocho carteras que se describen a continuación ofrecen una relación selectiva de funciones. Sus denominaciones, competencias y formas de organización variaron durante el período. El decreto de 2016 sobre la organización de la Administración Pública Nacional sirve de referencia documental para la distribución de atribuciones y se complementa, donde se indica, con otras disposiciones y documentos. [15]
1. Defensa: Ministerio del Poder Popular para la Defensa. El ministerio formula la política de defensa y administra el personal militar, los recursos, las adquisiciones y las demás materias que le corresponden en el Ejecutivo. La ley de 2020 sobre las Fuerzas Armadas atribuye funciones administrativas al ministerio y funciones operacionales al Comando Estratégico Operacional. [9]
El 18 de marzo de 2026, Rodríguez nombró a Gustavo González López ministro de Defensa en sustitución de Vladimir Padrino López, que ocupaba la cartera desde 2014. [95]
2. Relaciones exteriores: Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores. Este ministerio ejerce la actividad diplomática, administra los servicios diplomáticos y consulares, participa en la negociación de tratados y representa al gobierno ante los organismos internacionales. Ejecuta la política exterior presidencial conforme a la Constitución, incluida la aprobación legislativa de los acuerdos internacionales cuando resulte preceptiva. [15][2]
3. Interior, justicia y paz: Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Sus competencias comprenden la seguridad interior, la política policial, el orden público, la protección civil y las materias administrativas conexas. El artículo 267 atribuye el gobierno y la administración judiciales al Tribunal Supremo; el ejercicio de la acción penal corresponde al Ministerio Público. [15][2]
4. Economía y finanzas: Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas, con sucesivas denominaciones. La cartera de finanzas elabora y administra la política fiscal, coordina las materias presupuestarias y de tesorería, gestiona el crédito público y supervisa las entidades que la ley le adscribe. El artículo 318 atribuye las funciones monetarias al Banco Central de Venezuela y reconoce su autonomía en la formulación y el ejercicio de las políticas de su competencia. [15][2]
5. Planificación: Ministerio del Poder Popular de Planificación, anteriormente vinculado a la denominación Planificación y Desarrollo. Esta cartera coordina la planificación del desarrollo nacional, las prioridades de inversión pública, la planificación institucional y los trabajos estadísticos correspondientes. [15]
6. Educación: Ministerio del Poder Popular para la Educación. Este ministerio dirige la política de educación inicial, primaria y secundaria y las modalidades educativas que le están atribuidas. La educación universitaria también ha contado con una cartera propia. Un comunicado ministerial de enero de 2024 recoge la coordinación entre los ministerios de Educación y de Educación Universitaria. [16]
7. Salud: Ministerio del Poder Popular para la Salud. La cartera de salud dirige la política sanitaria, la vigilancia epidemiológica, la prevención de enfermedades y la coordinación de los servicios e instituciones adscritos a ella. [15] El informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de 2019 documentó la escasez de medicamentos, el deterioro de las instalaciones y los obstáculos para acceder a la atención sanitaria. [17]
8. Alimentación: Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. Este ministerio coordina las políticas de abastecimiento y distribución de alimentos y las entidades públicas encargadas de esas funciones. El ordenamiento administrativo distribuye las atribuciones conexas entre los organismos competentes en agricultura, comercio, importaciones, nutrición y asistencia social. [15]
9. Ciencia y tecnología: Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, cuya organización ha variado. Esta cartera promueve la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación y la cooperación entre las instituciones públicas y la comunidad científica. En la organización administrativa de 2016, la educación universitaria, la ciencia y la tecnología se reunían en un solo ministerio. [15]
10. Comercio: carteras de comercio interior y exterior. La política comercial se ha distribuido entre las carteras competentes en industria y comercio interior, comercio exterior e inversión internacional. El decreto de 2016 identifica por separado el Ministerio del Poder Popular para la Industria y Comercio y el Ministerio del Poder Popular para el Comercio Exterior e Inversión Internacional. [15]
11. Hábitat y vivienda: Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda. La cartera de vivienda formula políticas de construcción residencial, financiación de viviendas y mejora de las condiciones del hábitat, con atribuciones en materia de desarrollo urbano y servicios residenciales. [15]
12. Energía eléctrica: Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica. Este ministerio dirige la política y la planificación del sector eléctrico y supervisa las entidades que le están adscritas. La generación, la transmisión, la distribución y el mantenimiento corresponden a las entidades operadoras. [15]
13. Petróleo: Ministerio del Poder Popular de Petróleo, con sucesivas denominaciones. Esta cartera formula la política de hidrocarburos, regula las actividades de su competencia y vela por los intereses del Estado en el sector. Petróleos de Venezuela, S.A. [PDVSA] y otras empresas realizan las operaciones de producción, refino y comercialización. [15]
La Ley Orgánica de Hidrocarburos se reformó el 29 de enero de 2026. La reforma incorporó disposiciones sobre los contratos para el desarrollo de actividades primarias y modificó el régimen de operaciones, las disposiciones fiscales y las atribuciones ministeriales. [96] El 17 de octubre, Rodríguez anunció que esperaba inversiones petroleras de cerca de 76.000 millones de dólares estadounidenses durante cinco años y aludió a nuevos acuerdos, entre ellos los de cooperación con los Estados Unidos. La cifra correspondía a una previsión gubernamental. [97]
14. Agricultura y tierras: Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras. Esta cartera coordina el desarrollo agrícola, la capacidad productiva, la política rural y las materias relativas a la tierra que le atribuye la ley. La organización administrativa de 2016 encomendaba la pesca, la agricultura urbana y la distribución de alimentos a carteras ministeriales diferenciadas. [15]
15. Transporte: Ministerio del Poder Popular para el Transporte, con diversas formas de agrupación con obras públicas. Las competencias en materia de transporte comprenden las infraestructuras, los servicios, la regulación y la supervisión de los organismos y empresas públicas del sector. El decreto de 2016 atribuía las competencias de transporte terrestre, acuático y aéreo al Ministerio del Poder Popular para Transporte y Obras Públicas. [15]
16. Mujer e igualdad de género: Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género[creado en 2009]. Este ministerio coordina las políticas relativas a los derechos de las mujeres, la participación en condiciones de igualdad y la prevención de la discriminación y la violencia por razón de género. Su creación estuvo precedida por otras formas de organización institucional dedicadas a los asuntos de la mujer. [18][15]
17. Comunicación e información: Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información. Esta cartera coordina la comunicación del Ejecutivo y las funciones relativas a los medios públicos que le están atribuidas. [15] El informe de Human Rights Watch sobre los acontecimientos de 2023 documentó restricciones a los medios independientes y el hostigamiento de periodistas. [19]
18. Cultura: Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Este ministerio formula la política cultural, apoya la actividad artística y supervisa las instituciones dedicadas al patrimonio, los museos, la edición y las demás funciones culturales de su competencia. La Constitución reconoce la libertad y la diversidad culturales y los derechos de los creadores y las comunidades. [15][2]
A-3). Fuerzas Armadas
La organización y las funciones de las Fuerzas Armadas se regulan en las disposiciones constitucionales sobre defensa y seguridad nacionales y en la legislación militar posterior. Las entradas que siguen distinguen los ordenamientos constitucionales de 1961 y 1999 y las modificaciones legislativas ulteriores. [1][2]
A-3.1). Fuerzas Armadas Nacionales [1961–1999]
En el ordenamiento constitucional de 1961, las Fuerzas Armadas comprendían el Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, creada en 1937, ya formaba parte de la institución militar antes de la Constitución de 1999. La Ley Orgánica de 1995 identificaba expresamente estos cuatro componentes. [1][20]
El artículo 132 de la Constitución de 1961 definía las Fuerzas Armadas como una institución apolítica, obediente y no deliberante al servicio de la República. Entre sus funciones figuraban la defensa nacional, la estabilidad constitucional y la protección del orden democrático. [1]
A-3.2). Fuerza Armada Nacionaly Fuerza Armada Nacional Bolivariana [1999–2026]
El artículo 328 de la Constitución de 1999 describe la Fuerza Armada Nacional como una institución profesional, sin militancia política, organizada para defender la soberanía y la integridad territorial. También le atribuye participación en el mantenimiento del orden interno y en el desarrollo nacional conforme a la Constitución. Los cuatro componentes que nombra el texto constitucional son el Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional. El artículo 330 permite votar a los militares en servicio activo, pero les prohíbe la actividad política partidista y la postulación a cargos de elección popular mientras permanezcan en servicio activo. [2]
La denominación Fuerza Armada Nacional Bolivariana [FANB] se incorporó mediante la legislación orgánica de 2008. [21]
La Asamblea Nacional Constituyente dictó la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicada en la Gaceta Oficial n.º 6.508 Extraordinario, de 30 de enero de 2020. Su preámbulo invocaba los artículos 347–349 de la Constitución. Los artículos 22 y 59 califican a la Milicia Bolivariana como componente especial. La denominación ley constitucional corresponde a la forma legislativa empleada por aquella Asamblea Constituyente, cuya controvertida convocatoria se trata en A-2.4. [9]
En su estudio de 2023 publicado por la Fundación Carolina, Francine Jácome documentó la participación de militares en cargos ministeriales, empresas públicas, la administración territorial y actividades económicas. La autora examinó estas funciones como manifestaciones de la militarización del gobierno y de la sociedad. [22]
Fuerzas estadounidenses llevaron a cabo la captura de Maduro en enero de 2026. La posterior asunción de la Presidencia por Delcy Rodríguez en calidad de encargada y el cambio de ministro de Defensa de marzo se recogen en A-2.1 y A-2.9. [86][95]
A-4). Organismos de inteligencia y de seguridad del Estado
Las instituciones que se enumeran a continuación desempeñan funciones de inteligencia, contrainteligencia militar, investigación penal y mantenimiento del orden público. Su adscripción y sus atribuciones se describen por separado en las entradas correspondientes.
Las conclusiones de 2022 de la misión de determinación de los hechos de las Naciones Unidas documentaron el empleo de los servicios de inteligencia en la represión de opositores al gobierno, reales o presuntos, mediante prácticas que incluían la detención arbitraria y la tortura. La misión examinó las estructuras institucionales, las prácticas operativas y las cadenas de responsabilidad. [23]
A-4.1). Organismos de inteligencia y contrainteligencia
1. Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención [DISIP, 1969–2010]. Habitualmente asociada con la denominación posterior Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención, la DISIP fue el principal organismo civil de inteligencia y seguridad política. Su trayectoria institucional abarcó tanto el período anterior a 1999 como el bolivariano. Una reorganización iniciada en 2009 culminó con el cambio formal de denominación a SEBIN mediante el Decreto n.º 7.453, de 1 de junio de 2010. [24][25]
2. Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional [SEBIN, 2010–2026]. El SEBIN es el principal servicio civil de inteligencia y ejerce funciones de inteligencia y contrainteligencia en las materias de su competencia. Su adscripción administrativa ha variado. Forma parte de la estructura de seguridad del Ejecutivo. [25]
La misión de determinación de los hechos de las Naciones Unidas documentó detenciones arbitrarias, torturas y otras violaciones cometidas por el SEBIN contra personas consideradas opositoras. Sus conclusiones de 2022 vincularon estas prácticas con un plan estatal de represión política y señalaron fundamentos para atribuir responsabilidades que alcanzaban a altos funcionarios. [23]
En septiembre de 2026, Acceso a la Justicia informó de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había ordenado el cierre de El Helicoide mediante una sentencia de abril, notificada a Venezuela el 10 de junio. La organización señaló que la información pública era insuficiente para comprobar su cumplimiento. Examinó por separado los traslados de presos recogidos en la prensa y la ejecución de las reparaciones ordenadas en la sentencia. [98]
3. Dirección General de Contrainteligencia Militar [DGCIM; denominación vigente desde 2011]. La DGCIM procede de estructuras anteriores de inteligencia militar, entre ellas la Dirección de Inteligencia Militar [DIM]. Sus competencias de contrainteligencia se refieren a las amenazas contra la seguridad militar. [25]
En marzo de 2026, Germán Gómez Lárez fue nombrado al frente de la DGCIM tras el paso de González López al Ministerio de Defensa. [95]
La misión de determinación de los hechos describió detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual y otros abusos graves vinculados con instalaciones y miembros de la DGCIM, incluidas operaciones contra militares y civiles considerados opositores. [25]
A-4.2). Organismos de seguridad del Estado
La Guardia Nacional es un componente militar; el CICPC, un órgano de investigación policial; la Policía Nacional, una institución policial civil; y las FAES fueron una unidad especializada de la Policía Nacional. Las policías estadales y municipales integran también el sistema policial. [9][26]
4. Guardia Nacional y Guardia Nacional Bolivariana [1937–2026]. Creada durante la presidencia de Eleazar López Contreras, la Guardia Nacional combina su carácter militar con funciones de orden interno, control fronterizo y apoyo al cumplimiento de la ley. El artículo 329 de la Constitución de 1999 le atribuye la responsabilidad básica de las operaciones necesarias para mantener el orden interno. [27][2]
El informe de 2018 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó el uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y malos tratos en los que intervinieron la Guardia Nacional y otros cuerpos de seguridad durante las manifestaciones. [28]
5. Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas [CICPC, 2001–2026]. El CICPC sucedió al Cuerpo Técnico de Policía Judicial, conocido habitualmente como Policía Técnica Judicial [PTJ], cuyos orígenes se remontan a 1958. Sus competencias incluyen la investigación penal, los exámenes forenses y la obtención técnica de pruebas. En los procesos penales, la investigación se realiza bajo la dirección del Ministerio Público y con sujeción a las garantías procesales. [29][2]
6. Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana [PNB; en funcionamiento desde 2009]. La Policía Nacional surgió de las reformas policiales y de la legislación orgánica aprobadas durante el gobierno de Chávez. Ejerce funciones policiales de alcance nacional, entre ellas la prevención del delito, el mantenimiento del orden público y las atribuciones que se le encomiendan en determinados ámbitos y servicios. Forma parte de la estructura de seguridad interior del Ejecutivo. [26]
La ley del servicio de policía establece la política nacional y las funciones de coordinación y supervisión de un sistema que comprende policías nacionales, estadales y municipales, cada una con competencias propias. [26]
7. Fuerzas de Acciones Especiales [FAES; creación fechada en 2016 o 2017 según la fuente]. Las FAES fueron una unidad especializada de la PNB vinculada a operaciones contra la delincuencia. La información publicada por Human Rights Watch en septiembre de 2019 sitúa su creación en 2017. Un reportaje de TalCual de junio de 2019, reproducido por PROVEA, la fecha en abril de 2016. [30][31]
Human Rights Watch y la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentaron muertes durante presuntos enfrentamientos, detenciones arbitrarias y otros abusos en los que intervinieron las FAES, especialmente en comunidades de bajos ingresos. El informe de la Alta Comisionada de 2019 pidió su disolución y la investigación de sus integrantes. [30][17]
El Informe Mundial 2024 de Human Rights Watch señala que las FAES fueron disueltas en 2022 y sustituidas por la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas [DAET]. Con referencia a la misión de determinación de los hechos de las Naciones Unidas, el informe recoge la similitud de funciones y métodos y la designación, para puestos clave de la DAET, de antiguos miembros de las FAES implicados en abusos. [19]
A-4.3). Detenciones posteriores a las elecciones, amnistía y procesos judiciales [2024–2026]
El informe de septiembre de 2024 de la misión de determinación de los hechos de las Naciones Unidas recogió veinticinco muertes en la represión posterior a las elecciones presidenciales, así como detenciones arbitrarias y violaciones de derechos de manifestantes y personas consideradas opositoras. [92]
En marzo de 2025, la misión de determinación de los hechos de las Naciones Unidas informó de que persistían formas graves de represión y crímenes de lesa humanidad. En su evaluación de septiembre destacó la ausencia de una rendición de cuentas efectiva en el ámbito nacional y la necesidad de una actuación internacional en favor de las víctimas. [99][100]
La Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática entró en vigor el 19 de febrero de 2026. Comprende delitos vinculados con determinados hechos dentro de un período que comienza el 1 de enero de 1999, con sujeción a los requisitos y las exclusiones que establece. Su aplicación exige seguir los procedimientos previstos en la ley. [101]
En septiembre de 2026, la misión de determinación de los hechos de las Naciones Unidas informó de que el aparato represivo del Estado permanecía intacto pese a los limitados cambios políticos. [102] La información de Reuters sobre esas conclusiones recogió una disminución de las detenciones por motivos políticos, junto con la persistencia de abusos, incluidas torturas, y la permanencia de cientos de personas detenidas. La misión calificó los cambios de limitados y reversibles. [103]
La Resolución n.º 2026-0010 del Tribunal Supremo, de 13 de octubre de 2026, reorganizó la tramitación de las causas por terrorismo: suprimió la competencia de alcance nacional de los juzgados especiales especificados en ella y redistribuyó las causas dentro de la jurisdicción penal, con excepciones transitorias. La resolución regula la competencia y el reparto de las causas; las disposiciones penales sustantivas constituyen una materia distinta. [104]
El 8 de octubre de 2026, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció un nuevo escrito de acusación, que reemplazaba al anterior, contra Maduro y Flores por conspiración para cometer torturas, además de delitos relacionados con narcóticos y armas. La acusación sostenía que se habían utilizado instituciones del Estado para maltratar a detenidos. [105] Ambos acusados se declararon no culpables el 15 de octubre. El juicio quedó señalado para el 14 de junio de 2027; las acusaciones seguían pendientes de resolución judicial en la fecha de cierre de este borrador. [106]
B). Evolución de los partidos y movimientos políticos [1830–2026]
Este apartado recoge una selección de facciones del siglo XIX, partidos modernos, movimientos revolucionarios, organizaciones electorales y coaliciones. Las fechas indican los orígenes documentados o los períodos de actividad; cuando el movimiento precedió a su inscripción como partido, se hace constar esa circunstancia.
Cuando una intervención judicial ha alterado el control de las denominaciones registradas y los símbolos electorales de un partido, las entradas distinguen dicho control de la dirigencia y la militancia históricas de la organización.
B-1). Primeras tradiciones políticas y movimientos personalistas [1830–1935]
1. Conservadores [principalmente entre las décadas de 1830 y 1850]. La corriente conservadora se formó en torno al orden político vinculado con José Antonio Páez y sus apoyos entre comerciantes, propietarios de tierras y funcionarios de la administración. Favorecía la estabilidad política y la autoridad establecida. Se trataba de una agrupación histórica de afinidades e intereses, no de un partido moderno con inscripción continuada. [32]
2. Partido Liberal y Gran Partido Liberal [desde 1840]. Vinculada inicialmente con Antonio Leocadio Guzmán, Tomás Lander y el periódico El Venezolano, la organización liberal se opuso a los grupos que ejercían el poder. El federalismo y la ampliación de la participación política adquirieron importancia en la evolución de sus propuestas. [32]
3. Guzmancismo y Liberalismo Amarillo [principalmente desde 1870]. El guzmancismo designa a los seguidores políticos de Antonio Guzmán Blanco dentro del liberalismo venezolano del siglo XIX. [32]
4. Crespismo [especialmente en la década de 1890]. Los partidarios de Joaquín Crespo actuaban dentro de la tradición liberal mediante vínculos de lealtad personal y patronazgo político. [32]
5. Gomecismo [1908–1935]. Juan Vicente Gómez mantuvo el poder mediante la autoridad militar, las relaciones regionales, el control administrativo y la represión. El término gomecismo designa al régimen y sus redes de lealtad, más que a un partido que compitiera en elecciones. La actividad opositora comprendió organizaciones en el exilio, movilizaciones estudiantiles y agrupaciones políticas clandestinas. [33]
Tras la muerte de Gómez, el gobierno de Eleazar López Contreras afrontó la oposición de nuevas organizaciones políticas, agrupaciones estudiantiles y activistas sindicales. Durante este período se constituyeron ORVE y el PDN. [34][35]
B-2). Formación de los partidos modernos y transiciones democráticas [1926–1958]
6. Partido Revolucionario Venezolano [PRV; fundado en el exilio en 1926]. Esta organización reunió a opositores de la dictadura de Gómez en un ámbito de incipiente organización revolucionaria y socialista. [36]
7. Partido Comunista de Venezuela [PCV; fundado en 1931]. El PCV se desarrolló como una organización marxista-leninista vinculada con la movilización obrera y la transformación socialista. Su trayectoria comprendió la clandestinidad, la legalización, la represión y el recurso tanto a estrategias electorales como revolucionarias. Quedó excluido del Pacto de Puntofijo de 1958. [37][38]
La dirigencia histórica del PCV apoyó a Chávez y, posteriormente, adoptó una posición crítica frente a Maduro; en 2020 participó en la formación de la APR. En 2023, el Tribunal Supremo designó otra directiva. [39][19]
8. Organización Venezolana [ORVE, 1936]. ORVE actuó durante la apertura política posterior a Gómez. Entre sus integrantes figuraban personas que más tarde participaron en el PDN y en Acción Democrática. [34]
9. Partido Republicano Progresista [PRP, 1936]. El PRP surgió durante la apertura posterior a la dictadura y ofreció un cauce legal de actuación política a militantes marxistas y comunistas. Sus antecedentes inmediatos se encontraban en la organización de la izquierda y en la oposición a la dictadura. [40]
10. Partido Democrático Nacional [PDN, 1936–1941]. El PDN surgió de los esfuerzos por coordinar la oposición democrática y prosiguió su actividad clandestinamente tras negársele el reconocimiento oficial. Fue un antecedente organizativo directo de Acción Democrática. Su labor contribuyó a la formación de una estructura partidista nacional a finales de la década de 1930. [35][41]
11. Acción Democrática [AD; fundada en 1941]. AD se constituyó como un partido de masas de orientación socialdemócrata, con bases obreras y campesinas y un programa de inclusión política y desarrollo nacional. Participó junto con oficiales militares en el derrocamiento de Medina Angarita en octubre de 1945. Después de 1958 participó en el gobierno nacional. [41][42]
En junio de 2020, el Tribunal Supremo suspendió a la dirigencia de AD y nombró una junta directiva ad hoc. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recogió esta intervención en su informe anual. [43]
12. Partido Democrático Venezolano [PDV, 1943–1945]. El PDV se organizó para respaldar al presidente Isaías Medina Angarita. Perteneció a un período de liberalización política en el que se ampliaron la actividad partidista y el debate público, mientras la elección presidencial seguía siendo indirecta y el sufragio, restringido. Su actividad concluyó tras el derrocamiento cívico-militar de octubre de 1945. [44]
13. Unión Republicana Democrática [URD; fundada en 1945]. URD se desarrolló como una organización nacionalista y democrática estrechamente vinculada con Jóvito Villalba. Se opuso al gobierno militar y fue uno de los tres partidos signatarios del Pacto de Puntofijo. [42][38]
14. Comité de Organización Política Electoral Independiente [COPEI; fundado en 1946]. Conocido habitualmente como Partido Socialcristiano, COPEI se desarrolló bajo la dirección de Rafael Caldera y otros dirigentes demócrata-cristianos. Combinó la orientación socialcristiana con la organización electoral y la participación en las instituciones representativas. Participó en el gobierno nacional después de 1958. El informe de la misión de observación electoral de la Unión Europea de 2021 recoge la intervención judicial que afectó a su dirigencia. [45][6]
La sucesión de los procesos democráticos. Al derrocamiento cívico-militar de Medina Angarita, el 18 de octubre de 1945, siguió una ampliación de la participación electoral. Rómulo Betancourt presidió la junta revolucionaria provisional. Rómulo Gallegos ganó las elecciones de diciembre de 1947, fue el primer presidente de Venezuela elegido por sufragio universal, directo y secreto y asumió el cargo en febrero de 1948. Un golpe militar lo depuso en noviembre de 1948. El período de gobierno militar que siguió concluyó en enero de 1958. [42][46]
Mediante el Pacto de Puntofijo de octubre de 1958, AD, COPEI y URD se comprometieron a defender el orden electoral y constitucional y a cooperar en torno a un programa mínimo común. Betancourt ganó las elecciones presidenciales de diciembre de 1958. [38][34]
B-3). Formación y reorganización de partidos [1960–1998]
15. Movimiento de Izquierda Revolucionaria [MIR; fundado en 1960]. El MIR surgió de una escisión de AD y se vinculó con la izquierda revolucionaria y la insurgencia armada. Las posteriores discrepancias estratégicas produjeron nuevas divisiones, mientras que sectores importantes regresaron más tarde a la actividad política legal. [47]
16. Cruzada Cívica Nacionalista [CCN; organizada en la década de 1960]. Esta organización representaba una corriente política vinculada con el exdictador Marcos Pérez Jiménez y su Nuevo Ideal Nacional. [48]
17. Movimiento Electoral del Pueblo[MEP; fundado en 1967]. El MEP surgió de una escisión de AD encabezada por Luis Beltrán Prieto Figueroa y otros dirigentes. Adoptó una orientación nacionalista de izquierda y participó posteriormente en diversas alianzas electorales, entre ellas la coalición de gobierno bolivariana. [49]
18. Bandera Roja [BR; fundada en 1970]. Bandera Roja tuvo su origen en una escisión de la izquierda revolucionaria y, en sus comienzos, recurrió a la lucha armada. Posteriormente desarrolló una actividad política legal y pasó a oponerse a los gobiernos de Chávez y Maduro. [50]
19. Movimiento al Socialismo [MAS; fundado en 1971]. El MAS surgió de una escisión del PCV. Participó en elecciones y coaliciones políticas y, posteriormente, sufrió divisiones en torno al apoyo a Chávez. [51][52]
20. La Causa R [LCR; fundada en 1971]. Vinculada con Alfredo Maneiro, La Causa R se desarrolló mediante la organización obrera y comunitaria, especialmente en la Guayana industrial. Concurrió a las elecciones de comienzos de la década de 1990. De una escisión de La Causa R surgió PPT en 1997. [53]
21. Liga Socialista [LS, 1973–2007]. La Liga Socialista pertenecía a la izquierda revolucionaria y participó en tareas de organización política y sindical. Posteriormente apoyó a Chávez y se incorporó al proceso de integración en el PSUV en 2007. [54]
22. Organización Renovadora Auténtica[ORA; fundada en 1987]. ORA surgió con una identidad cristiana evangélica y participó en la actividad electoral. [55][56]
23. Convergencia [fundada en 1993]. Convergencia se organizó en torno a la candidatura presidencial de Rafael Caldera tras su separación de COPEI. Formó parte de la coalición más amplia que respaldó su victoria de 1993, conocida habitualmente como el chiripero. [57][58]
24. Patria Para Todos [PPT; fundado en 1997]. PPT surgió de una escisión de La Causa R y participó posteriormente en la coalición bolivariana. Una intervención judicial en 2020 desplazó a su dirigencia y alteró el control de la denominación y los símbolos electorales del partido. Su tarjeta electoral continuó utilizándose en 2024. [53][59][56]
25. Movimiento V República [MVR, 1997–2007]. El MVR respaldó la candidatura presidencial con la que Hugo Chávez ganó las elecciones de 1998. Surgió de la trayectoria política vinculada con el anterior Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 [MBR-200]. El MVR se integró en el PSUV en 2007. [60][61]
26. Proyecto Venezuela [fundado en 1998]. Proyecto Venezuela se formó en torno al proyecto político nacional de Henrique Salas Römer, a partir de su anterior base regional en Carabobo. Respaldó su candidatura presidencial frente a Chávez en 1998 y participó posteriormente en la oposición. Su fundación como organización nacional se distingue de la anterior organización regional Proyecto Carabobo. [62]
B-4). Partidos y movimientos políticos del período bolivariano [1999–2026]
27. Un Nuevo Tiempo [UNT; orígenes regionales en 1999 y organización nacional desde 2006]. UNT se desarrolló a partir de una base política zuliana vinculada con Manuel Rosales. Su expansión nacional acompañó la candidatura presidencial de este en 2006. Posteriormente participó en alianzas de oposición. [63]
28. Primero Justicia [PJ; origen como asociación civil en 1992 y organización como partido desde 2000]. Primero Justicia comenzó como una asociación civil dedicada a la reforma jurídica e institucional y se convirtió después en un partido de oposición. [64]
En junio de 2020, el Tribunal Supremo designó una directiva ad hoc presidida por José Brito; posteriormente suspendió la medida. El 22 de abril de 2024, mediante la sentencia n.º 207 de la Sala Constitucional, una junta ad hocencabezada por Brito volvió a recibir el control de la tarjeta y los símbolos electorales del partido. La dirigencia histórica rechazó la intervención. La tarjeta de PJ figuró en la boleta presidencial de 2024 en apoyo de Brito, mientras que la dirigencia histórica respaldó a Edmundo González Urrutia. [65][66]
29. Alianza Bravo Pueblo [ABP; fundada en 2000]. Vinculada con Antonio Ledezma y con una escisión de AD, ABP pasó a formar parte de la oposición al gobierno bolivariano. [67]
30. Por la Democracia Social [PODEMOS; fundado en 2002]. PODEMOS surgió de una escisión del MAS. Al principio apoyó a Chávez, pasó después a la oposición y, posteriormente, fue objeto de una intervención judicial que transfirió el control del partido a otra directiva. [68]
31. Movimiento Revolucionario Tupamaro [el movimiento precedió a su inscripción como partido en 2004]. La organización Tupamaro se desarrolló a partir del activismo revolucionario urbano y participó más tarde en las elecciones como partidaria del proceso bolivariano. Las discrepancias con el gobierno y la intervención judicial de 2020 dieron lugar a reclamaciones contrapuestas sobre la dirección y la identidad del partido. [69][70]
32. Unidad Popular Venezolana [UPV; fundada en 2004]. Vinculada con Lina Ron, UPV se constituyó como una organización de apoyo militante a Chávez y conservó una presencia electoral propia en posteriores alianzas de gobierno. Su tarjeta figuró en la boleta presidencial de 2024 dentro de la alianza que respaldaba a Maduro. [71][56]
33. Partido Socialista Unido de Venezuela [PSUV; formación iniciada en 2007]. Chávez promovió el PSUV como organización unitaria de las fuerzas que respaldaban su proyecto político. En su constitución se integraron el MVR y otras organizaciones o sectores, mientras que algunos aliados conservaron su identidad propia. El partido celebró su congreso fundacional en 2008. [61][72]
El PSUV encabezó la alianza electoral de gobierno que apoyó a Maduro en 2024 y ocupó la primera posición en la boleta presidencial. [66]
34. Voluntad Popular [VP; constituida como movimiento en 2009 y reconocida como partido en 2011]. Vinculada con Leopoldo López y otros promotores, Voluntad Popular se desarrolló en torno a la participación democrática, el cambio político y la oposición al gobierno. Sus dirigentes y militantes afrontaron procesos penales, detenciones y exilio. Una intervención judicial dio lugar, asimismo, a una disputa por el reconocimiento oficial de la dirección del partido. [73][6]
35. Movimiento Progresista de Venezuela, posteriormente Movimiento por Venezuela [MPV; fundado en 2012]. El MPV surgió de divisiones de la izquierda y participó en la coordinación de la oposición. [74]
36. Avanzada Progresista [AP; fundada en 2012]. Vinculada con Henri Falcón y otros dirigentes, AP se desarrolló como una organización de centroizquierda favorable a la participación electoral y a la negociación política. Sus estrategias difirieron en ocasiones de las de la principal coalición opositora, en particular respecto a la participación en elecciones cuyas condiciones eran objeto de controversia. [75]
37. Vente Venezuela [fundada en 2012]. Vinculada con María Corina Machado, Vente se desarrolló como un movimiento político liberal que defendía las libertades individuales, la iniciativa privada y el cambio democrático. Machado ganó las primarias de la oposición de 2023 y quedó excluida de la boleta presidencial de 2024. [76][13]
Machado recibió el Premio Nobel de la Paz de 2025 por su labor en defensa de los derechos democráticos y de una transición democrática pacífica en Venezuela. [107]
38. Movimiento Somos Venezuela[constituido como movimiento social en 2017 y transformado en partido en 2018]. Promovido por Maduro, Somos Venezuela se desarrolló en relación con la movilización en torno a los programas sociales y el sistema del Carnet de la Patria. En 2018 obtuvo reconocimiento electoral mediante la transformación de Nuevo Camino Revolucionario [NCR]. [77]
39. Cambiemos Movimiento Ciudadano[fundado en 2018]. Vinculado con Timoteo Zambrano, Cambiemos promovió la participación electoral y el diálogo. Se integró en el sector de la oposición que emprendió negociaciones y estrategias electorales fuera de la principal coalición unitaria. [78]
40. Encuentro Ciudadano [fundado en 2018]. Vinculado con Delsa Solórzano, Encuentro Ciudadano se desarrolló como una organización opositora centrada en la participación democrática y los derechos humanos. Participó en la coordinación de la oposición y en el proceso de primarias de 2023. [79]
41. Primero Venezuela [constituido en 2020]. Primero Venezuela fue creado por disidentes de Primero Justicia, entre ellos José Brito, y participó en las elecciones parlamentarias de 2020. [80] La información publicada por Acceso a la Justicia el 14 de mayo de 2024 recoge la candidatura presidencial de Brito por la tarjeta de Primero Venezuela y la incorporación de la tarjeta de PJ a su candidatura tras la intervención judicial. [65]
42. Fuerza Vecinal [fundada en 2021]. Fuerza Vecinal se constituyó en torno a dirigentes municipales, con atención a la administración local y a la participación electoral. [81]
B-5). Coaliciones electorales y plataformas de coordinación
43. Mesa de la Unidad Democrática[MUD; formada entre 2008 y 2009]. La MUD reunió a partidos de distintas ideologías para coordinar la oposición, presentar candidaturas comunes y concurrir a las elecciones. Contribuyó a organizar campañas electorales de alcance nacional, incluida la que condujo a la victoria parlamentaria de la oposición en 2015. [82][6]
44. Gran Polo Patriótico Simón Bolívar[GPPSB; constituido en 2011]. Esta alianza reunió al PSUV, a partidos aliados y a organizaciones sociales que respaldaban al gobierno bolivariano. [83][72]
45. Alternativa Popular Revolucionaria[APR; formada en 2020]. La APR reunió a organizaciones y sectores comunistas y de otras corrientes de la izquierda revolucionaria que mantenían una posición crítica frente al gobierno de Maduro. En 2020, el Tribunal Supremo nombró nuevas directivas para PPT y Tupamaro, cuyos dirigentes desplazados participaron en la coalición. [39][59][70]
46. Plataforma Unitaria Democrática[PUD; constituida públicamente en 2021, tras anteriores iniciativas de unidad]. La plataforma se desarrolló como instancia de coordinación de partidos opositores y sectores aliados. Participó en negociaciones, promovió las primarias opositoras de 2023 y respaldó a Edmundo González Urrutia en las elecciones presidenciales de 2024, tras la exclusión de Machado. [84][13]
B-6). Tarjetas electorales, continuidad de las organizaciones e intervención judicial
Además de las organizaciones descritas, otras figuraron en la boleta de 2024. La reproducción publicada por El Diario identifica a Partido Verde, Futuro Venezuela, Enamórate, Partido Arepa, CONDE, Unidad Visión Venezuela y Derecha Democrática. [66]
La misión de observación electoral de la Unión Europea de 2021 informó de intervenciones judiciales que afectaban a las directivas de los partidos y al control de sus nombres, símbolos y postulaciones electorales. Human Rights Watch recogió posteriormente la intervención del PCV en 2023; Acceso a la Justicia documentó la nueva intervención de Primero Justicia en 2024. [6][19][65]
B-7). Participación electoral y negociaciones políticas [2025–2026]
Las organizaciones opositoras siguieron estrategias distintas en las elecciones legislativas de 2025. La PUD llamó a la abstención, mientras que Henrique Capriles y otros dirigentes opositores participaron. La Unión Interparlamentaria recoge once escaños para la alianza UNT–Unión entre los resultados anunciados. [88]
El 6 de agosto de 2026, Reuters informó del inicio de negociaciones, respaldadas por los Estados Unidos, entre representantes del gobierno de la presidenta encargada y una delegación opositora. Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera encabezaban las respectivas delegaciones. Machado no participaba en ese proceso de negociación. [108]
En octubre, Machado pidió la celebración de elecciones a más tardar en julio de 2027. El plazo propuesto no constituía un calendario electoral oficial. [109] El anuncio presidencial de septiembre citado en A-2.7 no precisaba una fecha. [93]
Fuentes y notas documentales
Las notas identifican textos constitucionales y legislativos, informes de instituciones independientes, estudios históricos, información periodística contemporánea y testimonios de las propias organizaciones. Las publicaciones de los partidos se emplean para sus orígenes y fines declarados; las valoraciones sobre la actuación de las instituciones se atribuyen a los informes o estudios correspondientes. La fecha de cierre documental de este borrador es el 21 de octubre de 2026.
[1] Constitución de la República de Venezuela de 1961, especialmente las disposiciones relativas a los poderes nacionales, la Presidencia, el Congreso, el Poder Judicial y las Fuerzas Armadas. Edición documental del CIDEP. https://cidep.online/files/constituciones/1961.pdf Volver al texto ↑
[2] Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, especialmente los artículos 136, 186–187, 192, 225–236, 247–249, 253–279, 280–296, 318, 328–330 y 347–349. Texto disponible en el sitio de la Organización de los Estados Americanos. https://www.oas.org/dil/esp/constitucion_venezuela.pdf Volver al texto ↑
[7] Comisión de Venecia, dictamen CDL-AD(2017)024 sobre las cuestiones jurídicas suscitadas por el proceso constituyente venezolano de 2017, especialmente el párrafo 27. Ficha oficial del dictamen y reproducción en el repertorio de derecho electoral. https://www.coe.int/en/web/venice-commission/-/cdl-ad-2017-024-e Volver al texto ↑
[9] Asamblea Nacional Constituyente, Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Gaceta Oficial n.º 6.508 Extraordinario, de 30 de enero de 2020. El preámbulo invoca los artículos 347–349; los artículos 22 y 59 califican a la Milicia Bolivariana como componente especial. Reproducción de la Gaceta disponible en el sitio de Control Ciudadano. https://www.controlciudadano.org/web/wp-content/uploads/LOFANB-2020-GO-6.508-ExT-30.01.2020.pdf Volver al texto ↑
[18] Comisión Económica para América Latina y el Caribe, plataforma del Consenso de Montevideo: ficha sobre el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género de Venezuela y su creación en 2009. https://consensomontevideo.cepal.org/es/node/1244 Volver al texto ↑
[37] Wikipedia, entrada histórica sobre el Partido Comunista de Venezuela. Fuente para la fecha de fundación y la orientación de la organización; las disputas contemporáneas por su dirección se examinan por separado mediante fuentes independientes. https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Comunista_de_Venezuela Volver al texto ↑
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Schedler, A.: The Politics of Uncertainty: Sustaining and Subverting Electoral Authoritarianism. Oxford: Oxford University Press, 2013.
Sen, Amartya: Development as Freedom. New York: Knopf, 1999.
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Zakaria, Fareed: The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad. New York: W.W. Norton & Company, 2003.
Zúquete, José P.: The Palgrave Handbook of Left Wing Extremism, Volume 2. London: Palgrave McMillan, 2023.
“Alegoría Geométrica”, pintura digital 2023 de Ricardo Morín (artista visual estadounidense nacido en Venezuela–1954)
Nota del Autor
Esta entrega continúa el examen diagnóstico de la condición política venezolana y se centra en las consecuencias éticas e institucionales que emergen cuando la autoridad, la gobernanza y la rendición de cuentas dejan de permanecer alineadas. Más que proponer prescripciones, examina cómo la degradación de los derechos humanos, la normalización de la violencia y la difusión de la responsabilidad operan como condiciones sistémicas dentro de un contexto autoritario prolongado. La indagación permanece situada dentro de un patrón histórico más amplio, atenta a las estructuras más que a los acontecimientos y a las consecuencias más que a las intenciones. Los casos documentados son tratados como instancias en las que las afirmaciones del marco analítico pueden volverse verificables, y el análisis evita extenderse más allá de aquello que la evidencia permite sostener.
Ricardo F. Morín
13 de enero de 2026
Oakland Park, Florida
Capítulo XVII
El Cuarto Asunto
Sobre los Derechos Humanos
1
La historia política moderna de Venezuela ha estado marcada por un escepticismo recurrente hacia las instituciones colectivas y por una sustitución persistente de la autoridad personal por marcos cívicos compartidos. Con el tiempo, la ciudadanía ha dejado de esperar que la libertad pueda ejercerse dentro de la vida cotidiana más que invocarse únicamente dentro del lenguaje público. En tales contextos, los derechos humanos no desaparecen retóricamente; pierden su fuerza operativa. Su ausencia se vuelve visible no en declaraciones formales, sino en la capacidad disminuida de las personas para actuar sin miedo, participar sin coerción y sostener la dignidad sin dependencia.
2
Una sociedad puede conservar riqueza, instituciones y declaraciones formales mientras las personas pierden la capacidad práctica de desplazarse, hablar, trabajar, disentir o planificar sin miedo. En esa condición, los derechos humanos dejan de operar como aspiraciones formuladas dentro del lenguaje público; se convierten en umbrales que determinan si la vida social y política puede seguir siendo posible. Allí donde esos umbrales se preservan, las personas conservan agencia dentro de la vida pública. Allí donde son suspendidos, la posibilidad social se contrae independientemente de los recursos disponibles.
3
El aislamiento, ya sea político, ideológico o institucional, acelera esta contracción. Cuando los gobiernos o los grupos sociales se retraen de la rendición de cuentas, la corrupción deja de ser una anomalía y se convierte en un mecanismo de gobierno. En Venezuela, donde el Estado se ha retraído progresivamente de las normas democráticas y de la supervisión internacional, la ciudadanía actúa cada vez más como si los procedimientos institucionales ya no fueran capaces de protegerla, mientras las decisiones arbitrarias de los funcionarios han dejado de provocar corrección o incluso sorpresa. Desde una perspectiva diagnóstica, la responsabilidad primaria del Estado no es el liderazgo moral, sino la preservación de las condiciones cívicas bajo las cuales las personas pueden ejercer elecciones consecuentes. Enfoques como el marco de las capacidades articulan esta responsabilidad no como caridad, sino como una obligación institucional de preservar las precondiciones materiales y políticas de la dignidad. [1]
4
Las personas no pueden ejercer la libertad de manera significativa allí donde la vida cotidiana permanece modelada simultáneamente por el miedo y la precariedad material: condiciones cuya operación prolongada en Venezuela ha desplazado aproximadamente a 6,9 millones de ciudadanos más allá de las fronteras del país. [3] La protección frente a la violencia arbitraria y el acceso a las condiciones básicas necesarias para la supervivencia operan, por tanto, de manera inseparable dentro de la vida cívica. El conflicto político no constituye en sí mismo evidencia de fracaso social; las sociedades pluralistas generan inevitablemente desacuerdo, competencia y tensión. La distinción decisiva emerge en la forma en que las instituciones regulan esos conflictos. Los tribunales dejan de fallar contra el ejecutivo; los ciudadanos que cumplen la ley ya no quedan protegidos frente a la detención; y los agentes del Estado actúan sabiendo que la revisión interna no tendrá lugar. Los derechos enumerados en la Constitución de 1999 se vuelven así inaccesibles en la práctica para quienes intentan invocarlos. El texto constitucional permanece presente dentro del lenguaje oficial incluso mientras sus protecciones se vuelven progresivamente ausentes de la realidad cívica vivida. [2]
Endnotes — Capítulo XVII
§ 3
[1] Nussbaum, Martha C., Women and Human Development: The Capabilities Approach (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), 4–14, 71–72, 114–123.
§ 4
[2] Rawls, John, A Theory of Justice (Cambridge: Harvard University Press, 1971), 111, 337–338, 511, 515, 545.
[3] Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), Refugees and Migrants from Venezuela, https://www.r4v.info/es/refugiadosymigrantes. Hasta mediados de 2025, R4V reporta aproximadamente 6,9 millones de venezolanos desplazados a través de los diecisiete países incluidos dentro de la respuesta regional. Consultado en enero de 2026.
Capítulo XVIII
El Quinto Asunto
Sobre la Naturaleza de la Violencia
1
La violencia modela una sociedad no solo a través del daño infligido sobre quienes la padecen, sino también mediante aquello que sigue o deja de seguirle: si los responsables son identificados; si la evidencia es preservada y los procesos judiciales avanzan; y si las instituciones encargadas de esas tareas permanecen ellas mismas sujetas a revisión. Su regulación depende de dos estructuras interdependientes: el contrato social y la gobernanza. El contrato social establece las condiciones bajo las cuales las personas renuncian a ciertas libertades a cambio de protección y justicia. La gobernanza operacionaliza ese contrato al traducir la autoridad en una acción previsible y limitada. Cuando la gobernanza fracasa, ya sea por incapacidad, corrupción o distorsión deliberada, la violencia deja de ser excepcional y se vuelve sistémica.
2
La distinción entre fuerza legítima y violencia ilegítima no es meramente retórica. La tradición jurídico-procedimental fundamenta esa distinción en la ley, la proporcionalidad y la rendición de cuentas institucional: la fuerza ejercida dentro de tales límites difiere en naturaleza de aquella ejercida fuera de ellos. La tradición crítica, aun cuando atiende con mayor énfasis a las condiciones históricas y políticas bajo las cuales se constituye la legitimidad, distingue igualmente entre el poder que preserva la capacidad de acción colectiva y la violencia que la destruye. Ambas tradiciones, pese a sus diferencias, convergen en un mismo punto diagnóstico: la fuerza separada de la restricción ética y de la supervisión institucional deja de operar como autoridad legítima. Las revoluciones históricas demuestran que cuando la gobernanza colapsa por completo, la violencia puede surgir como sustituto más que como solución. Tales sustituciones rara vez restablecen el orden; por el contrario, consolidan la inestabilidad, fragmentan la autoridad en centros no responsables y prolongan la recuperación social durante generaciones.
3
En la Venezuela contemporánea, la violencia se ha convertido en un instrumento de preservación política más que de protección pública. El patrón se encuentra documentado más que inferido. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas ha informado, a través de hallazgos sucesivos desde 2020, que fuerzas de seguridad del Estado y servicios de inteligencia participaron en ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y violencia sexual contra opositores percibidos, y que esos actos respondían a cadenas de mando identificables más que a desviaciones individuales. Durante las protestas de 2017 se registraron más de cien muertes a lo largo de cuatro meses, junto con el uso de tribunales militares contra civiles. La represión postelectoral de 2024 produjo más de dos mil detenciones en pocas semanas, incluidos menores de edad, bajo un dispositivo que el gobierno denominó «Operación Tun Tun». Casos emblemáticos anteriores, Leopoldo López encarcelado en 2014, Antonio Ledezma detenido en 2015 y Manuel Rosales arrestado ese mismo año, anticiparon un patrón en el cual las instituciones judiciales, incluido el Tribunal Supremo de Justicia, funcionaron no como salvaguardas, sino como mecanismos que legitimaron la represión mediante la forma legal. [1] [2][3]
4
Los relatos oficiales presentan tales acciones como defensas de la seguridad nacional. Sin embargo, cuando los servicios de inteligencia vigilan a figuras opositoras más que a amenazas externas, cuando la Guardia Nacional es desplegada contra protestas vecinales más que frente a incursiones exteriores, y cuando la detención sin cargos se convierte en un instrumento aplicado a ciudadanos más que a combatientes, el ciudadano que se aproxima a un funcionario uniformado o a un tribunal deja de esperar protección frente al daño y comienza a calcular la probabilidad de convertirse en su próximo objeto. La ciudadanía deja de experimentar las instituciones como salvaguardas que operan bajo la ley, y pasa a percibirlas como estructuras a través de las cuales se administran la incertidumbre y la exposición. En esa condición, la legitimidad se debilita incluso cuando la autoridad permanece intacta: la gobernanza depende cada vez más de la representación pública más que de la confianza cívica; el procedimiento jurídico se separa de su función protectora; y la violencia se normaliza gradualmente como instrumento de gobierno.
5
La normalización de la violencia procede de manera incremental y rara vez es percibida en tiempo real. Lo que inicialmente se defiende como excepcional, toques de queda, tribunales militares para civiles, detenciones preventivas indefinidas, restricciones a la reunión pública, se acumula gradualmente dentro de la arquitectura ordinaria de la gobernanza. Cada medida recalibra las expectativas: la ciudadanía adapta su conducta; las instituciones adaptan sus procedimientos; y el umbral que separa la fuerza legítima de la coerción arbitraria migra sin declaración formal. La vigilancia diagnóstica consiste en seguir esa migración antes que esperar su término.
6
Allí donde estas restricciones institucionales fracasan o desaparecen, los abusos dejan de ser interrumpidos consistentemente mediante revisión judicial, documentación pública, investigación legislativa o independencia procesal. Las violaciones se acumulan sin corrección confiable; los funcionarios operan cada vez más sin expectativa de consecuencia; y la ciudadanía se adapta gradualmente a protecciones disminuidas. Bajo tales condiciones, la repetición institucional comienza ella misma a normalizar el abuso: las mismas operaciones reaparecen contra cohortes sucesivas de ciudadanos; las mismas categorías de casos permanecen sin abrirse; y los mismos resultados continúan recibiendo confirmación judicial. Lo que antes habría requerido justificación como medida de emergencia deja finalmente de requerir justificación alguna.
Endnotes — Capítulo XVIII
§ 3
[1] Newman, William, “Venezuelan Opposition Leader Leopoldo López Sentenced to Prison Over Protest,” New York Times, September 10, 2015.
[2] “Venezuelan Opposition Politician Manuel Rosales Arrested,” BBC News, October 15, 2015.
[3] “Venezuela Police Raid Arrests Caracas Mayor Antonio Ledezma,” BBC News, February 20, 2015.
Capítulo XIX
El Sexto Asunto
Sobre la Persistencia de la Injusticia
1
La durabilidad de la injusticia dentro de sistemas políticos donde las decisiones se toman sin revisión transparente, donde los fracasos institucionales producen escasas consecuencias para quienes los provocan y donde la ciudadanía pierde gradualmente la confianza en que la participación pueda alterar resultados, termina excediendo las intenciones de los propios dirigentes. Una década de sustitución institucional y exclusión electoral en Venezuela, documentada progresivamente a lo largo de la Serie IX, ha permitido observar ese proceso con claridad. Allí donde las decisiones quedan concentradas dentro de un círculo cada vez más reducido de funcionarios que no enfrentan revisión alguna, los costos de esas decisiones, económicos, jurídicos y personales, son absorbidos por ciudadanos que no participaron en su formulación. Bajo tales condiciones, la ciudadanía ocupa progresivamente la posición de espectadora más que de participante, y la gobernanza pierde las presiones correctivas mediante las cuales los sistemas democráticos suelen ajustarse, limitarse y renovarse. [1]
2
La apatía no constituye simplemente una disposición personal; es una condición política producida por la exclusión sostenida de una agencia significativa. Cuando la participación implica riesgo sin capacidad de influencia, el retraimiento se vuelve racional. La elección presidencial venezolana de julio de 2024, precedida por el antecedente de 2018 y documentada en capítulos anteriores de la Serie IX, ilustra esta dinámica en forma concentrada. Testigos opositores recopilaron actas electorales que documentaban un resultado que la autoridad oficial se negó a reconocer; el resultado proclamado invirtió el documentado, mientras ciudadanos, juristas y observadores electorales que insistieron en señalar la discrepancia fueron detenidos, forzados al exilio o despojados de legitimidad pública. Una vez detenidos quienes conservaban las actas, exiliados quienes impugnaban la proclamación y neutralizados quienes documentaban la discrepancia, el resultado oficial dejó de enfrentar cualquier institución nacional capaz de revisarlo, y aquello que comenzó como un desenlace disputado terminó por asentarse como realidad operativa del país.
3
En sistemas políticos donde los gobiernos pueden perder elecciones, donde los cuerpos legislativos pueden rechazar solicitudes del ejecutivo y donde los tribunales pueden fallar contra quienes los nombraron, la justicia y la libertad no se sostienen como posesiones estáticas, sino mediante la repetición ordinaria de esos reajustes. Allí donde cada una de esas posibilidades ha sido progresivamente clausurada, la apariencia de estabilidad termina adquiriéndose al costo de los propios mecanismos correctivos. Cuando la gobernanza impide la negociación entre intereses en competencia, necesita presentar sus decisiones como asuntos ya resueltos; la apariencia de certeza sustituye entonces el trabajo más lento del ajuste, y el sistema pierde capacidad para corregirse cuando las condiciones cambian. La gobernanza efectiva depende de la capacidad de absorber el conflicto sin suprimirlo. [2]
4
La agencia individual continúa siendo relevante no como heroísmo moral, sino como forma de participación estructural. Cuando la ciudadanía todavía puede publicar aquello que los funcionarios preferirían mantener oculto, reunirse sin autorización previa y acudir a tribunales que conservan algún margen de independencia, un funcionario que contempla un acto arbitrario debe considerar la posibilidad de que dicho acto sea registrado, cuestionado y eventualmente revisado; algunos, enfrentados a esa posibilidad, deciden no proceder. [3]
La restauración de la justicia depende de reconstituir condiciones bajo las cuales las personas puedan actuar sin miedo y sin ilusión. La ciudadanía debe conservar la capacidad de criticar a los funcionarios públicos sin anticipar detención, documentar irregularidades sin esperar represalias y acudir a los tribunales sin asumir de antemano que las decisiones ya han sido tomadas en otra parte. Las elecciones no pueden funcionar como ceremonias de ratificación cuyos resultados permanecen resueltos antes de emitirse los votos. El periodismo no puede operar bajo la expectativa de que la investigación misma termine provocando vigilancia, procesamiento o exilio. Bajo tales condiciones, la participación deja de asemejarse a una exposición administrada y comienza nuevamente a recuperar el carácter práctico de la agencia cívica.
La restauración de la justicia depende igualmente de reconectar la responsabilidad personal con estructuras colectivas en lugar de aislarla únicamente dentro de la conciencia. Un juez que reconoce privadamente abusos procesales, pero comprende que la revisión apelativa ha dejado de funcionar, puede optar por guardar silencio pese a su objeción personal. Cuando editores, tribunales, universidades y asociaciones profesionales dejan de defender la investigación independiente, los periodistas que continúan documentando irregularidades terminan operando sin protección institucional. Los ciudadanos que reconocen manipulaciones electorales, pero no encuentran mecanismos confiables mediante los cuales la evidencia pueda alterar resultados, se retraen gradualmente hacia una desilusión privada. Bajo tales condiciones, el reconocimiento ético sobrevive individualmente mientras la capacidad correctiva desaparece colectivamente. La responsabilidad termina interiorizándose como conciencia privada más que sosteniéndose mediante instituciones capaces de transformar el reconocimiento en consecuencia cívica.
[2] Sen, Amartya, Development as Freedom (New York: Knopf, 1999), 123–137, 146–159, 282–287.
§ 4
[3] Nussbaum, Martha C., Women and Human Development: The Capabilities Approach (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), 66–72, 104–110, 124–130.
« Geometric Allegory », pintura digital 2023 de Ricardo Morin (artista visual estadounidense nacido en Venezuela en 1954)
A mis padres
Reconocimiento
~
Deseo reconocer la meticulosa orientación editorial de Billy Bussell Thompson. Sus observaciones afinaron la estructura, la precisión y la disciplina interna de este trabajo.
Prefacio
1
« Desenmascarar la desilusión » sigue una línea de indagación presente a lo largo de mi trabajo: el examen de la identidad, la memoria y las relaciones que emergen cuando la vida se despliega a través de fronteras culturales. Aunque he vivido fuera de Venezuela por más de cinco décadas y me naturalicé ciudadano de los Estados Unidos hace veinticuatro años, mi vínculo con el país de nacimiento permanece como un punto de referencia persistente. La distancia entre estas condiciones —pertenencia y separación— constituye el trasfondo sobre el cual este relato toma forma.
Este trabajo forma parte de un proyecto autobiográfico más amplio que reúne experiencias, observaciones y preguntas acumuladas a lo largo del tiempo. Aunque su origen es personal, no procede como confesión ni como memoria. Su método es secuencial más que expresivo: la exposición individual se sitúa dentro de fuerzas históricas y estructuras políticas que han configurado la vida venezolana a lo largo de generaciones. La intención no es reconciliar estas tensiones, sino hacerlas visibles mediante recurrencia, registro y consecuencia.
“Serie I” introduce los primeros núcleos temáticos de esta indagación. Los episodios aquí reunidos no desarrollan una tesis única ni buscan conclusiones definitivas. Señalan puntos de fricción donde la experiencia privada se cruza con el poder público, y donde los relatos políticos ejercen presión sobre la vida ordinaria. A través de estos encuentros surgen patrones —no como abstracciones, sino como condiciones que modifican la forma en que se ejerce la autoridad, se desplaza la responsabilidad y se restringe la agencia.
Los capítulos que siguen examinan las presiones generadas por la desigualdad sistémica y rastrean las condiciones contemporáneas de Venezuela hasta su formación histórica. El gobierno autocrático y el consentimiento popular no aparecen como fuerzas opuestas, sino como elementos que se entrelazan y debilitan mutuamente. En este entramado, la verdad no desaparece; se vuelve menos accesible de manera uniforme y más fácilmente desplazable por el relato.
Cuando el discurso público se ve modelado por la propaganda y la desinformación, las estructuras autoritarias adquieren mayor resistencia. Recuperar la verdad bajo tales condiciones no resuelve el conflicto político, pero delimita el campo dentro del cual este opera. La agencia cívica no emerge como ideal, sino como condición que se sostiene —o se pierde— a través de la práctica y la consecuencia.
Este trabajo no propone explicaciones deterministas ni remedios simples. Avanza por acumulación, señalando patrones que persisten a pesar de los cambios de contexto. Lo que solicita al lector no es adhesión, sino atención: a la evidencia, a la secuencia y a las condiciones bajo las cuales la libertad política puede ejercerse de manera significativa.
Escribiendo desde Bala Cynwyd, Pensilvania, y Fort Lauderdale, Florida, permanezco consciente de la distancia entre los entornos desde los cuales se compone este trabajo y las condiciones que examina. Esa distancia no confiere autoridad; impone responsabilidad.
Ricardo Federico Morín Bala Cynwyd, Pensilvania, 21 de enero de 2025
Tabla de contenidos
Capítulo I – Un lenguaje escrito.
Capítulo II – Nuestra imprudencia.
Capítulo III – Punto de vista.
Capítulo IV – Un diálogo.
Capítulo V – Resumen.
Capítulo VI – Crónicas de Hugo Chávez (§§ I–XVII).
Capítulo VII – El modo alegórico.
Capítulo VIII – El gobierno ideal y el poder de la virtud.
Capítulo IX – Primera señal: Sobre el resentimiento político y social.
Capítulo X – Segunda señal: El pilar sólido del poder; Las fuerzas armadas.
Capítulo XI – Tercera señal: La asimetría de los partidos políticos.
Capítulo XII – Cuarta señal: Autocracia (§§ 1–9); Venezuela (§§ 10–23); La asimetría de las sanciones (§§ 24–32).
Capítulo XIII – Quinta señal: La república empeñada.
Capítulo XIV – Primer asunto: Partidismo, No-partidismo y Antipartidismo.
Capítulo XV – Segundo asunto: Sobre las verdades parciales y la anarquía represiva.
Capítulo XVI – Tercer asunto: El clarín de la democracia.
Capítulo XVII – Cuarto asunto: Sobre los derechos humanos.
Capítulo XVIII – Quinto asunto: Sobre la naturaleza de la violencia.
Capítulo XIX – Sexto asunto: Sobre la Persistencia de la Injusticia
Capítulo XX — El asunto final: La forma constitucional y su vaciamiento
Apéndice: Nota del autor, Nota preliminar. A) Constituciones venezolanas [1811–1999],Poderes y departamentos de gobierno. B) Evolución de los partidos políticos: 1840–2024.C) Algunas leyes promulgadas por la Asamblea Nacional. D) Nota aclaratoria sobre la coerción interna, la presencia extranjera y la intervención:
Bibliografía.
Capítulo I
Un lenguaje escrito
La estabilidad suele buscarse allí donde no puede asegurarse. La experiencia lo demuestra de forma reiterada. Incluso las intenciones cuidadosas tienden a conducir a terrenos inciertos, donde la comprensión llega después de la consecuencia. Frente al escritorio, cuando la luz de la tarde alcanza la página, la escritura adquiere una función práctica: se convierte en un medio para ordenar aquello que, de otro modo, permanecería inestable. El acto no resuelve la vulnerabilidad, pero la registra. Si el tiempo modifica tales condiciones sigue siendo incierto; lo que sí puede hacerse es darles forma.
Lo que sigue se desplaza de las condiciones de la escritura a las condiciones que esta debe enfrentar.
*
Capítulo II
*
Nuestra imprudencia
Our painful struggle to deal with the politics of climate change is surely also a product of the strange standoff between science and political thinking.
« Nuestra dolorosa dificultad para abordar la política del cambio climático es, sin duda, también producto del extraño enfrentamiento entre la ciencia y el pensamiento político ». — Hannah Arendt, La condición humana [1958] (traducción del autor)
*
1
La pandemia de COVID y los incendios que se extendieron por Canadá en 2023, entre otros acontecimientos recientes, hicieron visibles condiciones que ya se encontraban en funcionamiento. Estos hechos no introdujeron vulnerabilidades nuevas, sino que revelaron hasta qué punto los sistemas existentes dependen de incentivos económicos y hábitos políticos que privilegian la extracción por encima de la preservación. Durante el período en que el humo de los incendios alcanzó el noreste de los Estados Unidos, la luz diurna en algunas zonas de Pensilvania se vio alterada de manera perceptible y registró el alcance de acontecimientos que se desarrollaban a considerable distancia. Tales episodios no se sitúan al margen de los arreglos económicos vigentes; coinciden con un modelo que trata las condiciones naturales como mercancías y absorbe su degradación como un costo externo.
2 Los incendios en California en 2025, al igual que los ocurridos en Canadá en 2023, no se presentan como episodios aislados. [1]Forman parte de una secuencia configurada por el descuido ambiental, la inercia política y la expansión industrial sostenida. Condiciones como la desertificación, la escasez de recursos y el desplazamiento de poblaciones ya no aparecen únicamente como proyecciones futuras; se registran cada vez más como circunstancias presentes. Las evaluaciones científicas indican que estos patrones tienden a intensificarse en ausencia de cambios estructurales. [1][2][3] Lo que se hace visible, con el paso del tiempo, no es un fallo singular, sino un sistema que continúa operando conforme a prioridades que favorecen el rendimiento inmediato por encima de la continuidad a largo plazo.
3 La cuestión del equilibrio no se plantea únicamente como un problema técnico. Surge dentro de un campo moral y político configurado por supuestos económicos dominantes. El tratamiento de la naturaleza —y, más recientemente, de la inteligencia artificial— como mercancía refleja una trayectoria en la que asuntos vinculados a la supervivencia compartida se traducen de manera creciente en términos de mercado. En tales condiciones, consideraciones que anteriormente pertenecían al ámbito de la responsabilidad colectiva pasan a ser reformuladas como variables dentro de sistemas de cálculo.
4 Estos patrones ejercen una presión creciente sobre las condiciones necesarias para la supervivencia colectiva. Las respuestas frente a tales circunstancias varían, y oscilan entre la indiferencia y la urgencia, aunque la urgencia no produce necesariamente claridad. Lo que se vuelve reconocible, a través de instancias reiteradas, es una tendencia a que la crisis reaparezca sin que se produzcan ajustes sostenidos. Esta recurrencia guarda paralelismo con las historias políticas examinadas en los capítulos que siguen, donde advertencia y consecuencia con frecuencia no llegan a coincidir.
Las conversaciones con mi editor, Billy Bussell Thompson (BBT), han acompañado el desarrollo de este trabajo a lo largo del tiempo. Su atención al método de investigación y a la estructura del argumento contribuyó a precisar su alcance y orientación. Estos intercambios, realizados con frecuencia a distancia y sin formalidades, formaron parte del proceso mediante el cual fue tomando forma el presente relato. Tras un período prolongado de incertidumbre acerca de cómo abordar la figura de Hugo Chávez, los contornos de « Desenmascar la desilusión » comenzaron a definirse de manera gradual.
2 Hugo Chávez se consolidó como un dirigente político cuya autoridad se ejerció en oposición al liberalismo político. [1] Mientras su discurso público subrayaba la identificación con los sectores pobres, los beneficios materiales del poder se concentraron en un círculo reducido. [2] A lo largo de su mandato, las instituciones democráticas en Venezuela experimentaron un debilitamiento progresivo, y la práctica de gobierno adoptó formas cada vez más autoritarias. Estos procesos resultan más legibles cuando se sitúan dentro del registro histórico y se examinan a partir de la práctica documentada, más que desde la afirmación retórica.
3 Los acontecimientos que siguieron al fin del gobierno de Chávez se caracterizan por el desorden y por consecuencias aún no resueltas. Su persistencia remite a cuestiones de responsabilidad histórica y colectiva que permanecen abiertas. Examinar el registro del liderazgo autocrático —tanto sus ambiciones como sus fracasos— ofrece un modo de aproximarse al problema de la justicia en Venezuela sin presuponer resolución. A través de este examen, tensiones duraderas se hacen visibles como condiciones que requieren comprensión, no como conclusiones ya establecidas.
Notas finales del capítulo III
[1]El término caudillo tiene su origen en el español y se ha utilizado históricamente para describir a un dirigente que ejerce una autoridad política y militar concentrada. En el contexto venezolano, el término adquiere una resonancia particular y se asocia con figuras vinculadas al período posterior a la independencia del siglo XIX. Dichos dirigentes tendieron a consolidar el poder mediante una combinación de autoridad personal, lealtad de facciones armadas y la promesa —ya fuese sustantiva o retórica— de mantener el orden en condiciones de inestabilidad. Mientras algunos fueron considerados defensores de causas locales o nacionales, otros quedaron asociados a prácticas que facilitaron formas de gobierno autoritario y debilitaron las estructuras institucionales. El concepto de caudillo continúa operando en la cultura política venezolana como una categoría descriptiva aplicada a formas de liderazgo que combinan apoyo popular con poder concentrado.
Una serie de conversaciones entre BBT y el autor acompañó el examen de la política y la historia venezolanas desarrollado en esta sección. Estos intercambios configuraron un espacio transicional en el que la indagación reflexiva dio paso al registro histórico, permitiendo que cuestiones de interpretación, responsabilidad y documentación fueran abordadas mediante el diálogo, más que a través de la exposición directa.
1 —RFM: « Mi escritura se ha ocupado de la evolución del panorama político venezolano, con atención particular a la aparición de formas de gobierno autoritarias. El interés se ha centrado menos en la doctrina abstracta que en la manera en que determinadas políticas se tradujeron en condiciones cotidianas para la población. »
2 —BBT: « Examinar cómo el liderazgo autoritario configura las condiciones políticas resulta necesario, aunque el propio término suele ser objeto de disputa y aplicación desigual. En el caso de Chávez, el uso de la propaganda no fue excepcional en su forma, pero sí constante como instrumento de gobierno. ¿De qué modo circularon los relatos oficiales durante su mandato y qué efectos produjeron, con el tiempo, sobre la percepción pública? »
3 —RFM: « La propaganda no es exclusiva de Chávez; opera como un instrumento recurrente en distintos sistemas políticos. En Venezuela, los medios oficiales atribuyeron de manera sistemática las dificultades económicas a interferencias externas, más que a decisiones de política interna. Al mismo tiempo, las condiciones materiales se deterioraron, con la aparición de escasez derivada de una gestión económica deficiente, posteriormente agravada por restricciones externas. Los grupos de oposición difundieron también contra-relatos, que a su vez generaron respuestas por parte del Estado. Estos intercambios se desarrollaron en un contexto histórico marcado por conflictos civiles y alineamientos propios de la Guerra Fría, dando lugar a un entorno informativo fragmentado. En ese marco, la responsabilidad por el deterioro económico fue desplazada con frecuencia, mientras la percepción pública se gestionó mediante la repetición más que mediante la resolución. Las reformas sociales y económicas invocadas como justificación no produjeron, con el tiempo, las reducciones de pobreza y desigualdad que se habían prometido. »
4 —BBT: « Para representar con cierto grado de precisión las condiciones políticas de Venezuela, es necesario atender a la manera en que la población común se encontró con estas dinámicas en la vida diaria. ¿Cómo se desenvolvieron tales condiciones en la práctica, especialmente allí donde el discurso político intersectó con la necesidad económica inmediata? »
5 —RFM: « El colapso económico posterior al declive del modelo petrolero intensificó la pobreza y ejerció una presión sostenida sobre los servicios públicos. Examinado en secuencia, este período muestra cómo los legados coloniales y las prácticas autoritarias convergieron en la configuración del chavismo. Episodios como los disturbios de 1989, conocidos como El Caracazo, registraron una desafección generalizada hacia los partidos establecidos y las instituciones democráticas. En tales condiciones, la exigencia de asegurar necesidades básicas prevaleció con frecuencia sobre la participación en principios políticos de carácter abstracto. »
6 —BBT: « La claridad narrativa depende en parte de reconocer los supuestos que orientan la interpretación. Cuando dichos supuestos se hacen explícitos y se someten a examen, el relato se vuelve menos directivo y más accesible, permitiendo que el lector siga el registro sin ser conducido hacia una posición predeterminada. »
7 —RFM: « Ningún relato prescinde de la interpretación, incluido este. La escritura ofrece un medio para aproximarse a la historia de Venezuela —su formación colonial, los episodios de gobierno autoritario y los períodos de disrupción política— sin clausurar lecturas alternativas. Un relato coherente no necesita ser exhaustivo; permanece abierto en la medida en que atiende a las implicaciones y a las consecuencias, más que a la resolución. »
8 —BBT: « El propio intercambio subraya la importancia de una narración cuidadosa al abordar el registro político y social de Venezuela. Considerar múltiples puntos de vista no resuelve la complejidad, pero permite que emerja un relato más coherente sin reducir esa historia a un único marco explicativo. »
El intercambio marcó una transición de la indagación reflexiva al registro histórico.
*
Capítulo V
*
Resumen
*
1
« Desenmascar la desilusión » examina la secuencia mediante la cual el proyecto político articulado bajo Hugo Chávez asumió forma autocrática. En lugar de atribuir este resultado a una causa única, la indagación procede rastreando cómo las decisiones de liderazgo se desplegaron dentro de una convergencia de condiciones históricas, disposiciones institucionales, presiones económicas y alineamientos geopolíticos. El relato no parte de una conclusión, sino del registro.
2 La atención se mantiene en la forma en que se ejerció la autoridad y en cómo sus efectos se manifestaron dentro de la sociedad venezolana. Las circunstancias históricas, el diseño institucional y las influencias externas se examinan no para simplificar el registro, sino para hacer visibles las interdependencias a través de las cuales el poder se consolidó con el tiempo. Lo que emerge no es una tesis explicativa, sino una configuración cuya coherencia solo puede evaluarse mediante una atención sostenida a la secuencia y a la consecuencia.
Ricardo Morín 00032: Atado y desatado Óleo sobre lienzo 45,7 x 61 x 1,9 cm 2009
Nota del autor
Este texto examina cómo las culturas han hablado del deseo a través del lenguaje del pecado, de la patología y de la identidad. No pretende defender ni condenar, sino mostrar cómo las palabras han cargado juicios a lo largo del tiempo y cómo esos juicios continúan configurando nuestra comprensión. Las reflexiones que siguen buscan recuperar claridad: ver el deseo como parte de la vitalidad de la vida, y no como una distorsión impuesta por vocabularios heredados.
Resumen
Históricamente, el deseo se ha articulado mediante términos como sexualidad, fetichismo, moralidad y religión. Con el tiempo, estas palabras pasaron de la descripción al juicio, generando una confusión entre naturaleza y cultura. La evidencia procedente del comportamiento animal, la biología y la salud pública demuestra que la variación del deseo no es anomalía ni patología. Al fundamentar la ética en la dignidad y el consentimiento en lugar de la vergüenza, el deseo puede reconocerse como una expresión natural de vitalidad, y no como una fuente de sospecha.
La carga de las palabras
Nuestras palabras más familiares ya revelan la historia de nuestra confusión. Sexualidad, del latín sexus, significaba simplemente diferenciación biológica; sólo en el siglo XIX se convirtió en una categoría amplia que abarcaba deseo, identidad y conducta (Laqueur 1990). Fetichismo, del portugués feitiço (“hechizo” o “sortilegio”), se aplicó primero a objetos religiosos africanos antes de entrar en la ciencia europea, donde llegó a significar apego sexual irracional (Foucault 1978). Moralidad, de mores (“costumbres”), describía prácticas comunitarias, pero se endureció en prohibiciones contra el deseo, sobre todo bajo la influencia cristiana. Religión, de religare (“atar” o “vincular”), significaba originariamente cohesión ritual, aunque con el tiempo pasó a atar a los individuos a la culpa y al recelo de sus propios cuerpos. Aquí se hace visible la tensión de lo Atado y desatado: la lengua que ata el deseo a la sospecha y, al mismo tiempo, la posibilidad de desatarlo para verlo como parte de la exuberancia de la naturaleza. Cada uno de estos términos nació descriptivo y terminó en juicio. Al usarlos hoy, heredamos sus distorsiones.
La articulación del deseo y del pecado
La cultura ha contemplado el deseo no como parte de la riqueza ordinaria de la vida, sino como una amenaza que vigilar. Las teologías lo presentaron como pecado; los textos médicos lo clasificaron como patología; los códigos sociales lo encuadraron como peligro (Foucault 1978). Esto no aclara: distorsiona.La sexualidad resulta a la vez sobreexpuesta y reducida: en lo público es objeto de normas y prohibiciones; en lo privado se convierte en expectativas irreales que inhiben la expresión o la exageran en fetiche. Lo que debería ser natural se transforma en una negociación con la vergüenza.
La naturaleza ofrece un relato más honesto. Se han documentado interacciones homosexuales en más de cuatrocientas especies (Bagemihl 1999). Los carneros forman vínculos duraderos entre machos, rechazando a menudo a las hembras. Los delfines emplean el contacto genital entre sexos para afianzar alianzas (de Waal 2005). Cisnes, gaviotas y pingüinos establecen parejas del mismo sexo que crían polluelos con éxito comparable al de las parejas heterosexuales (Roughgarden 2013). Entre los bonobos, el contacto sexual se da en casi todas las configuraciones y actúa como un mecanismo de pacificación y cohesión social (de Waal 2005). Incluso en los insectos, las conductas que los humanos describen como “homosexuales” aparecen de forma rutinaria en rituales de dominancia o por la simple abundancia del impulso sexual. Nada de esto desestabiliza a las especies; al contrario, integra la sexualidad en el entramado de la supervivencia y la afiliación.
Los humanos muestran una variación semejante. Condiciones cromosómicas como el síndrome de Klinefelter (XXY) o el de Turner (XO) ilustran que el sexo biológico no es un binomio rígido, sino un espectro (LeVay 2016). Las influencias hormonales durante la gestación moldean la atracción y la conducta antes de que la cultura imponga sus etiquetas (Hrdy 1981). Estudios neurocientíficos han sugerido correlaciones entre ciertas estructuras hipotalámicas y la orientación, aunque ningún factor único explica el deseo (LeVay 2016). Lo que surge no es un orden fijo, sino un continuo. La insistencia en categorías estrictas —heterosexual u homosexual, normal o desviado— no proviene de la naturaleza, sino de la imposición cultural.
Y aun así, la cultura sigue confundiendo deseo con identidad, reduciéndolo a papeles fijos. Estas categorías pueden tener utilidad política, pero corren el riesgo de oscurecer la fluidez que revela la biología. Cuando la identidad se convierte en prescripción, los individuos viven su propia vitalidad bajo sospecha, midiéndose contra ideales que niegan la variación. El resultado es el extrañamiento: un deseo filtrado por la vergüenza.
Ya existe un marco alternativo. La Organización Mundial de la Salud define la salud sexual como “un estado de bienestar físico, emocional, mental y social” que incluye la posibilidad de experiencias seguras y placenteras (WHO 2006). La Asociación Mundial para la Salud Sexual ha ido más allá, afirmando que el placer sexual es un derecho humano fundamental (WAS 2019). Estos marcos no vigilan el deseo: protegen a las personas contra la coerción y la explotación. Señalan que el papel de la cultura no es dictar qué deseos son admisibles, sino garantizar dignidad y consentimiento. Una vez aseguradas estas condiciones, el deseo retoma su papel natural: fuente de intimidad, de vínculo, de creatividad y de equilibrio (Gruskin et al. 2019).
Afrontar la complejidad de la naturaleza es resistir su reducción a dramas morales de vicio y virtud. El deseo no requiere la validación de la obsesión cultural, ni merece la condena de vocabularios heredados de pecado. Es un aspecto de la vida, tan ordinario y vital como el hambre o el sueño. Reconocerlo sin miedo es recobrar la alegría. Al levantar el peso de la vergüenza, devolvemos al deseo su lugar en el orden viviente: no una anomalía que deba defenderse, sino una manifestación de vitalidad que nos une entre nosotros y con la exuberancia de la naturaleza.
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Bibliografía anotada
Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS): “Declaración sobre el placer sexual.” Ciudad de México: WAS, 2019. (Afirma el placer sexual como un derecho humano fundamental y lo inserta en la agenda de salud y derechos. Refuerza el argumento de una ética basada en la dignidad y no en la vergüenza.)
Bagemihl, Bruce:Biological Exuberance: Animal Homosexuality and Natural Diversity.Nueva York: St. Martin’s Press, 1999. (Estudio fundamental que documenta conductas homosexuales en más de 450 especies. Refuta la idea de que la homosexualidad es “antinatural” y muestra la amplitud de la diversidad sexual en el reino animal.)
de Waal, Frans:Our Inner Ape: A Leading Primatologist Explains Why We Are Who We Are. Nueva York: Riverhead Books, 2005. (A partir de estudios con primates, de Waal demuestra que el sexo funciona como herramienta social entre bonobos y chimpancés, sirviendo a la alianza y a la resolución de conflictos, más allá de la reproducción.)
Foucault, Michel:La voluntad de saber (Histoire de la sexualité, vol. 1). Trad. de Robert Hurley. Nueva York: Pantheon, 1978. (Texto fundacional sobre la construcción cultural de la sexualidad. Foucault sostiene que la sexualidad no es una categoría natural intemporal, sino un discurso moldeado por instituciones de poder.)
Gruskin, Sofia, et al.: “Sexual Health, Sexual Rights and Sexual Pleasure.” Global Public Health, 2019, 14 (10): 1361–1372. (Este artículo sitúa el placer sexual dentro de los marcos de la salud pública global. Destaca que la realización y el placer son inseparables de la salud y de los derechos, reforzando la necesidad de una ética basada en la dignidad y no en la prohibición.)
Hrdy, Sarah Blaffer: The Woman That Never Evolved. Cambridge: Harvard University Press, 1981. (Hrdy reinterpreta el comportamiento de las hembras primates, mostrando estrategias activas en el apareamiento y en la formación de alianzas. Su obra desmonta el mito de la pasividad femenina y demuestra que la agencia sexual es parte esencial del éxito evolutivo.)
Laqueur, Thomas: Making Sex: Body and Gender from the Greeks to Freud. Cambridge: Harvard University Press, 1990. (Traza el paso histórico del modelo “unisex” de la Antigüedad al modelo binario moderno. Su análisis revela cómo el lenguaje científico contribuyó a crear categorías culturales de género y sexualidad.)
LeVay, Simon:Gay, Straight, and the Reason Why: The Science of Sexual Orientation.2.ª ed. Nueva York: Oxford University Press, 2016. (LeVay sintetiza investigaciones sobre estructuras cerebrales, genética e influencias prenatales, y sostiene que la orientación sexual surge de una interacción compleja de factores biológicos. Útil para contextualizar el continuo del deseo humano.)
Organización Mundial de la Salud (OMS): “Defining Sexual Health.” Ginebra: OMS, 2006. (Define la salud sexual como un estado de bienestar que incluye la posibilidad de experiencias seguras y placenteras, libres de coerción o violencia. Autoridad esencial para afirmar que la realización sexual es un asunto de salud, no de moral.)
Roughgarden, Joan:Evolution’s Rainbow: Diversity, Gender, and Sexuality in Nature and People. 2.ª ed. Berkeley: University of California Press, 2013. (Cuestiona la visión darwiniana tradicional de la selección sexual y resalta la diversidad de género y sexualidad en numerosas especies. Tiende un puente entre la variación biológica y la experiencia humana.)
Diseño de cubierta para el ensayo «La política de la represión: Autoritarismo y espectáculo». La imagen compuesta yuxtapone vigilancia, militarización, propaganda y espectáculo de masas para subrayar cómo los regímenes autoritarios vuelven las vidas prescindibles mientras legitiman el control mediante la exhibición.
Autoritarismo y espectáculo
Por Ricardo Morín. En tránsito hacia y desde NJ, 22 de agosto de 2025
El autoritarismo en la era actual no se presenta con símbolos uniformes. Surge tanto en democracias como en Estados de partido único, en países con economías en declive y en aquellos que presumen de un crecimiento acelerado. Lo que une estos contextos no es la forma formal de gobierno, sino la manera en que el poder actúa sobre los individuos: la autonomía se restringe, la dignidad se niega y la disidencia se reclasifica como amenaza. El control se mantiene no solo mediante la coerción, sino también mediante la apropiación de valores universales —paz, tolerancia, armonía, seguridad— vaciados de su contenido y reutilizados como instrumentos de silencio. El resultado es una política en la que los seres humanos son tratados como prescindibles y el espectáculo sirve tanto de distracción como de justificación.
En Estados Unidos, la Carta de Derechos garantiza libertades, pero su fuerza práctica se debilita por la desigualdad estructural y el control concentrado de la comunicación. Tras los atentados del 11 de septiembre, la Ley USA PATRIOT autorizó una vigilancia generalizada en nombre de la defensa de la libertad, normalizando el monitoreo de las comunicaciones privadas (ACLU 2021). Movimientos de protesta como las manifestaciones de Black Lives Matter en 2020 llenaron las calles, pero su urgencia fue absorbida por los circuitos de la cobertura mediática, el enfrentamiento partidista y la monetización corporativa (New York Times 2020). Lo que comienza como protesta a menudo concluye como espectáculo: filmado, reproducido y reencuadrado hasta que el mensaje original se desplaza por la circulación. Mientras tanto, la epidemia de opioides, la indigencia masiva y la quiebra médica revelan cómo millones de vidas se toleran como prescindibles (CDC 2022). Su sufrimiento se reconoce en estadísticas, pero rara vez se atiende en políticas, tratado como un daño colateral dentro de un orden que valora la visibilidad más que el remedio.
Venezuela ofrece un caso más directo. La Ley contra el Odio, aprobada en 2017 por una asamblea constituyente sin legitimidad democrática, se presentó como una medida para proteger la tolerancia y la paz. En la práctica, se ha utilizado para procesar a periodistas, estudiantes y ciudadanos por expresiones que en una sociedad democrática pertenecerían de lleno al ámbito del debate (Amnistía Internacional 2019). Más recientemente, la creación del Consejo Nacional de Ciberseguridad ha ampliado esta lógica, colocando a los administradores de grupos de WhatsApp y Telegram en la posición de vigilantes, multiplicando el miedo y la autocensura entre vecinos y colegas (Transparencia Venezuela 2023). Al mismo tiempo, la privación funciona como instrumento de disciplina: el acceso a alimentos y medicinas se distribuye selectivamente, convirtiendo la escasez en un medio de control (Human Rights Watch 2021). Las concentraciones televisadas y los plebiscitos del Estado representan unidad y lealtad, pero la realidad es una sociedad fracturada por el exilio, con más de siete millones de ciudadanos en el exterior y los que permanecen atados más por necesidad que por consentimiento (ACNUR 2023).
Rusia combina la represión con el teatro patriótico. La Ley de 2002 sobre la Lucha contra la Actividad Extremista y el estatuto de “agentes extranjeros” de 2012 han desmantelado sistemáticamente el periodismo independiente y la sociedad civil (Human Rights Watch 2017), mientras que la ley de 2022 contra la “desacreditación de las fuerzas armadas” criminalizó incluso describir la guerra como guerra (BBC 2022). Se ha detenido a ciudadanos por portar carteles en blanco, mostrando cómo cualquier acto, por simbólico que sea, puede ser castigado si se interpreta como disidencia (Amnistía Internacional 2022). La guerra en Ucrania ha revelado el costo humano de este sistema: reclutas provenientes de regiones pobres y de minorías son enviados al frente, consumiendo sus vidas en nombre de la proyección nacional. En el interior, la televisión estatal ridiculiza la disidencia como traición o manipulación extranjera, mientras desfiles, conmemoraciones y elecciones gestionadas convierten la coerción en deber. La promesa oficial de seguridad y unidad se sostiene no en la convivencia, sino en la negación sistemática de voces plurales, reforzada a la vez por la ley, la propaganda y la representación ritual.
China ilustra el modelo tecnológicamente más integrado. La Ley de Ciberseguridad de 2017 y la Ley de Seguridad de Datos de 2021 obligan a empresas e individuos a someterse al control estatal sobre la información digital, extendiendo la vigilancia a todas las capas de la sociedad (Creemers 2017; Kuo 2021). Las plataformas de redes sociales obligan a los administradores de grupos a supervisar contenidos, trasladando la responsabilidad de la conformidad a los propios ciudadanos (Freedom House 2022). Al mismo tiempo, el espectáculo satura el espacio público: el festival de compras del Día del Soltero en noviembre genera miles de millones en ventas, presentado como prueba de prosperidad y cohesión, mientras los medios estatales exhiben logros tecnológicos como triunfos nacionales (Economist 2021). Comunidades enteras, particularmente en Xinjiang, son designadas como objetivos de reeducación y vigilancia. Se cierran mezquitas, se restringen lenguas y se suprimen tradiciones, todo en nombre de la armonía (Amnistía Internacional 2021). Se invoca la estabilidad, pero la realidad es la negación sistemática de la dignidad: la identidad reducida a una categoría administrativa, la vida cultural desmantelada a voluntad y la existencia misma condicionada a la conformidad con los designios del poder estatal.
En conjunto, estos casos revelan una lógica común. Estados Unidos mercantiliza la disidencia y normaliza el abandono como condición permanente de la vida pública. Venezuela utiliza la privación para imponer disciplina y el cumplimiento resultante se presenta públicamente como lealtad al Estado. Rusia exige sacrificio y transforma la coerción en deber patriótico. China fusiona vigilancia y prosperidad e ingenieriza la conformidad. Comunidades enteras son suprimidas en nombre de la armonía. Los registros difieren —comercial, ritual, militarizado, digital— pero el patrón es compartido: la disidencia es despojada de legitimidad, las vidas son tratadas como prescindibles y los valores universales se invierten para justificar la coerción.
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Referencias
ACLU: “Surveillance under the USA PATRIOT Act. American Civil Liberties Union, 2021. Expone cómo tras el 11-S se amplió la vigilancia estatal en nombre de la seguridad, reduciendo derechos de privacidad.
Amnesty International: Venezuela: “Ley contra el Odio usada para silenciar la disidencia”. Amnesty International, 2019. (Este reporte analiza el uso de la ley de 2017 para procesar ciudadanos y periodistas bajo la retórica de la tolerancia.)
Amnesty International: “China: Uighurs and Other Muslim Minorities Subjected to Crimes against Humanity”. Amnesty International, 2021. (Este reporte documenta la represión masiva en Xinjiang, incluyendo detenciones arbitrarias, vigilancia y restricciones culturales.)
Amnesty International: “Russia: Arrests for Blank Signs Show Absurd Repression of Dissent”. Amnesty International, 2022. (Este reporte evidencia cómo cualquier acto simbólico puede ser castigado como disidencia en Rusia.)
BBC: “Russia Passes Law Banning Criticism of Ukraine War”. BBC News, 2022. (BBC reporta la aprobación de la ley que penaliza críticas a la guerra en Ucrania.)
CDC: “Drug Overdose Deaths in the U.S. Top 100,000 Annually”. Centers for Disease Control and Prevention, 2022. (El CDC proporciona datos sobre la epidemia de opioides en EE.UU., mostrando vidas tratadas como prescindibles.)
Creemers, Rogier: “Cybersecurity Law of the People’s Republic of China: Translation with Annotations”. Leiden University, 2017. (Traducción y análisis de la Ley de Ciberseguridad china que institucionaliza el control estatal sobre la información digital.)
Economist: “China’s Singles’ Day: The World’s Biggest Shopping Festival”. The Economist, 2021. (Este reporte explica cómo el consumo masivo se convierte en espectáculo estatal que exhibe cohesión y prosperidad.)
Freedom House: “Freedom on the Net 2022: China”. Freedom House, 2022. (Este reporte detalla cómo se delega la censura a los propios ciudadanos, en particular a administradores de grupos en línea.)
Human Rights Watch: “Russia: Government vs. Rights Groups”. Human Rights Watch, 2017. (HRW analiza las leyes de “agentes extranjeros” que desmantelaron el periodismo independiente y las ONG.)
Human Rights Watch: “Venezuela’s Humanitarian Emergency: Large-Scale UN Response Needed to Save Lives”. Human Rights Watch, 2021. (HRW expone cómo la escasez de alimentos y medicinas se usa como herramienta de control político.)
Kuo, Lily: “China Passes Sweeping Data Privacy Law”. The Guardian, 2021. (Kuo informa sobre la Ley de Seguridad de Datos que amplía el control estatal sobre la información digital.)
New York Times: “How Black Lives Matter Changed the Way Americans Fight for Justice”. The New York Times, 2020. (NYT describe cómo las protestas de 2020 fueron absorbidas como contenido mediático y corporativo, perdiendo impacto político directo.)
Transparencia Venezuela: “Consejo Nacional de Ciberseguridad: Un Nuevo Mecanismo de Control Ciudadano”. Transparencia Venezuela, 2023. (TV explica cómo el Estado amplía la vigilancia digital y fomenta la autocensura comunitaria.)
UNHCR: “Venezuelan Refugee and Migrant Crisis”. United Nations High Commissioner for Refugees, 2023. (UNHCR Ofrece cifras de la diáspora venezolana, destacando el costo humano de la represión y la privación.)
Líderes y jefes de las 21 Primeras Naciones signatarias del Tratado Robinson Huron en el anuncio del 17 de junio de 2023 sobre el acuerdo propuesto. De pie a la izquierda: Gimaa Craig Nootchtai (Atikameksheng Anishinawbek); en el centro: Gimaa Dean Sayers. Fotografía de Jenny Lamothe. Cortesía de SooToday / Anishinabek News.
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Introducción
El anuncio del acuerdo del Tratado de Robinson Huron de 2023—captado en una imagen ampliamente difundida de líderes y ancianos reunidos en solidaridad—marca un momento de continuidad en la gobernanza indígena que en su día fue silenciada por el desplazamiento colonial. No escribo como miembro de estas comunidades, ni como ciudadano canadiense, sino como un observador que se apoya en testimonios y en la evidencia documentada. Bajo la serenidad natural de Parry Sound late una herida profundizada por el abandono continuado, una herida que requiere no sólo reconocimiento, sino un cambio estructural.
Los 94 Llamados a la Acción de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, emitidos en 2015, delinearon un plan integral en materia de justicia, salud y educación. Casi una década después, el Instituto Yellowhead informa que sólo se han completado 13 de los 94—y ninguno en 2023. Esta inacción revela la brecha entre el compromiso y la ejecución, mostrando que la reconciliación sigue siendo más retórica que estructural.
Es revelador que las tensiones entre las tribus de las Primeras Naciones y las instituciones canadienses pongan de manifiesto cómo un país que celebra la diversidad cultural puede seguir en conflicto con sus pueblos originarios.
Por Ricardo Morin, 6 de agosto de 2025; Isla Isabella, Parry Sound, Ontario, Canadá
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Resumen
Este ensayo examina el legado perdurable de la violencia colonial contra las comunidades indígenas del norte de Ontario, con énfasis en el encarcelamiento y su desproporcionado impacto sobre las mujeres indígenas. Basándose en el testimonio de un especialista en justicia juvenil y en la historia jurídica canadiense reciente, muestra cómo la ley y la política siguen enmascarando los orígenes del daño y perpetuando ciclos de trauma. Al rehusar tomar en cuenta el contexto histórico, el sistema de justicia convierte la neutralidad en complicidad. La sanación, por tanto, exige no sólo resiliencia, sino un cambio político. Bajo la quieta belleza de Parry Sound yace una herida sin tratar—visible en estadísticas, silencios y vidas truncadas. Los encuentros en torno a tratados contemporáneos y las imágenes de solidaridad dan testimonio tanto de la continuidad histórica como de la fuerza emergente de un resurgimiento jurídico indígena.
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« Una herida que supura »
La barca atraviesa las aguas tranquilas de Parry Sound en dirección sur hacia la Isla Isabella. La belleza circundante—pinos densos, formaciones rocosas dispersas y cielo abierto—contrasta con lo que mi primo Marc revela al desembarcar: que bajo este apacible paisaje del norte de Ontario persiste una historia de abuso, borramiento y abandono sistémico. Marc, especialista veterano en justicia juvenil en el sistema legal de Ontario, ha pasado más de treinta años asesorando a departamentos de policía y a tribunales en causas contra menores. Su experiencia abarca casi todos los casos de homicidio juvenil en la provincia, pero sus observaciones más dolorosas, dice, no provienen de lo que la ley contempla, sino de lo que omite.
Esta omisión no es accidental. Los pueblos originarios de esta región—los Anishinaabeg, incluidos los Ojibway, Odawa y Potawatomi—han vivido durante generaciones bajo políticas que transformaron la violencia colonial en negligencia institucional. Las escuelas residenciales, administradas principalmente por iglesias y avaladas por el gobierno canadiense, buscaban asimilar a los niños indígenas separándolos por la fuerza de sus familias y de su cultura. El abuso físico y sexual, la desnutrición y el trauma psicológico fueron generalizados. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Canadá, que publicó su informe final en 2015, calificó este sistema como “genocidio cultural”. Sin embargo, pese al reconocimiento oficial, su legado sigue incrustado en la aplicación de la ley, la educación, la vivienda y el encarcelamiento.
Como relata Marc, los efectos actuales no son meros vestigios: son acumulativos. Las comunidades indígenas del distrito de Parry Sound, explica, suelen ser objeto de hostigamiento racista abierto. Menciona casos en que personas indígenas han sido secuestradas por residentes blancos, llevadas a kilómetros de sus comunidades y abandonadas en pleno invierno—semidesnudas, humilladas y en peligro físico; algunas murieron. Estas historias no son excepcionales. Se transmiten en silencio, en la desconfianza, en patrones de desaparición y criminalización. “La depresión y los delitos menores”, continúa Marc, “llevan a los jóvenes indígenas a prisión. Pero son las mujeres indígenas quienes más sufren.”
Hoy, cerca del 70 por ciento de la población femenina encarcelada en Ontario es indígena—una cifra que desafía toda proporcionalidad y exige un escrutinio moral. La cifra equivalente para los hombres es del 20 por ciento, ya de por sí alarmante. ¿Qué explica la extrema sobrerrepresentación de las mujeres indígenas? Los datos apuntan a una convergencia de factores de riesgo: trauma intergeneracional, pobreza, falta de acceso a la atención sanitaria, educación interrumpida y sesgo policial sistémico. Las mujeres indígenas son también las víctimas más frecuentes de violencia doméstica y sexual, a menudo desprotegidas por un sistema de justicia que ignora su vulnerabilidad hasta criminalizar su supervivencia. Es mucho más probable que sean encarceladas por delitos vinculados al trauma—consumo de sustancias, hurtos menores o incumplimiento de medidas cautelares. En estos casos, el encarcelamiento sustituye al cuidado; el silencio sustituye a la rendición de cuentas.
Los marcos legales no reconocen esta cadena de causas. Donde el sistema judicial reclama imparcialidad, con frecuencia actúa como mecanismo de amnesia histórica. La neutralidad política se convierte en indiferencia moral. La sala de audiencias habla en términos de culpabilidad individual, separada del contexto social. Lo que la justicia omite es precisamente lo que la historia insiste en mostrar: que una herida no tratada no cicatriza, sino que se profundiza.
La resistencia no ha estado ausente. Las Primeras Naciones locales se han organizado para reclamar derechos territoriales, restaurar lenguas y establecer servicios de salud basados en el conocimiento tradicional. Movimientos como Idle No More y el trabajo de líderes como Cindy Blackstock y Tanya Talaga han elevado la conciencia nacional. Sin embargo, la maquinaria de reparación avanza con lentitud. Se redactan informes, se emiten disculpas, se concluyen comisiones. Entretanto, las comunidades siguen sin recursos, la juventud sigue siendo vulnerable y las mujeres continúan desapareciendo—unas veces en instituciones, otras veces en la penumbra del silencio.
Este ensayo no acusa a un solo actor. Pretende iluminar lo que las instituciones suelen dejar de ver: que el daño no es sólo histórico, sino estructural; que la sanación no es sólo personal, sino política; y que la justicia, sin historia, corre el riesgo de convertirse en una representación vacía.
Las aguas de Parry Sound parecen pacíficas, pero ocultan la contradicción de una nación que promete reconciliación mientras la deja inconclusa. Entre 2015 y 2023, sólo 13 de los 94 Llamados a la Acción de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación fueron implementados—ninguno en el último año. Tal inacción no borra los testimonios; los amplifica. No puedo pretender hablar por las Primeras Naciones, pero sí dar testimonio del registro, de las palabras de quienes viven estas realidades y del silencio que persiste cuando las promesas no se cumplen. La sanación requiere más que reconocimiento; requiere responsabilidad y el cambio estructural que las voces indígenas han reclamado durante tanto tiempo. El papel de un observador externo, si tiene alguna legitimidad, no es prescribir, sino escuchar, aprender y visibilizar lo que ya está siendo dicho.
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Apéndice: Fuentes y datos de seguimiento
Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Canadá, Informe Final: Volumen 5: El Legado. Montreal y Kingston: McGill-Queen’s University Press, 2015. (Incluye 94 Llamados a la Acción en los ámbitos de la justicia, la educación, la salud, etc.).
[1]. Office of the Correctional Investigator, “Annual Report, 2020–2021.” Ottawa: Office of the Correctional Investigator, 2021. (Este informe documenta que las mujeres indígenas representan más del 50 % de las mujeres encarceladas a nivel federal en Canadá. Contrasta este alarmante aumento con el encarcelamiento de hombres indígenas, que sigue siendo alto pero menos acelerado.)
[2]. Truth and Reconciliation Commission of Canada, Final Report, Volume 5: The Legacy. Montreal y Kingston: McGill‑Queen’s University Press, 2015. (Este volumen establece una continuidad histórica entre el trauma de las escuelas residenciales y las inequidades legales actuales. A partir de testimonios de sobrevivientes, detalla la remoción sistemática de niños, la supresión cultural y los efectos psicológicos intergeneracionales.)
[3]. Statistics Canada, “Women in Canada: A Gender‑based Statistical Report.” Ottawa: Government of Canada, 2020. (Este informe estadístico resalta las tendencias de encarcelamiento específicas por género, enfatizando la sobrerrepresentación de mujeres indígenas en prisión, a menudo por infracciones administrativas o no violentas.)
[4]. Public Safety Canada, “Risk Assessment and Indigenous Offenders.” Ottawa: Government of Canada, 2016. (Este informe gubernamental examina cómo las herramientas estándar de evaluación de riesgo asignan niveles de seguridad más altos a las personas indígenas, especialmente a las mujeres, debido a factores vinculados al trauma interpretados erróneamente como criminógenos.)
[5]. Parliamentary Budget Officer, “Costing Restorative Justice Programs.” Ottawa: Office of the Parliamentary Budget Officer, 2020. (Este estudio señala la disparidad en financiación y acceso a programas de justicia restaurativa, mostrando cómo las mujeres indígenas reciben menos opciones de desvío que los hombres o la juventud, reflejo de una negligencia sistémica.)
[6]. Department of Justice Canada, “Indigenous Overrepresentation in the Criminal Justice System.” Ottawa: Government of Canada, 2018. (Este informe proporciona datos estadísticos sobre la detención previa al juicio, la denegación de fianza y los resultados de las sentencias, subrayando causas administrativas de la sobrerrepresentación indígena en prisión, particularmente entre mujeres.)
[7]. Talaga, Tanya. Seven Fallen Feathers: Racism, Death, and Hard Truths in a Northern City. Toronto: House of Anansi Press, 2017. (A través de la investigación de las muertes de siete jóvenes indígenas en Thunder Bay, este libro expone un patrón de fracaso institucional y racismo sistémico dentro de la policía, la educación y el sistema de justicia canadiense.)
[8]. Idle No More, “About the Movement.” Saskatoon: Idle No More, 2012–presente. https://idlenomore.ca/about-the-movement/. (Esta página web oficial traza los orígenes, objetivos y actividades del movimiento Idle No More, surgido en defensa de la soberanía indígena y el medioambiente. Destaca el papel central de las mujeres indígenas en la movilización y educación pública.)
Ricardo Morin La desintegración de un país CGI 2025
A mi hermano Alberto, cuya constancia sostuvo esta reflexión e hizo posibles estas páginas.
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Ricardo Morin
29 de Julio de 2025
Bala Cynwyd, Pensilvania
Resumen
Este ensayo examina la degradación de la identidad nacional venezolana en el contexto de un prolongado fracaso estatal. Argumenta que el colapso de la soberanía institucional, la afluencia de influencia extranjera autoritaria y el desplazamiento de ciudadanos nativos de la vida económica y cívica no solo han vaciado la república, sino que han fracturado la cohesión simbólica necesaria para la pertenencia nacional. A través de un análisis razonado de la infiltración económica, la marginación cultural y las consecuencias morales de la desposesión, el ensayo explora cómo la identidad en Venezuela se ha convertido en un acto disputado de memoria y resistencia. El ensayo ofrece una interpretación del proceso de disolución nacional no desde el activismo político, sino desde una perspectiva cívica y ética.
Sección I: Perder el país: Identidad en un Estado fallido
La identidad nacional no es una abstracción; es la sensación vivida de coherencia que une a los individuos a una historia compartida, un idioma y un proyecto cívico. En los Estados funcionales, esta identidad se refuerza mediante la estabilidad de sus instituciones gubernamentales, la continuidad de sus leyes y la experiencia de pertenecer a un orden social protegido. Cuando un Estado falla—por control autoritario, decadencia institucional y colapso de la soberanía—su pueblo no solo pierde servicios o derechos. Comienza también a perder su lugar en el mundo.
Como advierte Michel Agier, la pérdida de estructuras de protección y reconocimiento convierte al ciudadano en un “desplazado simbólico” dentro de su propio país, cuyas formas de pertenencia ya no encuentran correlato institucional ni imaginario (Agier The Border of the World, 2016).
Esta desestabilización no es únicamente resultado del colapso económico o la persecución política. Se ha visto también agravada por el enredo estratégico del régimen con poderes autoritarios extranjeros, que ha introducido intereses externos en sectores centrales de la economía y el territorio nacionales. Mediante dependencias negociadas—ya sea en industrias extractivas, infraestructura, vigilancia o cooperación militar—el Estado venezolano ha cedido el control de activos e instituciones estratégicas a actores foráneos. Al hacerlo, no solo ha comprometido la soberanía nacional; ha reordenado también la jerarquía social y cultural de la pertenencia.
Como describe Louisa Loveluck, estos enclaves funcionan como “estructuras paralelas de control y privilegio”, en las que las lealtades al poder externo sustituyen a las instituciones tradicionales del Estado (Loveluck “Foreign Control and Local Collapse in Venezuela’s Border Zones”, The Washington Post, 2019).
Según David Smilde, esta delegación de funciones soberanas a aliados autoritarios ha transformado el aparato del Estado en un instrumento de supervivencia del régimen antes que un medio de representación nacional (“The Military and Authoritarian Resilience in Venezuela”, Latin American Politics and Society, 2020).
Este proceso genera una ruptura psicológica: El fenómeno ha sido identificado por Arjun Appadurai como el efecto de “desanclaje identitario”, donde la desvinculación del entorno cultural impide al ciudadano reconocerse en su presente histórico (Modernity at Large, 1996).
Cuando las instituciones de una nación ya no reflejan a su pueblo, y cuando su futuro es moldeado por imperativos extranjeros, la idea de venezolanidad se vuelve menos una realidad cívica y más una memoria bajo asedio. La pérdida no es solo territorial—es también existencial.
Hannah Arendt lo formuló con gravedad al señalar que la pérdida del derecho a tener derechos comienza cuando se pierde la pertenencia a una comunidad política capaz de garantizarlos (The Origins of Totalitarianism, 1951).
Sección II: Alianzas autoritarias e infiltración económica
La transformación de Venezuela en un Estado fallido no ha ocurrido en aislamiento. Su trayectoria autoritaria ha sido reforzada por una estrategia calculada de alineamiento internacional con otros regímenes que operan fuera de las normas de la rendición democrática de cuentas. Estas alianzas—sobre todo con Cuba, Rusia, China, Irán y Turquía—no solo han proporcionado al régimen de Maduro legitimidad política y apoyo técnico; han permitido también la progresiva tercerización de funciones y recursos nacionales al control extranjero [cf. Ellis 2018, 49–56].
No se trata de alianzas tradicionales basadas en desarrollo mutuo o cooperación entre iguales. Son acuerdos transaccionales en los que el Estado venezolano renuncia a soberanía a cambio de supervivencia. Préstamos chinos garantizados con reservas petroleras, participaciones rusas en infraestructura energética, operaciones de inteligencia cubanas incrustadas en el aparato militar y civil, y empresas iraníes en minería y logística han contribuido todas al desplazamiento de venezolanos nativos de sectores económicos críticos [cf. Trinkunas 2015, 3–6; Levitsky y Ziblatt 2018, 197–198].
Paralelamente, redes empresariales privadas e informales—frecuentemente ligadas a estos intereses extranjeros—han arraigado en los mercados locales, a veces desplazando o superando a productores domésticos históricos. Esta infiltración económica tiene un efecto dual. Distorsiona la asignación de recursos nacionales, desviando riqueza y oportunidad de la población hacia una pequeña clase de beneficiarios del régimen y sus patrones extranjeros [cf. Corrales 2020, 212–215]. Y reconfigura la geografía del poder: regiones enteras, especialmente las ricas en petróleo, minerales o posiciones estratégicas, han pasado al control funcional de actores externos o milicias bajo protección extranjera [cf. Romero 2021, 88–91].
En tales contextos, los venezolanos no solo se sienten excluidos de su economía; la experimentan también como algo ajeno—gestionada, explotada y asegurada por quienes tienen lealtades en otro lugar. El resultado es una alienación corrosiva. Una población que antes se veía beneficiaria de un proyecto nacional ahora confronta la realidad de un sistema extractivo en que su trabajo, tierra y cultura ya no se valoran en sus propios términos. La economía deja de ser plataforma de progreso colectivo para convertirse en zona de extracción extranjera, protegida por la represión y organizada mediante la impunidad [cf. Loveluck y Dehghan 2020; López Maya 2022].
En este entorno, la cuestión de la identidad se vuelve inseparable de la pérdida de agencia. Ser venezolano, bajo tales condiciones, es ser subordinado dentro del propio país.
Sección III: Desplazamiento cultural y social
La desintegración de la identidad en un Estado fallido no se limita a las estructuras políticas o económicas; se extiende al tejido cultural y social de la vida cotidiana. En Venezuela, el desplazamiento de ciudadanos nativos no siempre es físico—aunque la emigración masiva ha marcado la experiencia nacional—sino también cada vez más simbólico y funcional. Las instituciones, costumbres e incluso los espacios que antes encarnaban una identidad cívica compartida están siendo vaciados, reutilizados o reemplazados por estructuras que ya no reflejan los valores o prioridades venezolanas [cf. Salas 2019, 45–47].
La educación pública, por ejemplo, fuente durante mucho tiempo de orgullo nacional y movilidad social, ha sido sistemáticamente desmantelada. En su lugar, la indoctrinación ideológica y la lealtad partidista se han convertido en criterios para el acceso y el ascenso [cf. Human Rights Watch 2021]. El efecto no es solo la degradación del conocimiento y la oportunidad, sino también la politización misma de la infancia. De manera similar, la producción cultural—antes diversa, expresiva y regionalmente vibrante—se ha reducido bajo la censura, la crisis económica y el colapso del apoyo público a las artes [cf. Ávila 2020, 119–124].
Lo que queda es trivializado para propaganda o silenciado por completo. El resultado es un silencio cultural, donde las narrativas compartidas se desfiguran y la vida simbólica de la nación se reduce a eslóganes y espectáculo. Mientras tanto, la afluencia de intereses extranjeros y su infraestructura social—trabajadores contratados, complejos comerciales, seguridad privada, instituciones paralelas—ha introducido nuevas normas culturales y lealtades en ambientes locales, particularmente en regiones fronterizas y ricas en recursos [cf. Rodríguez y Ortega 2023].
Estos cambios son a menudo sutiles: señalizaciones en idiomas desconocidos, productos importados reemplazando a los domésticos, nuevos patrones de exclusión en el acceso a servicios o empleo. Pero con el tiempo alteran el carácter del lugar, desplazando no solo a las personas sino también los significados que los lugares antes tenían. Esta forma de desplazamiento es desorientadora porque opera en la vida cotidiana. Hace que los venezolanos sean extraños en sus propios mercados, en sus propias escuelas, en su propia tierra. Deshilacha el sentido de reconocimiento mutuo que hace posible la coexistencia.
Cuando las comunidades ya no comparten un punto de referencia común—sea legal, lingüístico o moral—pierden la cohesión necesaria para sostener la identidad como algo vivido y afirmado. La ruptura no es dramática; es lenta, acumulativa y profundamente dañina [cf. Arendt 1951, 302–306]. En este contexto, la resiliencia cultural se vuelve más difícil de sostener. La identidad, antes reforzada por la participación en la vida pública y el orgullo por el logro colectivo, comienza a retirarse a la nostalgia o fracturarse en líneas de clase, exilio o supervivencia ideológica. Se vuelve reactiva más que generativa—algo que defender en lugar de construir.
Sección IV: Dignidad y la lucha por pertenecer
Freedom House (“Venezuela: Freedom in the World 2024,” Washington: Freedom House, 2024) nos proporciona datos empíricos actualizados y contexto analítico sobre el declive de los derechos políticos y las libertades civiles en Venezuela, con especial atención a la consolidación autoritaria y el control estatal.
En el corazón de la identidad nacional yace la necesidad humana de dignidad: la certeza de que la propia vida es reconocida, el propio trabajo valorado y la propia voz capaz de contribuir a un futuro común. En la Venezuela actual, esta dignidad ha sido sistemáticamente socavada. El colapso de las instituciones, la degradación de la vida pública y los enredos extranjeros que distorsionan la economía nacional han contribuido a un clima en el que el ciudadano promedio ya no se siente visto ni protegido por su país. No se trata solo de una falla política, sino también de una fractura en el fundamento ético de la nación. Como advirtió Emmanuel Levinas, “la dignidad no es una categoría jurídica sino la respuesta del rostro del otro que nos interpela y nos obliga” (Levinas 1982).
Cuando un gobierno no gobierna en nombre de su pueblo, sino en servicio de su propia permanencia y de sus patrones externos, la pertenencia se vuelve condicional. La lealtad se exige, no se gana. La disidencia se criminaliza, no se escucha. La ciudadanía, lejos de ofrecer protección, se convierte en una carga. En tal sistema, la dignidad no solo se niega—se redefine por el miedo, la dependencia y el silencio. Aquí se cumple la advertencia de Hannah Arendt: “la pérdida de los derechos humanos comienza cuando se pierde el derecho a tener derechos” (Arendt 1951).
Esto deja a los venezolanos, tanto dentro como fuera del país, suspendidos entre la desposesión y la resistencia. Muchos continúan luchando por lo que queda: organizarse localmente, enseñar a pesar del colapso escolar, alimentar a los vecinos ante la ausencia de servicios, proteger la memoria frente a la propaganda. Estos actos son heroicos, pero también son respuesta al abandono. Testifican la fortaleza del pueblo, pero también el vacío donde debería estar el Estado.
Para quienes están en el exilio, la pérdida suele ser doble: la del hogar físico y la del contexto vital. Los referentes culturales ya no coinciden con la experiencia diaria. El acento se vuelve marcador de desplazamiento. El pasaporte, una barrera más que un derecho. Y, sin embargo, el exilio también puede agudizar el sentido de lo perdido—y de lo que debe preservarse. Así, la identidad persiste no por afirmación de una nación funcional, sino por la negativa a olvidar una. En palabras de Edward Said, “el exilio no es simplemente una condición de pérdida, sino una forma crítica de estar en el mundo” (Said 2000).
Aun así, la dignidad exige más que memoria. Requiere restauración: de las instituciones, de la justicia, de un espacio cívico donde los venezolanos puedan nuevamente participar como iguales. Hasta que esa restauración sea posible, la lucha por pertenecer seguirá definiendo la identidad venezolana—no como una herencia estática, sino como una negativa constante a rendirse ante lo que queda del núcleo moral del país.
Sección V: Una palabra para los desposeídos
Hablar de desposesión es nombrar no solo lo que ha sido arrebatado, sino también lo que sigue siendo negado: el derecho a forjar un propio futuro dentro de un marco de justicia, pertenencia y sentido compartido. En Venezuela, la desposesión ha ocurrido mediante un desmantelamiento deliberado de la soberanía—primero por corrupción interna, luego por enredo externo. Lo que queda es un pueblo disperso, un territorio fragmentado y una identidad bajo enorme presión. Como ha señalado Achille Mbembe, “la desposesión no solo opera sobre los cuerpos, sino también sobre los imaginarios colectivos que sostienen la vida en común” (Mbembe 2016).
Y, sin embargo, la desposesión no es el final de la identidad. La ausencia de un Estado funcional no borra la memoria moral de una nación. La lengua, las tradiciones, los valores y las aspiraciones cívicas que una vez definieron la vida venezolana no han desaparecido: han sido llevados al subsuelo, cargados al exilio o resguardados en el corazón de quienes recuerdan. “La lengua es la morada del ser”, decía Heidegger, y donde se mantiene viva, persiste una forma de pertenencia (Heidegger 1959).
La tarea ahora no es solo resistir, sino reconstruir: articular una visión de la venezolanidad que rechace tanto el cinismo como el olvido.
Esto no puede hacerse únicamente desde la nostalgia. Tampoco puede delegarse sin compromiso a futuras generaciones. Comienza por la negativa a normalizar lo que no es normal: la ocupación extranjera de recursos nacionales, la criminalización de la disidencia, la negación de oportunidades, la devaluación de la ciudadanía. Continúa en el trabajo silencioso de preservar la lengua, la historia y la dignidad donde todavía sea posible—ya sea en aulas, en el exilio o por medio de la palabra escrita. Y cobra fuerza en la solidaridad: entre quienes se quedaron, quienes se fueron y quienes cargan con ambos destinos.
La identidad venezolana, bajo estas condiciones, no es una herencia fija, sino un acto de resistencia. Es la afirmación de que la dignidad no se negocia, y de que un pueblo no puede ser reemplazado de forma permanente por alianzas de conveniencia y control. La recuperación de la nación tomará tiempo, y quizá requiera formas aún no imaginadas. Pero dependerá, por encima de todo, de la preservación del espíritu cívico: uno que sepa lo que se ha perdido y se niegue a dejarlo en el olvido.
Epílogo
A medida que la historia de Venezuela se despliega en oleadas, la lucha entre la unidad y la fragmentación, el idealismo y la autoridad, se repite una y otra vez —no solo en los pasillos del poder, sino también en la vida privada de quienes padecen sus consecuencias. El poder, en todas sus formas, pone a prueba el tejido mismo de la nación, y sin embargo la búsqueda del equilibrio sigue siendo esquiva. Venezuela continúa atrapada en una profunda crisis humanitaria, con millones de personas privadas de atención médica y de nutrición básica, según el World Report 2024 de Human Rights Watch. [1] El país presenta hoy la tasa más alta de desnutrición de América del Sur: el 66 % de la población necesita ayuda humanitaria y el 65 % ha perdido de manera irreversible sus medios de subsistencia. A pesar de las reiteradas promesas de reforma y de amnistía, las estructuras de poder enquistadas han impedido un cambio significativo y perpetuado lo que se considera ampliamente un régimen autoritario y corrupto. Las intervenciones externas —principalmente diplomáticas y sanciones económicas— han sido frecuentes, pero no han logrado inducir una transformación sustantiva.
La teoría política sostuvo alguna vez que la expansión de la democracia aseguraría la paz entre las naciones. [2] La experiencia venezolana sugiere lo contrario: la paz se desvanece cuando la democracia se vacía en la temporalidad del caos. Aunque tales teorías no abordan directamente la persistencia de las autocracias, el caso venezolano pone de relieve cómo los regímenes fortalecidos por el control interno y por alianzas autocráticas estratégicas con el exterior pueden resistir tanto la agitación interna como la presión externa.
En Venezuela, los planteamientos teóricos encuentran una expresión concreta en la manera en que las instituciones democráticas —elecciones, legislaturas y tribunales— son reconfiguradas para afianzar el control autoritario. Mediante procesos electorales escenificados, legislaturas restringidas y poderes judiciales politizados, estos regímenes suprimen la disidencia, manipulan la percepción pública y eluden la rendición de cuentas ante el exterior. La legitimidad deja de ser un mandato del pueblo y se convierte en un mecanismo para la permanencia del poder.
Aunque el camino hacia el futuro sigue siendo incierto, la crisis ya no es meramente política: es sistémica, está incrustada en el propio tejido de la historia venezolana. La resolución de esta crisis requiere algo más que un relevo político o una intervención externa; exige el reconocimiento de la herencia histórica que ha modelado la desconfianza y la disfunción del país. Los cimientos del gobierno se han construido durante mucho tiempo sobre fuerzas en conflicto, y cualquier posibilidad de cambio comienza con la conciencia de ese legado. Una estrategia coordinada que integre apoyo económico, compromiso diplomático y movimientos democráticos de base puede ofrecer un alivio temporal, pero no puede resolver lo que está arraigado. La verdadera transformación requiere una revisión cultural: un desplazamiento interno de la conciencia que confronte las mismas fuerzas que han permitido el dominio autocrático. Y sin una profunda unidad interior —un despertar cultural capaz de superar siglos de contradicciones inherentes— la posibilidad de esa transformación podría permanecer distante, aunque no extinguida.
[2] Azar Gat, “The Democratic Peace Theory Reframed”, World Politics (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, Vol. 58, No. 1, October 2005, 73-100.https://www.jstor.org/stable/40060125
Améry, Jean: At the Mind’s Limits: Contemplations by a Survivor on Auschwitz and Its Realities. Bloomington: Indiana University Press, 1980. (Una reflexión filosófica y existencial sobre el sufrimiento, el exilio y la pérdida de pertenencia. El ensayo retoma su idea de que no hay violencia mayor que ser despojado de un lugar al que poder regresar, lo que se convierte en un eje moral en la Venezuela del éxodo.)
Arendt, Hannah: The Origins of Totalitarianism. Nueva York: Harcourt Brace, 1951. (Estudio fundamental sobre el desarraigo, la desnacionalización y el derecho a tener derechos. Su conceptualización de los refugiados apátridas informa directamente el argumento sobre la pérdida de pertenencia como forma de expulsión ontológica.)
Ávila, Rafael: La cultura sitiada: Arte, política y silencio en Venezuela. Caracas: Editorial Alfa, 2020. (Ávila examina cómo la censura, la precariedad económica y el control institucional han reducido drásticamente la producción artística independiente en Venezuela. Citado para sustentar la afirmación de que la diversidad cultural ha sido reemplazada por una expresión condicionada por el poder y la subsistencia.)
Corrales, Javier: Autocracy Rising: How Venezuela’s Authoritarian Leaders Consolidated Power. Washington, DC: Brookings Institution Press, 2020. (Corrales explica cómo las élites del régimen han concentrado el control económico a través de redes informales, permitiendo que oligarquías respaldadas por potencias extranjeras desplacen a los actores económicos nacionales. Se utiliza para respaldar la afirmación de que hoy son los aliados y patrocinadores extranjeros quienes dominan los flujos de recursos venezolanos.)
Ellis, R. Evan: Transnational Organized Crime in Latin America and the Caribbean. Lanham, MD: Lexington Books, 2018. (Ofrece un mapeo exhaustivo sobre cómo actores extranjeros—especialmente de Cuba, Rusia y China—se integran en el aparato estatal venezolano. Citado para explicar la externalización estratégica de la soberanía hacia aliados no democráticos.)
Gessen, Masha: Surviving Autocracy. Nueva York: Riverhead Books, 2020. (Aunque centrado en Estados Unidos, este libro articula patrones generales del comportamiento autocrático—como la degradación del lenguaje, el vaciamiento institucional y la desorientación pública—que también se aplican al caso venezolano.)
Heidegger, Martin: Unterwegs zur Sprache. Pfullingen: Neske, 1959. (Contiene la conocida frase “Language is the house of being” [El lenguaje es la casa del ser]citada para subrayar la relación entre la continuidad lingüística y el sentido de pertenencia existencial.)
Human Rights Watch: “Venezuela’s Humanitarian Emergency: Large-Scale UN Response Needed to Address Health and Food Crisis.” Nueva York: Human Rights Watch, 2019. (Informe detallado que vincula el colapso de los servicios públicos con violaciones de derechos básicos y de la dignidad nacional, destacando cómo la crisis humanitaria contribuye a la degradación de la identidad.)
Levinas, Emmanuel: Totalité et infini: Essai sur l’extériorité. La Haya: Martinus Nijhoff, 1961. (La ética de la alteridad de Levinas, centrada en la responsabilidad hacia el otro irreductible, sustenta el argumento del ensayo a favor de una política basada en la dignidad y no en la identidad estatal ni en la reciprocidad calculada.)
Levitsky, Steven y Ziblatt, Daniel: How Democracies Die. Nueva York: Crown Publishing Group, 2018. (Levitsky y Ziblatt ofrecen un marco para entender la degradación democrática a través de la captura institucional y las alianzas externas. Se cita para subrayar el carácter transaccional de las alianzas internacionales del régimen venezolano.)
López Maya, Margarita: “Economía extractiva y soberanía en disputa: el Arco Minero del Orinoco.” Revista Venezolana de Ciencia Política 45 (2022): 34–49. (López Maya analiza cómo las zonas mineras se han convertido en territorios semiautónomos controlados por milicias e intereses extranjeros, apoyando el argumento del ensayo sobre la alienación geográfica y la fragmentación económica.)
Loveluck, Louisa: “The Collapse of a Nation: Venezuela’s Descent into Authoritarianism.” The Washington Post, julio de 2020. (Síntesis periodística del colapso estructural venezolano, con testimonios de primera mano sobre la alienación económica y el coste psicológico del abandono estatal.)
Loveluck, Louisa y Dehghan, Saeed Kamali: “Venezuela Hands Over Control of Key Assets to Foreign Backers.” The Washington Post, 2020. (Reportaje de investigación que documenta la privatización y gestión extranjera de sectores estratégicos venezolanos. Se cita para mostrar cómo las industrias nacionales han sido subordinadas al control externo.)
Mbembe, Achille: Politiques de l’inimitié. París: La Découverte, 2016. (Mbembe explora la política de la enemistad y los mecanismos de desposesión en la modernidad tardía. Citado para destacar cómo la violencia estructural afecta tanto la vida material como el imaginario colectivo.)
Rodríguez, Luis, y Ortega, Daniela: Colonización contemporánea: transformaciones culturales en las zonas extractivas de Venezuela. Mérida: Editorial de la Universidad de los Andes, 2023. (Estudio etnográfico sobre los efectos socioculturales de la inversión extranjera en regiones mineras y fronterizas, incluyendo la introducción de nuevas jerarquías, códigos de convivencia y formas de organización paralelas. Se cita para sustentar el argumento sobre la transformación de normas culturales y lealtades comunitarias.)
Romero, Carlos A.: “Geopolítica, militarización y relaciones internacionales del chavismo.” Nueva Sociedad 293 (2021): 82–94. (Romero traza cómo las alianzas exteriores han militarizado las zonas fronterizas y reforzado el autoritarismo interno. Se emplea para sustentar la afirmación de que el poder ha basculado hacia actores cuya lealtad está fuera de Venezuela.)
Roth, Kenneth: The Fight for Rights: Human Dignity and the Struggle Against Authoritarianism. Nueva York: W. W. Norton, 2022. (Roth examina los fundamentos morales y cívicos de la dignidad, proporcionando contexto para el argumento de que la identidad venezolana debe hoy preservarse mediante la resistencia, más que a través del reconocimiento estatal.)
Said, Edward W.: Reflections on Exile and Other Essays. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2000. (Said explora la experiencia del exilio como una condición existencial y crítica, más allá del simple desarraigo. Citado para sostener la idea de que la identidad venezolana en la diáspora se mantiene viva no por medio de una nación funcional, sino por la negativa a olvidar).
Salas, Miguel: Arquitectura y desposesión: Espacios públicos y crisis urbana en Venezuela. Caracas: Editorial Punto Cero, 2019. (Salas analiza la transformación de la arquitectura y los espacios públicos en el contexto del colapso político y social de Venezuela. Citado para fundamentar la idea de que las estructuras cívicas compartidas están siendo despojadas de su función simbólica y comunitaria.)
Schmitt, Carl: The Concept of the Political. Chicago: University of Chicago Press, 1996. (Referencia teórica sobre la soberanía, útil para comprender cómo el régimen venezolano define enemigos y aliados no en función de la legalidad, sino de la lealtad, reformulando así el propio significado de la ciudadanía.)
Shklar, Judith: American Citizenship: The Quest for Inclusion. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1991. (Shklar estudia cómo la exclusión política y social ha configurado el significado de ciudadanía en Estados Unidos. El ensayo retoma su premisa de que ser ciudadano implica no solo derechos legales, sino pertenencia efectiva y dignidad reconocida.)
Smilde, David. “Participation, Politics, and Culture in Twenty-First Century Venezuela.” Latin American Research Review 52, n.º 1 (2017): 157–65. (Smilde analiza el impacto cultural de la polarización política y la exclusión en Venezuela, y cómo la identidad se forma en espacios cívicos disputados.)
Trinkunas, Harold A.: “Venezuela’s Defense Sector and Civil-Military Relations.” Washington, DC: Brookings Institution Working Paper, 2015. (Trinkunas estudia el arraigo de la influencia cubana y rusa en el sector militar venezolano. Se cita para explicar la redefinición de la soberanía bajo presencia asesora extranjera.)
Sobre Trump, Putin y el eje velado de Kiev a Caracas
Ricardo Morin
7 de Julio de 2025
En las últimas semanas, he observado con creciente inquietud cómo ciertas decisiones de política exterior adoptadas bajo la administración de Donald Trump se despliegan con una simetría peculiar: una que parece resonar, beneficiar o incluso habilitar discretamente las prioridades estratégicas de Vladímir Putin. Aunque estas decisiones se presentan públicamente como cuestiones de diplomacia, seguridad o control migratorio, el patrón que se dibuja —al considerar la geografía y el calendario— resulta difícil de ignorar. Sugiere no solo una convergencia de intereses, sino también una convergencia de silencios: de cosas que no se dicen, no se cuestionan, no se confrontan.
Un artículo de opinión agudo y bien fundamentado publicado en The Washington Post por Marian Da Silva Parra, investigadora del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Columbia, denunció con claridad la ampliación de las restricciones de viaje impuestas por la administración: políticas que penalizan a disidentes venezolanos y refuerzan, de hecho, el control de Nicolás Maduro al permitirle presentar a sus opositores como amenazas extranjeras. Pero lo más revelador no es el contenido del artículo, sino el hecho de que haya aparecido únicamente como una opinión, y no como objeto de atención periodística sostenida en las páginas principales. Por sustantiva que sea la crítica, su forma de publicación la reduce a comentario más que a advertencia.
Simultáneamente, el respaldo estadounidense a Ucrania se muestra cada vez más vacilante. Se pausaron discretamente los envíos de ayuda militar, y solo se reanudaron tras la presión pública provocada por el bombardeo del 4 de julio sobre Kiev. La coordinación de sanciones internacionales se ha debilitado y ahora se ejerce presión diplomática sobre Ucrania para que acepte un alto el fuego que el Kremlin, hasta ahora, no ha mostrado voluntad alguna de respetar.
No se trata de gestos aislados. Todos favorecen, una y otra vez, los intereses de Moscú.
Esto plantea una pregunta de mayor alcance: ¿Estamos presenciando la configuración silenciosa de un desplazamiento geopolítico a dos frentes —de Europa del Este al hemisferio occidental— en el que la política exterior de Estados Unidos, ya sea por intención o por inercia, está facilitando la proyección internacional de Rusia? ¿O se trata simplemente de decisiones motivadas por cálculos internos, cuyos efectos colaterales en el exterior no han sido medidos?
Cabe decirlo con claridad: no hay pruebas concluyentes de una coordinación deliberada. Pero los resultados importan. Una Ucrania debilitada. Un Maduro envalentonado. Una prensa distraída y desmoralizada. Una opinión pública alimentada más por gestos que por sustancia. Lo que se configura no es una conspiración, sino una escenografía —no examinada, no cuestionada, y peligrosamente alineada con una visión del mundo en la que la resistencia democrática se considera desestabilizadora y la consolidación autoritaria, restauradora del orden.
En un clima así, la percepción no es una cuestión de imagen. Se convierte en el único terreno donde aún es posible navegar aquello que el lenguaje oficial se niega a nombrar.
La guerra en Ucrania suele presentarse como un enfrentamiento geopolítico entre Occidente y Rusia, pero esta interpretación puede oscurecer una realidad más profunda: el auge del autoritarismo como fuerza global. Noam Chomsky, una de las voces más influyentes en la crítica a la política exterior de Estados Unidos, ha argumentado que la hegemonía estadounidense es el factor principal que impulsa el conflicto. Su enfoque, arraigado en la lógica de la Guerra Fría, ha sido esencial para comprender las dinámicas del poder global. Sin embargo, cabe preguntarse si este marco sigue siendo suficiente para analizar la expansión coordinada de los regímenes autocráticos en el mundo actual.
La cuestión ya no es simplemente si la política estadounidense contribuyó a la agresión rusa, sino si las democracias pueden resistir el avance deliberado de gobiernos que buscan consolidar su poder a cualquier costo. Lo que está en juego trasciende la soberanía de Ucrania: es la supervivencia de la democracia en el mundo.
Chomsky sostiene que la ampliación de la OTAN y el dominio financiero de EE. UU. exacerbaron las tensiones con Rusia y limitaron las posibilidades de diplomacia. Su visión propone un mundo donde el poder se distribuya entre Estados Unidos, Europa, China y Rusia, lo que, a su juicio, generaría un equilibrio más estable y justo. Esta perspectiva ha sido crucial para cuestionar los excesos del intervencionismo estadounidense. No obstante, en el mundo actual, donde el autoritarismo no solo reacciona contra Occidente, sino que busca activamente rediseñar el orden global, ¿basta con un enfoque basado únicamente en la contención de la hegemonía estadounidense?
El auge de los regímenes autocráticos no es solo una respuesta a la influencia occidental; es una estrategia deliberada para consolidar el poder. Mientras que Chomsky ha enfatizado la importancia de distribuir el poder global, es crucial analizar la naturaleza de quienes ocuparían ese vacío. Rusia y China no buscan simplemente estabilidad multipolar; sus acciones reflejan un intento de ejercer control absoluto, sin restricciones democráticas. La crítica de Chomsky nos ayuda a comprender las raíces de los conflictos internacionales, pero tal vez deba ampliarse para incorporar el modo en que estos regímenes están transformando la estructura misma de la política global.
Uno de los desafíos en aplicar el análisis tradicional de Chomsky al presente es que el autoritarismo actual ya no responde únicamente a las divisiones ideológicas del pasado. Ya no se trata de una lucha entre socialismo y capitalismo, izquierda y derecha. Más bien, estos regímenes comparten un objetivo común: desmantelar las instituciones democráticas para garantizar su permanencia en el poder.
Putin, por ejemplo, invoca la nostalgia soviética mientras prohíbe cualquier revisión crítica del estalinismo. China fusiona el capitalismo de Estado con un control político absoluto. Hungría e India, que alguna vez fueron consideradas democracias alineadas con Occidente, han adoptado modelos autocráticos. Al mismo tiempo, la extrema derecha estadounidense, que históricamente se opuso al comunismo, ha comenzado a adoptar la narrativa del Kremlin, presentándolo como un defensor frente a las “élites globalistas”.
Este alineamiento ideológico hace que el autoritarismo moderno sea más peligroso que nunca. No solo trasciende los bloques de poder tradicionales, sino que también se refuerza mediante alianzas estratégicas, mutuo respaldo y la erosión de las democracias desde dentro. Ningún lugar ilustra esto mejor que Estados Unidos. La presidencia de Trump reveló una vulnerabilidad inesperada: la posibilidad de que el autoritarismo prospere dentro de la democracia más influyente del mundo. Aquí, el debate ya no se reduce a una cuestión de aislacionismo o intervencionismo, sino al riesgo real de que las tácticas autocráticas se normalicen en la política interna.
La administración Trump envió señales contradictorias respecto al Kremlin, debilitando el principio de disuasión. En lugar de establecer una línea clara contra la expansión autoritaria, su ambigüedad permitió que regímenes como el de Putin interpretaran la falta de firmeza como una oportunidad para actuar con impunidad. Mientras figuras como Marco Rubio han defendido una postura inequívoca que refuerce la credibilidad estratégica de EE.UU., la incoherencia en la política exterior de la administración Trump contribuyó a la percepción de que Occidente estaba dividido y vacilante.
Este debilitamiento del liderazgo democrático no ha ocurrido en un vacío. La globalización del autoritarismo es un fenómeno en el que los regímenes autocráticos no solo desafían directamente a las democracias, sino que también se respaldan mutuamente para eludir sanciones, subvertir la presión internacional y consolidar su dominio interno. La invasión de Ucrania debe entenderse dentro de este marco: no es solo un conflicto regional ni una reacción ante la OTAN, sino una apuesta calculada dentro de una estrategia más amplia para debilitar la democracia global.
Durante décadas, críticos como Chomsky han sido fundamentales para evidenciar los efectos del dominio estadounidense en la política global. Su análisis ha permitido entender cómo la hegemonía de EE.UU. ha influido en múltiples conflictos. Sin embargo, la evolución del autoritarismo plantea preguntas que requieren ampliar esta perspectiva. La mayor amenaza para la democracia ya no es exclusivamente el poder estadounidense, sino la consolidación de un modelo autocrático global que avanza con estrategias coordinadas.
Responsabilizar a EE.UU. de cada crisis geopolítica puede pasar por alto un cambio crucial: los regímenes autocráticos han pasado de ser una reacción ante la influencia de Washington a convertirse en una estrategia activa para reemplazar el modelo democrático occidental. Reconocer este cambio no significa absolver a EE.UU. de sus fracasos en política exterior, pero sí exige entender que contrarrestar el autoritarismo requiere más que una crítica constante a su hegemonía. Implica reconocer que la democracia enfrenta una amenaza coordinada y sin precedentes.
La visión de Chomsky sobre un mundo multipolar es, en teoría, atractiva. Sin embargo, ¿qué implicaciones tendría en la práctica si los actores que llenan el vacío dejado por EE. UU. no están interesados en preservar la democracia? El verdadero desafío no es solo contener las ambiciones territoriales de Putin, sino evitar que su modelo de gobierno—basado en el desmantelamiento de las instituciones democráticas—gane tracción en el mundo occidental.
Chomsky sigue siendo uno de los críticos más incisivos de la política exterior estadounidense, y su obra ha sido fundamental para comprender los efectos del poder en las relaciones internacionales. Su análisis ha arrojado luz sobre las fallas del intervencionismo y la dinámica de la hegemonía global. Sin embargo, el mundo ha cambiado, y con él, los desafíos que enfrentan las democracias. Hoy, la crisis en Ucrania no se reduce únicamente a un debate sobre la OTAN, la intervención de EE.UU. o la hipocresía de Occidente. Es parte de una lucha más amplia entre democracia y autocracia, una contienda que no termina en las fronteras ucranianas, sino que se extiende hasta las propias instituciones políticas de Occidente.
Si no reconocemos este cambio, corremos el riesgo no solo de perder a Ucrania, sino también de subestimar el alcance de las amenazas que enfrentan las democracias en todo el mundo. La neutralidad ya no es una opción cuando el desafío es la supervivencia de las sociedades libres. Más allá de los errores de Occidente, el ascenso del autoritarismo requiere una respuesta que no se limite a la crítica de la hegemonía estadounidense, sino que asuma la defensa activa de los valores democráticos allí donde estén en peligro.