Posts Tagged ‘María Corina Machado’

« Los usos de la duda »

November 1, 2026

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El caballo de Troya by Ricardo F. Morín. CGI, 2026. Alegoría política.

31 de octubre de 2026

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La credibilidad política puede perderse por la conducta de quien la posee, por las expectativas defraudadas o por la retirada paulatina de la confianza pública.  También puede debilitarse mediante acusaciones cuya reiteración excede las pruebas en que se fundan.  La diferencia adquiere especial importancia cuando una figura política defiende un mandato electoral al que se ha impedido producir efectos, mientras quienes ejercen el poder determinan las condiciones en que ese mandato habrá de ser atendido.  En Venezuela se cuestiona la credibilidad de María Corina Machado en el curso de unas negociaciones con un Gobierno provisional cuya legitimidad constitucional sigue siendo objeto de controversia.  La Administración Trump ha respaldado a ese Gobierno al tiempo que promueve acuerdos encaminados a la estabilización, la recuperación económica y una futura transición política.[1]Sin embargo, la cuestión constitucional anterior a tales acuerdos permanece sin resolver.  Las pruebas electorales de 2024 señalan a un presidente que no ha podido comenzar su mandato.  El juicio de los ciudadanos puede quedar comprometido cuando quienes controlan el proceso político determinan también la admisibilidad de quienes defienden una decisión electoral cuyas consecuencias constitucionales permanecen pendientes.

Las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 produjeron un resultado cuya importancia no cabe reducir a una pretensión de la oposición.  Aunque el Consejo Nacional Electoral proclamó vencedor a Nicolás Maduro sin publicar las actas de escrutinio indispensables para acreditar su anuncio, las actas reunidas y difundidas por la oposición demostraron una victoria decisiva de Edmundo González Urrutia.  El Centro Carter examinó esas actas por su cuenta, comprobó su autenticidad y concluyó que eran compatibles con una clara victoria de González.  Su informe documentó asimismo graves deficiencias del proceso electoral, entre ellas las restricciones impuestas a candidatos y electores, la falta de imparcialidad institucional y la negativa de las autoridades a divulgar las pruebas que sustentasen el resultado proclamado.[2]  Tales deficiencias comprometieron la integridad democrática de los comicios, pero no demostraron que Maduro hubiese obtenido la mayoría de los votos.  El incumplimiento de sus obligaciones por las instituciones encargadas de administrar unas elecciones no transforma una proclamación carente de fundamento en prueba de la voluntad expresada por los electores.

El artículo 228 de la Constitución venezolana dispone que la Presidencia de la República se elige por sufragio universal, directo y secreto, y que será proclamado electo el candidato que obtenga la mayoría de los votos válidos.  El artículo 230 establece un período presidencial de seis años, y el 231 prescribe la toma de posesión el 10 de enero del primer año de ese período.[3]  Por consiguiente, las pruebas que sustentan la victoria de González atañen al período presidencial comprendido entre el 10 de enero de 2025 y enero de 2031.  La negativa de las autoridades a proclamarlo y permitir su investidura separó el título electoral, acreditado por las actas, de la posesión formal del cargo.  No cabe prescindir de los requisitos constitucionales de proclamación y toma de posesión, pero tampoco convertir la obstrucción de esos requisitos por las autoridades en prueba de que la decisión de los electores jamás existió.  La controversia versa sobre una elección ya expresada por la ciudadanía y sobre las consecuencias constitucionales de impedir que produzca efectos.  No se trata simplemente de una discrepancia acerca de quién debería gobernar Venezuela en una fecha futura.

La negativa de Maduro a entregar el poder el 10 de enero de 2025 estableció la separación actual entre legitimidad electoral y dominio efectivo del Gobierno.  Su captura durante la operación militar estadounidense del 3 de enero de 2026 no resolvió esa separación.  En lugar de respaldar la inmediata asunción de la Presidencia por González, conforme al resultado documentado en las actas, la Administración Trump optó por colaborar con el aparato gubernamental que había permanecido bajo Maduro.  Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva designada por este, pasó así a desempeñar funciones presidenciales con el apoyo de Washington.[1]  Las actuaciones de ambos gobiernos no fueron jurídicamente idénticas.  El de Maduro rechazó las pruebas electorales y retuvo el poder contra el resultado que aquellas revelaban.  Posteriormente, la Administración Trump decidió reconocer a Rodríguez y colaborar con ella en vez de dar efecto inmediato a la pretensión electoral de González.  Esa decisión no extinguió formalmente su título, pero prolongó las circunstancias que impedían al candidato respaldado por las actas ejercer la Presidencia.  La salida de Maduro puso fin a su ejercicio personal del poder gubernamental sin dirimir la autoridad constitucional de quienes lo sucedieron.

La asunción de las funciones presidenciales por Rodríguez presenta otra dificultad constitucional.  El 3 de enero, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dictó la sentencia n.º 0001, que invocó los artículos 234 y 239 de la Constitución para ordenar que Rodríguez ejerciese las funciones presidenciales durante la ausencia forzosa de Maduro.  La Sala calificó la situación de excepcional y no prevista literalmente en la Constitución.  Recurrió al artículo 234 como fundamento general para afrontar una imposibilidad temporal, sin decidir definitivamente si la ausencia de Maduro era temporal o absoluta.[4]  El artículo 234 permite ordinariamente que el vicepresidente ejecutivo supla las faltas temporales del presidente durante noventa días, prorrogables por otros noventa mediante decisión de la Asamblea Nacional.  Dispone asimismo que, transcurridos noventa días consecutivos de ausencia, la Asamblea determine por mayoría si esta debe considerarse absoluta.  El artículo 233 enumera los supuestos de falta absoluta del presidente y establece las correspondientes reglas sucesorias y electorales.[3]  No cabe interpretar estos preceptos como si el mero transcurso de noventa o ciento ochenta días produjese automáticamente todas las consecuencias previstas en el artículo 233.  Pero tampoco la invocación judicial de una circunstancia excepcional confiere por sí sola un título constitucional indefinido para ejercer la Presidencia.  En julio de 2026 había transcurrido el plazo máximo ordinario de sustitución temporal sin que constase una resolución constitucional pública de la cuestión sucesoria.[1]  Según la información publicada por EFE el 26 de octubre, un alto funcionario del Departamento de Estado describió una hoja de ruta en la que, tras renovarse el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral, Rodríguez declararía la falta absoluta de la Presidencia, lo que abriría un plazo de seis meses para celebrar elecciones.[4]  Esa previsión política no constituye una declaración de falta absoluta ya adoptada ni resuelve qué órgano tiene competencia constitucional para efectuarla.  La sentencia estableció una solución inmediata para garantizar la continuidad administrativa, pero dejó sin respuesta el fundamento constitucional y la duración de su propia prolongación.  Más aún, partió del supuesto de que Maduro poseía el título presidencial, sin resolver la controversia relativa al mandato electoral de 2024.

El reconocimiento de Rodríguez por la Administración Trump en marzo de 2026 confirió a su Gobierno una posición definida en las relaciones diplomáticas y jurídicas estadounidenses.  Washington la reconoció como jefa del Estado venezolano y como persona facultada para actuar en su nombre.[5]  Ese reconocimiento tiene consecuencias prácticas para la representación gubernamental, las transacciones comerciales y las relaciones entre Estados.  No determina, sin embargo, si Rodríguez posee un título presidencial legítimo conforme a la Constitución venezolana.  Un Gobierno extranjero puede reconocer a las autoridades con las que estime necesario colaborar, pero semejante decisión no puede conferirles un mandato electoral del que carezcan por otra vía.  Tampoco la necesidad práctica de conservar la Administración pública establece un derecho constitucional a ejercer el poder más allá de los límites previstos para su asunción temporal.  La distribución efectiva del poder puede explicar que Washington haya escogido a Rodríguez como interlocutora.  No demuestra, sin una justificación constitucional adicional, que posea autoridad para decidir el destino del mandato presidencial expresado en 2024.

La posición política de Machado debe entenderse a la luz de esta controversia constitucional aún pendiente.  Venció en las primarias presidenciales de la oposición de 2023, pero se le impidió concurrir a las elecciones de 2024.  Respaldó entonces a González como candidato presidencial de la oposición, y el movimiento vinculado a ella contribuyó a movilizar a los electores y a conservar las actas de escrutinio que documentaron su victoria.[6]  Su defensa posterior de ese resultado se refiere, por tanto, a un mandato conferido a otra persona, no a un derecho a la Presidencia que ella reclame para sí.  Su conducta, sus alianzas y su criterio político siguen sujetos a crítica, pero tales cuestiones no pueden desplazar la importancia constitucional del mandato de González, cuyo ejercicio continúa impedido.  La posición de Machado no se agota en su condición de posible participante en la política futura.  También defiende una decisión electoral cuya ejecución fue obstaculizada primero bajo Maduro y que sigue sin cumplirse bajo los acuerdos políticos respaldados por Washington.

La composición de las negociaciones pone de relieve las consecuencias de esa separación.  Representantes del Gobierno provisional de Rodríguez y de la Asamblea Nacional venezolana elegida en 2015 participan en conversaciones destinadas a reformar las instituciones judiciales y electorales antes de unas nuevas elecciones.  El movimiento Vente Venezuela, encabezado por Machado, no figura entre las delegaciones participantes.[1]  La Administración estadounidense ha defendido la reconstrucción institucional como condición necesaria de unas elecciones dignas de crédito, y el restablecimiento de tribunales y autoridades electorales independientes constituye un objetivo legítimo.[7]  La presencia de representantes de la Asamblea Nacional de 2015 introduce en las conversaciones un elemento de legitimidad electoral anterior, pero no demuestra que estas tengan autoridad para disponer de la decisión presidencial de 2024.  La participación de Rodríguez obedece a su dominio efectivo de las instituciones gubernamentales y al reconocimiento por Washington de su capacidad para actuar.  Ninguna de ambas circunstancias resuelve el fundamento constitucional de su autoridad.  Así, un Gobierno provisional cuyo título se discute participa en la determinación de los acuerdos mediante los cuales podrá abordarse un mandato electoral respaldado por pruebas independientes, mientras permanece fuera de las negociaciones el movimiento asociado a la defensa de ese mandato.

El regreso de Machado a Venezuela el 25 de octubre modificó sus circunstancias personales sin alterar esta distribución del poder.[8]  El día 26, el secretario de Estado Marco Rubio confirmó que Washington había instado al Gobierno provisional a permitir su regreso, al tiempo que reiteró el propósito de la Administración de reformar las instituciones electorales venezolanas antes de otras elecciones presidenciales.[7]  Rodríguez rechazó que la acogida pública dispensada a Machado se convirtiese en un «show» y describió el diálogo como un proceso que «requiere mucha experiencia, alejado de espacios neófitos», además de «mucho conocimiento».  Expresó también su deseo de que se escuchasen distintas voces y sugirió que quienes habían apoyado sanciones o intervenciones extranjeras debían mostrar arrepentimiento.[9]  Ese mismo día, Claudia Macero, portavoz de Machado, confirmó la disposición de esta a reunirse con Rodríguez o con cualquier otro interlocutor necesario, siempre que las conversaciones fuesen públicas y contasen con un orden del día establecido.[10]  Tales declaraciones no garantizaban que pudiera alcanzarse un acuerdo ni conferían a Machado un derecho incondicional a incorporarse a las negociaciones existentes.  Sí acreditaban una disposición al diálogo, contrapuesta a una apreciación desfavorable de su seriedad política, sin demostrar que su conducta justificase la persistente ausencia de su movimiento.

El intercambio se produjo tras una prolongada y grave confrontación política.  En enero, Machado había señalado a Rodríguez como «una de las principales arquitectas de la tortura, la persecución, la corrupción y el narcotráfico», según la traducción de sus declaraciones difundida por RTVE.[11]  Investigaciones internacionales han documentado extensamente torturas, detenciones arbitrarias y otros abusos graves cometidos a través de instituciones del Estado venezolano.  La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas señaló en septiembre de 2026 que subsistían elementos sustanciales del aparato represivo pese al cambio de dirección política.[12]  Estas conclusiones proporcionan una base probatoria para examinar la responsabilidad de los funcionarios vinculados al Gobierno precedente.  No establecen, sin un examen adicional, la responsabilidad individual de Rodríguez por cada uno de los delitos que Machado le atribuyó.  La crítica de Rodríguez a la seriedad política de Machado constituye una imputación diferente, sujeta a exigencias probatorias distintas.  La igualdad de criterios en el examen no obliga a conceder igual valor a afirmaciones respaldadas por pruebas de desigual entidad.  Tampoco el ejercicio de un cargo público otorga a Rodríguez autoridad independiente para juzgar las cualidades políticas de una rival cuyo movimiento contribuyó a defender un mandato electoral que las instituciones a las que ella sirve no han respetado.

La transformación de una caracterización en aparente prueba constituye una de las operaciones más trascendentes de la propaganda política.  La negativa de una dirigente a aceptar un determinado acuerdo puede presentarse como prueba de intransigencia; su insistencia en la participación electoral, como señal de ambición personal; su popularidad, como causa de inestabilidad.  Una vez difundidas ampliamente tales descripciones, cualquier discrepancia posterior puede interpretarse como confirmación de un defecto ya establecido, aunque esa discrepancia ataña a una cuestión sustantiva que merezca examen propio.  La reiteración confiere una apariencia de corroboración, mientras se pierde de vista el fundamento original de la acusación.  La ausencia de un movimiento político en las negociaciones puede suscitar entonces conjeturas sobre su seriedad, capacidad o disposición a colaborar, que después se invocarán para justificar que siga ausente. La exclusión suscita dudas sobre la credibilidad, y esas dudas sirven después para justificar retrospectivamente la exclusión. Aquello que precisa explicación se presenta como si ya hubiese quedado explicado.  No se sigue de este mecanismo que toda ausencia de las negociaciones sea producto de propaganda ni que la de Machado haya sido provocada deliberadamente mediante una campaña de descrédito.  Lo que revela es la posibilidad de que un acuerdo alcance apariencia de justificación merced a unas consecuencias que el propio acuerdo ha contribuido a producir.

La anomalía constitucional introduce una inversión todavía más profunda.  La participación de Rodríguez se acepta como parte establecida de la transición porque ejerce el poder gubernamental y goza del reconocimiento de Washington, mientras la admisibilidad política de Machado continúa sometida a discusión.  Sin embargo, ni el origen ni la duración de la autoridad presidencial de Rodríguez han quedado constitucionalmente resueltos, mientras las actas que sustentan la pretensión de González han sido examinadas de forma independiente.  Ambas posiciones poseen significados constitucionales diferentes, que no pueden equipararse por el reconocimiento diplomático ni por el dominio de las instituciones.  El peligro consiste en que la continuidad en el ejercicio del poder revista apariencia de autoridad legítima mientras quienes la cuestionan deban demostrar sus propias cualidades políticas. Quienes deben justificar constitucionalmente su autoridad se arrogan la facultad de juzgar la admisibilidad de quienes defienden un mandato electoral. El apoyo popular puede sobrevivir a esta situación sin alcanzar una representación equivalente en las negociaciones.  Un movimiento no necesita perder a sus partidarios para sufrir una desventaja política si quienes dirigen el curso de la transición consideran insuficiente ese apoyo para permitirle participar.  En tal caso, se mide el juicio de los ciudadanos por las preferencias de quienes negocian, en vez de examinar la legitimidad de estos a la luz de las decisiones del electorado.

El lenguaje de la estabilidad puede contribuir a reforzar esta inversión.  El restablecimiento de los tribunales, las instituciones electorales, las libertades civiles y la actividad económica ordinaria exige tiempo y colaboración.  Son necesidades sustantivas, no simples recursos retóricos.  El 26 de octubre, Rubio advirtió de que cualquier tentativa de descarrilar la transición perjudicaría gravemente a Venezuela, e incluyó expresamente a las autoridades provisionales entre quienes podían poner en peligro el proceso si dejaban de colaborar.  Su advertencia no establecía que Machado estuviese obstaculizando la transición.  Expresaba la determinación de Washington de preservar la secuencia de reformas institucionales que había adoptado.[7]  La cuestión constitucional reside en los criterios que permiten distinguir el cumplimiento de esa secuencia del desacuerdo legítimo acerca de sus fines o consecuencias.  Una exigencia de elecciones más tempranas puede contrariar el calendario preferido por Washington sin amenazar necesariamente el objetivo de celebrar comicios dignos de crédito.  A la inversa, atenerse al calendario no demuestra que se haya resuelto constitucionalmente el mandato electoral al que antes se impidió producir efectos.  La necesidad de reconstruir las instituciones puede explicar el aplazamiento de una nueva votación, pero no decide por sí misma el destino de la elección que los ciudadanos ya expresaron.

Unas futuras elecciones presidenciales podrían ofrecer un medio de restaurar la autoridad democrática si se estableciesen las condiciones necesarias para una contienda legítima.  La propia Machado ha defendido un nuevo calendario electoral.[13]  Sin embargo, los posibles méritos de otra elección no explican qué ha ocurrido con el mandato electoral de González.  Si se considera irrelevante el resultado de 2024 por el mero hecho de contemplarse una nueva convocatoria, la obstrucción de aquella decisión puede haber conseguido privarla de eficacia práctica.  El reconocimiento de la pretensión electoral de González no resuelve todas las cuestiones constitucionales relacionadas con una toma de posesión demorada, y las consecuencias jurídicas de los años transcurridos requieren examen.  Tampoco el paso del tiempo extingue automáticamente las pruebas electorales ni justifica la negativa a respetarlas.  Unos comicios posteriores podrían conferir un mandato nuevo, pero no legitimarían retrospectivamente el incumplimiento del anterior.  El problema del título constitucional no se resuelve sustituyendo la ocasión en que se permitió elegir al pueblo.

El descrédito político no precisa de una campaña concertada para producir consecuencias.  Los intereses económicos, los objetivos diplomáticos, las consideraciones institucionales y las rivalidades personales pueden influir en las negociaciones sin que ello demuestre que sus participantes compartan un propósito oculto.  Los adversarios políticos pueden tener motivos para disminuir la influencia de un rival; los comentaristas pueden repetir conjeturas porque ofrecen una explicación atractiva de acontecimientos inciertos; y el público puede aceptar acusaciones familiares sin examinar su fundamento originario.  Estas actividades pueden reforzarse mutuamente sin coordinación.  Para acreditar la existencia de una campaña deliberada serían necesarias pruebas relativas a sus participantes, comunicaciones, recursos y fines.  Pero la incertidumbre sobre el origen de una acusación no resuelve la cuestión distinta de sus efectos.  Una narración puede favorecer intereses ajenos a quienes la iniciaron, del mismo modo que alguien puede aprovechar una controversia preexistente sin haberla provocado.  Distinguir entre quien se beneficia y quien origina una acusación impide atribuir intenciones sin pruebas y permite, al mismo tiempo, examinar sus consecuencias políticas.

La responsabilidad de la Administración Trump debe examinarse a través de las decisiones que ha adoptado y de la capacidad de presión que continúa ejerciendo.  El reconocimiento de Rodríguez, los compromisos contraídos con las autoridades provisionales, los acuerdos comerciales y la secuencia prevista de reformas políticas son actos del poder público estadounidense que producen consecuencias en Venezuela.[1]  Su justificación práctica puede fundarse en razones de estabilidad, seguridad, recuperación económica o viabilidad diplomática.  Ninguna de ellas determina por sí misma la legitimidad constitucional de las autoridades venezolanas con las que Washington ha elegido colaborar.  El mismo rigor probatorio debe aplicarse a las críticas de Machado contra esos acuerdos, a sus exigencias sobre el calendario electoral y a sus relaciones con figuras políticas estadounidenses.  Discrepar de un convenio económico o diplomático no demuestra un defecto de carácter, del mismo modo que el apoyo popular no exime a una dirigente de responder por sus declaraciones y decisiones.  El examen de la autoridad gubernamental y el de la conducta política deben mantener sus respectivos objetos.  La responsabilidad corresponde a quien ejerce la autoridad; la validez de una acusación, a las pruebas que la sustentan.

Las condiciones en que los ciudadanos forman sus juicios políticos ya están siendo modificadas antes de la celebración de otras elecciones.  El acceso a los medios de comunicación, el reconocimiento de los participantes, la composición de las negociaciones y la credibilidad atribuida a los distintos movimientos pueden determinar las alternativas que finalmente se permita considerar a los electores.  Unas elecciones celebradas después de tales modificaciones todavía podrían ofrecer una contienda auténtica, pero su integridad no puede valorarse exclusivamente por los procedimientos seguidos el día de la votación.  Los ciudadanos pueden retirar legítimamente su apoyo porque han examinado nuevas pruebas, modificado sus expectativas o llegado a conclusiones diferentes acerca de una conducta política.  Esa reconsideración es indispensable para el juicio independiente.  Pero la confianza pública también puede debilitarse mediante acusaciones cuya difusión excede sus fundamentos probatorios.  Cuando las instituciones encargadas de establecer las condiciones electorales poseen a su vez una autoridad constitucional controvertida, las consecuencias van más allá de la reputación de una figura política.  El proceso puede terminar por determinar no sólo las condiciones de una elección futura, sino también los términos en que una decisión anterior haya de reconocerse, reconsiderarse o desecharse.

La incertidumbre actual de Venezuela no puede resolverse confundiendo el ejercicio del poder con el título constitucional ni considerando que los acuerdos venideros sustituyen decisiones ya adoptadas.  La Administración Trump ejerce una influencia considerable sobre el curso de la transición, pero sus anuncios no permiten conocer por completo sus intenciones ni su capacidad última para alcanzar los objetivos declarados.  Rodríguez desempeña funciones gubernamentales, aunque la continuidad de su presidencia provisional no resuelve su fundamento constitucional.  González posee una pretensión electoral sustancial, respaldada por el examen independiente de los resultados de 2024, pero no se le ha permitido ocupar el cargo para el que las pruebas indican que fue elegido.  Machado defiende esa pretensión y permanece, al mismo tiempo, sujeta al juicio político relativo a su propia conducta y a sus aspiraciones.  Estas posiciones no pueden equipararse por el mero hecho de que sus titulares participen, o aspiren a participar, en una misma controversia política.  La composición de las negociaciones indica quiénes intervienen actualmente en ellas; no determina quién posee título constitucional ni quién merece la confianza del electorado.

El daño que la propaganda puede infligir a la vida política no se limita a la reputación de la persona contra quien se dirige.  Su consecuencia más duradera reside en la posibilidad de privar a los ciudadanos de los medios para distinguir un hecho probado de una insinuación, una decisión institucional de un juicio personal o el ejercicio del poder gubernamental de la autoridad constitucional que debería justificarlo.  La duda es indispensable para el pensamiento independiente cuando invita al examen.  Se convierte en instrumento de subordinación cuando se cultiva para impedir que ese examen alcance su verdadero objeto.  La decisión electoral de 2024 ya ha sido privada de efecto, y las consecuencias constitucionales de esa privación siguen sin resolverse.  Que Machado conserve, aumente o pierda finalmente la confianza pública es una cuestión que los venezolanos deben poder decidir libremente.  El peligro ulterior consiste en que la persistente negación de un mandato electoral llegue a aceptarse como condición legítima de la vida política, mientras quienes defienden ese mandato hayan de responder por su credibilidad ante unas autoridades cuyo propio título continúa en entredicho.

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Notas

[1] Servicio de Investigación del Congreso de los Estados Unidos (Congressional Research Service). Venezuela’s Post-Maduro Political Transition and U.S. Policy, informe R49186, 13 de agosto de 2026.  Documenta la operación militar estadounidense, la decisión de respaldar a Rodríguez en lugar de González, las fases de la transición y la composición de las negociaciones.  Se conserva el original en inglés, al no haberse localizado una versión oficial equivalente en castellano.

https://www.everycrsreport.com/files/2026-08-13_R49186_ea00ffd3c8b895af067dbff6339aeff2e659a1b9.html

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[2] Centro Carter. Observación de las elecciones presidenciales en Venezuela, julio de 2024.  Informe final, 17 de febrero de 2025.  Edición oficial en castellano del examen independiente de las condiciones electorales, los resultados oficiales y las actas reunidas por la oposición.

Informe oficial en castellano:

Página de publicación del Centro Carter:

https://www.cartercenter.org/publication/final-report-observacion-de-las-elecciones-presidenciales-en-venezuela-julio-de-2024

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[3] Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con la Enmienda Constitucional n.º 1, aprobada el 15 de febrero de 2009. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, n.º 5.908 extraordinario, 19 de febrero de 2009.  Artículos 228, 230, 231, 233, 234 y 239.  El artículo 230 mantiene, tras la enmienda, el período presidencial de seis años y elimina la limitación anterior a la reelección.  Reproducción de la gaceta oficial facilitada por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN).

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[4] Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional. Sentencia n.º 00001, expediente 2026-00001, 3 de enero de 2026.  Interpretación constitucional relativa al ejercicio temporal de las funciones presidenciales por Delcy Rodríguez.  Resolución examinada y reproducida por Acceso a la Justicia.  Véase también la crónica de EFE, «El Gobierno Trump espera que Delcy Rodríguez deje vacante la Presidencia de Venezuela en 2027», de 26 de octubre de 2026, sobre la vía sucesoria prevista por Washington.

https://accesoalajusticia.org/la-sc-ordena-que-delcy-rodriguez-presidencia-de-la-republica

Crónica de EFE sobre la vía de falta absoluta:

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[5] Departamento de Estado de los Estados Unidos. A Statement on U.S.-Venezuela Relations, 5 de marzo de 2026.  Véase también la carta del embajador Michael G. Kozak, de 10 de marzo de 2026, incorporada al escrito de interés presentado por los Estados Unidos el 11 de marzo de 2026 en Stansell v. FARC, n.º 16-mc-00405 (S.D.N.Y.), documento 621.  El escrito judicial y la comunicación del Departamento de Estado se incluyen en un expediente de siete páginas remitido después al archivo de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA) por The Cormac Group LLC, número de inscripción 7406, el 16 de marzo de 2026.  La entrega a ese archivo no constituye por sí misma una presentación efectuada por el Departamento de Estado.  Se conservan los documentos originales en inglés.

Reproducción del comunicado del Departamento de Estado:

Escrito judicial y comunicación diplomática adjunta:

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[6] Unión Interparlamentaria. Human Rights of Parliamentarians:  Venezuela.  Documentación sobre la victoria de Machado en las primarias opositoras de 2023, su inhabilitación para las elecciones presidenciales de 2024 y la elección de González Urrutia como candidato de la oposición.  Se conserva el documento original en inglés, al no haberse localizado una versión equivalente de esta pieza en castellano.

https://www.ipu.org/file/20428/download

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[7] Departamento de Estado de los Estados Unidos.  Marco Rubio, secretario de Estado. Secretary of State Marco Rubio on Venezuela, declaraciones por teleconferencia, 26 de octubre de 2026.  Tratan del regreso de Machado, la reforma electoral, el calendario de transición y las exigencias dirigidas a las autoridades provisionales.  La crónica de EFE recoge además la previsión, atribuida a un alto funcionario del Departamento de Estado, de una futura declaración de falta absoluta tras la renovación del TSJ y el CNE, seguida de elecciones en el plazo de seis meses.  El original en inglés se conserva para la atribución precisa de las declaraciones; la información esencial también se recoge en la crónica en castellano de EFE.  La página original del Departamento de Estado no pudo abrirse directamente durante la verificación.

Crónica de EFE en castellano:

Transcripción inglesa reproducida por Public Technologies:

https://pubt.io/view/C62F7FC9E17FECBC842DFC0702B25A755E1EE755

Dirección de la publicación original del Departamento de Estado:

https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesman/2026/10/secretary-of-state-marco-rubio-on-venezuela

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[8] Agencia EFE.  «María Corina Machado ya se encuentra de regreso en Venezuela», 25 de octubre de 2026.  Crónica original en castellano que documenta el regreso, la recepción pública y el contexto político.

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[9] El Impulso.  «Delcy Rodríguez al ser consultada sobre el regreso de María Corina Machado:  “La política no es un show”», 26 de octubre de 2026.  Información contemporánea sobre sus declaraciones. El Estímulo.  «Aumentos, elecciones, el estilo Rubio y un mensaje a la “neófita”: el discurso de Delcy Rodríguez», 29 de octubre de 2026.  Reproduce sus referencias a la experiencia, el conocimiento y la falta de experiencia política.

El Impulso:

https://www.elimpulso.com/2026/10/26/video-delcy-rodriguez-al-ser-consultada-sobre-el-regreso-de-maria-corina-machado-la-politica-no-es-un-show-26oct

El Estímulo:

https://elestimulo.com/venezuela/2026-10-29/discurso-de-delcy

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[10] Agencia ANSA.  «Machado dispuesta a reunirse con Delcy Rodríguez en Caracas», 26 de octubre de 2026.  Recoge las declaraciones de Claudia Macero acerca de la disposición de Machado a negociar públicamente con Rodríguez u otros interlocutores.

https://www.ansalatina.com/amp/americalatina/noticia/latinoamerica/2026/10/26/machado-dispuesta-a-reunirse-con-delcy-rodriguez-en-caracas_be9bf587-436d-4a7e-96c2-2ab813515b3c.html

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[11] Radiotelevisión Española (RTVE).  «Corina Machado reconoce que hace meses que no habla con Trump y tilda a Delcy Rodríguez de “arquitecta de la tortura”», 6 de enero de 2026.  Versión castellana de las acusaciones formuladas por Machado el 5 de enero en una entrevista concedida en inglés a Fox News.  El contenido atribuido a Machado coincide en lo sustantivo con la transcripción inglesa difundida por CNN.

RTVE en castellano:

https://www.rtve.es/noticias/20260106/corina-machado-dice-no-hablado-con-trump-desde-octubre-delcy-rodriguez-profundamente-rechazada-venezuela/16883941.shtml

Transcripción original en inglés utilizada para cotejo:

https://transcripts.cnn.com/show/ow/date/2026-01-06/segment/01

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[12] Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela. La continuidad del aparato represivo del Estado, A/HRC/63/CRP.5, 17 de septiembre de 2026.  Documento de conclusiones detalladas publicado originalmente en castellano.  Examina la persistencia de las estructuras represivas, las violaciones de derechos humanos y las dificultades para exigir responsabilidades.  Es un estudio distinto del informe A/HRC/63/CRP.4, dedicado a los colectivos.  Se acompaña el enlace al informe general A/HRC/63/57 en inglés.

Informe detallado oficial en castellano:

Copia íntegra de consulta del documento A/HRC/63/CRP.5:

Informe general de la ONU en inglés:

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[13] Agencia EFE.  «María Corina Machado, el regreso para empujar la transición en Venezuela y retar a la alianza de Delcy y Trump», 25 de octubre de 2026.  Recoge la exigencia de nuevas elecciones, las discrepancias sobre el calendario y la disposición de Machado a participar en un proceso de transición.  Véase también la información de EFE del 26 de octubre relativa a la secuencia de reformas propuesta desde Washington.

Crónica de EFE sobre Machado y las nuevas elecciones:

Crónica de EFE sobre el calendario promovido por Washington:

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« Desenmascarar la desilusión:  Serie XXIV »

October 29, 2026


“Geometric Allegory” digital painting (2023) by Ricardo Morin (American visual artist, born in Venezuela, 1954)

APÉNDICE (cont.)

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CONTENIDO

A-2 · Poderes y ministerios

A-3 · Fuerzas Armadas

A-4 · Inteligencia y seguridad

B · Organizaciones políticas

Fuentes y notas documentales del apéndice

Bibliografía de las XXIV Series


Alcance y cronología

Esta entrega final recoge la organización del poder público conforme a los ordenamientos constitucionales de 1961 y 1999, la evolución de las instituciones militares y de seguridad de Venezuela y las organizaciones políticas desde el siglo XIX hasta el 21 de octubre de 2026.  Las fechas que acompañan a las entradas indican períodos de actividad, constitución o reorganización.  Las valoraciones sobre la actuación de las instituciones se atribuyen a los informes o estudios de los que proceden.

El repertorio político es selectivo e incluye partidos, coaliciones electorales y movimientos personalistas de épocas anteriores.  La numeración prosigue la del Apéndice.  El apartado A-1, « Constituciones », figura en el índice del Apéndice de la Serie X y se desarrolla en las entregas constitucionales precedentes.


A-2).  Poderes y órganos del Estado [1961–2026]

El ordenamiento constitucional de 1961 articulaba el gobierno nacional en torno a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.  El artículo 136 de la Constitución de 1999 distribuye el Poder Público Nacional en cinco poderes:  Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral. [1] [2]

A-2.1).  Poder Ejecutivo Nacional

Conforme a la Constitución de 1961, el mandato presidencial duraba cinco años y se prohibía la reelección inmediata.  La Constitución de 1999 estableció un mandato de seis años y, en su redacción inicial, permitía una sola reelección inmediata.  La enmienda constitucional aprobada mediante referendo en febrero de 2009 suprimió el límite al número de reelecciones para la Presidencia y los demás cargos de elección popular. [1] [2] [3]

El presidente es jefe del Estado y del Ejecutivo Nacional, dirige la acción del gobierno y las relaciones exteriores y ejerce el mando supremo de las Fuerzas Armadas.  El Ejecutivo comprende, asimismo, al vicepresidente ejecutivo, los ministros y los demás funcionarios previstos en la Constitución o en la ley.  El artículo 236 atribuye al presidente el nombramiento y la remoción del vicepresidente ejecutivo y de los ministros. [2]

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó del deterioro de la separación de poderes y de las restricciones impuestas al ejercicio de las funciones de la Asamblea Nacional.  La Comisión Internacional de Juristas documentó la influencia política sobre el nombramiento de los jueces y su permanencia en el cargo. [4] [5]

Maduro prestó juramento como presidente el 10 de enero de 2025, tras la controvertida proclamación del resultado electoral de 2024 por el CNE. [85]  El 3 de enero de 2026, fuerzas de los Estados Unidos capturaron a Maduro y a Cilia Flores y los trasladaron bajo custodia estadounidense.  Delcy Rodríguez, hasta entonces vicepresidenta ejecutiva, prestó juramento como presidenta encargada el 5 de enero. [86]

Mediante la sentencia n.º 00001, de 3 de enero de 2026, la Sala Constitucional ordenó a Rodríguez ejercer la Presidencia en calidad de encargada.  La decisión invocó los artículos 234 y 239 y dejó expresamente pendiente la calificación definitiva de la falta de Maduro como temporal o absoluta.  Los artículos 233 y 234 establecen procedimientos de sucesión distintos para cada supuesto.  La sentencia no fijó una fecha para las elecciones presidenciales. [87] [2]

A-2.2).  Congreso de la República de Venezuela [ordenamiento de 1961–1999]

El Congreso estaba integrado por el Senado y la Cámara de Diputados.  El Senado incorporaba la representación territorial, mientras que la Cámara de Diputados representaba a la población conforme a las disposiciones electorales de la Constitución y de la ley.  El Congreso sancionaba las leyes, examinaba el presupuesto, ejercía el control político e intervenía en los nombramientos y las autorizaciones previstos constitucionalmente. [1]

La Constitución de 1999 sustituyó el Congreso por una Asamblea Nacional unicameral. [2]

A-2.3).  Asamblea Nacional [creada por la Constitución de 1999; elegida por primera vez en 2000]

La Asamblea Nacional ejerce la potestad legislativa, aprueba el presupuesto nacional, desempeña funciones de control político e interviene en los nombramientos que le atribuye la Constitución.  Los diputados duran cinco años en sus funciones.  El artículo 186 establece una asignación de escaños con una base poblacional del 1,1 por ciento de la población total del país, a la que se añaden tres diputados por cada entidad federal y tres diputados indígenas elegidos conforme a la ley y a sus tradiciones. [2]

El sistema electoral combina la votación nominal por circunscripciones con el voto por listas.  La legislación electoral y las disposiciones administrativas han regulado su aplicación y la distribución de escaños.  El informe de la misión de observación electoral de la Unión Europea de 2021 recoge modificaciones en la composición de la Asamblea y en las disposiciones electorales. [6]

Tras la victoria de la oposición en las elecciones legislativas de diciembre de 2015, diversas decisiones del Tribunal Supremo restringieron el funcionamiento de la Asamblea.  La Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentó estas restricciones y la asunción de funciones legislativas por la Asamblea Constituyente instalada en 2017. [4]

La Asamblea elegida en 2025 contaba con 285 escaños.  La Unión Interparlamentaria recoge 253 para la alianza de gobierno Gran Polo Patriótico y veintinueve para otras organizaciones políticas, además de tres escaños indígenas elegidos por separado el 1 de junio.  Las elecciones legislativas se celebraron el 25 de mayo, junto con las regionales.  La principal plataforma opositora llamó a la abstención, mientras que otros dirigentes opositores participaron.  Estas cifras corresponden a la distribución de escaños anunciada. [88]  La nueva Asamblea se instaló el 5 de enero de 2026. [86]

A-2.4).  Asamblea Nacional Constituyente [2017–2020]

El presidente Maduro inició el proceso constituyente de 2017 sin un referendo popular previo que autorizara su convocatoria.  Los artículos 347 y 348 distinguen el poder constituyente originario del pueblo de la iniciativa para promover una asamblea constituyente, cuyo ejercicio se reconoce a determinados sujetos, entre ellos el presidente en Consejo de Ministros.  Al examinar la controversia sobre la convocatoria, la Comisión de Venecia concluyó que la iniciativa presidencial no podía sustituir la decisión popular de convocar dicho órgano. [2] [7]

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó de que la Asamblea Constituyente, afín al gobierno, se arrogó autoridad sobre los poderes constituidos, asumió funciones legislativas y destituyó a Luisa Ortega Díaz del cargo de fiscal general de la República. [4]

La Asamblea Constituyente concluyó sus actividades en diciembre de 2020 sin elaborar una nueva constitución.  Durante su funcionamiento dictó instrumentos denominados leyes constitucionales, entre ellos el relativo a las Fuerzas Armadas que se examina en A-3.2. [8] [9]

A-2.5).  Corte Suprema de Justicia[ordenamiento de 1961–1999]

La Corte Suprema era el máximo órgano judicial en el ordenamiento constitucional de 1961.  Entre sus atribuciones figuraban el control de constitucionalidad y la resolución de los asuntos que le encomendaban la Constitución y la ley.  Su organización varió durante este período.  Conforme a la Ley Orgánica de 1976, estaba integrada por tres salas de cinco magistrados cada una:  Político-Administrativa, de Casación Civil y de Casación Penal.  El número total de magistrados era, por tanto, de quince. [1] [10]

A-2.6).  Tribunal Supremo de Justicia [1999–2026]

La Constitución de 1999 sustituyó la Corte Suprema por el Tribunal Supremo, organizado en salas especializadas, entre ellas una Sala Constitucional.  Sus funciones comprenden la jurisdicción constitucional, la revisión judicial definitiva en las materias de su competencia y la administración y supervisión del Poder Judicial.  El artículo 267 atribuye al Tribunal la dirección, el gobierno y la administración del Poder Judicial. [2]

La ley determina el número de magistrados del Tribunal.  Inicialmente eran veinte; la Ley Orgánica de 2004 elevó su número a treinta y dos, y la reforma de 2022 lo redujo a veinte. [11][5]

El informe de la Comisión Internacional de Juristas de 2021 examinó el nombramiento, la permanencia en el cargo y la remoción de los jueces, y concluyó que la injerencia política comprometía la independencia judicial. [5]

Una nueva reforma de la Ley Orgánica, vigente desde el 22 de mayo de 2026, elevó a treinta y dos el número legal de magistrados:  siete en la Sala Constitucional y cinco en cada una de las otras cinco salas.  La reforma dispuso los nombramientos correspondientes a la nueva composición. [89]

Una segunda reforma, publicada el 15 de septiembre de 2026, estableció un Comité de Postulaciones Judiciales de veintitrés miembros:  once diputados de la Asamblea Nacional y doce representantes postulados por otros sectores de la sociedad. [90]  La información publicada el 14 de octubre señalaba que la selección del nuevo Tribunal seguía en curso.  La ampliación prevista en la ley y la culminación de los nombramientos se consignan por separado. [91]

A-2.7).  Poder Electoral y Consejo Nacional Electoral

La denominación Consejo Nacional Electoral [CNE] es anterior a la Constitución de 1999:  se adoptó con la reforma electoral de 1997.  La Constitución de 1999 estableció el Poder Electoral como poder nacional diferenciado, con el CNE como órgano rector.  Entre sus atribuciones figuran la organización de elecciones y referendos, la conservación y actualización del registro electoral y la reglamentación de las materias que le encomienda la legislación electoral. [12] [2]

El artículo 296 dispone que el CNE esté integrado por cinco miembros principales sin vinculación con organizaciones políticas.  Tres son postulados por la sociedad civil; uno, por las facultades de ciencias jurídicas y políticas de las universidades nacionales; y otro, por el Poder Ciudadano.  La Asamblea Nacional los designa por mayoría de dos tercios para períodos de siete años, conforme a las disposiciones constitucionales sobre su selección y renovación. [2]

Tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, el CNE declaró vencedor a Maduro.  El Centro Carter informó de que el CNE no había publicado los resultados por mesa que sustentaran los totales anunciados ni había aportado pruebas del ataque informático que alegaba haber sufrido. [13]  El Centro concluyó que las elecciones no cumplían las normas internacionales y no podían considerarse democráticas. [14]

En su informe final, publicado en febrero de 2025, el Centro Carter concluyó que las actas de mesa disponibles demostraban una clara victoria de Edmundo González Urrutia en las elecciones de 2024. [13]

El 22 de agosto de 2024, la Sala Electoral del Tribunal Supremo avaló el resultado anunciado por el CNE. [92]

El 23 de septiembre de 2026, Rodríguez prometió públicamente la celebración de elecciones sin precisar una fecha.  Reuters informó de que representantes de la oposición reclamaban cambios en el Poder Judicial y en la autoridad electoral como condiciones para un proceso competitivo. [93]

A-2.8).  Poder Ciudadano [1999–2026]

El Poder Ciudadano se ejerce por medio del Consejo Moral Republicano, integrado por el fiscal general de la República, el defensor del Pueblo y el contralor general de la República.  Las instituciones que lo componen gozan de autonomía constitucional y cumplen funciones diferenciadas en materia de legalidad, derechos y administración de los recursos públicos. [2]

El artículo 279 establece un procedimiento común de designación.  El Consejo Moral Republicano convoca un comité de evaluación de postulaciones con participación de diversos sectores de la sociedad.  Mediante un proceso público de evaluación se elabora una terna para cada cargo, que se remite a la Asamblea Nacional para que efectúe la designación por mayoría de dos tercios dentro de un plazo de treinta días consecutivos.  Si no se alcanza un acuerdo, la Constitución prevé someter la terna a consulta popular.  Si no se convoca el comité de evaluación, la Asamblea procede a la designación en el plazo que determine la ley. [2]

a).  Ministerio Público [incorporado al Poder Ciudadano en 1999].  Bajo la dirección del fiscal general de la República, el Ministerio Público dirige las investigaciones penales, ejerce la acción penal pública cuando corresponde y vela por las garantías constitucionales en los procesos judiciales.  La institución existía antes de 1999; la nueva Constitución la integró en el Poder Ciudadano.  El artículo 284 establece un período de siete años para el fiscal general de la República y remite su designación al procedimiento previsto para el Poder Ciudadano. [1] [2]

El 9 de abril de 2026, la Asamblea Nacional designó a Larry Devoe fiscal general de la República, tras la renuncia de Tarek William Saab en febrero. [94]

El procurador general de la Repúblicarepresenta y defiende los intereses patrimoniales de la República.  El artículo 249 dispone que su nombramiento corresponde al presidente, con autorización de la Asamblea Nacional. [2]

b).  Defensoría del Pueblo [creada por la Constitución de 1999].  El defensor del Pueblo promueve y defiende los derechos constitucionales y humanos, vigila la actuación de las autoridades y los servicios públicos y puede ejercer las acciones que la ley atribuye al cargo.  Su titular dura siete años en sus funciones y se designa conforme al artículo 279. [2]

La Asamblea designó a Eglée González Lobato defensora del Pueblo el 9 de abril de 2026, tras la renuncia de Alfredo Ruiz en febrero.  EFE recogió las objeciones de organizaciones de la sociedad civil a la transparencia del procedimiento y a la composición del órgano encargado de seleccionar a los candidatos para ambos cargos del Poder Ciudadano. [94]

c).  Contraloría General de la República[incorporada al Poder Ciudadano en 1999].  La Contraloría supervisa los ingresos, los gastos y los bienes públicos y ejerce el control fiscal conforme a la Constitución y a la ley.  Esta institución también es anterior a 1999.  La Constitución establece para su titular un período de siete años y la designación conforme al artículo 279.  Sus funciones de fiscalización se distinguen de la persecución de los delitos y de la determinación judicial de la responsabilidad penal. [1] [2]


A-2.9).  Ministerios del Ejecutivo y principales ámbitos de competencia [1999–2026]

Los ministerios formulan y ejecutan la política nacional en el ámbito del Ejecutivo.  El artículo 236 faculta al presidente para nombrar y remover a los ministros y, dentro de los límites legales, determinar la organización y las competencias de los ministerios.  La Asamblea Nacional ejerce la fiscalización parlamentaria mediante sus atribuciones presupuestarias, de investigación y de control político. [2]

Las dieciocho carteras que se describen a continuación ofrecen una relación selectiva de funciones.  Sus denominaciones, competencias y formas de organización variaron durante el período.  El decreto de 2016 sobre la organización de la Administración Pública Nacional sirve de referencia documental para la distribución de atribuciones y se complementa, donde se indica, con otras disposiciones y documentos. [15]

1.  Defensa:  Ministerio del Poder Popular para la Defensa.  El ministerio formula la política de defensa y administra el personal militar, los recursos, las adquisiciones y las demás materias que le corresponden en el Ejecutivo.  La ley de 2020 sobre las Fuerzas Armadas atribuye funciones administrativas al ministerio y funciones operacionales al Comando Estratégico Operacional. [9]

El 18 de marzo de 2026, Rodríguez nombró a Gustavo González López ministro de Defensa en sustitución de Vladimir Padrino López, que ocupaba la cartera desde 2014. [95]

2.  Relaciones exteriores:  Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores.  Este ministerio ejerce la actividad diplomática, administra los servicios diplomáticos y consulares, participa en la negociación de tratados y representa al gobierno ante los organismos internacionales.  Ejecuta la política exterior presidencial conforme a la Constitución, incluida la aprobación legislativa de los acuerdos internacionales cuando resulte preceptiva. [15] [2]

3.  Interior, justicia y paz:  Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.  Sus competencias comprenden la seguridad interior, la política policial, el orden público, la protección civil y las materias administrativas conexas.  El artículo 267 atribuye el gobierno y la administración judiciales al Tribunal Supremo; el ejercicio de la acción penal corresponde al Ministerio Público. [15] [2]

4.  Economía y finanzas:  Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas, con sucesivas denominaciones.  La cartera de finanzas elabora y administra la política fiscal, coordina las materias presupuestarias y de tesorería, gestiona el crédito público y supervisa las entidades que la ley le adscribe.  El artículo 318 atribuye las funciones monetarias al Banco Central de Venezuela y reconoce su autonomía en la formulación y el ejercicio de las políticas de su competencia. [15] [2]

5.  Planificación:  Ministerio del Poder Popular de Planificación, anteriormente vinculado a la denominación Planificación y Desarrollo.  Esta cartera coordina la planificación del desarrollo nacional, las prioridades de inversión pública, la planificación institucional y los trabajos estadísticos correspondientes. [15]

6.  Educación:  Ministerio del Poder Popular para la Educación.  Este ministerio dirige la política de educación inicial, primaria y secundaria y las modalidades educativas que le están atribuidas.  La educación universitaria también ha contado con una cartera propia.  Un comunicado ministerial de enero de 2024 recoge la coordinación entre los ministerios de Educación y de Educación Universitaria. [16]

7.  Salud:  Ministerio del Poder Popular para la Salud.  La cartera de salud dirige la política sanitaria, la vigilancia epidemiológica, la prevención de enfermedades y la coordinación de los servicios e instituciones adscritos a ella. [15]  El informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de 2019 documentó la escasez de medicamentos, el deterioro de las instalaciones y los obstáculos para acceder a la atención sanitaria. [17]

8.  Alimentación:  Ministerio del Poder Popular para la Alimentación.  Este ministerio coordina las políticas de abastecimiento y distribución de alimentos y las entidades públicas encargadas de esas funciones.  El ordenamiento administrativo distribuye las atribuciones conexas entre los organismos competentes en agricultura, comercio, importaciones, nutrición y asistencia social. [15]

9.  Ciencia y tecnología:  Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, cuya organización ha variado.  Esta cartera promueve la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación y la cooperación entre las instituciones públicas y la comunidad científica.  En la organización administrativa de 2016, la educación universitaria, la ciencia y la tecnología se reunían en un solo ministerio. [15]

10.  Comercio:  carteras de comercio interior y exterior.  La política comercial se ha distribuido entre las carteras competentes en industria y comercio interior, comercio exterior e inversión internacional.  El decreto de 2016 identifica por separado el Ministerio del Poder Popular para la Industria y Comercio y el Ministerio del Poder Popular para el Comercio Exterior e Inversión Internacional. [15]

11.  Hábitat y vivienda:  Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda.  La cartera de vivienda formula políticas de construcción residencial, financiación de viviendas y mejora de las condiciones del hábitat, con atribuciones en materia de desarrollo urbano y servicios residenciales. [15]

12.  Energía eléctrica:  Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica.  Este ministerio dirige la política y la planificación del sector eléctrico y supervisa las entidades que le están adscritas.  La generación, la transmisión, la distribución y el mantenimiento corresponden a las entidades operadoras. [15]

13.  Petróleo:  Ministerio del Poder Popular de Petróleo, con sucesivas denominaciones.  Esta cartera formula la política de hidrocarburos, regula las actividades de su competencia y vela por los intereses del Estado en el sector.  Petróleos de Venezuela, S.A. [PDVSA] y otras empresas realizan las operaciones de producción, refino y comercialización. [15]

La Ley Orgánica de Hidrocarburos se reformó el 29 de enero de 2026.  La reforma incorporó disposiciones sobre los contratos para el desarrollo de actividades primarias y modificó el régimen de operaciones, las disposiciones fiscales y las atribuciones ministeriales. [96]  El 17 de octubre, Rodríguez anunció que esperaba inversiones petroleras de cerca de 76.000 millones de dólares estadounidenses durante cinco años y aludió a nuevos acuerdos, entre ellos los de cooperación con los Estados Unidos.  La cifra correspondía a una previsión gubernamental. [97]

14.  Agricultura y tierras:  Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras.  Esta cartera coordina el desarrollo agrícola, la capacidad productiva, la política rural y las materias relativas a la tierra que le atribuye la ley.  La organización administrativa de 2016 encomendaba la pesca, la agricultura urbana y la distribución de alimentos a carteras ministeriales diferenciadas. [15]

15.  Transporte:  Ministerio del Poder Popular para el Transporte, con diversas formas de agrupación con obras públicas.  Las competencias en materia de transporte comprenden las infraestructuras, los servicios, la regulación y la supervisión de los organismos y empresas públicas del sector.  El decreto de 2016 atribuía las competencias de transporte terrestre, acuático y aéreo al Ministerio del Poder Popular para Transporte y Obras Públicas. [15]

16.  Mujer e igualdad de género:  Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género[creado en 2009].  Este ministerio coordina las políticas relativas a los derechos de las mujeres, la participación en condiciones de igualdad y la prevención de la discriminación y la violencia por razón de género.  Su creación estuvo precedida por otras formas de organización institucional dedicadas a los asuntos de la mujer. [18] [15]

17.  Comunicación e información:  Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información.  Esta cartera coordina la comunicación del Ejecutivo y las funciones relativas a los medios públicos que le están atribuidas. [15]  El informe de Human Rights Watch sobre los acontecimientos de 2023 documentó restricciones a los medios independientes y el hostigamiento de periodistas. [19]

18.  Cultura:  Ministerio del Poder Popular para la Cultura.  Este ministerio formula la política cultural, apoya la actividad artística y supervisa las instituciones dedicadas al patrimonio, los museos, la edición y las demás funciones culturales de su competencia.  La Constitución reconoce la libertad y la diversidad culturales y los derechos de los creadores y las comunidades. [15] [2]


A-3).  Fuerzas Armadas

La organización y las funciones de las Fuerzas Armadas se regulan en las disposiciones constitucionales sobre defensa y seguridad nacionales y en la legislación militar posterior.  Las entradas que siguen distinguen los ordenamientos constitucionales de 1961 y 1999 y las modificaciones legislativas ulteriores. [1] [2]

A-3.1).  Fuerzas Armadas Nacionales [1961–1999]

En el ordenamiento constitucional de 1961, las Fuerzas Armadas comprendían el Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional.  La Guardia Nacional, creada en 1937, ya formaba parte de la institución militar antes de la Constitución de 1999.  La Ley Orgánica de 1995 identificaba expresamente estos cuatro componentes. [1] [20]

El artículo 132 de la Constitución de 1961 definía las Fuerzas Armadas como una institución apolítica, obediente y no deliberante al servicio de la República.  Entre sus funciones figuraban la defensa nacional, la estabilidad constitucional y la protección del orden democrático. [1]

A-3.2).  Fuerza Armada Nacionaly Fuerza Armada Nacional Bolivariana [1999–2026]

El artículo 328 de la Constitución de 1999 describe la Fuerza Armada Nacional como una institución profesional, sin militancia política, organizada para defender la soberanía y la integridad territorial.  También le atribuye participación en el mantenimiento del orden interno y en el desarrollo nacional conforme a la Constitución.  Los cuatro componentes que nombra el texto constitucional son el Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional.  El artículo 330 permite votar a los militares en servicio activo, pero les prohíbe la actividad política partidista y la postulación a cargos de elección popular mientras permanezcan en servicio activo. [2]

La denominación Fuerza Armada Nacional Bolivariana [FANB] se incorporó mediante la legislación orgánica de 2008. [21]

La Asamblea Nacional Constituyente dictó la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicada en la Gaceta Oficial n.º 6.508 Extraordinario, de 30 de enero de 2020.  Su preámbulo invocaba los artículos 347–349 de la Constitución.  Los artículos 22 y 59 califican a la Milicia Bolivariana como componente especial.  La denominación ley constitucional corresponde a la forma legislativa empleada por aquella Asamblea Constituyente, cuya controvertida convocatoria se trata en A-2.4. [9]

En su estudio de 2023 publicado por la Fundación Carolina, Francine Jácome documentó la participación de militares en cargos ministeriales, empresas públicas, la administración territorial y actividades económicas.  La autora examinó estas funciones como manifestaciones de la militarización del gobierno y de la sociedad. [22]

Fuerzas estadounidenses llevaron a cabo la captura de Maduro en enero de 2026.  La posterior asunción de la Presidencia por Delcy Rodríguez en calidad de encargada y el cambio de ministro de Defensa de marzo se recogen en A-2.1 y A-2.9. [86] [95]


A-4).  Organismos de inteligencia y de seguridad del Estado

Las instituciones que se enumeran a continuación desempeñan funciones de inteligencia, contrainteligencia militar, investigación penal y mantenimiento del orden público.  Su adscripción y sus atribuciones se describen por separado en las entradas correspondientes.

Las conclusiones de 2022 de la misión de determinación de los hechos de las Naciones Unidas documentaron el empleo de los servicios de inteligencia en la represión de opositores al gobierno, reales o presuntos, mediante prácticas que incluían la detención arbitraria y la tortura.  La misión examinó las estructuras institucionales, las prácticas operativas y las cadenas de responsabilidad. [23]

A-4.1).  Organismos de inteligencia y contrainteligencia

1.  Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención [DISIP, 1969–2010].  Habitualmente asociada con la denominación posterior Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención, la DISIP fue el principal organismo civil de inteligencia y seguridad política.  Su trayectoria institucional abarcó tanto el período anterior a 1999 como el bolivariano.  Una reorganización iniciada en 2009 culminó con el cambio formal de denominación a SEBIN mediante el Decreto n.º 7.453, de 1 de junio de 2010. [24] [25]

2.  Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional [SEBIN, 2010–2026].  El SEBIN es el principal servicio civil de inteligencia y ejerce funciones de inteligencia y contrainteligencia en las materias de su competencia.  Su adscripción administrativa ha variado.  Forma parte de la estructura de seguridad del Ejecutivo. [25]

La misión de determinación de los hechos de las Naciones Unidas documentó detenciones arbitrarias, torturas y otras violaciones cometidas por el SEBIN contra personas consideradas opositoras.  Sus conclusiones de 2022 vincularon estas prácticas con un plan estatal de represión política y señalaron fundamentos para atribuir responsabilidades que alcanzaban a altos funcionarios. [23]

En septiembre de 2026, Acceso a la Justicia informó de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había ordenado el cierre de El Helicoide mediante una sentencia de abril, notificada a Venezuela el 10 de junio.  La organización señaló que la información pública era insuficiente para comprobar su cumplimiento.  Examinó por separado los traslados de presos recogidos en la prensa y la ejecución de las reparaciones ordenadas en la sentencia. [98]

3.  Dirección General de Contrainteligencia Militar [DGCIM; denominación vigente desde 2011].  La DGCIM procede de estructuras anteriores de inteligencia militar, entre ellas la Dirección de Inteligencia Militar [DIM].  Sus competencias de contrainteligencia se refieren a las amenazas contra la seguridad militar. [25]

En marzo de 2026, Germán Gómez Lárez fue nombrado al frente de la DGCIM tras el paso de González López al Ministerio de Defensa. [95]

La misión de determinación de los hechos describió detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual y otros abusos graves vinculados con instalaciones y miembros de la DGCIM, incluidas operaciones contra militares y civiles considerados opositores. [25]

A-4.2).  Organismos de seguridad del Estado

La Guardia Nacional es un componente militar; el CICPC, un órgano de investigación policial; la Policía Nacional, una institución policial civil; y las FAES fueron una unidad especializada de la Policía Nacional.  Las policías estadales y municipales integran también el sistema policial. [9] [26]

4.  Guardia Nacional y Guardia Nacional Bolivariana [1937–2026].  Creada durante la presidencia de Eleazar López Contreras, la Guardia Nacional combina su carácter militar con funciones de orden interno, control fronterizo y apoyo al cumplimiento de la ley.  El artículo 329 de la Constitución de 1999 le atribuye la responsabilidad básica de las operaciones necesarias para mantener el orden interno. [27] [2]

El informe de 2018 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó el uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y malos tratos en los que intervinieron la Guardia Nacional y otros cuerpos de seguridad durante las manifestaciones. [28]

5.  Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas [CICPC, 2001–2026].  El CICPC sucedió al Cuerpo Técnico de Policía Judicial, conocido habitualmente como Policía Técnica Judicial [PTJ], cuyos orígenes se remontan a 1958.  Sus competencias incluyen la investigación penal, los exámenes forenses y la obtención técnica de pruebas.  En los procesos penales, la investigación se realiza bajo la dirección del Ministerio Público y con sujeción a las garantías procesales. [29] [2]

6.  Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana [PNB; en funcionamiento desde 2009].  La Policía Nacional surgió de las reformas policiales y de la legislación orgánica aprobadas durante el gobierno de Chávez.  Ejerce funciones policiales de alcance nacional, entre ellas la prevención del delito, el mantenimiento del orden público y las atribuciones que se le encomiendan en determinados ámbitos y servicios.  Forma parte de la estructura de seguridad interior del Ejecutivo. [26]

La ley del servicio de policía establece la política nacional y las funciones de coordinación y supervisión de un sistema que comprende policías nacionales, estadales y municipales, cada una con competencias propias. [26]

7.  Fuerzas de Acciones Especiales [FAES; creación fechada en 2016 o 2017 según la fuente].  Las FAES fueron una unidad especializada de la PNB vinculada a operaciones contra la delincuencia.  La información publicada por Human Rights Watch en septiembre de 2019 sitúa su creación en 2017.  Un reportaje de TalCual de junio de 2019, reproducido por PROVEA, la fecha en abril de 2016. [30] [31]

Human Rights Watch y la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentaron muertes durante presuntos enfrentamientos, detenciones arbitrarias y otros abusos en los que intervinieron las FAES, especialmente en comunidades de bajos ingresos.  El informe de la Alta Comisionada de 2019 pidió su disolución y la investigación de sus integrantes. [30] [17]

El Informe Mundial 2024 de Human Rights Watch señala que las FAES fueron disueltas en 2022 y sustituidas por la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas [DAET].  Con referencia a la misión de determinación de los hechos de las Naciones Unidas, el informe recoge la similitud de funciones y métodos y la designación, para puestos clave de la DAET, de antiguos miembros de las FAES implicados en abusos. [19]

A-4.3).  Detenciones posteriores a las elecciones, amnistía y procesos judiciales [2024–2026]

El informe de septiembre de 2024 de la misión de determinación de los hechos de las Naciones Unidas recogió veinticinco muertes en la represión posterior a las elecciones presidenciales, así como detenciones arbitrarias y violaciones de derechos de manifestantes y personas consideradas opositoras. [92]

En marzo de 2025, la misión de determinación de los hechos de las Naciones Unidas informó de que persistían formas graves de represión y crímenes de lesa humanidad.  En su evaluación de septiembre destacó la ausencia de una rendición de cuentas efectiva en el ámbito nacional y la necesidad de una actuación internacional en favor de las víctimas. [99] [100]

La Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática entró en vigor el 19 de febrero de 2026.  Comprende delitos vinculados con determinados hechos dentro de un período que comienza el 1 de enero de 1999, con sujeción a los requisitos y las exclusiones que establece.  Su aplicación exige seguir los procedimientos previstos en la ley. [101]

En septiembre de 2026, la misión de determinación de los hechos de las Naciones Unidas informó de que el aparato represivo del Estado permanecía intacto pese a los limitados cambios políticos. [102]  La información de Reuters sobre esas conclusiones recogió una disminución de las detenciones por motivos políticos, junto con la persistencia de abusos, incluidas torturas, y la permanencia de cientos de personas detenidas.  La misión calificó los cambios de limitados y reversibles. [103]

La Resolución n.º 2026-0010 del Tribunal Supremo, de 13 de octubre de 2026, reorganizó la tramitación de las causas por terrorismo:  suprimió la competencia de alcance nacional de los juzgados especiales especificados en ella y redistribuyó las causas dentro de la jurisdicción penal, con excepciones transitorias.  La resolución regula la competencia y el reparto de las causas; las disposiciones penales sustantivas constituyen una materia distinta. [104]

El 8 de octubre de 2026, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció un nuevo escrito de acusación, que reemplazaba al anterior, contra Maduro y Flores por conspiración para cometer torturas, además de delitos relacionados con narcóticos y armas.  La acusación sostenía que se habían utilizado instituciones del Estado para maltratar a detenidos. [105]  Ambos acusados se declararon no culpables el 15 de octubre.  El juicio quedó señalado para el 14 de junio de 2027; las acusaciones seguían pendientes de resolución judicial en la fecha de cierre de este borrador. [106]


B).  Evolución de los partidos y movimientos políticos [1830–2026]

Este apartado recoge una selección de facciones del siglo XIX, partidos modernos, movimientos revolucionarios, organizaciones electorales y coaliciones.  Las fechas indican los orígenes documentados o los períodos de actividad; cuando el movimiento precedió a su inscripción como partido, se hace constar esa circunstancia.

Cuando una intervención judicial ha alterado el control de las denominaciones registradas y los símbolos electorales de un partido, las entradas distinguen dicho control de la dirigencia y la militancia históricas de la organización.

B-1).  Primeras tradiciones políticas y movimientos personalistas [1830–1935]

1.  Conservadores [principalmente entre las décadas de 1830 y 1850].  La corriente conservadora se formó en torno al orden político vinculado con José Antonio Páez y sus apoyos entre comerciantes, propietarios de tierras y funcionarios de la administración.  Favorecía la estabilidad política y la autoridad establecida.  Se trataba de una agrupación histórica de afinidades e intereses, no de un partido moderno con inscripción continuada. [32]

2.  Partido Liberal y Gran Partido Liberal [desde 1840].  Vinculada inicialmente con Antonio Leocadio Guzmán, Tomás Lander y el periódico El Venezolano, la organización liberal se opuso a los grupos que ejercían el poder.  El federalismo y la ampliación de la participación política adquirieron importancia en la evolución de sus propuestas. [32]

3.  Guzmancismo y Liberalismo Amarillo [principalmente desde 1870].  El guzmancismo designa a los seguidores políticos de Antonio Guzmán Blanco dentro del liberalismo venezolano del siglo XIX. [32]

4.  Crespismo [especialmente en la década de 1890].  Los partidarios de Joaquín Crespo actuaban dentro de la tradición liberal mediante vínculos de lealtad personal y patronazgo político. [32]

5.  Gomecismo [1908–1935].  Juan Vicente Gómez mantuvo el poder mediante la autoridad militar, las relaciones regionales, el control administrativo y la represión.  El término gomecismo designa al régimen y sus redes de lealtad, más que a un partido que compitiera en elecciones.  La actividad opositora comprendió organizaciones en el exilio, movilizaciones estudiantiles y agrupaciones políticas clandestinas. [33]

Tras la muerte de Gómez, el gobierno de Eleazar López Contreras afrontó la oposición de nuevas organizaciones políticas, agrupaciones estudiantiles y activistas sindicales.  Durante este período se constituyeron ORVE y el PDN. [34] [35]

B-2).  Formación de los partidos modernos y transiciones democráticas [1926–1958]

6.  Partido Revolucionario Venezolano [PRV; fundado en el exilio en 1926].  Esta organización reunió a opositores de la dictadura de Gómez en un ámbito de incipiente organización revolucionaria y socialista. [36]

7.  Partido Comunista de Venezuela [PCV; fundado en 1931].  El PCV se desarrolló como una organización marxista-leninista vinculada con la movilización obrera y la transformación socialista.  Su trayectoria comprendió la clandestinidad, la legalización, la represión y el recurso tanto a estrategias electorales como revolucionarias.  Quedó excluido del Pacto de Puntofijo de 1958. [37] [38]

La dirigencia histórica del PCV apoyó a Chávez y, posteriormente, adoptó una posición crítica frente a Maduro; en 2020 participó en la formación de la APR.  En 2023, el Tribunal Supremo designó otra directiva. [39] [19]

8.  Organización Venezolana [ORVE, 1936].  ORVE actuó durante la apertura política posterior a Gómez.  Entre sus integrantes figuraban personas que más tarde participaron en el PDN y en Acción Democrática. [34]

9.  Partido Republicano Progresista [PRP, 1936].  El PRP surgió durante la apertura posterior a la dictadura y ofreció un cauce legal de actuación política a militantes marxistas y comunistas.  Sus antecedentes inmediatos se encontraban en la organización de la izquierda y en la oposición a la dictadura. [40]

10.  Partido Democrático Nacional [PDN, 1936–1941].  El PDN surgió de los esfuerzos por coordinar la oposición democrática y prosiguió su actividad clandestinamente tras negársele el reconocimiento oficial.  Fue un antecedente organizativo directo de Acción Democrática.  Su labor contribuyó a la formación de una estructura partidista nacional a finales de la década de 1930. [35] [41]

11.  Acción Democrática [AD; fundada en 1941].  AD se constituyó como un partido de masas de orientación socialdemócrata, con bases obreras y campesinas y un programa de inclusión política y desarrollo nacional.  Participó junto con oficiales militares en el derrocamiento de Medina Angarita en octubre de 1945.  Después de 1958 participó en el gobierno nacional. [41] [42]

En junio de 2020, el Tribunal Supremo suspendió a la dirigencia de AD y nombró una junta directiva ad hoc.  La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recogió esta intervención en su informe anual. [43]

12.  Partido Democrático Venezolano [PDV, 1943–1945].  El PDV se organizó para respaldar al presidente Isaías Medina Angarita.  Perteneció a un período de liberalización política en el que se ampliaron la actividad partidista y el debate público, mientras la elección presidencial seguía siendo indirecta y el sufragio, restringido.  Su actividad concluyó tras el derrocamiento cívico-militar de octubre de 1945. [44]

13.  Unión Republicana Democrática [URD; fundada en 1945].  URD se desarrolló como una organización nacionalista y democrática estrechamente vinculada con Jóvito Villalba.  Se opuso al gobierno militar y fue uno de los tres partidos signatarios del Pacto de Puntofijo. [42] [38]

14.  Comité de Organización Política Electoral Independiente [COPEI; fundado en 1946].  Conocido habitualmente como Partido Socialcristiano, COPEI se desarrolló bajo la dirección de Rafael Caldera y otros dirigentes demócrata-cristianos.  Combinó la orientación socialcristiana con la organización electoral y la participación en las instituciones representativas.  Participó en el gobierno nacional después de 1958.  El informe de la misión de observación electoral de la Unión Europea de 2021 recoge la intervención judicial que afectó a su dirigencia. [45] [6]

La sucesión de los procesos democráticos.  Al derrocamiento cívico-militar de Medina Angarita, el 18 de octubre de 1945, siguió una ampliación de la participación electoral.  Rómulo Betancourt presidió la junta revolucionaria provisional.  Rómulo Gallegos ganó las elecciones de diciembre de 1947, fue el primer presidente de Venezuela elegido por sufragio universal, directo y secreto y asumió el cargo en febrero de 1948.  Un golpe militar lo depuso en noviembre de 1948.  El período de gobierno militar que siguió concluyó en enero de 1958. [42] [46]

Mediante el Pacto de Puntofijo de octubre de 1958, AD, COPEI y URD se comprometieron a defender el orden electoral y constitucional y a cooperar en torno a un programa mínimo común.  Betancourt ganó las elecciones presidenciales de diciembre de 1958. [38] [34]

B-3).  Formación y reorganización de partidos [1960–1998]

15.  Movimiento de Izquierda Revolucionaria [MIR; fundado en 1960].  El MIR surgió de una escisión de AD y se vinculó con la izquierda revolucionaria y la insurgencia armada.  Las posteriores discrepancias estratégicas produjeron nuevas divisiones, mientras que sectores importantes regresaron más tarde a la actividad política legal. [47]

16.  Cruzada Cívica Nacionalista [CCN; organizada en la década de 1960].  Esta organización representaba una corriente política vinculada con el exdictador Marcos Pérez Jiménez y su Nuevo Ideal Nacional. [48]

17.  Movimiento Electoral del Pueblo[MEP; fundado en 1967].  El MEP surgió de una escisión de AD encabezada por Luis Beltrán Prieto Figueroa y otros dirigentes.  Adoptó una orientación nacionalista de izquierda y participó posteriormente en diversas alianzas electorales, entre ellas la coalición de gobierno bolivariana. [49]

18.  Bandera Roja [BR; fundada en 1970].  Bandera Roja tuvo su origen en una escisión de la izquierda revolucionaria y, en sus comienzos, recurrió a la lucha armada.  Posteriormente desarrolló una actividad política legal y pasó a oponerse a los gobiernos de Chávez y Maduro. [50]

19.  Movimiento al Socialismo [MAS; fundado en 1971].  El MAS surgió de una escisión del PCV.  Participó en elecciones y coaliciones políticas y, posteriormente, sufrió divisiones en torno al apoyo a Chávez. [51] [52]

20.  La Causa R [LCR; fundada en 1971].  Vinculada con Alfredo Maneiro, La Causa R se desarrolló mediante la organización obrera y comunitaria, especialmente en la Guayana industrial.  Concurrió a las elecciones de comienzos de la década de 1990.  De una escisión de La Causa R surgió PPT en 1997. [53]

21.  Liga Socialista [LS, 1973–2007].  La Liga Socialista pertenecía a la izquierda revolucionaria y participó en tareas de organización política y sindical.  Posteriormente apoyó a Chávez y se incorporó al proceso de integración en el PSUV en 2007. [54]

22.  Organización Renovadora Auténtica[ORA; fundada en 1987].  ORA surgió con una identidad cristiana evangélica y participó en la actividad electoral. [55] [56]

23.  Convergencia [fundada en 1993].  Convergencia se organizó en torno a la candidatura presidencial de Rafael Caldera tras su separación de COPEI.  Formó parte de la coalición más amplia que respaldó su victoria de 1993, conocida habitualmente como el chiripero. [57] [58]

24.  Patria Para Todos [PPT; fundado en 1997].  PPT surgió de una escisión de La Causa R y participó posteriormente en la coalición bolivariana.  Una intervención judicial en 2020 desplazó a su dirigencia y alteró el control de la denominación y los símbolos electorales del partido.  Su tarjeta electoral continuó utilizándose en 2024. [53] [59] [56]

25.  Movimiento V República [MVR, 1997–2007].  El MVR respaldó la candidatura presidencial con la que Hugo Chávez ganó las elecciones de 1998.  Surgió de la trayectoria política vinculada con el anterior Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 [MBR-200].  El MVR se integró en el PSUV en 2007. [60] [61]

26.  Proyecto Venezuela [fundado en 1998].  Proyecto Venezuela se formó en torno al proyecto político nacional de Henrique Salas Römer, a partir de su anterior base regional en Carabobo.  Respaldó su candidatura presidencial frente a Chávez en 1998 y participó posteriormente en la oposición.  Su fundación como organización nacional se distingue de la anterior organización regional Proyecto Carabobo. [62]

B-4).  Partidos y movimientos políticos del período bolivariano [1999–2026]

27.  Un Nuevo Tiempo [UNT; orígenes regionales en 1999 y organización nacional desde 2006].  UNT se desarrolló a partir de una base política zuliana vinculada con Manuel Rosales.  Su expansión nacional acompañó la candidatura presidencial de este en 2006.  Posteriormente participó en alianzas de oposición. [63]

28.  Primero Justicia [PJ; origen como asociación civil en 1992 y organización como partido desde 2000].  Primero Justicia comenzó como una asociación civil dedicada a la reforma jurídica e institucional y se convirtió después en un partido de oposición. [64]

En junio de 2020, el Tribunal Supremo designó una directiva ad hoc presidida por José Brito; posteriormente suspendió la medida.  El 22 de abril de 2024, mediante la sentencia n.º 207 de la Sala Constitucional, una junta ad hocencabezada por Brito volvió a recibir el control de la tarjeta y los símbolos electorales del partido.  La dirigencia histórica rechazó la intervención.  La tarjeta de PJ figuró en la boleta presidencial de 2024 en apoyo de Brito, mientras que la dirigencia histórica respaldó a Edmundo González Urrutia. [65] [66]

29.  Alianza Bravo Pueblo [ABP; fundada en 2000].  Vinculada con Antonio Ledezma y con una escisión de AD, ABP pasó a formar parte de la oposición al gobierno bolivariano. [67]

30.  Por la Democracia Social [PODEMOS; fundado en 2002].  PODEMOS surgió de una escisión del MAS.  Al principio apoyó a Chávez, pasó después a la oposición y, posteriormente, fue objeto de una intervención judicial que transfirió el control del partido a otra directiva. [68]

31.  Movimiento Revolucionario Tupamaro [el movimiento precedió a su inscripción como partido en 2004].  La organización Tupamaro se desarrolló a partir del activismo revolucionario urbano y participó más tarde en las elecciones como partidaria del proceso bolivariano.  Las discrepancias con el gobierno y la intervención judicial de 2020 dieron lugar a reclamaciones contrapuestas sobre la dirección y la identidad del partido. [69][70]

32.  Unidad Popular Venezolana [UPV; fundada en 2004].  Vinculada con Lina Ron, UPV se constituyó como una organización de apoyo militante a Chávez y conservó una presencia electoral propia en posteriores alianzas de gobierno.  Su tarjeta figuró en la boleta presidencial de 2024 dentro de la alianza que respaldaba a Maduro. [71] [56]

33.  Partido Socialista Unido de Venezuela [PSUV; formación iniciada en 2007].  Chávez promovió el PSUV como organización unitaria de las fuerzas que respaldaban su proyecto político.  En su constitución se integraron el MVR y otras organizaciones o sectores, mientras que algunos aliados conservaron su identidad propia.  El partido celebró su congreso fundacional en 2008. [61] [72]

El PSUV encabezó la alianza electoral de gobierno que apoyó a Maduro en 2024 y ocupó la primera posición en la boleta presidencial. [66]

34.  Voluntad Popular [VP; constituida como movimiento en 2009 y reconocida como partido en 2011].  Vinculada con Leopoldo López y otros promotores, Voluntad Popular se desarrolló en torno a la participación democrática, el cambio político y la oposición al gobierno.  Sus dirigentes y militantes afrontaron procesos penales, detenciones y exilio.  Una intervención judicial dio lugar, asimismo, a una disputa por el reconocimiento oficial de la dirección del partido. [73] [6]

35.  Movimiento Progresista de Venezuela, posteriormente Movimiento por Venezuela [MPV; fundado en 2012].  El MPV surgió de divisiones de la izquierda y participó en la coordinación de la oposición. [74]

36.  Avanzada Progresista [AP; fundada en 2012].  Vinculada con Henri Falcón y otros dirigentes, AP se desarrolló como una organización de centroizquierda favorable a la participación electoral y a la negociación política.  Sus estrategias difirieron en ocasiones de las de la principal coalición opositora, en particular respecto a la participación en elecciones cuyas condiciones eran objeto de controversia. [75]

37.  Vente Venezuela [fundada en 2012].  Vinculada con María Corina Machado, Vente se desarrolló como un movimiento político liberal que defendía las libertades individuales, la iniciativa privada y el cambio democrático.  Machado ganó las primarias de la oposición de 2023 y quedó excluida de la boleta presidencial de 2024. [76] [13]

Machado recibió el Premio Nobel de la Paz de 2025 por su labor en defensa de los derechos democráticos y de una transición democrática pacífica en Venezuela. [107]

38.  Movimiento Somos Venezuela[constituido como movimiento social en 2017 y transformado en partido en 2018].  Promovido por Maduro, Somos Venezuela se desarrolló en relación con la movilización en torno a los programas sociales y el sistema del Carnet de la Patria.  En 2018 obtuvo reconocimiento electoral mediante la transformación de Nuevo Camino Revolucionario [NCR]. [77]

39.  Cambiemos Movimiento Ciudadano[fundado en 2018].  Vinculado con Timoteo Zambrano, Cambiemos promovió la participación electoral y el diálogo.  Se integró en el sector de la oposición que emprendió negociaciones y estrategias electorales fuera de la principal coalición unitaria. [78]

40.  Encuentro Ciudadano [fundado en 2018].  Vinculado con Delsa Solórzano, Encuentro Ciudadano se desarrolló como una organización opositora centrada en la participación democrática y los derechos humanos.  Participó en la coordinación de la oposición y en el proceso de primarias de 2023. [79]

41.  Primero Venezuela [constituido en 2020].  Primero Venezuela fue creado por disidentes de Primero Justicia, entre ellos José Brito, y participó en las elecciones parlamentarias de 2020. [80]  La información publicada por Acceso a la Justicia el 14 de mayo de 2024 recoge la candidatura presidencial de Brito por la tarjeta de Primero Venezuela y la incorporación de la tarjeta de PJ a su candidatura tras la intervención judicial. [65]

42.  Fuerza Vecinal [fundada en 2021].  Fuerza Vecinal se constituyó en torno a dirigentes municipales, con atención a la administración local y a la participación electoral. [81]

B-5).  Coaliciones electorales y plataformas de coordinación

43.  Mesa de la Unidad Democrática[MUD; formada entre 2008 y 2009].  La MUD reunió a partidos de distintas ideologías para coordinar la oposición, presentar candidaturas comunes y concurrir a las elecciones.  Contribuyó a organizar campañas electorales de alcance nacional, incluida la que condujo a la victoria parlamentaria de la oposición en 2015. [82] [6]

44.  Gran Polo Patriótico Simón Bolívar[GPPSB; constituido en 2011].  Esta alianza reunió al PSUV, a partidos aliados y a organizaciones sociales que respaldaban al gobierno bolivariano. [83] [72]

45.  Alternativa Popular Revolucionaria[APR; formada en 2020].  La APR reunió a organizaciones y sectores comunistas y de otras corrientes de la izquierda revolucionaria que mantenían una posición crítica frente al gobierno de Maduro.  En 2020, el Tribunal Supremo nombró nuevas directivas para PPT y Tupamaro, cuyos dirigentes desplazados participaron en la coalición. [39] [59] [70]

46.  Plataforma Unitaria Democrática[PUD; constituida públicamente en 2021, tras anteriores iniciativas de unidad].  La plataforma se desarrolló como instancia de coordinación de partidos opositores y sectores aliados.  Participó en negociaciones, promovió las primarias opositoras de 2023 y respaldó a Edmundo González Urrutia en las elecciones presidenciales de 2024, tras la exclusión de Machado. [84] [13]

B-6).  Tarjetas electorales, continuidad de las organizaciones e intervención judicial

Además de las organizaciones descritas, otras figuraron en la boleta de 2024.  La reproducción publicada por El Diario identifica a Partido Verde, Futuro Venezuela, Enamórate, Partido Arepa, CONDE, Unidad Visión Venezuela y Derecha Democrática. [66]

La misión de observación electoral de la Unión Europea de 2021 informó de intervenciones judiciales que afectaban a las directivas de los partidos y al control de sus nombres, símbolos y postulaciones electorales.  Human Rights Watch recogió posteriormente la intervención del PCV en 2023; Acceso a la Justicia documentó la nueva intervención de Primero Justicia en 2024. [6] [19] [65]

B-7).  Participación electoral y negociaciones políticas [2025–2026]

Las organizaciones opositoras siguieron estrategias distintas en las elecciones legislativas de 2025.  La PUD llamó a la abstención, mientras que Henrique Capriles y otros dirigentes opositores participaron.  La Unión Interparlamentaria recoge once escaños para la alianza UNT–Unión entre los resultados anunciados. [88]

El 6 de agosto de 2026, Reuters informó del inicio de negociaciones, respaldadas por los Estados Unidos, entre representantes del gobierno de la presidenta encargada y una delegación opositora.  Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera encabezaban las respectivas delegaciones.  Machado no participaba en ese proceso de negociación. [108]

En octubre, Machado pidió la celebración de elecciones a más tardar en julio de 2027.  El plazo propuesto no constituía un calendario electoral oficial. [109]  El anuncio presidencial de septiembre citado en A-2.7 no precisaba una fecha. [93]


Fuentes y notas documentales

Las notas identifican textos constitucionales y legislativos, informes de instituciones independientes, estudios históricos, información periodística contemporánea y testimonios de las propias organizaciones.  Las publicaciones de los partidos se emplean para sus orígenes y fines declarados; las valoraciones sobre la actuación de las instituciones se atribuyen a los informes o estudios correspondientes.  La fecha de cierre documental de este borrador es el 21 de octubre de 2026.

[1] Constitución de la República de Venezuela de 1961, especialmente las disposiciones relativas a los poderes nacionales, la Presidencia, el Congreso, el Poder Judicial y las Fuerzas Armadas.  Edición documental del CIDEP.
https://cidep.online/files/constituciones/1961.pdf
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[2] Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, especialmente los artículos 136, 186–187, 192, 225–236, 247–249, 253–279, 280–296, 318, 328–330 y 347–349.  Texto disponible en el sitio de la Organización de los Estados Americanos.
https://www.oas.org/dil/esp/constitucion_venezuela.pdf
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[3] Constitución de Venezuela con la enmienda de 2009 incorporada.  Compárese el artículo 230 con el texto original; véase también el artículo 279.  Constitute Project.
https://constituteproject.org/constitution/Venezuela_2009?lang=es
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[4] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, informe sobre la institucionalidad democrática, el Estado de derecho y los derechos humanos en Venezuela, aprobado en 2017; edición inglesa publicada en 2018.
https://www.oea.org/en/iachr/reports/pdfs/venezuela2018-en.pdf
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[5] Comisión Internacional de Juristas, Jueces en la cuerda floja (2021):  nombramientos judiciales, permanencia en el cargo e influencia política.
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2021/06/Venezuela-Judges-on-the-tightrope-Publications-Reports-Thematic-reports-2021-SPA.pdf
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[6] Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, Venezuela 2021:  informe final.  Examina el ordenamiento jurídico, la administración electoral, la participación política y las intervenciones de partidos.
https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/eu_eom_ven_2021_fr_en.pdf
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[7] Comisión de Venecia, dictamen CDL-AD(2017)024 sobre las cuestiones jurídicas suscitadas por el proceso constituyente venezolano de 2017, especialmente el párrafo 27.  Ficha oficial del dictamen y reproducción en el repertorio de derecho electoral.
https://www.coe.int/en/web/venice-commission/-/cdl-ad-2017-024-e
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[8] Reuters, información sobre la sesión de clausura de la Asamblea Constituyente venezolana, 18 de diciembre de 2020, reproducida por Infobae.  Véase también la evaluación de la CIDH de 2020 sobre la falta de elaboración de una nueva constitución.
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/12/18/oficialistas-de-venezuela-cierran-criticada-asamblea-constituyente-2/
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[9] Asamblea Nacional Constituyente, Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Gaceta Oficial n.º 6.508 Extraordinario, de 30 de enero de 2020.  El preámbulo invoca los artículos 347–349; los artículos 22 y 59 califican a la Milicia Bolivariana como componente especial.  Reproducción de la Gaceta disponible en el sitio de Control Ciudadano.
https://www.controlciudadano.org/web/wp-content/uploads/LOFANB-2020-GO-6.508-ExT-30.01.2020.pdf
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[10] Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia de 1976, artículo 24:  tres salas de cinco magistrados cada una.  Texto legislativo reproducido por Justia.
https://venezuela.justia.com/estatales/miranda/leyes/ley-organica-de-la-corte-suprema-de-justicia-1976/gdoc/
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[11] Carlos Lusverti, análisis de la reforma del Tribunal Supremo venezolano de 2022, Justicia en las Américas, 15 de marzo de 2022.  Sobre la ampliación anterior, véase el informe de la Comisión Internacional de Juristas citado previamente.
https://dplfblog.com/2022/03/15/nueva-ley-y-nuevos-jueces-pero-el-mismo-control-politico-de-siempre-sobre-el-tribunal-supremo-de-venezuela/
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[12] Organización de los Estados Americanos, informe de observación electoral sobre las elecciones venezolanas de 1998, publicado en 1999.  Documenta la autoridad electoral y el ordenamiento jurídico anterior a 1999.
https://www.oas.org/sap/publications/1999/moe/venezuela/pbl_22_1999_spa.pdf
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[13] Centro Carter, informe final sobre las elecciones presidenciales venezolanas de 2024, publicado en febrero de 2025.  Se emplea retrospectivamente para los acontecimientos y las pruebas relativos a las elecciones de 2024.
https://www.cartercenter.org/wp-content/uploads/2025/02/venezuela-final-report-2025.pdf
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[14] Centro Carter, declaración sobre las elecciones presidenciales venezolanas, 30 de julio de 2024.  Documento distinto del informe final publicado posteriormente.
https://www.cartercenter.org/news/venezuela-073024/
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[15] Decreto n.º 2.378 sobre Organización General de la Administración Pública Nacional, Gaceta Oficial n.º 6.238 Extraordinario, de 13 de julio de 2016.  Texto legislativo histórico reproducido por Pandectas Digital; el cuerpo del apéndice recoge la existencia de reorganizaciones posteriores.
https://pandectasdigital.blogspot.com/2016/07/decreto-sobre-organizacion-general-de.html
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[16] Ministerio de Educación, anuncio de coordinación entre los ministerios de Educación y de Educación Universitaria, 16 de enero de 2024.  Acredita su existencia institucional separada durante el período examinado.
https://www.mppe.gob.ve/noticias/2024/01/16/articulaci%C3%B3n-acad%C3%A9mica-por-la-juventud-venezolana-mppe-y-el-mppeu-firman-resoluci%C3%B3n/
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[17] Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, informe A/HRC/41/18 (2019), sobre derechos económicos y sociales, operaciones de seguridad y rendición de cuentas.  Copia disponible en el sitio del Congreso de los Estados Unidos.
https://humanrightscommission.house.gov/sites/evo-subsites/humanrightscommission.house.gov/files/documents/20190705_UNHRC_HRinVZ_A.HRC_.41.18_0.pdf
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[18] Comisión Económica para América Latina y el Caribe, plataforma del Consenso de Montevideo:  ficha sobre el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género de Venezuela y su creación en 2009.
https://consensomontevideo.cepal.org/es/node/1244
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[19] Human Rights Watch, Informe Mundial 2024, capítulo sobre Venezuela.  Documenta acontecimientos de 2023, entre ellos la intervención del PCV y la reorganización de las FAES.
https://www.hrw.org/es/world-report/2024/country-chapters/venezuela
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[20] Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Nacionales de 1995, especialmente los artículos 4–7.  Texto legislativo histórico reproducido por Venciclopedia.
https://www.venciclopedia.org/index.php/Ley_Org%C3%A1nica_de_las_Fuerzas_Armadas_1995
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[21] Decreto n.º 6.239, Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Gaceta Oficial n.º 5.891 Extraordinario, de 31 de julio de 2008.  Gaceta digitalizada por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos.
https://tile.loc.gov/storage-services/service/ll/llflg/75/64/35/27/_v/e2/00/80/73/1c/75643527_ve20080731c/75643527_ve20080731c.pdf
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[22] Francine Jácome, « Militarismo y militarización.  El caso venezolano », en Marcos Robledo Hoecker y Francisco J. Verdes-Montenegro (eds.), Militarización, militarismo y democracia:  ¿nuevas tendencias en América Latina? (Fundación Carolina, 2023), pp. 153–169.
https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2023/06/Militarizacion.pdf
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[23]Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, debate del Consejo de Derechos Humanos sobre las conclusiones de la misión de determinación de los hechos sobre Venezuela, 26 de septiembre de 2022.
https://www.ungeneva.org/en/news-media/meeting-summary/2022/09/morning-human-rights-council-holds-interactive-dialogue-fact
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[24] Decreto n.º 7.453, Gaceta Oficial n.º 39.436, de 1 de junio de 2010:  cambio de denominación de la DISIP a SEBIN.  Registro jurídico de Iusdata.
https://iusdata.com/denominacion-cambio-disip-por-sebin/
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[25] Misión de determinación de los hechos de las Naciones Unidas, conclusiones detalladas sobre los crímenes cometidos a través de los servicios de inteligencia del Estado, A/HRC/51/CRP.3, septiembre de 2022.  Colección oficial de informes.
https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/ffmv/report-ffmv-september2022
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[26] Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, Gaceta Oficial n.º 5.940 Extraordinario, de 7 de diciembre de 2009.  Texto legislativo reproducido por Tu Gaceta Oficial.
https://tugacetaoficial.com/leyes/ley-organica-del-servicio-de-policia-y-del-cuerpo-de-policia-nacional-gaceta-5940-2009/
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[27] Héctor Bencomo Barrios, « Fuerzas Armadas », Diccionario de Historia de Venezuela, Fundación Empresas Polar.  Evolución histórica de los componentes militares y de la Guardia Nacional.
https://bibliofep.fundacionempresaspolar.org/dhv/entradas/f/fuerzas-armadas/
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[28] Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, informe sobre Venezuela de 2018, relativo a las violaciones de derechos, la rendición de cuentas y el trato dispensado a los manifestantes.
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/VE/VenezuelaReport2018_EN.pdf
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[29] Keymer Ávila y colaboradores, Visión panorámica del sistema policial en Venezuela (2000–2018), Acceso a la Justicia.  Véanse los apartados sobre el CICPC, la Policía Nacional y sus antecedentes institucionales.
https://www.accesoalajusticia.org/wp-content/uploads/2020/05/Informe-sobre-desempe%C3%B1o-sistema-policial-venezolano-2000-2018.pdf
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[30] Human Rights Watch, investigación sobre ejecuciones extrajudiciales en zonas de bajos ingresos de Venezuela, 18 de septiembre de 2019.
https://www.hrw.org/news/2019/09/18/venezuela-extrajudicial-killings-poor-areas
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[31] TalCual, « Tres estados acumularon 50% de las 143 muertes a manos de las FAES durante mayo », reproducido por PROVEA el 12 de junio de 2019.  Sitúa la creación en abril de 2016; la información de Human Rights Watch citada por separado la fecha en 2017.
https://provea.org/actualidad/tres-estados-acumularon-50-de-las-143-muertes-a-manos-de-las-faes-durante-mayo/
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[32] « Partidos políticos », Diccionario de Historia de Venezuela, Fundación Empresas Polar.  Fuente para las tradiciones partidistas y las agrupaciones personalistas del siglo XIX.
https://bibliofep.fundacionempresaspolar.org/dhv/entradas/p/partidos-politicos/
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[33] « Gómez, Juan Vicente, gobierno de », Diccionario de Historia de Venezuela, Fundación Empresas Polar.
https://bibliofep.fundacionempresaspolar.org/dhv/entradas/g/gomez-juan-vicente-gobierno-de/
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[34] « Betancourt, Rómulo », Diccionario de Historia de Venezuela, Fundación Empresas Polar.  Incluye las organizaciones posteriores a Gómez y las transiciones democráticas.
https://bibliofep.fundacionempresaspolar.org/dhv/entradas/b/betancourt-romulo/
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[35] Fundación Empresas Polar, cronología histórica:  organización del Partido Democrático Nacional en 1936.
https://bibliofep.fundacionempresaspolar.org/_custom/static/cronologia_hv/zoom/s20/1936-32.html
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[36] Fundación Empresas Polar, cronología histórica:  formación del Partido Revolucionario Venezolano en el exilio, 1926.
https://bibliofep.fundacionempresaspolar.org/_custom/static/cronologia_hv/zoom/s20/1926-7.html
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[37] Wikipedia, entrada histórica sobre el Partido Comunista de Venezuela.  Fuente para la fecha de fundación y la orientación de la organización; las disputas contemporáneas por su dirección se examinan por separado mediante fuentes independientes.
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Comunista_de_Venezuela
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[38] Archivo documental de Rafael Caldera, relación y documentos sobre el Pacto de Puntofijo y sus signatarios.
https://rafaelcaldera.com/puntofijo/
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[39] Comunicado fundacional de la Alternativa Popular Revolucionaria, reproducido en agosto de 2020.  Fuente primaria sobre la formación de la coalición y sus fines declarados.
https://www.idcommunism.com/2020/08/alternativa-popular-revolucionaria-venezuela-new-antiimperialist-and-socialist-alliance.html
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[40] Wikipedia, entrada histórica sobre el Partido Republicano Progresista de Venezuela, incluida su constitución en 1936 y sus vínculos con el comunismo.
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Republicano_Progresista_(Venezuela)
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[41] Acción Democrática, historia de la organización.  Se emplea para el antecedente del PDN y la fundación de AD en 1941; las valoraciones institucionales se sustentan en informes independientes.
https://acciondemocratica.org.ve/adport/componentes/Historia2/
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[42] « Junta Revolucionaria de Gobierno », Diccionario de Historia de Venezuela, Fundación Empresas Polar.
https://bibliofep.fundacionempresaspolar.org/dhv/entradas/j/junta-revolucionaria-de-gobierno/
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[43] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe anual 2020, capítulo IV.B, Venezuela.  Incluye el contexto político e institucional y las intervenciones que afectaron a las directivas de los partidos.
https://www.oas.org/en/iachr/docs/annual/2020/Chapters/IA2020cap.4b.VE-en.pdf
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[44] « Medina Angarita, Isaías, gobierno de », Diccionario de Historia de Venezuela, Fundación Empresas Polar.
https://bibliofep.fundacionempresaspolar.org/dhv/entradas/m/medina-angarita-isaias-gobierno-de/
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[45] Fundación Empresas Polar, cronología histórica:  fundación y orientación socialcristiana de COPEI en 1946.
https://bibliofep.fundacionempresaspolar.org/_custom/static/cronologia_hv/zoom/s20/1946-2.html
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[46] « Gallegos, Rómulo, gobierno de », Diccionario de Historia de Venezuela, Fundación Empresas Polar.
https://bibliofep.fundacionempresaspolar.org/dhv/entradas/g/gallegos-romulo-gobierno-de/
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[47] « Guerrillas », Diccionario de Historia de Venezuela, Fundación Empresas Polar.  Examina la izquierda revolucionaria y el desarrollo de la insurgencia armada.
https://bibliofep.fundacionempresaspolar.org/dhv/entradas/g/guerrillas/
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[48] Wikipedia, entrada histórica sobre la Cruzada Cívica Nacionalista y su vinculación con Pérez Jiménez.
https://es.wikipedia.org/wiki/Cruzada_C%C3%ADvica_Nacionalista
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[49] Fundación Empresas Polar, cronología histórica:  fundación del Movimiento Electoral del Pueblo en 1967.
https://bibliofep.fundacionempresaspolar.org/_custom/static/cronologia_hv/zoom/s20-2/1967-46.html
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[50] Wikipedia, entrada histórica sobre Bandera Roja:  orígenes en 1970, procedencia de la izquierda revolucionaria y posterior actividad electoral.
https://es.wikipedia.org/wiki/Bandera_Roja_(Venezuela)
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[51]Movimiento al Socialismo, documento programático publicado por Nueva Sociedad(1980).  Fuente primaria sobre su orientación socialista democrática.
https://pre.nuso.org/articulo/movimiento-al-socialismo-venezuela/
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[52] Estudio académico sobre el Movimiento al Socialismo, publicado en 1981 e incluido en JSTOR.
https://www.jstor.org/stable/3539979
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[53] « Understanding the Collapse of Venezuela’s Causa Radical », Journal of Politics in Latin America, vol. 6, n.º 1 (2014).  Incluye los orígenes del partido y la escisión de la que surgió PPT.
https://ciaotest.cc.columbia.edu/journals/jpla/v6i1/f_0031490_25538.pdf
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[54] Wikipedia, entrada histórica sobre la Liga Socialista.  Sobre el anuncio de integración en el PSUV, véase también la información de la Agencia Bolivariana de Noticias del 21 de diciembre de 2006.
https://en.wikipedia.org/wiki/Socialist_League_(Venezuela)
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[55] Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, estudio y cuadros históricos sobre los partidos políticos venezolanos, incluida la fundación de ORA en 1987.
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/12/5544/6.pdf
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[56] La República, presentación de la boleta del CNE para las elecciones presidenciales de 2024.  Fecha que figura en el artículo:  11 de mayo de 2024; segmento de fecha de la URL:  2024/05/09.
https://larepublica.pe/mundo/venezuela/2024/05/09/elecciones-venezuela-2024-conoce-el-tarjeton-electoral-del-cne-que-revela-los-10-candidatos-presidenciales-235737
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[57] Convergencia, historia de la organización y de su dirigencia, incluida su constitución en junio de 1993.
https://partidoconvergencia.org/liderazgo/
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[58] CIDOB, « Rafael Caldera Rodríguez »:  biografía política, incluida la candidatura de 1993 y la coalición que la respaldó.
https://www.cidob.org/en/lider-politico/rafael-caldera-rodriguez
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[59] Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, sentencia n.º 0122, de 21 de agosto de 2020, relativa a PPT.  Decisión y ficha del caso reproducidas por Acceso a la Justicia.
https://accesoalajusticia.org/intervencion-judicial-de-la-organizacion-con-fines-politicos-patria-para-todos-ppt/
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[60] Universidad de Belgrano, estudio sobre el Movimiento V República y el desarrollo del proyecto político de Chávez.
https://repositorio.ub.edu.ar/bitstream/handle/123456789/185/55_rodriguez_games.pdf?isAllowed=y&sequence=2
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[61] Margarita López Maya, El PSUV y el sistema de partidos, 20 de enero de 2008.  Análisis contemporáneo de la formación del partido y de la concentración política.
https://margaritalopezmaya.com/wp-content/uploads/2022/06/El-PSUV-y-el-sistema-de-partidos-UN-20-1-08.pdf
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[62] Fundación Empresas Polar, cronología histórica:  Proyecto Venezuela y las elecciones presidenciales de 1998.
https://bibliofep.fundacionempresaspolar.org/_custom/static/cronologia_hv/zoom/s20-10/1998-87.html
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[63] Wikipedia, entrada histórica sobre Un Nuevo Tiempo, que distingue sus orígenes regionales de su expansión nacional.
https://es.wikipedia.org/wiki/Un_Nuevo_Tiempo
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[64] Primero Justicia, relación retrospectiva que distingue la asociación civil constituida en 1992 de la organización como partido en 2000.
https://www.primerojusticia.org.ve/cms/index.php?Itemid=468&cid=149%3Anoticias&id=21622%3Aalejandro-vivas-primero-justicia-15-anos-resteados-con-el-cambio-para-venezuela&option=com_flexicontent&view=item
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[65] Acceso a la Justicia, « La segunda intervención judicial de Primero Justicia y su impacto en las presidenciales de 2024 », 14 de mayo de 2024.  Véase el apartado « Ocultando al rival » sobre la candidatura de Brito por Primero Venezuela y la tarjeta del PJ intervenido judicialmente.
https://accesoalajusticia.org/segunda-intervencion-judicial-primero-justicia-impacto-presidenciales-2024/
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[66] El Diario, descripción y reproducción de la boleta presidencial, actualizada el 8 de mayo de 2024.  Incluye la tarjeta de Primero Justicia, intervenido judicialmente, en apoyo de José Brito, y las tarjetas de Futuro Venezuela y Partido Arepa.
https://eldiario.com/2024/05/08/boleta-electoral-elecciones-presidenciales-venezuela/
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[67] Wikipedia, entrada histórica sobre Alianza Bravo Pueblo, sus orígenes en 2000 y su vinculación con Antonio Ledezma.
https://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_Bravo_Pueblo
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[68] Wikipedia, entrada histórica sobre Por la Democracia Social, incluidos sus orígenes en 2002 y la intervención de su dirigencia en 2012.
https://es.wikipedia.org/wiki/Por_la_Democracia_Social
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[69] Wikipedia, entrada histórica sobre el movimiento Tupamaro venezolano, que distingue el activismo previo de su legalización como partido político en 2004.
https://es.wikipedia.org/wiki/Tupamaro_(Venezuela)
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[70] Runrun.es, información sobre la respuesta del movimiento Tupamaro a la intervención judicial, 19 de agosto de 2020.
https://runrunes.org/noticias/419292/movimiento-tupamaro-rechazo-intervencion-del-tsj-se-ha-consumado-el-robo-del-partido/
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[71] Wikipedia, entrada histórica sobre Unidad Popular Venezolana.  La boleta de 2024 documenta de forma independiente su posterior presencia electoral.
https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_Popular_Venezolana
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[72] CLACSO, cronología de Venezuela correspondiente a 2007.  Registro contemporáneo de los acontecimientos políticos durante la formación del PSUV.
https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/osal/20190429034519/Venezuela_2007.pdf
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[73] Leopoldo López, historia de Voluntad Popular:  constitución del movimiento en diciembre de 2009 y reconocimiento como partido en enero de 2011.
https://leopoldolopez.com/voluntad-popular/
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[74]Wikipedia, entrada histórica sobre el Movimiento por Venezuela, originalmente Movimiento Progresista de Venezuela, fundado en junio de 2012.
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_por_Venezuela
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[75] Tomás Straka, « Los partidos de última generación en Venezuela », PolítiKa UCAB, 4 de septiembre de 2023.  Examina partidos de trayectoria anterior y de reciente formación.
https://politikaucab.net/2023/09/04/los-partidos-de-ultima-generacion-en-venezuela/
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[76] Vente Venezuela, información de la organización publicada el 24 de mayo de 2021, que sitúa su fundación en 2012 y describe su desarrollo nacional.
https://www.ventevenezuela.org/2021/05/24/maria-corina-machado-vente-es-una-realidad-en-toda-venezuela/
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[77] El Pitazo, información sobre la transformación de Somos Venezuela en partido político, que distingue el movimiento de 2017 de su inscripción electoral en 2018.
https://elpitazo.net/sucesos/madurismo-se-convierte-partido-movimiento-somos-venezuela/
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[78] Wikipedia, entrada histórica sobre Cambiemos Movimiento Ciudadano, fundado en 2018 y vinculado con Timoteo Zambrano.
https://es.wikipedia.org/wiki/Cambiemos_Movimiento_Ciudadano
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[79] Encuentro Ciudadano, declaración oficial de la organización que sitúa su fundación el 13 de diciembre de 2018 y señala su atención a los derechos y las libertades ciudadanas.
https://encuentrociudadano.org/quienes-somos/
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[80] Runrun.es, información sobre partidos poco conocidos que concurrieron a las elecciones de 2021, incluidos los orígenes de Primero Venezuela.
https://runrun.es/noticias/453207/guachimanelectoral-los-partidos-poco-conocidos-que-van-a-las-elecciones-del-21n/
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[81] Directorio Legislativo, informe sobre las elecciones regionales y municipales venezolanas de 2021, publicado en enero de 2022.  Describe los orígenes municipales de Fuerza Vecinal y su constitución en 2021.
https://alertas-v3.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2022/01/Venezuela-Elecciones-regionales-y-municipales-2021-2022-1.pdf
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[82] María Dubuc, relación del acuerdo de la MUD de 2008 y su reorganización en 2009, publicada por Primero Justicia el 22 de enero de 2014.
https://www.primerojusticia.org.ve/cms/index.php?Itemid=499&cid=160%3Anuestros-dirigentes-opinan&id=13644%3Amaria-dubuc-un-responsabilidad-historica-la-verdadera-unidad&option=com_flexicontent&view=item
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[83] PSUV, información conmemorativa del tercer aniversario de la formación del Gran Polo Patriótico, ocurrida el 7 de octubre de 2011; publicada el 7 de octubre de 2014.
https://www.psuv.org.ve/temas/noticias/presidente-maduro-reconoce-lucha-gpp-a-tres-anos-su-conformacion/
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[84] Crónica Uno, información sobre el desarrollo organizativo de la Plataforma Unitaria y la designación de Omar Barboza, 2022.  Describe el proceso iniciado en abril de 2021.
https://cronica.uno/plataforma-unitaria-anuncia-refundacion-y-confirma-a-omar-barboza-como-secretario-ejecutivo/
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[85] Associated Press, información sobre la toma de posesión de Maduro, 10 de enero de 2025.
https://apnews.com/article/41df1203ab06e1ee9168622d12aac461
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[86] Reuters, información sobre el juramento de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela, 5 de enero de 2026.
https://www.reuters.com/world/americas/delcy-rodriguez-formally-sworn-venezuelas-interim-president-2026-01-05/
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[87] Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, sentencia n.º 00001, de 3 de enero de 2026, expediente 2026-00001.  Decisión y comentario reproducidos por Acceso a la Justicia.
https://accesoalajusticia.org/la-sc-ordena-que-delcy-rodriguez-presidencia-de-la-republica/
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[88] Unión Interparlamentaria, Parline, Venezuela:  elecciones a la Asamblea Nacional del 25 de mayo de 2025.  Las cifras de escaños reproducen el resultado electoral comunicado.
https://data.ipu.org/parliament/VE/VE-LC01/election/VE-LC01-E20250525/
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[89] Acceso a la Justicia, ficha de la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, Gaceta Oficial n.º 7.025 Extraordinario, de 22 de mayo de 2026; análisis publicado el 3 de junio de 2026.
https://accesoalajusticia.org/ley-organica-de-reforma-parcial-de-la-ley-organica-del-tribunal-supremo-de-justicia/
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[90] Acceso a la Justicia, ficha de la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, Gaceta Oficial n.º 7.074 Extraordinario, de 15 de septiembre de 2026; análisis publicado el 21 de septiembre de 2026.
https://accesoalajusticia.org/ley-organica-de-reforma-parcial-de-la-lotsj/
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[91] El País, información sobre la selección aún pendiente de los magistrados del Tribunal Supremo, 14 de octubre de 2026.
https://elpais.com/america/2026-10-14/un-nuevo-supremo-para-venezuela-con-prisa-y-sin-reglas-claras.html
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[92] Misión de determinación de los hechos de las Naciones Unidas, informe A/HRC/57/57, de 17 de septiembre de 2024.  Incluye la respuesta institucional y la represión posteriores a las elecciones.
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/sessions-regular/session57/advance-versions/a-hrc-57-57-en.pdf
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[93] Reuters, información sobre la promesa de elecciones formulada por Delcy Rodríguez, 23 de septiembre de 2026.  El anuncio no precisaba la fecha de los comicios.
https://www.reuters.com/world/americas/venezuelas-rodriguez-promises-elections-2026-09-23/
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[94] EFE, « El Parlamento de Venezuela designa a un nuevo fiscal general y a una defensora del pueblo », 9 de abril de 2026.
https://efe.com/mundo/2026-04-09/nuevo-fiscal-defensora-del-pueblo-venezuela/
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[95] Reuters, información sobre la sustitución del ministro de Defensa venezolano por el jefe de contrainteligencia militar, 18 de marzo de 2026.
https://www.reuters.com/world/americas/venezuela-acting-president-replaces-long-time-defense-minister-2026-03-18/
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[96] Acceso a la Justicia, ficha de la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, Gaceta Oficial n.º 6.978 Extraordinario, de 29 de enero de 2026; análisis publicado el 26 de febrero de 2026.
https://accesoalajusticia.org/ley-de-reforma-de-la-ley-organica-de-hidrocarburos/
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[97] Reuters, información sobre la previsión de inversiones petroleras anunciada por Rodríguez, 17 de octubre de 2026.  La cifra corresponde a una expectativa anunciada, no a inversiones ya realizadas.
https://www.reuters.com/business/energy/venezuela-expects-nearly-76-billion-oil-investment-over-five-years-acting-2026-10-17/
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[98] Acceso a la Justicia, examen del cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana sobre El Helicoide, 3 de septiembre de 2026.
https://accesoalajusticia.org/casi-3-meses-sentencia-sobre-helicoide-que-ha-hecho-estado-venezolano-cumplirla/
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[99] Misión de determinación de los hechos de las Naciones Unidas, declaración sobre la persistencia de la represión y los crímenes de lesa humanidad, 18 de marzo de 2025.
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2025/03/venezuela-harsh-repression-and-crimes-against-humanity-ongoing-fact-finding
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[100] Misión de determinación de los hechos de las Naciones Unidas, declaración sobre la rendición de cuentas y la justicia internacional, 22 de septiembre de 2025.
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2025/09/venezuela-only-hope-victims-find-justice-lies-international-community-says
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[101] Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, Gaceta Oficial n.º 6.990 Extraordinario, de 19 de febrero de 2026.  Ficha legislativa y análisis de Acceso a la Justicia, 24 de febrero de 2026.
https://accesoalajusticia.org/engaceta-ley-de-amnistia/
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[102] Misión de determinación de los hechos de las Naciones Unidas, declaración sobre la persistencia de la represión, 16 de septiembre de 2026.
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2026/09/venezuela-amidst-limited-political-changes-countrys-repressive-apparatus
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[103] Reuters, información sobre las conclusiones de septiembre de la misión de determinación de los hechos de las Naciones Unidas, 16 de septiembre de 2026.
https://www.reuters.com/world/americas/rights-abuses-persist-venezuela-despite-maduros-removal-un-experts-say-2026-09-16/
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[104] Tribunal Supremo de Justicia, Resolución n.º 2026-0010, de 13 de octubre de 2026, reproducida por Acceso a la Justicia el 16 de octubre.  Reorganiza la competencia para conocer de las causas por terrorismo.
https://accesoalajusticia.org/resolucion-2026-0010-mediante-la-cual-se-modifica-la-estructura-organizacional-de-los-juzgados-con-competencia-en-terrorismo/
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[105] Departamento de Justicia de los Estados Unidos, anuncio de un nuevo escrito de acusación contra Nicolás Maduro y Cilia Flores, en sustitución del anterior, 8 de octubre de 2026.  Las alegaciones de la acusación requieren resolución judicial.
https://www.justice.gov/opa/pr/nicolas-maduro-moros-and-cilia-adela-flores-de-maduro-charged-torture
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[106] Reuters, información sobre las declaraciones de no culpabilidad de Maduro y Flores y la nueva fecha del juicio, 15 de octubre de 2026.
https://www.reuters.com/world/americas/venezuelas-maduro-due-court-over-new-us-torture-charge-2026-10-15/
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[107] Comité Noruego del Nobel, anuncio de la concesión del Premio Nobel de la Paz de 2025 a María Corina Machado, 10 de octubre de 2025.
https://www.nobelprize.org/uploads/2025/10/press-peaceprize2025.pdf
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[108] Reuters, información sobre el inicio de negociaciones respaldadas por los Estados Unidos entre el gobierno de la presidenta encargada y una delegación opositora, 6 de agosto de 2026.
https://www.reuters.com/world/americas/venezuelan-acting-government-opposition-delegation-begin-talks-2026-08-06/
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[109] Reuters, información sobre la petición de Machado de celebrar elecciones a más tardar en julio de 2027, 9 de octubre de 2026, con referencia a su entrevista con el Financial Times.
https://www.reuters.com/world/americas/venezuelas-machado-calls-elections-by-july-ft-reports-2026-10-09/
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Bibliografía de las XXIV Series

Arana, Marie:   Bolívar:   American Liberator.   New York:   Simon and Schuster, 2013.

Arendt, Hannah:   The Origins of Totalitarianism. New York: Harcourt, Brace, 1951.

Arendt, Hannah:   On Violence. New York:   Harcourt, Brace & World, 1969.

Aristotle’s Nicomachean Ethics: A New Translation by Robert C. Bartlett and Susan D. Collins.  Chicago:  The University of Chicago Press, 2011.

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Zúquete, José P.:    The Palgrave Handbook of Left Wing Extremism, Volume 2.    London:   Palgrave McMillan, 2023.


« Sin término »

October 26, 2026

*


Ricardo F. Morín
Floración incumplida
Imagen generada por ordenador (CGI)
2026

Tras casi diez meses en el extranjero, María Corina Machado pisa de nuevo suelo venezolano, recibida en una iglesia de Lara por quienes la habían esperado a lo largo de siete intentos fallidos de regreso. Edmundo González, a quien el electorado eligió en julio de 2024 y que nunca ha ejercido el cargo que este le confirió, permanece en Madrid y anuncia que la seguirá. Su presencia, o el anuncio de ella, no altera la condición a la que regresan. Esa condición no es la falta de un presidente. Es una falta que se ha sustraído a todo término capaz de ponerle fin.

La cuestión que su regreso pone de manifiesto comenzó antes del tres de enero. En julio de 2024, las actas recogidas en las mesas de votación, y los escrutinios hechos a partir de ellas, mostraron que González había ganado por amplio margen. La autoridad electoral proclamó a Maduro sin publicar el detalle por mesa que habría sustentado la proclamación. Dos atribuciones del mismo cargo quedaron enfrentadas: una, la de los votos según constaban en las actas; la otra, la del órgano facultado para declararlos. En septiembre, un tribunal con competencia en materia de terrorismo ordenó la aprehensión de González por cargos que incluían la usurpación de funciones, y él partió hacia España. El período para el cual las actas lo eligieron comenzó el diez de enero de 2025 y lo ejerció el hombre a quien la proclamación nombraba. Cuando ese hombre fue removido por la fuerza, el cargo que había ocupado sin la atribución del electorado no pasó a quien la poseía. Nada en la remoción explica por qué la falta de un presidente al que el electorado no eligió habría de abrir el cargo a cualquiera que no fuese aquel a quien sí eligió.

En la noche de la captura, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ordenó a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, asumir la presidencia en condición de encargada. La Constitución de 1999 conoce dos clases de falta. La falta temporal la suple el vicepresidente ejecutivo hasta por noventa días, prorrogables por la Asamblea Nacional hasta por noventa días más; si se prolonga por más de noventa días consecutivos, la Asamblea decide por mayoría si debe considerarse absoluta. La falta absoluta producida dentro de los primeros cuatro años del período exige una nueva elección universal y directa dentro de los treinta días consecutivos siguientes. La Sala no invocó ninguna de las dos. Denominó la falta «ausencia forzosa», figura que la carta no contiene, y declaró que nada decidía acerca de su carácter temporal o absoluto. Bajo esa omisión yacía otra anterior. Suplir una falta es presumir que el ausente ocupaba el cargo, y la posesión del cargo era precisamente lo que julio de 2024 había puesto en disputa. La sucesión prolongó un título que el electorado nunca confirió, y Washington, que se había negado a reconocer a Maduro, reconoció formalmente la autoridad derivada de él.

Un plazo sólo puede correr a partir de una calificación. Al abstenerse de calificar, la Sala no suspendió la Constitución: situó la falta donde ninguna de sus cláusulas podía alcanzarla. El tres de abril la Asamblea pudo haber declarado absoluta la falta, y no lo hizo; tampoco votó la prórroga que la carta permite, pues no se había declarado falta temporal alguna que prorrogar. El tres de julio expiró el lapso más allá del cual la carta no consiente suplencia temporal, y la Asamblea, presidida por el hermano de la encargada, guardó silencio. Los treinta días que habrían seguido a una declaración transcurrieron sin convocatoria, porque no hubo declaración desde la cual contarlos. En septiembre, la encargada dijo que habría elecciones cuando el país estuviera preparado. La preparación no tiene fecha, y ningún órgano del Estado está obligado a certificarla.

La privación de González no es sólo el exilio, ni la pérdida de algo que alguna vez poseyó. Nunca ha sido investido, de modo que en sentido estricto nada puede restituírsele: lo que se le retiene es una primera investidura. Cada mes del interinato es un mes de su período consumido por otro. La amnistía promulgada en febrero liberó a muchos presos por razones políticas, entre ellos a su yerno, y a González no le dio nada, porque una amnistía alcanza a los delitos y no alcanza al cargo. Lo que se le sustrajo no fue una libertad que una ley pudiera devolver, sino un mandato cuya investidura ha de aguardar el reconocimiento del voto.

Machado pide elecciones presidenciales a más tardar en julio de 2027. La encargada promete una elección y no fija fecha. Estados Unidos ha propiciado conversaciones entre el gobierno y una parte de la oposición que no es la que las actas favorecieron en 2024 ni la que regresó hoy; las partes hablan de un voto y no ofrecen calendario. Cada una de estas posiciones atañe a cuándo habrá de celebrarse una elección. Ninguna atañe a lo que una elección haría con el juicio ya emitido. Un voto convocado sin dar cuenta alguna del mandato de 2024 no ejecutaría ese juicio: lo sustituiría. El arreglo podría entonces presentar una nueva elección como reparación de la crisis mientras retira el único juicio que el electorado ya ha pronunciado, y la convocatoria emanaría de una autoridad que desciende del mismo título que el voto anterior había negado.

Confluyen hoy en el país tres posiciones de naturaleza distinta, y ninguna puede sustituir a otra. Machado encarna el liderazgo político y cuenta con el apoyo visible de quienes la recibieron en Lara. González ostenta el título que las actas registraron. Rodríguez detenta el ejercicio del poder conforme a un arreglo que ningún voto produjo. El liderazgo no es título, y el poder no es ninguno de los dos. El regreso de Machado añade presencia a la oposición y no le añade autoridad, porque la autoridad nunca fue lo que su ausencia había sustraído. Una multitud muestra el apoyo de quienes se congregan. No puede fijar el día en que el juicio del electorado surte efecto, ni decidir si al juicio emitido en 2024 todavía se le debe su efecto.

La ausencia fue llamada forzosa porque la impuso la fuerza, y se mantiene donde fue colocada por la confluencia de cuantas partes podrían moverla. La Sala que inventó la figura no ha vuelto sobre ella. La Asamblea que podría declarar absoluta la falta está presidida por la familia de quien perdería el cargo con esa declaración. El gobierno que se beneficia del interinato no convoca su fin. Estados Unidos instauró el arreglo, lo reconoció ante los gobiernos de la región, según informaciones de prensa ordenó a sus propios fiscales abandonar una investigación sobre la encargada, y su presidente ha dicho que el país no está preparado para elecciones mientras Estados Unidos se ocupa de extraer su petróleo y otros recursos; sus funcionarios califican ahora de aceptable el momento presente. La entrada de Machado esta vez no fue facilitada ni impedida, tras intentos anteriores que sí fueron frustrados, y la admisión en el territorio no es la admisión en la deliberación en que se fijaría una fecha.

Aun una fecha, si llegara a fijarse, conduciría a un voto sobre un cargo cuyos principales recursos ya han sido comprometidos. La ley de hidrocarburos firmada en enero abrió a empresas privadas la producción y la comercialización del petróleo, y los acuerdos concertados desde entonces con Estados Unidos, que Machado ha criticado, los celebró una autoridad que ningún elector confirió. Quien resulte finalmente electo los heredará como pretensiones que pesan sobre el cargo, cualquiera que sea la fuerza que en definitiva se les reconozca. Se pediría al electorado elegir al titular de un cargo cuyos compromisos quedaron concertados antes de que se le preguntara nada.

La carta de 1999 previó la falta de un presidente. No previó una falta que nadie está obligado a nombrar, ni un mandato que nadie está obligado a hacer efectivo. El reloj que asignó a la falta nunca echó a andar, y el que asignó al mandato no se ha detenido nunca. Quien detenta el cargo carece de término. Quien ostenta el período carece del cargo. Quien regresó hoy no tiene ni lo uno ni lo otro, y se cuenta entre los electores cuyo juicio, ya pronunciado, zanjaría la cuestión si alguien estuviera obligado a ejecutarlo.

Ricardo F. Morín

25 de Octubre de 2026

Oakland Park, Florida


« La industria de la sospecha: propaganda y manipulación en la era digital latinoamericana »

October 15, 2025

Desde plataformas como Canal Red Latinoamérica, el discurso de Inna Afinogenova forma parte de una vasta red de desinformación que se expande por la región, envuelta en la retórica del pensamiento crítico y de la emancipación popular.    Estas redes —que abarcan Moscú, Teherán, Pekín y varios gobiernos latinoamericanos— siguen un mismo guion: desmantelar la confianza en la democracia liberal, debilitar las instituciones y convertir la duda permanente en un sustituto de la conciencia.    En nombre de la soberanía informativa, sustituyen el debate por el descrédito, el análisis por la sospecha y la verdad por el relato.    Su poder no reside tanto en la falsedad flagrante como en la manipulación emocional que convierte la confusión en convicción.    En este contexto, Afinogenova no se presenta como una comentarista aislada, sino como el emblema de un aparato de propaganda sofisticado, que disfraza la obediencia a las autocracias del siglo XXI bajo el atuendo de la disidencia. En el paisaje posverdad de los medios latinoamericanos, donde la indignación se ha convertido en moneda corriente, pocas figuras ilustran con tanta nitidez la fusión entre ideología y mercadotecnia como Inna Afinogenova.    Se ha convertido en la voz más reconocible de la sospecha autoritaria en el ámbito hispanohablante.   

Inna Afinogenova, nacida en Daguestán en 1989, es una periodista rusa que trabajó como subdirectora de RT en Español hasta mayo de 2022.   Renunció alegando su desacuerdo con la guerra en Ucrania y con la imposición de una narrativa bélica de Estado.  Desde entonces ha colaborado con medios de análisis geopolítico y latinoamericano como La Base, producido por el diario español Público, y participa en Canal Red, un proyecto audiovisual dirigido por Pablo Iglesias (exvicepresidente del Gobierno de España y fundador del partido de izquierda Podemos, actualmente activo en medios políticos).   Allí dirige y conduce programas como CaféInna y participa en análisis centrados en América Latina.   Su audiencia es amplia y su presencia en las plataformas digitales considerable, lo que la convierte en una figura influyente en los debates políticos e informativos del mundo hispano.

Su trayectoria, sin embargo, no ha estado exenta de controversia.   Durante su etapa en RT en Español, fue uno de los rostros más visibles del canal en América Latina, amplificando narrativas que presentaban a las potencias occidentales como intrínsecamente engañosas y depredadoras.   Una columna de opinión en The Washington Post la describió como “la voz española de la propaganda rusa”, aludiendo a su defensa reiterada de posturas favorables al Kremlin.   En diciembre de 2021, dos meses antes de la invasión de Ucrania, utilizó su programa Ahí les va para burlarse de las advertencias de los servicios de inteligencia occidentales sobre un ataque inminente, prediciendo que “llegará enero, luego febrero, y no habrá invasión”, insinuando que la histeria mediática respondía a los intereses de la OTAN.  Episodios como éste, aunque superados por los hechos, ejemplifican su método retórico: convertir el escepticismo en incredulidad y la incredulidad en persuasión.

Tras su salida de RT, Afinogenova ha seguido operando en círculos mediáticos ideológicamente afines a la izquierda latinoamericana, reforzando un discurso que equipara la prensa occidental con la manipulación y el imperialismo.  Medios como Expediente Público han señalado su papel en la configuración de narrativas dentro de campañas partidistas, a menudo reflejando líneas de comunicación promovidas por Estados o intereses geopolíticos de Rusia, China o Irán.   A través de Canal Red y Diario Red, ambos asociados a Pablo Iglesias, participa en ecosistemas mediáticos que con frecuencia reciclan contenidos de emisoras internacionales como CGTN.   En países como Honduras, se le ha acusado de contribuir a estrategias comunicativas que favorecen a candidatos de izquierda bajo la apariencia de una “comunicación soberana”.   Aunque no existe evidencia de una cadena de mando directa que la vincule con un régimen específico, el patrón de coherencia temática revela una alineación ideológica más que un ejercicio de periodismo independiente.

Esa alineación ha suscitado un renovado debate desde la publicación de su reciente vídeo “¿Premio Nobel de la Paz… o de la Guerra?”, donde presenta el galardón concedido a María Corina Machado como una maniobra de diseño geopolítico más que como un reconocimiento moral.   El vídeo no examina tanto los hechos como las intenciones, sugiriendo que el premio responde a los intereses de Occidente más que a la valentía cívica.  El argumento, aunque retóricamente eficaz, confunde correlación con causalidad.  Es posible reconocer las imperfecciones de las instituciones internacionales sin negar el peso ético del valor público.  El Premio Nobel, como toda institución humana, refleja juicios; pero en este caso distingue una vida de riesgo asumido sin armas, sin privilegios y sin acceso al poder coercitivo del Estado.

Cuestionar los motivos es legítimo; insinuar conspiraciones sin pruebas, no.   Toda voz crítica conlleva responsabilidad, porque la verdad exige proporción, no proyección.   La lucha de María Corina Machado no puede reducirse a la retórica de la “intervención occidental” ni descartarse como “disidencia fabricada”.  Pertenece a la conciencia de un pueblo que busca su autodeterminación por vías legítimas tras décadas de despojo.   Respetar la pluralidad significa conceder a los demás la misma buena fe intelectual que uno exige para sí.   El debate ennoblece la democracia sólo cuando se sostiene en hechos verificables y en claridad moral, no cuando convierte la sospecha en argumento.   Entre el escepticismo necesario y la sospecha sistemática existe una frontera moral:  cruzarla es pasar de pensar libremente a servir sin saberlo.

Por Ricardo F. Morín

16 de octubre de 2025

En tránsito


« María Corina Machado: La herencia de una República »

October 14, 2025

Hay vidas que parecen recapitular el destino de una nación, como si la historia, en busca de renovación, reuniera sus promesas dispersas en una sola forma mortal.  María Corina Machado pertenece a ese raro orden de seres en quienes la sangre, la memoria y la convicción convergen —no como privilegio, sino como carga.  No nació simplemente dentro del linaje republicano de Venezuela; fue convocada por él.  El llamado que resonó por primera vez en los salones asamblearios de Caracas en 1811 —cuando se proclamó su independencia y se concibió su primera constitución republicana— sigue vibrando bajo su nombre.

Su ascendencia se remonta al primer pulso de la República.  Desde los Rodríguez del Toros, que plasmaron sus firmas bajo el Acta de Independencia, hasta los ingenieros Zuloaga que electrificaron a la nación, su genealogía está tejida en las arterias cívicas de Venezuela.  Es una estirpe que eligió el servicio sobre el título, la innovación sobre la indulgencia y la fidelidad a la ley sobre la comodidad del silencio.  En esa tradición, la libertad no es una abstracción: es herencia, obligación y vocación.  Es el hilo que une a un pueblo con su conciencia.

Cuando las instituciones que antaño definieron a Venezuela empezaron a desmoronarse, cuando la legalidad se convirtió en teatro y las palabras perdieron su peso, Machado dio un paso al vacío con la gravedad de quien sabe que el retroceso es imposible.  Su desafío no fue teatral: fue ancestral.  Cada gesto, cada negativa a someterse, llevaba la silenciosa autoridad de la historia consumada.  Hablaba como quien comprende que preservar la dignidad en tiempos de humillación es la forma más pura de resistencia.  Hay, en su modo de ser, esa rara síntesis de lucidez y firmeza que define la personalidad moral de una nación en su mejor expresión: lúcida, incorruptible y humana.

Hoy, sin embargo, su adversario no es uno solo, sino muchos.  Ante ella se alza no sólo un narcoestado que ha vaciado de soberanía a Venezuela, sino también una oposición fracturada —un archipiélago de partidos y figuras unidos menos por principios que por conveniencia.  Faccionados, transitorios y transaccionales, han convertido la pluralidad en pretexto y el compromiso en comercio.  Muchos han aprendido a vivir del mismo régimen que denuncian.  Negocian libertades para sí mismos, incluso mientras el país se hunde cada vez más en la cautividad.  Frente a esa duplicidad, la presencia de Machado se ha vuelto un juicio moral: su claridad desnuda la corrupción de los otros; su constancia, su oportunismo.

En torno a este desorden interno, el mundo gira con apetito vigilante.  Las vastas riquezas naturales de Venezuela —su petróleo, su gas, su oro y sus minerales raros— se han convertido en el botín de redes criminales y de inversores multinacionales por igual.  Rusia, China, Irán y los Estados Unidos, cada uno envuelto en retórica de salvación, compiten no por liberar al país sino por asegurarse una parte de su agotamiento.  Detrás de las máscaras diplomáticas de la ayuda se oculta el mismo cálculo: que el caos puede ser rentable, que una nación debilitada por el hambre y el miedo puede ser manejada con mayor facilidad que una restaurada a su soberanía.  Ésa, desde hace veinticinco años, ha sido la condición de Venezuela: un campo de extracción material, moral y humana; su pueblo disperso, sus instituciones despojadas, su memoria empeñada al mejor postor.

En tal paisaje, María Corina Machado se erige a la vez como testigo y contrapunto.  Su lucha nunca ha sido por el poder, sino por la coherencia —por la recuperación de un lenguaje cívico capaz de nombrar lo que se ha perdido.  Hablar de ley, verdad y justicia en medio de la corrupción generalizada equivale a resucitar el sentido mismo de las palabras.  Su voz se ha vuelto el hilo que reúne la conciencia dispersa de la nación, recordando a los venezolanos que la dignidad no se negocia, y que ningún salvador extranjero restaurará lo que sólo los ciudadanos pueden redimir.

Verla caminar por las calles, recibida no por el lujo sino por la fe, es contemplar a un país que empieza a recordarse a sí mismo.  Se ha convertido, lo quiera o no, en el espejo a través del cual los venezolanos redescubren su propia arquitectura moral: la decencia, el valor, la compasión y un anhelo inextinguible por la verdad.  En su perseverancia, el diálogo interrumpido entre el pueblo y la República vuelve a escucharse.

El Premio Nobel de la Paz, otorgado a su nombre, no es una coronación, sino un reconocimiento —la constatación de que su lucha trasciende el momento y se convierte en emblema del espíritu humano que se niega a rendirse ante la desesperanza.  Al concedérselo, el mundo afirma que el sueño republicano de Venezuela —nacido en el fuego y preservado en la conciencia— sigue respirando en una de sus hijas.  Es el sueño de una nación que cree que la paz sólo puede edificarse no sobre la sumisión, sino sobre la claridad moral; no sobre el silencio, sino sobre la voz inquebrantable del ciudadano.

Lo que María Corina Machado representa es más que la oposición a la tiranía.  Es la encarnación de la continuidad —la idea de que una República, como un alma, sobrevive mientras exista alguien dispuesto a soportar su peso con dignidad.  Su ascenso no es accidental: es el retorno de una promesa antigua.  En su serenidad, Venezuela vuelve a reconocerse: herida pero intacta, luminosa en su desafío, fiel al destino inscrito en su primer acto de libertad.

Por Ricardo F. Morin

Octubre 2025

Bala Cynwyd, Pa


« El velo de la liberación: Venezuela y la maquinaria del poder »

October 10, 2025

Ricardo F. Morín, 10 de Octubre de 2025

Aunque la concesión del Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado alegra y honra a quienes aún creen en la posibilidad de una Venezuela democrática, también revela una realidad mucho más compleja, que merece reflexión.

La prensa internacional aún no logra comprender la ilusión que rodea la supuesta liberación de Venezuela del narcoestado.   Los venezolanos continúan esperando indefinidamente, sostenidos por una falsa esperanza.   Bajo esa esperanza se oculta una atadura más profunda: el territorio del país está sometido a intereses multinacionales (chinos, rusos, estadounidenses y otros) impulsados no por ideología, sino por la competencia entre inversionistas y redes criminales.   Para todos ellos, un conflicto prolongado en Venezuela resulta conveniente; se convierte en un puente hacia una metamorfosis regional, justificada por la expropiación de los recursos naturales del país y destinada a consolidar un dominio hemisférico.   La tragedia venezolana no es, por tanto, solo política sino también una dinámica interna:   un experimento en el que la soberanía se trueca por acceso, y la resistencia misma se transforma en una forma de cautiverio.

La prolongada crisis venezolana revela el dilema moral en la política contemporánea: cómo el sufrimiento puede ser al mismo tiempo explotado y perpetuado cuando la comprensión cede ante la ilusión.   El sueño de la liberación se ha convertido en uno de las fantasías más persistentes de la nación.   Detrás del lenguaje de la emancipación se oculta una convergencia silenciosa de intereses globales —cada uno sosteniendo el conflicto que dice combatir—, pues el desorden legitima la intervención y el caos ofrece el pretexto para la extracción.   En este sentido, Venezuela no es solo un país en desgracia, sino también el escenario donde la gramática de la dominación continúa representándose bajo el vocabulario de la redención.

El desafío ya no es imaginar la libertad como un rescate externo, sino comprender cómo la dependencia se disfraza de salvación.   Sólo la comprensión (el acto de ver más allá del agravio y del consuelo) puede perforar el velo de la liberación y devolverle el significado a la idea misma de libertad.


Editor: Billy Bussell Thompson

« Una alegoría geométrica »

May 26, 2024
Serie del Medio Áureo # 1 realizada por Ricardo Morín (artista plástico americano, nacido en Venezuela –1954), pintura digital ©2023

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A mis padres

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Prefacio

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“Una alegoría geométrica: donde el equilibrio y el orden reflejan la aplicación de la justicia, la templanza y la sabiduría”.

Ricardo F. Morín

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« Una alegoría geométrica » es uno de los muchos relatos que he escrito, cada uno de ellos vinculado a un desarrollo filosófico lineal coherente.    Son un reflejo como una antología autobiográfica:   es decir de experiencias, emociones e intuiciones, lo que los hace difíciles de augurar.  Es como si reflejaran un mundo interior que evoluciona en tiempo real y se ve influido por los acontecimientos de la vida.   La autenticidad y la espontaneidad son una fase clave, aunque los temas y las conexiones entre ellos no siempre sean evidentes.  Estoy comprometido con este proceso creativo intuitivo y confío en que resonará en los lectores a su manera y en su momento.

« Una alegoría geométrica » examina la vulnerabilidad humana, las desigualdades sistémicas y el autoritarismo en la configuración del destino de un país.  Aborda cuestiones contemporáneas que son instructivas para la sociedad venezolana y echa un vistazo a las fuerzas históricas que la conforman.  Describe la dinámica entre el autoritarismo y el electorado y muestra cómo la autocracia y los gobernados se entrelazan y mantienen un ciclo de control indefinido.   Aunque se presentan como ideales en sí mismos, sin causalidad ni solución; en última instancia pretenden eludir la responsabilidad colectiva y cortar los vínculos con el bien común.  Entre los temas abordados figuran el principio de la libertad y sus límites, los retos asociados a la gestión de la complejidad y la justicia en una sociedad defectuosa e imperfecta (como toda sociedad) y el cuestionamiento de una sociedad en la que, por defecto, se yuxtaponen ventajas y desventajas constantes.  Estos puntos sirven para subrayar la necesidad de democracia y de una buena comprensión de los derechos humanos.  En definitivo, se trata de proyectar la preservación de los valores de una sociedad.

Ricardo Federico Morín Tortolero

Bala Cynwyd, Pensilvania, 25 de mayo de 2024

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Tabla de contenido

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  • Capítulo 1 – « Un lenguaje escrito »
  • Capítulo 2 – « Nuestra imprudencia »
  • Capítulo 3 – « Un panorama personal »
  • Capítulo 4 – « Un diálogo »
  • Capítulo 5 – « Abstracto »
  • Capítulo 6 – « Crónicas de Hugo Chávez »
  • Capítulo 7 – « El modo alegórico »
  • Capítulo 8 – « Una alegoría geométrica »
  • Capítulo 9 – « La primera cuestión » :   Sobre el resentimiento social.
  • Capítulo 10 – « La segunda cuestión » :   Sobre la gobernanza militar.
  • Capítulo 11 – « La brecha entre los partidos políticos »
  • Capítulo 12 – « La autocracia »
  • Capítulo 13 – « La primera prueba » :   Sobre el enemigo en común.
  • Capítulo 14 – « La segunda prueba » :   Sobre la anarquía represiva.
  • Capítulo 15 – « La tercera prueba » :   Sobre el imperativo de priorizar la democracia.
  • Capítulo 16 – « La cuarta prueba » :   Sobre la violencia.
  • Capítulo 17 – « La quinta prueba » :   Sobre los derechos humanos.
  • Capítulo 18 – « La prueba final » :   Sobre la liberación de la injusticia.
  • Reconocimiento.
  • Bibliografía.

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Capítulo 1

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« Un lenguaje escrito »

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A veces me doy cuenta de que busco engalladamente seguridad donde no existe.   Mis mejores impulsos se convierten en los peores.   Tal vez escribir sea el empeño de la consciencia por superar su fragilidad.   ¿Me aliviará el paso del tiempo de esta inquietud?

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Capítulo 2

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Al igual que la pandemia de COVID, los incendios forestales de Canadá en 2023 me obligaron a aislarme.  Aunque el cambio climático es un factor contribuyente, es importante que se reconozca la complejidad del problema.  Los incendios han devastado una superficie de 18 millones de hectáreas, desplazando unas 235.000 personas, y los científicos enfatizan la necesidad de una descarbonización global para mitigar el cambio climático.

Las consecuencias del cambio climático se reflejan en un aumento de problemas de salud como bronquitis, enfisemas e infartos.  La degradación del medio ambiente ha causado daños irreparables y los esfuerzos para adaptarse al cambio climático – como la cartografía del ADN de la flora y la fauna – se enfrentan a grandes retos.  La desertización de muchas regiones es un problema acuciante.  La Organización Internacional para las Migraciones y el Banco Mundial calculan que en 2050 habrá más de mil millones de refugiados así como un aumento espectacular de las guerras civiles.

Aunque los científicos reconocen el impacto irreversible de la humanidad sobre la geología, la biodiversidad, el clima y los ecosistemas de la Tierra, es esencial tomar en cuenta la imprevisibilidad humana para mitigar las amenazas actuales.   Los esfuerzos para adaptarse al cambio climático y restablecer el equilibrio son fundamentales, pero deben basarse en una comprensión realista de los retos que tenemos por delante.   ¿No sería ilusorio confiar en que las generaciones futuras restablescan el equilibrio?   El declive de la conciencia política y el autoritarismo imperante están creando una convergencia perjudicial que favorece la irresponsabilidad a la hora de resolver los problemas medioambientales del mundo.

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Capítulo 3

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Mi amigo Billy Bussell Thompson [BBT] me ayuda a orientar esta narrativa.  Agradezco su acompañamiento y enseñanzas sobre la metodología de investigación.  Al estilo de diálogo, por sus refutaciones encuentro inspiración.   Una alegoría geométrica nace después de diez años sin encontrar un registro adecuado para escribir sobre Hugo Chávez.   Postergué su realización por otras narrativas, aunque eso apenas acalló mi inquietud.    

A mi juicio Chávez representaba una mezcla entre antioligarca y caudillista.  Aparte de su ideología partidista bajo el marco del socialismo del siglo XXI, su liderazgo fue al mismo tiempo antiliberal.  Quiso ser protector de los pobres, haciendo ricos a muchos sin merecerlo [i].  Quiso pulir su imagen de demócrata y acabó convirtiéndose en autócrata.  Concentró la toma de decisiones en torno a sí mismo, anuló los límites de los mandatos e instaló a partidarios leales y así reforzó su poder.  ¿No estaría justificado preguntarse si sus acciones fueron también el resultado de la sociedad venezolana?

Chávez inició acuerdos de cooperación militar con países como Cuba, Rusia y el Iran.  También tenía enlaces estratégicos con grupos guerrilleros como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), además de apoyar a organizaciones comunitarias locales conocidas como Colectivos.  Hasta el día de hoy, contribuyen al legado de su régimen.

Estoy en busca del significado de los veinticinco presidentes militares electos [ii] que gobernaron durante 172 años desde 1811.  En 1958 comenzó un período de democracia representativa (con la sucesión de diez presidentes civiles) durante un período de cuarenta años que terminó con el régimen de Chávez en 1998.  Chávez volvía al autoritarismo y socavó las instituciones del Estado mediante políticas y medidas que concentraron el poder, reprimieron la disidencia, debilitaron el Estado de derecho, abolieron los controles y equilibrios democráticos y promovieron un culto a la personalidad.

Antes de su muerte en 2013, Chávez nombró sucesor a su vicepresidente, Nicolás Maduro (conductor del Metrobus de Caracas en la década de 1990).  Al año siguiente, Venezuela se enfrentó a una crisis aguda:  alta inflación, violencia paramilitar y escasez crónica de artículos de bienes esenciales como alimentos y medicinas.  Estos problemas desencadenaron protestas generalizadas y disturbios civiles.  El debilitamiento de las infraestructuras del país provocó cuellos de botella en el suministro de gasolina, agua y electricidad, y reforzó la idea de un Estado fallido.  Las causas de esta espiral descendente se atribuyeron a los estrictos controles de precios y a la corrupción rampante en el seno del gobierno.  

Desde 2014 a 2023, las comisiones de las Naciones Unidas denuncian el conflicto geopolítico que emana de Venezuela y la intensificación de los crímenes de la “lesa humanidad“.   Afirman que el Estado venezolano hace uso de los agentes de inteligencia para el hostigamiento del disenso civil y político.

La prensa internacional ha tomado nota de la fuga de fondos y la destrucción de los recursos naturales.    Los bancos quebraron debido a la malversación de fondos.  Las sanciones impuestas por los Estados Unidos [iii] y la Gran Bretaña congelaron las inversiones de Venezuela en el extranjero para evitar su desfalco.  La hiperinflación ha contribuido a la movilización de ocho millones de solicitantes de asilo en el extranjero (el 25% de la población venezolana). 

En 2018 las elecciones presidenciales estuvieron en el centro de la atención internacional.  La crisis se centró en quién se convertiría en el presidente venezolano.    El país estaba dividido entre Juan Guaidó y Nicolás Maduro.    En 2019 el Consejo Nacional Electoral ya había descartado a Guaidó como candidato a las próximas elecciones.   Seguido lo cual, la oposición pidió una comisión asamblearia para gestionar los bienes en el extranjero, aparentemente siguiendo un plan predeterminado.  En marzo 2023 otra parte de la oposición propuso una estrategia para la rehabilitación de Guaidó (y su Gobierno de transición).  Sin embargo, no estaba claro cómo sería esta estrategia.  El otro candidato Henrique Capriles, quien había sido inhabilitado por la Contraloría, también creía tener una oportunidad.  Recientemente, el Tribunal Supremo de Justicia (en vigor desde 1999) anuló los resultados de las primarias de la oposición (ganadas por María Corina Machado), permitiendo al actual Presidente, Nicolás Maduro, presentarse sin oposición.    A 71 días de las elecciones, el Consejo nacional Electoral autorizó finalmente reestablecer la oposición con el candidato Edmundo González Urrutia, pero pese a que las encuestas de salida mostraron un 70% a su favor, el Consejo Nacional Electoral declaró ganador a Maduro con una diferencia de 7% sin mostrar las actas de los resultados finales.  

Las sanciones se prorrogan , pero no se dan las condiciones para una intervención internacional.   Para muchos la divergencia de estrategias no tiene substancia.

Aunque, las historias que surgen de estos acontecimientos han iluminado mi comprensión, sigo incrédulo y hastiado ante el sufrimiento de mis compatriotas.

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  • NOTAS FINALES

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Capítulo 4

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« Un diálogo »

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BBT insistió:

  • El fracaso de la política venezolana no es diferente del de otros países.  Hay mil factores que influyen en la política.  No hay que olvidar el hecho colonial en América, donde tenemos una larga historia de caudillismos.  Las revoluciones se producen cuando hay una minoría educada que se siente privada de derechos y está enfadada de los excesos de la clase dirigente.  Dadas las desigualdades, uno se pregunta por qué las generaciones anteriores no se rebelaron.  La respuesta puede estar en ese viejo dicho venezolano “¿cuánto hay pa’ eso?”.  Ahí está la semilla de la corrupción endémica.

Cada vez, le respondí de forma diferente, pero en esencia he esgrimido el mismo argumento:

  • Tengo que centrarme en los hechos concretos.  Venezuela no se librará del extremismo hasta que se elimine el reciente legado de Cuba y su radicalización de mercenarios.  Están robando los recursos venezolanos a cambio de la protección de una élite gobernante.  Sin embargo, creo en la posibilidad de que otras voces lideren la salvación del país.

BBT apuntó:

  • Hay muchas otras ideas.  Cuidado con la reinvención.  La escritura debe eliminar ante todo los malos entendidos.  Exige generalidad incluso si se basa en las propias observaciones.  Posible pero creíble es mejor que posible pero no convincente.  La narración debe ser identificable.  Sólo entonces adquiere relevancia y permanencia.

Respondí:

  • Estoy de acuerdo en que cualquier intento por contar una historia debe estar sujeto a la veracidad.  También es cierto que un simple recital de hechos sin empatía resultaría trillado.  Escribir con calidad es como tú mismo lo has expresado en muchas ocasiones.  La falsedad y la doblez del demagogo nunca serán un ejemplo para nadie.  Uno amenaza su propia existencia por el deseo de estar separado, sumido en el capricho del nacionalismo.  No se trata de Cuba contra Venezuela o de Venezuela contra Cuba o de un sistema de gobierno contra otro.  La autocracia se encuentra en todas las naciones y su violencia es evidente tanto en sus gobiernos como en sus pueblos.  Mi planteamiento no es polemizar, sino el de buscar el trasfondo de los disturbios en Venezuela.  No debemos descuidar nuestra propia historia.  Comprenderla significa examinar las posibilidades y la inclusividad de si lo que es posible para un pueblo puede serlo para otros.  Comprenderemos nuestra historia cuando lleguemos a un acuerdo sobre nuestro propósito.  Cada individuo lo determina a través de sus propias acciones.  Asegura y une, y no permite que se olviden los errores.

BBT repuso:

  • En primer lugar, debes conocerte a ti mismo, conocer tus ideas inexplicables – tus intuiciones – y lo que quieres conseguir como escritor.  Observar, sí, ver el conjunto sin intentar reducir tu comprensión a una fórmula matemática.  Es importante no desoír que no tenemos acceso a todas las respuestas.  La Historia es mucho más que factores políticos y económicos.  La naturaleza de la Historia es inmensa.  Es imposible corregir todos los errores de la historia.  Las preguntas y respuestas cambian dependiendo de una realidad global en transformación que es demasiado compleja para que podamos comprenderla en su totalidad.

Concluí:

  • Ciertamente toda interpretación implica múltiples preguntas, incluso después de terminado el texto. Tal vez escribir esta narración no sea más que una criba de la herencia venezolana por mí mismo.  En respuesta a tus consejos me viene a la mente una perspectiva de mi propia experiencia como profesor de visualización en perspectiva.  Entre los estudiantes, coincidimos en que es necesario un punto de vista coherente para crear un espacio creíble, sea cual sea el método.  Esta narración también materializará la secuencia de los acontecimientos para cuestionarlos.

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Capítulo 5

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« Abstracto »

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« Una alegoría geométrica » es el resultado del socialismo proclamado por Hugo Chávez, el cual se convirtió en un régimen autocrático.  ¿No estaría justificado preguntarse si sus acciones son también el resultado de la sociedad venezolana y no el subproducto de un precursor extranjero?

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Capítulo 6

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« Crónicas de Hugo Chávez »

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Hugo Chávez nació el 28 de julio de 1954 en Sabaneta, Venezuela, y falleció a la edad de 58 años en Caracas, el 5 de marzo de 2013 a las 16:25 horas VET (20:55 UTC), según informa la prensa oficial venezolana.   Se autodenominó líder de la Revolución Bolivariana.   Entre los elementos más destacados se encuentran el énfasis en el nacionalismo, un sistema político centralizado y la participación de los militares en la política.   Esta ideología se conoce como chavismo.

Hugo Chávez (de 11 años) en sexto grado, año 1965 (Foto: Reuters).

Hizo su niñez en ese pequeño pueblo de Los Llanos en el noroccidental estado Barinas (cuya geografía está asociada a cacicazgos desde la época prehispánica).  Chávez era el segundo hijo de seis hermanos varones.  Sus padres no podían mantener a todos los hijos.  Así que él y su hermano mayor Adán vivían en la ciudad de Barinas con su abuela paterna.  Según Chávez ella tuvo una gran influencia emocional en él.  Cuando murió, Chávez le dedicó un poema cuya última estrofa reza así:

Rosa Miriam Elizalde y Luis Báez:   Chávez Nuestro, (Casa Editora Abril.   La Habana Vieja, Ciudad de la Habana, Cuba).   2007. pp. 367-369

En su segundo de bachillerato Chávez empezó a recibir asesoramientos extraescolares de los activistas José Esteban Ruiz Guevara y Douglas Ignacio Bravo Mora.   Ellos le enseñaron en clase de Historia donde se familiarizó con el marxismo-leninismo y conoció los principios de la Revolución Cubana.

A los 17 años ingresó en la Academia Militar de Caracas.    Pensó que allí también podría formarse como jugador de béisbol para luego abandonar la academia lo antes posible.    Pero si bien le entusiasmaba la idea de ser un hábil lanzador zurdo, no pudo hacer realidad sus ambiciones.    A pesar de su falta de interés, se quedó en la academia y se graduó en 1975 entre los últimos de la clase.

Chávez comenzó la carrera militar como teniente segundo del ejército.  Su primera misión fue capturar a guerrilleros de izquierda.  Durante la persecución, Chávez se identificó con ellos.  Creía que luchaban por una vida mejor.  En 1977, Chávez estaba harto de la disciplina y las constantes advertencias del ejército y estaba dispuesto a poner fin a su carrera militar y unirse a los insurgentes.  En busca de la confirmación de sus objetivos se reunió con su hermano Adán, quien le convenció para que permaneciera en el ejército:  « . . . , sino yo a lo mejor me voy del Ejército, no tú no te puedes ir me dijo Adán también, no, te necesitamos ahí, cómo que quién me necesita, . . .».  Consciente de su misión, Chávez y algunos compañeros militares fundaron en 1982 el Movimiento Bolivariano Revolucionario – 200 , cuyo objetivo era difundir su propia versión del marxismo en las fuerzas armadas y dar un golpe de estado.

Chávez anuncia su arresto en cadena nacional y llama a las tropas insurgentes a rendirse.

El 4 de febrero de 1992, el teniente Chávez y sus aliados militares dieron un golpe de estado contra el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez.  Sin embargo, la rebelión fue aplastada.  Acorralado en el Museo de Historia Militar de Caracas Cuartel de la Montaña, cerca del palacio presidencial, Chávez se rindió, a condición de hablar con los conspiradores por televisión.   Debía pedirles que depusieran las armas para evitar mayores pérdidas.  La petición fue atendida:  «Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados . . . ».  Su mensaje se convirtió inmediatamente en una carrera política.

En 1994, el nuevo presidente Rafael Caldera Rodríguez absolvió a Chávez de todos los cargos.   Tres años después, Chávez fundó el partido Movimiento de la Quinta República [MVR] y reclutó a militares socialistas para las elecciones presidenciales.  A la edad de 43, ganó con una popularidad abrumadora.

En su primer año de mandato, Chávez alcanzó un índice de aprobación del 80%.  Su programa incluía el fin de la corrupción, el aumento de los programas sociales y la redistribución de la riqueza.  Jorge Olavarría de Tezanos Pinto [1933-2005] acabó convirtiéndose en una de las voces de la oposición, aunque incialmente las había rechazado.  Al final de las elecciones, Olavarría se volvió su principal oponente.  En 1999, en presencia de Chávez al frente de la Asamblea Nacional, Olavarría pidió la destitución de él por considerar que atentaba contra el orden democrático.  Argumentó que Chávez estaba violando la Constitución de 1961 al nombrar a miembros del ejército para cargos gubernamentales.  Sin embargo, el programa populista de Chávez ya prevía la redacción de una nueva constitución que debía ser aprobada por unanimidad de los partidos políticos.  Esto le permitió elegir a los oficiales militares y le dió el control del poder estatal, incluido el Consejo Nacional Electoral.   Esta nueva constitución – ratificada el 15 de diciembre del mismo año – preveía nuevas elecciones para todos los cargos gubernamentales.   En las “megaselecciones” de 2000, Chávez consiguió prorrogar su reelección para un mandato de seis años.  Sin embargo, los miembros elegidos a su favor para un organismo unicameral recién formado no lograron hacerse con el control total de la Asamblea Nacional.  Como consecuencia, la dirección de su partido invirtió la diferencia mediante el mecanismo de la Ley Habilitante para aprobar leyes por decreto.  Al mismo tiempo, Chávez inició un proceso de reforma para reorganizar las instituciones del Estado.  Sin embargo, no se cumplieron los requisitos de la Constitución.  El nombramiento de los nuevos jueces para el nuevo Tribunal [1999] se llevó a cabo sin ningún rigor.  Las competencias de los nuevos jueces parecían excluir su ilegitimidad e incumplimiento.  Cecilia Sosa, todavía presidenta de la Corte Suprema de Justicia [CSJ: 1961-1999], declaró que “la CSJ estaba autodisuelta.”   Consideró el Estado de Derecho enterrado.

Aunque algunos venezolanos preferían apoyar a Chávez como alternativa a un sistema democrático inestable entre los tres partidos (Acción Democrática o AD; El Comité de Organización Política Electoral Independiente o partido socialcristiano COPEI, y la Union Republicana Democratica o URD) que existían desde 1958, la mayoría estaba ahora gobernada por un único partido (el Partido Socialista Unido de Venezuela o PSUV) que era una versión nueva del partido comunista internacional del siglo XX.  Los poderes legislativos y ejecutivos estaban más centralizados que nunca.  No había mayores garantías judiciales de los derechos constitucionales para asegurar la participación de los ciudadanos en un orden democrático.  Chávez estrechó lazos con Fidel Castro y declaró su intención a llevar a Venezuela por un camino similar al de Cuba.  Este acuerdo se denominó VeneCuba.  Chávez suprimió la radio independiente.  Se enemistó con Estados Unidos y otros países Occidentales estrechando lazos con Irak, Irán y Libia.  A principios de 2002, su índice de aprobación cayó al 30%.  Las manifestaciones contra Chávez se hicieron habituales.  Incluso los aliados militares empezaron a desaprobarle.

El 11 de abril de 2002, tuvo lugar una manifestación con más de un millón de personas.  Marcharon hacia el palacio presidencial y exigieron la dimisión de Chávez.  La protesta fue pacífica hasta que aparecieron agentes de la Guardia Nacional y paramilitares enmascarados.  Dispararon contra la multitud.  La llamada Masacre de El Silencio se cobró la vida de muchos manifestantes.  Estos sucesos desencadenaron la sublevación de varias divisiones militares.  Detuvieron a Chávez e instalaron un gobierno de transición bajo la dirección de Pedro Francisco Carmona Estanga.  Al día siguiente, Carmona suspendió la Constitución para crear un nuevo orden.  Disolvió la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia.  También destituyó al Fiscal General, al Contralor General y a los gobernadores y alcaldes.  Sin embargo, en menos de 48 horas (el 13 de abril), el ejército cambió de estrategia y retiró el apoyo a Carmona.  El capitán Diosdado Cabello Rondón fue restituido como presidente.  Tras jurar su cargo, Cabello devolvió a Chávez al poder.

El golpe militar llevó a Chávez a purgar a sus aliados y luego surgieron graves conflictos entre su gobierno y la oposición.    En diciembre de 2002, los partidos de la oposición respondieron con una huelga nacional para obligarle a dimitir.    La huelga se centró en la compañía petrolera estatal que generaba el 80% del producto interior bruto (PIB) del país.    Chávez despidió a treinta y ocho mil empleados y los sustituyó por personas de su agrado.    En febrero de 2003 finalizó la huelga y Chávez se hizo con el control total de los ingresos.

Entre 2003 y 2004, la oposición convocó un referéndum para derrocar al presidente, mientras Chávez utilizaba los ingresos del petroleo en el pico de su valor de mercado y los invertía en programas sociales que le reportaran más apoyo.  A finales de 2004, se recuperó su popularidad y el referéndum fracasó.  En diciembre de 2005, la oposición propuso boicotear las elecciones asamblearias para protestar contra el corrupto Consejo Nacional Electoral (CNE).  Como era de esperarse, la coalición de Chávez consiguió aumentar su mayoría en la Asamblea.

En diciembre de 2006, Chávez salió reelegido por tercera vez.    Inició la nacionalización de las grandes industrias como el oro, la electricidad, la minera, la agricultura, las telecomunicaciones, la banca, así como de otras más pequeñas.    Adoptó un paquete de nuevas enmiendas constitucionales para ampliar el poder ejecutivo y su control sobre el Banco Central de Venezuela.    Intentó modificar el derecho a confiscar la propiedad privada.    Propuso convertirse en presidente vitalicio.    Sin embargo, en diciembre de 2007, la Asamblea rechazó el paquete por un estrecho margen.

En febrero de 2009, Chávez volvió a presentar con éxito la misma propuesta.    Bajo el asesoramiento cubano expandió un programa para suprimir la disidencia.    Detuvo a opositores elegidos y cerró todas las televisiones privadas.

En junio de 2011, Chávez anunció que para extirparle un tumor se sometería a una intervención quirúrgica en Cuba.   Buscó ayuda allí a pesar de contar con los conocimientos necesarios en Venezuela.    Sus declaraciones parecían contradictorias.   El electorado dudaba de su competencia para las elecciones.   En 2012, a pesar de su estado de salud, Chávez se presentó contra Henrique Capriles y ganó las presidenciales.

Chávez durante la campaña electoral en febrero de 2012.

En diciembre de 2012, Chávez se sometió a una cuarta operación en Cuba.  Antes de su partida, él anunció su propia transición y nombró sucesor a su vicepresidente Nicolás Maduro (Maduro formaba parte de una troika con Diosdado Cabello [jefe militar] y Rafael Darío Ramírez Carreño [administrador de Petróleos de Venezuela, SA o PDVSA].  Tras intervención quirúrgica en Cuba, fue trasladado al Hospital Militar Universitario Dr. Carlos Arvelo (adscrito a la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela o UMBV) el 11 de diciembre, donde permaneció incomunicado.  Algunos miembros del gobierno negaron la acusación de asesinato por parte de los servicios de contrainteligencia venezolanos.  Tampoco era creíble el reporte del ex-fiscal general Luisa Ortega Díaz, según el cual Chávez ya había muerto el 28 de diciembre, como también anunciaron militares desertores en Colombia.  El gabinete de Maduro rechazó las acusaciones.  En sus desmentidos Maduro afirmó que no se había cometido ningún delito.  Pidió entonces a la Asamblea Nacional que postpusiera indefinidamente la toma de posesión.

La Asamblea Nacional votó a favor del aplazamiento.  Entonces se supo que Chávez había muerto el 5 de marzo.  Fue embalzamado en tres etapas diferentes sin que se le practicara autopsia.  A los treinta días siguientes, Maduro ganó las elecciones.

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Capítulo 7

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La resistencia a la autoridad utiliza a menudo un simbolismo que requiere interpretación y va en contra del proceso alegórico.  Como Platón, pienso que el verdadero filósofo debe ser alegorista invertido.  Debe considerar los fenómenos a interpretar en una escala ascendente y atribuirles un valor último sólo en la medida en que revelen su realidad ideal en el mundo de las formas, en lugar de entregarse a especulaciones confinadas al ámbito moral y físico.

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Capítulo 8

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«Allégorie de la Géométrie», del artista barroco francés Laurent de La Hyre [1606-1656], óleo circa 1649 (40 7/8 x 86 1/8 in.) – Museos de Bellas Artes de San Francisco. Roscoe and Margaret Oakes Fund.

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«Allégorie de la Géométrie» [1649] de Laurent de la Hyre encendió mi visión de un gobierno ideal:   una geometría de virtudes, donde reina el equilibrio y el orden se despliega con perfecta simetría.   La justicia, la templanza y la sabiduría forman el trígono de la armonía, cuya interacción da forma a un gobierno tan preciso y continuo como las líneas del compás, un testimonio perdurable del poder de la virtud.   Un gobierno virtuoso, al igual que las leyes eternas de la geometría, puede mantenerse como un faro de estabilidad y verdad perdurable.

En el ámbito del gobierno ideal, la virtud es la piedra angular de la relación entre un gobernante y los gobernados.  La virtud se refiere a la excelencia moral y la bondad de carácter que son esenciales para un gobierno ideal.   En este contexto, la virtud no es sólo un rasgo personal, sino un concepto relacional que existe entre el gobernante y los gobernados:   una cualidad que surge de la interacción y la relación entre el líder y el pueblo, en lugar de ser una característica de cualquiera de ellos por sí solo.   Esta comprensión de la virtud tiene sus raíces en la filosofía aristotélica, que enfatiza la importancia de virtudes como la justicia, la templanza y la sabiduría.

Estas virtudes son esenciales para crear una relación armoniosa y justa entre el gobernante y los gobernados, y para fomentar un sistema político que promueva el bien común.   La interacción histórica entre estos roles (el del líder y el de los gobernados) da forma a su destino, identidades, orígenes y valores compartidos.  Acontecimientos históricos – como la colonización de Venezuela y sus prolongadas guerras civiles que involucraron a varios caudillos [desde el movimiento de independencia en 1810 al final del régimen del dictador Juan Vicente Gómez en 1935] – han tenido un impacto duradero en la imagen que el pueblo tiene de sí mismo.  Como en muchos otros pueblos, la perversión de la virtud consiste en una relación geométrica proporcionalmente inversa entre su liderazgo y la perversión de la sociedad que lo produce y elige.  A medida que aumenta el autoritarismo, disminuye la voluntad del pueblo para corregirlo.  La ideología del chavismo no fue un fenómeno aislado, producto únicamente de Hugo Chávez, sino de una tolerancia más amplia hacia el abuso de poder, especialmente entre las élites.  La autodeterminación inspira resiliencia y progreso, pero para comprender las luchas y los logros de los pueblos se requiere reconocer los fracasos del pasado.  De lo contrario, la tarea de gobernar a un pueblo pervertido y sin memoria será difícil de llevar a cabo.  Tanto los esfuerzos diplomáticos como los movimientos políticos internos para lograr un cambio positivo se basan en los principios de la democracia, donde el éxito depende de fomentar la unidad entre los grupos de oposición.

La falta de confianza entre Hugo Chávez y el electorado definió su relación.    Una relación geométrica entre la perversión del pueblo y el autoritarismo de sus gobernantes conecta la trama.  Ambos fueron víctimas y perpetradores, con gobernantes incapaces de hacer cumplir las leyes y el pueblo accediendo a ello.  Chávez y el pueblo buscaban honor y respeto, pero su comprensión de la buena voluntad era errónea.  En cuanto al respeto propio y la falta de respeto, la condición intermedia era la buena voluntad o benevolencia, y un exceso sería una especie de vanidad, mientras que su carencia indicaba una pusilanimidad humillante.  Era posible que al líder y al pueblo les importara más o menos de lo debido la apreciación de una conducta adecuada.  De hecho, el justo medio estaba en la moderación.  Por el mero deseo de ser virtuosos, el líder y el pueblo deberían haber tenido el valor de evitar la deshonra, pero si no lo hacían se convertían respectivamente en opresor y oprimidos sin la virtud del respeto propio.  Aristóteles decía que la virtud debía promoverse como el valor intermedio entre los excesos mediante el sentimiento de deshonra o vergüenza, con el deseo de que este sentimiento fuera noble.  El sentimiento de vergüenza debe servir para evitar el reproche.  Sin embargo, el autócrata temía más el dolor que el valor de enfrentarse.   El pueblo rehuía la confrontación y el reproche mientras que el autócrata daba rienda suelta al rechazo.  Si el pueblo y el autócrata hubieran admitido sus errores, se habrían mitigado las peores consecuencias.  En cambio, Chávez impuso el autoritarismo, tomó el control de los asuntos políticos y socavó la neutralidad civil.   En esto, reflejó a otros autócratas militares y distanció a la nación de su realización.  El papel militar es proteger al pueblo, pero fue el pueblo quien le dio poder a Chávez para falsificar el poder gubernamental y de esa manera profundizó los desafíos de la nación.

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Capítulo 9

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« La primera cuestión »

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  • Sobre el resentimiento social:

La tragedia surgió de una percepción entre compatriotas que esperaban confianza mutua.  El líder pensó que habría deseado una moralidad que hubiera beneficiado a las personas que vivían en la pobreza.  Pensó que habría podido llevar sobre sus hombros la carga de sus esperanzas.  Estaba dispuesto a luchar mediante medidas populistas y, al igual que el pueblo, con un falso sentido de la responsabilidad.  Para ambos, su error era inaceptable.

El gobierno de Chávez se caracterizó por la división:  Un régimen monocrático que se volvió contra la democracia, entendida como pluralismo, generó mayor desconfianza.  Hizo del odio la herramienta preferida, siempre que no se aplicara a sus partidarios. Amplió la brecha entre su déficit democrático y las demandas de sus ciudadanos.  En lugar de apostar por el parlamentarismo, el diálogo o la búsqueda de consensos y acuerdos, optó por la confrontación directa y la imposición de sus ideas mediante la intimidación y la violencia.  La división no ha disminuido con su muerte.   La batalla continúa.  Tras dominar la política durante catorce años, las ideas antioligárquicas y antiimperialistas siguen ardiendo vivas en el imaginario de sus seguidores.

Como parte de las reformas constitucionales, Hugo Chávez añadió un quinto poder, el Poder Ciudadano.  Su reforma proveía lo que llamaba una “soberanía popular” dentro del Poder Público, pero sin agencia legislativa ni sufragio universal.  En 2003, Chávez también encomendó a los ministerios tareas socioeconómicas (Misiones) para combatir la pobreza entre los ciudadanos.  La única condición para los beneficiarios era que fueran miembros de su Partido Socialista Unido de Venezuela [PSUV] que según la crítica equivalía a un control social.  Luego su sucesor, Nicolás Maduro expandió dicho control a través de un sistema creado por la Compañía de Equipos de Telecomunicaciones Zhong Xing Limitada, ZTE Corp. de la China.  

El lema de Simón Bolívar [1783-1830] como ícono populista sirvió de base para la política de Chávez, y también para sus oponentes.  Esto hizo necesario una batalla entre fuerzas opuestas en torno al mito de Bolívar.  Para legitimar su propia versión de Bolívar, Chávez transformó la República de Venezuela en la República Bolivariana de Venezuela.  Según argumenta el periodista Thor Halvorssen para el Economista, Chávez . . . deja una silla vacía en las juntas de gabinete para el espíritu del libertador.  Para fortalecer relaciones internacionales, regaló réplicas de la espada de Bolívar a sus socios en el extranjero [i].  En 2007, desenterró los restos de Bolívar para iniciar una investigación sobre la causa de su muerte.  Insistía en que fue asesinado a pesar de que el estudio (según Reuters) descartó envenenamiento intencional de Bolívar.  Chávez rechazó entonces los retratos existentes de Bolívar, como un óleo de José Gil de Castro de 1827.  Convocó por lo tanto a un equipo para crear su propia versión.  Como tenía acceso al cráneo de Bolívar, Chávez hizo recrear un busto generado tridimensionalmente por CGI o aplicación de gráficos computarizados.  Lo plasmó en murales por barrios pobres.  Su apariencia era más mestiza americana y menos europea que la de José Gil de Castro.

Los venezolanos se acostumbraron a los agravios de Hugo Chávez.   Si bien muchos lo vieron como una encarnación moderna de Simón Bolívar, la relación entre Chávez y el pueblo era compleja.   Ambas partes tenían grandes expectativas, pero no lograron comprender plenamente los límites de la responsabilidad de cada uno.   Este malentendido mutuo condujo a un ciclo de desilusión y desconfianza.

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  • NOTA FINAL

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Capítulo 10

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Emblema del Ejército Bolivariano.

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  • Sobre la gobernanza militar:

Chávez hizo hincapié en estructuras y prácticas equivalentes a los militares en su liderazgo y disciplina políticos.  Este enfoque contribuyó tanto a consolidar su autoridad como líder como a regular los asuntos internos de su movimiento.  Sólo los militares garantizaban el cumplimiento de su voluntad. Utilizó la presencia civil para ganar una sensación de legitimidad.  Una vez que las autoridades administrativas apoyaron a los militares en la defensa de sus pretenciones de poder, la fuerza militar creó un cerco entre el pueblo y el centro del poder.  Esto permitió a los militares obtener las ventajas propagadas por el Estado.  Los militares fingían preocuparse por la justicia, cuando en realidad sólo se preocupan por la seguridad de sus beneficios.  Los militares desatendieron sus deberes constitucionales mientras el presidente les encargaba abusar y torturar la población.  La dicotomía era que, para el chavismo, la lucha contra una oligarquía existente justificaba la creación de una nueva oligarquía bajo los militares.  Tal justificación era moralmente errónea.  Chávez propagó un movimiento proïmperialista que buscaba la unificación de América Latina.  Promovió deliberadamente el extremismo con la intención de corromper la capacidad de resistencia del pueblo.  La verdadera batalla fue entre el fanatismo y la democracia.  Fue una lucha que promovió la intolerancia y restringió los derechos civiles y las libertades fundamentales.  Las cosas se pusieron cada vez más difíciles para el pueblo, que no se atrevía a desafiarla.  La gente se sometió a la servidumbre hasta que tuvo el valor de decir ¡basta!, porque no cambiarían hasta que tuvieran que enfrentarse a ella.

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Capítulo 11

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En un régimen autoritario como el chavista, la autoridad gobernante ejercía un control absoluto sobre todos los aspectos de la vida individualista.  Esto incluía la restricción gradual de los partidos políticos y las ideologías de oposición, así como la manipulación de las clases sociales para garantizar su dependencia.  El objetivo era mantener una estructura jerárquica que beneficiara principalmente a quienes detentaban el poder.  El Estado autoritario de Hugo Chávez pretendía reinventarse a sí mismo y su marca de “Morir por la Revolución” o “Luchar por la Patria Grande” utilizando “Mi Pueblo” y “Mi Nación” como lenguaje de la violencia.  Estas consignas pretenden convertirse en soluciones a los conflictos económicos y sociales, que el Estado militarizado no puede ni quiere resolver.  En ese sentido, “el Presidente para el pueblo” es una aliteración vacía, un embrollo personal, una nada bárbara, cuyo ritmo es el compás de las consignas autoritarias.

El Estado venezolano idealiza la violencia como medio de asimilación.  Declara que la igualdad es una ideología tribal y divisoria, y su apelación a fuerzas externas tiene poco que ver con la defensa de las necesidades de su pueblo.  Si este Estado no crea riqueza debido a su incompetencia, violencia y corrupción, ¿cómo puede explicar su propia victimización en otros lugares?  Es más bien el resultado de una ideología simplista y homogeneizadora al mismo tiempo.  Fusionar así a la población es un error.  Conduce a una espiral descendente de falsas equivalencias y a juicios que marginan las diferentes identidades sobre la base de invenciones y prejuicios.  La sugerencia de alinear una entidad dominante contra un enemigo ajeno mientras se suprime toda variabilidad y diferencia entre grupos es una consigna contraproducente que promueve una noción de virtud exclusiva sobre todas las demás y refuerza un nocivo sentido del privilegio.  Tal condicionamiento ha demostrado ser un proceso desastroso en la historia venezolana.[i]

El papel histórico de los oficiales militares en Venezuela ha sido significativo y ha dado forma a la trayectoria del país para bien o para mal.   Desde las guerras de independencia de 1812, Venezuela ha sido testigo de una serie de conflictos civiles-militares impulsados ​​por caudillos que compiten por el poder.   Esta tendencia se intensificó en la década de 1930 con el surgimiento de la literatura marxista-leninista, cuyo objetivo era politizar las Fuerzas Armadas.   Publicaciones castrenses a través de universidades como las Universidades de los Andes, Zulia y la Universidad Central de Venezuela [ii] buscaron inculcar en los soldados la creencia de que el imperialismo estadounidense, y no el comunismo, era el verdadero enemigo.   Las tensiones geopolíticas entre la Unión Soviética y Occidente alimentaron aún más la politización militar, a medida que los militares buscaban romper con el paradigma liberal ejemplarizado por los Estados Unidos de América.   En particular, a partir de los años sesenta, esto llevó a varios levantamientos militares fallidos contra el gobierno civil democrático de Rómulo Betancourt, a pesar de los vínculos del propio Betancourt con organizaciones procomunistas.   El punto es que estas influencias históricas continúan moldeando la mentalidad del ejército venezolano hasta el día de hoy.

Desde la Guerra Fría, los líderes civiles en América Latina han enfrentado un mayor riesgo de desplazamiento a través de movilizaciones masivas que de golpes militares.   Por ejemplo, de las quince transferencias de poder no constitucionales en la región entre 1990 y 2004, trece fueron iniciadas por civiles, siendo Venezuela una excepción notable.   En medio del resurgimiento del populismo, Hugo Chávez contó con el respaldo del ejército venezolano durante las protestas civiles de 2002 y 2004.   Este apoyo militar surgió de complejas disparidades dentro de la élite civil y militar, mientras que la falta de cohesión entre los partidos de oposición reforzó el control de Chávez – a pesar de toda resistencia.

Al profundizar estos elementos del contexto histórico, la dinámica subyacente del autoritarismo militar y la contínua devolución de la nación, será posible explorar por qué persisten ciertas actitudes, comportamientos y normas sociales, a pesar de todo esfuerzo para cambiarlos.   De ser así, será posible desarrollar respuestas a estrategias y soluciones para un cambio de gobierno – las cuales fomenten una transformación positiva.   Sólo a través del análisis y la reflexión colectiva podremos allanar el camino hacia un futuro más ilustrado y progresista para la sociedad venezolana.

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  • NOTAS FINALES

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Capítulo 12

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No reconocer la validez de las diferencias de opinión socava la verdad.  En términos políticos el instinto de poder por encima de la racionalidad inhibe el desarrollo humano.  En un mundo en el que la elección individual parece primordial, ¿cómo podemos aprender a aceptar la validez de las diferencias?  Si los ideales de quienes ostentan el poder son los únicos admisibles, cualquier grupo contrario queda despojado de legitimidad.  Si nos centramos en las habilidades democráticas, como la escucha activa, el pensamiento crítico y la humildad, podremos detener la degradación de las libertades políticas.  Las exigencias del autoritarismo se reformulan a través del paternalismo.  Para el autócrata, la libertad significa lo que la autocracia quiere.  Del mismo modo el pueblo autoriza al autócrata con lo que quiera.  Pero si el pueblo valora su libertad, no puede permanecer neutral.  El autócrata manipula los vicios del pueblo.  Si queremos hacer frente al autoritarismo debemos reconocer nuestro poder sobre él, en lugar de aceptarlo.  El antídoto contra autoritarismo (el populismo) requiere, sobre todo, previsión histórica y conocimiento.  A quienes no quieren conocer los peligros del autoritarismo, podemos decirles que contenerse no es una opción.  El espectador pasivo es tan cómplice del déspota como el actor que finge estar de acuerdo.  Para el opresor la resistencia es el enemigo.  Para el oprimido la resistencia es el único medio de defensa.  El opresor se mide por el hecho de que quiera eliminar a sus oponentes y todo antagonismo.  La autocracia refuerza la represión y el abuso mutuo.  El silencio del pueblo, a su vez, sólo sirve al opresor.

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Capítulo 13

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  • Sobre el enemigo en común:

¿Hay alguna forma de salir de este ciclo de rivalidades?  Ni el heroísmo ni la villanía aportarán claridad a un pueblo si no hay democracia.  Enfrentar a un partido político contra otro es una narrativa falsa.  La raíz de la desigualdad sociopolítica reside en la falta de comprensión de la gobernanza democrática.  En Venezuela, los partidos de la oposición que se suponían contener a la oposición fueron los mismos que se sometieron a Hugo Chávez en 1999.  Y fueron los mismos que aceptaron el programa de su sucesor Nicolás Maduro en 2014.  A la oposición venezolana le ha costado encontrar la unidad debido a diferencias ideológicas, rivalidades personales y distintas estrategias para superar la crisis.   Las diferencias de opinión sobre asuntos como las negociaciones con el gobierno, el compromiso internacional y el papel de ciertos líderes no lograron una cooperación coherente.  La presión externa también contribuyó a las divisiones dentro de la oposición.  Superar estos obstáculos es esencial para una acción conjunta eficaz contra el régimen autoritario.  En 2023, la oposición no ha conseguido desmarcarse de este camino.  Juan Guaidó (de enero de 2019 a enero de 2023) no logró formar un nuevo gobierno al ser destituido de su propia coalición.  Su partido no es diferente de los que conviven con el autoritarismo y la violencia del Estado.  El hecho de que sea inexplicable sólo genera malestar entre la población.  La polarización resultante aumenta la violencia.  Mientras tanto, el señuelo de la resistencia consiste en transigir con un gobierno caracterizado por la ilegalidad y del que nadie sabe cómo deshacerse.  Todos tienen la misma fuente:  El tercer presidente de la Primera República de Venezuela, Francisco de Miranda, dijo [el 31 de julio de 1812] cuando fue entregado al ejército español para su detención con la colaboración de Bolívar:  “¡Bochinche, bochinche . . .!” (¡Calumnia, calumnia! . . .[i]).  Ésta fue su exclamación en el momento de su captura.  Con bochinche Miranda se refería al engaño de la promesa de liberación a través del desorden y el vicio de los chismes y la intriga que imperaban entre los militares venezolanos.  Persisten hoy el mismo desorden y vicio, la misma corrupción arraigada y política egoísta que durante mucho tiempo han plagado a Venezuela.   La oposición sucumbe al fraude y la demagogia mientras busca amnistía a cambio de favores del líder o busca descaradamente beneficios personales.   Las elecciones se amañan y las promesas se incumplen impunemente.   No es de extrañar que las soluciones y alternativas sean escasas, dada la flagrante incompetencia de los políticos.

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  • NOTA FINAL
  • [i]   John Lynch, Simón Bolívar:   A Life (New Haven:   Yale University Press) [2006], 2007, pág. 62

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Capítulo 14

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  • Sobre la anarquía represiva:

Aunque los poderes políticos hayan comprometido el potencial de los jóvenes, algún día surgirá de ellos una nueva generación que dará un mejor ejemplo.  Tal vez esta visión esté liderada por quienes hoy arriesgan su vida por la paz y la justicia.  Sería posible si el país promoviera las libertades universales.  El precio de la inacción es el fracaso del Estado de derecho, pues sin la aplicación de sus leyes, tanto el pueblo como sus dirigentes se acostumbran a la anarquía.  La nación sólo tiene raíces en la amonestación y la advertencia contra cualquier atisbo represivo de transgresión.  La obligación para con las leyes reside en su cumplimiento.  De lo contrario, ya no hay ley ni libertad.  La libertad de expresión cesa.  No queda más remedio que renovar el Estado de derecho.  Ante el inminente colapso de la nación, el pueblo está obligado a actuar.  Al hacerlo, están cumpliendo con su responsabilidad.  Sin embargo, si no consiguen eliminar la amenaza crónica e insidiosa que ha existido es porque el pueblo y sus dirigentes se han acostumbrado.

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Capítulo 15

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  • Sobre el imperativo de priorizar la democracia:

Los líderes autoritarios distorsionan a menudo los ideales democráticos para justificar su régimen dictatorial; el mundo se enfrenta muchas veces a amenazas sin precedentes como pandemias, guerras y cambios climáticos; y se acelera la agitación de las relaciones humanas.   La actual situación mundial está provocando una percepción sesgada de la realidad; como consecuencia surgen nuevos retos para comprender el mundo.   Para superarlos tiene sentido rediseñar contratos sociales que permitan la innovación y garanticen un futuro sostenible.

Por ello la proclamación de los principios clásicos de la democracia es más importante que nunca.   1) Estado de Derecho:   Un marco jurídico que garantice la igualdad ante la ley, proteja los derechos individuales y responsabilice a los funcionarios del gobierno.   2) Elecciones libres:   Elecciones periódicas libres de fraude, coacción e intimidación, que permitan a los ciudadanos elegir a sus representantes mediante un proceso transparente.   3) Libertades civiles y derechos humanos:   Protección de libertades fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad religiosa y la libertad de prensa.   4) Separación de poderes:   Un sistema de controles y equilibrios entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial del gobierno para evitar que uno de los tres poderes adquiera demasiado poder y garantizar la rendición de cuentas.   5) Un poder judicial independiente:   Un poder judicial imparcial que defienda el estado de derecho, interprete y aplique las leyes con equidad y proteja los derechos de las personas frente a violaciones por parte del gobierno u otros actores.   6) Participación cívica:   Participación activas de los ciudadanos en los procesos políticos, por ejemplo a través de elecciones, protestas pacíficas y participación en organizaciones de la sociedad civil, para exigir responsabilidades al gobierno y dar formas a las políticas públicas.   7) Gobierno receptivo:   Funcionarios electos e instituciones estatales que responden a las necesidades y preocupaciones de la población y dan prioridad al bien común sobre los intereses creados.   8) Protección de los derechos de las minorías:   Medidas de protección para asegurar que sus voces sean escuchadas y sus derechos respetados.   9) Transparencia y rendición de cuentas:   Apertura y transparencia en la gobernanza, por ejemplo acceso público a la información, transparencia financiera y mecanismos para que los cargos electos y públicos rindan cuentas por sus actos.   10) Transferencia pacífica del poder:   Transferencia pacífica del poder entre partidos o grupos políticos opuestos mediante elecciones sin uso de la fuerza ni la coacción.  

En resumen, la democracia requiere la participación activa de los ciudadanos, un compromiso con los valores de estos principios, un esfuerzo constante para superar los retos y el fortalecimiento de instituciones autónomas de gobierno.

En Venezuela, la lucha entre democracia y dictadura es fundamental.   A lo largo de los últimos veinticinco años, la concentración de la autoridad dictatorial militar, bajo un régimen de partido único, ha resultado en la disminución de las libertades individuales y en un deterioro de las condiciones sociopolíticas y económicas.

Reconocer la amenaza inminente de una dictadura es imperativo para el progreso de una nación.   Lograr la unidad, tanto política como económica, depende de la celebración de elecciones transparentes y equitativas en las que el sufragio universal se mantenga confidencial.   Implementar estrategias que garanticen una distribución justa del poder es crucial para atenuar los peligros que plantean los regímenes opresivos y la centralización de la autoridad.

Proteger la democracia garantiza que cada ciudadano contribuya activamente a dar forma al futuro de su nación.   Es esencial frustrar la explotación de las clases sociales por parte de oligarquías y cleptocracias políticas, que priorizan el beneficio personal sobre el bien público.   Fortalecer la democracia requiere invertir en instituciones inclusivas como poderes judiciales independientes y una prensa libre.   Además, es fundamental fomentar el compromiso cívico y promover la educación y el pensamiento crítico.   Es imperativo introducir talleres sobre participación ciudadana y alfabetización digital para todos los grupos de edad.   Además, para lograr la resiliencia y el progreso democráticos es necesario fomentar nuevas políticas de colaboración regional y apoyo internacional, en lugar del aislamiento.

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Capítulo 16

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  • Sobre la violencia:

El fin no justifica los medios como suele decirse.  Si los medios son ilegítimos, lo es también el fin.  La intolerancia de la pluralidad o la diversidad fomenta el abuso.   El problema no es tanto el sistema, la revolución o la ideología, sino el reclutamiento tribal:   el reclutamiento en pasiones políticas, que significa la pérdida de la autodeterminación por la lealtad forzada.   Quienes se unen a una pasión concreta pueden sentirse obligados a ajustarse a la ideología de grupo y abandonar sus propias creencias y valores.  

La justicia es el ejercicio de la libertad.  Sustituir la libertad por el paternalismo y la violencia es pervertirla.  La protección de la libertad consiste en resistirse a la arbitrariedad.  Cuando un pueblo entrega su capacidad de razonar a la sinrazón de sus gobernantes, entrega su propia tarea, la tarea de su espíritu, a la entrega de su mente.  Es necesaria una defensa constante. El precio de ello es rechazar las normas falsas.

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Capítulo 17

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« La quinta prueba »

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  • Sobre los derechos humanos:

¿Qué es lo que inhibe culturalmente?  Venezuela ha heredado una tradición política de escepticismo y de rechazo a la fe colectiva.  Ha heredado un legado de autoritarismo y desconfianza hacia la libertad.  ¿Qué logros increíbles no alcanzaría su gente si el sistema sociopolítico la empodedara en lugar de dudar de ella y reprimirla?  Eso sería la verdadera revolución.

Si queremos tener una sociedad en paz, no podemos lograrla mediante la violencia y la represión.  Hay suficientes recursos para que los venezolanos vivan en paz y en abundancia, pero las fuerzas políticas en conflicto hoy mantienen al país en un estado de miseria.  Es necesario un ajuste en las mentes de los políticos y sus electores si sus argumentos no han resuelto sus diferencias.  Ninguno sobrevivirá aislado.  Si lo hicieran, se corromperían hasta llegar al nihilismo existencial en su negación de todos los principios sociales.  Salvaguardar los intereses sociales del pueblo es la base más importante sobre la que se pueden justificar moralmente los derechos humanos en el gobierno de un país.  La validez filosófica de los derechos humanos descansa en una única cualidad humana:  la capacidad de libertad, es decir, el derecho igual de todos los seres humanos a la libertad, incluida la seguridad frente a la violencia y las condiciones materiales necesarias para la supervivencia personal.  La libertad y el bienestar son requisitos esenciales para las personas razonables.  Aunque el conflicto entre las diferencias sociales y políticas es una parte estructural de la vida comunitaria, todo el mundo debe reconocer que la aplicación de principios éticos ayuda a lograr el acuerdo en una sociedad pluralista.  A diferencia del autoritarismo, que se impone mediante la división, el cumplimiento de la sociedad libre se manifiesta a través de un espíritu ético.   Si el lenguaje y las acciones se convirtieran en el artífice de la ventaja tribal, devaluaríamos cualquier intención de defender los derechos civiles de todas las personas.  Para encontrar un equilibrio entre las distintas posturas, el conocimiento experiencial humano desempeña un papel crucial a la hora de decidir si las normas jurídicas son positivas o negativas.  Para mantener el orden civil hay que encontrar un cierto grado de compromiso.  Así, las leyes se modifican mediante el intercambio de ideas.  Sin embargo, cuando el cambio se produce a través de la eliminación radical de la experiencia humana establecida (la eliminación de leyes anteriores a través de cambios basados en nuevas construcciones ideológicas impuestas por el extremismo), el resultado es el caos absoluto.

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Capítulo 18

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« La prueba final »

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  • Sobre la liberación de la injusticia:

La pregunta es:  ¿Qué será de la nación?    Se requiere honestidad para analizar los prejuicios y la apatía.   ¿Cómo apelar a la consciencia?  Cuando una nación de leyes pierde su liderazgo, a los políticos no les importan ni los votantes ni el país.  Pedir cuentas a los votantes no es diferente de la mendacidad de los políticos, pues no sólo sus fechorías tienen las peores consecuencias, sino también la cobardía de la inacción y el acatamiento de quienes los eligen.  Es el monstruo que vive en cada votante.  Para proteger a la comunidad todos deben defender un destino político con la esperanza de recuperar la nación.

¿Entenderemos el espíritu de moderación que salva la integridad? ¿Comprenderemos la falta de valor?  ¿Rechazaremos nuestro miedo a la insuficiencia?  Si no, ¿persistiremos en la brutalidad?

El futuro del país es tan oscuro o brillante, dependiendo de los deseos y esperanzas de su gente.   La justicia y la libertad no son absolutas.   Por ello, la venganza y el sufrimiento son fuerzas irrevocables.   La comprensión de la naturaleza humana sólo se logra mediante el toma y daca de intereses contrapuestos.   La mayor oscuridad es la falta de voluntad para explorarla.   La paz se basa en el compromiso.   Pero para las personas que abusan de su poder – a quienes hoy llamamos déspotas – el compromiso no es posible porque su poder es ficticio y no están interesados en la verdad.   Su ficción y debilidad son lo opuesto a la verdad y la fuerza que nos multiplica a través del compromiso.   La cuestión de una gobernanza eficaz alienta la búsqueda de explicaciones en lugar de interpretaciones ficticias.   Sin embargo, para comprender las desavenencias que llevan a justificar el abuso de poder, hay que reconocer primero que ninguna civilización produce una mentalidad monolítica y que sería imposible descifrar sus motivaciones o segundas intenciones.   Las luchas de poder forman parte de la imperfecta naturaleza, tanto entre gobernantes de muchas naciones como entre sus pueblos.  Las luchas de poder existen a todos los niveles y entre todo tipo de personas en cada sociedad:  entre empresarios y trabajadores, profesores, sacerdotes, padres, hermanos, cónyuges, et al.   Cada individuo tiene su propia responsabilidad al respecto.   Si cada uno de nosotros examinase sus propias acciones, podría cambiar, no sólo interiormente como hacia el entorno inmediato, sino también hacia la santidad de todos los seres vivos.   Si nos respetamos en nuestra diversidad, encontraríamos las respuestas para un futuro mejor.   Ésa sería nuestra urgencia . . . .

¿Qué conseguimos protestando en contra de la injusticia y las mentiras que la promueven, si no es buscando la compasión por la injusticia que hay en cada uno de nosotros?   Nada cambia el hecho de que elijamos redimirnos.

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Fin

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Ricardo Federico Morín Tortolero.  Bala Cynwyd, Pensilvania, 26 de mayo de 2024

Editor, Billy Bussell Thompson.  Ciudad de Nueva York, Nueva York


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Reconocimiento

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Me gustaría agradecer a Billy Bussell Thompson (BBT) por su cuidadosa orientación editorial.   Sus comentarios me ayudaron a aclarar ideas complejas, lograr un equilibrio entre la verdad emocional y la exactitud de los hechos y fortalecer la credibilidad y los matices de mis argumentos.   Aprecio su generosidad y experiencia, que han mejorado enormemente la calidad de mi trabajo.

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Bibliografía

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