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« Desenmascarar la desilusión:  Serie XXIV »

October 29, 2026


“Geometric Allegory” digital painting (2023) by Ricardo Morin (American visual artist, born in Venezuela, 1954)

APÉNDICE (cont.)

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CONTENIDO

A-2 · Poderes y ministerios

A-3 · Fuerzas Armadas

A-4 · Inteligencia y seguridad

B · Organizaciones políticas

Fuentes y notas documentales del apéndice

Bibliografía de las XXIV Series


Alcance y cronología

Esta entrega final recoge la organización del poder público conforme a los ordenamientos constitucionales de 1961 y 1999, la evolución de las instituciones militares y de seguridad de Venezuela y las organizaciones políticas desde el siglo XIX hasta el 21 de octubre de 2026.  Las fechas que acompañan a las entradas indican períodos de actividad, constitución o reorganización.  Las valoraciones sobre la actuación de las instituciones se atribuyen a los informes o estudios de los que proceden.

El repertorio político es selectivo e incluye partidos, coaliciones electorales y movimientos personalistas de épocas anteriores.  La numeración prosigue la del Apéndice.  El apartado A-1, « Constituciones », figura en el índice del Apéndice de la Serie X y se desarrolla en las entregas constitucionales precedentes.


A-2).  Poderes y órganos del Estado [1961–2026]

El ordenamiento constitucional de 1961 articulaba el gobierno nacional en torno a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.  El artículo 136 de la Constitución de 1999 distribuye el Poder Público Nacional en cinco poderes:  Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral. [1] [2]

A-2.1).  Poder Ejecutivo Nacional

Conforme a la Constitución de 1961, el mandato presidencial duraba cinco años y se prohibía la reelección inmediata.  La Constitución de 1999 estableció un mandato de seis años y, en su redacción inicial, permitía una sola reelección inmediata.  La enmienda constitucional aprobada mediante referendo en febrero de 2009 suprimió el límite al número de reelecciones para la Presidencia y los demás cargos de elección popular. [1] [2] [3]

El presidente es jefe del Estado y del Ejecutivo Nacional, dirige la acción del gobierno y las relaciones exteriores y ejerce el mando supremo de las Fuerzas Armadas.  El Ejecutivo comprende, asimismo, al vicepresidente ejecutivo, los ministros y los demás funcionarios previstos en la Constitución o en la ley.  El artículo 236 atribuye al presidente el nombramiento y la remoción del vicepresidente ejecutivo y de los ministros. [2]

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó del deterioro de la separación de poderes y de las restricciones impuestas al ejercicio de las funciones de la Asamblea Nacional.  La Comisión Internacional de Juristas documentó la influencia política sobre el nombramiento de los jueces y su permanencia en el cargo. [4] [5]

Maduro prestó juramento como presidente el 10 de enero de 2025, tras la controvertida proclamación del resultado electoral de 2024 por el CNE. [85]  El 3 de enero de 2026, fuerzas de los Estados Unidos capturaron a Maduro y a Cilia Flores y los trasladaron bajo custodia estadounidense.  Delcy Rodríguez, hasta entonces vicepresidenta ejecutiva, prestó juramento como presidenta encargada el 5 de enero. [86]

Mediante la sentencia n.º 00001, de 3 de enero de 2026, la Sala Constitucional ordenó a Rodríguez ejercer la Presidencia en calidad de encargada.  La decisión invocó los artículos 234 y 239 y dejó expresamente pendiente la calificación definitiva de la falta de Maduro como temporal o absoluta.  Los artículos 233 y 234 establecen procedimientos de sucesión distintos para cada supuesto.  La sentencia no fijó una fecha para las elecciones presidenciales. [87] [2]

A-2.2).  Congreso de la República de Venezuela [ordenamiento de 1961–1999]

El Congreso estaba integrado por el Senado y la Cámara de Diputados.  El Senado incorporaba la representación territorial, mientras que la Cámara de Diputados representaba a la población conforme a las disposiciones electorales de la Constitución y de la ley.  El Congreso sancionaba las leyes, examinaba el presupuesto, ejercía el control político e intervenía en los nombramientos y las autorizaciones previstos constitucionalmente. [1]

La Constitución de 1999 sustituyó el Congreso por una Asamblea Nacional unicameral. [2]

A-2.3).  Asamblea Nacional [creada por la Constitución de 1999; elegida por primera vez en 2000]

La Asamblea Nacional ejerce la potestad legislativa, aprueba el presupuesto nacional, desempeña funciones de control político e interviene en los nombramientos que le atribuye la Constitución.  Los diputados duran cinco años en sus funciones.  El artículo 186 establece una asignación de escaños con una base poblacional del 1,1 por ciento de la población total del país, a la que se añaden tres diputados por cada entidad federal y tres diputados indígenas elegidos conforme a la ley y a sus tradiciones. [2]

El sistema electoral combina la votación nominal por circunscripciones con el voto por listas.  La legislación electoral y las disposiciones administrativas han regulado su aplicación y la distribución de escaños.  El informe de la misión de observación electoral de la Unión Europea de 2021 recoge modificaciones en la composición de la Asamblea y en las disposiciones electorales. [6]

Tras la victoria de la oposición en las elecciones legislativas de diciembre de 2015, diversas decisiones del Tribunal Supremo restringieron el funcionamiento de la Asamblea.  La Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentó estas restricciones y la asunción de funciones legislativas por la Asamblea Constituyente instalada en 2017. [4]

La Asamblea elegida en 2025 contaba con 285 escaños.  La Unión Interparlamentaria recoge 253 para la alianza de gobierno Gran Polo Patriótico y veintinueve para otras organizaciones políticas, además de tres escaños indígenas elegidos por separado el 1 de junio.  Las elecciones legislativas se celebraron el 25 de mayo, junto con las regionales.  La principal plataforma opositora llamó a la abstención, mientras que otros dirigentes opositores participaron.  Estas cifras corresponden a la distribución de escaños anunciada. [88]  La nueva Asamblea se instaló el 5 de enero de 2026. [86]

A-2.4).  Asamblea Nacional Constituyente [2017–2020]

El presidente Maduro inició el proceso constituyente de 2017 sin un referendo popular previo que autorizara su convocatoria.  Los artículos 347 y 348 distinguen el poder constituyente originario del pueblo de la iniciativa para promover una asamblea constituyente, cuyo ejercicio se reconoce a determinados sujetos, entre ellos el presidente en Consejo de Ministros.  Al examinar la controversia sobre la convocatoria, la Comisión de Venecia concluyó que la iniciativa presidencial no podía sustituir la decisión popular de convocar dicho órgano. [2] [7]

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó de que la Asamblea Constituyente, afín al gobierno, se arrogó autoridad sobre los poderes constituidos, asumió funciones legislativas y destituyó a Luisa Ortega Díaz del cargo de fiscal general de la República. [4]

La Asamblea Constituyente concluyó sus actividades en diciembre de 2020 sin elaborar una nueva constitución.  Durante su funcionamiento dictó instrumentos denominados leyes constitucionales, entre ellos el relativo a las Fuerzas Armadas que se examina en A-3.2. [8] [9]

A-2.5).  Corte Suprema de Justicia[ordenamiento de 1961–1999]

La Corte Suprema era el máximo órgano judicial en el ordenamiento constitucional de 1961.  Entre sus atribuciones figuraban el control de constitucionalidad y la resolución de los asuntos que le encomendaban la Constitución y la ley.  Su organización varió durante este período.  Conforme a la Ley Orgánica de 1976, estaba integrada por tres salas de cinco magistrados cada una:  Político-Administrativa, de Casación Civil y de Casación Penal.  El número total de magistrados era, por tanto, de quince. [1] [10]

A-2.6).  Tribunal Supremo de Justicia [1999–2026]

La Constitución de 1999 sustituyó la Corte Suprema por el Tribunal Supremo, organizado en salas especializadas, entre ellas una Sala Constitucional.  Sus funciones comprenden la jurisdicción constitucional, la revisión judicial definitiva en las materias de su competencia y la administración y supervisión del Poder Judicial.  El artículo 267 atribuye al Tribunal la dirección, el gobierno y la administración del Poder Judicial. [2]

La ley determina el número de magistrados del Tribunal.  Inicialmente eran veinte; la Ley Orgánica de 2004 elevó su número a treinta y dos, y la reforma de 2022 lo redujo a veinte. [11][5]

El informe de la Comisión Internacional de Juristas de 2021 examinó el nombramiento, la permanencia en el cargo y la remoción de los jueces, y concluyó que la injerencia política comprometía la independencia judicial. [5]

Una nueva reforma de la Ley Orgánica, vigente desde el 22 de mayo de 2026, elevó a treinta y dos el número legal de magistrados:  siete en la Sala Constitucional y cinco en cada una de las otras cinco salas.  La reforma dispuso los nombramientos correspondientes a la nueva composición. [89]

Una segunda reforma, publicada el 15 de septiembre de 2026, estableció un Comité de Postulaciones Judiciales de veintitrés miembros:  once diputados de la Asamblea Nacional y doce representantes postulados por otros sectores de la sociedad. [90]  La información publicada el 14 de octubre señalaba que la selección del nuevo Tribunal seguía en curso.  La ampliación prevista en la ley y la culminación de los nombramientos se consignan por separado. [91]

A-2.7).  Poder Electoral y Consejo Nacional Electoral

La denominación Consejo Nacional Electoral [CNE] es anterior a la Constitución de 1999:  se adoptó con la reforma electoral de 1997.  La Constitución de 1999 estableció el Poder Electoral como poder nacional diferenciado, con el CNE como órgano rector.  Entre sus atribuciones figuran la organización de elecciones y referendos, la conservación y actualización del registro electoral y la reglamentación de las materias que le encomienda la legislación electoral. [12] [2]

El artículo 296 dispone que el CNE esté integrado por cinco miembros principales sin vinculación con organizaciones políticas.  Tres son postulados por la sociedad civil; uno, por las facultades de ciencias jurídicas y políticas de las universidades nacionales; y otro, por el Poder Ciudadano.  La Asamblea Nacional los designa por mayoría de dos tercios para períodos de siete años, conforme a las disposiciones constitucionales sobre su selección y renovación. [2]

Tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, el CNE declaró vencedor a Maduro.  El Centro Carter informó de que el CNE no había publicado los resultados por mesa que sustentaran los totales anunciados ni había aportado pruebas del ataque informático que alegaba haber sufrido. [13]  El Centro concluyó que las elecciones no cumplían las normas internacionales y no podían considerarse democráticas. [14]

En su informe final, publicado en febrero de 2025, el Centro Carter concluyó que las actas de mesa disponibles demostraban una clara victoria de Edmundo González Urrutia en las elecciones de 2024. [13]

El 22 de agosto de 2024, la Sala Electoral del Tribunal Supremo avaló el resultado anunciado por el CNE. [92]

El 23 de septiembre de 2026, Rodríguez prometió públicamente la celebración de elecciones sin precisar una fecha.  Reuters informó de que representantes de la oposición reclamaban cambios en el Poder Judicial y en la autoridad electoral como condiciones para un proceso competitivo. [93]

A-2.8).  Poder Ciudadano [1999–2026]

El Poder Ciudadano se ejerce por medio del Consejo Moral Republicano, integrado por el fiscal general de la República, el defensor del Pueblo y el contralor general de la República.  Las instituciones que lo componen gozan de autonomía constitucional y cumplen funciones diferenciadas en materia de legalidad, derechos y administración de los recursos públicos. [2]

El artículo 279 establece un procedimiento común de designación.  El Consejo Moral Republicano convoca un comité de evaluación de postulaciones con participación de diversos sectores de la sociedad.  Mediante un proceso público de evaluación se elabora una terna para cada cargo, que se remite a la Asamblea Nacional para que efectúe la designación por mayoría de dos tercios dentro de un plazo de treinta días consecutivos.  Si no se alcanza un acuerdo, la Constitución prevé someter la terna a consulta popular.  Si no se convoca el comité de evaluación, la Asamblea procede a la designación en el plazo que determine la ley. [2]

a).  Ministerio Público [incorporado al Poder Ciudadano en 1999].  Bajo la dirección del fiscal general de la República, el Ministerio Público dirige las investigaciones penales, ejerce la acción penal pública cuando corresponde y vela por las garantías constitucionales en los procesos judiciales.  La institución existía antes de 1999; la nueva Constitución la integró en el Poder Ciudadano.  El artículo 284 establece un período de siete años para el fiscal general de la República y remite su designación al procedimiento previsto para el Poder Ciudadano. [1] [2]

El 9 de abril de 2026, la Asamblea Nacional designó a Larry Devoe fiscal general de la República, tras la renuncia de Tarek William Saab en febrero. [94]

El procurador general de la Repúblicarepresenta y defiende los intereses patrimoniales de la República.  El artículo 249 dispone que su nombramiento corresponde al presidente, con autorización de la Asamblea Nacional. [2]

b).  Defensoría del Pueblo [creada por la Constitución de 1999].  El defensor del Pueblo promueve y defiende los derechos constitucionales y humanos, vigila la actuación de las autoridades y los servicios públicos y puede ejercer las acciones que la ley atribuye al cargo.  Su titular dura siete años en sus funciones y se designa conforme al artículo 279. [2]

La Asamblea designó a Eglée González Lobato defensora del Pueblo el 9 de abril de 2026, tras la renuncia de Alfredo Ruiz en febrero.  EFE recogió las objeciones de organizaciones de la sociedad civil a la transparencia del procedimiento y a la composición del órgano encargado de seleccionar a los candidatos para ambos cargos del Poder Ciudadano. [94]

c).  Contraloría General de la República[incorporada al Poder Ciudadano en 1999].  La Contraloría supervisa los ingresos, los gastos y los bienes públicos y ejerce el control fiscal conforme a la Constitución y a la ley.  Esta institución también es anterior a 1999.  La Constitución establece para su titular un período de siete años y la designación conforme al artículo 279.  Sus funciones de fiscalización se distinguen de la persecución de los delitos y de la determinación judicial de la responsabilidad penal. [1] [2]


A-2.9).  Ministerios del Ejecutivo y principales ámbitos de competencia [1999–2026]

Los ministerios formulan y ejecutan la política nacional en el ámbito del Ejecutivo.  El artículo 236 faculta al presidente para nombrar y remover a los ministros y, dentro de los límites legales, determinar la organización y las competencias de los ministerios.  La Asamblea Nacional ejerce la fiscalización parlamentaria mediante sus atribuciones presupuestarias, de investigación y de control político. [2]

Las dieciocho carteras que se describen a continuación ofrecen una relación selectiva de funciones.  Sus denominaciones, competencias y formas de organización variaron durante el período.  El decreto de 2016 sobre la organización de la Administración Pública Nacional sirve de referencia documental para la distribución de atribuciones y se complementa, donde se indica, con otras disposiciones y documentos. [15]

1.  Defensa:  Ministerio del Poder Popular para la Defensa.  El ministerio formula la política de defensa y administra el personal militar, los recursos, las adquisiciones y las demás materias que le corresponden en el Ejecutivo.  La ley de 2020 sobre las Fuerzas Armadas atribuye funciones administrativas al ministerio y funciones operacionales al Comando Estratégico Operacional. [9]

El 18 de marzo de 2026, Rodríguez nombró a Gustavo González López ministro de Defensa en sustitución de Vladimir Padrino López, que ocupaba la cartera desde 2014. [95]

2.  Relaciones exteriores:  Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores.  Este ministerio ejerce la actividad diplomática, administra los servicios diplomáticos y consulares, participa en la negociación de tratados y representa al gobierno ante los organismos internacionales.  Ejecuta la política exterior presidencial conforme a la Constitución, incluida la aprobación legislativa de los acuerdos internacionales cuando resulte preceptiva. [15] [2]

3.  Interior, justicia y paz:  Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.  Sus competencias comprenden la seguridad interior, la política policial, el orden público, la protección civil y las materias administrativas conexas.  El artículo 267 atribuye el gobierno y la administración judiciales al Tribunal Supremo; el ejercicio de la acción penal corresponde al Ministerio Público. [15] [2]

4.  Economía y finanzas:  Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas, con sucesivas denominaciones.  La cartera de finanzas elabora y administra la política fiscal, coordina las materias presupuestarias y de tesorería, gestiona el crédito público y supervisa las entidades que la ley le adscribe.  El artículo 318 atribuye las funciones monetarias al Banco Central de Venezuela y reconoce su autonomía en la formulación y el ejercicio de las políticas de su competencia. [15] [2]

5.  Planificación:  Ministerio del Poder Popular de Planificación, anteriormente vinculado a la denominación Planificación y Desarrollo.  Esta cartera coordina la planificación del desarrollo nacional, las prioridades de inversión pública, la planificación institucional y los trabajos estadísticos correspondientes. [15]

6.  Educación:  Ministerio del Poder Popular para la Educación.  Este ministerio dirige la política de educación inicial, primaria y secundaria y las modalidades educativas que le están atribuidas.  La educación universitaria también ha contado con una cartera propia.  Un comunicado ministerial de enero de 2024 recoge la coordinación entre los ministerios de Educación y de Educación Universitaria. [16]

7.  Salud:  Ministerio del Poder Popular para la Salud.  La cartera de salud dirige la política sanitaria, la vigilancia epidemiológica, la prevención de enfermedades y la coordinación de los servicios e instituciones adscritos a ella. [15]  El informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de 2019 documentó la escasez de medicamentos, el deterioro de las instalaciones y los obstáculos para acceder a la atención sanitaria. [17]

8.  Alimentación:  Ministerio del Poder Popular para la Alimentación.  Este ministerio coordina las políticas de abastecimiento y distribución de alimentos y las entidades públicas encargadas de esas funciones.  El ordenamiento administrativo distribuye las atribuciones conexas entre los organismos competentes en agricultura, comercio, importaciones, nutrición y asistencia social. [15]

9.  Ciencia y tecnología:  Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, cuya organización ha variado.  Esta cartera promueve la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación y la cooperación entre las instituciones públicas y la comunidad científica.  En la organización administrativa de 2016, la educación universitaria, la ciencia y la tecnología se reunían en un solo ministerio. [15]

10.  Comercio:  carteras de comercio interior y exterior.  La política comercial se ha distribuido entre las carteras competentes en industria y comercio interior, comercio exterior e inversión internacional.  El decreto de 2016 identifica por separado el Ministerio del Poder Popular para la Industria y Comercio y el Ministerio del Poder Popular para el Comercio Exterior e Inversión Internacional. [15]

11.  Hábitat y vivienda:  Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda.  La cartera de vivienda formula políticas de construcción residencial, financiación de viviendas y mejora de las condiciones del hábitat, con atribuciones en materia de desarrollo urbano y servicios residenciales. [15]

12.  Energía eléctrica:  Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica.  Este ministerio dirige la política y la planificación del sector eléctrico y supervisa las entidades que le están adscritas.  La generación, la transmisión, la distribución y el mantenimiento corresponden a las entidades operadoras. [15]

13.  Petróleo:  Ministerio del Poder Popular de Petróleo, con sucesivas denominaciones.  Esta cartera formula la política de hidrocarburos, regula las actividades de su competencia y vela por los intereses del Estado en el sector.  Petróleos de Venezuela, S.A. [PDVSA] y otras empresas realizan las operaciones de producción, refino y comercialización. [15]

La Ley Orgánica de Hidrocarburos se reformó el 29 de enero de 2026.  La reforma incorporó disposiciones sobre los contratos para el desarrollo de actividades primarias y modificó el régimen de operaciones, las disposiciones fiscales y las atribuciones ministeriales. [96]  El 17 de octubre, Rodríguez anunció que esperaba inversiones petroleras de cerca de 76.000 millones de dólares estadounidenses durante cinco años y aludió a nuevos acuerdos, entre ellos los de cooperación con los Estados Unidos.  La cifra correspondía a una previsión gubernamental. [97]

14.  Agricultura y tierras:  Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras.  Esta cartera coordina el desarrollo agrícola, la capacidad productiva, la política rural y las materias relativas a la tierra que le atribuye la ley.  La organización administrativa de 2016 encomendaba la pesca, la agricultura urbana y la distribución de alimentos a carteras ministeriales diferenciadas. [15]

15.  Transporte:  Ministerio del Poder Popular para el Transporte, con diversas formas de agrupación con obras públicas.  Las competencias en materia de transporte comprenden las infraestructuras, los servicios, la regulación y la supervisión de los organismos y empresas públicas del sector.  El decreto de 2016 atribuía las competencias de transporte terrestre, acuático y aéreo al Ministerio del Poder Popular para Transporte y Obras Públicas. [15]

16.  Mujer e igualdad de género:  Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género[creado en 2009].  Este ministerio coordina las políticas relativas a los derechos de las mujeres, la participación en condiciones de igualdad y la prevención de la discriminación y la violencia por razón de género.  Su creación estuvo precedida por otras formas de organización institucional dedicadas a los asuntos de la mujer. [18] [15]

17.  Comunicación e información:  Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información.  Esta cartera coordina la comunicación del Ejecutivo y las funciones relativas a los medios públicos que le están atribuidas. [15]  El informe de Human Rights Watch sobre los acontecimientos de 2023 documentó restricciones a los medios independientes y el hostigamiento de periodistas. [19]

18.  Cultura:  Ministerio del Poder Popular para la Cultura.  Este ministerio formula la política cultural, apoya la actividad artística y supervisa las instituciones dedicadas al patrimonio, los museos, la edición y las demás funciones culturales de su competencia.  La Constitución reconoce la libertad y la diversidad culturales y los derechos de los creadores y las comunidades. [15] [2]


A-3).  Fuerzas Armadas

La organización y las funciones de las Fuerzas Armadas se regulan en las disposiciones constitucionales sobre defensa y seguridad nacionales y en la legislación militar posterior.  Las entradas que siguen distinguen los ordenamientos constitucionales de 1961 y 1999 y las modificaciones legislativas ulteriores. [1] [2]

A-3.1).  Fuerzas Armadas Nacionales [1961–1999]

En el ordenamiento constitucional de 1961, las Fuerzas Armadas comprendían el Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional.  La Guardia Nacional, creada en 1937, ya formaba parte de la institución militar antes de la Constitución de 1999.  La Ley Orgánica de 1995 identificaba expresamente estos cuatro componentes. [1] [20]

El artículo 132 de la Constitución de 1961 definía las Fuerzas Armadas como una institución apolítica, obediente y no deliberante al servicio de la República.  Entre sus funciones figuraban la defensa nacional, la estabilidad constitucional y la protección del orden democrático. [1]

A-3.2).  Fuerza Armada Nacionaly Fuerza Armada Nacional Bolivariana [1999–2026]

El artículo 328 de la Constitución de 1999 describe la Fuerza Armada Nacional como una institución profesional, sin militancia política, organizada para defender la soberanía y la integridad territorial.  También le atribuye participación en el mantenimiento del orden interno y en el desarrollo nacional conforme a la Constitución.  Los cuatro componentes que nombra el texto constitucional son el Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional.  El artículo 330 permite votar a los militares en servicio activo, pero les prohíbe la actividad política partidista y la postulación a cargos de elección popular mientras permanezcan en servicio activo. [2]

La denominación Fuerza Armada Nacional Bolivariana [FANB] se incorporó mediante la legislación orgánica de 2008. [21]

La Asamblea Nacional Constituyente dictó la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicada en la Gaceta Oficial n.º 6.508 Extraordinario, de 30 de enero de 2020.  Su preámbulo invocaba los artículos 347–349 de la Constitución.  Los artículos 22 y 59 califican a la Milicia Bolivariana como componente especial.  La denominación ley constitucional corresponde a la forma legislativa empleada por aquella Asamblea Constituyente, cuya controvertida convocatoria se trata en A-2.4. [9]

En su estudio de 2023 publicado por la Fundación Carolina, Francine Jácome documentó la participación de militares en cargos ministeriales, empresas públicas, la administración territorial y actividades económicas.  La autora examinó estas funciones como manifestaciones de la militarización del gobierno y de la sociedad. [22]

Fuerzas estadounidenses llevaron a cabo la captura de Maduro en enero de 2026.  La posterior asunción de la Presidencia por Delcy Rodríguez en calidad de encargada y el cambio de ministro de Defensa de marzo se recogen en A-2.1 y A-2.9. [86] [95]


A-4).  Organismos de inteligencia y de seguridad del Estado

Las instituciones que se enumeran a continuación desempeñan funciones de inteligencia, contrainteligencia militar, investigación penal y mantenimiento del orden público.  Su adscripción y sus atribuciones se describen por separado en las entradas correspondientes.

Las conclusiones de 2022 de la misión de determinación de los hechos de las Naciones Unidas documentaron el empleo de los servicios de inteligencia en la represión de opositores al gobierno, reales o presuntos, mediante prácticas que incluían la detención arbitraria y la tortura.  La misión examinó las estructuras institucionales, las prácticas operativas y las cadenas de responsabilidad. [23]

A-4.1).  Organismos de inteligencia y contrainteligencia

1.  Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención [DISIP, 1969–2010].  Habitualmente asociada con la denominación posterior Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención, la DISIP fue el principal organismo civil de inteligencia y seguridad política.  Su trayectoria institucional abarcó tanto el período anterior a 1999 como el bolivariano.  Una reorganización iniciada en 2009 culminó con el cambio formal de denominación a SEBIN mediante el Decreto n.º 7.453, de 1 de junio de 2010. [24] [25]

2.  Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional [SEBIN, 2010–2026].  El SEBIN es el principal servicio civil de inteligencia y ejerce funciones de inteligencia y contrainteligencia en las materias de su competencia.  Su adscripción administrativa ha variado.  Forma parte de la estructura de seguridad del Ejecutivo. [25]

La misión de determinación de los hechos de las Naciones Unidas documentó detenciones arbitrarias, torturas y otras violaciones cometidas por el SEBIN contra personas consideradas opositoras.  Sus conclusiones de 2022 vincularon estas prácticas con un plan estatal de represión política y señalaron fundamentos para atribuir responsabilidades que alcanzaban a altos funcionarios. [23]

En septiembre de 2026, Acceso a la Justicia informó de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había ordenado el cierre de El Helicoide mediante una sentencia de abril, notificada a Venezuela el 10 de junio.  La organización señaló que la información pública era insuficiente para comprobar su cumplimiento.  Examinó por separado los traslados de presos recogidos en la prensa y la ejecución de las reparaciones ordenadas en la sentencia. [98]

3.  Dirección General de Contrainteligencia Militar [DGCIM; denominación vigente desde 2011].  La DGCIM procede de estructuras anteriores de inteligencia militar, entre ellas la Dirección de Inteligencia Militar [DIM].  Sus competencias de contrainteligencia se refieren a las amenazas contra la seguridad militar. [25]

En marzo de 2026, Germán Gómez Lárez fue nombrado al frente de la DGCIM tras el paso de González López al Ministerio de Defensa. [95]

La misión de determinación de los hechos describió detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual y otros abusos graves vinculados con instalaciones y miembros de la DGCIM, incluidas operaciones contra militares y civiles considerados opositores. [25]

A-4.2).  Organismos de seguridad del Estado

La Guardia Nacional es un componente militar; el CICPC, un órgano de investigación policial; la Policía Nacional, una institución policial civil; y las FAES fueron una unidad especializada de la Policía Nacional.  Las policías estadales y municipales integran también el sistema policial. [9] [26]

4.  Guardia Nacional y Guardia Nacional Bolivariana [1937–2026].  Creada durante la presidencia de Eleazar López Contreras, la Guardia Nacional combina su carácter militar con funciones de orden interno, control fronterizo y apoyo al cumplimiento de la ley.  El artículo 329 de la Constitución de 1999 le atribuye la responsabilidad básica de las operaciones necesarias para mantener el orden interno. [27] [2]

El informe de 2018 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó el uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y malos tratos en los que intervinieron la Guardia Nacional y otros cuerpos de seguridad durante las manifestaciones. [28]

5.  Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas [CICPC, 2001–2026].  El CICPC sucedió al Cuerpo Técnico de Policía Judicial, conocido habitualmente como Policía Técnica Judicial [PTJ], cuyos orígenes se remontan a 1958.  Sus competencias incluyen la investigación penal, los exámenes forenses y la obtención técnica de pruebas.  En los procesos penales, la investigación se realiza bajo la dirección del Ministerio Público y con sujeción a las garantías procesales. [29] [2]

6.  Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana [PNB; en funcionamiento desde 2009].  La Policía Nacional surgió de las reformas policiales y de la legislación orgánica aprobadas durante el gobierno de Chávez.  Ejerce funciones policiales de alcance nacional, entre ellas la prevención del delito, el mantenimiento del orden público y las atribuciones que se le encomiendan en determinados ámbitos y servicios.  Forma parte de la estructura de seguridad interior del Ejecutivo. [26]

La ley del servicio de policía establece la política nacional y las funciones de coordinación y supervisión de un sistema que comprende policías nacionales, estadales y municipales, cada una con competencias propias. [26]

7.  Fuerzas de Acciones Especiales [FAES; creación fechada en 2016 o 2017 según la fuente].  Las FAES fueron una unidad especializada de la PNB vinculada a operaciones contra la delincuencia.  La información publicada por Human Rights Watch en septiembre de 2019 sitúa su creación en 2017.  Un reportaje de TalCual de junio de 2019, reproducido por PROVEA, la fecha en abril de 2016. [30] [31]

Human Rights Watch y la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentaron muertes durante presuntos enfrentamientos, detenciones arbitrarias y otros abusos en los que intervinieron las FAES, especialmente en comunidades de bajos ingresos.  El informe de la Alta Comisionada de 2019 pidió su disolución y la investigación de sus integrantes. [30] [17]

El Informe Mundial 2024 de Human Rights Watch señala que las FAES fueron disueltas en 2022 y sustituidas por la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas [DAET].  Con referencia a la misión de determinación de los hechos de las Naciones Unidas, el informe recoge la similitud de funciones y métodos y la designación, para puestos clave de la DAET, de antiguos miembros de las FAES implicados en abusos. [19]

A-4.3).  Detenciones posteriores a las elecciones, amnistía y procesos judiciales [2024–2026]

El informe de septiembre de 2024 de la misión de determinación de los hechos de las Naciones Unidas recogió veinticinco muertes en la represión posterior a las elecciones presidenciales, así como detenciones arbitrarias y violaciones de derechos de manifestantes y personas consideradas opositoras. [92]

En marzo de 2025, la misión de determinación de los hechos de las Naciones Unidas informó de que persistían formas graves de represión y crímenes de lesa humanidad.  En su evaluación de septiembre destacó la ausencia de una rendición de cuentas efectiva en el ámbito nacional y la necesidad de una actuación internacional en favor de las víctimas. [99] [100]

La Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática entró en vigor el 19 de febrero de 2026.  Comprende delitos vinculados con determinados hechos dentro de un período que comienza el 1 de enero de 1999, con sujeción a los requisitos y las exclusiones que establece.  Su aplicación exige seguir los procedimientos previstos en la ley. [101]

En septiembre de 2026, la misión de determinación de los hechos de las Naciones Unidas informó de que el aparato represivo del Estado permanecía intacto pese a los limitados cambios políticos. [102]  La información de Reuters sobre esas conclusiones recogió una disminución de las detenciones por motivos políticos, junto con la persistencia de abusos, incluidas torturas, y la permanencia de cientos de personas detenidas.  La misión calificó los cambios de limitados y reversibles. [103]

La Resolución n.º 2026-0010 del Tribunal Supremo, de 13 de octubre de 2026, reorganizó la tramitación de las causas por terrorismo:  suprimió la competencia de alcance nacional de los juzgados especiales especificados en ella y redistribuyó las causas dentro de la jurisdicción penal, con excepciones transitorias.  La resolución regula la competencia y el reparto de las causas; las disposiciones penales sustantivas constituyen una materia distinta. [104]

El 8 de octubre de 2026, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció un nuevo escrito de acusación, que reemplazaba al anterior, contra Maduro y Flores por conspiración para cometer torturas, además de delitos relacionados con narcóticos y armas.  La acusación sostenía que se habían utilizado instituciones del Estado para maltratar a detenidos. [105]  Ambos acusados se declararon no culpables el 15 de octubre.  El juicio quedó señalado para el 14 de junio de 2027; las acusaciones seguían pendientes de resolución judicial en la fecha de cierre de este borrador. [106]


B).  Evolución de los partidos y movimientos políticos [1830–2026]

Este apartado recoge una selección de facciones del siglo XIX, partidos modernos, movimientos revolucionarios, organizaciones electorales y coaliciones.  Las fechas indican los orígenes documentados o los períodos de actividad; cuando el movimiento precedió a su inscripción como partido, se hace constar esa circunstancia.

Cuando una intervención judicial ha alterado el control de las denominaciones registradas y los símbolos electorales de un partido, las entradas distinguen dicho control de la dirigencia y la militancia históricas de la organización.

B-1).  Primeras tradiciones políticas y movimientos personalistas [1830–1935]

1.  Conservadores [principalmente entre las décadas de 1830 y 1850].  La corriente conservadora se formó en torno al orden político vinculado con José Antonio Páez y sus apoyos entre comerciantes, propietarios de tierras y funcionarios de la administración.  Favorecía la estabilidad política y la autoridad establecida.  Se trataba de una agrupación histórica de afinidades e intereses, no de un partido moderno con inscripción continuada. [32]

2.  Partido Liberal y Gran Partido Liberal [desde 1840].  Vinculada inicialmente con Antonio Leocadio Guzmán, Tomás Lander y el periódico El Venezolano, la organización liberal se opuso a los grupos que ejercían el poder.  El federalismo y la ampliación de la participación política adquirieron importancia en la evolución de sus propuestas. [32]

3.  Guzmancismo y Liberalismo Amarillo [principalmente desde 1870].  El guzmancismo designa a los seguidores políticos de Antonio Guzmán Blanco dentro del liberalismo venezolano del siglo XIX. [32]

4.  Crespismo [especialmente en la década de 1890].  Los partidarios de Joaquín Crespo actuaban dentro de la tradición liberal mediante vínculos de lealtad personal y patronazgo político. [32]

5.  Gomecismo [1908–1935].  Juan Vicente Gómez mantuvo el poder mediante la autoridad militar, las relaciones regionales, el control administrativo y la represión.  El término gomecismo designa al régimen y sus redes de lealtad, más que a un partido que compitiera en elecciones.  La actividad opositora comprendió organizaciones en el exilio, movilizaciones estudiantiles y agrupaciones políticas clandestinas. [33]

Tras la muerte de Gómez, el gobierno de Eleazar López Contreras afrontó la oposición de nuevas organizaciones políticas, agrupaciones estudiantiles y activistas sindicales.  Durante este período se constituyeron ORVE y el PDN. [34] [35]

B-2).  Formación de los partidos modernos y transiciones democráticas [1926–1958]

6.  Partido Revolucionario Venezolano [PRV; fundado en el exilio en 1926].  Esta organización reunió a opositores de la dictadura de Gómez en un ámbito de incipiente organización revolucionaria y socialista. [36]

7.  Partido Comunista de Venezuela [PCV; fundado en 1931].  El PCV se desarrolló como una organización marxista-leninista vinculada con la movilización obrera y la transformación socialista.  Su trayectoria comprendió la clandestinidad, la legalización, la represión y el recurso tanto a estrategias electorales como revolucionarias.  Quedó excluido del Pacto de Puntofijo de 1958. [37] [38]

La dirigencia histórica del PCV apoyó a Chávez y, posteriormente, adoptó una posición crítica frente a Maduro; en 2020 participó en la formación de la APR.  En 2023, el Tribunal Supremo designó otra directiva. [39] [19]

8.  Organización Venezolana [ORVE, 1936].  ORVE actuó durante la apertura política posterior a Gómez.  Entre sus integrantes figuraban personas que más tarde participaron en el PDN y en Acción Democrática. [34]

9.  Partido Republicano Progresista [PRP, 1936].  El PRP surgió durante la apertura posterior a la dictadura y ofreció un cauce legal de actuación política a militantes marxistas y comunistas.  Sus antecedentes inmediatos se encontraban en la organización de la izquierda y en la oposición a la dictadura. [40]

10.  Partido Democrático Nacional [PDN, 1936–1941].  El PDN surgió de los esfuerzos por coordinar la oposición democrática y prosiguió su actividad clandestinamente tras negársele el reconocimiento oficial.  Fue un antecedente organizativo directo de Acción Democrática.  Su labor contribuyó a la formación de una estructura partidista nacional a finales de la década de 1930. [35] [41]

11.  Acción Democrática [AD; fundada en 1941].  AD se constituyó como un partido de masas de orientación socialdemócrata, con bases obreras y campesinas y un programa de inclusión política y desarrollo nacional.  Participó junto con oficiales militares en el derrocamiento de Medina Angarita en octubre de 1945.  Después de 1958 participó en el gobierno nacional. [41] [42]

En junio de 2020, el Tribunal Supremo suspendió a la dirigencia de AD y nombró una junta directiva ad hoc.  La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recogió esta intervención en su informe anual. [43]

12.  Partido Democrático Venezolano [PDV, 1943–1945].  El PDV se organizó para respaldar al presidente Isaías Medina Angarita.  Perteneció a un período de liberalización política en el que se ampliaron la actividad partidista y el debate público, mientras la elección presidencial seguía siendo indirecta y el sufragio, restringido.  Su actividad concluyó tras el derrocamiento cívico-militar de octubre de 1945. [44]

13.  Unión Republicana Democrática [URD; fundada en 1945].  URD se desarrolló como una organización nacionalista y democrática estrechamente vinculada con Jóvito Villalba.  Se opuso al gobierno militar y fue uno de los tres partidos signatarios del Pacto de Puntofijo. [42] [38]

14.  Comité de Organización Política Electoral Independiente [COPEI; fundado en 1946].  Conocido habitualmente como Partido Socialcristiano, COPEI se desarrolló bajo la dirección de Rafael Caldera y otros dirigentes demócrata-cristianos.  Combinó la orientación socialcristiana con la organización electoral y la participación en las instituciones representativas.  Participó en el gobierno nacional después de 1958.  El informe de la misión de observación electoral de la Unión Europea de 2021 recoge la intervención judicial que afectó a su dirigencia. [45] [6]

La sucesión de los procesos democráticos.  Al derrocamiento cívico-militar de Medina Angarita, el 18 de octubre de 1945, siguió una ampliación de la participación electoral.  Rómulo Betancourt presidió la junta revolucionaria provisional.  Rómulo Gallegos ganó las elecciones de diciembre de 1947, fue el primer presidente de Venezuela elegido por sufragio universal, directo y secreto y asumió el cargo en febrero de 1948.  Un golpe militar lo depuso en noviembre de 1948.  El período de gobierno militar que siguió concluyó en enero de 1958. [42] [46]

Mediante el Pacto de Puntofijo de octubre de 1958, AD, COPEI y URD se comprometieron a defender el orden electoral y constitucional y a cooperar en torno a un programa mínimo común.  Betancourt ganó las elecciones presidenciales de diciembre de 1958. [38] [34]

B-3).  Formación y reorganización de partidos [1960–1998]

15.  Movimiento de Izquierda Revolucionaria [MIR; fundado en 1960].  El MIR surgió de una escisión de AD y se vinculó con la izquierda revolucionaria y la insurgencia armada.  Las posteriores discrepancias estratégicas produjeron nuevas divisiones, mientras que sectores importantes regresaron más tarde a la actividad política legal. [47]

16.  Cruzada Cívica Nacionalista [CCN; organizada en la década de 1960].  Esta organización representaba una corriente política vinculada con el exdictador Marcos Pérez Jiménez y su Nuevo Ideal Nacional. [48]

17.  Movimiento Electoral del Pueblo[MEP; fundado en 1967].  El MEP surgió de una escisión de AD encabezada por Luis Beltrán Prieto Figueroa y otros dirigentes.  Adoptó una orientación nacionalista de izquierda y participó posteriormente en diversas alianzas electorales, entre ellas la coalición de gobierno bolivariana. [49]

18.  Bandera Roja [BR; fundada en 1970].  Bandera Roja tuvo su origen en una escisión de la izquierda revolucionaria y, en sus comienzos, recurrió a la lucha armada.  Posteriormente desarrolló una actividad política legal y pasó a oponerse a los gobiernos de Chávez y Maduro. [50]

19.  Movimiento al Socialismo [MAS; fundado en 1971].  El MAS surgió de una escisión del PCV.  Participó en elecciones y coaliciones políticas y, posteriormente, sufrió divisiones en torno al apoyo a Chávez. [51] [52]

20.  La Causa R [LCR; fundada en 1971].  Vinculada con Alfredo Maneiro, La Causa R se desarrolló mediante la organización obrera y comunitaria, especialmente en la Guayana industrial.  Concurrió a las elecciones de comienzos de la década de 1990.  De una escisión de La Causa R surgió PPT en 1997. [53]

21.  Liga Socialista [LS, 1973–2007].  La Liga Socialista pertenecía a la izquierda revolucionaria y participó en tareas de organización política y sindical.  Posteriormente apoyó a Chávez y se incorporó al proceso de integración en el PSUV en 2007. [54]

22.  Organización Renovadora Auténtica[ORA; fundada en 1987].  ORA surgió con una identidad cristiana evangélica y participó en la actividad electoral. [55] [56]

23.  Convergencia [fundada en 1993].  Convergencia se organizó en torno a la candidatura presidencial de Rafael Caldera tras su separación de COPEI.  Formó parte de la coalición más amplia que respaldó su victoria de 1993, conocida habitualmente como el chiripero. [57] [58]

24.  Patria Para Todos [PPT; fundado en 1997].  PPT surgió de una escisión de La Causa R y participó posteriormente en la coalición bolivariana.  Una intervención judicial en 2020 desplazó a su dirigencia y alteró el control de la denominación y los símbolos electorales del partido.  Su tarjeta electoral continuó utilizándose en 2024. [53] [59] [56]

25.  Movimiento V República [MVR, 1997–2007].  El MVR respaldó la candidatura presidencial con la que Hugo Chávez ganó las elecciones de 1998.  Surgió de la trayectoria política vinculada con el anterior Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 [MBR-200].  El MVR se integró en el PSUV en 2007. [60] [61]

26.  Proyecto Venezuela [fundado en 1998].  Proyecto Venezuela se formó en torno al proyecto político nacional de Henrique Salas Römer, a partir de su anterior base regional en Carabobo.  Respaldó su candidatura presidencial frente a Chávez en 1998 y participó posteriormente en la oposición.  Su fundación como organización nacional se distingue de la anterior organización regional Proyecto Carabobo. [62]

B-4).  Partidos y movimientos políticos del período bolivariano [1999–2026]

27.  Un Nuevo Tiempo [UNT; orígenes regionales en 1999 y organización nacional desde 2006].  UNT se desarrolló a partir de una base política zuliana vinculada con Manuel Rosales.  Su expansión nacional acompañó la candidatura presidencial de este en 2006.  Posteriormente participó en alianzas de oposición. [63]

28.  Primero Justicia [PJ; origen como asociación civil en 1992 y organización como partido desde 2000].  Primero Justicia comenzó como una asociación civil dedicada a la reforma jurídica e institucional y se convirtió después en un partido de oposición. [64]

En junio de 2020, el Tribunal Supremo designó una directiva ad hoc presidida por José Brito; posteriormente suspendió la medida.  El 22 de abril de 2024, mediante la sentencia n.º 207 de la Sala Constitucional, una junta ad hocencabezada por Brito volvió a recibir el control de la tarjeta y los símbolos electorales del partido.  La dirigencia histórica rechazó la intervención.  La tarjeta de PJ figuró en la boleta presidencial de 2024 en apoyo de Brito, mientras que la dirigencia histórica respaldó a Edmundo González Urrutia. [65] [66]

29.  Alianza Bravo Pueblo [ABP; fundada en 2000].  Vinculada con Antonio Ledezma y con una escisión de AD, ABP pasó a formar parte de la oposición al gobierno bolivariano. [67]

30.  Por la Democracia Social [PODEMOS; fundado en 2002].  PODEMOS surgió de una escisión del MAS.  Al principio apoyó a Chávez, pasó después a la oposición y, posteriormente, fue objeto de una intervención judicial que transfirió el control del partido a otra directiva. [68]

31.  Movimiento Revolucionario Tupamaro [el movimiento precedió a su inscripción como partido en 2004].  La organización Tupamaro se desarrolló a partir del activismo revolucionario urbano y participó más tarde en las elecciones como partidaria del proceso bolivariano.  Las discrepancias con el gobierno y la intervención judicial de 2020 dieron lugar a reclamaciones contrapuestas sobre la dirección y la identidad del partido. [69][70]

32.  Unidad Popular Venezolana [UPV; fundada en 2004].  Vinculada con Lina Ron, UPV se constituyó como una organización de apoyo militante a Chávez y conservó una presencia electoral propia en posteriores alianzas de gobierno.  Su tarjeta figuró en la boleta presidencial de 2024 dentro de la alianza que respaldaba a Maduro. [71] [56]

33.  Partido Socialista Unido de Venezuela [PSUV; formación iniciada en 2007].  Chávez promovió el PSUV como organización unitaria de las fuerzas que respaldaban su proyecto político.  En su constitución se integraron el MVR y otras organizaciones o sectores, mientras que algunos aliados conservaron su identidad propia.  El partido celebró su congreso fundacional en 2008. [61] [72]

El PSUV encabezó la alianza electoral de gobierno que apoyó a Maduro en 2024 y ocupó la primera posición en la boleta presidencial. [66]

34.  Voluntad Popular [VP; constituida como movimiento en 2009 y reconocida como partido en 2011].  Vinculada con Leopoldo López y otros promotores, Voluntad Popular se desarrolló en torno a la participación democrática, el cambio político y la oposición al gobierno.  Sus dirigentes y militantes afrontaron procesos penales, detenciones y exilio.  Una intervención judicial dio lugar, asimismo, a una disputa por el reconocimiento oficial de la dirección del partido. [73] [6]

35.  Movimiento Progresista de Venezuela, posteriormente Movimiento por Venezuela [MPV; fundado en 2012].  El MPV surgió de divisiones de la izquierda y participó en la coordinación de la oposición. [74]

36.  Avanzada Progresista [AP; fundada en 2012].  Vinculada con Henri Falcón y otros dirigentes, AP se desarrolló como una organización de centroizquierda favorable a la participación electoral y a la negociación política.  Sus estrategias difirieron en ocasiones de las de la principal coalición opositora, en particular respecto a la participación en elecciones cuyas condiciones eran objeto de controversia. [75]

37.  Vente Venezuela [fundada en 2012].  Vinculada con María Corina Machado, Vente se desarrolló como un movimiento político liberal que defendía las libertades individuales, la iniciativa privada y el cambio democrático.  Machado ganó las primarias de la oposición de 2023 y quedó excluida de la boleta presidencial de 2024. [76] [13]

Machado recibió el Premio Nobel de la Paz de 2025 por su labor en defensa de los derechos democráticos y de una transición democrática pacífica en Venezuela. [107]

38.  Movimiento Somos Venezuela[constituido como movimiento social en 2017 y transformado en partido en 2018].  Promovido por Maduro, Somos Venezuela se desarrolló en relación con la movilización en torno a los programas sociales y el sistema del Carnet de la Patria.  En 2018 obtuvo reconocimiento electoral mediante la transformación de Nuevo Camino Revolucionario [NCR]. [77]

39.  Cambiemos Movimiento Ciudadano[fundado en 2018].  Vinculado con Timoteo Zambrano, Cambiemos promovió la participación electoral y el diálogo.  Se integró en el sector de la oposición que emprendió negociaciones y estrategias electorales fuera de la principal coalición unitaria. [78]

40.  Encuentro Ciudadano [fundado en 2018].  Vinculado con Delsa Solórzano, Encuentro Ciudadano se desarrolló como una organización opositora centrada en la participación democrática y los derechos humanos.  Participó en la coordinación de la oposición y en el proceso de primarias de 2023. [79]

41.  Primero Venezuela [constituido en 2020].  Primero Venezuela fue creado por disidentes de Primero Justicia, entre ellos José Brito, y participó en las elecciones parlamentarias de 2020. [80]  La información publicada por Acceso a la Justicia el 14 de mayo de 2024 recoge la candidatura presidencial de Brito por la tarjeta de Primero Venezuela y la incorporación de la tarjeta de PJ a su candidatura tras la intervención judicial. [65]

42.  Fuerza Vecinal [fundada en 2021].  Fuerza Vecinal se constituyó en torno a dirigentes municipales, con atención a la administración local y a la participación electoral. [81]

B-5).  Coaliciones electorales y plataformas de coordinación

43.  Mesa de la Unidad Democrática[MUD; formada entre 2008 y 2009].  La MUD reunió a partidos de distintas ideologías para coordinar la oposición, presentar candidaturas comunes y concurrir a las elecciones.  Contribuyó a organizar campañas electorales de alcance nacional, incluida la que condujo a la victoria parlamentaria de la oposición en 2015. [82] [6]

44.  Gran Polo Patriótico Simón Bolívar[GPPSB; constituido en 2011].  Esta alianza reunió al PSUV, a partidos aliados y a organizaciones sociales que respaldaban al gobierno bolivariano. [83] [72]

45.  Alternativa Popular Revolucionaria[APR; formada en 2020].  La APR reunió a organizaciones y sectores comunistas y de otras corrientes de la izquierda revolucionaria que mantenían una posición crítica frente al gobierno de Maduro.  En 2020, el Tribunal Supremo nombró nuevas directivas para PPT y Tupamaro, cuyos dirigentes desplazados participaron en la coalición. [39] [59] [70]

46.  Plataforma Unitaria Democrática[PUD; constituida públicamente en 2021, tras anteriores iniciativas de unidad].  La plataforma se desarrolló como instancia de coordinación de partidos opositores y sectores aliados.  Participó en negociaciones, promovió las primarias opositoras de 2023 y respaldó a Edmundo González Urrutia en las elecciones presidenciales de 2024, tras la exclusión de Machado. [84] [13]

B-6).  Tarjetas electorales, continuidad de las organizaciones e intervención judicial

Además de las organizaciones descritas, otras figuraron en la boleta de 2024.  La reproducción publicada por El Diario identifica a Partido Verde, Futuro Venezuela, Enamórate, Partido Arepa, CONDE, Unidad Visión Venezuela y Derecha Democrática. [66]

La misión de observación electoral de la Unión Europea de 2021 informó de intervenciones judiciales que afectaban a las directivas de los partidos y al control de sus nombres, símbolos y postulaciones electorales.  Human Rights Watch recogió posteriormente la intervención del PCV en 2023; Acceso a la Justicia documentó la nueva intervención de Primero Justicia en 2024. [6] [19] [65]

B-7).  Participación electoral y negociaciones políticas [2025–2026]

Las organizaciones opositoras siguieron estrategias distintas en las elecciones legislativas de 2025.  La PUD llamó a la abstención, mientras que Henrique Capriles y otros dirigentes opositores participaron.  La Unión Interparlamentaria recoge once escaños para la alianza UNT–Unión entre los resultados anunciados. [88]

El 6 de agosto de 2026, Reuters informó del inicio de negociaciones, respaldadas por los Estados Unidos, entre representantes del gobierno de la presidenta encargada y una delegación opositora.  Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera encabezaban las respectivas delegaciones.  Machado no participaba en ese proceso de negociación. [108]

En octubre, Machado pidió la celebración de elecciones a más tardar en julio de 2027.  El plazo propuesto no constituía un calendario electoral oficial. [109]  El anuncio presidencial de septiembre citado en A-2.7 no precisaba una fecha. [93]


Fuentes y notas documentales

Las notas identifican textos constitucionales y legislativos, informes de instituciones independientes, estudios históricos, información periodística contemporánea y testimonios de las propias organizaciones.  Las publicaciones de los partidos se emplean para sus orígenes y fines declarados; las valoraciones sobre la actuación de las instituciones se atribuyen a los informes o estudios correspondientes.  La fecha de cierre documental de este borrador es el 21 de octubre de 2026.

[1] Constitución de la República de Venezuela de 1961, especialmente las disposiciones relativas a los poderes nacionales, la Presidencia, el Congreso, el Poder Judicial y las Fuerzas Armadas.  Edición documental del CIDEP.
https://cidep.online/files/constituciones/1961.pdf
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[2] Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, especialmente los artículos 136, 186–187, 192, 225–236, 247–249, 253–279, 280–296, 318, 328–330 y 347–349.  Texto disponible en el sitio de la Organización de los Estados Americanos.
https://www.oas.org/dil/esp/constitucion_venezuela.pdf
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[3] Constitución de Venezuela con la enmienda de 2009 incorporada.  Compárese el artículo 230 con el texto original; véase también el artículo 279.  Constitute Project.
https://constituteproject.org/constitution/Venezuela_2009?lang=es
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[4] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, informe sobre la institucionalidad democrática, el Estado de derecho y los derechos humanos en Venezuela, aprobado en 2017; edición inglesa publicada en 2018.
https://www.oea.org/en/iachr/reports/pdfs/venezuela2018-en.pdf
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[5] Comisión Internacional de Juristas, Jueces en la cuerda floja (2021):  nombramientos judiciales, permanencia en el cargo e influencia política.
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2021/06/Venezuela-Judges-on-the-tightrope-Publications-Reports-Thematic-reports-2021-SPA.pdf
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[6] Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, Venezuela 2021:  informe final.  Examina el ordenamiento jurídico, la administración electoral, la participación política y las intervenciones de partidos.
https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/eu_eom_ven_2021_fr_en.pdf
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[7] Comisión de Venecia, dictamen CDL-AD(2017)024 sobre las cuestiones jurídicas suscitadas por el proceso constituyente venezolano de 2017, especialmente el párrafo 27.  Ficha oficial del dictamen y reproducción en el repertorio de derecho electoral.
https://www.coe.int/en/web/venice-commission/-/cdl-ad-2017-024-e
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[8] Reuters, información sobre la sesión de clausura de la Asamblea Constituyente venezolana, 18 de diciembre de 2020, reproducida por Infobae.  Véase también la evaluación de la CIDH de 2020 sobre la falta de elaboración de una nueva constitución.
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/12/18/oficialistas-de-venezuela-cierran-criticada-asamblea-constituyente-2/
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[9] Asamblea Nacional Constituyente, Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Gaceta Oficial n.º 6.508 Extraordinario, de 30 de enero de 2020.  El preámbulo invoca los artículos 347–349; los artículos 22 y 59 califican a la Milicia Bolivariana como componente especial.  Reproducción de la Gaceta disponible en el sitio de Control Ciudadano.
https://www.controlciudadano.org/web/wp-content/uploads/LOFANB-2020-GO-6.508-ExT-30.01.2020.pdf
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[10] Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia de 1976, artículo 24:  tres salas de cinco magistrados cada una.  Texto legislativo reproducido por Justia.
https://venezuela.justia.com/estatales/miranda/leyes/ley-organica-de-la-corte-suprema-de-justicia-1976/gdoc/
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[11] Carlos Lusverti, análisis de la reforma del Tribunal Supremo venezolano de 2022, Justicia en las Américas, 15 de marzo de 2022.  Sobre la ampliación anterior, véase el informe de la Comisión Internacional de Juristas citado previamente.
https://dplfblog.com/2022/03/15/nueva-ley-y-nuevos-jueces-pero-el-mismo-control-politico-de-siempre-sobre-el-tribunal-supremo-de-venezuela/
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[12] Organización de los Estados Americanos, informe de observación electoral sobre las elecciones venezolanas de 1998, publicado en 1999.  Documenta la autoridad electoral y el ordenamiento jurídico anterior a 1999.
https://www.oas.org/sap/publications/1999/moe/venezuela/pbl_22_1999_spa.pdf
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[13] Centro Carter, informe final sobre las elecciones presidenciales venezolanas de 2024, publicado en febrero de 2025.  Se emplea retrospectivamente para los acontecimientos y las pruebas relativos a las elecciones de 2024.
https://www.cartercenter.org/wp-content/uploads/2025/02/venezuela-final-report-2025.pdf
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[14] Centro Carter, declaración sobre las elecciones presidenciales venezolanas, 30 de julio de 2024.  Documento distinto del informe final publicado posteriormente.
https://www.cartercenter.org/news/venezuela-073024/
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[15] Decreto n.º 2.378 sobre Organización General de la Administración Pública Nacional, Gaceta Oficial n.º 6.238 Extraordinario, de 13 de julio de 2016.  Texto legislativo histórico reproducido por Pandectas Digital; el cuerpo del apéndice recoge la existencia de reorganizaciones posteriores.
https://pandectasdigital.blogspot.com/2016/07/decreto-sobre-organizacion-general-de.html
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[16] Ministerio de Educación, anuncio de coordinación entre los ministerios de Educación y de Educación Universitaria, 16 de enero de 2024.  Acredita su existencia institucional separada durante el período examinado.
https://www.mppe.gob.ve/noticias/2024/01/16/articulaci%C3%B3n-acad%C3%A9mica-por-la-juventud-venezolana-mppe-y-el-mppeu-firman-resoluci%C3%B3n/
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[17] Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, informe A/HRC/41/18 (2019), sobre derechos económicos y sociales, operaciones de seguridad y rendición de cuentas.  Copia disponible en el sitio del Congreso de los Estados Unidos.
https://humanrightscommission.house.gov/sites/evo-subsites/humanrightscommission.house.gov/files/documents/20190705_UNHRC_HRinVZ_A.HRC_.41.18_0.pdf
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[18] Comisión Económica para América Latina y el Caribe, plataforma del Consenso de Montevideo:  ficha sobre el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género de Venezuela y su creación en 2009.
https://consensomontevideo.cepal.org/es/node/1244
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[19] Human Rights Watch, Informe Mundial 2024, capítulo sobre Venezuela.  Documenta acontecimientos de 2023, entre ellos la intervención del PCV y la reorganización de las FAES.
https://www.hrw.org/es/world-report/2024/country-chapters/venezuela
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[20] Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Nacionales de 1995, especialmente los artículos 4–7.  Texto legislativo histórico reproducido por Venciclopedia.
https://www.venciclopedia.org/index.php/Ley_Org%C3%A1nica_de_las_Fuerzas_Armadas_1995
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[21] Decreto n.º 6.239, Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Gaceta Oficial n.º 5.891 Extraordinario, de 31 de julio de 2008.  Gaceta digitalizada por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos.
https://tile.loc.gov/storage-services/service/ll/llflg/75/64/35/27/_v/e2/00/80/73/1c/75643527_ve20080731c/75643527_ve20080731c.pdf
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[22] Francine Jácome, « Militarismo y militarización.  El caso venezolano », en Marcos Robledo Hoecker y Francisco J. Verdes-Montenegro (eds.), Militarización, militarismo y democracia:  ¿nuevas tendencias en América Latina? (Fundación Carolina, 2023), pp. 153–169.
https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2023/06/Militarizacion.pdf
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[23]Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, debate del Consejo de Derechos Humanos sobre las conclusiones de la misión de determinación de los hechos sobre Venezuela, 26 de septiembre de 2022.
https://www.ungeneva.org/en/news-media/meeting-summary/2022/09/morning-human-rights-council-holds-interactive-dialogue-fact
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[24] Decreto n.º 7.453, Gaceta Oficial n.º 39.436, de 1 de junio de 2010:  cambio de denominación de la DISIP a SEBIN.  Registro jurídico de Iusdata.
https://iusdata.com/denominacion-cambio-disip-por-sebin/
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[25] Misión de determinación de los hechos de las Naciones Unidas, conclusiones detalladas sobre los crímenes cometidos a través de los servicios de inteligencia del Estado, A/HRC/51/CRP.3, septiembre de 2022.  Colección oficial de informes.
https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/ffmv/report-ffmv-september2022
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[26] Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, Gaceta Oficial n.º 5.940 Extraordinario, de 7 de diciembre de 2009.  Texto legislativo reproducido por Tu Gaceta Oficial.
https://tugacetaoficial.com/leyes/ley-organica-del-servicio-de-policia-y-del-cuerpo-de-policia-nacional-gaceta-5940-2009/
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[27] Héctor Bencomo Barrios, « Fuerzas Armadas », Diccionario de Historia de Venezuela, Fundación Empresas Polar.  Evolución histórica de los componentes militares y de la Guardia Nacional.
https://bibliofep.fundacionempresaspolar.org/dhv/entradas/f/fuerzas-armadas/
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[28] Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, informe sobre Venezuela de 2018, relativo a las violaciones de derechos, la rendición de cuentas y el trato dispensado a los manifestantes.
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/VE/VenezuelaReport2018_EN.pdf
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[29] Keymer Ávila y colaboradores, Visión panorámica del sistema policial en Venezuela (2000–2018), Acceso a la Justicia.  Véanse los apartados sobre el CICPC, la Policía Nacional y sus antecedentes institucionales.
https://www.accesoalajusticia.org/wp-content/uploads/2020/05/Informe-sobre-desempe%C3%B1o-sistema-policial-venezolano-2000-2018.pdf
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[30] Human Rights Watch, investigación sobre ejecuciones extrajudiciales en zonas de bajos ingresos de Venezuela, 18 de septiembre de 2019.
https://www.hrw.org/news/2019/09/18/venezuela-extrajudicial-killings-poor-areas
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[31] TalCual, « Tres estados acumularon 50% de las 143 muertes a manos de las FAES durante mayo », reproducido por PROVEA el 12 de junio de 2019.  Sitúa la creación en abril de 2016; la información de Human Rights Watch citada por separado la fecha en 2017.
https://provea.org/actualidad/tres-estados-acumularon-50-de-las-143-muertes-a-manos-de-las-faes-durante-mayo/
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[32] « Partidos políticos », Diccionario de Historia de Venezuela, Fundación Empresas Polar.  Fuente para las tradiciones partidistas y las agrupaciones personalistas del siglo XIX.
https://bibliofep.fundacionempresaspolar.org/dhv/entradas/p/partidos-politicos/
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[33] « Gómez, Juan Vicente, gobierno de », Diccionario de Historia de Venezuela, Fundación Empresas Polar.
https://bibliofep.fundacionempresaspolar.org/dhv/entradas/g/gomez-juan-vicente-gobierno-de/
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[34] « Betancourt, Rómulo », Diccionario de Historia de Venezuela, Fundación Empresas Polar.  Incluye las organizaciones posteriores a Gómez y las transiciones democráticas.
https://bibliofep.fundacionempresaspolar.org/dhv/entradas/b/betancourt-romulo/
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[35] Fundación Empresas Polar, cronología histórica:  organización del Partido Democrático Nacional en 1936.
https://bibliofep.fundacionempresaspolar.org/_custom/static/cronologia_hv/zoom/s20/1936-32.html
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[36] Fundación Empresas Polar, cronología histórica:  formación del Partido Revolucionario Venezolano en el exilio, 1926.
https://bibliofep.fundacionempresaspolar.org/_custom/static/cronologia_hv/zoom/s20/1926-7.html
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[37] Wikipedia, entrada histórica sobre el Partido Comunista de Venezuela.  Fuente para la fecha de fundación y la orientación de la organización; las disputas contemporáneas por su dirección se examinan por separado mediante fuentes independientes.
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Comunista_de_Venezuela
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[38] Archivo documental de Rafael Caldera, relación y documentos sobre el Pacto de Puntofijo y sus signatarios.
https://rafaelcaldera.com/puntofijo/
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[39] Comunicado fundacional de la Alternativa Popular Revolucionaria, reproducido en agosto de 2020.  Fuente primaria sobre la formación de la coalición y sus fines declarados.
https://www.idcommunism.com/2020/08/alternativa-popular-revolucionaria-venezuela-new-antiimperialist-and-socialist-alliance.html
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[40] Wikipedia, entrada histórica sobre el Partido Republicano Progresista de Venezuela, incluida su constitución en 1936 y sus vínculos con el comunismo.
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Republicano_Progresista_(Venezuela)
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[41] Acción Democrática, historia de la organización.  Se emplea para el antecedente del PDN y la fundación de AD en 1941; las valoraciones institucionales se sustentan en informes independientes.
https://acciondemocratica.org.ve/adport/componentes/Historia2/
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[42] « Junta Revolucionaria de Gobierno », Diccionario de Historia de Venezuela, Fundación Empresas Polar.
https://bibliofep.fundacionempresaspolar.org/dhv/entradas/j/junta-revolucionaria-de-gobierno/
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[43] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe anual 2020, capítulo IV.B, Venezuela.  Incluye el contexto político e institucional y las intervenciones que afectaron a las directivas de los partidos.
https://www.oas.org/en/iachr/docs/annual/2020/Chapters/IA2020cap.4b.VE-en.pdf
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[44] « Medina Angarita, Isaías, gobierno de », Diccionario de Historia de Venezuela, Fundación Empresas Polar.
https://bibliofep.fundacionempresaspolar.org/dhv/entradas/m/medina-angarita-isaias-gobierno-de/
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[45] Fundación Empresas Polar, cronología histórica:  fundación y orientación socialcristiana de COPEI en 1946.
https://bibliofep.fundacionempresaspolar.org/_custom/static/cronologia_hv/zoom/s20/1946-2.html
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[46] « Gallegos, Rómulo, gobierno de », Diccionario de Historia de Venezuela, Fundación Empresas Polar.
https://bibliofep.fundacionempresaspolar.org/dhv/entradas/g/gallegos-romulo-gobierno-de/
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[47] « Guerrillas », Diccionario de Historia de Venezuela, Fundación Empresas Polar.  Examina la izquierda revolucionaria y el desarrollo de la insurgencia armada.
https://bibliofep.fundacionempresaspolar.org/dhv/entradas/g/guerrillas/
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[48] Wikipedia, entrada histórica sobre la Cruzada Cívica Nacionalista y su vinculación con Pérez Jiménez.
https://es.wikipedia.org/wiki/Cruzada_C%C3%ADvica_Nacionalista
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[49] Fundación Empresas Polar, cronología histórica:  fundación del Movimiento Electoral del Pueblo en 1967.
https://bibliofep.fundacionempresaspolar.org/_custom/static/cronologia_hv/zoom/s20-2/1967-46.html
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[50] Wikipedia, entrada histórica sobre Bandera Roja:  orígenes en 1970, procedencia de la izquierda revolucionaria y posterior actividad electoral.
https://es.wikipedia.org/wiki/Bandera_Roja_(Venezuela)
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[51]Movimiento al Socialismo, documento programático publicado por Nueva Sociedad(1980).  Fuente primaria sobre su orientación socialista democrática.
https://pre.nuso.org/articulo/movimiento-al-socialismo-venezuela/
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[52] Estudio académico sobre el Movimiento al Socialismo, publicado en 1981 e incluido en JSTOR.
https://www.jstor.org/stable/3539979
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[53] « Understanding the Collapse of Venezuela’s Causa Radical », Journal of Politics in Latin America, vol. 6, n.º 1 (2014).  Incluye los orígenes del partido y la escisión de la que surgió PPT.
https://ciaotest.cc.columbia.edu/journals/jpla/v6i1/f_0031490_25538.pdf
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[54] Wikipedia, entrada histórica sobre la Liga Socialista.  Sobre el anuncio de integración en el PSUV, véase también la información de la Agencia Bolivariana de Noticias del 21 de diciembre de 2006.
https://en.wikipedia.org/wiki/Socialist_League_(Venezuela)
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[55] Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, estudio y cuadros históricos sobre los partidos políticos venezolanos, incluida la fundación de ORA en 1987.
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/12/5544/6.pdf
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[56] La República, presentación de la boleta del CNE para las elecciones presidenciales de 2024.  Fecha que figura en el artículo:  11 de mayo de 2024; segmento de fecha de la URL:  2024/05/09.
https://larepublica.pe/mundo/venezuela/2024/05/09/elecciones-venezuela-2024-conoce-el-tarjeton-electoral-del-cne-que-revela-los-10-candidatos-presidenciales-235737
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[57] Convergencia, historia de la organización y de su dirigencia, incluida su constitución en junio de 1993.
https://partidoconvergencia.org/liderazgo/
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[58] CIDOB, « Rafael Caldera Rodríguez »:  biografía política, incluida la candidatura de 1993 y la coalición que la respaldó.
https://www.cidob.org/en/lider-politico/rafael-caldera-rodriguez
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[59] Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, sentencia n.º 0122, de 21 de agosto de 2020, relativa a PPT.  Decisión y ficha del caso reproducidas por Acceso a la Justicia.
https://accesoalajusticia.org/intervencion-judicial-de-la-organizacion-con-fines-politicos-patria-para-todos-ppt/
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[60] Universidad de Belgrano, estudio sobre el Movimiento V República y el desarrollo del proyecto político de Chávez.
https://repositorio.ub.edu.ar/bitstream/handle/123456789/185/55_rodriguez_games.pdf?isAllowed=y&sequence=2
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[61] Margarita López Maya, El PSUV y el sistema de partidos, 20 de enero de 2008.  Análisis contemporáneo de la formación del partido y de la concentración política.
https://margaritalopezmaya.com/wp-content/uploads/2022/06/El-PSUV-y-el-sistema-de-partidos-UN-20-1-08.pdf
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[62] Fundación Empresas Polar, cronología histórica:  Proyecto Venezuela y las elecciones presidenciales de 1998.
https://bibliofep.fundacionempresaspolar.org/_custom/static/cronologia_hv/zoom/s20-10/1998-87.html
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[63] Wikipedia, entrada histórica sobre Un Nuevo Tiempo, que distingue sus orígenes regionales de su expansión nacional.
https://es.wikipedia.org/wiki/Un_Nuevo_Tiempo
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[64] Primero Justicia, relación retrospectiva que distingue la asociación civil constituida en 1992 de la organización como partido en 2000.
https://www.primerojusticia.org.ve/cms/index.php?Itemid=468&cid=149%3Anoticias&id=21622%3Aalejandro-vivas-primero-justicia-15-anos-resteados-con-el-cambio-para-venezuela&option=com_flexicontent&view=item
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[65] Acceso a la Justicia, « La segunda intervención judicial de Primero Justicia y su impacto en las presidenciales de 2024 », 14 de mayo de 2024.  Véase el apartado « Ocultando al rival » sobre la candidatura de Brito por Primero Venezuela y la tarjeta del PJ intervenido judicialmente.
https://accesoalajusticia.org/segunda-intervencion-judicial-primero-justicia-impacto-presidenciales-2024/
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[66] El Diario, descripción y reproducción de la boleta presidencial, actualizada el 8 de mayo de 2024.  Incluye la tarjeta de Primero Justicia, intervenido judicialmente, en apoyo de José Brito, y las tarjetas de Futuro Venezuela y Partido Arepa.
https://eldiario.com/2024/05/08/boleta-electoral-elecciones-presidenciales-venezuela/
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[67] Wikipedia, entrada histórica sobre Alianza Bravo Pueblo, sus orígenes en 2000 y su vinculación con Antonio Ledezma.
https://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_Bravo_Pueblo
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[68] Wikipedia, entrada histórica sobre Por la Democracia Social, incluidos sus orígenes en 2002 y la intervención de su dirigencia en 2012.
https://es.wikipedia.org/wiki/Por_la_Democracia_Social
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[69] Wikipedia, entrada histórica sobre el movimiento Tupamaro venezolano, que distingue el activismo previo de su legalización como partido político en 2004.
https://es.wikipedia.org/wiki/Tupamaro_(Venezuela)
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[70] Runrun.es, información sobre la respuesta del movimiento Tupamaro a la intervención judicial, 19 de agosto de 2020.
https://runrunes.org/noticias/419292/movimiento-tupamaro-rechazo-intervencion-del-tsj-se-ha-consumado-el-robo-del-partido/
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[71] Wikipedia, entrada histórica sobre Unidad Popular Venezolana.  La boleta de 2024 documenta de forma independiente su posterior presencia electoral.
https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_Popular_Venezolana
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[72] CLACSO, cronología de Venezuela correspondiente a 2007.  Registro contemporáneo de los acontecimientos políticos durante la formación del PSUV.
https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/osal/20190429034519/Venezuela_2007.pdf
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[73] Leopoldo López, historia de Voluntad Popular:  constitución del movimiento en diciembre de 2009 y reconocimiento como partido en enero de 2011.
https://leopoldolopez.com/voluntad-popular/
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[74]Wikipedia, entrada histórica sobre el Movimiento por Venezuela, originalmente Movimiento Progresista de Venezuela, fundado en junio de 2012.
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_por_Venezuela
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[75] Tomás Straka, « Los partidos de última generación en Venezuela », PolítiKa UCAB, 4 de septiembre de 2023.  Examina partidos de trayectoria anterior y de reciente formación.
https://politikaucab.net/2023/09/04/los-partidos-de-ultima-generacion-en-venezuela/
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[76] Vente Venezuela, información de la organización publicada el 24 de mayo de 2021, que sitúa su fundación en 2012 y describe su desarrollo nacional.
https://www.ventevenezuela.org/2021/05/24/maria-corina-machado-vente-es-una-realidad-en-toda-venezuela/
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[77] El Pitazo, información sobre la transformación de Somos Venezuela en partido político, que distingue el movimiento de 2017 de su inscripción electoral en 2018.
https://elpitazo.net/sucesos/madurismo-se-convierte-partido-movimiento-somos-venezuela/
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[78] Wikipedia, entrada histórica sobre Cambiemos Movimiento Ciudadano, fundado en 2018 y vinculado con Timoteo Zambrano.
https://es.wikipedia.org/wiki/Cambiemos_Movimiento_Ciudadano
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[79] Encuentro Ciudadano, declaración oficial de la organización que sitúa su fundación el 13 de diciembre de 2018 y señala su atención a los derechos y las libertades ciudadanas.
https://encuentrociudadano.org/quienes-somos/
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[80] Runrun.es, información sobre partidos poco conocidos que concurrieron a las elecciones de 2021, incluidos los orígenes de Primero Venezuela.
https://runrun.es/noticias/453207/guachimanelectoral-los-partidos-poco-conocidos-que-van-a-las-elecciones-del-21n/
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[81] Directorio Legislativo, informe sobre las elecciones regionales y municipales venezolanas de 2021, publicado en enero de 2022.  Describe los orígenes municipales de Fuerza Vecinal y su constitución en 2021.
https://alertas-v3.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2022/01/Venezuela-Elecciones-regionales-y-municipales-2021-2022-1.pdf
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[82] María Dubuc, relación del acuerdo de la MUD de 2008 y su reorganización en 2009, publicada por Primero Justicia el 22 de enero de 2014.
https://www.primerojusticia.org.ve/cms/index.php?Itemid=499&cid=160%3Anuestros-dirigentes-opinan&id=13644%3Amaria-dubuc-un-responsabilidad-historica-la-verdadera-unidad&option=com_flexicontent&view=item
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[83] PSUV, información conmemorativa del tercer aniversario de la formación del Gran Polo Patriótico, ocurrida el 7 de octubre de 2011; publicada el 7 de octubre de 2014.
https://www.psuv.org.ve/temas/noticias/presidente-maduro-reconoce-lucha-gpp-a-tres-anos-su-conformacion/
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[84] Crónica Uno, información sobre el desarrollo organizativo de la Plataforma Unitaria y la designación de Omar Barboza, 2022.  Describe el proceso iniciado en abril de 2021.
https://cronica.uno/plataforma-unitaria-anuncia-refundacion-y-confirma-a-omar-barboza-como-secretario-ejecutivo/
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[85] Associated Press, información sobre la toma de posesión de Maduro, 10 de enero de 2025.
https://apnews.com/article/41df1203ab06e1ee9168622d12aac461
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[86] Reuters, información sobre el juramento de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela, 5 de enero de 2026.
https://www.reuters.com/world/americas/delcy-rodriguez-formally-sworn-venezuelas-interim-president-2026-01-05/
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[87] Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, sentencia n.º 00001, de 3 de enero de 2026, expediente 2026-00001.  Decisión y comentario reproducidos por Acceso a la Justicia.
https://accesoalajusticia.org/la-sc-ordena-que-delcy-rodriguez-presidencia-de-la-republica/
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[88] Unión Interparlamentaria, Parline, Venezuela:  elecciones a la Asamblea Nacional del 25 de mayo de 2025.  Las cifras de escaños reproducen el resultado electoral comunicado.
https://data.ipu.org/parliament/VE/VE-LC01/election/VE-LC01-E20250525/
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[89] Acceso a la Justicia, ficha de la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, Gaceta Oficial n.º 7.025 Extraordinario, de 22 de mayo de 2026; análisis publicado el 3 de junio de 2026.
https://accesoalajusticia.org/ley-organica-de-reforma-parcial-de-la-ley-organica-del-tribunal-supremo-de-justicia/
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[90] Acceso a la Justicia, ficha de la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, Gaceta Oficial n.º 7.074 Extraordinario, de 15 de septiembre de 2026; análisis publicado el 21 de septiembre de 2026.
https://accesoalajusticia.org/ley-organica-de-reforma-parcial-de-la-lotsj/
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[91] El País, información sobre la selección aún pendiente de los magistrados del Tribunal Supremo, 14 de octubre de 2026.
https://elpais.com/america/2026-10-14/un-nuevo-supremo-para-venezuela-con-prisa-y-sin-reglas-claras.html
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[92] Misión de determinación de los hechos de las Naciones Unidas, informe A/HRC/57/57, de 17 de septiembre de 2024.  Incluye la respuesta institucional y la represión posteriores a las elecciones.
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/sessions-regular/session57/advance-versions/a-hrc-57-57-en.pdf
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[93] Reuters, información sobre la promesa de elecciones formulada por Delcy Rodríguez, 23 de septiembre de 2026.  El anuncio no precisaba la fecha de los comicios.
https://www.reuters.com/world/americas/venezuelas-rodriguez-promises-elections-2026-09-23/
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[94] EFE, « El Parlamento de Venezuela designa a un nuevo fiscal general y a una defensora del pueblo », 9 de abril de 2026.
https://efe.com/mundo/2026-04-09/nuevo-fiscal-defensora-del-pueblo-venezuela/
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[95] Reuters, información sobre la sustitución del ministro de Defensa venezolano por el jefe de contrainteligencia militar, 18 de marzo de 2026.
https://www.reuters.com/world/americas/venezuela-acting-president-replaces-long-time-defense-minister-2026-03-18/
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[96] Acceso a la Justicia, ficha de la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, Gaceta Oficial n.º 6.978 Extraordinario, de 29 de enero de 2026; análisis publicado el 26 de febrero de 2026.
https://accesoalajusticia.org/ley-de-reforma-de-la-ley-organica-de-hidrocarburos/
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[97] Reuters, información sobre la previsión de inversiones petroleras anunciada por Rodríguez, 17 de octubre de 2026.  La cifra corresponde a una expectativa anunciada, no a inversiones ya realizadas.
https://www.reuters.com/business/energy/venezuela-expects-nearly-76-billion-oil-investment-over-five-years-acting-2026-10-17/
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[98] Acceso a la Justicia, examen del cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana sobre El Helicoide, 3 de septiembre de 2026.
https://accesoalajusticia.org/casi-3-meses-sentencia-sobre-helicoide-que-ha-hecho-estado-venezolano-cumplirla/
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[99] Misión de determinación de los hechos de las Naciones Unidas, declaración sobre la persistencia de la represión y los crímenes de lesa humanidad, 18 de marzo de 2025.
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2025/03/venezuela-harsh-repression-and-crimes-against-humanity-ongoing-fact-finding
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[100] Misión de determinación de los hechos de las Naciones Unidas, declaración sobre la rendición de cuentas y la justicia internacional, 22 de septiembre de 2025.
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2025/09/venezuela-only-hope-victims-find-justice-lies-international-community-says
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[101] Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, Gaceta Oficial n.º 6.990 Extraordinario, de 19 de febrero de 2026.  Ficha legislativa y análisis de Acceso a la Justicia, 24 de febrero de 2026.
https://accesoalajusticia.org/engaceta-ley-de-amnistia/
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[102] Misión de determinación de los hechos de las Naciones Unidas, declaración sobre la persistencia de la represión, 16 de septiembre de 2026.
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2026/09/venezuela-amidst-limited-political-changes-countrys-repressive-apparatus
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[103] Reuters, información sobre las conclusiones de septiembre de la misión de determinación de los hechos de las Naciones Unidas, 16 de septiembre de 2026.
https://www.reuters.com/world/americas/rights-abuses-persist-venezuela-despite-maduros-removal-un-experts-say-2026-09-16/
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[104] Tribunal Supremo de Justicia, Resolución n.º 2026-0010, de 13 de octubre de 2026, reproducida por Acceso a la Justicia el 16 de octubre.  Reorganiza la competencia para conocer de las causas por terrorismo.
https://accesoalajusticia.org/resolucion-2026-0010-mediante-la-cual-se-modifica-la-estructura-organizacional-de-los-juzgados-con-competencia-en-terrorismo/
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[105] Departamento de Justicia de los Estados Unidos, anuncio de un nuevo escrito de acusación contra Nicolás Maduro y Cilia Flores, en sustitución del anterior, 8 de octubre de 2026.  Las alegaciones de la acusación requieren resolución judicial.
https://www.justice.gov/opa/pr/nicolas-maduro-moros-and-cilia-adela-flores-de-maduro-charged-torture
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[106] Reuters, información sobre las declaraciones de no culpabilidad de Maduro y Flores y la nueva fecha del juicio, 15 de octubre de 2026.
https://www.reuters.com/world/americas/venezuelas-maduro-due-court-over-new-us-torture-charge-2026-10-15/
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[107] Comité Noruego del Nobel, anuncio de la concesión del Premio Nobel de la Paz de 2025 a María Corina Machado, 10 de octubre de 2025.
https://www.nobelprize.org/uploads/2025/10/press-peaceprize2025.pdf
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[108] Reuters, información sobre el inicio de negociaciones respaldadas por los Estados Unidos entre el gobierno de la presidenta encargada y una delegación opositora, 6 de agosto de 2026.
https://www.reuters.com/world/americas/venezuelan-acting-government-opposition-delegation-begin-talks-2026-08-06/
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[109] Reuters, información sobre la petición de Machado de celebrar elecciones a más tardar en julio de 2027, 9 de octubre de 2026, con referencia a su entrevista con el Financial Times.
https://www.reuters.com/world/americas/venezuelas-machado-calls-elections-by-july-ft-reports-2026-10-09/
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« Desenmascarar la desilusión: Serie XXIII »

October 27, 2026

« Geometric Allegory », pintura digital, 2023, de Ricardo Morin (artista visual estadounidense nacido en Venezuela en 1954).

Alcance y uso

Esta entrega forma parte del corpus constitucional presentado en el Apéndice, integrado por las veinticinco constituciones de Venezuela y organizado para la consulta, no para una lectura sucesiva.  La comparación se articula mediante códigos permanentes de rúbrica, cuya identidad se conserva a través del corpus; la ausencia de una rúbrica significa silencio constitucional, y las rúbricas retiradas no se reasignan.  Las citas se fijan primero por el número del artículo y siguen la recensión del CIDEP enlazada al final de cada entrada.  La definición íntegra del corpus, su método y su convención de citas constan en la nota « Alcance y uso » que encabeza las Constituciones del siglo XIX, iniciadas en « Desenmascarar la Desilusión:  Serie XI ».

Ricardo F. Morín

19 de octubre de 2026

Oakland Park, Florida


25) Constitución de 1999

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 fue aprobada por el pueblo venezolano mediante referendo constituyente el 15 de diciembre de 1999 y proclamada por la Asamblea Nacional Constituyente en Caracas el 20 de diciembre de 1999, según consta en el cierre constitucional.  Su disposición final condiciona la entrada en vigencia a la publicación en la Gaceta Oficial después de la aprobación en referendo.  Las fórmulas de cierre y cumplimiento nombran a la Asamblea Constituyente y a su presidente; las variantes impresas de su nombre se registran en CON-FIN.  La recensión del CIDEP reproduce también cinco lecturas posteriores de enmienda en notas al pie, identificadas separadamente en CON-AMD. (CIDEP 1999, disposición final y fórmulas de cierre y Cúmplase, pp. 66–67; notas de enmienda 1–5, pp. 28–29, 32, 36, 41).

DOC-PRE—Preámbulo

« El pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores e invocando la protección de Dios, el ejemplo histórico de nuestro Libertador Simón Bolívar y el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados aborígenes y de los precursores y forjadores de una patria libre y soberana;

Con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para ésta y las futuras generaciones; asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna; promueva la cooperación pacífica entre las naciones e impulse y consolide la integración latinoamericana de acuerdo con el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos, la garantía universal e indivisible de los derechos humanos, la democratización de la sociedad internacional, el desarme nuclear, el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad;

En ejercicio de su poder originario representado por la Asamblea Nacional Constituyente mediante el voto libre y en referendo democrático, decreta la siguiente CONSTITUCIÓN »

(CIDEP 1999, p. 4, preámbulo; cf. 1961, preámbulo, p. 4:  « en representación del pueblo venezolano, para quien invoca la protección de Dios Todopoderoso »).

FND-TER—Territorio

La República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y funda su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar.  La independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional son derechos irrenunciables de la Nación.  La República es un Estado federal descentralizado, regido por la integridad territorial, la cooperación, la solidaridad, la concurrencia y la corresponsabilidad. (arts. 1, 4; cf. 1961, arts. 1–2:  « La República de Venezuela es un Estado Federal, en los términos consagrados por esta Constitución. »).

Los símbolos nacionales son la bandera amarilla, azul y roja, el himno Gloria al bravo pueblo y el escudo de armas de la República, con las características, significados y usos prescritos por la ley.  El castellano conserva su condición de idioma oficial; los idiomas indígenas son también de uso oficial para los pueblos indígenas y deben respetarse en toda la República como patrimonio cultural de la Nación y de la humanidad. (arts. 8–9; cf. 1961, arts. 5–6:  « El idioma oficial es el castellano. »).

El territorio y los espacios geográficos corresponden a la Capitanía General de Venezuela anterior a la transformación iniciada el 19 de abril de 1810, con las modificaciones de tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad.  La soberanía comprende los espacios continentales, insulares, lacustres, fluviales, marítimos, aéreos, subterráneos y de recursos enumerados.  La relación insular nombra Los Monjes, Las Aves, Los Roques, La Orchila, La Tortuga, La Blanquilla, Los Hermanos, Margarita, Cubagua, Coche, Los Frailes, La Sola, Los Testigos, Patos y Aves, junto con las islas, islotes, cayos y bancos existentes o emergentes señalados.  Los derechos exclusivos sobre la zona contigua, la plataforma continental y la zona económica exclusiva se sujetan al derecho internacional y a la ley; los derechos en el espacio ultraterrestre suprayacente y en el patrimonio común de la humanidad, a los acuerdos y a la legislación nacional. (arts. 10–11; cf. 1961, art. 7:  « con las modificaciones resultantes de los tratados celebrados válidamente por la República »).

El territorio nacional no puede cederse, traspasarse, arrendarse ni enajenarse, ni siquiera temporalmente o en parte, a Estados extranjeros u otros sujetos de derecho internacional.  El espacio geográfico venezolano es una zona de paz sin bases militares extranjeras ni instalaciones con propósitos militares.  Se permite la adquisición recíproca de sedes diplomáticas o consulares dentro del área legalmente determinada, con reserva de la soberanía.  Los baldíos de las Dependencias Federales y de las islas fluviales o lacustres no pueden enajenarse ni concederse de manera que se transfiera la propiedad. (art. 13; cf. 1961, art. 8:  « a potencia extranjera »).

La ley establece un régimen especial para los territorios incorporados por libre determinación de sus habitantes y aceptación de la Asamblea Nacional.  El Estado debe mantener una política integral de fronteras terrestres, insulares y marítimas que proteja la integridad territorial, la soberanía, la seguridad, la defensa, la identidad nacional, la diversidad y el ambiente; una ley orgánica de fronteras determina las responsabilidades y objetivos, con asignaciones económicas especiales adecuadas a cada región fronteriza. (arts. 14–15; cf. 1961, art. 15:  « y con la aceptación del Congreso »).

El territorio comprende Estados, Distrito Capital, Dependencias Federales y Territorios Federales, organizados en Municipios.  La ley orgánica regula la división políticoterritorial, la autonomía municipal y la descentralización; la creación de Territorios Federales dentro de los Estados requiere referendo aprobatorio en la entidad afectada.  Una ley especial puede elevar a Estado la totalidad o parte de un Territorio.  Las Dependencias Federales son las islas marítimas no integradas en un Estado y las que se formen o aparezcan en el mar territorial o sobre la plataforma continental.  Caracas es la capital y sede nacional, sin excluir el ejercicio de funciones nacionales en otros lugares; una ley especial establece un gobierno municipal metropolitano de dos niveles que integre los Municipios del Distrito Capital y los correspondientes de Miranda. (arts. 16–18; cf. 1961, arts. 9–14:  « el Distrito Federal, los Territorios Federales y las Dependencias Federales »).

POW-LEG—Congreso

La Asamblea Nacional se compone de diputados elegidos en cada entidad federal por votación universal, directa, personalizada y secreta, con representación proporcional.  La base poblacional es del uno coma uno por ciento de la población total del país, con tres diputados adicionales por entidad y tres diputados indígenas elegidos conforme a la ley y a sus tradiciones.  Cada diputado tiene un suplente escogido en el mismo proceso.  Los diputados duran cinco años y, en el texto principal, pueden ser reelegidos por dos períodos consecutivos como máximo.  Las lecturas de la enmienda posterior se registran separadamente en CON-AMD. (arts. 186, 192; cf. 1961, arts. 135, 138, 151:  « El Poder Legislativo se ejerce por el Congreso, integrado por dos Cámaras:  el Senado y la Cámara de Diputados. »).

El diputado debe ser venezolano por nacimiento o naturalizado con quince años de residencia en Venezuela por lo menos, mayor de veintiún años y residente durante cuatro años consecutivos en la entidad representada antes de la elección.  El presidente y los vicepresidentes de la Asamblea Nacional deben ser venezolanos por nacimiento y sin otra nacionalidad. (arts. 41, 188; cf. 1961, art. 152:  « Para ser Diputado se requiere ser venezolano por nacimiento y mayor de veintiún años. »).

Los funcionarios ejecutivos, de institutos autónomos, de empresas estatales, gobernadores y autoridades capitalinas de jerarquía comparable enumerados son inelegibles hasta tres meses después de su separación definitiva; los demás funcionarios públicos remunerados se sujetan a la regla territorial electoral y a las excepciones señaladas, con posibilidad de otras exclusiones por ley orgánica.  Los diputados no pueden ser propietarios, administradores o directores de empresas que contraten con personas jurídicas estatales ni gestionar ante ellas causas particulares lucrativas, y deben abstenerse cuando concurra conflicto de intereses económicos.  La aceptación o ejercicio de cargos públicos acarrea la pérdida de la investidura legislativa, salvo las actividades docentes, académicas, accidentales o asistenciales señaladas que no supongan dedicación exclusiva. (arts. 189–191; cf. 1961, art. 141:  « Los Senadores y Diputados podrán aceptar cargos de Ministro, Secretario de la Presidencia de la República, Gobernador, jefe de misión diplomática o Presidente del Instituto Autónomo sin perder su investidura. »).

La Asamblea legisla sobre materias nacionales, controla el gobierno y la administración nacional, promueve la participación, decreta amnistías y aprueba presupuestos, impuestos, empréstitos, créditos adicionales, lineamientos del plan de desarrollo, contratos, tratados, nombramientos, distinciones extranjeras, misiones militares, enajenaciones de inmuebles nacionales y las salidas presidenciales que reúnan las condiciones establecidas.  Vela por los intereses y la autonomía estadales, acuerda honores del Panteón transcurridos veinticinco años, regula sus procedimientos y seguridad interna, califica a sus miembros, conoce de sus renuncias y administra su presupuesto y organización.  La separación temporal de un diputado requiere dos tercios de los presentes.  La reforma constitucional y la censura se rigen por las reglas separadas que se registran más adelante. (arts. 187(1–9), (11–24); cf. 1961, arts. 139, 150, 153, 158:  « Corresponde al Congreso legislar sobre las materias de la competencia nacional y sobre el funcionamiento de las distintas ramas del Poder Nacional. »).

La moción de censura contra el vicepresidente ejecutivo o un ministro sólo se discute transcurridos dos días.  El artículo 187(10) exige tres quintas partes de los diputados para la destitución, y el artículo 240, tres quintas partes de los integrantes de la Asamblea para la censura vicepresidencial.  El artículo 246 exige tres quintas partes de los integrantes presentes para la censura ministerial.  La remoción impide al funcionario ocupar la Vicepresidencia Ejecutiva o un ministerio durante el resto del período presidencial.  La consecuencia de tres remociones vicepresidenciales se registra en POW-EXE. (arts. 187(10), 240, 246; cf. 1961, art. 153(2):  « por las dos terceras partes de los Diputados presentes »).

La Asamblea nombra comisiones permanentes, ordinarias, especiales y temporales de investigación.  Las permanentes, no más de quince, corresponden a sectores de la actividad nacional; su creación o supresión requiere dos tercios de los integrantes.  La Asamblea elige anualmente de su seno a su presidente y dos vicepresidentes, y fuera de él a un secretario y un subsecretario.  Durante el receso, la Comisión Delegada se compone de esas autoridades de presidencia y de los presidentes de las Comisiones Permanentes.  Convoca a sesiones extraordinarias, autoriza salidas presidenciales, créditos adicionales y modificaciones urgentes de servicios públicos, designa comisiones temporales e investiga; la autorización sobre servicios públicos requiere dos tercios. (arts. 193–196; cf. 1961, arts. 178–180:  « una Comisión integrada por el Presidente, el Vicepresidente y veintiún miembros del Congreso »).

Los diputados se dedican exclusivamente al interés del pueblo, mantienen relación con los electores, rinden cuenta anual y están sujetos a revocación; el diputado revocado no puede optar a cargo electivo en el período siguiente.  No responden por los votos y opiniones emitidos en el ejercicio de sus funciones y responden ante los electores y el cuerpo legislativo conforme a la Constitución y los reglamentos.  Representan al pueblo y a los Estados en su conjunto, se sujetan a su conciencia y no a instrucciones y votan personalmente. (arts. 197–199, 201; cf. 1961, art. 142:  « Sólo responderán ante el respectivo cuerpo de acuerdo con esta Constitución y los reglamentos. »).

La inmunidad corre desde la proclamación hasta la conclusión del mandato o la renuncia.  El Tribunal Supremo de Justicia conoce privativamente de los presuntos delitos y sólo él puede, previa autorización de la Asamblea, ordenar la detención y continuar el enjuiciamiento.  La flagrancia acarrea custodia en la residencia del diputado y comunicación inmediata al Tribunal.  Los funcionarios que violen la inmunidad incurren en responsabilidad penal. (art. 200; cf. 1961, art. 143:  « hasta veinte días después de concluido su mandato o de la renuncia del mismo »).

Las leyes son los actos sancionados por la Asamblea como cuerpo legislador; las compilaciones sistemáticas pueden denominarse Códigos.  Son orgánicas las leyes así designadas por la Constitución y las que organicen los poderes públicos, desarrollen derechos constitucionales o sirvan de marco normativo a otras leyes.  La admisión de los proyectos no calificados constitucionalmente de orgánicos requiere dos tercios de los presentes; la misma votación calificada se aplica a la modificación de leyes orgánicas.  La Sala Constitucional revisa su carácter orgánico dentro de diez días antes de la promulgación.  Las leyes habilitantes requieren tres quintas partes de los integrantes y fijan las directrices, propósitos, marco de las materias y plazo de la delegación presidencial con rango y valor de ley. (arts. 202–203; cf. 1961, art. 163:  « por la mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara »).

La iniciativa legislativa corresponde al Ejecutivo, a la Comisión Delegada y las Comisiones Permanentes, a tres diputados por lo menos, al Tribunal Supremo en materia judicial, al Poder Ciudadano respecto de sus órganos, al Poder Electoral en materia electoral, al cero coma uno por ciento de los electores inscritos por lo menos y a los Consejos Legislativos en materias estadales.  La discusión de los proyectos de iniciativa electoral debe comenzar a más tardar en las sesiones ordinarias siguientes o someterse a referendo aprobatorio.  Los Estados deben ser consultados por medio de sus Consejos Legislativos sobre las leyes que les conciernan, con mecanismos legales de consulta a la sociedad civil. (arts. 204–206; cf. 1961, art. 165(5):  « A un número no menor de veinte mil electores »).

Los proyectos reciben dos discusiones en días diferentes.  La primera examina motivos, objetivos, alcance, viabilidad y articulado, seguida del informe de comisión dentro de treinta días consecutivos.  La segunda se realiza artículo por artículo; las modificaciones vuelven a comisión para incorporarse dentro de quince días continuos, y la plenaria resuelve por mayoría las discrepancias restantes.  Los proyectos pendientes pueden continuar en sesiones posteriores o extraordinarias.  La consulta comprende órganos estatales, ciudadanos y sociedad organizada; los representantes ejecutivos, judiciales, ciudadanos, electorales, estadales y sociales designados pueden intervenir conforme al reglamento. (arts. 207–211; cf. 1961, art. 166:  « en cada Cámara no menos de dos discusiones, en días diferentes y en Cámara plena »).

La fórmula legislativa nombra a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.  Los textos sancionados se extienden por duplicado con su redacción final, la fecha de aprobación definitiva y las firmas del presidente, los dos vicepresidentes y el secretario; el presidente de la Asamblea remite un ejemplar para la promulgación. (arts. 212–213; cf. 1961, arts. 171–172:  « El Congreso de la República de Venezuela »).

Dentro de diez días de la recepción, el presidente promulga o, con acuerdo del Consejo, solicita motivadamente modificaciones o el levantamiento total o parcial de la sanción.  La mayoría absoluta de los diputados presentes resuelve la solicitud; la ley devuelta debe promulgarse dentro de cinco días sin nuevas observaciones.  La objeción de inconstitucionalidad se remite dentro del plazo de diez días a la Sala Constitucional, que dispone de quince días para decidir.  El rechazo de la objeción o el vencimiento del plazo judicial exige la promulgación dentro de cinco días. (art. 214; cf. 1961, art. 173:  « Las Cámaras en sesión conjunta decidirán acerca de los puntos planteados por el Presidente de la República »).

La promulgación consiste en la publicación con el Cúmplase en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.  Ante la omisión presidencial, el presidente de la Asamblea y ambos vicepresidentes promulgan, sin perjuicio de la responsabilidad.  El Ejecutivo determina la oportunidad de promulgar las leyes aprobatorias de tratados conforme a los usos internacionales y la conveniencia nacional.  Las leyes se derogan por otras leyes y se abrogan por referendo, con las excepciones constitucionales; la reforma parcial se publica en un solo texto refundido. (arts. 215–218; cf. 1961, art. 177:  « Las leyes sólo se derogan por otras leyes »).

Las sesiones ordinarias se celebran del 5 de enero o del día posterior más inmediato al 15 de agosto, y del 15 de septiembre o del día posterior más inmediato al 15 de diciembre.  Las extraordinarias versan sobre la convocatoria, las materias conexas y las declaradas urgentes por mayoría de los integrantes.  El reglamento rige la instalación, las sesiones y las comisiones; el cuórum nunca puede ser inferior a la mayoría absoluta de los integrantes. (arts. 219–221; cf. 1961, art. 154:  « el día 2 de marzo de cada año o el día posterior más inmediato posible y durarán hasta el 6 de julio siguiente »).

El control legislativo se ejerce mediante interpelaciones, investigaciones, preguntas, autorizaciones, aprobaciones y otros mecanismos legales.  La Asamblea puede declarar la responsabilidad política y solicitar actuaciones del Poder Ciudadano.  Los funcionarios públicos y los particulares deben suministrar información y documentos y comparecer ante las comisiones, con reserva de los derechos constitucionales.  La investigación no desplaza a los demás poderes públicos; los jueces deben evacuar las pruebas que les encomienden la Asamblea o sus comisiones. (arts. 222–224; cf. 1961, art. 160:  « con cuarenta y ocho horas de anticipación, cuando menos »).

ECO-HAC—Hacienda

Todos deben contribuir mediante los impuestos, tasas y contribuciones legales.  La competencia fiscal nacional comprende la banca central, la moneda, el cambio, el sistema financiero, el mercado de capitales, los impuestos enumerados, las aduanas y la coordinación y armonización fiscales.  El sistema procura la distribución justa conforme a la capacidad económica y a la progresividad, la protección económica y la elevación del nivel de vida mediante la recaudación eficiente.  Los tributos y los incentivos requieren ley; se prohíben la tributación confiscatoria y el pago en servicios personales.  Las leyes tributarias fijan su vigencia; en su defecto, rigen sesenta días continuos.  La evasión puede castigarse penalmente, con doble pena para los funcionarios públicos; la administración tributaria nacional tiene autonomía técnica, funcional y financiera. (arts. 133, 156(11–15), (21), 316–317; cf. 1961, arts. 223–226:  « No podrá establecerse ningún impuesto pagadero en servicio personal. »).

Los ingresos estadales comprenden bienes, servicios, sanciones, especies fiscales, Situado Constitucional, tributos asignados, transferencias y compensación interterritorial.  El Situado tiene un máximo del veinte por ciento y un mínimo del quince por ciento de los ingresos ordinarios nacionales estimados, con las condiciones de sostenibilidad financiera señaladas.  El treinta por ciento se distribuye por partes iguales entre Estados y Distrito Capital, y el setenta por ciento en proporción a la población.  Los Estados invierten por lo menos la mitad de su cuota; los Municipios reciben por lo menos el veinte por ciento del Situado y de los demás ingresos ordinarios del Estado.  Las modificaciones del presupuesto nacional requieren reajuste proporcional. (art. 167; cf. 1961, art. 229:  « hasta llegar a un mínimo definitivo que alcance a un quince por ciento (15%) »).

Las rentas municipales comprenden bienes y ejidos, tasas por servicios y licencias, impuestos sobre actividades económicas, inmuebles urbanos, vehículos, espectáculos, juegos lícitos, publicidad, plusvalías y predios rurales, transferencias, sanciones y otros ingresos legales.  La potestad tributaria municipal es distinta de las potestades reguladoras nacionales o estadales.  Las inmunidades fiscales de las demás entidades territoriales se extienden a sus personas jurídicas estatales, pero no a concesionarios ni contratistas.  Los Estados y Municipios no pueden establecer aduanas o gravámenes de tránsito reservados, gravar bienes antes de su circulación local ni discriminar los de procedencia exterior; la tributación agrícola, pecuaria, pesquera y forestal se sujeta a la ley nacional. (arts. 179–180, 183; cf. 1961, arts. 31, 34:  « con otros impuestos que los ordinarios sobre detales de comercio »).

Los institutos autónomos requieren ley y los intereses públicos en entidades quedan sujetos al control del Estado.  La ley nacional determina la creación de entidades funcionalmente descentralizadas que desarrollen actividades sociales o empresariales para asegurar una productividad económica y social razonable de los recursos públicos invertidos. (arts. 142, 300; cf. 1961, art. 230:  « Sólo por ley, y en conformidad con la Ley Orgánica respectiva, podrán crearse institutos autónomos. »).

Los contratos de interés público nacional requieren aprobación de la Asamblea cuando lo prescriba la ley; los contratos municipales, estadales o nacionales con Estados extranjeros, entidades oficiales extranjeras o sociedades no domiciliadas, y los traspasos a ellos, requieren aprobación de la Asamblea.  La ley puede imponer condiciones de nacionalidad, domicilio u otro orden, o garantías.  La cláusula de tribunales venezolanos y exclusión de reclamaciones extranjeras sigue incorporada cuando sea compatible con la naturaleza del contrato.  La Asamblea autoriza las enajenaciones de inmuebles del patrimonio privado nacional que reúnan las condiciones señaladas, y el presidente celebra los contratos de interés nacional conforme a la Constitución y la ley.  El artículo 150 no contiene una cláusula separada correspondiente sobre la autorización de nuevas concesiones de hidrocarburos. (arts. 150–151, 187(9), (12), 236(14); cf. 1961, art. 126:  « al otorgamiento de nuevas concesiones de hidrocarburos »).

La gestión fiscal se rige por la eficiencia, solvencia, transparencia, responsabilidad y equilibrio dentro de un marco plurianual cuyos límites de gasto y endeudamiento requieren sanción legislativa.  Los ingresos ordinarios deben cubrir los gastos ordinarios; los ingresos de recursos del subsuelo se orientan a la inversión productiva, la educación y la salud.  Los principios aplicables se extienden a los Estados y Municipios.  La ley limita prudentemente el endeudamiento, y la ley especial de autorización acompaña al presupuesto anual, con las excepciones de la ley orgánica.  Sólo se reconocen obligaciones legalmente contraídas por órganos nacionales legítimos.  Las atribuciones presidenciales comprenden la administración de la Hacienda y la negociación de empréstitos nacionales. (arts. 311–312, 236(11–12); cf. 1961, arts. 231–233:  « No se contratarán empréstitos sino para obras reproductivas »).

El presupuesto anual requiere ley; la falta de presentación oportuna o el rechazo legislativo mantiene el presupuesto vigente.  La Asamblea puede modificar las partidas, pero no reducir los ingresos públicos ni autorizar gastos superiores a las estimaciones del proyecto.  Los gastos necesarios no previstos o insuficientemente dotados requieren recursos disponibles del Tesoro, aprobación previa del Consejo y autorización de la Asamblea o de la Comisión Delegada.  Los presupuestos públicos identifican objetivos, resultados previstos, funcionarios responsables e indicadores de desempeño técnicamente posibles.  El Ejecutivo presenta cuentas y balances de ejecución presupuestaria dentro de los seis meses siguientes al cierre del ejercicio. (arts. 313–315, 187(6–7), 196(3), 236(13); cf. 1961, art. 228:  « pero no autorizarán gastos que excedan el monto de las estimaciones de ingresos del respectivo Proyecto de Ley de Presupuesto »).

El Banco Central de Venezuela ejerce exclusiva y obligatoriamente la competencia monetaria nacional, con personalidad jurídica pública y autonomía en sus políticas.  Su objetivo fundamental es la estabilidad de precios y la preservación del valor interno y externo de la moneda.  La unidad es el bolívar; puede adoptarse una moneda común latinoamericana y caribeña basada en un tratado.  Sus funciones comprenden las políticas monetaria y cambiaria, la moneda, el crédito, los tipos de interés y las reservas internacionales, coordinadas con la política económica general. (art. 318; nuevo; 1961, art. 136(7):  sin organización constitucional correspondiente del Banco Central).

El Banco Central informa a la Asamblea de sus políticas, metas, resultados y variables macroeconómicas, se somete a fiscalización contralora y bancaria y a auditoría externa y presenta su presupuesto operativo para aprobación legislativa.  El incumplimiento injustificado de los objetivos puede acarrear remoción del directorio y sanciones administrativas.  El Banco no se subordina a directivas ejecutivas ni puede convalidar o financiar políticas fiscales deficitarias.  Un acuerdo anual publicado coordina las políticas y la rendición de cuentas del ministerio de finanzas y del Banco.  La ley establece un fondo de estabilización macroeconómica que protege el gasto público frente a las fluctuaciones de los ingresos ordinarios. (arts. 319–321; nuevo; 1961, arts. 223–239:  sin disposiciones correspondientes sobre rendición de cuentas del Banco Central, acuerdo de política macroeconómica o fondo de estabilización).

La Contraloría General de la República es un órgano autónomo del Poder Ciudadano que controla los ingresos, gastos, bienes y deuda públicos y las operaciones correspondientes.  Inspecciona, investiga, formula reparos, impone sanciones administrativas legales, insta al enjuiciamiento y evalúa la gestión.  El contralor dura siete años y debe ser venezolano por nacimiento y sin otra nacionalidad, mayor de treinta años y de probada aptitud y experiencia.  Su designación sigue el procedimiento del Poder Ciudadano registrado en POW-JUD; la organización y el sistema nacional de control fiscal se sujetan a la ley. (arts. 273, 279, 287–290; cf. 1961, arts. 234–239:  « es órgano auxiliar del Congreso en su función de control sobre la Hacienda Pública »).

La Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional forma parte del sistema nacional de control y fiscaliza los ingresos, gastos y bienes militares, sin menoscabar la competencia de la Contraloría nacional.  Su titular se selecciona mediante concurso de oposición; la organización se sujeta a la ley. (art. 291; nuevo; 1961, arts. 234–239:  sin organización constitucional correspondiente de una Contraloría separada de la Fuerza Armada).

POW-EXE—Ejecutivo

Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, con los valores humanos, democráticos, éticos y pluralistas enumerados.  Los fines estatales comprenden la dignidad y el desarrollo personales, la voluntad popular democrática, la justicia, la paz, la prosperidad, el bienestar y las garantías constitucionales; la educación y el trabajo son medios fundamentales.  La soberanía pertenece intransferiblemente al pueblo y se ejerce directamente conforme a la Constitución y la ley e indirectamente mediante el sufragio.  El gobierno es democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables.  La Constitución es suprema y obliga a todas las personas y órganos estatales.  El artículo 2 termina con la palabra impresa « de ». (arts. 2–3, 5–7; cf. 1961, arts. 3–4:  « democrático, representativo, responsable y alternativo »).

El Poder Público se distribuye en los órdenes municipal, estadal y nacional; el nacional se divide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral, con funciones propias y colaboración.  La competencia constitucional y legal obliga a los órganos públicos.  La usurpación es ineficaz y sus actos son nulos; el abuso, la desviación de poder y la violación constitucional o legal acarrean responsabilidad individual.  El Estado responde patrimonialmente por las lesiones imputables a la Administración Pública. (arts. 136–140; cf. 1961, arts. 117–121, 135:  « Cada una de las ramas del Poder Público tienen sus funciones propias »).

La Administración Pública sirve a los ciudadanos conforme a la honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas, responsabilidad y sometimiento al derecho.  Los ciudadanos pueden obtener información oportuna y veraz sobre las actuaciones que les afecten y las decisiones definitivas y acceder a los archivos administrativos, con los límites legales democráticos que protejan la seguridad, la investigación penal y la intimidad.  No puede censurarse a los funcionarios que informen de asuntos bajo su responsabilidad. (arts. 141, 143; cf. 1961, art. 122:  « Los empleados públicos están al servicio del Estado y no de parcialidad alguna. »).

Un estatuto de la función pública regula el ingreso, ascenso, traslado, suspensión, retiro, requisitos y seguridad social.  La afiliación política no puede determinar el nombramiento o la remoción.  El ingreso a la carrera sigue el concurso público y el mérito, con las excepciones enumeradas.  La remuneración debe estar presupuestada; la ley regula las escalas, límites y pensiones.  Un segundo cargo público remunerado equivale ordinariamente a la renuncia del primero, con las excepciones señaladas; las pensiones múltiples requieren permiso legal expreso.  Se prohíbe la contratación pública de los funcionarios salvo autorización legal, y los cargos, honores y recompensas extranjeros requieren autorización de la Asamblea. (arts. 144–149; cf. 1961, arts. 122–125:  « sin que preceda la correspondiente autorización del Senado »).

Las relaciones internacionales se rigen por la soberanía, los intereses populares, la independencia, la igualdad, la autodeterminación, la no intervención, la solución pacífica, la cooperación, los derechos humanos y la solidaridad emancipadora.  La integración latinoamericana y caribeña puede comprender el ejercicio de competencias por organizaciones supranacionales mediante tratados; las normas de integración se incorporan al derecho interno con aplicación directa y preferente.  Los tratados requieren aprobación de la Asamblea antes de la ratificación presidencial, con las excepciones enumeradas para obligaciones existentes, principios reconocidos, relaciones ordinarias o facultades legales expresas.  Siguen exigiéndose las cláusulas compatibles de solución pacífica. (arts. 152–155; cf. 1961, arts. 108, 128–129:  « La República favorecerá la integración económica latinoamericana. »).

El Poder Ejecutivo se ejerce por el presidente, el vicepresidente ejecutivo, los ministros y los demás funcionarios designados.  El presidente es el jefe del Estado y del Ejecutivo Nacional y dirige el gobierno.  La elegibilidad requiere nacimiento venezolano, ausencia de otra nacionalidad, edad superior a treinta años, estado seglar, no estar sometido a condena mediante sentencia penal firme y los demás requisitos constitucionales.  Por votación universal, directa y secreta resulta elegido el candidato con mayor número de votos válidos.  El ejercicio de la Vicepresidencia Ejecutiva, un ministerio, una gobernación o una alcaldía al postularse o antes de la elección inhabilita. (arts. 225–229; cf. 1961, arts. 181–184:  « ni sus parientes dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad »).

El texto principal fija una Presidencia de seis años y permite la reelección inmediata por una sola vez para un nuevo período.  La lectura de la enmienda de 2009 reproducida separadamente se registra en CON-AMD. (art. 230; cf. 1961, arts. 135, 185:  « dentro de los diez años siguientes a la terminación de su mandato »).

El presidente electo toma posesión el 10 de enero del primer año del período, mediante juramento ante la Asamblea o, por impedimento sobrevenido, ante el Tribunal Supremo.  El presidente responde por los actos y obligaciones del cargo y debe proteger los derechos, la independencia, la integridad territorial, la soberanía y la defensa; la declaración de estados de excepción no modifica la responsabilidad ejecutiva.  El mensaje anual personal sobre la gestión política, económica, social y administrativa se presenta dentro de los diez días siguientes a la instalación ordinaria de la Asamblea. (arts. 231–232, 237; cf. 1961, arts. 186, 191–192:  « personalmente o por medio de uno de los Ministros »).

Las faltas absolutas presidenciales comprenden la muerte, la renuncia, la destitución judicial, la incapacidad permanente médicamente certificada y aprobada por la Asamblea, el abandono declarado por ésta y la revocación popular.  Antes de la toma de posesión, debe celebrarse nueva elección universal, directa y secreta dentro de treinta días consecutivos, mientras ejerce el presidente de la Asamblea.  Durante los primeros cuatro años, la elección se celebra dentro de treinta días consecutivos y el vicepresidente ejecutivo ejerce hasta la toma de posesión; el sucesor elegido completa el período.  Durante los dos últimos años, lo completa el vicepresidente ejecutivo. (art. 233; cf. 1961, art. 187:  « procederán, dentro de los treinta días siguientes, a elegir, por votación secreta y en sesión conjunta convocada expresamente, un nuevo Presidente »).

El vicepresidente ejecutivo suple la falta temporal presidencial hasta por noventa días, prorrogables por la Asamblea durante noventa más.  Transcurridos noventa días consecutivos, la Asamblea decide por mayoría de sus integrantes si la falta es absoluta.  La salida presidencial del territorio nacional requiere autorización de la Asamblea o de la Comisión Delegada cuando exceda de cinco días consecutivos. (arts. 234–235; cf. 1961, arts. 188–189:  « El Presidente, o quien haga sus veces, no podrá salir del Territorio Nacional sin autorización del Senado o de la Comisión Delegada. »).

Las atribuciones presidenciales comprenden la ejecución constitucional y legal, la dirección del gobierno, los nombramientos ejecutivos, las relaciones exteriores y los tratados, el mando militar, las medidas de excepción, los decretos de ley habilitante, la convocatoria legislativa extraordinaria, la reglamentación sin alterar el espíritu, propósito o razón de la ley, la administración fiscal, los contratos, los nombramientos señalados, los mensajes especiales, el plan de desarrollo, los indultos, la organización ejecutiva, la disolución de la Asamblea constitucionalmente permitida, los referendos y la consulta de defensa.  Las funciones enumeradas requieren actuación en Consejo; los actos distintos del nombramiento o remoción de ministros y del vicepresidente y de la suprema autoridad jerárquica militar requieren refrendo vicepresidencial y ministerial correspondiente. (art. 236; cf. 1961, art. 190:  « Dictar medidas extraordinarias en materia económica o financiera »).

El vicepresidente ejecutivo es órgano directo y colaborador inmediato del presidente, debe reunir los requisitos presidenciales y no puede tener parentesco de consanguinidad ni afinidad con éste.  Sus funciones comprenden la colaboración gubernamental, la coordinación administrativa, la propuesta de ministros, la presidencia autorizada del Consejo, las relaciones legislativas, la presidencia del Consejo Federal de Gobierno, los nombramientos residuales, la sustitución presidencial temporal, las atribuciones delegadas y los deberes legales.  El titular responde conforme a la Constitución y la ley. (arts. 238–239, 241; nuevo; 1961, arts. 181–199:  sin Vicepresidencia Ejecutiva permanente correspondiente).

Tres vicepresidentes ejecutivos removidos por censura dentro de un mismo período constitucional facultan al presidente para disolver la Asamblea.  La disolución convoca a elecciones para una nueva legislatura dentro de sesenta días y no procede durante el último año de la Asamblea. (arts. 240, 236(21); nuevo; 1961, arts. 138–199:  sin facultad presidencial correspondiente de disolver el Legislativo después de censuras vicepresidenciales).

El presidente, el vicepresidente ejecutivo y los ministros integran el Consejo.  El vicepresidente puede presidir por autorización en ausencia del presidente, con ratificación presidencial de las decisiones.  Los miembros concurrentes responden solidariamente salvo constancia de voto adverso.  Los ministros de Estado pueden asesorar sin despacho determinado.  Se requiere nacionalidad venezolana y edad superior a veinticinco años para ser ministro, con las excepciones constitucionales.  Las memorias departamentales razonadas se presentan dentro de los primeros sesenta días de cada año.  Los ministros pueden intervenir, sin voto, en la Asamblea y sus comisiones; la censura sigue las mayorías diferenciadas registradas en POW-LEG. (arts. 242–246; cf. 1961, arts. 193–199:  « ser venezolano por nacimiento, mayor de treinta años y de estado seglar »).

El Consejo de Estado es el órgano superior de consulta del gobierno y de la administración nacional para políticas sobre asuntos de importancia nacional que le someta el presidente.  Lo preside el vicepresidente ejecutivo, con cinco personas designadas por el presidente, un representante de la Asamblea y otro del Tribunal Supremo y un gobernador elegido por el conjunto de gobernadores.  La ley determina sus funciones y atribuciones. (arts. 251–252; nuevo; 1961, arts. 181–203:  sin Consejo de Estado constitucional correspondiente).

POW-JUD—Poder Judicial

La potestad judicial emana de los ciudadanos y se administra en nombre de la República por autoridad de la ley.  El sistema de justicia comprende el Tribunal Supremo de Justicia, los demás tribunales, el Ministerio Público, la defensa pública, los órganos de investigación penal, el personal judicial, las prisiones, los medios alternativos, los ciudadanos participantes y los abogados autorizados.  El Poder Judicial es independiente; el Tribunal tiene autonomía funcional, financiera y administrativa.  El sistema de justicia recibe por lo menos el dos por ciento del presupuesto ordinario nacional; las reducciones o modificaciones requieren autorización previa de la Asamblea, y no puede cobrar por sus servicios.  El ingreso y ascenso judiciales requieren concursos de oposición públicos, participación ciudadana y formación profesional; el nombramiento y el juramento corresponden al Tribunal Supremo.  La remoción, suspensión y responsabilidad personal se sujetan a la ley. (arts. 253–255, 156(31–32); cf. 1961, arts. 204–205, 207–210:  « En el ejercicio de sus funciones los jueces son autónomos e independientes de los demás órganos del Poder Público. »).

Los magistrados, jueces, fiscales y defensores públicos pueden votar, pero no desarrollar activismo partidista, gremial, sindical o semejante mientras ejerzan el cargo, emprender actividades lucrativas incompatibles ni desempeñar otras funciones públicas salvo las educativas.  Los jueces no pueden asociarse entre sí.  El proceso es instrumento de justicia y debe ser simplificado, uniforme, eficaz, breve, oral y público, sin sacrificio por formalidades no esenciales.  Los jueces de paz comunitarios se eligen por votación universal, directa y secreta; la ley promueve el arbitraje, la conciliación, la mediación y otros medios alternativos. (arts. 256–258; cf. 1961, art. 207:  « para asegurar la idoneidad, estabilidad e independencia de los jueces »).

La jurisdicción contencioso-administrativa corresponde al Tribunal Supremo y a los tribunales legales, con potestad de anular actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho, incluida la desviación de poder, acordar sumas e indemnizaciones por responsabilidad administrativa, conocer de reclamaciones sobre servicios públicos y restablecer situaciones jurídicas subjetivas lesionadas. (art. 259; cf. 1961, art. 206:  « disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa »).

Las autoridades indígenas legítimas pueden administrar justicia dentro de su hábitat conforme a sus tradiciones ancestrales y normas propias respecto de sus integrantes, sujetas a la Constitución, la ley y el orden público y a la coordinación legal.  La jurisdicción penal militar pertenece al Poder Judicial, emplea jueces seleccionados por concurso y procedimiento acusatorio y se limita a delitos militares.  Los delitos comunes, las violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad corresponden a los tribunales ordinarios.  La ley regula las demás jurisdicciones especiales y los tribunales. (arts. 260–261; nuevo; 1961, arts. 204–217:  sin jurisdicción indígena expresa correspondiente ni limitación constitucional de los tribunales militares a delitos militares).

El Tribunal Supremo funciona en Sala Plena y en las Salas Constitucional, Políticoadministrativa, Electoral, de Casación Civil, de Casación Penal y de Casación Social; esta última comprende la casación agraria, laboral y de menores.  Los magistrados deben ser venezolanos por nacimiento y sin otra nacionalidad, honorables y juristas de reconocida competencia que reúnan las alternativas profesionales, docentes o judiciales de quince años señaladas.  Duran un único período de doce años.  Las postulaciones de sectores sociales, la consulta comunitaria y las preselecciones del Comité de Postulaciones Judiciales y del Poder Ciudadano preceden a la selección definitiva de la Asamblea, con posibilidad de objeciones públicas fundadas.  La remoción requiere dos tercios de la Asamblea, previa audiencia y calificación de falta grave por el Poder Ciudadano. (arts. 262–265, 270; cf. 1961, arts. 212–214:  « por periodos de nueve años, pero se renovarán por terceras partes cada tres años »).

El Tribunal Supremo ejerce la jurisdicción constitucional; declara el mérito para enjuiciar al presidente y continúa previa autorización de la Asamblea; declara el mérito respecto de los altos funcionarios enumerados y sigue el procedimiento señalado de remisión y delitos comunes; dirime controversias administrativas entre entidades públicas; anula actos administrativos ejecutivos; interpreta textos legales; resuelve conflictos de competencia judicial; y conoce de la casación.  Las funciones constitucionales corresponden a la Sala Constitucional; los procedimientos de altos funcionarios, a la Sala Plena; y las materias administrativas señaladas, a la Sala Políticoadministrativa. (art. 266; cf. 1961, arts. 215–216:  « las ejercerá la Corte en pleno »).

El Tribunal Supremo dirige, gobierna, administra, inspecciona y elabora el presupuesto del Poder Judicial y de la defensa pública, creando una Dirección Ejecutiva de la Magistratura con oficinas regionales.  Los tribunales disciplinarios legales aplican el código de ética judicial mediante procedimientos públicos, orales y breves con debido proceso.  La ley asegura la autonomía, organización, disciplina, idoneidad y beneficios de carrera de la defensa pública y organiza circuitos y tribunales regionales para la descentralización administrativa y jurisdiccional. (arts. 267–269; cf. 1961, art. 217:  « La Ley Orgánica respectiva creará el Consejo de la Judicatura »).

No puede negarse la extradición de extranjeros responsables de los delitos enumerados relativos a capitales, drogas, delincuencia organizada internacional, patrimonio público de otros Estados y derechos humanos.  No prescriben las acciones para sancionar delitos contra los derechos humanos o el patrimonio público, o el tráfico de drogas.  Se prevén confiscación judicial, medidas patrimoniales preventivas y procedimientos públicos, orales y breves con debido proceso.  La recensión imprime « deslegitimación de capitales ». (art. 271; nuevo; 1961, arts. 45, 102, 136(4), 250:  sin procedimiento conjunto correspondiente de extradición, imprescriptibilidad y bienes delictivos).

El Estado garantiza un sistema penitenciario que proteja los derechos humanos y la rehabilitación, con trabajo, educación, deporte, recreación, dirección profesional cualificada y administración descentralizada estadal o municipal, con posibles modalidades de privatización.  Se prefieren el régimen abierto, las colonias agrícolas penitenciarias y las alternativas no privativas de libertad.  Se prevén asistencia posterior a la excarcelación y un ente penitenciario técnico autónomo. (art. 272; cf. 1961, art. 136(24):  « la legislación civil, mercantil, penal, penitenciaria y de procedimientos »).

El Poder Ciudadano se ejerce por el Consejo Moral Republicano, compuesto por el defensor del pueblo, el fiscal general y el contralor general.  Sus órganos son independientes y gozan de autonomía funcional, financiera y administrativa; sus titulares eligen un presidente anual reelegible del Consejo.  Sus funciones comprenden la ética pública, la moral administrativa, el patrimonio público, la legalidad y la educación cívica.  El Consejo formula advertencias y sanciones legales, informa de los incumplimientos a la autoridad competente, publica informes anuales y solicitados y puede exigir colaboración urgente y preferente y documentos clasificados, con las garantías legales. (arts. 273–278; nuevo; 1961, arts. 218–222, 234–239:  sin Poder Ciudadano ni Consejo Moral Republicano correspondientes).

Un comité de sectores sociales evalúa públicamente las postulaciones al Poder Ciudadano y presenta una terna por cargo.  Dos tercios de la Asamblea eligen dentro de treinta días continuos; la falta de acuerdo somete la terna a consulta popular por el Poder Electoral.  Si el comité no ha sido convocado, la Asamblea designa dentro del plazo legal.  La remoción por la Asamblea requiere pronunciamiento previo del Tribunal Supremo conforme a la ley. (art. 279; cf. 1961, arts. 219, 238:  « Las Cámaras en sesión conjunta elegirán el Contralor General de la República »).

La Defensoría del Pueblo promueve, defiende y vigila los derechos constitucionales y convencionales y los intereses legítimos colectivos o difusos.  Su titular dura un único período de siete años y debe ser venezolano por nacimiento y sin otra nacionalidad, mayor de treinta años, competente en derechos humanos y reunir los requisitos éticos legales.  Sus atribuciones comprenden la investigación, la vigilancia de los servicios públicos, las acciones constitucionales y de protección, las solicitudes de enjuiciamiento y correctivos, las iniciativas legislativas, la protección de los derechos indígenas, las inspecciones, las recomendaciones y la educación en derechos humanos.  La inmunidad funcional reserva los casos al Tribunal Supremo.  La organización sigue la gratuidad, accesibilidad, celeridad, informalidad e impulso de oficio. (arts. 280–283; nuevo; 1961, arts. 218–222:  sin Defensoría del Pueblo constitucional correspondiente).

El Ministerio Público está dirigido por el fiscal general de la República, con los requisitos del Tribunal Supremo y un período de siete años.  Garantiza los derechos constitucionales y convencionales, la justicia legal y oportuna, el juicio previo y el debido proceso; dirige la investigación penal; ejerce las acciones penales públicas y de responsabilidad funcionarial; y preserva los derechos y acciones ajenos.  La ley organiza las funciones nacionales, estadales y municipales y asegura la idoneidad, probidad, estabilidad y carrera de los fiscales.  La designación por el Poder Ciudadano sigue el artículo 279. (arts. 284–286; cf. 1961, arts. 218–222:  « dentro de los primeros treinta días de cada periodo constitucional »).

La Procuraduría General de la República asesora, defiende y representa separadamente los intereses patrimoniales de la República en juicio y fuera de él y debe ser consultada para aprobar contratos de interés público nacional.  El procurador la dirige con los colaboradores legales, reúne los requisitos del Tribunal Supremo y lo nombra el presidente con autorización de la Asamblea.  Asiste a las reuniones del Consejo con derecho de palabra.  La ley orgánica rige la organización, competencia y funcionamiento. (arts. 247–250; cf. 1961, arts. 200–203:  « cuando a ellas sea convocado por el Presidente de la República »).

Todos los jueces deben asegurar la integridad constitucional y aplicar la Constitución frente a normas jurídicas incompatibles, incluso de oficio.  Sólo la Sala Constitucional anula los actos públicos enumerados de ejecución constitucional directa o con rango de ley; revisa tratados antes de su ratificación, decretos de excepción, omisiones legislativas, colisiones de leyes, controversias constitucionales y sentencias firmes de amparo o control de constitucionalidad.  Puede fijar plazos y lineamientos para corregir omisiones legislativas.  Sus interpretaciones constitucionales obligan a las demás Salas y tribunales; el Tribunal Supremo es el intérprete máximo y último de la Constitución.  El artículo 334 comienza « Todos Todos ». (arts. 334–336; cf. 1961, art. 215(3):  « Declarar la nulidad total o parcial de las leyes nacionales y demás actos de los cuerpos legislativos que colidan con esta Constitución »).

POW-SUB—Gobierno subnacional

Los Estados son personas jurídicas autónomas e iguales en lo político, obligadas a preservar la independencia, soberanía e integridad territorial y a cumplir el orden constitucional y legal.  Su competencia exclusiva comprende sus constituciones, la organización local, los bienes, las rentas, los minerales no metálicos no reservados, las salinas, los ostrales, los baldíos, la policía, las especies fiscales, los servicios, las vías estadales, las carreteras nacionales y los puertos y aeropuertos comerciales en coordinación, y las materias residuales.  Las leyes nacionales de bases y las estadales de desarrollo regulan las competencias concurrentes mediante coordinación, cooperación, corresponsabilidad y subsidiariedad; los Estados transfieren a los Municipios los servicios que éstos puedan gestionar y los recursos correspondientes conforme al derecho estadal. (arts. 159, 164–165; cf. 1961, arts. 16–18:  « Los Estados son autónomos e iguales como entidades políticas. »).

Los gobernadores deben ser venezolanos, mayores de veinticinco años y de estado seglar.  Se eligen por cuatro años por mayoría de los votantes, con una reelección inmediata permitida en el texto principal.  Rinden cuenta pública anual al contralor estadal, al Consejo Legislativo y al consejo de planificación.  Un Consejo Legislativo de siete a quince integrantes representa proporcionalmente a la población del Estado y de los Municipios, legisla y sanciona el presupuesto.  Rigen, en cuanto sean aplicables, los requisitos de los diputados, la rendición de cuentas y la inmunidad territorialmente limitada; los legisladores duran cuatro años, con dos reelecciones consecutivas como máximo en el texto principal.  Las lecturas de la enmienda posterior figuran en CON-AMD. (arts. 160–162; cf. 1961, arts. 19–24:  « los Gobernadores serán nombrados y removidos libremente por el Presidente de la República »).

Cada Estado tiene una Contraloría con autonomía orgánica y funcional, cuyo titular se designa mediante concurso público que garantice la idoneidad, independencia y neutralidad, sin menoscabo de las atribuciones de la Contraloría nacional.  Cada uno tiene también un Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas presidido por el gobernador, con alcaldes, directores estadales de ministerios, representantes legislativos y municipales y comunidades organizadas, incluidas las indígenas donde las hubiere. (arts. 163, 166; nuevo; 1961, arts. 16–24, 235:  sin organización expresa correspondiente de Contraloría estadal ni consejo estadal de planificación).

Los Municipios conservan su personalidad jurídica y autonomía electoral, de gestión local y de rentas, con participación ciudadana efectiva e impugnación judicial de sus actos.  La Constitución, las leyes orgánicas nacionales y las leyes estadales pueden establecer distintos regímenes locales democráticos, incluidas opciones para poblaciones indígenas.  Los Municipios pueden formar mancomunidades o distritos metropolitanos; la consulta popular, la legislación estadal o la actuación nacional rigen los supuestos territoriales señalados.  Las parroquias y demás entidades locales promueven la iniciativa vecinal, la desconcentración, la participación y los servicios, sin convertirse en divisiones territoriales exhaustivas obligatorias. (arts. 168–173; cf. 1961, arts. 25–29:  « Los Municipios podrán ser agrupados en Distritos. »).

El alcalde gobierna y administra el Municipio como primera autoridad civil, debe ser venezolano, mayor de veinticinco años y de estado seglar, y se elige por cuatro años por mayoría de los votantes, con una reelección inmediata en el texto principal.  Los concejales elegidos ejercen la legislación.  La Contraloría Municipal fiscaliza los ingresos, gastos, bienes y operaciones locales, dirigida por un titular que el Concejo designa por concurso público.  La ley nacional puede prescribir residencia, elegibilidad, inhabilidades e incompatibilidades.  La enmienda posterior sobre alcaldes se registra en CON-AMD. (arts. 174–177; cf. 1961, arts. 27, 29:  « En todo caso la organización municipal será democrática y responderá a la naturaleza propia del gobierno local. »).

La competencia municipal comprende la planificación local, la vivienda, el turismo, la recreación, las vías, el transporte, los espectáculos, la publicidad, el ambiente, el saneamiento, la protección civil, la atención primaria de salud, la asistencia social, la educación preescolar, la cultura, el deporte, los servicios domiciliarios, los cementerios, la justicia de paz y la policía, con reserva de las competencias nacionales y estadales.  Los ejidos siguen siendo inalienables e imprescriptibles, con las excepciones legales de las ordenanzas; los terrenos urbanos sin dueño y los baldíos urbanos se constituyen en ejidos sin perjuicio de los derechos legítimos de terceros, con excepción de las tierras indígenas.  Un consejo local de planificación presidido por el alcalde comprende concejales, presidentes de parroquias y representantes vecinales y sociales.  Las rentas se registran en ECO-HAC. (arts. 178, 181–182; cf. 1961, arts. 30–32:  « Sólo podrán enajenarse para construcciones »).

La mayoría de la Asamblea puede atribuir materias nacionales a los Estados o Municipios para promover la descentralización.  La ley crea mecanismos flexibles de transferencia de servicios que puedan gestionar las comunidades y grupos vecinales organizados, participación en la inversión y control de servicios, instituciones de economía social, cogestión y empresas locales de servicios públicos.  El Consejo Federal de Gobierno planifica y coordina las transferencias, presidido por el vicepresidente ejecutivo, con ministros, gobernadores, un alcalde por Estado y sociedad organizada.  Su secretaría comprende al vicepresidente ejecutivo, dos ministros, tres gobernadores y tres alcaldes; un fondo interterritorial financia el desarrollo regional equilibrado y los servicios prioritarios. (arts. 157–158, 184–185; cf. 1961, art. 137:  « por el voto de las dos terceras partes de los miembros de cada Cámara »).

CON-AMD—Reforma constitucional

La enmienda añade o modifica artículos sin alterar la estructura fundamental.  La iniciativa corresponde al quince por ciento de los ciudadanos inscritos, al treinta por ciento de la Asamblea o al presidente en Consejo.  La iniciativa legislativa requiere mayoría de la Asamblea y el procedimiento legislativo ordinario.  El Poder Electoral somete las enmiendas a referendo a los treinta días siguientes a su recepción formal.  Las enmiendas aprobadas se numeran y se imprimen a continuación de la Constitución sin alterar su texto, anotando el número y la fecha al pie de los artículos afectados. (arts. 340–341; cf. 1961, art. 245:  « ratificados por las dos terceras partes de las Asambleas »).

La reforma es una revisión parcial o sustitución sin cambiar la estructura y los principios fundamentales.  La iniciativa corresponde a la mayoría de la Asamblea, al presidente en Consejo o al quince por ciento de los electores inscritos por lo menos.  La Asamblea realiza la primera discusión en las sesiones de presentación, la segunda por Título o Capítulo y la tercera artículo por artículo, y aprueba dentro de dos años por dos tercios de sus integrantes. (arts. 342–343; cf. 1961, art. 246:  « reforma general »).

La reforma aprobada se somete a referendo dentro de treinta días de su sanción.  Se vota en conjunto, con posibilidad de votar separadamente hasta un tercio por la iniciativa legislativa, presidencial o electoral señalada.  La aprobación requiere más votos afirmativos que negativos.  La iniciativa de reforma rechazada no puede reiterarse en el mismo período constitucional.  El presidente promulga las enmiendas o reformas dentro de diez días de su aprobación, con promulgación sustitutiva en caso de omisión. (arts. 344–346; cf. 1961, arts. 247–249:  « Las iniciativas de enmienda o reforma rechazadas no podrán presentarse de nuevo en el mismo periodo constitucional. »).

El pueblo es depositario del poder constituyente originario y puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente para transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una Constitución.  La iniciativa de convocatoria corresponde al presidente en Consejo, a dos tercios de la Asamblea, a los Concejos Municipales en cabildos por la votación prescrita de dos tercios o al quince por ciento de los electores inscritos.  El presidente no puede objetar la nueva Constitución; los poderes constituidos no pueden impedir las decisiones constituyentes.  Después de promulgarse, la nueva Constitución se publica en la Gaceta Oficial o en la constituyente. (arts. 347–349; nuevo; 1961, arts. 245–249:  sin procedimiento permanente correspondiente de Asamblea Nacional Constituyente).

La Constitución conserva su vigencia pese al desplazamiento por la fuerza o a la pretendida derogación fuera de su propio procedimiento; todo ciudadano, investido o no de autoridad, debe colaborar en su restablecimiento.  El pueblo, fiel a la tradición republicana, la independencia, la paz y la libertad, desconocerá todo régimen, legislación o autoridad contrario a los valores, principios y garantías democráticos o que menoscabe los derechos humanos. (arts. 333, 350; cf. 1961, art. 250:  « Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza »).

Lecturas posteriores de enmienda (2009)

La recensión reproduce separadamente cinco lecturas posteriores de enmienda en notas al pie, cada una rotulada « Enmienda N° 1 del 14-01-2009 ».  Conservan los períodos de cuatro años de gobernadores, legisladores estadales y alcaldes, el de cinco años de los diputados y el de seis de la Presidencia, y sustituyen los límites del texto principal a la reelección consecutiva por el permiso de reelección.  Éstos son el rótulo declarado y las lecturas posteriores de las notas, identificados aquí separadamente, sin incorporarlos al texto principal de 1999. (CIDEP 1999, notas de enmienda 1–5, pp. 28–29, 32, 36, 41).

CIV-SUF—Sufragio

La ciudadanía confiere a los venezolanos los derechos y deberes políticos prescritos para su edad y condición, con sujeción a la interdicción civil y la inhabilitación política.  Los derechos políticos se reservan generalmente a los venezolanos, y los naturalizados residentes desde temprana edad que reúnan las condiciones señaladas gozan de los derechos de los venezolanos por nacimiento.  Los ciudadanos participan directamente o por representantes elegidos.  El sufragio es un derecho de ejercicio libre, universal, directo y secreto, con personalización del voto y representación proporcional.  Pueden votar los venezolanos que hayan cumplido dieciocho años; los extranjeros de dieciocho años y más de diez de residencia que reúnan las condiciones señaladas reciben el voto parroquial, municipal y estadal.  Los electores pueden exigir cuentas públicas, transparentes y periódicas conforme a los programas de sus representantes. (arts. 39–40, 62–64, 66; cf. 1961, arts. 110–113:  « Su ejercicio será obligatorio, dentro de los límites y condiciones que establezca la ley. »).

Las condenas firmes por delitos cometidos en funciones públicas o contra el patrimonio público inhabilitan para cargos electivos durante el plazo legal posterior al cumplimiento de la pena, conforme a la gravedad del delito.  Las disposiciones de derechos políticos no contienen un requisito general de alfabetización correspondiente al del antecedente. (arts. 39–42, 62–67; cf. 1961, art. 112:  « los electores que sepan leer y escribir, mayores de veintiún años »).

Las asociaciones políticas deben organizarse y seleccionar democráticamente a sus dirigentes y candidatos mediante elecciones internas.  Se prohíbe el financiamiento estatal; el financiamiento privado, las campañas, los límites de gasto y el control se sujetan a la ley.  Los ciudadanos y asociaciones pueden postular candidatos; las direcciones de asociaciones no pueden contratar con entidades públicas.  La participación política y social comprende elecciones, referendos, consulta, revocación, iniciativas populares, cabildos abiertos, asambleas ciudadanas vinculantes, autogestión, cogestión, cooperativas, cajas de ahorro y empresas comunitarias conforme a la ley. (arts. 67, 70; cf. 1961, art. 114:  « por métodos democráticos, en la orientación de la política nacional »).

Las materias de trascendencia nacional pueden someterse a consulta por iniciativa del presidente en Consejo, de la mayoría de la Asamblea o del diez por ciento de los electores inscritos.  La consulta parroquial, municipal y estadal puede iniciarse por dos tercios del órgano representativo respectivo, por su autoridad ejecutiva o por el diez por ciento del registro electoral local. (art. 71; nuevo; 1961, arts. 110–116, 246:  sin procedimiento general correspondiente de referendo consultivo).

Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables.  Transcurrida la mitad del período, el veinte por ciento de los electores inscritos en la circunscripción puede solicitar la revocación.  Ésta requiere votos favorables por lo menos iguales a los que eligieron al funcionario y participación mínima del veinticinco por ciento del registro, seguida de la provisión de la falta absoluta.  La ley regula la revocación de cuerpos colegiados, y sólo puede formularse una solicitud durante el período del funcionario. (art. 72; nuevo; 1961, arts. 110–116, 135–153, 181–189:  sin procedimiento general correspondiente de revocación popular).

Dos tercios de la Asamblea pueden someter un proyecto a referendo aprobatorio, con participación del veinticinco por ciento de los electores inscritos para su sanción.  Los tratados que afecten a la soberanía o atribuyan competencias supranacionales pueden someterse por el presidente en Consejo, dos tercios de la Asamblea o el quince por ciento de los electores.  La iniciativa abrogatoria de leyes corresponde al diez por ciento de los electores o al presidente en Consejo; el cinco por ciento puede solicitar la abrogación de decretos de ley habilitante.  Se exige participación del cuarenta por ciento.  Quedan excluidas las leyes señaladas de presupuesto, impuestos, crédito, amnistía, derechos humanos y tratados; una misma materia sólo puede someterse a un referendo abrogatorio por período. (arts. 73–74; nuevo; 1961, arts. 110–116, 126, 128, 177:  sin procedimientos generales correspondientes de referendo legislativo, de tratados o abrogatorio).

Los pueblos indígenas reciben representación legislativa nacional y en las entidades territoriales que reúnan las condiciones señaladas.  La Asamblea, el presidente y los jueces de paz se eligen conforme a sus respectivas normas de voto directo.  Los militares en servicio activo reciben expresamente el sufragio, pero no pueden optar a cargos electivos ni realizar propaganda, militancia o proselitismo político.  Los requisitos legislativos y presidenciales se registran en POW-LEG y POW-EXE. (arts. 125, 186, 228, 258, 330; cf. 1961, arts. 111–113, 131:  « Son electores todos los venezolanos que hayan cumplido dieciocho años de edad »).

El Poder Electoral se ejerce por el Consejo Nacional Electoral, con órganos electorales nacionales, de registro civil y electoral y de participación política y financiamiento.  Reglamenta la ley electoral, administra su presupuesto, dicta directivas de financiamiento y publicidad, anula elecciones, realiza elecciones públicas y referendos, organiza las elecciones de asociaciones señaladas, mantiene el registro y controla las organizaciones políticas y sus fondos.  Rigen la independencia orgánica, la autonomía funcional y presupuestaria, la despartidización, la imparcialidad, la participación, la descentralización y la votación transparente y célere.  Un comité de postulaciones de sectores sociales precede a la designación por dos tercios de la Asamblea de cinco integrantes no vinculados a organizaciones políticas, por períodos escalonados de siete años:  tres postulados por la sociedad civil al comienzo del período de la Asamblea y uno por las universidades y otro por el Poder Ciudadano a su mitad, con los seis, dos y dos suplentes prescritos, respectivamente.  La remoción requiere pronunciamiento previo del Tribunal Supremo. (arts. 292–296; cf. 1961, art. 113:  « de manera que no predomine en ellos ningún partido o agrupación política »).

La jurisdicción contencioso-electoral corresponde a la Sala Electoral del Tribunal Supremo y a los tribunales legales.  La ley de procesos electorales no puede modificarse durante los seis meses anteriores al día de la elección ni en ese día. (arts. 297–298; nuevo; 1961, arts. 110–116, 204–217:  sin jurisdicción electoral expresa correspondiente ni restricción de seis meses a la ley electoral).

CIV-CIT—Nacionalidad

La nacionalidad por nacimiento comprende el nacimiento en la República; el nacimiento en el exterior de padre y madre venezolanos por nacimiento; el nacimiento en el exterior de padre o madre venezolano por nacimiento, seguido de residencia o declaración; y el nacimiento en el exterior de padre o madre venezolano por naturalización, seguido de residencia antes de los dieciocho años y declaración antes de los veinticinco. (art. 32; cont., 1961, art. 35).

La naturalización por carta requiere diez años de residencia ininterrumpida inmediatamente anterior, reducidos a cinco para quienes posean nacionalidad originaria española, portuguesa, italiana, latinoamericana o caribeña.  Los cónyuges extranjeros pueden declarar transcurridos cinco años de matrimonio por lo menos.  Los menores extranjeros sujetos a la patria potestad de un progenitor recién naturalizado pueden declarar antes de los veintiún años, después de cinco de residencia ininterrumpida. (art. 33; cf. 1961, arts. 36–37:  « La extranjera casada con venezolano »).

La adquisición u opción de otra nacionalidad no extingue la venezolana.  Los venezolanos por nacimiento no pueden ser privados de ella; la naturalización sólo puede revocarse por sentencia judicial conforme a la ley.  Puede renunciarse a la nacionalidad.  La recuperación de la nacionalidad por nacimiento exige domicilio durante dos años por lo menos y declaración; la del naturalizado repite los requisitos del artículo 33.  El Estado promueve tratados de nacionalidad; la ley regula la adquisición, opción, renuncia, recuperación, revocación y nulidad.  La pérdida o renuncia acarrea pérdida de la ciudadanía, cuyo ejercicio o derechos políticos sólo pueden suspenderse por sentencia judicial firme en los casos legales. (arts. 34–38, 42; cf. 1961, art. 39(1):  « Por opción o adquisición voluntaria de otra nacionalidad »).

Los cargos enumerados de presidente, vicepresidente ejecutivo, autoridades de presidencia legislativa, magistrados, presidencia electoral, procurador, fiscal, contralor, defensor del pueblo, ministros señalados, gobernadores y alcaldes fronterizos y los de la ley militar requieren nacimiento venezolano sin otra nacionalidad.  Los naturalizados que ocupen los demás cargos señalados de diputado, ministro, gobernador o alcalde no fronterizo requieren domicilio con quince años de residencia ininterrumpida por lo menos y los requisitos legales. (art. 41; cf. 1961, arts. 45, 112, 152, 182, 195, 213:  « ser venezolano por nacimiento »).

RTS-GAR—Derechos

El Estado garantiza los derechos humanos progresivos, no discriminatorios, irrenunciables, indivisibles e interdependientes.  El libre desenvolvimiento personal se limita por los derechos ajenos y el orden público y social.  La igualdad comprende medidas positivas para las personas vulnerables o marginadas, protección legal y administrativa efectiva, ausencia de distinciones hereditarias y el tratamiento oficial ordinario de ciudadano.  Los derechos inherentes no enumerados siguen siendo exigibles sin ley de desarrollo.  Los tratados de derechos humanos ratificados tienen jerarquía constitucional y prevalecen internamente cuando sean más favorables, con aplicación inmediata y directa. (arts. 19–23; cf. 1961, arts. 43, 50, 61:  « La falta de ley reglamentaria de estos derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos. »).

La irretroactividad admite la excepción de la menor pena; la ley procesal se aplica de inmediato, con apreciación favorable de las pruebas penales ya evacuadas y aplicación de la norma favorable en caso de duda.  Los actos públicos violatorios de derechos son nulos; los funcionarios incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa sin excusa en órdenes superiores.  Todos pueden solicitar protección judicial oportuna y efectiva de sus derechos e intereses, incluidos los colectivos o difusos, mediante justicia gratuita, accesible, imparcial, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas ni formalismos inútiles. (arts. 24–26; cf. 1961, arts. 44, 46, 68:  « órdenes superiores manifiestamente contrarias a la Constitución y a las leyes »).

El amparo judicial protege los derechos constitucionales e inherentes a la persona mediante procedimiento oral, público, breve, gratuito e informal, con restablecimiento inmediato o su equivalente más próximo.  Todo tiempo es hábil y el asunto tiene preferencia.  Cualquier persona puede solicitar protección de la libertad o seguridad, y el detenido pasa inmediatamente a custodia judicial.  La excepción o restricción de garantías no puede menoscabar el recurso. (art. 27; cf. 1961, art. 49:  « El procedimiento será breve y sumario »).

Las personas pueden acceder a los datos sobre sí mismas o sus bienes en registros públicos o privados, conocer su uso y finalidad y solicitar judicialmente la actualización, rectificación o destrucción de datos erróneos o ilegítimamente perjudiciales.  El acceso comprende también información de interés comunitario o colectivo, con reserva del secreto de las fuentes periodísticas y de las demás profesiones legalmente señaladas. (art. 28; nuevo; 1961, arts. 59, 63, 68:  sin disposición expresa correspondiente de acceso y rectificación de datos personales).

El Estado debe investigar y sancionar los delitos oficiales contra los derechos humanos.  Los crímenes de lesa humanidad, las violaciones graves de derechos humanos y los crímenes de guerra son imprescriptibles; las violaciones señaladas corresponden a tribunales ordinarios, sin indulto, amnistía u otros beneficios de impunidad.  El Estado debe indemnizar íntegramente las lesiones de derechos humanos que le sean imputables, proteger a las víctimas de delitos comunes y procurar la reparación por el culpable.  Las personas pueden acudir a órganos internacionales de derechos humanos creados por tratados, y el Estado debe adoptar medidas para cumplir sus decisiones. (arts. 29–31; cf. 1961, arts. 46–47:  « que no hayan sido causados por autoridades legítimas en el ejercicio de su función pública »).

La vida es inviolable, se prohíbe la pena de muerte y el Estado protege a quienes estén detenidos, presten servicio militar o civil o se hallen de otro modo bajo su autoridad.  La detención requiere ordinariamente orden judicial, salvo flagrancia y con presentación a la autoridad judicial dentro de cuarenta y ocho horas.  El juicio en libertad es la regla, con las excepciones legales apreciadas judicialmente; la caución no causa impuestos.  Los detenidos tienen derechos de comunicación inmediata, información, constancia de su condición, registro público de la detención y notificación consular aplicable.  Las penas son personales, nunca perpetuas ni infamantes, y la privación de libertad no puede exceder de treinta años.  Las autoridades deben identificarse; procede la libertad por orden competente o cumplimiento de la pena.  Se prohíben la esclavitud, la servidumbre y la trata. (arts. 43–44, 54; cf. 1961, arts. 48, 58, 60:  « en virtud de orden escrita del funcionario autorizado para decretar la detención »).

Se prohíbe la desaparición forzada incluso durante emergencia, excepción o restricción; las órdenes contrarias deben desobedecerse y denunciarse.  Los autores intelectuales y materiales, cómplices, encubridores y la tentativa incurren en sanción legal.  La integridad física, psíquica y moral excluye la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, con rehabilitación de las víctimas, custodia digna y sanción del abuso o tolerancia oficiales.  Los experimentos científicos y los exámenes médicos o de laboratorio requieren consentimiento libre, con las excepciones señaladas de peligro para la vida y las demás legales. (arts. 45–46; cf. 1961, art. 60(3):  « Nadie podrá ser incomunicado ni sometido a tortura »).

El hogar y los recintos privados son inviolables, salvo entrada judicial para impedir delitos o ejecutar decisiones legales respetando la dignidad; las visitas sanitarias legales requieren aviso previo.  Las comunicaciones privadas de toda forma son secretas e inviolables y sólo admiten interferencia por orden de tribunal competente conforme a la ley, preservando lo privado ajeno al proceso. (arts. 47–48; cf. 1961, arts. 62–63:  « Las visitas sanitarias que hayan de practicarse de conformidad con la ley sólo podrán hacerse previo aviso »).

El debido proceso rige las actuaciones judiciales y administrativas.  Se garantizan la defensa, la asistencia jurídica, la notificación, el acceso a las pruebas, la preparación adecuada, la exclusión de pruebas ilegales, el recurso con las excepciones legales, la presunción de inocencia, un tribunal previo competente, independiente e imparcial, el plazo razonable y la asistencia de intérprete.  Los jueces naturales deben estar identificados; se prohíben los tribunales de excepción.  Se excluyen la confesión o incriminación forzadas contra sí mismo o los familiares y parejas señalados.  Rigen la ley previa, la prohibición de nuevo juicio y la reparación estatal o personal por error judicial, retardo u omisión injustificados. (art. 49; cf. 1961, arts. 60, 68–69:  « Los reos de delito contra la cosa pública podrán ser juzgados en ausencia »).

El tránsito, el domicilio, la salida, el regreso y el traslado de bienes siguen siendo libertades legales; los venezolanos no requieren autorización de entrada ni pueden ser condenados al extrañamiento.  El acceso a vías alternativas en concesiones viales se sujeta a la ley.  La petición exige respuesta oportuna y adecuada, con sanciones legales por infracción.  Se protegen la asociación lícita, la reunión sin armas ni permiso previo y la manifestación pacífica; no pueden emplearse armas de fuego ni sustancias tóxicas para controlar manifestaciones pacíficas.  La República reconoce el asilo y refugio y prohíbe la extradición de venezolanos. (arts. 50–53, 68–69; cf. 1961, arts. 64, 67, 70–71, 115–116:  « salvo como conmutación de otra pena y a solicitud del mismo reo »).

Los órganos estatales de seguridad deben proteger a las personas, los bienes, los derechos y los deberes, con participación ciudadana legal y uso de la fuerza necesario, conveniente, oportuno y proporcional.  Todos tienen derecho a nombre propio, apellidos e identidad parentales, investigación de la filiación, inscripción gratuita del nacimiento y documentos de identidad sin calificación de la filiación.  Se protegen el honor, la vida privada y la intimidad, la imagen, la confidencialidad y la reputación; la ley limita la informática para resguardar la intimidad personal y familiar y los derechos. (arts. 55–56, 60; cf. 1961, arts. 59, 61, 75:  « Toda persona tiene derecho a ser protegida contra los perjuicios a su honor, reputación o vida privada. »).

La expresión por cualquier medio es libre de censura, con responsabilidad por lo expresado.  Se prohíben el anonimato, la propaganda de guerra, los mensajes discriminatorios y la promoción de intolerancia religiosa; los funcionarios no pueden ser censurados al informar de sus responsabilidades.  La comunicación es libre y plural.  Las personas tienen derecho a información oportuna, veraz e imparcial, a réplica y rectificación, y los niños a información adecuada para su desarrollo. (arts. 57–58; cf. 1961, art. 66:  « Tampoco se permitir la propaganda de guerra »).

El Estado protege a las familias, a quienes ejerzan su jefatura, la igualdad, solidaridad, respeto mutuo, vida en la familia de origen o sustituta y adopción en interés del niño, con la adopción internacional subsidiaria de la nacional.  La maternidad y la paternidad reciben protección cualquiera que sea el estado civil, con elección reproductiva, información, planificación familiar y asistencia recíproca entre padres e hijos.  El matrimonio entre un hombre y una mujer se funda en el consentimiento libre y la igualdad de derechos y deberes; las uniones estables de hecho entre un hombre y una mujer que reúnan los requisitos señalados producen los mismos efectos. (arts. 75–77; cf. 1961, arts. 73–75:  « La maternidad será protegida sea cual fuere el estado civil de la madre. »).

Los niños y adolescentes son sujetos plenos de derecho con protección de prioridad absoluta, legislación e instituciones especializadas y ciudadanía activa progresiva.  Los jóvenes reciben oportunidades de desarrollo y primer empleo.  Los ancianos conservan la dignidad, autonomía, seguridad social, trabajo adecuado y pensiones no inferiores al salario mínimo urbano.  Las personas con discapacidad reciben igualdad de oportunidades, integración, formación y empleo adecuado; las personas sordas o mudas pueden emplear la lengua de señas venezolana.  La vivienda adecuada con servicios es un derecho que aseguran progresivamente los ciudadanos y el Estado, con prioridad para las familias y quienes carezcan de medios. (arts. 78–82; cf. 1961, arts. 73, 75:  « para que la infancia y la juventud estén protegidas contra el abandono, la explotación o el abuso »).

La salud es un derecho social fundamental y una obligación estatal, con promoción, acceso, participación y deberes sanitarios legales.  Un sistema público nacional de salud gratuito, universal, integral, equitativo y participativo se integra con la seguridad social; sus bienes y servicios públicos no pueden privatizarse.  El Estado financia y regula la salud, apoya la formación y producción nacional de insumos y garantiza seguridad social universal no lucrativa para las contingencias enumeradas.  La incapacidad contributiva no puede excluir la protección; los recursos afectados no pueden desviarse y las cotizaciones obligatorias conservan su destino social y dirección estatal. (arts. 83–86; cf. 1961, arts. 76, 94:  « En forma progresiva se desarrollará un sistema de seguridad social »).

El trabajo es un derecho, deber y hecho social protegido.  El Estado promueve empleo productivo y digno y la protección de trabajadores independientes; los patronos garantizan seguridad, higiene y ambiente laboral.  La igualdad entre los sexos comprende el reconocimiento del trabajo doméstico como económicamente productivo y el derecho de las amas de casa a seguridad social conforme a la ley.  Los derechos y beneficios laborales son progresivos e irrenunciables, la realidad prevalece sobre las apariencias, las normas favorables se aplican íntegramente en caso de duda, los actos patronales inconstitucionales son nulos, se prohíbe la discriminación y se excluyen el trabajo adolescente perjudicial y la explotación. (arts. 87–89; cf. 1961, arts. 54, 84–85, 93:  « La mujer y el menor trabajador serán objeto de protección especial. »).

La jornada ordinaria máxima es de ocho horas diarias y cuarenta y cuatro semanales; la nocturna legal se limita a siete diarias y treinta y cinco semanales.  No pueden imponerse horas extraordinarias.  Se prescriben la reducción progresiva, el aprovechamiento del tiempo libre, el descanso semanal y las vacaciones remunerados.  El salario debe sustentar la dignidad y las necesidades familiares, con igualdad salarial, participación en los beneficios, inembargabilidad salvo obligación alimentaria y pago oportuno en moneda legal.  El salario mínimo vital público y privado se ajusta anualmente, tomando como referencia, entre otras, la canasta básica. (arts. 90–91; cf. 1961, art. 86:  « cuarenta y ocho semanales »).

Las prestaciones sociales recompensan la antigüedad y protegen frente a la cesantía; los salarios y prestaciones son créditos laborales inmediatamente exigibles, con intereses por mora que gozan de los privilegios correspondientes.  La ley protege la estabilidad y limita el despido injustificado, y los despidos inconstitucionales son nulos.  Los beneficiarios de servicios de intermediarios o contratistas responden conforme a la ley, sin menoscabo de la responsabilidad solidaria de éstos; la simulación y el fraude acarrean la responsabilidad patronal señalada. (arts. 92–94; cf. 1961, arts. 88–89:  « sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de éstos »).

Los trabajadores pueden constituir sindicatos y afiliarse libremente sin autorización previa ni intervención, suspensión o disolución administrativas, con protección frente a la discriminación e injerencia.  Los promotores y directivos reciben inamovilidad; las directivas internas se renuevan por sufragio universal, directo y secreto, el enriquecimiento personal es punible y los dirigentes declaran sus bienes.  Los trabajadores públicos y privados pueden negociar y celebrar convenciones colectivas que amparen a los empleados existentes y posteriores y ejercer la huelga con las condiciones legales. (arts. 95–97; cf. 1961, arts. 90–92:  « Los trabajadores tienen el derecho de huelga, dentro de las condiciones que fije la ley. »).

La creación cultural es libre, con protección legal de la propiedad intelectual.  Los valores culturales y el patrimonio tangible e intangible reciben protección, conservación, restauración y apoyo público; los bienes patrimoniales culturales son inalienables, imprescriptibles e inembargables.  La administración cultural pública tiene autonomía legal.  La expresión popular e intercultural recibe atención especial, incentivos y seguridad social para los trabajadores culturales.  Los medios deben difundir las obras culturales nacionales, y la televisión debe incorporar subtítulos y traducción a lengua de señas para las dificultades auditivas. (arts. 98–101; cf. 1961, arts. 83, 100:  « Los derechos sobre obras científicas, literarias y artísticas, invenciones, denominaciones, marcas y lemas gozarán de protección »).

La educación es un derecho humano democrático, gratuito y obligatorio, un deber social, un servicio público y una función estatal indeclinable, orientada a la personalidad, al conocimiento científico y humanístico, al trabajo, a la identidad, a la ciudadanía y a la participación social.  La obligatoriedad se extiende desde el maternal hasta la educación media diversificada; la educación estatal es gratuita hasta el pregrado universitario.  Se prescriben acceso igualitario, atención a necesidades especiales, inversión prioritaria, docentes idóneos, mérito, estabilidad profesional, regulación de títulos y colegiación y establecimientos privados inspeccionados.  Son obligatorias, según lo señalado, la educación ambiental, la lengua castellana, la historia y geografía venezolanas y los principios bolivarianos.  Los medios y redes públicas de información apoyan la ciudadanía y el acceso tecnológico. (arts. 102–108; cf. 1961, arts. 55, 78–82:  « la ley podrá establecer excepciones respecto de la enseñanza superior y especial, cuando se trate de personas provistas de medios de fortuna »).

La autonomía universitaria comprende el gobierno, patrimonio, investigación, docencia y extensión, con inviolabilidad del recinto universitario y autonomía legal para las universidades nacionales experimentales.  La ciencia, tecnología, innovación y servicios de información son de interés público y requieren recursos estatales, contribuciones privadas y garantías éticas.  El deporte y la recreación son derechos respaldados por políticas educativas y sanitarias; la educación física y el deporte son obligatorios hasta el ciclo secundario señalado, con protección de los atletas e incentivos legales. (arts. 109–111; nuevo; 1961, arts. 78–83:  sin disposiciones expresas correspondientes de autonomía universitaria, sistema de ciencia o derecho al deporte).

La actividad económica lícita y la iniciativa privada reciben protección dentro de los límites constitucionales, de desarrollo humano, sanitarios, de seguridad, ambientales y sociales, con planificación y regulación estatales.  Se combaten los monopolios, el abuso de dominio y la demanda concentrada; las concesiones legales de recursos o servicios públicos son temporales y requieren contraprestación adecuada al interés público.  Los delitos económicos reciben sanción legal severa.  Los consumidores tienen derechos de calidad, información veraz, elección, trato equitativo y reparación.  Las cooperativas, mutuales, cajas de ahorro y demás formas de beneficio colectivo reciben reconocimiento y apoyo. (arts. 112–114, 117–118; cf. 1961, arts. 72, 96–98:  « No se permitirán monopolios. »).

Se garantiza la propiedad con derechos de uso, goce, disfrute y disposición, sujeta a cargas legales de utilidad pública o interés general.  La expropiación requiere utilidad pública o interés social, sentencia firme y justa indemnización oportuna.  La confiscación se limita a los casos constitucionales; la sentencia judicial firme puede alcanzar los bienes de responsables de delitos contra el patrimonio público, enriquecimiento ilícito al amparo del Poder Público o actividades vinculadas al tráfico de estupefacientes y psicotrópicos. (arts. 115–116; cf. 1961, arts. 99–102:  « mediante sentencia firme y pago de justa indemnización »).

Los pueblos y comunidades indígenas conservan su organización, cultura, costumbres, idiomas, religiones, hábitat y derechos colectivos ancestrales sobre las tierras.  El Ejecutivo demarca con su participación; las tierras son inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles.  La explotación de recursos exige información y consulta previas y no puede lesionar la integridad cultural, social o económica.  Se protegen la identidad, espiritualidad, lugares sagrados, educación intercultural bilingüe, salud adecuada y medicina tradicional.  Los pueblos indígenas forman parte de un solo pueblo venezolano soberano e indivisible y deben resguardar la integridad nacional; el término pueblo no tiene aquí su sentido de derecho internacional. (arts. 119–122, 126; cf. 1961, art. 77:  « su incorporación progresiva a la vida de la Nación »).

Se protegen las prácticas económicas indígenas, la actividad productiva, la participación nacional, las prioridades, la formación, la asistencia técnica y financiera y los derechos laborales.  Se garantiza la propiedad intelectual colectiva sobre conocimientos, tecnologías e innovaciones; la actividad de recursos genéticos debe beneficiar al colectivo, y se prohíben patentes sobre estos recursos y conocimientos ancestrales.  Se garantiza la representación política y legislativa indígena conforme a la ley, cuya ejecución electoral se registra en CIV-SUF y CON-FIN. (arts. 123–125; cf. 1961, art. 77:  « El Estado propenderá a mejorar las condiciones de vida de la población campesina. »).

Cada generación debe proteger el ambiente, y todos tienen derecho individual y colectivo a una vida y entorno seguros, sanos y ecológicamente equilibrados.  El Estado protege la biodiversidad, los recursos genéticos, los procesos ecológicos y las áreas protegidas; los genomas vivos no pueden patentarse.  Rigen la ordenación territorial sostenible y participativa, los estudios previos de impacto ambiental y sociocultural, la exclusión de desechos tóxicos y las prohibiciones de armas nucleares, químicas y biológicas.  Los contratos y permisos que afecten a los recursos incorporan, aunque no estén expresas, obligaciones de equilibrio ecológico, acceso y transferencia de tecnología convenidos y restauración. (arts. 127–129; cf. 1961, art. 106:  « la explotación de los mismos estará dirigida primordialmente al beneficio colectivo de los venezolanos »).

Los deberes comprenden el honor y defensa nacionales, la protección de los símbolos, valores culturales, soberanía, nacionalidad, territorio, autodeterminación e intereses nacionales; la obediencia al orden constitucional y legal y a los actos públicos; la responsabilidad social y solidaridad en derechos humanos; las contribuciones públicas legales; los servicios civiles o militares necesarios y los electorales, sin reclutamiento forzoso; y la asistencia humanitaria y el servicio profesional comunitario conforme a la capacidad y a la ley. (arts. 130–135; cf. 1961, arts. 51–57:  « El servicio militar es obligatorio y se presta sin distinción de clase o condición social »).

El presidente en Consejo puede declarar la excepción por circunstancias sociales, económicas, políticas, naturales o ecológicas graves que excedan de las facultades ordinarias.  Las garantías pueden restringirse temporalmente, salvo la vida, la proscripción de la incomunicación o tortura, el debido proceso, la información y los demás derechos humanos intangibles.  La alarma dura hasta treinta días; la emergencia económica, sesenta; y la conmoción interior o exterior, noventa, cada una prorrogable una vez por igual plazo con aprobación de la Asamblea.  La ley orgánica rige las medidas. (arts. 337–338; cf. 1961, arts. 240–241:  « podrá restringir o suspender las garantías constitucionales »).

Los decretos de excepción regulan los derechos afectados y se someten dentro de ocho días a la Asamblea o a la Comisión Delegada para su consideración y aprobación y a la Sala Constitucional para juicio de constitucionalidad.  Deben cumplir el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  La revocación ejecutiva o legislativa sigue al cese de las causas; los órganos públicos continúan funcionando. (art. 339; cf. 1961, arts. 242–244:  « dentro de los diez días siguientes a su publicación »).

REG-MIL—Fuerza armada

La seguridad nacional es una competencia estatal esencial fundada en el desarrollo integral, con responsabilidad de defensa extendida a los venezolanos y a las personas públicas y privadas presentes en el espacio nacional.  El Estado y la sociedad civil comparten responsabilidad en los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar.  Los servicios civiles o militares necesarios se sujetan a la ley, sin reclutamiento forzoso.  La seguridad fronteriza tiene prioridad, con franjas, regímenes especiales, poblamiento y uso legales que protejan parques, hábitats indígenas y áreas de administración especial. (arts. 134, 156(7–8), 322, 326–327; cf. 1961, art. 53:  « El servicio militar es obligatorio y se presta sin distinción de clase o condición social »).

El presidente preside el Consejo de Defensa de la Nación, órgano superior de planificación y consulta de defensa, con la composición ejecutiva, legislativa, judicial, ciudadana y ministerial señalada.  Determina el concepto estratégico nacional conforme a la ley orgánica.  Sólo el Estado puede poseer y usar armas de guerra, que pasan a propiedad de la República sin indemnización ni proceso; la Fuerza Armada regula las demás armas, municiones y explosivos conforme a la ley.  El Ejecutivo se reserva la clasificación y divulgación de las operaciones de seguridad dentro de los términos legales. (arts. 323–325, 236(23); cf. 1961, art. 133:  « Sólo el Estado puede poseer y usar armas de guerra. »).

La Fuerza Armada Nacional es esencialmente profesional, sin militancia política y al servicio exclusivo de la Nación mediante la defensa militar, la cooperación en el orden interno y el desarrollo nacional activo, conforme a la disciplina, obediencia y subordinación.  Comprende Ejército, Armada, Aviación y Guardia Nacional, con régimen propio de seguridad social integral.  Los tres primeros planifican, ejecutan y controlan las operaciones de defensa; la Guardia coopera y tiene como responsabilidad principal las operaciones de orden interno.  La ley puede atribuir actividades de policía administrativa e investigación penal. (arts. 328–329; cf. 1961, art. 132:  « Las Fuerzas Armadas Nacionales forman una institución apolítica, obediente y no deliberante »).

Los militares en servicio activo pueden votar conforme a la ley, pero no optar a cargos electivos ni participar en propaganda, militancia o proselitismo político.  Los ascensos siguen el mérito, escalafón, plazas vacantes y ley, como competencia exclusiva de la Fuerza Armada; el presidente ejerce el mando supremo, fija los contingentes y promueve a los oficiales desde coronel o capitán de navío.  La Asamblea autoriza las misiones venezolanas en el exterior y las extranjeras en Venezuela. (arts. 330–331, 236(5–6), 187(11); cf. 1961, art. 150(5):  « Autorizar el ascenso de oficiales de las Fuerzas Armadas, desde Coronel o Capitán de Navío, inclusive »).

La seguridad ciudadana nacional comprende la policía nacional uniformada, la investigación científica y criminal, los bomberos y la administración civil de emergencias y la protección civil y administración de desastres.  Protege a las personas, hogares, derechos y orden público, apoya a la autoridad legal y comparte competencia con Estados y Municipios.  Los órganos deben respetar la dignidad y los derechos humanos sin discriminación; el uso de la fuerza se sujeta a la necesidad y proporcionalidad conforme a la ley. (arts. 55, 332; cf. 1961, art. 136(5):  « Los servicios de identificación y de policía nacional »).

Las disposiciones ejecutivas y de seguridad no contienen una regla expresa correspondiente que prohíba el ejercicio simultáneo de autoridad civil y militar fuera de la Presidencia. (arts. 225–226, 236, 322–332; cf. 1961, art. 131:  « La autoridad militar y la civil no podrán ejercerse simultáneamente por un mismo funcionario, excepto por el Presidente de la República »).

REG-REL—Religión

Se garantizan la creencia religiosa, la enseñanza, la práctica y el culto privado o público dentro de la moral, las buenas costumbres y el orden público.  Las iglesias y confesiones gozan de independencia y autonomía con los límites constitucionales y legales; los padres pueden procurar educación religiosa conforme a sus convicciones.  La creencia no excusa la desobediencia legal ni impide el derecho ajeno.  La conciencia es libre dentro de los límites personales y penales señalados, sin exención de deberes legales.  Estas disposiciones no contienen una cláusula expresa correspondiente de Patronato Eclesiástico. (arts. 59, 61; cf. 1961, arts. 65, 130:  « En posesión como está la República del Derecho de Patronato Eclesiástico »).

Se exige estado seglar a los gobernadores, alcaldes, presidente y, por los requisitos presidenciales, al vicepresidente ejecutivo.  Los artículos de requisitos ministeriales, del Tribunal Supremo, del defensor del pueblo, fiscal y contralor no contienen exigencia expresa correspondiente de estado seglar. (arts. 160, 174, 227, 238, 244, 263, 280, 284, 288; cf. 1961, arts. 21, 182, 195, 237:  « mayor de treinta años y de estado seglar »).

ECO-INF—Infraestructura

Los yacimientos mineros y de hidrocarburos pertenecen a la República como bienes de dominio público inalienables e imprescriptibles; las costas marinas son de dominio público.  La competencia nacional comprende recursos, calidad y metrología, estadística, ingeniería y urbanismo, obras, salud, educación, vivienda, seguridad alimentaria, agricultura, transporte, puertos y aeropuertos, caminos y ferrocarriles, comunicaciones, servicios domiciliarios, fronteras y legislación señalada.  Las concesiones mineras no pueden ser indefinidas; la ley asigna participaciones económicas especiales a los Estados.  Las obras, servicios, vías e instalaciones nacionales coordinadas de los Estados y Municipios se sujetan a sus respectivas competencias. (arts. 12, 156(16–20), (23–30), (32), 164(5), (8–10), 178; cf. 1961, art. 136(10):  « pero no podrá enajenar las salinas, ni otorgar concesiones mineras por tiempo indefinido »).

El orden socioeconómico se funda en la justicia social, democracia, eficiencia, libre competencia, protección ambiental, productividad y solidaridad, con desarrollo estatal y privado y planificación estratégica democrática y participativa.  La inversión extranjera recibe las mismas condiciones que la nacional y no puede gozar de regímenes más favorables.  La ley orgánica reserva la actividad petrolera y las demás actividades estratégicas de interés público; se promueven la manufactura y tecnología nacionales.  El Estado conserva todas las acciones de Petróleos de Venezuela, S.A., o de su sucesor gestor, con la excepción señalada para filiales, asociaciones estratégicas, empresas y demás entidades de desarrollo de negocios. (arts. 299–303; cf. 1961, arts. 95, 98, 107:  « La ley establecerá las normas relativas a la participación de los capitales extranjeros en el desarrollo económico nacional. »).

Todas las aguas son bienes de dominio público nacional.  El Estado promueve la agricultura sostenible, la seguridad alimentaria mediante la producción interna, el desarrollo rural, la infraestructura productiva, los insumos, el crédito, la formación y la asistencia técnica, protegiendo a las comunidades pesqueras artesanales y sus caladeros.  El latifundio es contrario al interés social; la ley grava las tierras ociosas y dispone su transformación productiva, la propiedad campesina de la tierra, las asociaciones agrícolas, la ordenación sostenible y el apoyo parafiscal excepcional. (arts. 304–307; cf. 1961, art. 105:  « El régimen latifundista es contrario al interés social. »).

La pequeña y mediana industria, las cooperativas, las cajas de ahorro, las empresas familiares y comunitarias, la artesanía y las industrias populares tradicionales reciben formación, crédito, protección y promoción.  El turismo es prioridad de interés nacional para la diversificación y el desarrollo sostenible.  Las redes públicas de información, la ciencia y tecnología, la ordenación territorial participativa y la evaluación ambiental y sociocultural complementan los derechos y deberes registrados en RTS-GAR. (arts. 308–310, 108, 110, 128–129; cf. 1961, arts. 72, 106, 136(24):  « la de turismo »).

CON-FIN—Disposiciones finales

Se deroga la Constitución de 23 de enero de 1961; el resto del ordenamiento continúa en cuanto sea compatible con la nueva Constitución.  La disposición final da vigencia a ésta con su publicación en la Gaceta Oficial después de la aprobación popular en referendo. (disposición derogatoria; disposición final; cf. 1961, arts. 251–252:  « Las disposiciones transitorias se dictan en texto separado. »).

La Asamblea Constituyente debe aprobar la ley especial capitalina preservando la integridad territorial de Miranda; entretanto continúan los regímenes orgánicos existentes del Distrito Federal y municipal.  Hasta la legislación de nacionalidad, se consideran domiciliados los extranjeros señalados que hayan ingresado legalmente, tengan medios lícitos de vida, hayan declarado intención de domicilio y residido dos años ininterrumpidos.  Las declaraciones de nacionalidad se formulan auténticamente por el adulto interesado o por representante legal bajo la condición impresa de veintiún años. (disposiciones transitorias I–II; cf. 1961, disposiciones transitorias I–IV:  « se mantiene en vigencia el actual régimen y organización municipal de la República »).

Dentro de los seis meses siguientes a su instalación, la Asamblea debe aprobar la legislación penal sobre desaparición forzada, aplicando entretanto la Convención Interamericana en lo posible, una ley orgánica de excepción y un régimen fronterizo especial para los Municipios José Antonio Páez y Rómulo Gallegos de Apure, previas las consultas señaladas. (disposición transitoria III; nuevo; 1961, disposiciones transitorias I–XXIII:  sin programa correspondiente de seis meses para estas tres leyes de desarrollo).

Dentro del primer año, la Asamblea debe legislar sobre tortura, refugio y asilo, un nuevo régimen de prestaciones de antigüedad proporcional al servicio y calculado conforme al último salario, con prescripción de diez años, reducción progresiva de la jornada y jurisdicción laboral autónoma y especializada mediante procedimientos gratuitos, céleres, orales, inmediatos, equitativos y atentos a la realidad de los hechos.  El régimen de antigüedad existente continúa hasta la reforma. (disposición transitoria IV(1–4); nuevo; 1961, disposiciones transitorias I–XXIII:  sin programa correspondiente del primer año para estas leyes protectoras y laborales).

La legislación del primer año debe comprender justicia, administración pública, Poderes Ciudadano y Electoral, tributos, presupuesto, crédito, defensa pública, hacienda estadal, organización municipal, Banco Central y policía nacional.  La defensa pública queda temporalmente a cargo de la comisión de reestructuración del sistema judicial.  La ley del Banco debe prescribir funciones, gobierno, auditoría y participación ejecutiva y legislativa en los nombramientos.  Dentro de un año de la entrada en vigencia constitucional debe reformarse el código tributario en las materias interpretativas, de irretroactividad, antievasión, penas, responsabilidad, intereses, prescripción, fiscalización y procedimiento enumeradas.  Dentro de dos años, la Asamblea legisla sobre todas las materias constitucionales, con prioridad para pueblos indígenas, educación y fronteras. (disposición transitoria IV(5–9), V–VI; nuevo; 1961, disposiciones transitorias I–XXIII:  sin calendario integral correspondiente de leyes de desarrollo).

Hasta la ley orgánica, las candidaturas indígenas requieren idioma indígena y por lo menos una de las condiciones señaladas de autoridad tradicional, reivindicación, servicio u organización.  El texto especifica las regiones occidental, meridional y oriental, sus Estados integrantes, la declaración por mayoría de la autoridad electoral, la inclusión en las boletas para todos los electores estadales y el censo de 1992 para la representación territorial.  Imprime « Cada uno de los Estados que componen las regiones elegirá un representante ».  El Consejo Nacional Electoral realiza los procesos electorales existentes y nuevos hasta las nuevas leyes.  Sus primeros integrantes se designan simultáneamente, con renovación de dos a mitad del período. (disposiciones transitorias VII–VIII; nuevo; 1961, disposiciones transitorias I–XXIII:  sin procedimiento correspondiente de elecciones indígenas ni Consejo Electoral inicial).

Las leyes orgánicas existentes del Ministerio Público y de la Contraloría continúan hasta la legislación del Poder Ciudadano; la Asamblea Constituyente designa un defensor del pueblo provisional para organizar la institución.  El deber estadal de invertir el cincuenta por ciento del Situado comienza el 1 de enero de 2001.  La administración nacional de baldíos continúa hasta la legislación; la demarcación del hábitat indígena debe concluir dentro de dos años.  El régimen de especies fiscales existente continúa hasta que las leyes estadales asuman la competencia del artículo 164(7). (disposiciones transitorias IX–XIII; cf. 1961, disposiciones transitorias XVI–XVII:  « Mientras la ley orgánica provea lo conducente »).

Las ordenanzas e instrumentos fiscales municipales se mantienen hasta la legislación de desarrollo.  El derecho vigente sobre requisitos profesionales continúa hasta la legislación del artículo 105.  El cronista de la Asamblea Constituyente debe preservar sus registros de imagen, sonido, escritos, digitales, fotográficos, hemerográficos y demás, bajo el Archivo General de la Nación.  La disposición de registro imprime « secciones y actividades ». (disposiciones transitorias XIV–XVI; cf. 1961, disposición transitoria XXIII:  « se mantiene en vigencia el ordenamiento jurídico existente »).

Los órganos públicos y privados que expidan documentos deben emplear inmediatamente República Bolivariana de Venezuela; la papelería ordinaria se sustituye progresivamente dentro de cinco años, y la transición monetaria sigue la reforma de la ley del Banco Central.  Una ley de control de monopolios debe establecer un organismo supervisor cuyo titular designe la mayoría de la Asamblea previo informe favorable de una comisión especial, la aplicación directa de los principios del artículo 113 y reglas sobre utilidad y financiamiento de las concesiones de servicios públicos. (disposiciones transitorias XVII–XVIII; nuevo; 1961, disposiciones transitorias I–XXIII:  sin programa correspondiente de transición de la denominación de la República ni supervisión de monopolios).

El cierre registra la aprobación popular por referendo constituyente el 15 de diciembre de 1999 y la proclamación por la Asamblea Nacional Constituyente en Caracas el 20 de diciembre de 1999, año 189 de la Independencia y 140 de la Federación.  Firman Luis Miquilena como presidente, Isaías Rodríguez como primer vicepresidente y Aristóbulo Istúriz como segundo vicepresidente, con los constituyentes nacionales, territoriales e indígenas enumerados y los secretarios Elvis Amoroso y Alejandro Andrade.  El Cúmplase final nombra a Luis Miquilena como presidente de la Asamblea Constituyente.  El cierre imprime « LUIS MIQUELENA », mientras la fórmula de cumplimiento imprime « LUIS MIQUILENA ». (fórmulas de cierre y Cúmplase, pp. 66–67; cf. 1961, fórmulas de cierre y Ejecútese, pp. 32–33:  « a los veintitrés días del mes de enero de mil novecientos sesenta y uno »).

Recensión

Centro para la Integración y el Derecho Público (CIDEP).

Constitución de 1999, recensión del CIDEP (PDF)


« Sin término »

October 26, 2026

*


Ricardo F. Morín
Floración incumplida
Imagen generada por ordenador (CGI)
2026

Tras casi diez meses en el extranjero, María Corina Machado pisa de nuevo suelo venezolano, recibida en una iglesia de Lara por quienes la habían esperado a lo largo de siete intentos fallidos de regreso. Edmundo González, a quien el electorado eligió en julio de 2024 y que nunca ha ejercido el cargo que este le confirió, permanece en Madrid y anuncia que la seguirá. Su presencia, o el anuncio de ella, no altera la condición a la que regresan. Esa condición no es la falta de un presidente. Es una falta que se ha sustraído a todo término capaz de ponerle fin.

La cuestión que su regreso pone de manifiesto comenzó antes del tres de enero. En julio de 2024, las actas recogidas en las mesas de votación, y los escrutinios hechos a partir de ellas, mostraron que González había ganado por amplio margen. La autoridad electoral proclamó a Maduro sin publicar el detalle por mesa que habría sustentado la proclamación. Dos atribuciones del mismo cargo quedaron enfrentadas: una, la de los votos según constaban en las actas; la otra, la del órgano facultado para declararlos. En septiembre, un tribunal con competencia en materia de terrorismo ordenó la aprehensión de González por cargos que incluían la usurpación de funciones, y él partió hacia España. El período para el cual las actas lo eligieron comenzó el diez de enero de 2025 y lo ejerció el hombre a quien la proclamación nombraba. Cuando ese hombre fue removido por la fuerza, el cargo que había ocupado sin la atribución del electorado no pasó a quien la poseía. Nada en la remoción explica por qué la falta de un presidente al que el electorado no eligió habría de abrir el cargo a cualquiera que no fuese aquel a quien sí eligió.

En la noche de la captura, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ordenó a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, asumir la presidencia en condición de encargada. La Constitución de 1999 conoce dos clases de falta. La falta temporal la suple el vicepresidente ejecutivo hasta por noventa días, prorrogables por la Asamblea Nacional hasta por noventa días más; si se prolonga por más de noventa días consecutivos, la Asamblea decide por mayoría si debe considerarse absoluta. La falta absoluta producida dentro de los primeros cuatro años del período exige una nueva elección universal y directa dentro de los treinta días consecutivos siguientes. La Sala no invocó ninguna de las dos. Denominó la falta «ausencia forzosa», figura que la carta no contiene, y declaró que nada decidía acerca de su carácter temporal o absoluto. Bajo esa omisión yacía otra anterior. Suplir una falta es presumir que el ausente ocupaba el cargo, y la posesión del cargo era precisamente lo que julio de 2024 había puesto en disputa. La sucesión prolongó un título que el electorado nunca confirió, y Washington, que se había negado a reconocer a Maduro, reconoció formalmente la autoridad derivada de él.

Un plazo sólo puede correr a partir de una calificación. Al abstenerse de calificar, la Sala no suspendió la Constitución: situó la falta donde ninguna de sus cláusulas podía alcanzarla. El tres de abril la Asamblea pudo haber declarado absoluta la falta, y no lo hizo; tampoco votó la prórroga que la carta permite, pues no se había declarado falta temporal alguna que prorrogar. El tres de julio expiró el lapso más allá del cual la carta no consiente suplencia temporal, y la Asamblea, presidida por el hermano de la encargada, guardó silencio. Los treinta días que habrían seguido a una declaración transcurrieron sin convocatoria, porque no hubo declaración desde la cual contarlos. En septiembre, la encargada dijo que habría elecciones cuando el país estuviera preparado. La preparación no tiene fecha, y ningún órgano del Estado está obligado a certificarla.

La privación de González no es sólo el exilio, ni la pérdida de algo que alguna vez poseyó. Nunca ha sido investido, de modo que en sentido estricto nada puede restituírsele: lo que se le retiene es una primera investidura. Cada mes del interinato es un mes de su período consumido por otro. La amnistía promulgada en febrero liberó a muchos presos por razones políticas, entre ellos a su yerno, y a González no le dio nada, porque una amnistía alcanza a los delitos y no alcanza al cargo. Lo que se le sustrajo no fue una libertad que una ley pudiera devolver, sino un mandato cuya investidura ha de aguardar el reconocimiento del voto.

Machado pide elecciones presidenciales a más tardar en julio de 2027. La encargada promete una elección y no fija fecha. Estados Unidos ha propiciado conversaciones entre el gobierno y una parte de la oposición que no es la que las actas favorecieron en 2024 ni la que regresó hoy; las partes hablan de un voto y no ofrecen calendario. Cada una de estas posiciones atañe a cuándo habrá de celebrarse una elección. Ninguna atañe a lo que una elección haría con el juicio ya emitido. Un voto convocado sin dar cuenta alguna del mandato de 2024 no ejecutaría ese juicio: lo sustituiría. El arreglo podría entonces presentar una nueva elección como reparación de la crisis mientras retira el único juicio que el electorado ya ha pronunciado, y la convocatoria emanaría de una autoridad que desciende del mismo título que el voto anterior había negado.

Confluyen hoy en el país tres posiciones de naturaleza distinta, y ninguna puede sustituir a otra. Machado encarna el liderazgo político y cuenta con el apoyo visible de quienes la recibieron en Lara. González ostenta el título que las actas registraron. Rodríguez detenta el ejercicio del poder conforme a un arreglo que ningún voto produjo. El liderazgo no es título, y el poder no es ninguno de los dos. El regreso de Machado añade presencia a la oposición y no le añade autoridad, porque la autoridad nunca fue lo que su ausencia había sustraído. Una multitud muestra el apoyo de quienes se congregan. No puede fijar el día en que el juicio del electorado surte efecto, ni decidir si al juicio emitido en 2024 todavía se le debe su efecto.

La ausencia fue llamada forzosa porque la impuso la fuerza, y se mantiene donde fue colocada por la confluencia de cuantas partes podrían moverla. La Sala que inventó la figura no ha vuelto sobre ella. La Asamblea que podría declarar absoluta la falta está presidida por la familia de quien perdería el cargo con esa declaración. El gobierno que se beneficia del interinato no convoca su fin. Estados Unidos instauró el arreglo, lo reconoció ante los gobiernos de la región, según informaciones de prensa ordenó a sus propios fiscales abandonar una investigación sobre la encargada, y su presidente ha dicho que el país no está preparado para elecciones mientras Estados Unidos se ocupa de extraer su petróleo y otros recursos; sus funcionarios califican ahora de aceptable el momento presente. La entrada de Machado esta vez no fue facilitada ni impedida, tras intentos anteriores que sí fueron frustrados, y la admisión en el territorio no es la admisión en la deliberación en que se fijaría una fecha.

Aun una fecha, si llegara a fijarse, conduciría a un voto sobre un cargo cuyos principales recursos ya han sido comprometidos. La ley de hidrocarburos firmada en enero abrió a empresas privadas la producción y la comercialización del petróleo, y los acuerdos concertados desde entonces con Estados Unidos, que Machado ha criticado, los celebró una autoridad que ningún elector confirió. Quien resulte finalmente electo los heredará como pretensiones que pesan sobre el cargo, cualquiera que sea la fuerza que en definitiva se les reconozca. Se pediría al electorado elegir al titular de un cargo cuyos compromisos quedaron concertados antes de que se le preguntara nada.

La carta de 1999 previó la falta de un presidente. No previó una falta que nadie está obligado a nombrar, ni un mandato que nadie está obligado a hacer efectivo. El reloj que asignó a la falta nunca echó a andar, y el que asignó al mandato no se ha detenido nunca. Quien detenta el cargo carece de término. Quien ostenta el período carece del cargo. Quien regresó hoy no tiene ni lo uno ni lo otro, y se cuenta entre los electores cuyo juicio, ya pronunciado, zanjaría la cuestión si alguien estuviera obligado a ejecutarlo.

Ricardo F. Morín

25 de Octubre de 2026

Oakland Park, Florida


« Conforme al Derecho »

October 1, 2026

Ricardo F. Morín
Intitulado
18 × 12,434 pulgadas
2003

La cuestión constitucional que hoy plantea Venezuela no comienza con el petróleo.  Comienza con la identidad del soberano.

El artículo 5 de la Constitución vigente establece que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo.  Precisa que este la ejerce directamente en la forma prevista en la Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público.  Establece después la relación de la que depende todo lo demás:  los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos. [1]

Ese precepto no identifica al gobierno con la Nación.  Distingue al soberano de los órganos por cuyo conducto se ejerce la autoridad soberana.  Un presidente, un órgano legislativo, un ministerio, una empresa del Estado o un gobierno interino pueden ejercer competencias constitucionales.  Ninguno se convierte por ello en soberano.  El poder gubernamental es un poder constituido.  La soberanía permanece en el pueblo.

El artículo 12 atribuye a esta distinción un objeto material.  Los yacimientos mineros y de hidrocarburos pertenecen a la República, son bienes del dominio público y son inalienables e imprescriptibles.  No pertenecen a los funcionarios que administran la República.  El control transitorio de las instituciones gubernamentales no convierte la riqueza del dominio público en propiedad de quienes las controlan. [2]

La relación entre los artículos 5 y 12 precede, por tanto, a cualquier acuerdo petrolero.  Los yacimientos pertenecen a la República.  Los órganos del Estado sólo pueden actuar respecto de ellos en virtud de las atribuciones que les confiere el orden constitucional.  El pueblo sigue siendo la fuente soberana de la que emanan esos órganos.

Esa estructura ha adquirido una trascendencia inmediata porque Estados Unidos no se ha limitado a facilitar el comercio del petróleo venezolano.  La actual Administración describe públicamente un acuerdo concebido para asegurar ventajas gubernamentales y económicas estadounidenses sobre las reservas venezolanas, con un alcance y una duración que exceden ampliamente la presente transición política.

El 31 de agosto de 2026, la Casa Blanca anunció lo que calificó como el mayor acuerdo petrolero de la historia.  Afirmó que las autoridades interinas venezolanas habían otorgado a North American Blue Energy Partners concesiones de cien años sobre diecisiete campos con aproximadamente sesenta y cinco mil millones de barriles de reservas probadas.  El mismo anuncio atribuyó a Estados Unidos un « control mayoritario », facultades gubernamentales de dirección, « propiedad económica », una participación del 35 por ciento en el capital para la Oficina de Capital Estratégico del Departamento de Guerra, un derecho garantizado del Departamento de Estado a adquirir el 20 por ciento de la producción a precio de coste, un derecho de adquisición preferente sobre el 80 por ciento restante, facultades de veto sobre los nombramientos del consejo de administración de la empresa y la exigencia de que la mayoría de sus integrantes fueran ciudadanos estadounidenses. [3]

La Administración no presentó esas disposiciones como garantías accesorias de un programa de desarrollo venezolano.  Las presentó como logros estadounidenses.  La Casa Blanca afirmó que el acuerdo aseguraría el « predominio energético durante el próximo siglo » de Estados Unidos, ampliaría las reservas a su disposición efectiva, favorecería sus refinerías y el empleo, y proporcionaría petróleo de bajo coste para la Reserva Estratégica de Petróleo, las necesidades militares y otros usos sensibles. [3] [4]

Estados Unidos no es el beneficiario fortuito de un acuerdo concebido por otros.  Los beneficios estadounidenses figuran como objetivos expresos de la propia política.

La misma ficha informativa presenta el acuerdo como parte de la estabilización, la reconstrucción y una futura transición democrática.  Afirma que el nuevo marco normativo de los hidrocarburos se adoptó con apoyo estadounidense.  Describe las disposiciones estadounidenses sobre dirección y auditoría, la reforma bancaria, la supervisión de pagos y la vigilancia financiera como medios para fiscalizar el destino de los impuestos y las regalías.  Señala, además, que Estados Unidos auspicia conversaciones de reconciliación entre la Asamblea Nacional de 2015 y las autoridades interinas. [3]

El vocabulario de la transición acompaña, por tanto, una estructura en la que la potencia extranjera que intervino militarmente ha adquirido intereses económicos duraderos, facultades de dirección, privilegios de compra y funciones de supervisión sobre el principal recurso natural del país en transición.

El actual gobierno interino no obtuvo su mandato mediante una nueva elección nacional posterior a la acción militar estadounidense de enero.  A finales de septiembre, su presidenta seguía prometiendo elecciones como parte de una transición hacia la plena democracia, sin fijar una fecha cierta.  El propio Estados Unidos continúa presentando la transición democrática como un proceso aún por realizar. [3] [5] [6]

Esa circunstancia no suprime el artículo 5.  Lo hace ineludible.

Si la soberanía correspondiera a quien controlase en cada momento el aparato gubernamental, bastaría el control efectivo para resolver la cuestión constitucional.  El artículo 5 dispone lo contrario.  Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos.  La Constitución rechaza, por tanto, que la posesión del poder gubernamental equivalga a la titularidad de la soberanía. [1]

El respaldo que la actual Asamblea Nacional otorgó después al acuerdo petrolero forma parte de los antecedentes constitucionales.  El 1 de septiembre lo apoyó mediante una votación a mano alzada.  Algunos diputados de oposición se abstuvieron porque no habían podido examinar las condiciones escritas del acuerdo. [7]  Pero el acto de un órgano constituido no equivale a la voluntad del soberano del que, según el artículo 5, deriva la autoridad constituida.  La aprobación legislativa exige que el órgano posea competencia constitucional para autorizar el acto de que se trate.  La existencia de una votación no puede, por sí sola, convertir al órgano que vota en el pueblo soberano ni subsanar una carencia previa de atribuciones cuando la Constitución no confería a ese órgano la potestad que pretendió ejercer.

Esa es la distinción entre representación y soberanía.  Los representantes pueden ejercer atribuciones en nombre de la Nación.  No son dueños de la soberanía que ejercen.  El artículo 5 mantiene al representante sometido al soberano que representa.

La distinción adquiere especial trascendencia cuando se pretende que el compromiso perdure un siglo.  Cien años no constituyen un período de transición.  Una concesión de esa duración sobrevive a los funcionarios que la otorgaron, a la actual Administración estadounidense y a la transición democrática prometida, y alcanza a generaciones de venezolanos ajenas a las circunstancias gubernamentales en las que se constituyó.

La propia documentación estadounidense reconoce, en otro contexto, que el control y la posesión no extinguen la propiedad venezolana.  La Orden Ejecutiva 14373, dictada el 9 de enero, define en su sección 2 determinados ingresos procedentes de recursos naturales depositados en cuentas del Tesoro estadounidense y determina, en la sección 4(a), que esos fondos son propiedad del Gobierno de Venezuela.  Dispone que Estados Unidos los mantiene exclusivamente en calidad de custodio y en ejercicio de funciones gubernamentales, no como participante en el mercado, y obliga al Tesoro a identificarlos como bienes soberanos de Venezuela y no como propiedad de Estados Unidos. [8] [9]

Sin embargo, la sección 4(c)(ii) de la misma orden dispone que esos fondos se conservarán a la espera de una « disposición soberana » para los fines públicos, gubernamentales o diplomáticos que determine el secretario de Estado estadounidense en nombre del Gobierno de Venezuela.  La sección 5(a)(ii) ordena al Tesoro atenerse a las instrucciones del secretario de Estado en materia de desembolsos y transferencias. [8]

Desde enero, la Administración atribuyó así a un funcionario estadounidense la facultad de decidir a qué fines se destinarían bienes soberanos venezolanos.  La propiedad venezolana seguía formalmente reconocida, mientras las decisiones relativas a su ejercicio pasaban a un funcionario del Estado interviniente.  La facultad de ese funcionario para determinar fines soberanos en nombre de Venezuela se proclamaba en una orden estadounidense, sin que la Constitución venezolana la confiriese.

Casi ocho meses después, el acuerdo petrolero añadió ventajas patrimoniales a esa estructura de supervisión.  La Casa Blanca describió la propiedad económica estadounidense, el control mayoritario, los derechos de veto, la adquisición preferente y una participación gubernamental en el capital protegida frente a la dilución.  Reuters informó de que la participación del 35 por ciento se había instrumentado mediante derechos de adquisición de acciones a precio nominal, destinados a preservar el porcentaje estadounidense a medida que ingresara nuevo capital en la empresa. [3] [10]

Esta secuencia no revela desconocimiento acerca de a quién pertenecen los recursos.  Los documentos estadounidenses identifican reiteradamente como venezolanas las reservas, los ingresos, las concesiones y los yacimientos.  La Administración sabe que se trata de la riqueza de Venezuela.  Su propia orden de enero reconoce expresamente bienes soberanos venezolanos.  Sus anuncios posteriores identifican de manera igualmente expresa las ventajas que se buscan para Estados Unidos. [3] [8]

Los antecedentes jurídicos venezolanos identifican la fuerza que alteró las circunstancias gubernamentales.  El 3 de enero, la Sala Constitucional calificó la acción estadounidense de « agresión militar extranjera » cuyo fin era el « secuestro » de Nicolás Maduro.  Consideró la consiguiente « ausencia forzosa » como una imposibilidad material y temporal de ejercer las funciones presidenciales.  Invocando su interpretación de los artículos 234 y 239.8, ordenó a la vicepresidenta Delcy Rodríguez ejercer la presidencia mediante una medida cautelar urgente, destinada a preservar el Estado y defender la Nación.  Dejó a los órganos estatales competentes la calificación definitiva de la falta presidencial. [11]

La resolución que calificó la agresión también dispuso la encargaduría presidencial cuyo consentimiento invoca ahora Estados Unidos.  Descalificar a la Sala como órgano del gobierno anterior no proporciona un fundamento constitucional independiente para ese consentimiento.  El gobierno cuya continuidad aseguró la intervención de la Sala se convirtió después en el conducto por el que Estados Unidos obtuvo las ventajas petroleras anunciadas en agosto.

El presidente del Estado beneficiario ya había vinculado la acción militar con su rendimiento económico.  El 30 de abril, el presidente Trump describió la relación con Venezuela como « una especie de empresa conjunta », afirmó que ambos países ganaban dinero y declaró que Estados Unidos había « recuperado con creces el coste del ataque ». [12]

No toda inversión extranjera, venta de petróleo, operación de préstamo o concesión comercial constituye explotación.  La explotación consiste en extraer deliberadamente ventajas de los recursos de otra nación cuando el beneficiario extranjero dispone de un poder extraordinario sobre las circunstancias gubernamentales por cuyo conducto se pretende obtener el consentimiento.  La asimetría consta en las manifestaciones de ambas partes:  la Sala venezolana calificó la agresión y ordenó una medida de defensa; el presidente estadounidense describió la relación económica resultante como una empresa conjunta que había resarcido el coste del ataque.  El acuerdo de agosto dio después forma económica y gubernamental duradera a esa ventaja.

El propio lenguaje de la Casa Blanca acentúa la contradicción.  Su ficha informativa de agosto acusa a actores rusos y chinos, junto con allegados al poder político venezolano, de haber « saqueado los recursos de Venezuela » en beneficio de adversarios estadounidenses.  El mismo documento celebra después el desplazamiento de esos actores por un sistema concebido para asegurar el predominio estadounidense en el hemisferio, el control gubernamental estadounidense, la propiedad económica estadounidense, los privilegios de compra estadounidenses y el abastecimiento estratégico estadounidense. [3] [4]

La nacionalidad del beneficiario no puede determinar si se ha respetado la soberanía venezolana.  Si el control extranjero de los recursos de Venezuela resulta objetable porque esos recursos pertenecen a Venezuela, sustituir al beneficiario extranjero no altera la titularidad constitucional de la soberanía venezolana ni la condición jurídica de los yacimientos.

La cuestión constitucional no consiste en determinar si Venezuela puede recibir capital extranjero, vender petróleo o establecer relaciones comerciales a largo plazo.  Consiste en determinar de dónde procede la potestad de obligar a la República.  La inversión designa un aporte de capital.  El contrato, un instrumento.  El reconocimiento, la posición diplomática de un gobierno extranjero.  Ninguna de esas categorías confiere, por sí sola, competencia para ejercer potestades soberanas venezolanas.

La distinción cobra aún mayor importancia cuando interviene una estructura societaria.  La Casa Blanca ha destacado la participación de una empresa privada y el empleo de capital privado estadounidense. [3] [4]  Pero una sociedad privada no puede otorgarse a sí misma una concesión petrolera venezolana.  El derecho a explotar yacimientos pertenecientes a la República debe tener su origen en el ordenamiento venezolano.  Los acuerdos societarios privados pueden distribuir intereses económicos una vez constituido ese derecho.  No pueden conferir la potestad soberana necesaria para constituirlo.

Reuters identifica al empresario venezolano Alejandro Betancourt como quien controla North American Blue Energy Partners. [10]  El acuerdo vincula, por tanto, a un beneficiario privado venezolano con los intereses gubernamentales estadounidenses que expresamente constituye.  Para que la obtención de ventajas por Estados Unidos sea deliberada, no es preciso que éste sea el único beneficiario.  Tampoco el interés privado de un empresario venezolano equivale al consentimiento de la Nación venezolana.  Su participación no dispensa de acreditar la potestad constitucional necesaria para otorgar derechos sobre los yacimientos de la República.

Tampoco puede el derecho estadounidense resolver esa cuestión venezolana previa.  Las leyes, órdenes ejecutivas, licencias, contratos y disposiciones sobre competencia judicial de Estados Unidos pueden determinar lo que sus funcionarios y entidades están facultados para hacer conforme a su propio ordenamiento.  No pueden determinar qué atribuciones confiere la Constitución de Venezuela a los funcionarios venezolanos para obligar a la República.

El Preámbulo estadounidense comienza con las palabras « Nosotros, el Pueblo », que la doctrina constitucional de aquel país entiende como la identificación del sujeto que instituyó la Constitución.  Pero el Tribunal Supremo no ha considerado el Preámbulo como una fuente autónoma de potestades gubernamentales sustantivas.  El artículo 5 venezolano no es una fórmula preambular.  Es una disposición constitucional normativa que define dónde reside la soberanía, cómo se ejerce, de dónde emanan los órganos del Estado y a qué están sometidos. [1] [13] [14]

Reducir el artículo 5 a la conocida fórmula estadounidense « Nosotros, el Pueblo » menoscabaría su sentido en vez de esclarecerlo.

El artículo 5 es más preciso.  El pueblo no comparece únicamente en el momento fundacional para diluirse después en las instituciones que creó.  La soberanía sigue siendo suya.  El gobierno no la recibe en propiedad.  Ejerce potestades constituidas y permanece subordinado a la fuente soberana de la que emanan.

La distinción entre la Nación y sus representantes determina el alcance que puede tener el consentimiento gubernamental.

Un acto de representación sólo puede obligar a la Nación porque el orden constitucional faculta al representante para realizarlo.  La representación es, por tanto, derivada.  La soberanía no lo es.  Considerar que el consentimiento de los representantes se valida por sí mismo invierte la relación constitucional establecida en el artículo 5.

El problema se agrava cuando el orden gubernamental que presta el consentimiento se encuentra bajo tutela extranjera.  La orden de enero puso en manos estadounidenses las decisiones sobre ingresos soberanos venezolanos.  La estructura posterior extendió esa supervisión al conjunto de la transición:  el Estado extranjero auspicia la reconciliación política, respalda el marco jurídico del recurso, se atribuye funciones de auditoría y vigilancia financiera, adquiere facultades de dirección y veto en la empresa resultante, recibe propiedad económica y derechos preferentes de compra, y presenta abiertamente el acuerdo como garantía de su propio predominio. [3] [4] [8]

En esas condiciones, el consentimiento gubernamental no puede considerarse una prueba independiente de la potencia extranjera que obtiene el beneficio.  El beneficiario extranjero participa en el entorno político e institucional del que procede el pretendido consentimiento.

Cuando se anunció el acuerdo petrolero, había vencido incluso el plazo máximo de suplencia temporal previsto en el artículo 234.  El artículo 234 prevé la suplencia de las faltas temporales del presidente hasta por noventa días, prorrogables por la Asamblea Nacional hasta por noventa días más.  El primer período concluyó el 3 de abril. [1]  El 6 de abril, Associated Press informó de que la Asamblea no había celebrado ninguna votación pública para autorizar una prórroga. [15]  Aun suponiendo autorizada la totalidad del segundo período, el límite máximo de ciento ochenta días venció el 2 de julio. [1]

El 15 de julio, Acceso a la Justicia informó de que la Asamblea aún no se había pronunciado sobre la falta presidencial.  Sostuvo que, agotado el período temporal, correspondía a la Asamblea activar el artículo 233 y la nueva elección presidencial prevista dentro de los treinta días consecutivos siguientes.  Según esa interpretación, Rodríguez puede continuar transitoriamente hasta que tome posesión un presidente electo.  Esa continuidad no dispensa del pronunciamiento sobre la sucesión ni de la elección; subsiste mientras se cumplen ambos deberes. [16]

El 31 de agosto, la Casa Blanca anunció el otorgamiento de derechos a los que atribuyó una duración de un siglo.  Para entonces había vencido incluso el plazo máximo de suplencia temporal.  Ya se había documentado públicamente que la Asamblea no había resuelto la falta presidencial, y no se había celebrado la elección exigida por aquella interpretación del artículo 233.  A finales de septiembre seguía sin haber una fecha electoral cierta. [3] [5] [6] [16]

El respaldo de la Asamblea proporcionó apoyo político a un compromiso que alcanzaba a varias generaciones, mientras permanecían incumplidos los deberes constitucionales que regían la presidencia que lo asumía. [7] [16]

La mera invocación del consentimiento del gobierno interino no acredita la potestad constitucional para otorgarlo.  Ese consentimiento es precisamente lo que se cuestiona.  Un gobierno que continúa en funciones una vez vencido el período de suplencia temporal, sin haberse cumplido los deberes sucesorios y electorales que rigen la transición, no puede identificarse con la Nación venezolana por el mero hecho de seguir ejerciendo el poder.  La potencia extranjera que alteró las circunstancias de ese gobierno no puede invocar su consentimiento como prueba independiente del consentimiento de la Nación a la apropiación de su riqueza natural.

El Estado interviniente invoca el consentimiento del orden gubernamental que se mantuvo tras su intervención como fundamento jurídico de su propia adquisición.  El círculo nunca llega al soberano que identifica el artículo 5.

El argumento de que alguien tenía que gobernar acredita la necesidad de continuidad.  No acredita que esa continuidad exigiera otorgar al Estado interviniente derechos patrimoniales duraderos y acceso preferente a la riqueza venezolana.  La propia respuesta de la Administración a la emergencia de enero distinguió expresamente la custodia y la administración de la adquisición de derechos de propiedad.  Su acuerdo de agosto traspasó esa delimitación.  Ni la necesidad de preservar los ingresos ni la ausencia de un sucesor electo confieren atribuciones para convertir una administración transitoria en ventajas extranjeras de un siglo de duración.

Llamar reconstrucción al acuerdo no acredita esa potestad.  Llamarlo privatización tampoco la acredita.  Llamarlo estabilización tampoco la acredita.  Llamarlo contrato tampoco la acredita.  Cada término designa una política, un mecanismo o un objetivo.  Ninguno acredita la fuente constitucional venezolana de la potestad ejercida.

El artículo 12 sitúa los yacimientos en el dominio público de la República.  El artículo 5 radica la soberanía en el pueblo.  Entre ambos preceptos se encuentran los órganos de gobierno, investidos únicamente de las atribuciones que les confiere el orden constitucional. [1] [2]

La cadena constitucional discurre, por tanto, en una sola dirección:  del pueblo soberano, a través de la autoridad constituida, a la administración de la República y de su riqueza pública.  No recorre el camino inverso, desde la ocupación de los cargos gubernamentales hasta la titularidad de la soberanía.

Una potencia extranjera puede obtener acceso material.  Puede adquirir derechos contractuales.  Puede ganar capacidad de presión económica.  Puede obtener cooperación gubernamental.  Puede hacer valer su superioridad militar.  Puede incluso alcanzar el control efectivo de instituciones e ingresos.  Ninguna de esas circunstancias modifica la identidad constitucional del soberano venezolano.

La retórica de la victoria empleada por la Administración acentúa todavía más la distinción.  El 22 de septiembre, al referirse a Venezuela y al acuerdo petrolero en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Trump declaró:  « Al vencedor le corresponde el botín ». [17]  Un vencedor puede disponer de los medios para sacar provecho de las circunstancias creadas por su victoria.  Disponer de esos medios no equivale a poseer título jurídico.  La superioridad de la fuerza puede explicar cómo se obtuvo el control.  No puede acreditar, por sí sola, la potestad constitucional venezolana que lo haría lícito.

Por eso la cuestión no puede reducirse a determinar si el acuerdo petrolero aumentará la producción, atraerá inversiones, reducirá los precios, reconstruirá la infraestructura o generará ingresos fiscales.  Tales consecuencias pueden tener importancia económica.  No resuelven la cuestión previa.

La cuestión es quién estaba facultado para consentir.

Conforme al artículo 5, el examen no puede concluir con la identificación de quienes ocupan en la actualidad las instituciones gubernamentales.  Los órganos del Estado no son la fuente de la soberanía.  Emanan de ella y a ella están sometidos. [1]

Conforme al artículo 12, el objeto de la operación no es un patrimonio gubernamental ordinario del que los gobernantes puedan disponer por derecho propio.  Los yacimientos pertenecen a la República como bienes del dominio público. [2]

Estados Unidos puede llamar estabilización a su intervención.  Puede llamar propiedad económica a sus intereses.  Puede llamar reconstrucción a su supervisión.  Puede llamar necesidad estratégica a su predominio.  La Constitución venezolana establece un vocabulario previo:  pueblo, soberanía, República, Poder Público, dominio público, competencia.

Esos términos determinan la cuestión venezolana.

La propia documentación de la Administración estadounidense acredita que la obtención de ventajas es deliberada.  Anuncia el control, cuantifica la propiedad, fija el privilegio de compra, protege la participación en el capital, impone condiciones de dirección, celebra la ausencia de coste para el contribuyente estadounidense y declara como objetivo el predominio de Estados Unidos. [3] [4] [10]

La Administración se ha valido del consentimiento de las autoridades interinas para asegurar ventajas estadounidenses duraderas sobre la riqueza venezolana.  No ha acreditado la potestad que, conforme a la Constitución venezolana, facultaría a esas autoridades para otorgarlas.

Ricardo F. Morín

30 de septiembre de 2026

Bala Cynwyd, Pensilvania

Notas

[1] Centro para la Integración y el Derecho Público (CIDEP), Constituciones de Venezuela, Constitución de 1999, artículos 5, 233, 234 y 239.8.
https://cidep.online/files/constituciones/1999.pdf

[2] Centro para la Integración y el Derecho Público (CIDEP), Constituciones de Venezuela, Constitución de 1999, artículo 12.
https://cidep.online/files/constituciones/1999.pdf

[3] La Casa Blanca, « Fact Sheet:  President Donald J. Trump Announces Historic Oil Agreement to Secure American Energy Dominance and Drive Venezuela’s Economic Recovery », 31 de agosto de 2026.
https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2026/08/fact-sheet-president-donald-j-trump-announces-historic-oil-agreement-to-secure-american-energy-dominance-and-drive-venezuelas-economic-recovery/

[4] La Casa Blanca, « President Trump Secures the Biggest Oil Deal in World History », 2 de septiembre de 2026.
https://www.whitehouse.gov/releases/2026/09/president-trump-secures-the-biggest-oil-deal-in-world-history/

[5] Reuters, « Venezuela’s Rodriguez promises elections in transition to “full democracy” », 23 de septiembre de 2026.
https://www.reuters.com/world/americas/venezuelas-rodriguez-promises-elections-2026-09-23/

[6] Reuters, « Venezuela president returns from US visit with no deals, no firm election date », 26 de septiembre de 2026.
https://www.reuters.com/world/americas/venezuela-president-returns-us-visit-with-no-deals-no-firm-election-date-2026-09-26/

[7] Reuters, « Venezuela’s assembly backs oil deal announced with U.S. », 1 de septiembre de 2026.  Euronews, « Venezuela hands the US control over a fifth of its oil in landmark deal », 2 de septiembre de 2026, informa de la votación a mano alzada y de la abstención de diputados de oposición que no habían podido examinar las condiciones escritas del acuerdo.
https://www.reuters.com/business/energy/venezuelas-assembly-backs-oil-deal-announced-with-us-2026-09-01/
https://www.euronews.com/2026/09/02/venezuela-hands-the-us-control-over-a-fifth-of-its-oil-in-landmark-deal

[8] Orden Ejecutiva 14373, « Safeguarding Venezuelan Oil Revenue for the Good of the American and Venezuelan People », 9 de enero de 2026, en particular las secciones 2, 4(a), 4(b), 4(c)(ii) y 5(a).
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2026/01/safeguarding-venezuelan-oil-revenue-for-the-good-of-the-american-and-venezuelan-people/

[9] La Casa Blanca, « Fact Sheet:  President Donald J. Trump Safeguards Venezuelan Oil Revenue for the Good of the American and Venezuelan People », 9 de enero de 2026.
https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2026/01/fact-sheet-president-donald-j-trump-safeguards-venezuelan-oil-revenue-for-the-good-of-the-american-and-venezuelan-people/

[10] Reuters, « US structured Venezuela oil position to protect it from dilution, official says », 4 de septiembre de 2026.  También identifica al empresario venezolano Alejandro Betancourt como quien controla NABEP.
https://www.reuters.com/legal/litigation/us-structured-venezuela-oil-position-protect-it-dilution-official-says-2026-09-04/

[11] Acceso a la Justicia, « La SC ordena que Delcy Rodríguez, Vicepresidenta Ejecutiva, asuma y ejerza en condición de “encargada” la presidencia de la República », 3 de enero de 2026.  Reproduce la decisión de la Sala Constitucional, incluidas las expresiones « agresión militar extranjera », « secuestro » y « ausencia forzosa », y su orden cautelar fundada en los artículos 234 y 239.8.
https://accesoalajusticia.org/la-sc-ordena-que-delcy-rodriguez-presidencia-de-la-republica/

[12] GovInfo, « Remarks During a Document Signing Ceremony and an Exchange With Reporters », 30 de abril de 2026, p. 8.  Transcripción presidencial oficial que recoge las declaraciones sobre la empresa conjunta y la recuperación con creces del coste del ataque.
https://www.govinfo.gov/content/pkg/DCPD-202600292/pdf/DCPD-202600292.pdf

[13] Congress.gov, Constitution Annotated, « Overview of the Preamble ».
https://constitution.congress.gov/browse/essay/pre-1/ALDE_00001231/

[14] Congress.gov, Constitution Annotated, « Historical Background on the Preamble ».
https://constitution.congress.gov/browse/essay/pre-2/ALDE_00001234/

[15] Associated Press, « Venezuela’s Delcy Rodríguez remains acting president after her initial 90-day appointment expired », 6 de abril de 2026.  Informa de que la Asamblea Nacional no había celebrado una votación pública para prorrogar el período inicial.
https://apnews.com/article/venezuela-maduro-acting-president-delcy-rodriguez-trump-f33d6fe7407305b513940dfa4f69136c

[16] Acceso a la Justicia, « ¿Qué ocurre con la encargaduría presidencial? », 15 de julio de 2026.  Da cuenta de la falta de pronunciamiento de la Asamblea sobre la ausencia presidencial, sostiene que debe activarse el artículo 233 una vez agotado el período de suplencia temporal e interpreta que la Constitución permite continuar transitoriamente hasta la toma de posesión del presidente electo.
https://accesoalajusticia.org/que-ocurre-con-la-encargaduria-presidencial/

[17] Factba.se / Roll Call, transcripción del discurso del presidente Donald J. Trump ante el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 22 de septiembre de 2026.  Recoge, después de la referencia al acuerdo petrolero venezolano, la afirmación que se traduce aquí al castellano como « Al vencedor le corresponde el botín ».
https://rollcall.com/factbase/trump/transcript/donald-trump-speech-81st-united-nations-general-assembly-september-22-2026/