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« Los límites del juicio electoral »

November 4, 2026

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Ricardo F. Morín
El riesgo del sometimiento
Imagen generada por ordenador (CGI)
2026

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La votación ha concluido.  El electorado ha modificado la composición del Congreso, pero las atribuciones de la Presidencia permanecen en manos de su actual titular.  Conforme a la Vigésima Enmienda, la nueva legislatura asumirá sus funciones el tres de enero; hasta entonces, el Congreso saliente conservará todas sus facultades.  Ese intervalo concluirá en la fecha prevista.  La distribución de competencias entre el Legislativo y el Ejecutivo permanecerá intacta.  Los ciudadanos han elegido nuevos representantes sin elegir un nuevo presidente, y el juicio expresado en las urnas no puede, por sí solo, alterar las decisiones de una magistratura que no estaba sometida a elección.

El electorado decide quiénes ocuparán los cargos públicos, pero el acto de votar no constituye, por sí mismo, el ejercicio de las atribuciones correspondientes a esos cargos.  Ninguna papeleta deroga una ley, deniega una partida presupuestaria, obliga a comparecer a un testigo ni revoca un acuerdo del Ejecutivo.  El sufragio confiere un mandato representativo, pero las facultades para ejercerlo proceden de la Constitución.  Al Congreso corresponden la legislación, la aprobación de los gastos públicos, la fiscalización y la regulación del comercio exterior.  Al presidente competen la conducción de las relaciones diplomáticas, la recepción de representantes extranjeros y la dirección de los departamentos ejecutivos dentro de los límites de sus atribuciones.  Las competencias de ambos poderes concurren en determinadas materias, pero una modificación de la composición del Congreso no traslada las facultades de un poder al otro.  La separación responde a una decisión constitucional:  impedir que una mayoría legislativa disponga de la totalidad del gobierno.  Esa misma separación impide que el juicio electoral referido al Congreso obligue al presidente a abandonar una política comprendida dentro de sus atribuciones legítimas.

El Congreso dispone de medios considerables para limitar la actuación del Ejecutivo.  Una comisión parlamentaria puede investigar y citar testigos, pero la información obtenida no revoca por sí misma el acto investigado.  El Congreso puede aprobar leyes que restrinjan las atribuciones del Ejecutivo, aunque toda ley requiere la aprobación de ambas cámaras y la conformidad presidencial, o los votos necesarios para superar un veto.  El Legislativo puede negar fondos para actuaciones futuras sin que esa decisión extinga necesariamente las pretensiones derivadas de compromisos anteriores.  Los tribunales pueden determinar si una actuación del Ejecutivo excedió las facultades legales o constitucionales, siempre que exista una controversia sometida válidamente a su conocimiento.  Cada medio de control está sujeto a requisitos propios, y ninguno garantiza el resultado perseguido.  La cuestión no depende de que los representantes estén dispuestos o no a actuar, sino de que las atribuciones constitucionales, aun ejercidas, puedan resultar insuficientes para rectificar las decisiones sometidas a examen.

El nuevo Congreso no recibirá una situación libre de compromisos anteriores.  Las leyes conservan su vigencia mientras no sean derogadas; los contratos obligan conforme a sus cláusulas y al derecho aplicable; los compromisos internacionales subsisten después de la salida de los funcionarios que los contrajeron.  Esa continuidad resulta indispensable.  Un gobierno cuyos compromisos caducaran con cada elección no podría obtener crédito ni celebrar acuerdos con otros Estados, y los propios ciudadanos carecerían de garantías sobre el cumplimiento de las obligaciones públicas.  La dificultad surge cuando determinados compromisos no se limitan a perdurar, sino que pretenden restringir las facultades mediante las cuales los sucesores podrían revisarlos.  Un acuerdo relativo al petróleo venezolano, celebrado entre funcionarios estadounidenses y una empresa privada y sustraído al examen público, contiene, según las informaciones conocidas, cláusulas destinadas a impedir que gobiernos futuros modifiquen la empresa constituida.  La existencia de esas cláusulas no acredita que los firmantes tuvieran facultades para imponerlas.  Tampoco la eventual extralimitación de los firmantes extingue las pretensiones que puedan formular los beneficiarios del acuerdo.  La nueva legislatura heredará tanto la cuestión de la validez de esas disposiciones como las consecuencias de un acuerdo cuya ejecución ya ha comenzado.

El intervalo anterior al relevo parlamentario añade otra limitación.  Varios senadores solicitaron una sesión informativa sobre el acuerdo petrolero, pero la comparecencia prevista para octubre fue aplazada hasta noviembre a petición del personal de la mayoría parlamentaria, con el argumento de que el Senado se había ausentado de la capital.  El aplazamiento no suprimió la facultad de fiscalización del Congreso, pero situó la información que pudiera obtenerse fuera del alcance del juicio electoral al que habría podido servir.  No fue necesaria una negativa expresa para que se produjera esa consecuencia.  El electorado votó sin disponer de los resultados de un examen que sus representantes todavía estaban facultados para realizar.  El nuevo Congreso podrá reanudar la investigación, pero sus conclusiones ya no podrán incorporarse a una elección concluida.  Tampoco podrá recuperar necesariamente las facultades de decisión restringidas por compromisos cuya ejecución haya comenzado.  La impugnación de un acto puede producirse cuando sus consecuencias ya afectan a relaciones jurídicas y comerciales de terceros ajenos al juicio electoral.  Rectificar un acto y revertir las consecuencias que ese acto ha producido son operaciones distintas.

Sustituir a los titulares de los cargos públicos no equivale a modificar las disposiciones mediante las cuales se ejerce el poder.  El juicio electoral determina la sustitución de los representantes, pero no garantiza la modificación de esas disposiciones, incluso cuando los elegidos cumplen las responsabilidades que el mandato les encomienda.  La división constitucional de poderes preserva las atribuciones del Ejecutivo frente al predominio del Legislativo, pero también limita la capacidad del electorado para alterar la conducta presidencial mediante la renovación del Congreso.  Una investigación puede esclarecer lo ocurrido sin deshacer sus consecuencias; una ley puede restringir las actuaciones futuras sin resolver todas las pretensiones nacidas de decisiones anteriores.  El sufragio ha conferido la representación del electorado, no la capacidad de decidir todas las consecuencias del ejercicio de esa representación.  El límite no reside en un voto que haya quedado sin emitir, ni necesariamente en la falta de voluntad de un representante para actuar, sino en la distancia entre las atribuciones que el electorado puede conferir y las consecuencias que su ejercicio alcanza a producir en la acción del gobierno.

Ricardo F. Morín

25 de Octubre de 2026

Oakland Park, Florida


« Desenmascarar la desilusión:  Serie XXIV »

October 29, 2026


“Geometric Allegory” digital painting (2023) by Ricardo Morin (American visual artist, born in Venezuela, 1954)

APÉNDICE (cont.)

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CONTENIDO

A-2 · Poderes y ministerios

A-3 · Fuerzas Armadas

A-4 · Inteligencia y seguridad

B · Organizaciones políticas

Fuentes y notas documentales del apéndice

Bibliografía de las XXIV Series


Alcance y cronología

Esta entrega final recoge la organización del poder público conforme a los ordenamientos constitucionales de 1961 y 1999, la evolución de las instituciones militares y de seguridad de Venezuela y las organizaciones políticas desde el siglo XIX hasta el 21 de octubre de 2026.  Las fechas que acompañan a las entradas indican períodos de actividad, constitución o reorganización.  Las valoraciones sobre la actuación de las instituciones se atribuyen a los informes o estudios de los que proceden.

El repertorio político es selectivo e incluye partidos, coaliciones electorales y movimientos personalistas de épocas anteriores.  La numeración prosigue la del Apéndice.  El apartado A-1, « Constituciones », figura en el índice del Apéndice de la Serie X y se desarrolla en las entregas constitucionales precedentes.


A-2).  Poderes y órganos del Estado [1961–2026]

El ordenamiento constitucional de 1961 articulaba el gobierno nacional en torno a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.  El artículo 136 de la Constitución de 1999 distribuye el Poder Público Nacional en cinco poderes:  Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral. [1] [2]

A-2.1).  Poder Ejecutivo Nacional

Conforme a la Constitución de 1961, el mandato presidencial duraba cinco años y se prohibía la reelección inmediata.  La Constitución de 1999 estableció un mandato de seis años y, en su redacción inicial, permitía una sola reelección inmediata.  La enmienda constitucional aprobada mediante referendo en febrero de 2009 suprimió el límite al número de reelecciones para la Presidencia y los demás cargos de elección popular. [1] [2] [3]

El presidente es jefe del Estado y del Ejecutivo Nacional, dirige la acción del gobierno y las relaciones exteriores y ejerce el mando supremo de las Fuerzas Armadas.  El Ejecutivo comprende, asimismo, al vicepresidente ejecutivo, los ministros y los demás funcionarios previstos en la Constitución o en la ley.  El artículo 236 atribuye al presidente el nombramiento y la remoción del vicepresidente ejecutivo y de los ministros. [2]

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó del deterioro de la separación de poderes y de las restricciones impuestas al ejercicio de las funciones de la Asamblea Nacional.  La Comisión Internacional de Juristas documentó la influencia política sobre el nombramiento de los jueces y su permanencia en el cargo. [4] [5]

Maduro prestó juramento como presidente el 10 de enero de 2025, tras la controvertida proclamación del resultado electoral de 2024 por el CNE. [85]  El 3 de enero de 2026, fuerzas de los Estados Unidos capturaron a Maduro y a Cilia Flores y los trasladaron bajo custodia estadounidense.  Delcy Rodríguez, hasta entonces vicepresidenta ejecutiva, prestó juramento como presidenta encargada el 5 de enero. [86]

Mediante la sentencia n.º 00001, de 3 de enero de 2026, la Sala Constitucional ordenó a Rodríguez ejercer la Presidencia en calidad de encargada.  La decisión invocó los artículos 234 y 239 y dejó expresamente pendiente la calificación definitiva de la falta de Maduro como temporal o absoluta.  Los artículos 233 y 234 establecen procedimientos de sucesión distintos para cada supuesto.  La sentencia no fijó una fecha para las elecciones presidenciales. [87] [2]

A-2.2).  Congreso de la República de Venezuela [ordenamiento de 1961–1999]

El Congreso estaba integrado por el Senado y la Cámara de Diputados.  El Senado incorporaba la representación territorial, mientras que la Cámara de Diputados representaba a la población conforme a las disposiciones electorales de la Constitución y de la ley.  El Congreso sancionaba las leyes, examinaba el presupuesto, ejercía el control político e intervenía en los nombramientos y las autorizaciones previstos constitucionalmente. [1]

La Constitución de 1999 sustituyó el Congreso por una Asamblea Nacional unicameral. [2]

A-2.3).  Asamblea Nacional [creada por la Constitución de 1999; elegida por primera vez en 2000]

La Asamblea Nacional ejerce la potestad legislativa, aprueba el presupuesto nacional, desempeña funciones de control político e interviene en los nombramientos que le atribuye la Constitución.  Los diputados duran cinco años en sus funciones.  El artículo 186 establece una asignación de escaños con una base poblacional del 1,1 por ciento de la población total del país, a la que se añaden tres diputados por cada entidad federal y tres diputados indígenas elegidos conforme a la ley y a sus tradiciones. [2]

El sistema electoral combina la votación nominal por circunscripciones con el voto por listas.  La legislación electoral y las disposiciones administrativas han regulado su aplicación y la distribución de escaños.  El informe de la misión de observación electoral de la Unión Europea de 2021 recoge modificaciones en la composición de la Asamblea y en las disposiciones electorales. [6]

Tras la victoria de la oposición en las elecciones legislativas de diciembre de 2015, diversas decisiones del Tribunal Supremo restringieron el funcionamiento de la Asamblea.  La Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentó estas restricciones y la asunción de funciones legislativas por la Asamblea Constituyente instalada en 2017. [4]

La Asamblea elegida en 2025 contaba con 285 escaños.  La Unión Interparlamentaria recoge 253 para la alianza de gobierno Gran Polo Patriótico y veintinueve para otras organizaciones políticas, además de tres escaños indígenas elegidos por separado el 1 de junio.  Las elecciones legislativas se celebraron el 25 de mayo, junto con las regionales.  La principal plataforma opositora llamó a la abstención, mientras que otros dirigentes opositores participaron.  Estas cifras corresponden a la distribución de escaños anunciada. [88]  La nueva Asamblea se instaló el 5 de enero de 2026. [86]

A-2.4).  Asamblea Nacional Constituyente [2017–2020]

El presidente Maduro inició el proceso constituyente de 2017 sin un referendo popular previo que autorizara su convocatoria.  Los artículos 347 y 348 distinguen el poder constituyente originario del pueblo de la iniciativa para promover una asamblea constituyente, cuyo ejercicio se reconoce a determinados sujetos, entre ellos el presidente en Consejo de Ministros.  Al examinar la controversia sobre la convocatoria, la Comisión de Venecia concluyó que la iniciativa presidencial no podía sustituir la decisión popular de convocar dicho órgano. [2] [7]

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó de que la Asamblea Constituyente, afín al gobierno, se arrogó autoridad sobre los poderes constituidos, asumió funciones legislativas y destituyó a Luisa Ortega Díaz del cargo de fiscal general de la República. [4]

La Asamblea Constituyente concluyó sus actividades en diciembre de 2020 sin elaborar una nueva constitución.  Durante su funcionamiento dictó instrumentos denominados leyes constitucionales, entre ellos el relativo a las Fuerzas Armadas que se examina en A-3.2. [8] [9]

A-2.5).  Corte Suprema de Justicia[ordenamiento de 1961–1999]

La Corte Suprema era el máximo órgano judicial en el ordenamiento constitucional de 1961.  Entre sus atribuciones figuraban el control de constitucionalidad y la resolución de los asuntos que le encomendaban la Constitución y la ley.  Su organización varió durante este período.  Conforme a la Ley Orgánica de 1976, estaba integrada por tres salas de cinco magistrados cada una:  Político-Administrativa, de Casación Civil y de Casación Penal.  El número total de magistrados era, por tanto, de quince. [1] [10]

A-2.6).  Tribunal Supremo de Justicia [1999–2026]

La Constitución de 1999 sustituyó la Corte Suprema por el Tribunal Supremo, organizado en salas especializadas, entre ellas una Sala Constitucional.  Sus funciones comprenden la jurisdicción constitucional, la revisión judicial definitiva en las materias de su competencia y la administración y supervisión del Poder Judicial.  El artículo 267 atribuye al Tribunal la dirección, el gobierno y la administración del Poder Judicial. [2]

La ley determina el número de magistrados del Tribunal.  Inicialmente eran veinte; la Ley Orgánica de 2004 elevó su número a treinta y dos, y la reforma de 2022 lo redujo a veinte. [11][5]

El informe de la Comisión Internacional de Juristas de 2021 examinó el nombramiento, la permanencia en el cargo y la remoción de los jueces, y concluyó que la injerencia política comprometía la independencia judicial. [5]

Una nueva reforma de la Ley Orgánica, vigente desde el 22 de mayo de 2026, elevó a treinta y dos el número legal de magistrados:  siete en la Sala Constitucional y cinco en cada una de las otras cinco salas.  La reforma dispuso los nombramientos correspondientes a la nueva composición. [89]

Una segunda reforma, publicada el 15 de septiembre de 2026, estableció un Comité de Postulaciones Judiciales de veintitrés miembros:  once diputados de la Asamblea Nacional y doce representantes postulados por otros sectores de la sociedad. [90]  La información publicada el 14 de octubre señalaba que la selección del nuevo Tribunal seguía en curso.  La ampliación prevista en la ley y la culminación de los nombramientos se consignan por separado. [91]

A-2.7).  Poder Electoral y Consejo Nacional Electoral

La denominación Consejo Nacional Electoral [CNE] es anterior a la Constitución de 1999:  se adoptó con la reforma electoral de 1997.  La Constitución de 1999 estableció el Poder Electoral como poder nacional diferenciado, con el CNE como órgano rector.  Entre sus atribuciones figuran la organización de elecciones y referendos, la conservación y actualización del registro electoral y la reglamentación de las materias que le encomienda la legislación electoral. [12] [2]

El artículo 296 dispone que el CNE esté integrado por cinco miembros principales sin vinculación con organizaciones políticas.  Tres son postulados por la sociedad civil; uno, por las facultades de ciencias jurídicas y políticas de las universidades nacionales; y otro, por el Poder Ciudadano.  La Asamblea Nacional los designa por mayoría de dos tercios para períodos de siete años, conforme a las disposiciones constitucionales sobre su selección y renovación. [2]

Tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, el CNE declaró vencedor a Maduro.  El Centro Carter informó de que el CNE no había publicado los resultados por mesa que sustentaran los totales anunciados ni había aportado pruebas del ataque informático que alegaba haber sufrido. [13]  El Centro concluyó que las elecciones no cumplían las normas internacionales y no podían considerarse democráticas. [14]

En su informe final, publicado en febrero de 2025, el Centro Carter concluyó que las actas de mesa disponibles demostraban una clara victoria de Edmundo González Urrutia en las elecciones de 2024. [13]

El 22 de agosto de 2024, la Sala Electoral del Tribunal Supremo avaló el resultado anunciado por el CNE. [92]

El 23 de septiembre de 2026, Rodríguez prometió públicamente la celebración de elecciones sin precisar una fecha.  Reuters informó de que representantes de la oposición reclamaban cambios en el Poder Judicial y en la autoridad electoral como condiciones para un proceso competitivo. [93]

A-2.8).  Poder Ciudadano [1999–2026]

El Poder Ciudadano se ejerce por medio del Consejo Moral Republicano, integrado por el fiscal general de la República, el defensor del Pueblo y el contralor general de la República.  Las instituciones que lo componen gozan de autonomía constitucional y cumplen funciones diferenciadas en materia de legalidad, derechos y administración de los recursos públicos. [2]

El artículo 279 establece un procedimiento común de designación.  El Consejo Moral Republicano convoca un comité de evaluación de postulaciones con participación de diversos sectores de la sociedad.  Mediante un proceso público de evaluación se elabora una terna para cada cargo, que se remite a la Asamblea Nacional para que efectúe la designación por mayoría de dos tercios dentro de un plazo de treinta días consecutivos.  Si no se alcanza un acuerdo, la Constitución prevé someter la terna a consulta popular.  Si no se convoca el comité de evaluación, la Asamblea procede a la designación en el plazo que determine la ley. [2]

a).  Ministerio Público [incorporado al Poder Ciudadano en 1999].  Bajo la dirección del fiscal general de la República, el Ministerio Público dirige las investigaciones penales, ejerce la acción penal pública cuando corresponde y vela por las garantías constitucionales en los procesos judiciales.  La institución existía antes de 1999; la nueva Constitución la integró en el Poder Ciudadano.  El artículo 284 establece un período de siete años para el fiscal general de la República y remite su designación al procedimiento previsto para el Poder Ciudadano. [1] [2]

El 9 de abril de 2026, la Asamblea Nacional designó a Larry Devoe fiscal general de la República, tras la renuncia de Tarek William Saab en febrero. [94]

El procurador general de la Repúblicarepresenta y defiende los intereses patrimoniales de la República.  El artículo 249 dispone que su nombramiento corresponde al presidente, con autorización de la Asamblea Nacional. [2]

b).  Defensoría del Pueblo [creada por la Constitución de 1999].  El defensor del Pueblo promueve y defiende los derechos constitucionales y humanos, vigila la actuación de las autoridades y los servicios públicos y puede ejercer las acciones que la ley atribuye al cargo.  Su titular dura siete años en sus funciones y se designa conforme al artículo 279. [2]

La Asamblea designó a Eglée González Lobato defensora del Pueblo el 9 de abril de 2026, tras la renuncia de Alfredo Ruiz en febrero.  EFE recogió las objeciones de organizaciones de la sociedad civil a la transparencia del procedimiento y a la composición del órgano encargado de seleccionar a los candidatos para ambos cargos del Poder Ciudadano. [94]

c).  Contraloría General de la República[incorporada al Poder Ciudadano en 1999].  La Contraloría supervisa los ingresos, los gastos y los bienes públicos y ejerce el control fiscal conforme a la Constitución y a la ley.  Esta institución también es anterior a 1999.  La Constitución establece para su titular un período de siete años y la designación conforme al artículo 279.  Sus funciones de fiscalización se distinguen de la persecución de los delitos y de la determinación judicial de la responsabilidad penal. [1] [2]


A-2.9).  Ministerios del Ejecutivo y principales ámbitos de competencia [1999–2026]

Los ministerios formulan y ejecutan la política nacional en el ámbito del Ejecutivo.  El artículo 236 faculta al presidente para nombrar y remover a los ministros y, dentro de los límites legales, determinar la organización y las competencias de los ministerios.  La Asamblea Nacional ejerce la fiscalización parlamentaria mediante sus atribuciones presupuestarias, de investigación y de control político. [2]

Las dieciocho carteras que se describen a continuación ofrecen una relación selectiva de funciones.  Sus denominaciones, competencias y formas de organización variaron durante el período.  El decreto de 2016 sobre la organización de la Administración Pública Nacional sirve de referencia documental para la distribución de atribuciones y se complementa, donde se indica, con otras disposiciones y documentos. [15]

1.  Defensa:  Ministerio del Poder Popular para la Defensa.  El ministerio formula la política de defensa y administra el personal militar, los recursos, las adquisiciones y las demás materias que le corresponden en el Ejecutivo.  La ley de 2020 sobre las Fuerzas Armadas atribuye funciones administrativas al ministerio y funciones operacionales al Comando Estratégico Operacional. [9]

El 18 de marzo de 2026, Rodríguez nombró a Gustavo González López ministro de Defensa en sustitución de Vladimir Padrino López, que ocupaba la cartera desde 2014. [95]

2.  Relaciones exteriores:  Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores.  Este ministerio ejerce la actividad diplomática, administra los servicios diplomáticos y consulares, participa en la negociación de tratados y representa al gobierno ante los organismos internacionales.  Ejecuta la política exterior presidencial conforme a la Constitución, incluida la aprobación legislativa de los acuerdos internacionales cuando resulte preceptiva. [15] [2]

3.  Interior, justicia y paz:  Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.  Sus competencias comprenden la seguridad interior, la política policial, el orden público, la protección civil y las materias administrativas conexas.  El artículo 267 atribuye el gobierno y la administración judiciales al Tribunal Supremo; el ejercicio de la acción penal corresponde al Ministerio Público. [15] [2]

4.  Economía y finanzas:  Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas, con sucesivas denominaciones.  La cartera de finanzas elabora y administra la política fiscal, coordina las materias presupuestarias y de tesorería, gestiona el crédito público y supervisa las entidades que la ley le adscribe.  El artículo 318 atribuye las funciones monetarias al Banco Central de Venezuela y reconoce su autonomía en la formulación y el ejercicio de las políticas de su competencia. [15] [2]

5.  Planificación:  Ministerio del Poder Popular de Planificación, anteriormente vinculado a la denominación Planificación y Desarrollo.  Esta cartera coordina la planificación del desarrollo nacional, las prioridades de inversión pública, la planificación institucional y los trabajos estadísticos correspondientes. [15]

6.  Educación:  Ministerio del Poder Popular para la Educación.  Este ministerio dirige la política de educación inicial, primaria y secundaria y las modalidades educativas que le están atribuidas.  La educación universitaria también ha contado con una cartera propia.  Un comunicado ministerial de enero de 2024 recoge la coordinación entre los ministerios de Educación y de Educación Universitaria. [16]

7.  Salud:  Ministerio del Poder Popular para la Salud.  La cartera de salud dirige la política sanitaria, la vigilancia epidemiológica, la prevención de enfermedades y la coordinación de los servicios e instituciones adscritos a ella. [15]  El informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de 2019 documentó la escasez de medicamentos, el deterioro de las instalaciones y los obstáculos para acceder a la atención sanitaria. [17]

8.  Alimentación:  Ministerio del Poder Popular para la Alimentación.  Este ministerio coordina las políticas de abastecimiento y distribución de alimentos y las entidades públicas encargadas de esas funciones.  El ordenamiento administrativo distribuye las atribuciones conexas entre los organismos competentes en agricultura, comercio, importaciones, nutrición y asistencia social. [15]

9.  Ciencia y tecnología:  Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, cuya organización ha variado.  Esta cartera promueve la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación y la cooperación entre las instituciones públicas y la comunidad científica.  En la organización administrativa de 2016, la educación universitaria, la ciencia y la tecnología se reunían en un solo ministerio. [15]

10.  Comercio:  carteras de comercio interior y exterior.  La política comercial se ha distribuido entre las carteras competentes en industria y comercio interior, comercio exterior e inversión internacional.  El decreto de 2016 identifica por separado el Ministerio del Poder Popular para la Industria y Comercio y el Ministerio del Poder Popular para el Comercio Exterior e Inversión Internacional. [15]

11.  Hábitat y vivienda:  Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda.  La cartera de vivienda formula políticas de construcción residencial, financiación de viviendas y mejora de las condiciones del hábitat, con atribuciones en materia de desarrollo urbano y servicios residenciales. [15]

12.  Energía eléctrica:  Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica.  Este ministerio dirige la política y la planificación del sector eléctrico y supervisa las entidades que le están adscritas.  La generación, la transmisión, la distribución y el mantenimiento corresponden a las entidades operadoras. [15]

13.  Petróleo:  Ministerio del Poder Popular de Petróleo, con sucesivas denominaciones.  Esta cartera formula la política de hidrocarburos, regula las actividades de su competencia y vela por los intereses del Estado en el sector.  Petróleos de Venezuela, S.A. [PDVSA] y otras empresas realizan las operaciones de producción, refino y comercialización. [15]

La Ley Orgánica de Hidrocarburos se reformó el 29 de enero de 2026.  La reforma incorporó disposiciones sobre los contratos para el desarrollo de actividades primarias y modificó el régimen de operaciones, las disposiciones fiscales y las atribuciones ministeriales. [96]  El 17 de octubre, Rodríguez anunció que esperaba inversiones petroleras de cerca de 76.000 millones de dólares estadounidenses durante cinco años y aludió a nuevos acuerdos, entre ellos los de cooperación con los Estados Unidos.  La cifra correspondía a una previsión gubernamental. [97]

14.  Agricultura y tierras:  Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras.  Esta cartera coordina el desarrollo agrícola, la capacidad productiva, la política rural y las materias relativas a la tierra que le atribuye la ley.  La organización administrativa de 2016 encomendaba la pesca, la agricultura urbana y la distribución de alimentos a carteras ministeriales diferenciadas. [15]

15.  Transporte:  Ministerio del Poder Popular para el Transporte, con diversas formas de agrupación con obras públicas.  Las competencias en materia de transporte comprenden las infraestructuras, los servicios, la regulación y la supervisión de los organismos y empresas públicas del sector.  El decreto de 2016 atribuía las competencias de transporte terrestre, acuático y aéreo al Ministerio del Poder Popular para Transporte y Obras Públicas. [15]

16.  Mujer e igualdad de género:  Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género[creado en 2009].  Este ministerio coordina las políticas relativas a los derechos de las mujeres, la participación en condiciones de igualdad y la prevención de la discriminación y la violencia por razón de género.  Su creación estuvo precedida por otras formas de organización institucional dedicadas a los asuntos de la mujer. [18] [15]

17.  Comunicación e información:  Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información.  Esta cartera coordina la comunicación del Ejecutivo y las funciones relativas a los medios públicos que le están atribuidas. [15]  El informe de Human Rights Watch sobre los acontecimientos de 2023 documentó restricciones a los medios independientes y el hostigamiento de periodistas. [19]

18.  Cultura:  Ministerio del Poder Popular para la Cultura.  Este ministerio formula la política cultural, apoya la actividad artística y supervisa las instituciones dedicadas al patrimonio, los museos, la edición y las demás funciones culturales de su competencia.  La Constitución reconoce la libertad y la diversidad culturales y los derechos de los creadores y las comunidades. [15] [2]


A-3).  Fuerzas Armadas

La organización y las funciones de las Fuerzas Armadas se regulan en las disposiciones constitucionales sobre defensa y seguridad nacionales y en la legislación militar posterior.  Las entradas que siguen distinguen los ordenamientos constitucionales de 1961 y 1999 y las modificaciones legislativas ulteriores. [1] [2]

A-3.1).  Fuerzas Armadas Nacionales [1961–1999]

En el ordenamiento constitucional de 1961, las Fuerzas Armadas comprendían el Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional.  La Guardia Nacional, creada en 1937, ya formaba parte de la institución militar antes de la Constitución de 1999.  La Ley Orgánica de 1995 identificaba expresamente estos cuatro componentes. [1] [20]

El artículo 132 de la Constitución de 1961 definía las Fuerzas Armadas como una institución apolítica, obediente y no deliberante al servicio de la República.  Entre sus funciones figuraban la defensa nacional, la estabilidad constitucional y la protección del orden democrático. [1]

A-3.2).  Fuerza Armada Nacionaly Fuerza Armada Nacional Bolivariana [1999–2026]

El artículo 328 de la Constitución de 1999 describe la Fuerza Armada Nacional como una institución profesional, sin militancia política, organizada para defender la soberanía y la integridad territorial.  También le atribuye participación en el mantenimiento del orden interno y en el desarrollo nacional conforme a la Constitución.  Los cuatro componentes que nombra el texto constitucional son el Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional.  El artículo 330 permite votar a los militares en servicio activo, pero les prohíbe la actividad política partidista y la postulación a cargos de elección popular mientras permanezcan en servicio activo. [2]

La denominación Fuerza Armada Nacional Bolivariana [FANB] se incorporó mediante la legislación orgánica de 2008. [21]

La Asamblea Nacional Constituyente dictó la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicada en la Gaceta Oficial n.º 6.508 Extraordinario, de 30 de enero de 2020.  Su preámbulo invocaba los artículos 347–349 de la Constitución.  Los artículos 22 y 59 califican a la Milicia Bolivariana como componente especial.  La denominación ley constitucional corresponde a la forma legislativa empleada por aquella Asamblea Constituyente, cuya controvertida convocatoria se trata en A-2.4. [9]

En su estudio de 2023 publicado por la Fundación Carolina, Francine Jácome documentó la participación de militares en cargos ministeriales, empresas públicas, la administración territorial y actividades económicas.  La autora examinó estas funciones como manifestaciones de la militarización del gobierno y de la sociedad. [22]

Fuerzas estadounidenses llevaron a cabo la captura de Maduro en enero de 2026.  La posterior asunción de la Presidencia por Delcy Rodríguez en calidad de encargada y el cambio de ministro de Defensa de marzo se recogen en A-2.1 y A-2.9. [86] [95]


A-4).  Organismos de inteligencia y de seguridad del Estado

Las instituciones que se enumeran a continuación desempeñan funciones de inteligencia, contrainteligencia militar, investigación penal y mantenimiento del orden público.  Su adscripción y sus atribuciones se describen por separado en las entradas correspondientes.

Las conclusiones de 2022 de la misión de determinación de los hechos de las Naciones Unidas documentaron el empleo de los servicios de inteligencia en la represión de opositores al gobierno, reales o presuntos, mediante prácticas que incluían la detención arbitraria y la tortura.  La misión examinó las estructuras institucionales, las prácticas operativas y las cadenas de responsabilidad. [23]

A-4.1).  Organismos de inteligencia y contrainteligencia

1.  Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención [DISIP, 1969–2010].  Habitualmente asociada con la denominación posterior Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención, la DISIP fue el principal organismo civil de inteligencia y seguridad política.  Su trayectoria institucional abarcó tanto el período anterior a 1999 como el bolivariano.  Una reorganización iniciada en 2009 culminó con el cambio formal de denominación a SEBIN mediante el Decreto n.º 7.453, de 1 de junio de 2010. [24] [25]

2.  Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional [SEBIN, 2010–2026].  El SEBIN es el principal servicio civil de inteligencia y ejerce funciones de inteligencia y contrainteligencia en las materias de su competencia.  Su adscripción administrativa ha variado.  Forma parte de la estructura de seguridad del Ejecutivo. [25]

La misión de determinación de los hechos de las Naciones Unidas documentó detenciones arbitrarias, torturas y otras violaciones cometidas por el SEBIN contra personas consideradas opositoras.  Sus conclusiones de 2022 vincularon estas prácticas con un plan estatal de represión política y señalaron fundamentos para atribuir responsabilidades que alcanzaban a altos funcionarios. [23]

En septiembre de 2026, Acceso a la Justicia informó de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había ordenado el cierre de El Helicoide mediante una sentencia de abril, notificada a Venezuela el 10 de junio.  La organización señaló que la información pública era insuficiente para comprobar su cumplimiento.  Examinó por separado los traslados de presos recogidos en la prensa y la ejecución de las reparaciones ordenadas en la sentencia. [98]

3.  Dirección General de Contrainteligencia Militar [DGCIM; denominación vigente desde 2011].  La DGCIM procede de estructuras anteriores de inteligencia militar, entre ellas la Dirección de Inteligencia Militar [DIM].  Sus competencias de contrainteligencia se refieren a las amenazas contra la seguridad militar. [25]

En marzo de 2026, Germán Gómez Lárez fue nombrado al frente de la DGCIM tras el paso de González López al Ministerio de Defensa. [95]

La misión de determinación de los hechos describió detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual y otros abusos graves vinculados con instalaciones y miembros de la DGCIM, incluidas operaciones contra militares y civiles considerados opositores. [25]

A-4.2).  Organismos de seguridad del Estado

La Guardia Nacional es un componente militar; el CICPC, un órgano de investigación policial; la Policía Nacional, una institución policial civil; y las FAES fueron una unidad especializada de la Policía Nacional.  Las policías estadales y municipales integran también el sistema policial. [9] [26]

4.  Guardia Nacional y Guardia Nacional Bolivariana [1937–2026].  Creada durante la presidencia de Eleazar López Contreras, la Guardia Nacional combina su carácter militar con funciones de orden interno, control fronterizo y apoyo al cumplimiento de la ley.  El artículo 329 de la Constitución de 1999 le atribuye la responsabilidad básica de las operaciones necesarias para mantener el orden interno. [27] [2]

El informe de 2018 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó el uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y malos tratos en los que intervinieron la Guardia Nacional y otros cuerpos de seguridad durante las manifestaciones. [28]

5.  Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas [CICPC, 2001–2026].  El CICPC sucedió al Cuerpo Técnico de Policía Judicial, conocido habitualmente como Policía Técnica Judicial [PTJ], cuyos orígenes se remontan a 1958.  Sus competencias incluyen la investigación penal, los exámenes forenses y la obtención técnica de pruebas.  En los procesos penales, la investigación se realiza bajo la dirección del Ministerio Público y con sujeción a las garantías procesales. [29] [2]

6.  Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana [PNB; en funcionamiento desde 2009].  La Policía Nacional surgió de las reformas policiales y de la legislación orgánica aprobadas durante el gobierno de Chávez.  Ejerce funciones policiales de alcance nacional, entre ellas la prevención del delito, el mantenimiento del orden público y las atribuciones que se le encomiendan en determinados ámbitos y servicios.  Forma parte de la estructura de seguridad interior del Ejecutivo. [26]

La ley del servicio de policía establece la política nacional y las funciones de coordinación y supervisión de un sistema que comprende policías nacionales, estadales y municipales, cada una con competencias propias. [26]

7.  Fuerzas de Acciones Especiales [FAES; creación fechada en 2016 o 2017 según la fuente].  Las FAES fueron una unidad especializada de la PNB vinculada a operaciones contra la delincuencia.  La información publicada por Human Rights Watch en septiembre de 2019 sitúa su creación en 2017.  Un reportaje de TalCual de junio de 2019, reproducido por PROVEA, la fecha en abril de 2016. [30] [31]

Human Rights Watch y la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentaron muertes durante presuntos enfrentamientos, detenciones arbitrarias y otros abusos en los que intervinieron las FAES, especialmente en comunidades de bajos ingresos.  El informe de la Alta Comisionada de 2019 pidió su disolución y la investigación de sus integrantes. [30] [17]

El Informe Mundial 2024 de Human Rights Watch señala que las FAES fueron disueltas en 2022 y sustituidas por la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas [DAET].  Con referencia a la misión de determinación de los hechos de las Naciones Unidas, el informe recoge la similitud de funciones y métodos y la designación, para puestos clave de la DAET, de antiguos miembros de las FAES implicados en abusos. [19]

A-4.3).  Detenciones posteriores a las elecciones, amnistía y procesos judiciales [2024–2026]

El informe de septiembre de 2024 de la misión de determinación de los hechos de las Naciones Unidas recogió veinticinco muertes en la represión posterior a las elecciones presidenciales, así como detenciones arbitrarias y violaciones de derechos de manifestantes y personas consideradas opositoras. [92]

En marzo de 2025, la misión de determinación de los hechos de las Naciones Unidas informó de que persistían formas graves de represión y crímenes de lesa humanidad.  En su evaluación de septiembre destacó la ausencia de una rendición de cuentas efectiva en el ámbito nacional y la necesidad de una actuación internacional en favor de las víctimas. [99] [100]

La Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática entró en vigor el 19 de febrero de 2026.  Comprende delitos vinculados con determinados hechos dentro de un período que comienza el 1 de enero de 1999, con sujeción a los requisitos y las exclusiones que establece.  Su aplicación exige seguir los procedimientos previstos en la ley. [101]

En septiembre de 2026, la misión de determinación de los hechos de las Naciones Unidas informó de que el aparato represivo del Estado permanecía intacto pese a los limitados cambios políticos. [102]  La información de Reuters sobre esas conclusiones recogió una disminución de las detenciones por motivos políticos, junto con la persistencia de abusos, incluidas torturas, y la permanencia de cientos de personas detenidas.  La misión calificó los cambios de limitados y reversibles. [103]

La Resolución n.º 2026-0010 del Tribunal Supremo, de 13 de octubre de 2026, reorganizó la tramitación de las causas por terrorismo:  suprimió la competencia de alcance nacional de los juzgados especiales especificados en ella y redistribuyó las causas dentro de la jurisdicción penal, con excepciones transitorias.  La resolución regula la competencia y el reparto de las causas; las disposiciones penales sustantivas constituyen una materia distinta. [104]

El 8 de octubre de 2026, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció un nuevo escrito de acusación, que reemplazaba al anterior, contra Maduro y Flores por conspiración para cometer torturas, además de delitos relacionados con narcóticos y armas.  La acusación sostenía que se habían utilizado instituciones del Estado para maltratar a detenidos. [105]  Ambos acusados se declararon no culpables el 15 de octubre.  El juicio quedó señalado para el 14 de junio de 2027; las acusaciones seguían pendientes de resolución judicial en la fecha de cierre de este borrador. [106]


B).  Evolución de los partidos y movimientos políticos [1830–2026]

Este apartado recoge una selección de facciones del siglo XIX, partidos modernos, movimientos revolucionarios, organizaciones electorales y coaliciones.  Las fechas indican los orígenes documentados o los períodos de actividad; cuando el movimiento precedió a su inscripción como partido, se hace constar esa circunstancia.

Cuando una intervención judicial ha alterado el control de las denominaciones registradas y los símbolos electorales de un partido, las entradas distinguen dicho control de la dirigencia y la militancia históricas de la organización.

B-1).  Primeras tradiciones políticas y movimientos personalistas [1830–1935]

1.  Conservadores [principalmente entre las décadas de 1830 y 1850].  La corriente conservadora se formó en torno al orden político vinculado con José Antonio Páez y sus apoyos entre comerciantes, propietarios de tierras y funcionarios de la administración.  Favorecía la estabilidad política y la autoridad establecida.  Se trataba de una agrupación histórica de afinidades e intereses, no de un partido moderno con inscripción continuada. [32]

2.  Partido Liberal y Gran Partido Liberal [desde 1840].  Vinculada inicialmente con Antonio Leocadio Guzmán, Tomás Lander y el periódico El Venezolano, la organización liberal se opuso a los grupos que ejercían el poder.  El federalismo y la ampliación de la participación política adquirieron importancia en la evolución de sus propuestas. [32]

3.  Guzmancismo y Liberalismo Amarillo [principalmente desde 1870].  El guzmancismo designa a los seguidores políticos de Antonio Guzmán Blanco dentro del liberalismo venezolano del siglo XIX. [32]

4.  Crespismo [especialmente en la década de 1890].  Los partidarios de Joaquín Crespo actuaban dentro de la tradición liberal mediante vínculos de lealtad personal y patronazgo político. [32]

5.  Gomecismo [1908–1935].  Juan Vicente Gómez mantuvo el poder mediante la autoridad militar, las relaciones regionales, el control administrativo y la represión.  El término gomecismo designa al régimen y sus redes de lealtad, más que a un partido que compitiera en elecciones.  La actividad opositora comprendió organizaciones en el exilio, movilizaciones estudiantiles y agrupaciones políticas clandestinas. [33]

Tras la muerte de Gómez, el gobierno de Eleazar López Contreras afrontó la oposición de nuevas organizaciones políticas, agrupaciones estudiantiles y activistas sindicales.  Durante este período se constituyeron ORVE y el PDN. [34] [35]

B-2).  Formación de los partidos modernos y transiciones democráticas [1926–1958]

6.  Partido Revolucionario Venezolano [PRV; fundado en el exilio en 1926].  Esta organización reunió a opositores de la dictadura de Gómez en un ámbito de incipiente organización revolucionaria y socialista. [36]

7.  Partido Comunista de Venezuela [PCV; fundado en 1931].  El PCV se desarrolló como una organización marxista-leninista vinculada con la movilización obrera y la transformación socialista.  Su trayectoria comprendió la clandestinidad, la legalización, la represión y el recurso tanto a estrategias electorales como revolucionarias.  Quedó excluido del Pacto de Puntofijo de 1958. [37] [38]

La dirigencia histórica del PCV apoyó a Chávez y, posteriormente, adoptó una posición crítica frente a Maduro; en 2020 participó en la formación de la APR.  En 2023, el Tribunal Supremo designó otra directiva. [39] [19]

8.  Organización Venezolana [ORVE, 1936].  ORVE actuó durante la apertura política posterior a Gómez.  Entre sus integrantes figuraban personas que más tarde participaron en el PDN y en Acción Democrática. [34]

9.  Partido Republicano Progresista [PRP, 1936].  El PRP surgió durante la apertura posterior a la dictadura y ofreció un cauce legal de actuación política a militantes marxistas y comunistas.  Sus antecedentes inmediatos se encontraban en la organización de la izquierda y en la oposición a la dictadura. [40]

10.  Partido Democrático Nacional [PDN, 1936–1941].  El PDN surgió de los esfuerzos por coordinar la oposición democrática y prosiguió su actividad clandestinamente tras negársele el reconocimiento oficial.  Fue un antecedente organizativo directo de Acción Democrática.  Su labor contribuyó a la formación de una estructura partidista nacional a finales de la década de 1930. [35] [41]

11.  Acción Democrática [AD; fundada en 1941].  AD se constituyó como un partido de masas de orientación socialdemócrata, con bases obreras y campesinas y un programa de inclusión política y desarrollo nacional.  Participó junto con oficiales militares en el derrocamiento de Medina Angarita en octubre de 1945.  Después de 1958 participó en el gobierno nacional. [41] [42]

En junio de 2020, el Tribunal Supremo suspendió a la dirigencia de AD y nombró una junta directiva ad hoc.  La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recogió esta intervención en su informe anual. [43]

12.  Partido Democrático Venezolano [PDV, 1943–1945].  El PDV se organizó para respaldar al presidente Isaías Medina Angarita.  Perteneció a un período de liberalización política en el que se ampliaron la actividad partidista y el debate público, mientras la elección presidencial seguía siendo indirecta y el sufragio, restringido.  Su actividad concluyó tras el derrocamiento cívico-militar de octubre de 1945. [44]

13.  Unión Republicana Democrática [URD; fundada en 1945].  URD se desarrolló como una organización nacionalista y democrática estrechamente vinculada con Jóvito Villalba.  Se opuso al gobierno militar y fue uno de los tres partidos signatarios del Pacto de Puntofijo. [42] [38]

14.  Comité de Organización Política Electoral Independiente [COPEI; fundado en 1946].  Conocido habitualmente como Partido Socialcristiano, COPEI se desarrolló bajo la dirección de Rafael Caldera y otros dirigentes demócrata-cristianos.  Combinó la orientación socialcristiana con la organización electoral y la participación en las instituciones representativas.  Participó en el gobierno nacional después de 1958.  El informe de la misión de observación electoral de la Unión Europea de 2021 recoge la intervención judicial que afectó a su dirigencia. [45] [6]

La sucesión de los procesos democráticos.  Al derrocamiento cívico-militar de Medina Angarita, el 18 de octubre de 1945, siguió una ampliación de la participación electoral.  Rómulo Betancourt presidió la junta revolucionaria provisional.  Rómulo Gallegos ganó las elecciones de diciembre de 1947, fue el primer presidente de Venezuela elegido por sufragio universal, directo y secreto y asumió el cargo en febrero de 1948.  Un golpe militar lo depuso en noviembre de 1948.  El período de gobierno militar que siguió concluyó en enero de 1958. [42] [46]

Mediante el Pacto de Puntofijo de octubre de 1958, AD, COPEI y URD se comprometieron a defender el orden electoral y constitucional y a cooperar en torno a un programa mínimo común.  Betancourt ganó las elecciones presidenciales de diciembre de 1958. [38] [34]

B-3).  Formación y reorganización de partidos [1960–1998]

15.  Movimiento de Izquierda Revolucionaria [MIR; fundado en 1960].  El MIR surgió de una escisión de AD y se vinculó con la izquierda revolucionaria y la insurgencia armada.  Las posteriores discrepancias estratégicas produjeron nuevas divisiones, mientras que sectores importantes regresaron más tarde a la actividad política legal. [47]

16.  Cruzada Cívica Nacionalista [CCN; organizada en la década de 1960].  Esta organización representaba una corriente política vinculada con el exdictador Marcos Pérez Jiménez y su Nuevo Ideal Nacional. [48]

17.  Movimiento Electoral del Pueblo[MEP; fundado en 1967].  El MEP surgió de una escisión de AD encabezada por Luis Beltrán Prieto Figueroa y otros dirigentes.  Adoptó una orientación nacionalista de izquierda y participó posteriormente en diversas alianzas electorales, entre ellas la coalición de gobierno bolivariana. [49]

18.  Bandera Roja [BR; fundada en 1970].  Bandera Roja tuvo su origen en una escisión de la izquierda revolucionaria y, en sus comienzos, recurrió a la lucha armada.  Posteriormente desarrolló una actividad política legal y pasó a oponerse a los gobiernos de Chávez y Maduro. [50]

19.  Movimiento al Socialismo [MAS; fundado en 1971].  El MAS surgió de una escisión del PCV.  Participó en elecciones y coaliciones políticas y, posteriormente, sufrió divisiones en torno al apoyo a Chávez. [51] [52]

20.  La Causa R [LCR; fundada en 1971].  Vinculada con Alfredo Maneiro, La Causa R se desarrolló mediante la organización obrera y comunitaria, especialmente en la Guayana industrial.  Concurrió a las elecciones de comienzos de la década de 1990.  De una escisión de La Causa R surgió PPT en 1997. [53]

21.  Liga Socialista [LS, 1973–2007].  La Liga Socialista pertenecía a la izquierda revolucionaria y participó en tareas de organización política y sindical.  Posteriormente apoyó a Chávez y se incorporó al proceso de integración en el PSUV en 2007. [54]

22.  Organización Renovadora Auténtica[ORA; fundada en 1987].  ORA surgió con una identidad cristiana evangélica y participó en la actividad electoral. [55] [56]

23.  Convergencia [fundada en 1993].  Convergencia se organizó en torno a la candidatura presidencial de Rafael Caldera tras su separación de COPEI.  Formó parte de la coalición más amplia que respaldó su victoria de 1993, conocida habitualmente como el chiripero. [57] [58]

24.  Patria Para Todos [PPT; fundado en 1997].  PPT surgió de una escisión de La Causa R y participó posteriormente en la coalición bolivariana.  Una intervención judicial en 2020 desplazó a su dirigencia y alteró el control de la denominación y los símbolos electorales del partido.  Su tarjeta electoral continuó utilizándose en 2024. [53] [59] [56]

25.  Movimiento V República [MVR, 1997–2007].  El MVR respaldó la candidatura presidencial con la que Hugo Chávez ganó las elecciones de 1998.  Surgió de la trayectoria política vinculada con el anterior Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 [MBR-200].  El MVR se integró en el PSUV en 2007. [60] [61]

26.  Proyecto Venezuela [fundado en 1998].  Proyecto Venezuela se formó en torno al proyecto político nacional de Henrique Salas Römer, a partir de su anterior base regional en Carabobo.  Respaldó su candidatura presidencial frente a Chávez en 1998 y participó posteriormente en la oposición.  Su fundación como organización nacional se distingue de la anterior organización regional Proyecto Carabobo. [62]

B-4).  Partidos y movimientos políticos del período bolivariano [1999–2026]

27.  Un Nuevo Tiempo [UNT; orígenes regionales en 1999 y organización nacional desde 2006].  UNT se desarrolló a partir de una base política zuliana vinculada con Manuel Rosales.  Su expansión nacional acompañó la candidatura presidencial de este en 2006.  Posteriormente participó en alianzas de oposición. [63]

28.  Primero Justicia [PJ; origen como asociación civil en 1992 y organización como partido desde 2000].  Primero Justicia comenzó como una asociación civil dedicada a la reforma jurídica e institucional y se convirtió después en un partido de oposición. [64]

En junio de 2020, el Tribunal Supremo designó una directiva ad hoc presidida por José Brito; posteriormente suspendió la medida.  El 22 de abril de 2024, mediante la sentencia n.º 207 de la Sala Constitucional, una junta ad hocencabezada por Brito volvió a recibir el control de la tarjeta y los símbolos electorales del partido.  La dirigencia histórica rechazó la intervención.  La tarjeta de PJ figuró en la boleta presidencial de 2024 en apoyo de Brito, mientras que la dirigencia histórica respaldó a Edmundo González Urrutia. [65] [66]

29.  Alianza Bravo Pueblo [ABP; fundada en 2000].  Vinculada con Antonio Ledezma y con una escisión de AD, ABP pasó a formar parte de la oposición al gobierno bolivariano. [67]

30.  Por la Democracia Social [PODEMOS; fundado en 2002].  PODEMOS surgió de una escisión del MAS.  Al principio apoyó a Chávez, pasó después a la oposición y, posteriormente, fue objeto de una intervención judicial que transfirió el control del partido a otra directiva. [68]

31.  Movimiento Revolucionario Tupamaro [el movimiento precedió a su inscripción como partido en 2004].  La organización Tupamaro se desarrolló a partir del activismo revolucionario urbano y participó más tarde en las elecciones como partidaria del proceso bolivariano.  Las discrepancias con el gobierno y la intervención judicial de 2020 dieron lugar a reclamaciones contrapuestas sobre la dirección y la identidad del partido. [69][70]

32.  Unidad Popular Venezolana [UPV; fundada en 2004].  Vinculada con Lina Ron, UPV se constituyó como una organización de apoyo militante a Chávez y conservó una presencia electoral propia en posteriores alianzas de gobierno.  Su tarjeta figuró en la boleta presidencial de 2024 dentro de la alianza que respaldaba a Maduro. [71] [56]

33.  Partido Socialista Unido de Venezuela [PSUV; formación iniciada en 2007].  Chávez promovió el PSUV como organización unitaria de las fuerzas que respaldaban su proyecto político.  En su constitución se integraron el MVR y otras organizaciones o sectores, mientras que algunos aliados conservaron su identidad propia.  El partido celebró su congreso fundacional en 2008. [61] [72]

El PSUV encabezó la alianza electoral de gobierno que apoyó a Maduro en 2024 y ocupó la primera posición en la boleta presidencial. [66]

34.  Voluntad Popular [VP; constituida como movimiento en 2009 y reconocida como partido en 2011].  Vinculada con Leopoldo López y otros promotores, Voluntad Popular se desarrolló en torno a la participación democrática, el cambio político y la oposición al gobierno.  Sus dirigentes y militantes afrontaron procesos penales, detenciones y exilio.  Una intervención judicial dio lugar, asimismo, a una disputa por el reconocimiento oficial de la dirección del partido. [73] [6]

35.  Movimiento Progresista de Venezuela, posteriormente Movimiento por Venezuela [MPV; fundado en 2012].  El MPV surgió de divisiones de la izquierda y participó en la coordinación de la oposición. [74]

36.  Avanzada Progresista [AP; fundada en 2012].  Vinculada con Henri Falcón y otros dirigentes, AP se desarrolló como una organización de centroizquierda favorable a la participación electoral y a la negociación política.  Sus estrategias difirieron en ocasiones de las de la principal coalición opositora, en particular respecto a la participación en elecciones cuyas condiciones eran objeto de controversia. [75]

37.  Vente Venezuela [fundada en 2012].  Vinculada con María Corina Machado, Vente se desarrolló como un movimiento político liberal que defendía las libertades individuales, la iniciativa privada y el cambio democrático.  Machado ganó las primarias de la oposición de 2023 y quedó excluida de la boleta presidencial de 2024. [76] [13]

Machado recibió el Premio Nobel de la Paz de 2025 por su labor en defensa de los derechos democráticos y de una transición democrática pacífica en Venezuela. [107]

38.  Movimiento Somos Venezuela[constituido como movimiento social en 2017 y transformado en partido en 2018].  Promovido por Maduro, Somos Venezuela se desarrolló en relación con la movilización en torno a los programas sociales y el sistema del Carnet de la Patria.  En 2018 obtuvo reconocimiento electoral mediante la transformación de Nuevo Camino Revolucionario [NCR]. [77]

39.  Cambiemos Movimiento Ciudadano[fundado en 2018].  Vinculado con Timoteo Zambrano, Cambiemos promovió la participación electoral y el diálogo.  Se integró en el sector de la oposición que emprendió negociaciones y estrategias electorales fuera de la principal coalición unitaria. [78]

40.  Encuentro Ciudadano [fundado en 2018].  Vinculado con Delsa Solórzano, Encuentro Ciudadano se desarrolló como una organización opositora centrada en la participación democrática y los derechos humanos.  Participó en la coordinación de la oposición y en el proceso de primarias de 2023. [79]

41.  Primero Venezuela [constituido en 2020].  Primero Venezuela fue creado por disidentes de Primero Justicia, entre ellos José Brito, y participó en las elecciones parlamentarias de 2020. [80]  La información publicada por Acceso a la Justicia el 14 de mayo de 2024 recoge la candidatura presidencial de Brito por la tarjeta de Primero Venezuela y la incorporación de la tarjeta de PJ a su candidatura tras la intervención judicial. [65]

42.  Fuerza Vecinal [fundada en 2021].  Fuerza Vecinal se constituyó en torno a dirigentes municipales, con atención a la administración local y a la participación electoral. [81]

B-5).  Coaliciones electorales y plataformas de coordinación

43.  Mesa de la Unidad Democrática[MUD; formada entre 2008 y 2009].  La MUD reunió a partidos de distintas ideologías para coordinar la oposición, presentar candidaturas comunes y concurrir a las elecciones.  Contribuyó a organizar campañas electorales de alcance nacional, incluida la que condujo a la victoria parlamentaria de la oposición en 2015. [82] [6]

44.  Gran Polo Patriótico Simón Bolívar[GPPSB; constituido en 2011].  Esta alianza reunió al PSUV, a partidos aliados y a organizaciones sociales que respaldaban al gobierno bolivariano. [83] [72]

45.  Alternativa Popular Revolucionaria[APR; formada en 2020].  La APR reunió a organizaciones y sectores comunistas y de otras corrientes de la izquierda revolucionaria que mantenían una posición crítica frente al gobierno de Maduro.  En 2020, el Tribunal Supremo nombró nuevas directivas para PPT y Tupamaro, cuyos dirigentes desplazados participaron en la coalición. [39] [59] [70]

46.  Plataforma Unitaria Democrática[PUD; constituida públicamente en 2021, tras anteriores iniciativas de unidad].  La plataforma se desarrolló como instancia de coordinación de partidos opositores y sectores aliados.  Participó en negociaciones, promovió las primarias opositoras de 2023 y respaldó a Edmundo González Urrutia en las elecciones presidenciales de 2024, tras la exclusión de Machado. [84] [13]

B-6).  Tarjetas electorales, continuidad de las organizaciones e intervención judicial

Además de las organizaciones descritas, otras figuraron en la boleta de 2024.  La reproducción publicada por El Diario identifica a Partido Verde, Futuro Venezuela, Enamórate, Partido Arepa, CONDE, Unidad Visión Venezuela y Derecha Democrática. [66]

La misión de observación electoral de la Unión Europea de 2021 informó de intervenciones judiciales que afectaban a las directivas de los partidos y al control de sus nombres, símbolos y postulaciones electorales.  Human Rights Watch recogió posteriormente la intervención del PCV en 2023; Acceso a la Justicia documentó la nueva intervención de Primero Justicia en 2024. [6] [19] [65]

B-7).  Participación electoral y negociaciones políticas [2025–2026]

Las organizaciones opositoras siguieron estrategias distintas en las elecciones legislativas de 2025.  La PUD llamó a la abstención, mientras que Henrique Capriles y otros dirigentes opositores participaron.  La Unión Interparlamentaria recoge once escaños para la alianza UNT–Unión entre los resultados anunciados. [88]

El 6 de agosto de 2026, Reuters informó del inicio de negociaciones, respaldadas por los Estados Unidos, entre representantes del gobierno de la presidenta encargada y una delegación opositora.  Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera encabezaban las respectivas delegaciones.  Machado no participaba en ese proceso de negociación. [108]

En octubre, Machado pidió la celebración de elecciones a más tardar en julio de 2027.  El plazo propuesto no constituía un calendario electoral oficial. [109]  El anuncio presidencial de septiembre citado en A-2.7 no precisaba una fecha. [93]


Fuentes y notas documentales

Las notas identifican textos constitucionales y legislativos, informes de instituciones independientes, estudios históricos, información periodística contemporánea y testimonios de las propias organizaciones.  Las publicaciones de los partidos se emplean para sus orígenes y fines declarados; las valoraciones sobre la actuación de las instituciones se atribuyen a los informes o estudios correspondientes.  La fecha de cierre documental de este borrador es el 21 de octubre de 2026.

[1] Constitución de la República de Venezuela de 1961, especialmente las disposiciones relativas a los poderes nacionales, la Presidencia, el Congreso, el Poder Judicial y las Fuerzas Armadas.  Edición documental del CIDEP.
https://cidep.online/files/constituciones/1961.pdf
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[2] Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, especialmente los artículos 136, 186–187, 192, 225–236, 247–249, 253–279, 280–296, 318, 328–330 y 347–349.  Texto disponible en el sitio de la Organización de los Estados Americanos.
https://www.oas.org/dil/esp/constitucion_venezuela.pdf
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[3] Constitución de Venezuela con la enmienda de 2009 incorporada.  Compárese el artículo 230 con el texto original; véase también el artículo 279.  Constitute Project.
https://constituteproject.org/constitution/Venezuela_2009?lang=es
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[4] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, informe sobre la institucionalidad democrática, el Estado de derecho y los derechos humanos en Venezuela, aprobado en 2017; edición inglesa publicada en 2018.
https://www.oea.org/en/iachr/reports/pdfs/venezuela2018-en.pdf
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[5] Comisión Internacional de Juristas, Jueces en la cuerda floja (2021):  nombramientos judiciales, permanencia en el cargo e influencia política.
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2021/06/Venezuela-Judges-on-the-tightrope-Publications-Reports-Thematic-reports-2021-SPA.pdf
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[6] Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, Venezuela 2021:  informe final.  Examina el ordenamiento jurídico, la administración electoral, la participación política y las intervenciones de partidos.
https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/eu_eom_ven_2021_fr_en.pdf
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[7] Comisión de Venecia, dictamen CDL-AD(2017)024 sobre las cuestiones jurídicas suscitadas por el proceso constituyente venezolano de 2017, especialmente el párrafo 27.  Ficha oficial del dictamen y reproducción en el repertorio de derecho electoral.
https://www.coe.int/en/web/venice-commission/-/cdl-ad-2017-024-e
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[8] Reuters, información sobre la sesión de clausura de la Asamblea Constituyente venezolana, 18 de diciembre de 2020, reproducida por Infobae.  Véase también la evaluación de la CIDH de 2020 sobre la falta de elaboración de una nueva constitución.
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/12/18/oficialistas-de-venezuela-cierran-criticada-asamblea-constituyente-2/
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[9] Asamblea Nacional Constituyente, Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Gaceta Oficial n.º 6.508 Extraordinario, de 30 de enero de 2020.  El preámbulo invoca los artículos 347–349; los artículos 22 y 59 califican a la Milicia Bolivariana como componente especial.  Reproducción de la Gaceta disponible en el sitio de Control Ciudadano.
https://www.controlciudadano.org/web/wp-content/uploads/LOFANB-2020-GO-6.508-ExT-30.01.2020.pdf
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[10] Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia de 1976, artículo 24:  tres salas de cinco magistrados cada una.  Texto legislativo reproducido por Justia.
https://venezuela.justia.com/estatales/miranda/leyes/ley-organica-de-la-corte-suprema-de-justicia-1976/gdoc/
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[11] Carlos Lusverti, análisis de la reforma del Tribunal Supremo venezolano de 2022, Justicia en las Américas, 15 de marzo de 2022.  Sobre la ampliación anterior, véase el informe de la Comisión Internacional de Juristas citado previamente.
https://dplfblog.com/2022/03/15/nueva-ley-y-nuevos-jueces-pero-el-mismo-control-politico-de-siempre-sobre-el-tribunal-supremo-de-venezuela/
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[12] Organización de los Estados Americanos, informe de observación electoral sobre las elecciones venezolanas de 1998, publicado en 1999.  Documenta la autoridad electoral y el ordenamiento jurídico anterior a 1999.
https://www.oas.org/sap/publications/1999/moe/venezuela/pbl_22_1999_spa.pdf
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[13] Centro Carter, informe final sobre las elecciones presidenciales venezolanas de 2024, publicado en febrero de 2025.  Se emplea retrospectivamente para los acontecimientos y las pruebas relativos a las elecciones de 2024.
https://www.cartercenter.org/wp-content/uploads/2025/02/venezuela-final-report-2025.pdf
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[14] Centro Carter, declaración sobre las elecciones presidenciales venezolanas, 30 de julio de 2024.  Documento distinto del informe final publicado posteriormente.
https://www.cartercenter.org/news/venezuela-073024/
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[15] Decreto n.º 2.378 sobre Organización General de la Administración Pública Nacional, Gaceta Oficial n.º 6.238 Extraordinario, de 13 de julio de 2016.  Texto legislativo histórico reproducido por Pandectas Digital; el cuerpo del apéndice recoge la existencia de reorganizaciones posteriores.
https://pandectasdigital.blogspot.com/2016/07/decreto-sobre-organizacion-general-de.html
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[16] Ministerio de Educación, anuncio de coordinación entre los ministerios de Educación y de Educación Universitaria, 16 de enero de 2024.  Acredita su existencia institucional separada durante el período examinado.
https://www.mppe.gob.ve/noticias/2024/01/16/articulaci%C3%B3n-acad%C3%A9mica-por-la-juventud-venezolana-mppe-y-el-mppeu-firman-resoluci%C3%B3n/
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[17] Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, informe A/HRC/41/18 (2019), sobre derechos económicos y sociales, operaciones de seguridad y rendición de cuentas.  Copia disponible en el sitio del Congreso de los Estados Unidos.
https://humanrightscommission.house.gov/sites/evo-subsites/humanrightscommission.house.gov/files/documents/20190705_UNHRC_HRinVZ_A.HRC_.41.18_0.pdf
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[18] Comisión Económica para América Latina y el Caribe, plataforma del Consenso de Montevideo:  ficha sobre el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género de Venezuela y su creación en 2009.
https://consensomontevideo.cepal.org/es/node/1244
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[19] Human Rights Watch, Informe Mundial 2024, capítulo sobre Venezuela.  Documenta acontecimientos de 2023, entre ellos la intervención del PCV y la reorganización de las FAES.
https://www.hrw.org/es/world-report/2024/country-chapters/venezuela
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[20] Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Nacionales de 1995, especialmente los artículos 4–7.  Texto legislativo histórico reproducido por Venciclopedia.
https://www.venciclopedia.org/index.php/Ley_Org%C3%A1nica_de_las_Fuerzas_Armadas_1995
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[21] Decreto n.º 6.239, Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Gaceta Oficial n.º 5.891 Extraordinario, de 31 de julio de 2008.  Gaceta digitalizada por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos.
https://tile.loc.gov/storage-services/service/ll/llflg/75/64/35/27/_v/e2/00/80/73/1c/75643527_ve20080731c/75643527_ve20080731c.pdf
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[22] Francine Jácome, « Militarismo y militarización.  El caso venezolano », en Marcos Robledo Hoecker y Francisco J. Verdes-Montenegro (eds.), Militarización, militarismo y democracia:  ¿nuevas tendencias en América Latina? (Fundación Carolina, 2023), pp. 153–169.
https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2023/06/Militarizacion.pdf
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[23]Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, debate del Consejo de Derechos Humanos sobre las conclusiones de la misión de determinación de los hechos sobre Venezuela, 26 de septiembre de 2022.
https://www.ungeneva.org/en/news-media/meeting-summary/2022/09/morning-human-rights-council-holds-interactive-dialogue-fact
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[24] Decreto n.º 7.453, Gaceta Oficial n.º 39.436, de 1 de junio de 2010:  cambio de denominación de la DISIP a SEBIN.  Registro jurídico de Iusdata.
https://iusdata.com/denominacion-cambio-disip-por-sebin/
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[25] Misión de determinación de los hechos de las Naciones Unidas, conclusiones detalladas sobre los crímenes cometidos a través de los servicios de inteligencia del Estado, A/HRC/51/CRP.3, septiembre de 2022.  Colección oficial de informes.
https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/ffmv/report-ffmv-september2022
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[26] Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, Gaceta Oficial n.º 5.940 Extraordinario, de 7 de diciembre de 2009.  Texto legislativo reproducido por Tu Gaceta Oficial.
https://tugacetaoficial.com/leyes/ley-organica-del-servicio-de-policia-y-del-cuerpo-de-policia-nacional-gaceta-5940-2009/
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[27] Héctor Bencomo Barrios, « Fuerzas Armadas », Diccionario de Historia de Venezuela, Fundación Empresas Polar.  Evolución histórica de los componentes militares y de la Guardia Nacional.
https://bibliofep.fundacionempresaspolar.org/dhv/entradas/f/fuerzas-armadas/
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[28] Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, informe sobre Venezuela de 2018, relativo a las violaciones de derechos, la rendición de cuentas y el trato dispensado a los manifestantes.
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/VE/VenezuelaReport2018_EN.pdf
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[29] Keymer Ávila y colaboradores, Visión panorámica del sistema policial en Venezuela (2000–2018), Acceso a la Justicia.  Véanse los apartados sobre el CICPC, la Policía Nacional y sus antecedentes institucionales.
https://www.accesoalajusticia.org/wp-content/uploads/2020/05/Informe-sobre-desempe%C3%B1o-sistema-policial-venezolano-2000-2018.pdf
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[30] Human Rights Watch, investigación sobre ejecuciones extrajudiciales en zonas de bajos ingresos de Venezuela, 18 de septiembre de 2019.
https://www.hrw.org/news/2019/09/18/venezuela-extrajudicial-killings-poor-areas
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[31] TalCual, « Tres estados acumularon 50% de las 143 muertes a manos de las FAES durante mayo », reproducido por PROVEA el 12 de junio de 2019.  Sitúa la creación en abril de 2016; la información de Human Rights Watch citada por separado la fecha en 2017.
https://provea.org/actualidad/tres-estados-acumularon-50-de-las-143-muertes-a-manos-de-las-faes-durante-mayo/
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[32] « Partidos políticos », Diccionario de Historia de Venezuela, Fundación Empresas Polar.  Fuente para las tradiciones partidistas y las agrupaciones personalistas del siglo XIX.
https://bibliofep.fundacionempresaspolar.org/dhv/entradas/p/partidos-politicos/
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[33] « Gómez, Juan Vicente, gobierno de », Diccionario de Historia de Venezuela, Fundación Empresas Polar.
https://bibliofep.fundacionempresaspolar.org/dhv/entradas/g/gomez-juan-vicente-gobierno-de/
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[34] « Betancourt, Rómulo », Diccionario de Historia de Venezuela, Fundación Empresas Polar.  Incluye las organizaciones posteriores a Gómez y las transiciones democráticas.
https://bibliofep.fundacionempresaspolar.org/dhv/entradas/b/betancourt-romulo/
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[35] Fundación Empresas Polar, cronología histórica:  organización del Partido Democrático Nacional en 1936.
https://bibliofep.fundacionempresaspolar.org/_custom/static/cronologia_hv/zoom/s20/1936-32.html
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[36] Fundación Empresas Polar, cronología histórica:  formación del Partido Revolucionario Venezolano en el exilio, 1926.
https://bibliofep.fundacionempresaspolar.org/_custom/static/cronologia_hv/zoom/s20/1926-7.html
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[37] Wikipedia, entrada histórica sobre el Partido Comunista de Venezuela.  Fuente para la fecha de fundación y la orientación de la organización; las disputas contemporáneas por su dirección se examinan por separado mediante fuentes independientes.
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Comunista_de_Venezuela
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[38] Archivo documental de Rafael Caldera, relación y documentos sobre el Pacto de Puntofijo y sus signatarios.
https://rafaelcaldera.com/puntofijo/
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[39] Comunicado fundacional de la Alternativa Popular Revolucionaria, reproducido en agosto de 2020.  Fuente primaria sobre la formación de la coalición y sus fines declarados.
https://www.idcommunism.com/2020/08/alternativa-popular-revolucionaria-venezuela-new-antiimperialist-and-socialist-alliance.html
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[40] Wikipedia, entrada histórica sobre el Partido Republicano Progresista de Venezuela, incluida su constitución en 1936 y sus vínculos con el comunismo.
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Republicano_Progresista_(Venezuela)
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[41] Acción Democrática, historia de la organización.  Se emplea para el antecedente del PDN y la fundación de AD en 1941; las valoraciones institucionales se sustentan en informes independientes.
https://acciondemocratica.org.ve/adport/componentes/Historia2/
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[42] « Junta Revolucionaria de Gobierno », Diccionario de Historia de Venezuela, Fundación Empresas Polar.
https://bibliofep.fundacionempresaspolar.org/dhv/entradas/j/junta-revolucionaria-de-gobierno/
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[43] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe anual 2020, capítulo IV.B, Venezuela.  Incluye el contexto político e institucional y las intervenciones que afectaron a las directivas de los partidos.
https://www.oas.org/en/iachr/docs/annual/2020/Chapters/IA2020cap.4b.VE-en.pdf
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[44] « Medina Angarita, Isaías, gobierno de », Diccionario de Historia de Venezuela, Fundación Empresas Polar.
https://bibliofep.fundacionempresaspolar.org/dhv/entradas/m/medina-angarita-isaias-gobierno-de/
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[45] Fundación Empresas Polar, cronología histórica:  fundación y orientación socialcristiana de COPEI en 1946.
https://bibliofep.fundacionempresaspolar.org/_custom/static/cronologia_hv/zoom/s20/1946-2.html
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[46] « Gallegos, Rómulo, gobierno de », Diccionario de Historia de Venezuela, Fundación Empresas Polar.
https://bibliofep.fundacionempresaspolar.org/dhv/entradas/g/gallegos-romulo-gobierno-de/
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[47] « Guerrillas », Diccionario de Historia de Venezuela, Fundación Empresas Polar.  Examina la izquierda revolucionaria y el desarrollo de la insurgencia armada.
https://bibliofep.fundacionempresaspolar.org/dhv/entradas/g/guerrillas/
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[48] Wikipedia, entrada histórica sobre la Cruzada Cívica Nacionalista y su vinculación con Pérez Jiménez.
https://es.wikipedia.org/wiki/Cruzada_C%C3%ADvica_Nacionalista
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[49] Fundación Empresas Polar, cronología histórica:  fundación del Movimiento Electoral del Pueblo en 1967.
https://bibliofep.fundacionempresaspolar.org/_custom/static/cronologia_hv/zoom/s20-2/1967-46.html
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[50] Wikipedia, entrada histórica sobre Bandera Roja:  orígenes en 1970, procedencia de la izquierda revolucionaria y posterior actividad electoral.
https://es.wikipedia.org/wiki/Bandera_Roja_(Venezuela)
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[51]Movimiento al Socialismo, documento programático publicado por Nueva Sociedad(1980).  Fuente primaria sobre su orientación socialista democrática.
https://pre.nuso.org/articulo/movimiento-al-socialismo-venezuela/
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[52] Estudio académico sobre el Movimiento al Socialismo, publicado en 1981 e incluido en JSTOR.
https://www.jstor.org/stable/3539979
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[53] « Understanding the Collapse of Venezuela’s Causa Radical », Journal of Politics in Latin America, vol. 6, n.º 1 (2014).  Incluye los orígenes del partido y la escisión de la que surgió PPT.
https://ciaotest.cc.columbia.edu/journals/jpla/v6i1/f_0031490_25538.pdf
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[54] Wikipedia, entrada histórica sobre la Liga Socialista.  Sobre el anuncio de integración en el PSUV, véase también la información de la Agencia Bolivariana de Noticias del 21 de diciembre de 2006.
https://en.wikipedia.org/wiki/Socialist_League_(Venezuela)
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[55] Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, estudio y cuadros históricos sobre los partidos políticos venezolanos, incluida la fundación de ORA en 1987.
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/12/5544/6.pdf
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[56] La República, presentación de la boleta del CNE para las elecciones presidenciales de 2024.  Fecha que figura en el artículo:  11 de mayo de 2024; segmento de fecha de la URL:  2024/05/09.
https://larepublica.pe/mundo/venezuela/2024/05/09/elecciones-venezuela-2024-conoce-el-tarjeton-electoral-del-cne-que-revela-los-10-candidatos-presidenciales-235737
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[57] Convergencia, historia de la organización y de su dirigencia, incluida su constitución en junio de 1993.
https://partidoconvergencia.org/liderazgo/
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[58] CIDOB, « Rafael Caldera Rodríguez »:  biografía política, incluida la candidatura de 1993 y la coalición que la respaldó.
https://www.cidob.org/en/lider-politico/rafael-caldera-rodriguez
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[59] Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, sentencia n.º 0122, de 21 de agosto de 2020, relativa a PPT.  Decisión y ficha del caso reproducidas por Acceso a la Justicia.
https://accesoalajusticia.org/intervencion-judicial-de-la-organizacion-con-fines-politicos-patria-para-todos-ppt/
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[60] Universidad de Belgrano, estudio sobre el Movimiento V República y el desarrollo del proyecto político de Chávez.
https://repositorio.ub.edu.ar/bitstream/handle/123456789/185/55_rodriguez_games.pdf?isAllowed=y&sequence=2
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[61] Margarita López Maya, El PSUV y el sistema de partidos, 20 de enero de 2008.  Análisis contemporáneo de la formación del partido y de la concentración política.
https://margaritalopezmaya.com/wp-content/uploads/2022/06/El-PSUV-y-el-sistema-de-partidos-UN-20-1-08.pdf
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[62] Fundación Empresas Polar, cronología histórica:  Proyecto Venezuela y las elecciones presidenciales de 1998.
https://bibliofep.fundacionempresaspolar.org/_custom/static/cronologia_hv/zoom/s20-10/1998-87.html
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[63] Wikipedia, entrada histórica sobre Un Nuevo Tiempo, que distingue sus orígenes regionales de su expansión nacional.
https://es.wikipedia.org/wiki/Un_Nuevo_Tiempo
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[64] Primero Justicia, relación retrospectiva que distingue la asociación civil constituida en 1992 de la organización como partido en 2000.
https://www.primerojusticia.org.ve/cms/index.php?Itemid=468&cid=149%3Anoticias&id=21622%3Aalejandro-vivas-primero-justicia-15-anos-resteados-con-el-cambio-para-venezuela&option=com_flexicontent&view=item
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[65] Acceso a la Justicia, « La segunda intervención judicial de Primero Justicia y su impacto en las presidenciales de 2024 », 14 de mayo de 2024.  Véase el apartado « Ocultando al rival » sobre la candidatura de Brito por Primero Venezuela y la tarjeta del PJ intervenido judicialmente.
https://accesoalajusticia.org/segunda-intervencion-judicial-primero-justicia-impacto-presidenciales-2024/
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[66] El Diario, descripción y reproducción de la boleta presidencial, actualizada el 8 de mayo de 2024.  Incluye la tarjeta de Primero Justicia, intervenido judicialmente, en apoyo de José Brito, y las tarjetas de Futuro Venezuela y Partido Arepa.
https://eldiario.com/2024/05/08/boleta-electoral-elecciones-presidenciales-venezuela/
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[67] Wikipedia, entrada histórica sobre Alianza Bravo Pueblo, sus orígenes en 2000 y su vinculación con Antonio Ledezma.
https://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_Bravo_Pueblo
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[68] Wikipedia, entrada histórica sobre Por la Democracia Social, incluidos sus orígenes en 2002 y la intervención de su dirigencia en 2012.
https://es.wikipedia.org/wiki/Por_la_Democracia_Social
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[69] Wikipedia, entrada histórica sobre el movimiento Tupamaro venezolano, que distingue el activismo previo de su legalización como partido político en 2004.
https://es.wikipedia.org/wiki/Tupamaro_(Venezuela)
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[70] Runrun.es, información sobre la respuesta del movimiento Tupamaro a la intervención judicial, 19 de agosto de 2020.
https://runrunes.org/noticias/419292/movimiento-tupamaro-rechazo-intervencion-del-tsj-se-ha-consumado-el-robo-del-partido/
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[71] Wikipedia, entrada histórica sobre Unidad Popular Venezolana.  La boleta de 2024 documenta de forma independiente su posterior presencia electoral.
https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_Popular_Venezolana
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[72] CLACSO, cronología de Venezuela correspondiente a 2007.  Registro contemporáneo de los acontecimientos políticos durante la formación del PSUV.
https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/osal/20190429034519/Venezuela_2007.pdf
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[73] Leopoldo López, historia de Voluntad Popular:  constitución del movimiento en diciembre de 2009 y reconocimiento como partido en enero de 2011.
https://leopoldolopez.com/voluntad-popular/
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[74]Wikipedia, entrada histórica sobre el Movimiento por Venezuela, originalmente Movimiento Progresista de Venezuela, fundado en junio de 2012.
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_por_Venezuela
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[75] Tomás Straka, « Los partidos de última generación en Venezuela », PolítiKa UCAB, 4 de septiembre de 2023.  Examina partidos de trayectoria anterior y de reciente formación.
https://politikaucab.net/2023/09/04/los-partidos-de-ultima-generacion-en-venezuela/
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[76] Vente Venezuela, información de la organización publicada el 24 de mayo de 2021, que sitúa su fundación en 2012 y describe su desarrollo nacional.
https://www.ventevenezuela.org/2021/05/24/maria-corina-machado-vente-es-una-realidad-en-toda-venezuela/
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[77] El Pitazo, información sobre la transformación de Somos Venezuela en partido político, que distingue el movimiento de 2017 de su inscripción electoral en 2018.
https://elpitazo.net/sucesos/madurismo-se-convierte-partido-movimiento-somos-venezuela/
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[78] Wikipedia, entrada histórica sobre Cambiemos Movimiento Ciudadano, fundado en 2018 y vinculado con Timoteo Zambrano.
https://es.wikipedia.org/wiki/Cambiemos_Movimiento_Ciudadano
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[79] Encuentro Ciudadano, declaración oficial de la organización que sitúa su fundación el 13 de diciembre de 2018 y señala su atención a los derechos y las libertades ciudadanas.
https://encuentrociudadano.org/quienes-somos/
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[80] Runrun.es, información sobre partidos poco conocidos que concurrieron a las elecciones de 2021, incluidos los orígenes de Primero Venezuela.
https://runrun.es/noticias/453207/guachimanelectoral-los-partidos-poco-conocidos-que-van-a-las-elecciones-del-21n/
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[81] Directorio Legislativo, informe sobre las elecciones regionales y municipales venezolanas de 2021, publicado en enero de 2022.  Describe los orígenes municipales de Fuerza Vecinal y su constitución en 2021.
https://alertas-v3.directoriolegislativo.org/wp-content/uploads/2022/01/Venezuela-Elecciones-regionales-y-municipales-2021-2022-1.pdf
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[82] María Dubuc, relación del acuerdo de la MUD de 2008 y su reorganización en 2009, publicada por Primero Justicia el 22 de enero de 2014.
https://www.primerojusticia.org.ve/cms/index.php?Itemid=499&cid=160%3Anuestros-dirigentes-opinan&id=13644%3Amaria-dubuc-un-responsabilidad-historica-la-verdadera-unidad&option=com_flexicontent&view=item
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[83] PSUV, información conmemorativa del tercer aniversario de la formación del Gran Polo Patriótico, ocurrida el 7 de octubre de 2011; publicada el 7 de octubre de 2014.
https://www.psuv.org.ve/temas/noticias/presidente-maduro-reconoce-lucha-gpp-a-tres-anos-su-conformacion/
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[84] Crónica Uno, información sobre el desarrollo organizativo de la Plataforma Unitaria y la designación de Omar Barboza, 2022.  Describe el proceso iniciado en abril de 2021.
https://cronica.uno/plataforma-unitaria-anuncia-refundacion-y-confirma-a-omar-barboza-como-secretario-ejecutivo/
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[85] Associated Press, información sobre la toma de posesión de Maduro, 10 de enero de 2025.
https://apnews.com/article/41df1203ab06e1ee9168622d12aac461
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[86] Reuters, información sobre el juramento de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela, 5 de enero de 2026.
https://www.reuters.com/world/americas/delcy-rodriguez-formally-sworn-venezuelas-interim-president-2026-01-05/
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[87] Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, sentencia n.º 00001, de 3 de enero de 2026, expediente 2026-00001.  Decisión y comentario reproducidos por Acceso a la Justicia.
https://accesoalajusticia.org/la-sc-ordena-que-delcy-rodriguez-presidencia-de-la-republica/
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[88] Unión Interparlamentaria, Parline, Venezuela:  elecciones a la Asamblea Nacional del 25 de mayo de 2025.  Las cifras de escaños reproducen el resultado electoral comunicado.
https://data.ipu.org/parliament/VE/VE-LC01/election/VE-LC01-E20250525/
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[89] Acceso a la Justicia, ficha de la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, Gaceta Oficial n.º 7.025 Extraordinario, de 22 de mayo de 2026; análisis publicado el 3 de junio de 2026.
https://accesoalajusticia.org/ley-organica-de-reforma-parcial-de-la-ley-organica-del-tribunal-supremo-de-justicia/
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[90] Acceso a la Justicia, ficha de la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, Gaceta Oficial n.º 7.074 Extraordinario, de 15 de septiembre de 2026; análisis publicado el 21 de septiembre de 2026.
https://accesoalajusticia.org/ley-organica-de-reforma-parcial-de-la-lotsj/
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[91] El País, información sobre la selección aún pendiente de los magistrados del Tribunal Supremo, 14 de octubre de 2026.
https://elpais.com/america/2026-10-14/un-nuevo-supremo-para-venezuela-con-prisa-y-sin-reglas-claras.html
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[92] Misión de determinación de los hechos de las Naciones Unidas, informe A/HRC/57/57, de 17 de septiembre de 2024.  Incluye la respuesta institucional y la represión posteriores a las elecciones.
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/sessions-regular/session57/advance-versions/a-hrc-57-57-en.pdf
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[93] Reuters, información sobre la promesa de elecciones formulada por Delcy Rodríguez, 23 de septiembre de 2026.  El anuncio no precisaba la fecha de los comicios.
https://www.reuters.com/world/americas/venezuelas-rodriguez-promises-elections-2026-09-23/
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[94] EFE, « El Parlamento de Venezuela designa a un nuevo fiscal general y a una defensora del pueblo », 9 de abril de 2026.
https://efe.com/mundo/2026-04-09/nuevo-fiscal-defensora-del-pueblo-venezuela/
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[95] Reuters, información sobre la sustitución del ministro de Defensa venezolano por el jefe de contrainteligencia militar, 18 de marzo de 2026.
https://www.reuters.com/world/americas/venezuela-acting-president-replaces-long-time-defense-minister-2026-03-18/
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[96] Acceso a la Justicia, ficha de la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, Gaceta Oficial n.º 6.978 Extraordinario, de 29 de enero de 2026; análisis publicado el 26 de febrero de 2026.
https://accesoalajusticia.org/ley-de-reforma-de-la-ley-organica-de-hidrocarburos/
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[97] Reuters, información sobre la previsión de inversiones petroleras anunciada por Rodríguez, 17 de octubre de 2026.  La cifra corresponde a una expectativa anunciada, no a inversiones ya realizadas.
https://www.reuters.com/business/energy/venezuela-expects-nearly-76-billion-oil-investment-over-five-years-acting-2026-10-17/
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[98] Acceso a la Justicia, examen del cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana sobre El Helicoide, 3 de septiembre de 2026.
https://accesoalajusticia.org/casi-3-meses-sentencia-sobre-helicoide-que-ha-hecho-estado-venezolano-cumplirla/
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[99] Misión de determinación de los hechos de las Naciones Unidas, declaración sobre la persistencia de la represión y los crímenes de lesa humanidad, 18 de marzo de 2025.
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2025/03/venezuela-harsh-repression-and-crimes-against-humanity-ongoing-fact-finding
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[100] Misión de determinación de los hechos de las Naciones Unidas, declaración sobre la rendición de cuentas y la justicia internacional, 22 de septiembre de 2025.
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2025/09/venezuela-only-hope-victims-find-justice-lies-international-community-says
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[101] Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, Gaceta Oficial n.º 6.990 Extraordinario, de 19 de febrero de 2026.  Ficha legislativa y análisis de Acceso a la Justicia, 24 de febrero de 2026.
https://accesoalajusticia.org/engaceta-ley-de-amnistia/
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[102] Misión de determinación de los hechos de las Naciones Unidas, declaración sobre la persistencia de la represión, 16 de septiembre de 2026.
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2026/09/venezuela-amidst-limited-political-changes-countrys-repressive-apparatus
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[103] Reuters, información sobre las conclusiones de septiembre de la misión de determinación de los hechos de las Naciones Unidas, 16 de septiembre de 2026.
https://www.reuters.com/world/americas/rights-abuses-persist-venezuela-despite-maduros-removal-un-experts-say-2026-09-16/
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[104] Tribunal Supremo de Justicia, Resolución n.º 2026-0010, de 13 de octubre de 2026, reproducida por Acceso a la Justicia el 16 de octubre.  Reorganiza la competencia para conocer de las causas por terrorismo.
https://accesoalajusticia.org/resolucion-2026-0010-mediante-la-cual-se-modifica-la-estructura-organizacional-de-los-juzgados-con-competencia-en-terrorismo/
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[105] Departamento de Justicia de los Estados Unidos, anuncio de un nuevo escrito de acusación contra Nicolás Maduro y Cilia Flores, en sustitución del anterior, 8 de octubre de 2026.  Las alegaciones de la acusación requieren resolución judicial.
https://www.justice.gov/opa/pr/nicolas-maduro-moros-and-cilia-adela-flores-de-maduro-charged-torture
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[106] Reuters, información sobre las declaraciones de no culpabilidad de Maduro y Flores y la nueva fecha del juicio, 15 de octubre de 2026.
https://www.reuters.com/world/americas/venezuelas-maduro-due-court-over-new-us-torture-charge-2026-10-15/
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[107] Comité Noruego del Nobel, anuncio de la concesión del Premio Nobel de la Paz de 2025 a María Corina Machado, 10 de octubre de 2025.
https://www.nobelprize.org/uploads/2025/10/press-peaceprize2025.pdf
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[108] Reuters, información sobre el inicio de negociaciones respaldadas por los Estados Unidos entre el gobierno de la presidenta encargada y una delegación opositora, 6 de agosto de 2026.
https://www.reuters.com/world/americas/venezuelan-acting-government-opposition-delegation-begin-talks-2026-08-06/
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[109] Reuters, información sobre la petición de Machado de celebrar elecciones a más tardar en julio de 2027, 9 de octubre de 2026, con referencia a su entrevista con el Financial Times.
https://www.reuters.com/world/americas/venezuelas-machado-calls-elections-by-july-ft-reports-2026-10-09/
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Bibliografía de las XXIV Series

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« Desenmascarar la desilusión: Serie XXI »

October 19, 2026

« Geometric Allegory », pintura digital, 2023, de Ricardo Morin (artista visual estadounidense nacido en Venezuela en 1954).

Alcance y uso

Esta entrega forma parte del corpus constitucional presentado en el Apéndice, integrado por las veinticinco constituciones de Venezuela y organizado para la consulta, no para una lectura sucesiva.  La comparación se articula mediante códigos permanentes de rúbrica, cuya identidad se conserva a través del corpus; la ausencia de una rúbrica significa silencio constitucional, y las rúbricas retiradas no se reasignan.  Las citas se fijan primero por el número del artículo y siguen la recensión del CIDEP enlazada al final de cada entrada.  La definición íntegra del corpus, su método y su convención de citas constan en la nota « Alcance y uso » que encabeza las Constituciones del siglo XIX, iniciadas en « Desenmascarar la Desilusión:  Serie XI ».

Ricardo F. Morín

11 de octubre de 2026

En tránsito


21) Constitución de 1945

La Constitución de los Estados Unidos de Venezuela de 1945 fue sancionada por el Congreso de los Estados Unidos de Venezuela en Caracas el 23 de abril de 1945, como reforma de la Constitución de 16 de julio de 1936.  El presidente Isaías Medina Angarita promulgó el texto reformado el 5 de mayo de 1945, fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de los Estados Unidos de Venezuela.  (CIDEP 1947, art. 253; Fundación Empresas Polar, « Constituciones de Venezuela »; Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, registro bibliográfico de la Constitución de 1945).

DOC-PRE—Preámbulo

« El Congreso de los Estados Unidos de Venezuela, en el nombre de Dios Todopoderoso y en ejercicio de la facultad que le concede el Artículo 126 del Pacto Federal vigente, decreta esta Constitución. »

(CIDEP 1945, p. 4, preámbulo).

FND-TER—Territorio

La Nación Venezolana es la reunión de los venezolanos en un pacto político denominado Estados Unidos de Venezuela.  Es permanente e irrevocablemente independiente de toda dominación o protección extranjera.  Su territorio es el que correspondía a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política de 1810, con las modificaciones derivadas de los tratados, y no puede enajenarse a una potencia extranjera, ni aun temporalmente.  (arts. 1–2; cont., 1936, arts. 1–2).

El territorio comprende Estados, el Distrito Federal, Territorios Federales y Dependencias Federales.  Los veinte Estados son Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Yaracuy y Zulia.  El artículo 4 imprime « Barinas ».  Los límites derivan de la Ley de 28 de abril de 1856, las modificaciones territoriales federales, la Constitución de 5 de agosto de 1909 y los convenios posteriores; los Estados limítrofes pueden modificar su frontera común mediante convenios aprobados por sus legislaturas.  (arts. 3–5; cf. 1936, art. 4:  « Zamora »).

Una ley especial organiza el Distrito Federal, ampara la acción política federal y preserva la autonomía económica y administrativa municipal.  Los departamentos figuran como « Libertador y Vargas »; el primero comprende Caracas, El Recreo, El Valle, La Vega, Antímano y « Macarao », y el segundo, La Guaira, Maiquetia, Macuto, Caraballeda, Carayaca, Naiguatá y Caruao.  (art. 6; cf. 1936, art. 6:  « los Departamentos Libertad y Vargas […] El Recreo, El Valle, La Vega, Antímano y Maracao »).

Caracas es la capital y sede federal, con las salvedades del artículo 104(23)(b), (24).  Amazonas y Delta Amacuro conservan su condición de Territorios Federales sujetos a leyes especiales.  La modificación de sus límites, o de los del Distrito Federal, con Estados vecinos requiere convenios ejecutivos aprobados por el Congreso y las respectivas legislaturas.  (arts. 7–8; cont., 1936, arts. 7–8; atribuciones correspondientes en el art. 100(23)(b), (24)).

La adquisición de la categoría de Estado por un Territorio exige la base poblacional necesaria para elegir un diputado y la capacidad acreditada de sufragar sus servicios públicos.  Las islas venezolanas del mar de las Antillas, salvo Margarita y Coche, pertenecientes a Nueva Esparta, son Dependencias Federales administradas directamente por el Ejecutivo y pueden convertirse en Territorios.  La Corte Federal y de Casación resuelve las controversias limítrofes.  (arts. 9–11; cont., 1936, arts. 9–11).

POW-LEG—Congreso

El Congreso de los Estados Unidos de Venezuela comprende el Senado y la Cámara de Diputados.  Sus miembros duran cuatro años en sus funciones y se renuevan por mitades cada dos años.  Cuando el número de diputados es impar, la renovación debe permitir que cada diputado complete su mandato.  (art. 55; cf. 1936, art. 54:  « Cuando el número de los Diputados sea impar, se renovará la mayoría. »).

Los diputados se eligen directamente, conforme a la legislación electoral federal, en cada Estado y en el Distrito Federal, a razón de uno por cada treinta y cinco mil habitantes y otro por un excedente no inferior a quince mil, con un mínimo de uno por Estado.  Igual número de suplentes cubre las vacantes por orden de elección.  Los Territorios que alcanzan la base poblacional también eligen diputados.  Se excluye de dicha base a los indígenas descritos como « indígenas no reducidos ».  (arts. 56, 58; cf. 1936, art. 55:  « las Municipalidades de cada Estado, reunidas en Asamblea, elegirán un Diputado por cada treinta y cinco mil habitantes »).

Para ser diputado se requiere ser venezolano por nacimiento, haber cumplido veinticinco años y ser nativo del Estado o del Distrito Federal representado, o haber residido allí durante al menos cuatro años.  Los hijos de venezolanos nacidos en el extranjero se consideran nativos del lugar donde se registre su nacimiento conforme a la legislación civil venezolana.  (art. 57; cf. 1936, art. 56(3):  « por lo menos los tres años anteriormente inmediatos a la elección »).

La Cámara de Diputados puede censurar a los ministros, sin obligar al presidente a removerlos antes de que la Corte declare motivo legal para someterlos a juicio.  Cada Asamblea Legislativa elige, fuera de su seno, dos senadores principales y dos suplentes.  El Senado autoriza honores del Panteón transcurridos veinticinco años desde el fallecimiento, la aceptación por empleados nacionales de dádivas, cargos, honores o recompensas extranjeros y los ascensos desde coronel o capitán de navío; la ley puede conferirle otras atribuciones.  (arts. 59–60, 62; cont., 1936, arts. 58–59, 61).

Para ser senador se requiere ser venezolano por nacimiento, mayor de treinta años y nativo del Estado representado, o residente en él durante al menos cuatro años.  También rige la disposición que considera al hijo de venezolanos nacido en el extranjero nativo del lugar de inscripción.  (art. 61; cf. 1936, art. 60(2):  « por lo menos los tres años anteriormente inmediatos a la elección »).

Las Cámaras se reúnen anualmente en la capital el 19 de abril o el día más inmediato posible, durante noventa días improrrogables.  Las sesiones extraordinarias versan sobre los asuntos de la convocatoria y la legislación conexa.  La instalación requiere dos tercios; las sesiones posteriores, mayoría absoluta.  Las sesiones son públicas, salvo acuerdo en contrario.  Cada Cámara regula sus debates, el orden, la calificación de sus miembros y las renuncias; ambas residen en un mismo lugar y abren y cierran sus sesiones simultáneamente.  (arts. 63–67; cont., 1936, arts. 62–66).

El ejercicio de empleo público es incompatible con el mandato parlamentario durante las sesiones.  La ley fija los emolumentos y difiere sus aumentos hasta el período siguiente.  La inmunidad rige desde treinta días antes del 19 de abril hasta treinta días después de concluidas las sesiones y se extiende a las extraordinarias; las Cámaras no pueden allanarla.  Los miembros no son responsables por las opiniones que emitan en las Cámaras y no pueden contratar con el Ejecutivo ni gestionar ante él reclamaciones ajenas.  Las Asambleas Legislativas completan las listas de suplentes del Senado; las constituciones estadales y la ley orgánica del Distrito Federal rigen las vacantes de diputados.  (arts. 68–73; cont., 1936, arts. 67–72, respecto de las reglas resumidas).

En la disposición que excluye el período de inmunidad del cómputo de los lapsos procesales, la recensión imprime « respective proceso ».  (art. 70(2); cf. 1936, art. 69(2):  « del respectivo proceso »).

Las Cámaras se reúnen conjuntamente cuando lo exige la Constitución o la ley, o en virtud de invitación aceptada.  Los actos colegislativos son leyes; los actos conjuntos o exclusivos son acuerdos.  El presidente del Senado preside el Congreso y el de la Cámara de Diputados ejerce su vicepresidencia.  El Congreso elige a los funcionarios señalados, conoce de la renuncia presidencial y del mensaje anual, aprueba o imprueba las cuentas ministeriales y los créditos adicionales, y admite como Estados a los Territorios que reúnen las condiciones requeridas.  (arts. 74–77; cont., 1936, arts. 73–76).

Las Cámaras legislan sobre tributación nacional, deuda, empleos, moneda, tratados, contratos, pesas y medidas, presupuestos, censo, administración territorial, representación, instituciones de solidaridad, pensiones, guerra y paz, fuerzas armadas, aviación, amnistía, comunicaciones, recursos y demás materias federales.  Las comisiones investigadoras pueden exigir informes y documentos a las autoridades nacionales, estadales, municipales y judiciales.  (arts. 78(1–22), 79; cont., 1936, arts. 77(1–22), 78, respecto de las competencias enumeradas).

El Congreso puede autorizar temporalmente al presidente para ejercer facultades extraordinarias determinadas y precisas que amparen la vida económica y financiera nacional cuando lo exijan la necesidad o la conveniencia públicas.  (art. 78(23); nuevo; 1936, art. 77:  sin ordinal correspondiente sobre facultades extraordinarias).

Tres miembros de cualquiera de las Cámaras pueden iniciar un proyecto de ley; el Ejecutivo también tiene iniciativa.  El artículo 80 imprime « Ministerio a cuyo Despacho ».  El proyecto admitido recibe tres discusiones en cada Cámara, con intervalos de al menos un día.  Las discrepancias pasan al Congreso reunido para su decisión por mayoría; los proyectos rechazados deben esperar a un año posterior, mientras que los pendientes pueden continuarse en sesiones extraordinarias inmediatamente siguientes convocadas con ese objeto.  La fórmula legislativa nombra al Congreso; sólo las leyes derogan leyes, y las reformas parciales requieren la publicación íntegra de la ley reformada.  (arts. 80–86; cf. 1936, art. 79:  « Ministro a cuyo Despacho competa la materia del proyecto »).

El texto sancionado se extiende por duplicado, sin alteraciones, y lleva las firmas del presidente, vicepresidente y secretarios del Congreso.  El presidente de la Cámara de origen remite un ejemplar al presidente de la República, quien debe promulgarlo dentro de los diez días hábiles siguientes a su recepción.  La promulgación consiste en su publicación con el Ejecútese en la Gaceta Oficial.  (art. 87; cf. 1936, art. 86:  « uno de dichos ejemplares será enviado al Presidente de la República para que lo refrende junto con el Ministro o Ministros respectivos y los haga publicar »).

Dentro del plazo de promulgación, el presidente puede devolver la ley con objeciones.  Las objeciones parciales reciben dos discusiones en cada Cámara; la objeción a la totalidad, una.  Si ambas Cámaras admiten la objeción total, el proyecto se archiva; la insistencia o la aceptación de las modificaciones exige su promulgación dentro de cinco días.  El desacuerdo entre las Cámaras se resuelve en Congreso por dos tercios de los presentes; a falta de esa mayoría, el proyecto se archiva.  Concluidas las sesiones, la ley sin Ejecútese y las objeciones deben publicarse dentro del plazo de diez días y presentarse dentro de los tres primeros días de la siguiente reunión ordinaria.  (arts. 89–90; nuevo; 1936, arts. 86–88:  sin procedimiento correspondiente de objeciones presidenciales).

Si las Cámaras insisten en una medida objetada por inconstitucionalidad, el presidente puede remitirla, por el órgano legal, a la Corte Federal y de Casación.  La Corte decide dentro de diez días; si declara que no es inconstitucional, debe promulgarse dentro de los cinco días siguientes al fallo.  (art. 91; nuevo; 1936, arts. 86–88:  sin remisión correspondiente anterior a la promulgación).

La discrepancia entre el original y el texto impreso de una ley exige su republicación corregida.  La ley entra en vigor en la fecha que señale o al publicarse en la Gaceta Oficial.  La potestad legislativa no es delegable.  (arts. 88, 92–93; cont., 1936, arts. 87–89).

La legislación no tiene efecto retroactivo, salvo cuando imponga menor pena.  Las leyes procesales se aplican inmediatamente a las causas pendientes, pero las pruebas penales ya evacuadas se aprecian conforme a la ley anterior en cuanto favorezcan al reo.  El artículo concluye sin la reserva relativa al artículo 32 impresa en su antecedente.  (art. 94; cf. 1936, art. 90:  « Queda a salvo lo dispuesto en el Artículo 32 de esta Constitución »).

ECO-HAC—Hacienda

La competencia fiscal federal comprende la moneda, las aduanas, los impuestos nacionales señalados y los productos de salinas, perlas, minas y tierras baldías.  La tributación requiere ley; el gasto exige una partida presupuestaria o un crédito adicional previo, con responsabilidad civil personal por los pagos no autorizados.  El Congreso autoriza empréstitos y la enajenación de inmuebles del dominio privado de la Nación, conserva el patrón oro y el encaje metálico legal, y asigna en globo los fondos para pensiones.  (arts. 15(11), (13), (17–18), 48, 78(1–2), (4), (7), (9), (14); cont., 1936, arts. 15(11), (13), (17–18), 47, 77(1–2), (4), (7), (9), (14)).

El Situado Constitucional equivale al veinte por ciento de los ingresos del año civil anterior y se distribuye entre los Estados, el Distrito Federal y los Territorios según su población.  Los Estados perciben además el impuesto del papel sellado y los gravámenes legislativos permitidos, con sujeción a las reservas nacionales y municipales y a las restricciones enumeradas sobre tributación del tránsito, consumo, servicio personal y ganado.  (art. 17(3); cont., 1936, art. 17(4), respecto de las reglas sobre ingresos y distribución).

Los Estados y las Municipalidades no pueden contratar empréstitos en el extranjero; el artículo 24 remite ahora sus contratos al « Artículo 50 ».  Los contratos de interés público no pueden transferirse a gobiernos extranjeros ni celebrarse con sociedades no domiciliadas legalmente en Venezuela, ni cederse a éstas.  Se considera incorporada, aun cuando no se exprese, una cláusula que somete las controversias no resueltas a los tribunales venezolanos y excluye las reclamaciones extranjeras.  (arts. 24, 50; cf. 1936, art. 24:  « Artículo 4 de esta Constitución »).

El Ejecutivo negocia los empréstitos decretados por el Congreso, administra las rentas por órgano del ministro competente y puede decretar créditos adicionales en Consejo de Ministros cuando existan fondos una vez asegurados los gastos ordinarios.  Debe especificarse su inversión.  El artículo 104(29) prevé las facultades extraordinarias económicas y financieras conferidas por el Congreso.  El ministro de Hacienda presenta el presupuesto dentro de los treinta días siguientes a la instalación.  (arts. 104(12), (19), (28–29), 113; cf. 1936, art. 100(28):  « siempre que en el Tesoro Nacional hubieren fondos con que cubrir el Crédito Adicional, sin perjuicio de las erogaciones ordinarias »).

POW-EXE—Ejecutivo

La soberanía reside en el pueblo y se ejerce por medio de los Poderes Públicos.  El artículo 41 imprime « peticiones así »; el artículo 42 imprime « facultadas » al definir los límites de la autoridad pública.  La autoridad usurpada y las decisiones impuestas por la fuerza subversiva son nulas; los funcionarios incurren en responsabilidad individual por extralimitación de poder y delitos.  El Poder Público se distribuye entre los órdenes federal, estadal y municipal; el federal se divide en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.  (arts. 41–44, 51; cf. 1936, arts. 40–41:  « y peticione así […] La definición de atribuciones y facultades »).

La aceptación de un segundo destino público remunerado implica la renuncia al primero, con las excepciones señaladas para suplencias y cargos académicos, hospitalarios, judiciales accidentales, docentes y benéficos.  Las dádivas, cargos, honores y recompensas extranjeros requieren el consentimiento del Senado.  La ley regula el juramento al entrar en el ejercicio de cargos nacionales.  (arts. 46, 49, 53; cont., 1936, arts. 45, 48, 52).

La administración federal no atribuida a otra autoridad corresponde al presidente, que actúa con los ministros.  El Ejecutivo funciona ordinariamente en el Distrito Federal y obra por medio de los agentes federales establecidos por la ley, con la cooperación de los Estados.  Para la presidencia se requiere ser venezolano por nacimiento, haber cumplido treinta años, ser de estado seglar y gozar de derechos civiles y políticos.  El artículo 54 conserva la fórmula inicial « a contar del 19 de abril de 1936 » para el período constitucional de cinco años.  (arts. 54, 95–98; cont., 1936, arts. 53, 91–94, respecto de estas reglas y de la fecha inicial impresa).

El presidente dura cinco años y no puede ser elegido para el período inmediatamente siguiente; la misma exclusión comprende a quien haya ejercido durante todo el último año del período anterior y a los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.  El Congreso reunido lo elige dentro de los primeros quince días del período, en sesión anunciada en la Gaceta Oficial con al menos cinco días de antelación.  (arts. 99–100; cont., 1936, arts. 95–96).

El presidente presta juramento ante el Congreso o, si fuere necesario, ante la Corte.  El presidente saliente permanece como encargado del Poder Ejecutivo Federal hasta la toma de posesión del sucesor.  La falta de juramento dentro del mes siguiente a la clausura del Congreso constituye falta absoluta.  Un ministro designado suple la falta temporal; ante la falta absoluta, el Congreso elige para el resto del período, con sucesión ministerial interina.  La ausencia dentro del territorio nacional no constituye por sí misma falta temporal.  (arts. 101–103, 107; cont., 1936, arts. 97–99, 103).

El presidente promulga y ejerce las facultades de objeción de los artículos 89–91.  Cuando encarga temporalmente la presidencia a un ministro, conserva el mando y la dirección de la guerra; el ministro ejerce de acuerdo con él las atribuciones adicionales señaladas.  La redacción impresa es « de acuerdo con él las Atribuciones ».  (art. 104(8–9); cf. 1936, art. 100(9):  « deberá ejercer de acuerdo con las atribuciones 1, 6, 7, 17, 18, 23, 25 y 26 de este mismo Artículo »).

Las atribuciones presidenciales comprenden el nombramiento y remoción de ministros, el mando armado, la representación exterior, la administración de entidades federales, el cumplimiento y reglamentación de las leyes, el censo, la organización de servicios públicos durante el receso legislativo, la solicitud de acusaciones, los nombramientos, la convocatoria extraordinaria del Congreso, la guerra conforme al decreto de éste, la negociación de tratados y contratos, la exclusión o expulsión de extranjeros según las reglas señaladas, las medidas extraordinarias, las visitas oficiales, la intervención en conflictos armados entre Estados, las facultades delegadas por éstos, los indultos, las patentes de navegación, las cartas de nacionalidad y los títulos de tierras y minas.  (art. 104(1–7), (10–11), (13–18), (20–27), (30–32); cont., 1936, art. 100(1–7), (10–27), (31–33), respecto de las atribuciones resumidas, con sujeción a las disposiciones separadas sobre legislación y hacienda).

El presidente presenta su mensaje anual dentro de los diez días siguientes al comienzo de las sesiones ordinarias y, en el último año, el 19 de abril, con la salvedad de una instalación tardía.  Los ministros son los órganos legales prescritos, refrendan los decretos salvo los de su propio nombramiento y responden personal y solidariamente; las órdenes presidenciales no los eximen.  Deben ser venezolanos por nacimiento, mayores de treinta años, de estado seglar y hallarse en posesión de sus derechos.  Presentan anualmente memorias razonadas y cuentas, pueden intervenir en las Cámaras y deben asistir cuando sean convocados.  (arts. 105–106, 108–115; cont., 1936, arts. 101–102, 104–111).

La enumeración presidencial no contiene equivalentes de los ordinales separados del antecedente relativos a las medidas de confiscación del artículo 32(2) y a las medidas del artículo 32(6) respecto de las personas adheridas a las doctrinas allí nombradas.  (art. 104; cf. 1936, art. 100(29–30):  « Decretar en Consejo de Ministros las providencias necesarias a la consecución del objeto, a que se refiere el último aparte del inciso 2 del Artículo 32, conforme a la autorización dada por el Congreso […] Ejercer la facultad que le confiere el aparte último del inciso 6 del Artículo 32 de esta Constitución »).

POW-JUD—Poder Judicial

La competencia federal comprende la administración de justicia y el Ministerio Público en todo el territorio nacional.  La ley organiza los tribunales de modo que garantice su independencia respecto de los demás poderes y establece la carrera judicial.  La potestad judicial reside en la Corte Federal y de Casación y en los tribunales establecidos por la ley.  Los jueces se nombran por el período constitucional y sólo pueden ser removidos en los casos legales; los funcionarios judiciales conservan su responsabilidad conforme a la ley.  (arts. 15(7), 122–125; cf. 1936, arts. 15(7), 119:  « Ésta puede atribuirle a los Tribunales de los Estados las funciones de Tribunales Federales, en los casos que ella indique […] Todos los Jueces federales serán nombrados para el período constitucional »).

La Corte se compone de diez vocales, venezolanos por nacimiento, mayores de treinta años y abogados, que duran cinco años y permanecen en funciones hasta la entrada de sus sucesores.  La ley determina la composición de las Salas.  El Congreso elige a los vocales separadamente, por mayoría absoluta, dentro de los quince días siguientes a su reunión, junto con diez suplentes numerados; la Corte provee las faltas temporales o peculiares de un asunto.  Los nuevos suplentes ocupan los últimos lugares de la lista, mientras que la ley rige la excusa de un suplente para concurrir.  (arts. 126–127; cf. 1936, arts. 121–122:  « siete Vocales […] siete Vocales Suplentes »).

La Corte conoce de las acusaciones contra los altos funcionarios enumerados y de las causas diplomáticas, la casación, las causas de presas, las controversias entre autoridades públicas y los conflictos de competencia entre tribunales cuando no se atribuya su resolución a otra autoridad.  Declara la fuerza ejecutoria de sentencias extranjeras, conoce de las acciones por daños y perjuicios y de las reclamaciones pecuniarias contra la Nación, y resuelve los límites federales y las demás materias federales que la ley le atribuya.  (art. 128(1–8), (13–16); cf. 1936, art. 123(8):  « las competencias que se susciten entre los empleados o funcionarios del orden judicial de distintos Estados »).

La Corte anula las leyes y actos públicos inconstitucionales, resuelve las colisiones de leyes y conoce de las controversias señaladas sobre contratos y concesiones nacionales.  La acción de nulidad administrativa por ilegalidad o abuso caduca a los trece meses cuando no se vulneren principios, garantías o derechos constitucionales; la ilegalidad puede oponerse siempre como excepción.  El artículo 128(11) imprime « Parágrafo 3, Número 4 del Artículo 17 »; el artículo 128(12), « por al Ejecutivo Federal ».  (art. 128(9–12); cf. 1936, art. 123(11–12):  « parágrafo 4, número 4 del Artículo 17 […] por el Ejecutivo Federal »).

Ante las acusaciones contra los funcionarios comprendidos en el artículo 128(1–2), la Corte decide si ha lugar a la formación de causa.  La decisión afirmativa suspende al funcionario; los delitos comunes pasan al tribunal ordinario, mientras que los políticos permanecen ante la Corte hasta sentencia definitiva.  La Corte presenta al Congreso una memoria anual e indica las reformas legislativas que propone.  (arts. 129–130; cont., 1936, arts. 124–125).

El Ministerio Público actúa como órgano del Ejecutivo ante el Poder Judicial.  Se confía al procurador general de la Nación y a los agentes y auxiliares establecidos por la ley; el artículo 117 imprime « respectivo Ley Orgánica ».  El procurador debe ser venezolano por nacimiento, mayor de treinta años, de estado seglar, abogado y estar en posesión de sus derechos civiles y políticos.  El Congreso lo elige por el período constitucional dentro de treinta días, con cinco suplentes numerados llamados por el Ejecutivo.  (arts. 116–118; cf. 1936, arts. 112–115:  « ante el Poder Judicial y ante el de los Estados […] uno o más abogados de su libre elección »).

El Ministerio Público vela por la recta aplicación de la ley en los procesos penales y en los asuntos que interesen al Fisco Nacional, al orden público o a las buenas costumbres, y por la administración de justicia en general.  El procurador emite dictámenes jurídicos, promueve acusaciones contra funcionarios federales, representa los derechos de la Nación en juicio conforme a las instrucciones del Ejecutivo y cumple los deberes legales.  El artículo 120(3) denomina « Ministerio Público » su función ante la Corte.  La responsabilidad sigue la regla ministerial.  (arts. 119–121; cf. 1936, art. 116(4):  « Ejercer, ante la Corte Federal y de Casación, el Ministerio fiscal »).

POW-SUB—Gobierno subnacional

Los Estados reconocen recíprocamente su autonomía e igualdad política, conservan la soberanía no delegada y deben preservar la unidad e independencia nacionales.  Su gobierno es republicano, federal, democrático, electivo, representativo, responsable y alternativo; los distritos municipales gozan de autonomía económica y administrativa.  Los Estados ejecutan la ley federal, dictan sus constituciones, eligen sus poderes y pueden delegar determinadas facultades al presidente.  Las leyes estadales pueden prescribir las condiciones y períodos de los miembros legislativos y municipales, pero sus elecciones y las de los legisladores nacionales se rigen por la ley electoral federal.  (arts. 12–14, 16–17; cf. 1936, art. 17(1):  « Los Diputados al Congreso Nacional se elegirán según lo pautado en el Artículo 55 de esta Constitución. »).

El artículo de competencia estadal comprende la organización constitucional, la elección de los Poderes Públicos, las rentas y la autonomía residual.  No contiene una atribución separada de administración judicial a los Estados.  (art. 17; cf. 1936, art. 17(3):  « Administrar la Justicia con arreglo a la ley por medio de sus Tribunales, en sus respectivos territorios »).

Las Municipalidades organizan la policía local, los abastos, cementerios, ornamentación, arquitectura civil, alumbrado, acueductos, tranvías urbanos y demás servicios locales.  Las funciones de alfabetización y sanidad quedan sujetas a la legislación e inspección federales.  Administran los ejidos y terrenos propios, enajenables sólo para construcciones, y organizan sus rentas.  El artículo 18(3) imprime « Parágrafo 30, Número 3 del Artículo 17 ».  Los productos agrícolas, pecuarios y de la pesca comestible sólo quedan sujetos a los gravámenes señalados sobre comercio al detalle.  (art. 18; cf. 1936, art. 18(3):  « parágrafo 4, número 3 del Artículo 17 »).

Los Estados y las Municipalidades dan entera fe a los actos públicos y judiciales federales y a los actos públicos de los demás Estados y Municipalidades.  Los funcionarios y fuerzas nacionales pueden actuar dentro de los Estados, con jurisdicción limitada a sus funciones y sin privilegio distinto.  El artículo 20 imprime « respective Estado ».  (arts. 19–20; cf. 1936, art. 20:  « el respectivo Estado »).

El Gobierno Federal puede establecer en territorio estadal las instalaciones necesarias para la administración.  Los Estados prohíben las levas hostiles contra países extranjeros y las perturbaciones internas, no pueden hacerse la guerra y deben apoyar el restablecimiento federal de la paz.  Se prohíben los empréstitos extranjeros a los Estados y las Municipalidades.  Dos o más Estados pueden unirse, conservando el derecho de recuperar su autonomía y dando aviso al Ejecutivo Federal, al Congreso y a los demás Estados.  (arts. 21–25; cont., 1936, arts. 21–25, respecto de estas reglas; la modificación de la remisión contractual del art. 24 se consigna bajo ECO-HAC).

CON-AMD—Reforma constitucional

La reforma total o parcial se tramita en sesiones ordinarias del Congreso a solicitud de tres cuartas partes de las Asambleas Legislativas reunidas ordinariamente, sobre los puntos que obtengan la concurrencia prescrita.  Las enmiendas siguen el procedimiento legislativo y se remiten a las Asambleas Legislativas para su ratificación.  Cualquiera de las Cámaras del Congreso puede iniciar la reforma, que requiere ratificación de dos tercios de las Asambleas Legislativas en sesiones ordinarias.  El Congreso practica el escrutinio final; la Constitución reformada entra en vigor al publicarse en la Gaceta Oficial.  (arts. 131–136; cont., 1936, arts. 126–131, respecto del procedimiento y de las mayorías requeridas).

La fórmula de entrada en vigor dice « entrará en vigencia al mismo día de su publicación ».  (art. 136; cf. 1936, art. 131:  « entrará en vigencia el mismo día de su publicación »).

CIV-SUF—Sufragio

Los venezolanos varones mayores de veintiún años que sepan leer y escribir y no estén sujetos a interdicción ni a inhabilitación política por condena penal pueden elegir y ser elegidos conforme a las condiciones constitucionales y legales.  Las venezolanas que reúnan las mismas condiciones adquieren sufragio activo y pasivo para la formación de los Concejos Municipales.  (art. 32(14); cf. 1936, art. 32(14):  « los venezolanos varones, mayores de veintiún años, que sepan leer y escribir »).

Los venezolanos, sin distinción de sexo, son aptos para los cargos públicos de nombramiento, siempre que no estén sujetos a interdicción ni a inhabilitación política por condena penal y satisfagan las condiciones legales.  (art. 33; nuevo; 1936, art. 32(14):  sin regla general correspondiente sobre cargos de nombramiento sin distinción de sexo).

La ley federal rige las elecciones estadales, municipales y congresionales señaladas.  Los diputados se eligen directamente; las Asambleas Legislativas eligen a los senadores.  Las condiciones de edad, nacimiento, residencia y población se consignan bajo POW-LEG.  (arts. 17(1), 56–58, 60–61; cf. 1936, art. 55:  « las Municipalidades de cada Estado, reunidas en Asamblea, elegirán »).

CIV-CIT—Nacionalidad

La nacionalidad venezolana se posee por nacimiento o se adquiere por naturalización.  Son venezolanos por nacimiento todos los nacidos en la República y los hijos de padres venezolanos, cualquiera que sea el lugar de su nacimiento.  (arts. 27–28; cont., 1936, arts. 27–28).

La naturalización comprende a los hijos mayores de edad nacidos en el extranjero de padres naturalizados que reúnan las condiciones prescritas, a los naturales de España o de las repúblicas iberoamericanas que establezcan residencia y manifiesten la voluntad requerida, a los titulares de cartas de naturaleza y a las extranjeras casadas con venezolanos durante el matrimonio y, disuelto éste, mediante declaración aceptada dentro del año siguiente.  Las declaraciones se tramitan por vía registral, diplomática o consular; la nacionalidad no se adquiere hasta la publicación prescrita en la Gaceta Oficial.  (arts. 29–30; cont., 1936, arts. 29–30).

RTS-GAR—Derechos

Los venezolanos deben defender la patria y acatar la Constitución, la ley y los actos públicos legítimos; el servicio contra Venezuela constituye traición.  La ley determina los deberes y derechos de los extranjeros, que no pueden exceder los de los venezolanos.  La participación extranjera en actividades políticas comporta las responsabilidades señaladas y la posible detención, confinamiento o expulsión.  La indemnización pública se limita a los actos de autoridades legítimas en ejercicio de sus funciones.  (arts. 31, 38–40; cont., 1936, arts. 31, 37–39).

La vida es inviolable y se prohíbe la pena de muerte.  La correspondencia y los papeles privados gozan de garantías judiciales, con inspección de la actividad mercantil conforme a la ley.  El hogar está protegido, con las excepciones penales, judiciales y sanitarias.  Se suprime el reclutamiento militar forzoso, se prohíbe la esclavitud, las personas esclavizadas que ingresen en el país quedan libres y se garantiza la libertad lícita.  (art. 32(1), (3–5); cont., 1936, art. 32(1), (3–5)).

La propiedad es inviolable, pero queda sujeta a contribuciones, restricciones y obligaciones legales por razones de interés público o social, incluidas las limitaciones de adquisición, transferencia, uso y goce.  La expropiación de bienes o derechos requiere utilidad pública o social, indemnización previa y juicio contradictorio.  La confiscación se circunscribe a los extranjeros en caso de conflicto internacional con su país; el artículo no contiene una confiscación correspondiente de los patrimonios de funcionarios.  (art. 32(2); cf. 1936, art. 32(2):  « Como medida de interés general para reintegrar al Tesoro Nacional las cantidades extraídas por los funcionarios públicos »).

La libertad de expresión permanece sujeta a las penas por injuria, calumnia, difamación, ultraje o instigación a delinquir.  Se prohíben el anonimato, la propaganda de guerra y la encaminada a subvertir el orden político o social.  El párrafo no contiene prohibición expresa de las doctrinas comunista o anarquista nombradas en el antecedente.  (art. 32(6); cf. 1936, art. 32(6):  « Se consideran contrarias a la independencia, a la forma política y a la paz social de la Nación, las doctrinas comunista y anarquista »).

La libertad de tránsito y de traslado de bienes queda sujeta a las formalidades legales y a las limitaciones de orden público o interés nacional.  El trabajo y la industria son libres; se prohíben los monopolios, con los privilegios temporales señalados sobre propiedad intelectual e infraestructura.  La protección laboral comprende reposo semanal, vacaciones anuales remuneradas, enseñanza técnica, participación en beneficios, ahorro, medidas rurales e inmigración europea.  El Poder Federal puede reservarse industrias para los servicios públicos y la defensa y el crédito nacionales; el artículo 32(9) permite además medidas extraordinarias de regulación de la producción, circulación y consumo.  Las profesiones que requieren título permanecen sujetas a la ley.  (art. 32(7–10); cf. 1936, art. 32(9):  « reservarse el ejercicio de determinadas industrias para asegurar los servicios públicos y la defensa y crédito de la Nación »).

La Constitución garantiza la reunión sin armas, la asociación lícita, la petición con oportuna respuesta y la acusación de funcionarios.  La libertad de enseñanza se acompaña de educación moral y cívica obligatoria y de una escuela en cada localidad con al menos treinta alumnos en edad escolar.  La igualdad comprende leyes y deberes comunes, la prohibición de honores hereditarios o de empleos cuya remuneración exceda la duración del servicio, y los tratamientos oficiales de ciudadano y usted, salvo el uso diplomático.  (art. 32(11–13), (15), (18); cont., 1936, art. 32(11–13), (15), (18)).

Las garantías de seguridad comprenden la exclusión de la prisión por deudas civiles, los jueces naturales y la ley preexistente, la detención motivada precedida de información sumaria salvo flagrancia, el límite de treinta días para el sumario, la prohibición de incomunicación y de autoincriminación forzada, la libertad al desaparecer los fundamentos de la detención o cuando proceda fianza, la notificación y audiencia, el máximo de veinte años, la prohibición de penas infamantes o perpetuas y de nuevo enjuiciamiento por los mismos hechos, y la libertad de los detenidos políticos al restablecerse el orden, salvo quienes cumplan penas impuestas.  La cláusula del juez natural no contiene reserva de la garantía 2.  (art. 32(17); cf. 1936, art. 32(17)(b):  « salvo lo establecido en la garantía 2 de este Artículo »).

Se reservan a los venezolanos los derechos no enumerados; la enumeración remite ahora a los dos artículos precedentes.  Las leyes y disposiciones reglamentarias que menoscaben los derechos garantizados son nulas, y así lo declara la Corte.  Los funcionarios que ordenen o ejecuten violaciones son punibles, con la excepción de emergencia prevista en el artículo siguiente.  (arts. 34–36; cf. 1936, art. 33:  « cualesquiera otros que puedan corresponder a los ciudadanos y no estén comprendidos en ella »).

El presidente en Consejo de Ministros puede restringir o suspender las garantías por guerra, peligro de guerra, epidemia, calamidad o las exigencias señaladas de defensa nacional, paz, seguridad, instituciones o gobierno.  Se exceptúan la vida, la prohibición de esclavitud y la no condenación a penas infamantes.  El decreto especifica los motivos, las garantías y el territorio, y cesa con sus causas.  Los Poderes Públicos conservan sus funciones y prerrogativas.  Se permite el arresto, confinamiento o expulsión de las personas contrarias a la paz, con cesación de las medidas salvo la expulsión de extranjeros que el Ejecutivo decida mantener.  (art. 37; cont., 1936, art. 36).

REG-MIL—Fuerza armada

El Ejército, la Armada y la Aviación Militar son materias federales.  Las fuerzas estadales y municipales se limitan a la policía y la guardia de cárceles, salvo orden federal.  La población suministra el contingente militar conforme a la ley de servicio obligatorio; los armamentos pertenecen a la Nación.  La autoridad civil y la militar no pueden coincidir, salvo en el presidente, comandante en jefe.  La fuerza armada es obediente y no deliberante, las requisiciones se cursan por las autoridades civiles y las tropas permanecen acuarteladas los días de votación, salvo comisiones de orden público.  (arts. 15(8), 32(5)(a), 45, 47; cont., 1936, arts. 15(8), 32(5)(a), 44, 46, respecto de estas reglas).

La oración relativa a las milicias ciudadanas y los voluntarios imprime « También podrían formar parte del Ejército Nacional ».  (art. 15(8); cf. 1936, art. 15(8):  « También podrán formar parte del Ejército Nacional, las milicias ciudadanas y los enganchados como voluntarios »).

El Senado consiente en los ascensos señalados; el Congreso decreta la guerra, dispone sobre la paz y legisla en materia de fuerzas armadas, aviación civil, puertos y costas.  El presidente ejerce el mando, dirige la guerra, declara la decretada por el Congreso y puede ejercer las facultades bélicas enumeradas, incluidas las patentes de corso y las represalias, además de interponerse en conflictos armados entre Estados.  (arts. 62(3), 78(15–18), (20), 104(2–3), (18), (23), (25); cont., 1936, arts. 61(3), 77(15–18), (20), 100(2–3), (18), (23), (25)).

REG-REL—Religión

La libertad religiosa queda sujeta a la inspección ejecutiva de los cultos y al Patronato Eclesiástico de la República, ejercido conforme a la Ley de 28 de julio de 1824.  El presidente, los ministros y el procurador deben ser de estado seglar.  (arts. 32(16), 52, 98, 110, 117; cont., 1936, arts. 32(16), 51, 94, 106, 113).

ECO-INF—Infraestructura

Las materias federales comprenden la legislación nacional civil, mercantil, penal y procesal, las garantías, las elecciones, la banca, el registro, la naturalización, la expropiación, la propiedad intelectual, la inmigración y colonización, la legislación agraria, la sanidad humana, animal y vegetal, la agricultura, los recursos, el trabajo y la previsión social.  La lista comprende también las pesas y medidas, la aplicación de las leyes, la educación, la estadística, el transporte, los puertos, las comunicaciones, los caminos y ferrocarriles nacionales, los recursos y las obras públicas nacionales.  El artículo 15(4) incluye expresamente la expropiación social, la legislación agraria y la sanidad vegetal.  (art. 15(4–6), (9–10), (12), (14–16), (18–20); cf. 1936, art. 15(4):  « sanidad humana y veterinaria […] expropiación por causa de utilidad pública »).

La instrucción primaria elemental es obligatoria y la oficial, gratuita.  El censo aprobado rige los actos fundados en la población.  La navegación que no haya requerido obras especiales no puede gravarse con impuestos o privilegios.  Los tranvías y cables de tracción urbanos permanecen en la esfera municipal.  Las salinas son inalienables, las concesiones mineras temporales y las de baldíos favorecen a los ocupantes; los baldíos insulares no pueden enajenarse.  Las obras nacionales no excluyen las estadales o municipales.  Las infraestructuras señaladas que se financien privadamente pueden recibir privilegios temporales, sin garantía de proventos ni subvención pública.  (arts. 15(9–10), (12), (16), (18–19), 18(1), 21, 32(8); cont., 1936, arts. 15(9–10), (12), (16), (18–19), 18(1), 21, 32(8)).

CON-FIN—Disposiciones finales

Los actos y documentos oficiales indican la fecha del calendario y los años de la Independencia, contados desde el 19 de abril de 1810, y de la Federación, desde el 20 de febrero de 1859.  (art. 26; cont., 1936, art. 26).

Los tribunales existentes de los Estados, del Distrito Federal y de los Territorios continúan sujetos a sus leyes orgánicas hasta la promulgación de la ley de organización judicial nacional y la toma de posesión de los nuevos funcionarios.  El Congreso nombra a los tres nuevos vocales de la Corte y sus suplentes al entrar en vigor la reforma orgánica correspondiente.  Los legisladores y suplentes actuales completan los períodos para los que fueron elegidos.  (arts. 137–139; cf. 1936, arts. transitorios 132–133:  « Las funciones públicas cuya duración exceda de cinco años […] quedan reducidas al expresado término de cinco años […] El Procurador general de la Nación, cuyo nombramiento se atribuye, por esta Constitución, al Congreso Nacional, lo hará éste, por primera vez […] al quedar promulgada esta Constitución »).

El artículo final deroga la Constitución sancionada el 7 de julio de 1931 y ejecutada y publicada el 9 de julio de 1931.  La fórmula de cierre imprime el 16 de julio de 1936, año 127 de la Independencia y 78 de la Federación.  El Ejecútese imprime la fecha de 20 de julio de 1936 y la firma de E. López Contreras, seguida de los refrendos ministeriales.  (art. 140; fórmulas de cierre y Ejecútese, pp. 26–27; cont., 1936, art. 134; fórmulas de cierre y Ejecútese, pp. 26–27, respecto de la derogación y de las fechas impresas).

Recensión

Centro para la Integración y el Derecho Público (CIDEP).

Constitución de 1945, recensión del CIDEP (PDF)


22) Constitución de 1947

La Constitución de los Estados Unidos de Venezuela de 1947 fue sancionada por la Asamblea Nacional Constituyente en el Palacio Legislativo Federal, Caracas, el 5 de julio de 1947.  La fórmula de cierre constitucional lleva la firma de Andrés Eloy Blanco como presidente de la Asamblea.  El Ejecútese, expedido en el Palacio Federal, Caracas, lleva la misma fecha y las firmas de Rómulo Betancourt y de los demás miembros de la Junta Revolucionaria de Gobierno, órgano que entonces ejercía el Poder Ejecutivo.  (CIDEP 1947, pp. 39–40, fórmulas de cierre y Ejecútese).

DOC-PRE—Preámbulo

Declaración preliminar

« La Nación Venezolana es la asociación de todos los venezolanos en un pacto de organización política con el nombre de Estados Unidos de Venezuela.  Ella es para siempre irrevocablemente libre e independiente de toda dominación o protección extranjera.

La Nación Venezolana proclama como razón primordial de su existencia la libertad espiritual, política y económica del hombre asentada en la dignidad humana, la justicia social y la equitativa participación de todo el pueblo en el disfrute de la riqueza nacional.

De esa razón fundamental deriva la nación sus funciones de defensa, derecho y de cultura, para el logro de sus fines esenciales contenidos principalmente en la armonía, el bienestar y la seguridad social e individual de los venezolanos y de cuantos convivan en el territorio y dentro de su ley; la afirmación de la propia nacionalidad, en sostenida concordancia con la fraternal cooperación en el concierto de las naciones en propósitos de paz y progreso y con el mutuo respeto de la soberanía; la sustentación de la Democracia, como único e irrenunciable sistema de gobernar su conducta interior, y la colaboración pacífica en el designio de auspiciar ese mismo sistema en el gobierno y las relaciones de todos los pueblos de la tierra.

La Nación Venezolana repudia la guerra, la conquista y el abuso de poderío económico como instrumentos de política internacional; reafirma su voluntad de resolver todos sus conflictos y controversias con otros Estados por los medios pacíficos establecidos en los pactos y tratados de que es parte; respalda el principio de autodeterminación de los pueblos, y reconoce el Derecho Internacional como regla adecuada para garantizar los derechos del hombre y de las naciones en los términos y propósitos de la presente Declaración.

La Nación Venezolana arraiga el cumplimiento de su destino y la realización de sus finalidades en la integridad de su territorio, en el potencial de su economía, en su respeto a la libertad, en la consagración del trabajo como virtud suprema y como supremo título de mejoramiento humano y en patrimonio de autoridad moral e histórica que ganaron los venezolanos, conducidos por Simón Bolívar, en la empresa emancipadora del Continente Americano. »

(CIDEP 1947, p. 4, Declaración preliminar).

FND-TER—Territorio

El territorio nacional sigue siendo el de la Capitanía General de Venezuela anterior a 1810, con las modificaciones derivadas de los tratados, y no puede enajenarse a una potencia extranjera, ni aun temporalmente.  Las naciones extranjeras pueden adquirir inmuebles para sus representaciones diplomáticas en la capital conforme a la ley y a la reciprocidad, con reserva de la soberanía nacional sobre el suelo.  (art. 1; cf. 1945, art. 2:  « Este territorio no podrá ni en todo ni en parte ser jamás cedido, traspasado, arrendado ni en ninguna forma enajenado a potencia extranjera, ni aún por tiempo limitado. »).

El territorio nacional comprende Estados, el Distrito Federal, Territorios y Dependencias.  Los Estados se dividen en distritos municipales y éstos en municipios.  Los veinte Estados conservan los nombres enumerados en 1945.  Una ley especial debe precisar los límites existentes conforme a la Ley de 28 de abril de 1856 y a las modificaciones posteriores.  Los Estados limítrofes pueden fusionarse, conservando el derecho de recuperar su autonomía, o modificar su frontera mediante convenio legislativo.  (arts. 2–4; cf. 1945, arts. 5, 25:  « Los límites generales de cada uno de los Estados son los que actualmente tienen determinados […] Los Estados pueden unirse, dos o más, para formar un solo Estado »).

Una ley especial organiza el Distrito Federal y preserva la autonomía económica y administrativa municipal.  Caracas es la capital y sede nacional.  El artículo 6 imprime como « Artículo 189 » su remisión al traslado y a las visitas oficiales; el artículo 188 remite al artículo 198(18)(b), (31), donde se enumeran las facultades de traslado y visita oficial.  Amazonas y Delta Amacuro conservan su condición de Territorios Federales; los convenios limítrofes requieren aprobación del Congreso y de las Asambleas Legislativas.  (arts. 5–7, 188, 198(18)(b), (31); cf. 1945, art. 7:  « Inciso b), Atribución 23 del Artículo 104 y en la Atribución 24 del propio Artículo »).

Un Territorio puede solicitar la categoría de Estado al alcanzar cincuenta mil habitantes; el Congreso puede elevar la totalidad o parte de él conforme a la ley.  Las islas marítimas distintas de Margarita, Coche y Cubagua, que constituyen Nueva Esparta, son Dependencias Federales bajo administración del Ejecutivo Nacional, con condiciones legales para adquirir la categoría de Territorio.  La Corte Suprema de Justicia resuelve las controversias limítrofes.  (arts. 8–10; cf. 1945, arts. 9–10:  « Tener por lo menos la base de población requerida para la elección de un Diputado […] excepto las de Margarita y Coche »).

POW-LEG—Congreso

Los períodos constitucionales nacionales duran cinco años.  El Congreso comprende la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores.  (arts. 140–141; cf. 1945, art. 55:  « Éstos y aquellos durarán en sus funciones cuatro años y se renovarán de por mitad cada dos años. »).

La inelegibilidad para el Congreso comprende a los altos funcionarios ejecutivos, judiciales, fiscales, territoriales y de institutos autónomos enumerados, por regla general hasta tres meses después de cesar en sus cargos; a los parientes del presidente dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad; a los demás funcionarios remunerados dentro de los períodos señalados de postulación y de treinta días anteriores a la elección, con las excepciones prescritas; y a determinados contratistas públicos o representantes de empresas.  (art. 142; nuevo; 1945, arts. 57, 61:  sin catálogo correspondiente de inhabilidades electorales por razón del cargo).

Los diputados y senadores pueden ejercer como ministros o jefes de misiones diplomáticas y reincorporarse a sus Cámaras al cesar en tales cargos.  No pueden contratar con la Nación, los Estados o las Municipalidades, en nombre propio o ajeno, ni gestionar ante ellos reclamaciones de terceros.  (arts. 143–144; cf. 1945, arts. 68, 72:  « El ejercicio de cualquier destino público es incompatible con el cargo de Senador o Diputado durante las sesiones.  […] no podrán celebrar con el Ejecutivo Federal contrato alguno »).

La disposición sobre opiniones imprime « Los Diputados y Senadores no serán en ningún tiempo, por las opiniones que emitan en el ejercicio de sus funciones. »  (art. 145; cf. 1945, art. 71:  « Los miembros de las Cámaras no son responsables por las opiniones que emitan en ellas. »).

La inmunidad rige durante todo el mandato.  La flagrancia y los demás delitos imputados deben comunicarse inmediatamente a la Cámara, que decide el enjuiciamiento y la suspensión por dos tercios y ordena el procedimiento dentro de cinco días.  Una sentencia firme que haga desaparecer los fundamentos permite la reincorporación.  Las Cámaras pueden suspender el procedimiento y ordenar la libertad durante el período protegido, pero deben permitir su continuación cuando el miembro lo solicite expresamente.  En receso, la Comisión Permanente actúa por dos tercios de la totalidad de sus miembros, con sujeción a la posterior ratificación de la Cámara.  (arts. 146–148; cf. 1945, art. 70:  « desde treinta días antes del 19 de abril hasta treinta días después de terminadas las sesiones […] Las Cámaras no podrán, en ningún caso, allanar a sus miembros para que se viole en ellos la inmunidad. »).

La ley fija los emolumentos mensuales durante todo el período; los aumentos sólo rigen después de la renovación de las Cámaras.  La ley determina también cómo se proveen las vacantes absolutas una vez agotadas las listas de suplentes.  (arts. 149–150; cf. 1945, arts. 69, 73:  « emolumentos que no podrán aumentarse sino para el periodo inmediato siguiente […] la correspondiente Asamblea Legislativa llenará la vacante »).

Los diputados se eligen por sufragio universal, directo y secreto, a razón de uno por cada cuarenta mil habitantes y otro por un excedente de al menos veinte mil, con un mínimo de dos por circunscripción.  Los Territorios eligen dos en total.  La ley dispone los suplentes y puede añadir escaños de representación minoritaria.  Pueden ser diputados los electores que reúnan las condiciones del artículo 82; los venezolanos naturalizados deben además estar domiciliados en el país y tener al menos ocho años de naturalización.  (arts. 151–152; cf. 1945, arts. 56–57:  « un Diputado por cada treinta y cinco mil habitantes y uno más por cualquier exceso que no baje de quince mil […] venezolano por nacimiento »).

La Cámara de Diputados inicia la consideración del presupuesto y de los demás proyectos de ley sobre impuestos nacionales.  La moción de censura ministerial se considera al menos cuarenta y ocho horas después de presentada y se hace efectiva por dos tercios de los diputados presentes; la Cámara decide también si comporta remoción.  El presidente ejecuta la remoción y ordena el enjuiciamiento cuando hubiere responsabilidad.  (art. 153; cf. 1945, art. 59(1):  « el Presidente de la República no estará obligado a removerlos mientras la Corte Federal y de Casación no declare que hay motivo legal para someterlos a juicio »).

Cada Estado y el Distrito Federal eligen dos senadores principales y dos suplentes por sufragio universal, directo y secreto.  Los senadores adicionales de representación minoritaria se asignan mediante un cociente nacional, sin que un partido o grupo obtenga más de dos por este sistema.  Los senadores deben ser venezolanos por nacimiento, mayores de treinta años, reunir las condiciones del artículo 82 y no estar incursos en las inhabilidades del artículo 142.  (arts. 154–155; cf. 1945, arts. 60–61:  « la Asamblea Legislativa de cada Estado elegirá, de fuera de su seno, dos Senadores Principales y dos Suplentes […] nativo del Estado que represente o haber residido en él por lo menos cuatro años »).

El Senado concede honores del Panteón a venezolanos ilustres o extranjeros de servicios eminentes, transcurridos veinticinco años desde su fallecimiento; aprueba los ascensos militares y de aviación desde coronel y los navales desde capitán de navío; y autoriza a los empleados nacionales, estadales o municipales a aceptar cargos, honores o recompensas extranjeros.  (art. 156; cf. 1945, art. 62(1–2):  « a venezolanos ilustres […] a los empleados nacionales »).

Las Cámaras se reúnen el 19 de abril o el día más inmediato posible durante noventa días, prorrogables por hasta noventa más mediante el voto de dos tercios del Congreso, a iniciativa de cualquiera de las Cámaras o del Ejecutivo.  La Comisión Permanente convoca sesiones extraordinarias por iniciativa propia o a petición del Ejecutivo o de una cuarta parte del Congreso.  El temario comprende los asuntos conexos y urgentes señalados.  La instalación requiere dos tercios y las sesiones posteriores, mayoría absoluta; ambas Cámaras residen en el mismo lugar y abren y cierran sus sesiones simultáneamente.  (arts. 157–160; cf. 1945, art. 63:  « Las sesiones durarán noventa días improrrogables »).

Cada Cámara regula sus debates, policía, calificación de sus miembros, renuncias y decisiones privativas, remueve impedimentos, investiga con obligación de las autoridades de suministrar información y puede convocar e interpelar a los ministros.  (art. 161; cf. 1945, art. 114:  « Los Ministros tienen el derecho de palabra en las Cámaras y estarán obligados a concurrir a ellas cuando sean llamados a informar. »).

Las Cámaras aprueban los tratados que lo requieran, las medidas de emergencia y defensa común, los convenios de paz, los impuestos, presupuestos, deuda, bases poblacionales, contratos señalados y enajenaciones de inmuebles nacionales, facultades económicas y financieras temporales y precisas, censo, amnistía, organización nacional, institutos autónomos, pensiones, instituciones de solidaridad y demás legislación nacional.  Los contratos de administración ordinaria, mineros y de baldíos reciben las excepciones señaladas.  (art. 162; cf. 1945, art. 78(15):  « Decretar la guerra y requerir al Ejecutivo a que negocie la paz »).

Las Cámaras se reúnen conjuntamente cuando se requiera o mediante invitación aceptada.  Sus presidentes deben ser venezolanos por nacimiento y pasan a ser presidente y vicepresidente del Congreso.  El Congreso reunido elige a los funcionarios señalados, proclama al presidente elegido popularmente y recibe su promesa legal, conoce de su renuncia, mensajes, informes, cuentas y viajes al extranjero, de los créditos adicionales, la admisión de Estados y los votos de reforma, y de su propio reglamento.  (arts. 163–165; cf. 1945, arts. 76–77, 100:  « El Congreso será presidido por el Presidente del Senado […] las Cámaras reunidas en Congreso, elegirán Presidente de los Estados Unidos de Venezuela »).

Tres miembros pueden iniciar un proyecto en cualquiera de las Cámaras; se reservan la iniciativa del Ejecutivo y de la Comisión Permanente y la excepción presupuestaria.  Los proyectos admitidos pasan a la comisión permanente competente, salvo que se ordene su primera discusión inmediata.  Las tres discusiones en cada Cámara se separan por al menos dos días.  Las discrepancias pasan al Congreso reunido para su decisión por mayoría.  (arts. 166–168; cf. 1945, arts. 80–83:  « tres discusiones con intervalos de un día, por lo menos »).

Los proyectos rechazados deben esperar a años posteriores.  Los pendientes pueden continuarse en sesiones extraordinarias inmediatas si dos tercios del Congreso declaran su urgencia, o en las siguientes sesiones ordinarias por la mayoría de la Cámara señalada.  Los ministros intervienen sin voto; los magistrados de la Corte pueden intervenir en proyectos procesales y de organización judicial.  Los textos sancionados se extienden por duplicado sin alteraciones y se firman por las autoridades del Congreso; el presidente del Congreso remite el ejemplar para su promulgación.  (arts. 169–172; cf. 1945, arts. 84, 87:  « si al efecto se convoca para ellas por el Ejecutivo Federal […] por el Presidente de la Cámara donde comenzó la discusión de la ley »).

Dentro de diez días, el presidente promulga o recomienda la reconsideración por razones técnicas o de conveniencia nacional.  La solicitud de levantar la sanción recibe una discusión en Congreso; las modificaciones de texto propuestas reciben dos en cada Cámara.  El presidente debe promulgar el acto devuelto dentro de cinco días.  Ante la omisión, el presidente del Congreso ordena la promulgación, sin perjuicio de la responsabilidad.  Si los diez días vencen después de concluido el período de sesiones de las Cámaras, el presidente puede solicitar la prórroga de ese período.  (arts. 173–174; cf. 1945, arts. 89–91:  « En caso de desacuerdo total o parcial entre las dos Cámaras, se resolverá en Congreso, por la mayoría de las dos terceras partes de los miembros presentes […] podrá pasar dicho acto a la Corte Federal y de Casación »).

La fórmula legal nombra al Congreso de los Estados Unidos de Venezuela.  La promulgación consiste en la publicación en la Gaceta Oficial con el Ejecútese; las discrepancias exigen republicación.  Las leyes entran en vigor en la fecha que señalen o al publicarse, y se derogan por leyes.  La potestad legislativa continúa siendo indelegable.  Subsisten la irretroactividad, la excepción de menor pena y la regla de prueba favorable en los procesos penales pendientes.  (arts. 170, 175–177, 180–181; cont., 1945, arts. 85–86, 88, 92–94, respecto de estas reglas).

Una reforma parcial no puede ampliarse después de la primera discusión, salvo que se sustituya por un nuevo proyecto de mayor alcance.  Una vez sancionada, la ley se reimprime en un solo texto, renumerado cuando sea necesario, con nueva fecha y firmas, identificación de los artículos reformados y derogación íntegra de la ley anterior.  (arts. 178–179; cf. 1945, art. 86:  « en caso de reforma parcial deberá imprimirse íntegramente con las modificaciones que hubiere sufrido »).

Durante el receso, la Comisión Permanente del Congreso Nacional se compone del presidente y vicepresidente del Congreso y de veintiún miembros más, con suplentes y representación proporcional de las minorías.  Se elige durante los últimos quince días, se instala dentro de veinte días con dos tercios y funciona hasta las siguientes sesiones ordinarias.  Vela por la observancia constitucional, denuncia irregularidades, estudia e inicia proyectos de ley, conoce de la inmunidad, convoca sesiones extraordinarias, coopera en el presupuesto, autoriza servicios, créditos y viajes presidenciales, emite opiniones e informa anualmente.  El artículo 185 dispone primero la instalación con dos tercios de sus « miembros » y luego imprime « mayoría absoluta de ellas » para las sesiones posteriores; el femenino plural « ellas » es la lectura impresa, mientras que « miembros » es masculino plural.  (arts. 182–186; nuevo; 1945, arts. 63–79:  sin comisión permanente correspondiente del Congreso).

ECO-HAC—Hacienda

La competencia fiscal nacional comprende la moneda, la banca, las aduanas, los impuestos señalados y la administración de recursos.  La Hacienda Nacional comprende los bienes, rentas y deudas nacionales bajo la dirección del Ejecutivo.  La tributación se organiza conforme a la justicia, igualdad, progresividad y proporción a la capacidad económica, con los fines señalados respecto del nivel de vida, poder adquisitivo y producción; las exenciones requieren ley.  (arts. 138(7–12), 162(4–6), 231–232; cf. 1945, arts. 15(11), (13), (17–18), 32(18)(a):  « estarán sometidos a los mismos deberes, servicios y contribuciones, no pudiendo concederse exoneraciones de éstas sino en los casos en que la ley las permita »).

La tributación exige autorización legal y el gasto, una partida presupuestaria o un crédito adicional previo; quienes efectúen u ordenen pagos no autorizados responden civilmente.  Se prohíben los impuestos pagaderos en servicio personal, los gravámenes agrícolas y pecuarios señalados anteriores al consumo y los impuestos sobre aguas navegables que no hayan requerido obras especiales.  El comienzo, aumento o reducción de impuestos exige el transcurso de un plazo señalado, con sujeción a las facultades extraordinarias del Ejecutivo.  El Congreso no puede ordenar gastos fuera del presupuesto mediante leyes o acuerdos separados.  (arts. 233–237; cf. 1945, arts. 48, 78(9):  « Los que infringieren esta disposición serán civilmente responsables al Tesoro Nacional por las cantidades cuyo pago hubieren efectuado. »).

El Situado Constitucional asciende al menos al veinticinco por ciento de los ingresos del año civil anterior.  El treinta por ciento se distribuye por partes iguales entre los Estados, el Distrito Federal y los Territorios, y el setenta por ciento según la población.  Cada Estado asigna al menos el veinte por ciento de su cuota a las entidades que el texto denomina « Distritos Municipalidades », conforme a la misma fórmula.  La ley coordina los presupuestos y la dirección y fiscalización nacionales de la inversión, con reserva del artículo 247.  (art. 238; cf. 1945, art. 17(3):  « equivalente al veinte por ciento del total de ingresos por Rentas […] proporcionalmente a su población »).

Leyes especiales pueden crear institutos autónomos científicos, benéficos, financieros o industriales, con personalidad jurídica y patrimonio propios; durante el receso, los decretos orgánicos requieren autorización de la Comisión Permanente.  Los institutos presentan presupuestos e informes anuales.  Los empréstitos nacionales requieren autorización expresa del Congreso para necesidades urgentes u obras públicas.  (arts. 239–240; cf. 1945, arts. 78(2), 104(12):  « Decretar empréstitos sobre el Crédito Nacional […] Negociar […] los empréstitos que decretare el Congreso »).

La Contraloría General de la Nación, autónoma, fiscaliza los ingresos, gastos, bienes y cuentas nacionales y los institutos autónomos, sin excluir la inspección fiscal del Ejecutivo.  Investiga y denuncia irregularidades; los funcionarios deben suministrar información.  El Congreso elige al contralor y al subcontralor dentro de los primeros treinta días del primer año, con tres suplentes para este último.  Rigen las condiciones presidenciales, el período constitucional y la responsabilidad civil y penal.  La institución auxilia al Congreso y le informa anualmente; una ley especial puede extender su fiscalización a los Estados y las Municipalidades.  (arts. 241–247; nuevo; 1945, arts. 48, 77(4), 113:  sin organización constitucional correspondiente de la Contraloría).

Los contratos de interés público no pueden celebrarse con gobiernos extranjeros ni transferirse a éstos, ni celebrarse con sociedades no domiciliadas en Venezuela ni cederse a ellas.  Los contratos con personas jurídicas extranjeras autónomas de carácter oficial o semioficial requieren autorización legislativa o, por urgencia durante el receso, de la Comisión Permanente.  La cláusula de sometimiento a los tribunales venezolanos y exclusión de reclamaciones extranjeras se considera incorporada cuando corresponda a la naturaleza del contrato.  (arts. 107–108; cf. 1945, art. 50:  « en todos ellos se considerará incorporada, aunque no estuviere expresa, la cláusula siguiente »).

El Congreso controla los contratos señalados, la enajenación de inmuebles del dominio privado nacional y las facultades económicas temporales y precisas.  Los créditos adicionales requieren autorización previa del Congreso o de la Comisión Permanente y disponibilidad de fondos una vez cubiertas las necesidades ordinarias.  El ministro de Hacienda presenta el presupuesto a la Cámara de Diputados dentro de los cinco días siguientes a la instalación, con el detalle señalado y la excepción de seguridad, en consulta con los ministros y con la cooperación de la Comisión Permanente.  (arts. 162(8–9), 184(7–8), 198(6), (12–14), (23–24), (30), 208; cf. 1945, arts. 104(28), 113:  « Decretar, en Consejo de Ministros, los Créditos Adicionales […] dentro de los primeros treinta días de la instalación de las Cámaras Legislativas »).

POW-EXE—Ejecutivo

El pueblo ejerce la soberanía mediante el sufragio y los Poderes Públicos.  La autoridad se limita a la competencia constitucional y legal, los actos usurpados son nulos y la extralimitación comporta responsabilidad personal.  Los poderes municipal, estadal y nacional se sujetan a un gobierno republicano, federal, popular, representativo, alternativo y responsable.  Los órganos legislativos, ejecutivos y judiciales nacionales tienen funciones distintas y colaboran entre sí y con los demás Poderes Públicos.  (arts. 79, 84, 86–88, 137; cf. 1945, arts. 13, 41, 51:  « republicano, federal, democrático, electivo, representativo, responsable y alternativo […] la ejerce por medio de los Poderes Públicos »).

Los funcionarios prestan juramento antes de asumir sus cargos y presentan declaraciones juradas de bienes cuando lo exige la ley.  Un estatuto del servicio público rige el ingreso, ascenso, traslado, suspensión y retiro; los empleados sirven a la Nación y a ninguna parcialidad política.  Un segundo destino público remunerado implica la renuncia al primero, con las excepciones enumeradas.  Los cargos, honores o recompensas extranjeros requieren autorización del Senado.  (arts. 89–92; cf. 1945, arts. 46, 49, 53:  « excepto respecto de Suplencias […] y respecto de empleos de Academias, Hospitales, Juzgados accidentales o Institutos de enseñanza, o Beneficencia »).

El gobierno y la administración nacionales no atribuidos a otra autoridad corresponden al presidente, que actúa con los ministros por medio de los órganos legales y empleados subordinados.  El presidente representa a la Nación y encabeza el Ejecutivo Nacional.  La elegibilidad exige nacimiento venezolano, las condiciones electorales del artículo 82, estado seglar y edad superior a treinta años.  (arts. 187–191; cf. 1945, arts. 95, 98:  « haber cumplido treinta años »).

El presidente, cuyo mandato dura cinco años, se elige por sufragio universal, directo y secreto al menos tres meses antes del comienzo del período el 19 de abril, en la fecha fijada por el Congreso durante el año precedente.  La elección se decide por mayoría relativa.  Se prohíbe la reelección inmediata, así como la elección de quien haya ocupado la presidencia durante todo el último año del período anterior y de los parientes señalados dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.  (arts. 140, 192–193; cf. 1945, art. 100:  « Dentro de los primeros quince días de cada periodo constitucional, las Cámaras reunidas en Congreso, elegirán Presidente »).

El 19 de abril, el presidente saliente transmite el poder después de la promesa del presidente electo ante el Congreso o, si fuere necesario, de su juramento ante la Corte.  Si el presidente electo no puede asumir en esa fecha, el saliente entrega el poder al presidente de la Corte Suprema, como encargado del Poder Ejecutivo Nacional, hasta que el electo pueda ejercerlo.  (art. 194; cf. 1945, art. 101:  « continuará en el ejercicio del Poder el Presidente anterior con el nombre de Encargado del Poder Ejecutivo Federal »).

La falta absoluta se suple provisionalmente por el presidente del Congreso, luego por su vicepresidente y, en último término, por el presidente de la Corte Suprema.  El Congreso extraordinario debe actuar dentro de los treinta días siguientes a la convocatoria:  corresponde elección popular cuando la falta ocurre en la primera mitad del período; en la segunda, el Congreso elige al sustituto.  Cuando se requiere elección popular, el Congreso elige también al titular interino.  (art. 195; cf. 1945, art. 102:  « el Congreso proveerá el cargo […] por el tiempo que faltare del periodo respectivo »).

Un ministro designado suple la falta temporal.  Transcurridos noventa días, el Congreso decide si continúa la provisionalidad y elige un presidente encargado, o procede a la elección de un nuevo presidente.  La ausencia presidencial del territorio nacional requiere autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, incluso durante los seis meses siguientes al cese en el cargo.  (arts. 196–197; cf. 1945, arts. 102–103:  « Las faltas temporales del Presidente de la República las suplirá el Ministro del Despacho que él designare.  […] no se considerará como falta temporal del Presidente su ausencia de la Capital, siempre que no saliere del territorio de la República »).

La Nación coopera en la seguridad internacional común conforme a la Constitución y a los pactos.  Los tratados requieren aprobación del Congreso, salvo que ejecuten obligaciones existentes, apliquen principios reconocidos, versen sobre relaciones ordinarias o ejerzan atribuciones legales expresas.  La Comisión Permanente puede autorizar su ejecución provisional urgente, sujeta a posterior decisión legislativa.  Se informa a las Cámaras de todos los acuerdos.  Se exigen cláusulas de solución pacífica en las condiciones señaladas.  El presidente dirige las relaciones y la actuación en materia de tratados y adopta medidas defensivas de emergencia con convocatoria urgente del Congreso.  (arts. 104–106, 198(2–8); cf. 1945, arts. 78(5), 104(20):  « sin el requisito de su aprobación no serán válidos ni podrán ratificarse ni canjearse […] En los Tratados internacionales se estipulará la cláusula siguiente »).

Las funciones presidenciales comprenden la ejecución, promulgación y reglamentación sin alterar el propósito legislativo, la solicitud de sesiones extraordinarias, el nombramiento y remoción de ministros, la administración territorial, la gobernación del Distrito Federal, los nombramientos sujetos a los estatutos de carrera administrativa, las patentes de navegación, la naturalización, el censo, las solicitudes de acusación, los indultos, las visitas oficiales, la designación del suplente temporal y las demás atribuciones constitucionales o legales.  (art. 198(1), (9–11), (19–22), (25–29), (31–33); cf. 1945, art. 104(16–17):  « Nombrar y remover […] los empleados nacionales cuya designación no esté atribuida a otro funcionario […] Convocar extraordinariamente al Congreso »).

El presidente presenta un mensaje anual sucinto de carácter político y administrativo dentro de los diez días siguientes al comienzo de las sesiones ordinarias, con indicación de la acción principal del año y de los proyectos de gobierno; en el último año lo presenta el día de la instalación.  La responsabilidad sigue siendo solidaria con los ministros por la administración y personal por traición y delitos comunes.  (arts. 199–200; cf. 1945, art. 105:  « un Mensaje en que dará cuenta de los actos de su administración y del estado de la República »).

La ley organiza los ministerios.  Los ministros deben ser venezolanos por nacimiento, mayores de treinta años, de estado seglar y estar en posesión de sus derechos civiles y políticos.  Refrendan los actos presidenciales y responden personalmente aun cuando medien órdenes escritas.  Los miembros del Consejo de Ministros colaboran en el gobierno; responden salvo que hagan constar voto adverso.  Las memorias y cuentas anuales deben presentarse dentro de diez días; en el último año pasan a la Comisión Permanente si el Congreso no está instalado.  Los ministros intervienen y atienden convocatorias e interpelaciones en las Cámaras y en la Comisión.  (arts. 201–204, 206–209; cf. 1945, arts. 112–114:  « responsabilidad es solidaria para todos los Ministros que hayan votado afirmativamente […] las dejarán en poder del Presidente de la Corte Federal y de Casación »).

La disposición sobre la reunión del Consejo de Ministros imprime « El Consejo de Ministros de reunirá ».  El artículo de responsabilidad ministerial dice « Los Ministros son penal y civilmente responsables por los hechos ilícitos que se les hagan. »  (arts. 205, 210; cf. 1945, arts. 111, 115:  « El Presidente de la República convocará el Consejo de Ministros cuando la materia que haya de tratarse lo requiera o cuando lo juzgue conveniente.  […] por los hechos ilícitos en que incurrieren »).

POW-JUD—Poder Judicial

La competencia nacional comprende la justicia, el Ministerio Público y las prisiones.  El Poder Judicial es independiente y comprende la Corte Suprema y los tribunales establecidos por la ley.  La ley regula la organización, competencia, nombramientos y carrera judicial, y puede establecer un Consejo Supremo de la Magistratura con representantes legislativos, ejecutivos y judiciales para la independencia, eficacia y disciplina.  El artículo 213 imprime « Carrera Administrativa ».  Las autoridades deben prestar apoyo a los fallos; los jueces son responsables, sólo pueden ser removidos durante el período mediante sentencia firme en los casos legales y no pueden ejercer la abogacía ni cargos remunerados incompatibles, con las excepciones enumeradas.  (arts. 138(4), 211–217; cf. 1945, arts. 122–125:  « creará la carrera judicial […] no podrán ser removidos de sus cargos sino en los casos que determine la ley »).

La Corte Suprema de Justicia se compone de diez abogados que reúnan las condiciones presidenciales.  El Congreso puede aumentar su número por ley especial a propuesta de la Corte.  Dentro de los primeros quince días de sesiones ordinarias al comienzo del período, el Congreso elige a los magistrados separadamente por mayoría absoluta y a diez suplentes por orden.  La Corte provee las faltas temporales o peculiares de un asunto; los suplentes de reemplazo ocupan los lugares vacantes.  (arts. 218–219; cf. 1945, arts. 126–127:  « diez Vocales que deben ser venezolanos por nacimiento, mayores de treinta años y abogados de la República […] ocuparán los últimos puestos de la lista »).

Las Salas autónomas ejercen plena jurisdicción dentro de su competencia.  La Corte conoce de las acusaciones contra los altos funcionarios enumerados, incluidos el fiscal, el procurador, el contralor y los gobernadores; de los delitos diplomáticos en el desempeño de funciones públicas; de la casación, con decisión sobre el fondo después de casar por infracción de ley; de las causas de presas en apelación; de las controversias entre Poderes Públicos; y de los conflictos de competencia judicial.  (art. 220(1–6); cf. 1945, art. 128(5–6):  « Conocer del recurso de Casación y de los demás cuya decisión le atribuya la ley, en la forma y términos que ésta determine […] Conocer de las causas de presas »).

La Corte anula las leyes nacionales o estadales, ordenanzas municipales y actos públicos inconstitucionales; resuelve las colisiones de leyes; y conoce de los asuntos contencioso-administrativos señalados sobre contratos, concesiones, daños y perjuicios y reclamaciones pecuniarias.  La anulación administrativa por motivos no constitucionales se sujeta a un plazo de trece meses, pero la ilegalidad puede oponerse siempre como excepción.  Las sentencias extranjeras pueden recibir fuerza ejecutoria.  Las disposiciones mineras y de tierras conservan las reservas legales señaladas de decisión ejecutiva sin recurso judicial.  (art. 220(7–13); cf. 1945, art. 128(12), (14):  « en juicio contencioso »).

La Corte determina si ha lugar a la formación de causa contra los funcionarios del artículo 220(1).  La decisión afirmativa suspende al funcionario; los delitos comunes pasan al tribunal competente y los políticos permanecen ante la Corte hasta sentencia definitiva.  Presenta al Congreso una memoria anual e indica las reformas legislativas que propone.  (arts. 221–222; cont., 1945, arts. 129–130, respecto del procedimiento y de la memoria anual).

El Ministerio Público se confía al fiscal general de la Nación y a los auxiliares establecidos por la ley.  El Congreso elige al fiscal dentro de los treinta primeros días del primer año constitucional, por todo el período, con cinco suplentes llamados por el Ejecutivo.  Debe ser venezolano por nacimiento, mayor de treinta años, de estado seglar, abogado y estar en posesión de sus derechos civiles y políticos.  La institución vela por la legalidad de los procesos penales y de aquellos de interés fiscal o público y por la administración de justicia, promueve acusaciones contra empleados nacionales y actúa ante la Corte Suprema en las causas señaladas.  La responsabilidad se rige por la ley.  (arts. 223–227; cf. 1945, arts. 116–117:  « El Ministerio Público es el órgano del Ejecutivo Federal ante el Poder Judicial […] El Ministerio Público estará a cargo del Procurador General de la Nación »).

La Procuraduría General de la Nación representa separadamente los derechos nacionales en juicio conforme a la ley y a las instrucciones del Ejecutivo, y emite dictámenes jurídicos para el presidente, los ministros, las Cámaras y la Corte Suprema.  El procurador reúne las condiciones señaladas de nacimiento, edad, estado seglar, profesión y derechos; el Congreso lo elige por el período dentro de treinta días, con cinco suplentes.  La responsabilidad sigue la regla ministerial.  (arts. 228–230; cf. 1945, art. 120(1–4):  « Dar los informes jurídicos que le pidan […] Promover […] acusación contra los empleados federales […] Ejercer […] el Ministerio Público […] Representar y sostener […] los derechos de la Nación »).

POW-SUB—Gobierno subnacional

Los Concejos Municipales ejercen el poder en los distritos de los Estados, el Distrito Federal y los Territorios, con autonomía económica y administrativa y personalidad jurídica; el Distrito Federal puede tener un régimen departamental especial.  Los actos y funcionarios quedan sujetos al control judicial en lugar de la intervención nacional o estadal.  Se protegen la competencia fiscal y los ingresos, y el pago de servicios nacionales o estadales no asumidos requiere contrato legal.  (arts. 109–111; cf. 1945, arts. 6, 14:  « completamente autónoma e independiente del Poder Federal en lo relativo a su régimen económico y administrativo »).

La competencia municipal comprende los servicios locales y establecimientos de crédito, la asistencia social, las medidas contra el abandono, la vagancia, el alcoholismo, el analfabetismo y la prostitución, el urbanismo y las rentas.  Los ingresos comprenden los gravámenes sobre industria, comercio, vehículos, inmuebles urbanos y espectáculos, los productos de bienes y servicios municipales, las multas y el Situado Constitucional.  El artículo 112(2) imprime su remisión a la competencia nacional como « numeral 18 del Artículo 138 ».  El Congreso puede atribuir otras materias rentísticas; rigen las reservas nacionales y estadales y las restricciones del artículo 127.  (arts. 112–113, 117; cf. 1945, art. 18(1):  « El servicio de higiene lo harán sujetándose a las leyes y reglamentos federales sobre sanidad, y bajo la inspección del servicio sanitario federal »).

Los Concejos se eligen por sufragio universal, directo y secreto.  Cada uno elige de su seno a su presidente como órgano ejecutor de sus decisiones.  El cargo de concejal es obligatorio e incompatible con cargos ejecutivos remunerados, con las excepciones señaladas de carácter accidental, académico, docente y asistencial.  (arts. 114–116; cf. 1945, art. 17(1):  « Las Constituciones y leyes de los Estados podrán establecer las condiciones requeridas […] Miembro de un Concejo Municipal »).

La Nación provee el catastro y la dotación de ejidos y auxilia la recuperación de tierras municipales indebidamente ocupadas.  Los ejidos son inalienables e imprescriptibles, salvo para construcciones con las formalidades de las ordenanzas municipales.  (arts. 118–119; cf. 1945, art. 18(2):  « Administrar sus Ejidos y terrenos propios, sin que puedan enajenarlos salvo para construcciones »).

Los Estados conservan igualdad política, autonomía, competencia residual y deberes respecto de la independencia y unidad nacionales.  Pueden modificar sus nombres y divisiones, dictar constituciones, organizar y elegir sus poderes, administrar bienes y rentas dentro de las reservas nacionales, contratar empréstitos internos cuyas obligaciones anuales no excedan del diez por ciento de sus ingresos ordinarios, promover la producción y los abastos, contener la especulación y construir caminos y obras locales sujetos a aprobación técnica.  (arts. 120–121; cf. 1945, art. 17(1–4):  « Elegir sus Poderes Públicos conforme a sus Constituciones y leyes, sin perjuicio de que […] se deleguen al Presidente de la República determinadas facultades »).

Los Estados reconocen los demás actos públicos, admiten a los agentes nacionales dentro de la jurisdicción de sus servicios, se abstienen de la guerra interestadal, prohíben las levas hostiles y permiten instalaciones nacionales.  No pueden contratar empréstitos en el extranjero, establecer aduanas o impuestos reservados, gravar el tránsito, mantener fuerzas distintas de la policía municipal, discriminar las mercancías de fuera, gravarlas antes de su circulación local ni gravar el ganado y sus productos.  (arts. 122–127; cf. 1945, arts. 15(8), 17(3), 19–24:  « las de su policía y guardia de cárceles, salvo las que organicen por orden del Gobierno Federal »).

Una Asamblea Legislativa electiva legisla y controla la administración estadal.  El artículo 128 imprime « se reunirá extraordinariamente » para su reunión anual del 1 de junio o del día más inmediato posible.  Sus miembros se eligen por sufragio universal, directo y secreto; el ejercicio de cargos ejecutivos es incompatible durante todo el período, con las excepciones señaladas.  Dos tercios pueden improbar la gestión del gobernador con efecto de remoción; la Asamblea conoce del presupuesto estadal y sanciona las leyes del Estado.  (arts. 128–131; cf. 1945, art. 17(1):  « el periodo correspondiente para el cual se harán las elecciones »).

El gobernador y los secretarios ejercen el Poder Ejecutivo estadal.  El gobernador es venezolano por nacimiento, mayor de edad, de estado seglar y en goce de derechos civiles y políticos, y actúa como agente nacional para la ley y las órdenes nacionales.  Nombra al personal conforme a las reglas de carrera, informa y rinde cuentas anualmente, presenta el presupuesto y designa a un secretario para las faltas temporales.  La disposición transitoria VII prevé un plebiscito dentro de dos años sobre el nombramiento presidencial o la elección por sufragio universal, directo y secreto.  Imprime « si deberán ser por voto » e « incorporada al título ».  Hasta la votación, el presidente en Consejo de Ministros nombra y remueve, sin perjuicio de la remoción legislativa conforme al artículo 131(2).  (arts. 132–136; disposición transitoria VII; cf. 1945, art. 17(2):  « Elegir sus Poderes Públicos conforme a sus Constituciones y leyes »).

La competencia nacional comprende las materias internacionales, jurídicas, fiscales, militares, sociales, de recursos, comunicaciones y administración enumeradas.  Dos tercios de las Cámaras pueden atribuir determinadas materias nacionales a los Estados o Municipalidades para promover la descentralización administrativa.  El Congreso puede asimismo legislar sobre la organización policial por el procedimiento legislativo ordinario.  (arts. 138–139; cf. 1945, art. 15(20):  « cualquiera otra materia que la presente Constitución atribuya a alguno de los Poderes que integran el Gobierno Federal »).

CON-AMD—Reforma constitucional

La reforma total o parcial puede originarse en las Asambleas Legislativas o en cualquiera de las Cámaras.  La iniciativa estadal requiere dos tercios de las Asambleas Legislativas en sesiones ordinarias, cada una por mayoría absoluta de la totalidad de sus miembros.  El Congreso declara su admisibilidad, sigue el procedimiento legislativo ordinario y somete las modificaciones aprobadas a ratificación conforme al mismo procedimiento estadal.  (arts. 248–249; cf. 1945, art. 131:  « cuando sean solicitadas por las tres cuartas partes de las Asambleas Legislativas de los Estados reunidas en sesiones ordinarias »).

La iniciativa congresional requiere una cuarta parte de la totalidad de los miembros de una Cámara y el procedimiento legislativo ordinario.  Las modificaciones aprobadas pasan a las Asambleas Legislativas en las sesiones ordinarias del año siguiente; dos tercios deben ratificarlas, cada una por mayoría absoluta de la totalidad de sus miembros.  Las enmiendas se limitan a los puntos que obtengan la concurrencia requerida.  El Congreso practica el escrutinio final; el texto reformado entra en vigor al publicarse en la Gaceta Oficial.  (arts. 250–252; cf. 1945, arts. 134–136:  « Puede también el Congreso en cualquiera de las Cámaras tomar la iniciativa […] ratificadas por las dos terceras partes de las Asambleas Legislativas de los Estados en sus sesiones ordinarias »).

CIV-SUF—Sufragio

El sufragio es derecho venezolano y función pública, susceptible de extensión legal a los extranjeros con más de diez años de residencia continua para las elecciones municipales.  Pueden votar todos los venezolanos, hombres y mujeres, mayores de dieciocho años, salvo interdicción definitiva o inhabilitación penal.  La elegibilidad para cargos públicos exige saber leer y escribir, ser mayor de veintiún años y reunir las condiciones constitucionales y legales señaladas.  La ley regula la representación proporcional de las minorías y procura evitar el predominio de un partido en los organismos electorales.  (arts. 44, 79–83; cf. 1945, art. 32(14):  « Los venezolanos varones, mayores de 21 años que sepan leer y escribir […] Las mujeres venezolanas […] gozan del derecho de sufragio, activo y pasivo, para la formación de los Concejos Municipales »).

Los miembros activos de las fuerzas armadas no pueden votar.  Los Concejos Municipales, las Asambleas Legislativas, los diputados, los senadores y el presidente se eligen por sufragio universal, directo y secreto conforme a sus respectivas disposiciones.  Los venezolanos naturalizados que reúnan las condiciones adicionales de domicilio y ocho años de naturalización pueden ser diputados; los senadores y el presidente deben ser venezolanos por nacimiento.  (arts. 99, 114, 129, 151–155, 192; cf. 1945, arts. 57, 60, 100:  « Para ser Diputado se requiere ser venezolano por nacimiento […] la Asamblea Legislativa de cada Estado elegirá […] las Cámaras reunidas en Congreso, elegirán »).

CIV-CIT—Nacionalidad

La nacionalidad por nacimiento comprende a los nacidos en Venezuela, salvo los hijos de extranjeros no domiciliados ni residentes o de personas al servicio oficial de otro Estado; a los nacidos a bordo de buques o aeronaves venezolanos fuera del dominio territorial de otro Estado, con las mismas excepciones; a los nacidos en el extranjero de padres venezolanos al servicio oficial de Venezuela; y a los nacidos en el extranjero de padre y madre venezolanos cuando el país de nacimiento no les confiera nacionalidad.  Los parágrafos disponen domicilio o declaraciones al alcanzar la mayoría de edad para los casos exceptuados, reglas adicionales para los hijos de padre o madre venezolanos nacidos en el extranjero y la inscripción diplomática o consular del nacimiento.  (art. 11; cf. 1945, art. 28:  « Todos los nacidos en el territorio de la República […] Los hijos de padres venezolanos, cualquiera que sea el lugar de su nacimiento »).

La naturalización comprende a la extranjera que pierda su nacionalidad anterior por casarse con venezolano; a los hijos mayores de edad nacidos en el extranjero de padres naturalizados que reúnan las condiciones prescritas; a los naturales de España o de Estados latinoamericanos domiciliados en el país que manifiesten la voluntad requerida; y a los titulares de cartas de naturaleza.  La reciprocidad efectiva mediante tratados permite a los solicitantes españoles y latinoamericanos señalados adquirir la nacionalidad venezolana sin cambiar ni perder la de origen.  (art. 12; cf. 1945, art. 29(4):  « La extranjera casada con venezolano, mientras subsista el matrimonio »).

La disolución del matrimonio no afecta la nacionalidad de los cónyuges ni de los hijos.  La esposa venezolana conserva la suya, salvo que manifieste lo contrario y adquiera con ello la nacionalidad del marido.  La ley regula las declaraciones y cartas de naturaleza; los tratados pueden disponer sobre la pluralidad de nacionalidades, con reserva de la regla de reciprocidad del artículo 12.  (arts. 13–16; cf. 1945, arts. 29(4), 30:  « cuando disuelto éste y durante el año siguiente a la disolución, manifieste y sea aceptada su voluntad de continuar siendo venezolana […] La nacionalidad no se considerará adquirida mientras no se verifique la expresada publicación »).

La nacionalidad se pierde por la adquisición plena y voluntaria de otra, con la excepción del artículo 12, o por la revocación de la naturalización conforme a la ley.  El artículo 18 imprime « La recuperación en los casos que determine la Ley. »  La ley regula la nulidad por vicios de la naturalización.  (arts. 17–19; nuevo; 1945, arts. 27–30:  sin artículos generales correspondientes sobre pérdida, recuperación y nulidad).

Quienes posean actualmente la nacionalidad venezolana y otra disponen de cinco años para optar; después de la notificación legal y a falta de opción, se presume preferida la nacionalidad venezolana.  Para los menores, el plazo comienza al alcanzar la mayoría de edad conforme a la ley venezolana.  (disposición transitoria XVII; nuevo; 1945, arts. 27–30:  sin opción transitoria correspondiente entre nacionalidades).

RTS-GAR—Derechos

Los venezolanos deben defender la patria y obedecer a la autoridad legítima; el servicio contra Venezuela, o contra sus aliados en conflicto armado internacional, constituye traición.  Los extranjeros residentes deben obediencia, reciben derechos y deberes no superiores a los de los venezolanos y pueden quedar sujetos a restricciones legales de seguridad o sanidad.  La confiscación sólo se aplica a extranjeros en caso de conflicto con su país.  Los venezolanos naturalizados tienen derechos políticos sujetos a restricciones legales.  Se conservan la libertad lícita y la limitación de la indemnización pública a la actuación oficial legítima.  (arts. 20–24; cf. 1945, arts. 31, 38:  « No podrán comprometerse a servir contra Venezuela […] Los derechos y deberes de los extranjeros los determina la ley »).

Se reservan los derechos y deberes no enumerados de los habitantes.  Las leyes, decretos, ordenanzas, resoluciones o reglamentos que menoscaben los derechos garantizados son nulos, y así lo declara la Corte Suprema.  Los funcionarios que violen garantías son punibles, con sujeción a las disposiciones de emergencia señaladas.  Las acciones penales por violación de garantías individuales prescriben a los seis años; para los funcionarios, el plazo comienza después del cese en la función pública.  (arts. 25–28; cf. 1945, arts. 34–36:  « cualesquiera otros que puedan corresponder a los venezolanos […] salvo que se tratare de las medidas dirigidas a la defensa de la República o a la conservación o restablecimiento de la paz »).

Se garantizan a todos los habitantes la vida y la libertad y seguridad personales.  Se prohíben la pena de muerte, el reclutamiento forzoso, la incomunicación, la autoincriminación forzada, los tribunales especiales, la pena sin notificación ni audiencia, la prisión civil no derivada de delito, las penas superiores a veinte años, las infamantes o perpetuas, la tortura y los sufrimientos físicos, la detención más allá de la condena y el nuevo enjuiciamiento por los mismos hechos.  El servicio militar obligatorio continúa sujeto a la ley.  La disposición sobre autoincriminación incluye la frase impresa « persona con quien haga vida material ».  (arts. 29–30; cf. 1945, art. 32(17)(e), (h):  « ni contra el cónyuge […] Ni ser condenado a pena corporal por más de veinte años ni a penas infamantes »).

Salvo flagrancia, la detención requiere información sumaria de un hecho punible que merezca pena corporal y orden escrita motivada.  El sumario no puede exceder de treinta días después de la detención judicial.  En los casos señalados de injuria, difamación, desacato y ofensas a personas o cuerpos investidos de autoridad pública, el acusado permanece en el lugar del juicio, pero sólo se detiene por sentencia firme.  Procede la libertad al desaparecer los fundamentos o mediante fianza legal; la tramitación de la fianza está exenta de impuestos.  (art. 30(2–3); cf. 1945, art. 32(17)(c), (f):  « El sumario no podrá en ningún caso, prolongarse por más de treinta días después de la detención […] después de prestada fianza suficiente »).

La detención administrativa se exceptúa del artículo 30(2), pero el arresto no puede exceder de quince días y requiere motivación escrita después de cuarenta y ocho horas.  La ley regula los casos de reincidencia.  El habeas corpus puede interponerse por el detenido o por otra persona en su nombre cuando no exista recurso judicial ordinario, conforme a un procedimiento legal breve.  (arts. 31–32; nuevo; 1945, art. 32(17):  sin límites correspondientes del arresto administrativo ni disposición expresa de habeas corpus).

Se reconoce el asilo político con sujeción a la ley, al Derecho Internacional y a los tratados.  El tránsito, domicilio, salida, regreso y traslado de bienes quedan sujetos a la ley; no puede impedirse discrecionalmente la entrada de los nacionales.  (arts. 33–34; cf. 1945, art. 32(7):  « observando las formalidades legales […] salvo las limitaciones que exija el orden público y los intereses de la Nación »).

El allanamiento del hogar se limita a impedir la consumación de un delito, cumplir decisiones judiciales legales y efectuar visitas sanitarias o fiscales con previo aviso.  La correspondencia oral, escrita y de cualquier otra clase es inviolable, salvo ocupación judicial con las formalidades legales y protección de los asuntos privados ajenos a la causa; los libros de cuentas permanecen sujetos a inspección legal.  (arts. 35–36; cf. 1945, art. 32(4):  « para impedir la perpetración o consumación de un delito […] También estará sujeto a visitas sanitarias conforme a la ley »).

El pensamiento puede manifestarse de palabra, por escrito, por la imprenta, radio u otros medios de publicidad, sin censura previa.  Las penas legales comprenden los delitos contra la moral pública, la injuria, difamación, desacato e instigación a delinquir.  Se prohíben el anonimato, la propaganda de guerra y la que provoque desobediencia de las leyes, sin menoscabo del análisis o crítica de los preceptos legales.  (art. 37; cf. 1945, art. 32(6):  « ni se permite ninguna propaganda de guerra, ni encaminada a subvertir el orden político o social »).

Nadie está obligado a declarar sus creencias religiosas o ideología política, salvo disposición legal.  La creencia religiosa no exime de obedecer la ley ni permite impedir los derechos ajenos.  Se protegen la asociación, reunión, manifestación y organización sindical lícitas y sin armas, así como la petición con oportuna respuesta y la acusación de funcionarios.  La igualdad prohíbe la discriminación racial y las distinciones hereditarias; la identificación civil no debe revelar distinciones de filiación, nacimiento o estado civil de los padres.  (arts. 39–43, 45–46; cf. 1945, art. 32(11), (18):  « la libertad de asociación, quedando ésta sometida a las restricciones y prohibiciones que establezcan las leyes […] Todos serán juzgados por las mismas leyes »).

El Estado protege a la familia cualquiera que sea su origen y a la maternidad cualquiera que sea el estado civil de la madre, asiste a las madres abandonadas y prevé un patrimonio familiar inembargable.  La protección del niño se extiende desde la concepción hasta su desarrollo, con identificación de los padres, sustento y educación, leyes especiales de menores, prevención de la explotación, asistencia estatal subsidiaria, un código y un organismo rector.  El Estado procura suprimir las causas sociales de la prostitución y rehabilitar a las personas afectadas.  (arts. 47–50; nuevo; 1945, arts. 31–37:  sin capítulo correspondiente de protección de la familia y del niño).

Todos los habitantes tienen derecho a la protección de la salud y contra los riesgos sociales y las necesidades que éstos ocasionen.  El Estado provee la prevención y tratamiento de enfermedades, establece progresivamente una seguridad social amplia y eficaz y promueve viviendas económicas para las clases de escasos recursos.  (arts. 51–52; cf. 1945, art. 15(4):  « sanidad humana, animal y vegetal […] trabajo y previsión social »).

La educación es un derecho y una función esencial del Estado.  Éste provee instituciones y servicios; la educación es integral y se dirige al desarrollo de la persona, la ciudadanía democrática, la cultura nacional y la solidaridad humana.  La enseñanza y los establecimientos privados son libres dentro de la dirección e inspección legales, con estímulo cuando las cumplan.  El Estado puede reservarse la formación docente, exige capacidad docente acreditada y garantiza condiciones profesionales adecuadas.  La educación primaria es obligatoria; la oficial es gratuita en todos sus ciclos, con auxilio para quienes carezcan de medios según su vocación y aptitud.  (arts. 53–58; cf. 1945, arts. 15(9), 32(15):  « La instrucción primaria elemental es obligatoria, y la que se de en Institutos Oficiales será gratuita […] La educación moral y cívica del niño es obligatoria »).

El Estado salvaguarda la riqueza artística e histórica.  Se regulan las profesiones que requieren título; la ley determina los títulos expedidos por el Estado y puede exigir a los profesionales la prestación de servicios a la Nación.  (arts. 59–60; cf. 1945, art. 32(10):  « Las profesiones que requieren título, no podrán ejercerse sin poseerlo y llenar las formalidades que la ley exige »).

El trabajo es deber y derecho; el Estado procura la subsistencia mediante el trabajo sin lesión de la libertad o dignidad, y protege la estabilidad en el empleo y las condiciones materiales, morales e intelectuales, con enseñanza técnica.  El artículo 62 imprime « estabilidad en le trabajo ».  (arts. 61–62; cf. 1945, art. 32(8):  « para proveer al mejoramiento de su condición física, moral e intelectual »).

La legislación laboral dispone una jornada máxima de ocho horas diurnas y siete nocturnas, con las excepciones señaladas y posibilidad de reducción; reposo semanal remunerado; igualdad salarial sin distinción de sexo, nacionalidad o raza; salario mínimo vital; vacaciones anuales remuneradas; responsabilidad por riesgos profesionales; preaviso, indemnización, prestaciones por antigüedad y jubilación; y protección del empleo de los dirigentes sindicales, salvo despido plenamente justificado.  (art. 63(1–7); cf. 1945, art. 32(8):  « Reposo semanal, de preferencia los domingos […] Vacaciones anuales, remuneradas »).

Las demás garantías comprenden los contratos colectivos, incluida la cláusula sindical, la conciliación, la huelga con excepciones relativas a los servicios públicos, la protección de menores y mujeres, incluido el reposo remunerado por maternidad, la participación en beneficios, el ahorro, la responsabilidad de los beneficiarios e intermediarios o contratistas, la protección del salario y la irrenunciabilidad de las disposiciones legales favorables.  El Estado promueve el salario familiar mediante instituciones.  (art. 63(8–15); art. 64; cf. 1945, art. 32(8):  « La Nación favorecerá un régimen de participación de los empleados y trabajadores en los beneficios de las empresas y fomentará el ahorro entre los mismos »).

La propiedad se garantiza con sujeción a su función social y a las contribuciones y restricciones legales.  Los autores, inventores y creadores de marcas reciben los derechos exclusivos señalados.  Se conservan los recursos; la expropiación requiere utilidad pública o interés social, sentencia firme y pago, con posibilidad de pago diferido garantizado para la reforma agraria y la expansión urbana.  Las tierras y bosques deben mantenerse en producción socialmente útil conforme a la ley.  (arts. 65–68; cf. 1945, art. 32(2):  « mediante indemnización previa, y juicio contradictorio »).

El Estado emprende la transformación agraria, la organización del crédito, el mejoramiento rural y la provisión de tierras y medios productivos a los campesinos y asociaciones que reúnan las condiciones requeridas.  El artículo 69 imprime « acción planificadas y sistemática, orientado ».  Las tierras adquiridas para explotar hidrocarburos o minerales combustibles revierten a la propiedad nacional sin indemnización al extinguirse la concesión.  Las cooperativas reciben apoyo.  Una legislación especial dispone la incorporación de los indígenas a la vida nacional atendiendo a sus condiciones culturales y económicas.  (arts. 69–72; cf. 1945, art. 32(8):  « El Estado tratará de fijar al jornalero en el campo, cuidará de su educación rural y asegurará al trabajador venezolano la preferencia en la colonización y aprovechamiento de las tierras nacionales. »).

El comercio, la industria y las actividades lucrativas lícitas son libres dentro de los límites constitucionales, sanitarios y de seguridad.  El Estado protege la iniciativa privada, puede reservarse industrias o servicios de interés público y puede planificar y regular la producción, circulación y consumo para el desarrollo nacional.  Las limitaciones a la exportación requieren razones de interés nacional.  El Consejo de Economía Nacional representa al capital, al trabajo, a las profesiones liberales y al Estado conforme a la ley.  (arts. 73–75; cf. 1945, art. 32(8–9):  « representantes de la población productora y de la consumidora, del capital y del trabajo, y de las profesiones liberales […] en circunstancias extraordinarias »).

El presidente en Consejo de Ministros puede restringir o suspender las garantías por guerra, peligro inminente de guerra o circunstancias graves que afecten la vida económica o social nacional, salvo la vida y las protecciones del artículo 30(9).  Deben especificarse los motivos, las garantías y el territorio; las medidas se limitan a lo que exijan la seguridad y el restablecimiento de la normalidad, se someten al Congreso o a su Comisión Permanente dentro de diez días y se revocan al cesar sus causas.  (art. 76; cf. 1945, art. 37:  « con excepción, en todo caso, de las relativas a la inviolabilidad de la vida, a la proscripción de la esclavitud y a la no condenación a penas infamantes »).

Sin restricción o suspensión general de garantías, el presidente en Consejo de Ministros puede ordenar detención preventiva cuando existan motivos graves de participación en planes de golpe de Estado o derrocamiento violento.  Las medidas deben someterse al Congreso o a su Comisión Permanente dentro de diez días para su aprobación o improbación y cesan con sus causas.  Las medidas aprobadas que subsistan después de sesenta días pasan a la Corte Suprema, que considera la ley, la seguridad del Estado y el orden público.  (art. 77; cf. 1945, art. 37:  « Podrá, arrestarse, confinarse o expulsarse del territorio de la República a los individuos nacionales o extranjeros que sean contrarios al restablecimiento o conservación de la paz »).

La restricción de garantías no afecta el funcionamiento ni las prerrogativas legales de los Poderes Públicos nacionales.  (art. 78; cont., 1945, art. 37, respecto de esta salvaguardia institucional).

REG-MIL—Fuerza armada

Las Fuerzas Armadas Nacionales son apolíticas, esencialmente profesionales, obedientes y no deliberantes, organizadas para la defensa nacional, la estabilidad interna y el cumplimiento de la Constitución.  Las requisiciones en tiempo de paz se cursan por las autoridades civiles.  La ley organiza las fuerzas y sus misiones; las fuerzas militares tienen la misión específica de defensa y sólo las funciones ocasionales de orden público señaladas.  La población determina el contingente del servicio.  (arts. 93–96; cf. 1945, arts. 15(8), 47:  « La fuerza armada no puede deliberar, ella es pasiva y obediente »).

Los Estados y las Municipalidades sólo mantienen policía municipal.  Todos los armamentos pertenecen a la Nación bajo control ministerial.  Los miembros activos no pueden votar ni pertenecer a organizaciones políticas o actuar en ellas.  En los días de votación, las fuerzas permanecen en servicio permanente y sólo salen de los cuarteles para el orden público y la libertad del sufragio.  Los grados, honores y pensiones se adquieren y pierden únicamente conforme a la ley.  (arts. 97–101; cf. 1945, arts. 15(8), 47:  « las de su policía y guardia de cárceles […] en los días de votaciones las tropas permanecerán acuarteladas y no podrán salir del cuartel sino para comisiones de orden público »).

El presidente es la suprema autoridad jerárquica y ejerce el mando por los departamentos y funcionarios legales.  El Consejo Supremo de la Defensa Nacional, integrado por el presidente, los ministros señalados y funcionarios militares, dirige y coordina la defensa.  El Senado autoriza los ascensos señalados.  Las atribuciones presidenciales comprenden los efectivos de las fuerzas, las operaciones militares, la representación en mandos combinados, la intervención interestadal y las medidas de emergencia señaladas sobre territorio, Estados, navegación y demás actuación militar legal.  (arts. 102–103, 156(2), 198(15–18); cf. 1945, arts. 45, 104(2), (23):  « será siempre Comandante en Jefe del Ejército Nacional […] Mandar el Ejército y la Armada Nacionales por sí mismo, o por medio de la persona o personas que designe para hacerlo »).

REG-REL—Religión

Se garantizan la libertad de conciencia y de cultos; éstos permanecen sujetos a inspección ejecutiva conforme a la ley.  No pueden exigirse declaraciones religiosas o políticas salvo por disposición legal; las creencias no excusan la desobediencia ni permiten negar derechos ajenos.  La República ejerce el Patronato Eclesiástico conforme a la ley y puede celebrar convenios que regulen las relaciones entre la Iglesia y el Estado.  (arts. 38–40, 85; cf. 1945, arts. 32(16), 52:  « La libertad religiosa […] quedando siempre a salvo el derecho de Patronato Eclesiástico […] conforme lo determina la ley de 28 de julio de 1824 »).

Se exige estado seglar a los gobernadores, al presidente, a los ministros, al fiscal y al procurador y, por remisión a las condiciones presidenciales, a los magistrados de la Corte Suprema, al contralor y al subcontralor.  (arts. 133, 191, 202, 218, 224, 228, 245; cf. 1945, arts. 98, 110, 117, 126:  « ser de estado seglar […] venezolanos por nacimiento, mayores de treinta años y abogados de la República »).

ECO-INF—Infraestructura

La Constitución atribuye al orden nacional la conservación y administración de recursos, el desarrollo agrario, la estadística, las normas de ingeniería, arquitectura y urbanismo, las obras públicas, las comunicaciones, la educación, la coordinación sanitaria, la sanidad animal y vegetal, la agricultura, la previsión social y el transporte.  Las Municipalidades conservan los servicios locales y el urbanismo; los Estados emprenden caminos y obras locales con aprobación técnica nacional cuando se requiera.  Se siguen permitiendo instalaciones nacionales en territorio estadal.  (arts. 66, 69–75, 112, 118, 121(6–7), 126, 138(12), (14–24); cf. 1945, art. 15(19):  « las obras Públicas que sean necesarias, sin que esto coarte el derecho de los Estados y Municipalidades a emprender por su cuenta las que tengan a bien »).

Las salinas permanecen inalienables, las concesiones mineras no pueden ser indefinidas y la disposición de baldíos favorece a los ocupantes.  Los caminos, ferrocarriles y cables de tracción nacionales son materias nacionales, con las excepciones urbanas señaladas.  Los servicios sanitarios pueden nacionalizarse por ley en interés colectivo; los institutos públicos autónomos pueden tener patrimonio separado.  La tributación de la navegación permanece limitada por la regla de las obras especiales.  (art. 138(12), (17), (19); arts. 235, 239; cf. 1945, art. 15(18):  « las concesiones mineras serán temporales […] Los baldíos existentes en las islas marítimas, fluviales y lacustres no podrán enajenarse »).

CON-FIN—Disposiciones finales

El mandato de la Asamblea Constituyente continúa hasta el receso.  Su comisión comprende al presidente, dos vicepresidentes y veintidós miembros más con igual número de suplentes, elegidos mediante votación secreta por listas políticas para la representación proporcional.  Ejerce las atribuciones aplicables de la comisión congresional hasta la instalación de las nuevas Cámaras; la Asamblea puede reunirse nuevamente con carácter legislativo conforme al artículo 158.  (disposición transitoria I; nuevo; 1945, arts. transitorios 137–139:  sin continuación correspondiente de la Asamblea Constituyente).

Las elecciones presidenciales, congresionales y de Asambleas Legislativas se celebran dentro de los noventa días siguientes al Estatuto Electoral, en la fecha fijada por la autoridad electoral.  El Congreso se instala treinta días después de la proclamación general; las Asambleas Legislativas, el 1 de enero de 1948 o el día más inmediato posible.  Los Concejos se instalan a más tardar el 1 de junio de 1948; el Distrito Federal y los Territorios siguen el calendario legislativo.  Los gobernadores rinden cuentas del período comprendido entre el 18 de octubre de 1945 y el 15 de diciembre de 1947.  Se fijan los números iniciales de miembros de las Asambleas y los Concejos; las Asambleas Legislativas y los Concejos Municipales ejercen hasta el 1 de junio de 1950.  (disposiciones transitorias II–VI; cf. 1945, art. 139:  « El mandato de los actuales Senadores y Diputados y el de sus Suplentes durará todo el lapso para el que fueron elegidos. »).

El plebiscito sobre la selección de gobernadores y la regla de nombramiento provisional se consignan bajo POW-SUB.  Los primeros mandatos nacionales concluyen el 19 de abril de 1952, aunque su ejercicio comience con el juramento.  La Asamblea Constituyente debe determinar por decreto especial la reorganización del Ejecutivo provisional.  (disposiciones transitorias VII–IX; cf. 1945, art. 54:  « de cinco años para el Presidente de la República, de cinco años para la Corte Federal y de Casación a contar del 19 de abril de 1936 »).

El procurador ejerce las funciones del fiscal hasta la legislación de desarrollo.  La Asamblea elige a un procurador interino y sus suplentes, una Corte Suprema interina y los correspondientes titulares de la Contraloría hasta que el Congreso efectúe los nombramientos definitivos.  Continúan las leyes judiciales existentes, con las ternas señaladas, los nombramientos ejecutivos dentro de cinco días y los procedimientos regionales para los jueces inferiores y demás funcionarios judiciales.  (disposiciones transitorias X–XIII; cf. 1945, arts. 137–138:  « continuarán funcionando y rigiéndose por sus respectivas Leyes Orgánicas […] Los tres nuevos Vocales de la Corte Federal y de Casación y sus Suplentes los nombrará el Congreso Nacional »).

La nueva distribución del Situado rige desde el 1 de julio del año en curso conforme al presupuesto de la Asamblea.  Los Estados continúan percibiendo el impuesto del papel sellado hasta la reforma de la ley de timbre fiscal.  (disposiciones transitorias XIV, XVI; cf. 1945, art. 17(3):  « El impuesto del papel sellado »).

Hasta que se dicte la legislación, los tribunales penales de primera instancia conocen del habeas corpus.  Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la denuncia, solicitan los motivos de la detención y luego ordenan el enjuiciamiento cuando proceda, la resolución administrativa pertinente o la libertad inmediata, sin perjuicio de las actuaciones contra los funcionarios por abuso.  (disposición transitoria XV; nuevo; 1945, art. 32(17):  sin procedimiento transitorio correspondiente de habeas corpus).

La opción de nacionalidad dentro de cinco años se consigna bajo CIV-CIT.  Durante el receso, los miembros de la Asamblea Constituyente conservan las protecciones de los artículos 143–146, pero no perciben dietas, salvo los miembros de la comisión.  El derecho existente continúa hasta su modificación o derogación por la autoridad pública o hasta que esta Constitución lo desplace expresa o tácitamente.  (disposiciones transitorias XVII–XIX; nuevo; 1945, arts. transitorios 137–139:  sin disposiciones correspondientes sobre estas materias).

La disposición final deroga la Constitución de 16 de julio de 1936, reformada el 23 de abril de 1945, ejecutada y publicada el 20 de julio de 1936 y el 5 de mayo de 1945, respectivamente.  Dichas fechas de reforma y publicación son las consignadas por este artículo.  (art. 253; cf. 1945, art. 140:  « Se deroga la Constitución dictada el 7 de julio de 1931 y mandada a cumplir por el Poder Ejecutivo y publicada en la Gaceta Oficial […] el 9 de julio del mismo año. »).

La fórmula de cierre constitucional está fechada el 5 de julio de 1947, año 138 de la Independencia y 89 de la Federación, en el Palacio Legislativo Federal de Caracas.  Firman Andrés Eloy Blanco como presidente, Jesús González C. y Augusto Malavé Villalba como vicepresidentes y Miguel Toro Alayón como secretario, con los representantes enumerados.  El Ejecútese lleva la misma fecha y las firmas de los miembros de la Junta Revolucionaria de Gobierno, titular del Poder Ejecutivo:  Rómulo Betancourt, Carlos Delgado Chalbaud, Raúl Leoni, Mario R. Vargas C., Gonzalo Barrios, Luis B. Prieto F. y Edmundo Fernández, seguidas de los refrendos ministeriales.  (fórmulas de cierre y Ejecútese, pp. 39–40; cf. 1945, fórmulas de cierre y Ejecútese, pp. 26–27:  « a los dieciséis días del mes de julio de mil novecientos treinta y seis […] a los veinte días del mes de julio de mil novecientos treinta y seis »).

Recensión

Centro para la Integración y el Derecho Público (CIDEP).

Constitución de 1947, recensión del CIDEP (PDF)


« El país que ha salvado »

September 24, 2026


Ricardo F. Morín
El payaso que te hará llorar
Busto de arcilla sin cocer en tres colores
Dimensiones totales:  18 × 18 pulgadas
1975

El cabello claro lleva un peinado con vocación de permanencia.  Bajo él, el rostro ha adquirido el color del achiote; las manos conservan otro color.

Se incorporó al negocio que había levantado su padre.  El padre puso la empresa; el hijo puso su nombre en letras más grandes.  Su nombre apareció en edificios, productos y promesas.  Algunas de las sociedades acabaron declarándose en quiebra.  El nombre siguió anunciando el éxito.  A los acreedores les correspondió apreciar la diferencia entre la reputación que sobrevivió y el dinero que no.

La televisión le proporcionó una sala de juntas donde se examinaba la competencia de todos salvo la del presentador.  Los concursantes competían por su aprobación y se marchaban cuando él lo ordenaba.  El programa podía dar cabida cada semana a un aspirante fracasado sin alterar la premisa de que el hombre sentado tras la mesa sabía lo que hacía.  El público podía cambiar de canal; nadie dentro del programa podía destituir al presentador mediante una votación.

En 2020, el electorado se negó a renovarle el contrato.  Respondió afirmando que le habían robado las elecciones.  Un hombre acostumbrado a dictar veredictos acababa de recibir uno desfavorable.  Según su versión, la decisión de los votantes quedaba supeditada a la aprobación del candidato cuya conducta se les había pedido juzgar.

La afirmación resulta útil convertida en requisito de lealtad.  Quien repite un error verosímil puede estar sencillamente equivocado.  El funcionario que repite una afirmación ya refutada ofrece al presidente una prueba más rigurosa de obediencia.  Corregir el error echaría a perder la prueba.  La Administración puede dotarse de empleados cuya principal cualificación consista en ayudar al jefe a mantenerse en el error.

El pregonero de la feria presenta las maravillas financieras de su gabinete.  Para Comercio eligió a un financiero multimillonario.  Una fortuna lo bastante grande puede hacer las veces de una cualificación antes de que se formule la primera pregunta.  Se invita al público a contemplar la riqueza privada y a dar por supuesto el buen criterio para los asuntos públicos.

El número de la eficiencia se confió a Elon Musk, que prometió recortar un billón de dólares de gasto público.  Después llegó el escaparate de ahorros.  Los auditores federales comprobaron más tarde que DOGE se había atribuido un ahorro de 1.700 millones de dólares por un contrato de servicios informáticos de la sanidad militar que ni se había rescindido ni se había reducido.  El contrato seguía vigente.  El ahorro, pese a ello, había hecho una brillante carrera pública.

Los funcionarios sujetos a obligaciones profesionales pueden resultar menos entretenidos.  Un auditor puede presentar una cifra que estropee un anuncio; un funcionario puede explicar que la preferencia del presidente ha tropezado con una ley.  El presidente ha ordenado reducir varios organismos federales al mínimo exigido por la ley y someter los organismos independientes a una supervisión presidencial más estrecha.  Una institución con menos personal dispone de menos personas que puedan explicar los límites de una instrucción.  Una silla vacía no ofrece otra interpretación de las obligaciones del Gobierno.  La vacante es una funcionaria complaciente.

El ejemplo perduraría después de la marcha del presidente.  Las vacantes, los precedentes y las pretensiones de un poder ejecutivo más amplio quedarían a disposición de un sucesor cuyas promesas sonaran enteramente distintas.  El siguiente presidente podría incluso prometer que salvaría al país del actual.  Restablecer las limitaciones al poder no sería más fácil porque el nuevo ocupante tuviera mejores modales.

Para gobernar la inteligencia artificial, el presidente ofrece su inteligencia.  La propuesta de marzo de 2026 de su Administración aún encontraba ocupación para el Congreso y los reguladores existentes, permitiendo a los estados seguir aplicando sus leyes generales mientras pretendía desplazar algunas de sus normas sobre IA.  El 14 de septiembre señaló como única salvaguardia necesaria a un «PRESIDENTE FUERTE E INTELIGENTE (¡Alto cociente intelectual!)» y aseguró al país que el puesto estaba cubierto.  También invocó las facultades penales y regulatorias existentes.  La garantía ofrecida a los ciudadanos descansaba, sin embargo, en el aval que el supervisor se concedía a sí mismo.

Su familia, entretanto, tiene negocios pendientes ante el Gobierno.  Su empresa de criptomonedas ha obtenido una aprobación preliminar y condicionada para constituir un banco fiduciario de ámbito federal.  El regulador afirma que la revisión se ajustó a las normas.  Varios senadores han solicitado que se examine la inversión extranjera y cuestionado la independencia de la revisión.  La familia puede seguir adelante con la oportunidad de negocio mientras los ciudadanos aguardan las respuestas.  La autorización sigue sujeta a condiciones; el interés comercial de la familia y la facultad presidencial de nombrar al responsable del organismo regulador ya están establecidos.

Como orientación de alcance más general, el presidente ha dejado su doctrina por escrito:  «Quien salva a su País no viola ninguna Ley».

Ha encontrado otra utilidad a la separación de poderes:  los poderes no tienen por qué llegar a la vez.  El Ejecutivo dicta una orden, los legisladores piden los documentos y los jueces estudian la impugnación.  Para cuando se haya examinado la potestad invocada, el país puede llevar tiempo viviendo bajo los efectos de la decisión.  Restablecer un límite puede presentarse entonces como una perturbación del orden establecido.  El Ejecutivo ha adquirido la ventaja de que la obediencia sea inmediata y rectificar resulte costoso.

En el litigio sobre los aranceles, el Tribunal Supremo determinó que la ley de emergencia invocada no otorgaba la potestad de imponerlos.  Los gravámenes ya pesaban sobre el comercio antes de que la potestad alegada completara su recorrido por los tribunales.  Las empresas tuvieron que responder a una decisión ejecutiva cuyo fundamento jurídico el Ejecutivo había exagerado.  El Gobierno podía cobrar primero mientras los gobernados costeaban el proceso que debía determinar si el Gobierno había tenido derecho a cobrar.

Los espectadores de otros países carecen de un voto con el que interrumpir la función.  Una amenaza pronunciada ante un público que aplaude puede convertirse en una emergencia para otro país.  Quienes nunca pidieron asistir al espectáculo deben organizar sus asuntos en función del próximo anuncio.

Ucrania descubrió con qué facilidad un aliado podía quedar reducido a suplicante.  En el Despacho Oval, el presidente estadounidense le dijo a Zelenski:  «Ahora mismo no tienes bazas».  Su Administración suspendió después la ayuda militar y el intercambio de información de inteligencia, y restableció ambos en marzo de 2025 tras aceptar Kiev una propuesta de alto el fuego de treinta días que aún requería el asentimiento de Rusia.  El proveedor había demostrado su importancia interrumpiendo el suministro.

En marzo de 2026 se hizo patente otra dependencia, cuando Zelenski afirmó que Washington había solicitado ayuda ucraniana contra los drones iraníes.  El presidente declaró después que Estados Unidos no necesitaba la ayuda de Ucrania.  En julio, Zelenski hablaba ya de un acuerdo inicial para la producción conjunta de drones, con una fábrica de tecnología ucraniana prevista en Estados Unidos y condiciones todavía en negociación.  Los ingenieros ucranianos habían aportado algo que una lección sobre la debilidad de su país no podía proporcionar.  La negociación obligaba al Gobierno estadounidense a reconocer el valor de unos conocimientos que su presidente había declarado innecesarios.

La geografía ofrece una forma más barata de expansión.  El golfo de México y el lago Ontario han recibido el nombre de América para uso federal.  Un mapa oficial puede exhibir el logro sin desplazar la orilla opuesta.  Groenlandia exige un papeleo más elaborado.  El presidente ha presentado la ampliación del acceso militar estadounidense como un control permanente de la seguridad; Dinamarca mantiene su soberanía y Groenlandia su derecho a la autodeterminación.  El acuerdo debe dar cabida a un anuncio de posesión sin transferencia de propiedad.

La distancia entre un anuncio y un hecho consumado se acorta cuando se envían tropas.  En Venezuela, la operación militar que capturó a Nicolás Maduro se defendió como una actuación contra presuntos narcotraficantes.  En Irán, la Cámara de Representantes ha votado repetidamente a favor de poner fin a operaciones militares emprendidas sin autorización del Congreso.  El presidente que actúa primero también determina las circunstancias en las que se juzgará una negativa.  El Congreso debe considerar qué supone detener un conflicto antes de que se le haya permitido decidir si iniciarlo.  El Legislativo hereda la responsabilidad por las consecuencias de una decisión que no tomó.  Un sucesor heredaría la comodidad de proceder sin pedir permiso.

Dentro del país, hay que mantener al público debidamente informado.  A periodistas de CNN, MS NOW y Politico se les ha denegado el acceso a la Casa Blanca por la cobertura de sus medios.  El hombre sometido a escrutinio se ha encargado de admitir a los testigos.  Un público preparado para la grandeza no debería tener que elegir entre el pregonero y un periodista que ha mirado detrás del telón.  La exclusión también alecciona a los periodistas que aún pueden entrar, antes de que hayan formulado una pregunta.

La designación del presidente ha recibido un respaldo adicional del presidente.  «Dios me salvó para que devolviera la grandeza a Estados Unidos», anunció durante su toma de posesión.  Para el partidario que considera la identidad cristiana un título para gobernar a los demás ciudadanos, la declaración ofrece un ascenso provechoso.  Una preferencia política puede convertirse en una obligación sagrada.  El vecino conserva su voto; su derecho a imponerse en las urnas pasa a ser negociable.

El Congreso conoce una forma más discreta de distinguir a los gobernantes de los gobernados.  La ley contempla la enfermedad como excepción a las deducciones salariales por ausencia en la Cámara de Representantes.  Un representante que se oponga a una protección semejante para los trabajadores puede recuperarse sin recibir la lección económica que prescribe a sus electores.  Tampoco el legislador sumiso tiene que renunciar a las ventajas del cargo cuando renuncia a su independencia.  El sueldo, el título y el personal sobreviven al descubrimiento de que el presidente ya ha pensado por él.  Los electores pueden seguir escribiendo.  El papel con membrete del Congreso sigue disponible para explicar una decisión del Ejecutivo.

Un partidario leal puede acabar necesitando una norma que obligue al presidente a escuchar.  Una orden puede afectar a sus bienes, a su sustento o a su familia.  El ciudadano descubrirá entonces la diferencia entre tener un derecho y estar a bien con el hombre que puede ignorarlo.  La petición debe acreditar la lealtad de quien la suscribe antes de abordar el inconveniente del perjuicio sufrido.  Hasta una queja debe contribuir a garantizar que el presidente no ha hecho nada malo.

Ahora se invita al electorado a considerar un dividendo.  El presidente ha prometido cinco mil dólares a los ciudadanos adultos si los republicanos conservan ambas cámaras del Congreso.  El Congreso aún tendría que autorizar el pago, de modo que primero hay que otorgar la mayoría, sin que la partida presupuestaria esté asegurada.  La oferta de Musk en 2024 de un millón de dólares diario a votantes inscritos de siete estados decisivos que firmaran la petición de su comité de acción política ya había convertido la generosidad privada en una atracción de campaña.  Lo que se había anunciado como fruto del azar pasó a ser, según sus abogados, una selección de portavoces remunerados del comité.

El voto puede seguir siendo secreto mientras la campaña enseña al ciudadano a esperar un benefactor.  A quien tiene derecho a examinar la conducta de un servidor público se le anima a considerar las ventajas de ser un beneficiario agradecido.  El presidente puede recibir las gracias de los ciudadanos por un pago que los propios ciudadanos tendrían que financiar.

Las elecciones de mitad de mandato permitirán examinar al reparto secundario.  Un candidato al Congreso que prometa obediencia al presidente debería explicar por qué esa obediencia requiere un cargo independiente.  La nación ya paga al personal de la Casa Blanca.  Un Legislativo capaz de negarse preservaría un límite tanto para el próximo presidente como para el actual.

El pueblo podrá recuperar su país, siempre que no vuelva a reclamar el derecho a gobernarlo.


 

« Desenmascarar la desilusión: Serie XII »

June 29, 2026

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« Alegoría geométrica », pintura digital 2023 de Ricardo Morín (artista visual estadounidense nacido en Venezuela, 1954)

Alcance y uso

Esta entrada forma parte de un corpus referencial recogido en el Apéndice, que reúne las veinticinco constituciones de Venezuela, dispuestas para la consulta y no para la lectura corrida.  Cada rúbrica lleva un código permanente con la forma FAMILIA-MIEMBRO (FND fundamentos, CIV condición cívica, POW poderes públicos, ECO hacienda y economía, RTS derechos, REG regímenes especiales, CON autorregulación constitucional); por ejemplo, POW-LEG o REG-SLA.  Los códigos señalan identidad y no orden: cada constitución enumera solo las rúbricas que le competen; una rúbrica ausente significa silencio y no descuido; y una rúbrica retirada se consigna con su período de vigencia y no se reasigna jamás (así, REG-SLA, 1811–1854).  El cotejo se realiza emparejando códigos a lo largo de las veinticinco constituciones, y no por su posición.  Las citas se anclan primero en el número de artículo, con la propia división de la carta como localizador secundario (Capítulo/Sección en 1811; Título/Sección en 1821), conforme a la recensión del CIDEP enlazada al cierre de cada entrada.  La definición completa del corpus, su metodología y la convención de cita figuran en la nota de Alcance y uso que encabeza las Constituciones del siglo XIX, https://observacionessobrelanaturalezade.com/2026/06/15/desenmascarar-la-desilusion-serie-xi/

Ricardo F. Morín
11 de junio de 2026
Bala Cynwyd, Pensilvania


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3).  La Constitución de 1830

La Constitución de 1830 (Constitución del Estado de Venezuela) fue sancionada por el Congreso Constituyente en Valencia el 22 de septiembre de 1830 y promulgada dos días después, el 24 de septiembre (Tít. I, Arts. 1–2).  Esta Constitución declaró a la nación venezolana para siempre e irrevocablemente libre e independiente de toda potencia o dominación extranjera, y estableció que no era ni sería nunca el patrimonio de ninguna familia ni persona (Tít. I, Art. 2; cf. 1821, Tít. I, Art. 1:  « La Nación Colombiana es para siempre e irrevocablemente libre e independiente de la Monarquía española y de cualquier otra potencia o dominación extranjera, y no es ni será nunca el patrimonio de ninguna familia ni persona. »).

DOC-PRE—Preámbulo

(traducido por el autor en registro contemporáneo)

« Formada por los Diputados de las Provincias de Cumaná, Barcelona, Margarita, Caracas, Carabobo, Coro, Mérida, Barinas, Apure y Guayana.

« EN EL NOMBRE DE DIOS TODO PODEROSO, AUTOR Y SUPREMO LEGISLADOR DEL UNIVERSO

« Nosotros los Representantes del pueblo de Venezuela reunidos en Congreso, a fin de formar la más perfecta unión, establecer la justicia, asegurar la tranquilidad doméstica, proveer a la defensa común, promover la felicidad general, y asegurar el don precioso de la libertad, para nosotros y para nuestros descendientes, ordenamos y establecemos la presente CONSTITUCIÓN. »

FND-TER—Territorio

La Constitución de 1830 dividió el territorio nacional en provincias, cantones y parroquias, cuyos límites había de fijar la ley (Tít. I, Art. 5; cf. 1821, Tít. II, Arts. 6, 8:  « El territorio de la República será dividido en Departamentos, los Departamentos en provincias; las provincias en cantones, y los cantones en parroquias. »).  

El territorio nacional quedó definido como todo el que antes de la transformación política de 1810 se había denominado Capitanía General de Venezuela (Art. 5; cf. 1821, Art. 6:  « El territorio de Colombia es el mismo que comprendían el antiguo virreinato de la Nueva Granada y capitanía general de Venezuela. »).  

La Constitución no enumeró las provincias.  La Ley de División Territorial sancionada en 1830 fijó trece provincias y dispuso su división en cantones y parroquias (Ley de División Territorial, 1830:  « El territorio de Venezuela comprende todo lo que antes de la transformación política de 1810 se denominaba Capitanía General de Venezuela.  Para su mejor administración se dividirá en provincias, cantones y parroquias, cuyos límites fijará la ley. »).

POW-LEG—Congreso

La Constitución de 1830 conservó un Congreso bicameral compuesto de un Senado y una Cámara de Representantes (Títs. X–XV; cont. 1821, Tít. IV, Arts. 40–41:  « El Congreso de Colombia estará dividido en dos Cámaras, que serán la del Senado y la de Representantes.  En cualquiera de las dos podrán tener origen las leyes, y cada una respectivamente podrá proponer a la otra reparos, alteraciones o adiciones para que las examine o rehusar a la ley propuesta su consentimiento por una negativa absoluta. »).

 Los senadores, dos por provincia, eran elegidos por los colegios electorales por períodos escalonados de cuatro años (Tít. XII, Arts. 60–61; cf. 1821, Tít. IV, § 7, Art. 93:  « El tiempo de las funciones de los senadores será de ocho años.  Pero los senadores de cada departamento serán divididos en dos clases: los de la primera quedarán vacantes al fin del cuarto año, y los de la segunda, al fin del octavo; de modo que, cada cuatro años, se haga la elección de la mitad de ellos. »).  

Los representantes servían por cuatro años, renovándose por mitad (Tít. XI, Art. 56; Tít. XIII, Art. 79; cont. y nuevo; cf. 1821, Tít. IV, § 6, Art. 91:  « El tiempo de las funciones de representantes será de cuatro años »; Tít. IV, § 7, Art. 93:  « cada cuatro años, se haga la elección de la mitad de ellos »).  

Entre las atribuciones del Congreso figuraban dictar las leyes, establecer impuestos y contribuciones, decretar los gastos públicos, declarar la guerra y aprobar los tratados (Tít. XIV, Art. 87; cont. 1821, Tít. IV, § 2, Art. 55).  La iniciativa legislativa podía nacer en cualquiera de las dos cámaras, salvo las leyes de impuestos, reservadas a la Cámara de Representantes (Tít. XV, Art. 88; cont. 1821, Tít. IV, Art. 42:  « Se exceptúan las leyes sobre contribuciones o impuestos, las cuales no pueden tener origen sino en la Cámara de Representantes; pero quedando al Senado el derecho ordinario de adicionarlas, alterarlas o rehusarlas. »).  

Todo proyecto recibía tres discusiones en la cámara de origen, en sesiones distintas, antes de pasar a la otra, donde se observaba el mismo trámite (Tít. XV, Arts. 89, 92; cont. 1821, Tít. IV, § 1, Arts. 41, 43:  « Los proyectos o proposiciones de ley que fuesen aceptados conforme a las reglas de debate, sufrirán tres discusiones en sesiones distintas, con el intervalo de un día, cuando menos, entre una y otras, sin cuyo requisito no se podrán determinar. »).

ECO-HAC—Hacienda

La Constitución de 1830 facultó al Congreso para imponer contribuciones, velar sobre su inversión y decretar los gastos públicos sobre los presupuestos presentados por el Ejecutivo (Tít. XIV, Art. 87, §§ 2, 12; cont. 1821, Tít. IV, § 2, Art. 55).  Al Presidente de la República se le asignó un Secretario de Hacienda para la administración de las finanzas (Tít. XVIII, Art. 134; cont. 1821, Tít. V, § 4, Art. 136).

POW-EXE—Ejecutivo

La Constitución de 1830 depositó el Poder Ejecutivo en un Presidente de la República (Tít. XVI, Art. 103; cont. 1821, Tít. V, § Primera, Art. 105:  « El Poder Ejecutivo de la República estará depositado en una persona con la denominación de Presidente de la República de Colombia. »).  

Se previó la sucesión presidencial.  En caso de vacante simultánea de la presidencia y la vicepresidencia, el Vicepresidente del Consejo de Gobierno ejercía la autoridad ejecutiva hasta nuevas elecciones (Arts. 113–114; cont.; cf. 1821, Art. 110:  « El Presidente del Senado suple las faltas del Presidente y Vicepresidente de la República; pero cuando éstas sean absolutas, se procederá inmediatamente a llenar las vacantes, conforme a esta Constitución. »).  

El Presidente servía por un período de cuatro años y era elegido conforme a los procedimientos electorales establecidos en los Títulos VI–IX (Títs. VI–IX; cont. 1821, Tít. III, §§ Primera y Segunda, Arts. 12–39).  Se requería que el Presidente fuese venezolano de nacimiento y reuniese las cualidades exigidas para Senador (Art. 104; cf. 1821, Art. 106:  « Para ser Presidente se necesita ser ciudadano de Colombia por nacimiento y todas las otras cualidades que para ser senador. »).  

Si ningún candidato obtenía la mayoría requerida de dos tercios, el Congreso completaba la elección (Arts. 105–107; cont. 1821, Arts. 72–74).  Entre las atribuciones del Presidente figuraban la ejecución de las leyes, decretos y actos del Congreso; el mando de la fuerza armada; la conservación del orden interno y de la seguridad exterior; la convocatoria del Congreso en sesiones ordinarias y extraordinarias; la declaración de guerra previo decreto del Congreso; la dirección de las negociaciones diplomáticas; la celebración de tratados sujeta a la aprobación del Congreso; el nombramiento y la remoción de los Secretarios del Despacho; el nombramiento de ministros diplomáticos, agentes comerciales y funcionarios públicos; la concesión de retiros y licencias militares; la expedición de patentes de navegación; la expedición de patentes de corso y represalias cuando lo autorizara el Congreso; y el nombramiento de gobernadores de provincia de las ternas presentadas por las diputaciones provinciales (Art. 117, §§ 1–21; cf. 1821, Tít. V, Arts. 113–117:  « Promulga, manda ejecutar y cumplir las leyes, decretos, estatutos y actos del Congreso »; « Tiene en toda la República el mando supremo de las fuerzas de mar y tierra »; « Convoca al Congreso en los períodos señalados por esta Constitución y en los demás casos extraordinarios en que lo exija la gravedad de alguna ocurrencia. »).  

Los tratados de paz, tregua, amistad, alianza ofensiva y defensiva, neutralidad y comercio podían ser concluidos por el Presidente, pero requerían la aprobación del Congreso antes de su ratificación (Art. 117, § 7; cont. 1821, Tít. V, Art. 120:  « Celebra los tratados de paz, alianza, amistad, treguas, comercio, neutralidad y cualesquiera otros… pero sin el consentimiento y aprobación del Congreso, no presta ni deniega su ratificación a los que estén ya concluidos por los plenipotenciarios. »).  

El Presidente no podía salir del territorio mientras ejerciese el Poder Ejecutivo, ni durante el año siguiente a la expiración de esa autoridad; no podía mandar en persona la fuerza armada sin previo acuerdo y consentimiento del Congreso; no podía expulsar ni encarcelar a un venezolano salvo en el caso establecido por el Artículo 118; no podía detener el curso de los procedimientos judiciales; y no podía disolver las Cámaras ni suspender sus sesiones (Art. 121; cf. 1821, Art. 126:  « No puede privar a ningún individuo de su libertad ni imponerle pena alguna.  

En caso de que, el bien y seguridad de la República, exijan el arresto de alguna persona, podrá el Presidente expedir órdenes al efecto; pero con la condición de que dentro de cuarenta y ocho horas deberá hacerla entregar a disposición del tribunal o juez competente. »; Art. 132:  « El Presidente no puede salir del territorio de la República durante su presidencia ni un año después sin permiso del Congreso. »).  

El Presidente nombraba a los Secretarios del Despacho.  Se establecieron las secretarías de Interior y Justicia, de Hacienda, y de Guerra y Marina, y el Ejecutivo agregaba a una de ellas el despacho de Relaciones Exteriores (Arts. 117, § 8, y 134; cf. 1821, Tít. V, § 4, Art. 136:  « Se establecen para el despacho de los negocios cinco Secretarios de Estado, a saber: de Relaciones Exteriores; del Interior; de Hacienda; de Marina, y de Guerra. »).  

Los Secretarios debían reunir las cualidades de Representante (Art. 135; cont.; cf. 1821, Tít. V, § 4, Art. 136).  Los decretos, órdenes y providencias del Ejecutivo requerían la firma del Secretario correspondiente (Art. 136; cont.; cf. 1821, Tít. V, § 4, Art. 138:  « Cada Secretario es el órgano preciso e indispensable por donde el Poder Ejecutivo libra sus órdenes a las autoridades que le están subordinadas.  Toda orden que no esté autorizada por el respectivo Secretario no debe ser ejecutada por ningún tribunal ni persona pública o privada. »).  Los Secretarios podían ser llamados por cualquiera de las cámaras del Congreso y debían informar sobre los asuntos de sus despachos (Art. 137; cont.; cf. 1821, Tít. V, § 4, Art. 139:  « Es de la obligación de los Secretarios del Despacho dar a cada Cámara, con anuencia del Poder Ejecutivo, cuantos informes se les pida por escrito o de palabra en sus respectivos ramos, reservando solamente lo que no convenga publicar. »).

POW-GOV—Consejo de Gobierno:

La Constitución de 1830 estableció un Consejo de Gobierno compuesto del Vicepresidente de la República, que lo presidía, de cinco consejeros y de los Secretarios del Despacho (Tít. XVII, Art. 123; cf. 1821, Tít. V, § 4, Arts. 133–134:  « El Presidente de la República tendrá un Consejo de Gobierno que será compuesto del Vicepresidente de la República, de un ministro de la Alta Corte de Justicia nombrado por él mismo y de los Secretarios del Despacho. »).  

Uno de los cinco consejeros había de ser un ministro de la Corte Suprema de Justicia, designado por ese tribunal cada dos años, mientras que los otros cuatro eran elegidos por las dos cámaras del Congreso reunidas, por períodos de cuatro años con renovación parcial bienal (Art. 124; cf. 1821, Arts. 133–134:  « un ministro de la Alta Corte de Justicia nombrado por él mismo »).  

El Consejo elegía un Vicepresidente de entre los miembros no designados por el Ejecutivo (Art. 125; nuevo; cf. 1821:  sin disposición correspondiente).  Los consejeros debían reunir las cualidades establecidas para Senadores, y todo consejero designado para reemplazar al Vicepresidente de la República había de ser venezolano de nacimiento (Art. 126; nuevo; cf. 1821, Art. 133).  

El Consejo daba su voto consultivo en los casos señalados por la Constitución y en los demás negocios graves que le sometiera el Ejecutivo, prestaba o negaba su consentimiento en las materias expresamente asignadas por la Constitución y, durante el receso del Congreso, ejercía las funciones asignadas por el Artículo 118 (Art. 127, §§ 1–3; cf. 1821, Art. 134:  « El Presidente oirá el dictamen del Consejo en todos los casos de los artículos 46, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 127 y 128 y en los demás de gravedad que ocurran o que les parezcan, pero no será obligado a seguirle en sus deliberaciones. »).  

El Consejo no podía reunirse sin la concurrencia de la mayoría absoluta de sus miembros (Art. 128; nuevo; cf. 1821:  sin disposición de cuórum).  Se previó el reemplazo de los Secretarios ausentes, del consejero judicial y de los consejeros elegidos por el Congreso (Art. 129; nuevo; cf. 1821:  sin disposición correspondiente).  El Consejo celebraba tres sesiones ordinarias cada semana y las extraordinarias que convocara el Presidente de la República (Art. 130; nuevo; cf. 1821:  sin calendario de sesiones prescrito).  Las decisiones se adoptaban por mayoría absoluta de votos; sin embargo, las materias regidas por el Artículo 118 exigían el concurso de al menos dos tercios de todos los miembros del Consejo (Art. 131; nuevo; cf. 1821:  sin reglas de votación prescritas).  

El Consejo llevaba un registro de sus dictámenes, transmitía cada año al Congreso una copia auténtica y exceptuaba los negocios reservados (Art. 132; cont.; cf. 1821, Art. 135:  « El Consejo llevará un registro de todos los dictámenes y pasará cada año al Senado un testimonio exacto de él, exceptuando solamente los negocios reservados mientras haya necesidad de la reserva. »).  Los miembros del Consejo eran responsables de sus dictámenes y del desempeño de sus oficios (Art. 133; nuevo; cf. 1821:  sin disposición correspondiente).

POW-JUD—Poder Judicial:

La Constitución de 1830 depositó el poder judicial en una Corte Suprema de Justicia, cortes superiores, juzgados de primera instancia y los demás tribunales que estableciera la ley (Tít. XIX, Art. 141; cont. 1821, Tít. VI, Arts. 140, 147, 149).  La Corte Suprema de Justicia se componía de un Presidente, tres vocales y un fiscal (Tít. XX, Art. 144; cf. 1821, Tít. VI, Art. 140:  « La Alta Corte de Justicia de Colombia se compondrá de cinco miembros, por lo menos. »).  

Los miembros de la Corte debían ser venezolanos, mayores de cuarenta años, y haber sido magistrados de una corte superior o, hasta que tales cortes se establecieran, haber ejercido la abogacía con crédito durante diez años (Art. 145; cf. 1821, Art. 141:  « Para ser Ministro de la Alta Corte de Justicia se necesita: Gozar de los derechos de elector; Ser abogado no suspenso; Tener la edad de treinta años cumplidos. »).  

El Presidente de la República presentaba una terna de candidatos a la Cámara de Representantes; la Cámara la reducía a dos; y el Senado nombraba a los miembros de la Corte (Art. 146; cont. 1821, Art. 142:  « Los ministros de la Alta Corte de Justicia serán propuestos por el Presidente de la República a la Cámara de Representantes en número triple.  La Cámara reduce aquel número al doble y lo presenta al Senado para que éste nombre los que deben componerla. »).  

La Corte Suprema de Justicia, junto con el Senado, conocía de los casos señalados en el Artículo 122 contra el Presidente y el Vicepresidente de la República, y de los señalados en el Artículo 147 relativos a los miembros del Consejo de Gobierno, los Secretarios del Despacho y sus propios miembros (Art. 147, §§ 1–2; cont.; cf. 1821, Arts. 97, 102–104:  « Es una atribución especial del Senado ejercer el poder natural de una Corte de Justicia para oír, juzgar y sentenciar a los empleados de la República acusados por la Cámara de Representantes… »).  

La Corte ejercía las potestades y jurisdicciones asignadas por el Artículo 147, §§ 3–10, incluidas las controversias relativas a funcionarios públicos, agentes diplomáticos, jurisdicciones eclesiásticas, asuntos de almirantazgo y las cuestiones surgidas de los tratados, junto con las facultades asignadas por los Artículos 148–149 (Arts. 147–149; cont.; cf. 1821, Tít. VI, Art. 143:  « Corresponde a la Alta Corte de Justicia el conocimiento:

De los negocios contenciosos de embajadores, ministros, cónsules o agentes diplomáticos; De las controversias que resultaren en los tratados y negociaciones que haga el Poder Ejecutivo… »).  La Cámara de Representantes acusaba a los miembros de la Corte y el Senado los juzgaba (Art. 149; cont. 1821).  Se establecían al menos tres cortes superiores, cuyas atribuciones determinaba la ley (Tít. XXI, Art. 150; cf. 1821, Tít. VI, Art. 147:  « Para la más pronta y fácil administración de justicia el Congreso establecerá en toda la República las Cortes superiores que juzgue necesarias… asignándoles el territorio a que se extienda su respectiva jurisdicción y los lugares de su residencia. »).  

Los miembros de la Corte Suprema de Justicia y de las cortes superiores servían por cuatro años, renovándose por mitad cada dos años (Tít. XXII, Art. 154; nuevo; cf. 1821, Arts. 145, 148:  « Los ministros de la Alta Corte de Justicia durarán en sus empleos todo el tiempo de su buena conducta »; « Los ministros de las Cortes superiores serán nombrados por el Poder Ejecutivo a propuesta, en terna, de la Alta Corte de Justicia.  Su duración será la expresada en el artículo 145. »).  Todos los tribunales y juzgados estaban obligados a motivar y fundar sus sentencias (Art. 155; cont.; cf. 1821, Art. 171:  « Todo Juez y Tribunal debe pronunciar sus sentencias con expresión de la ley o el fundamento aplicable al caso. »).

POW-SUB—Poder municipal y gobernadores de provincia:

La Constitución de 1830 estableció en cada provincia una diputación provincial compuesta de un diputado por cada cantón, con la salvedad de que las provincias con menos de siete cantones elegían de todos modos siete diputados distribuidos según la población (Tít. XXIII, Art. 156; nuevo; cf. 1821, Tít. VII, Sec. I, Art. 151:  « El mando político de cada departamento residirá en un magistrado con la denominación de Intendente, sujeto al Presidente de la República… »; Sec. II, Art. 153:  « En cada provincia habrá un gobernador que tendrá el régimen inmediato de ella con subordinación al Intendente del departamento y las facultades que detalle la ley. »).  

Los diputados debían reunir las cualidades de Representante, servían por cuatro años y se renovaban por mitad cada dos años (Arts. 157–158; cf. 1830, Art. 157:  « Para ser Diputado se requiere tener las cualidades de Representante, y sus funciones durarán cuatro años, renovándose por mitad cada dos años. »).  

Las diputaciones se reunían anualmente en la capital provincial a partir del 1.º de noviembre por treinta días, prorrogables por diez (Arts. 159–160; nuevo; cf. 1821:  sin disposición correspondiente).  El Artículo 161 enumeró veintiuna funciones de las diputaciones provinciales, entre ellas informar de las infracciones a la Constitución y a las leyes; presentar candidatos para los oficios judiciales, provinciales y cantonales; repartir las contribuciones y los cupos de reclutamiento; supervisar el cumplimiento de la ley de manumisión; establecer impuestos provinciales y municipales; contratar empréstitos; fundar bancos; aprobar presupuestos municipales; dictar reglamentos de policía; y promover las obras públicas, la educación, la navegación, la agricultura, el comercio, la inmigración y los nuevos asentamientos (Art. 161).  

Los miembros de las diputaciones provinciales gozaban de inmunidad en sus personas y bienes durante las sesiones y en los trayectos de ida y vuelta, salvo en los casos señalados por la ley, y no eran responsables ante autoridad alguna por las opiniones expresadas en sesión (Art. 165; cf. 1821, Tít. IV, § 3, Art. 66:  « Los miembros del Congreso gozan de inmunidad en sus personas y en sus bienes durante las sesiones y mientras van a ellas o vuelvan a sus casas, excepto en los casos de traición o de otro grave delito contra el orden social, y no son responsables por los discursos y opiniones que hayan manifestado en las Cámaras ante ninguna autoridad ni en ningún tiempo. »).  

Cada diputación provincial elegía su propio presidente, nombraba su secretario y conducía sus actuaciones conforme a las reglas de los Artículos 166–169 (Arts. 166–169; nuevo).  Cada provincia tenía un gobernador nombrado por el Ejecutivo de una terna presentada por la respectiva diputación provincial (Tít. XXIV, Arts. 170–175; cf. 1821, Tít. VII, Sec. 2, Art. 153:  « En cada provincia habrá un gobernador que tendrá el régimen inmediato de ella con subordinación al Intendente del departamento y las facultades que detalle la ley. »).  Cada cantón tenía el funcionario designado por la ley, mientras que cada parroquia tenía jueces de paz y concejos municipales que ejercían las funciones asignadas por la ley (Arts. 176–179; cont. y nuevo; cf. 1821, Tít. VII, Sec. 2, Art. 155:  « Subsisten los cabildos o las municipalidades de los cantones.  El Congreso arreglará su número, sus límites y atribuciones y cuanto conduzca a su mejor administración. »).

CON-AMD—Reforma de la Constitución

La Constitución de 1830 autorizó a cualquiera de las cámaras del Congreso a proponer reformas con el apoyo de la quinta parte de los miembros presentes (Tít. XXVIII, Art. 225; nuevo).  Tales propuestas se debatían según el procedimiento establecido para los actos legislativos y, de aprobarse por dos tercios de los miembros presentes en cada cámara, se imprimían y quedaban en suspenso hasta la reunión del Congreso siguiente, una vez renovadas por completo ambas cámaras (Art. 225; nuevo; cf. 1821, Art. 190:  « En cualquier tiempo en que las dos terceras partes de cada una de las Cámaras juzguen conveniente la reforma de algunos artículos de esta Constitución, podrá el Congreso proponerla para que de nuevo se tome en consideración, cuando se haya renovado, por lo menos, la mitad de los miembros de las Cámaras que propusieron la reforma… »).  

De aprobarse de nuevo por dos tercios de los miembros presentes en cada cámara, la reforma pasaba a formar parte de la Constitución y se transmitía al Ejecutivo para su publicación y observancia (Art. 226; cf. 1821, Art. 190:  « …y si entonces fuere también ratificada por los dos tercios de cada una… será válida y hará parte de la Constitución. »).  La Constitución autorizaba al Congreso a adoptar disposiciones sobre los pactos federativos entre los Estados que antes constituyeron Colombia, cuando concurrieran las condiciones del Artículo 227 y conforme a los principios allí expresados (Art. 227; nuevo; cf. 1821:  sin disposición correspondiente).  

La Constitución declaró que la forma de gobierno permanecería republicana, popular, representativa, responsable y alternativa, y excluyó esa forma de toda reforma (Art. 228; nuevo; cf. 1821, Art. 190:  « …pero nunca podrán alterarse las bases contenidas en la sección primera del título I, y en la segunda del título II. »).

CIV-SUF—Sufragio

La Constitución de 1830 dispuso que el pueblo no ejercería por sí mismo otro atributo de la soberanía que las elecciones primarias, ni depositaría su ejercicio en una sola persona (Tít. II, Art. 7; cf. 1821, Tít. II, Art. 10:  « El pueblo no ejercerá por sí mismo otras atribuciones de la soberanía que la de las elecciones primarias; ni depositará el ejercicio de ella en unas solas manos. »).  

Conservó el sistema electoral indirecto compuesto de asambleas parroquiales y colegios electorales, convocados cada dos años, con electores que servían por dos años (Títs. VI–IX; cont. y nuevo; cf. 1821, Tít. III, Art. 12:  « En cada parroquia, cualquiera que sea su población, habrá una asamblea parroquial el último domingo de Julio de cada cuatro años »; Art. 33:  « El cargo de elector durará por cuatro años »).  

Las asambleas parroquiales elegían a los electores de cada cantón, mientras que los colegios electorales elegían al Presidente, al Vicepresidente, a los Senadores, a los Representantes y a los miembros de las diputaciones provinciales (Arts. 23, 36; cont. y nuevo; cf. 1821, Art. 18:  « El objeto de las asambleas parroquiales es votar por el elector o electores que corresponden al cantón »; Art. 34:  « Son funciones de las asambleas electorales sufragar »).  

Los sufragantes parroquiales debían poseer y ejercer los derechos de ciudadanía, mientras que para los electores se establecían cualidades distintas (Arts. 21, 27; cont. y nuevo; cf. 1821, Art. 15:  « Para ser sufragante parroquial se necesita… »; Art. 21:  « Para ser elector se requiere… »).  

Las elecciones se celebraban en asambleas que permanecían reunidas por ocho días continuos, tras los cuales se disolvían, y todo acto realizado fuera del término prescrito se declaraba nulo y atentatorio contra la seguridad pública (Tít. IX, Art. 45; cont. y nuevo; cf. 1821, Art. 25:  « Las elecciones estarán abiertas por el término de ocho días, concluido el cual la asamblea queda disuelta »; Art. 32:  « Los artículos 24 y 25 son comunes a las asambleas electorales »).  

Cuando una persona resultaba elegida al Congreso por dos provincias, el escaño correspondía a la provincia de residencia y el suplente cubría la otra vacante (Art. 42; cf. 1821, Tít. IV, § 5, Art. 81:  « Si una misma persona fuere nombrada, a la vez, por el Departamento de su naturaleza y por el de su vecindad… subsistirá el nombramiento por razón de la naturaleza. »).  

El presidente de cada colegio electoral debía avisar sin demora a los elegidos para que los Senadores y Representantes asistieran a la próxima reunión del Congreso y los miembros de las diputaciones provinciales comparecieran en la capital provincial el día asignado (Art. 43; cont. y nuevo; cf. 1821, Art. 38:  « …avisará sin demora alguna a los nombrados para que asistan a la próxima reunión. »).  

Quien vendiera, comprara o solicitara votos perdía el derecho de elegir y de ser elegido por cuatro años, además de las penas establecidas por la ley (Art. 46; cont. y nuevo; cf. 1821, Art. 16, núm. 3:  « Por haber vendido su sufragio o comprado el de otro para sí o para un tercero »).  

Las dudas y controversias sobre cualidades, formas electorales, nulidades y denuncias de cohecho se decidían por las asambleas parroquiales o los colegios electorales, y cuando se advertía oscuridad o falta de explicación en algún punto, podía elevarse consulta al Congreso para que su aclaración sirviera de regla en lo sucesivo (Art. 47; cont. y nuevo; cf. 1821, Art. 23:  « Las dudas o controversias que hubiere sobre cualidades o formas en los sufragios parroquiales… »).

CIV-CIT—Ciudadanía

La Constitución de 1830 definió a los venezolanos como de nacimiento o por naturalización (Tít. III, Art. 9; cont. 1821, Tít. I, § 2, Art. 4).  Eran venezolanos de nacimiento los hombres libres nacidos en el territorio de Venezuela; los nacidos de padre o madre venezolanos en cualquier parte del territorio que había formado la República de Colombia; y los nacidos en el extranjero de padres venezolanos ausentes en servicio, por causa de la República o con licencia de autoridad competente (Art. 10; cont. y nuevo; cf. 1821, Tít. I, § 2, Art. 4:  « Todos los hombres libres nacidos en el territorio de Colombia y los hijos de estos. »).  

Eran venezolanos por naturalización las personas no nacidas en Venezuela que el 19 de abril de 1810 estaban allí domiciliadas y permanecieron fieles a la causa de la independencia; los hijos de padres venezolanos nacidos en el extranjero cuyos padres no hubieran estado ausentes en servicio o por causa de la República, siempre que vinieran a Venezuela y manifestaran, según la ley, su voluntad de domiciliarse; los extranjeros que hubieran obtenido carta de naturaleza conforme a la ley; los nacidos en las otras dos secciones de la antigua República de Colombia domiciliados o que se domiciliaran en Venezuela; y los extranjeros que hubieran prestado servicios importantes a la causa de la independencia, mediante la correspondiente declaratoria (Art. 11, §§ 1–5; cont. y nuevo; cf. 1821, Art. 4:  « Los que estaban radicados en Colombia al tiempo de su transformación política, con tal que permanezcan fieles a la causa de la independencia »; « Los no nacidos en Colombia que obtengan carta de naturaleza »; y Art. 184:  « Los no nacidos en Colombia, que durante la guerra de independencia han hecho o hicieron una o más campañas con honor u otros servicios muy importantes en favor de la República… »).

RTS-GAR—Derechos (y deberes cívicos)

La Constitución de 1830 reguló los derechos políticos mediante disposiciones sobre la ciudadanía, el sufragio, la elegibilidad para los cargos y la pérdida o suspensión de los derechos de ciudadano (Tít. IV–V; cont. 1821, Tít. III).  Enumeró los deberes cívicos, entre ellos vivir sometido a la Constitución y a las leyes, respetar y obedecer a las autoridades constituidas por ellas, contribuir a los gastos públicos y estar pronto en todo tiempo a servir y defender a la patria, aun con el sacrificio de los bienes y la vida si fuera necesario (Tít. IV, Art. 12; cont. y nuevo; cf. 1821, Tít. I, § 2, Art. 5:  « Son deberes de cada colombiano vivir sometido a la Constitución y a las leyes, respetar y obedecer a las autoridades que son sus órganos, contribuir a los gastos públicos y estar pronto en todo tiempo a servir y defender a la Patria, haciéndole el sacrificio de sus bienes y de su vida, si fuere necesario. »).  

Todos los venezolanos que gozaran de los derechos de ciudadanía y reunieran las cualidades exigidas por la Constitución y las leyes podían elegir y ser elegidos para los cargos públicos (Tít. V, Art. 13; cont.; cf. 1821, Tít. III, Art. 15:  « Para ser sufragante parroquial se necesita: Ser colombiano; Ser casado o mayor de veintiún años; Saber leer y escribir… »; Art. 21:  « Para ser elector se requiere: Ser sufragante parroquial no suspenso. »).  

Para gozar de los derechos de ciudadanía se requería ser venezolano, casado o mayor de veintiún años, saber leer y escribir cuando lo exigiera la ley, y poseer la propiedad, ocupación, profesión, industria o sueldo calificantes que prescribía el Artículo 14 (Art. 14; cont.; cf. 1821, Tít. III, Art. 15).  

Los derechos de ciudadano se perdían por naturalizarse en país extranjero, por admitir empleo de otro gobierno sin permiso del Congreso teniendo en la República un cargo de honor o de confianza, por comprometerse a servir contra Venezuela, o por condenación a pena corporal o infamatoria mientras no se obtuviera rehabilitación (Art. 15; cont. y nuevo; cf. 1821, Art. 16:  « Por admitir empleo de otro gobierno sin licencia del Congreso, teniéndolo con renta o ejerciendo otra confianza en el de Colombia »; « Por sentencia en que se impongan penas aflictivas o infamantes si no se obtiene rehabilitación »; « Por haber vendido su sufragio o comprado el de otro… »).  

Los derechos de ciudadano se suspendían por enajenación mental, condición de sirviente doméstico, quiebra, deuda de plazo cumplido a fondos públicos, vagancia declarada, embriaguez habitual, causa criminal pendiente o interdicción judicial (Art. 16; cont. y nuevo; cf. 1821, Art. 17:  « En los locos, furiosos o dementes »; « En los deudores fallidos y en los vagos declarados como tales »; « En los que tengan causa criminal abierta… »; « En los deudores a caudales públicos con plazo cumplido. »).

REG-MIL—La fuerza armada

La Constitución de 1830 dispuso que la fuerza armada se componía del ejército permanente, la milicia nacional y la marina (Tít. XXV, Art. 180; nuevo; cf. 1821, Tít. IV, Art. 55, §§ 13–15:  « Decretar la conscripción y organización de los ejércitos; determinar su fuerza en paz y guerra, y señalar el tiempo que deben existir; Decretar la construcción y equipamiento de la marina…; Formar las ordenanzas que deban regir las fuerzas de mar y tierra. »).  

El ejército permanente quedaba destinado a guardar los puntos importantes de la República y permanecía bajo mando militar, mientras que la milicia nacional se ponía a las órdenes de los gobernadores de provincia y su servicio se regulaba por la ley (Arts. 181, 184; nuevo; cf. 1821:  sin clasificación constitucional equivalente de la fuerza armada).  

Los individuos de la fuerza armada en servicio activo permanecían sujetos a las leyes militares, y los oficiales del ejército y de la marina solo podían ser removidos por sentencia judicial (Arts. 182–183; cont. y nuevo; cf. 1821, Art. 174:  « Ningún colombiano, excepto los que estuvieren empleados en la Marina o en las Milicias, que se hallaren en actual servicio, deberá sujetarse a las leyes militares ni sufrir castigo provenidos de ellas. »).

REG-REL—Religión

La Constitución de 1830 invocó a Dios Todo Poderoso, Autor y Supremo Legislador del Universo en su preámbulo (Preámbulo; cont. y nuevo; cf. 1821, Preámbulo:  « EN EL NOMBRE DE DIOS, AUTOR Y LEGISLADOR DEL UNIVERSO. »).

REG-SLA—Esclavitud

La Constitución de 1830 encomendó a las diputaciones provinciales la vigilancia del cumplimiento de la ley de manumisión (Tít. XXIII, Art. 161).

ECO-INF—Infraestructura

La Constitución de 1830 facultó al Congreso para promover la educación pública, el progreso de las ciencias y las artes y los establecimientos de utilidad general, y para conceder por tiempo limitado privilegios exclusivos para su estímulo y fomento (Tít. XIV, Art. 87, núm. 17; cont. 1821, Tít. IV, Art. 55, núm. 19:  « Promover por leyes la educación pública y el progreso de las ciencias, artes y establecimientos útiles, y conceder por tiempo limitado derechos exclusivos para su estímulo y fomento. »).  

El Congreso quedó también autorizado a celebrar contratos con ciudadanos o compañías, nacionales o extranjeras, para la navegación de ríos, la apertura de caminos y otras obras de utilidad general (Art. 87, núm. 16; nuevo; cf. 1821:  sin disposición correspondiente).  

La Constitución dispuso además que ningún ramo de trabajo, cultivo, industria o comercio se prohibiría a los venezolanos, salvo los entonces necesarios para la subsistencia de la República, que el Congreso podría liberalizar cuando lo juzgara oportuno y conveniente; se exceptuaban de esta garantía las actividades contrarias a la moral o a la salubridad pública (Art. 209; cont. y nuevo; cf. 1821, Tít. VIII, Art. 178:  « Ningún género de trabajo, de cultura, de industria o de comercio será prohibido a los colombianos, excepto que ahora son necesarios para la subsistencia de la República, que se libertarán por el Congreso cuando lo juzgue oportuno y conveniente. »).

CON-FIN—Disposiciones finales

La Constitución de 1830 autorizó al Congreso a reformar la Constitución, salvo en cuanto a la forma de gobierno, que había de permanecer republicana, popular, representativa, responsable y alternativa (Art. 228; cont. y nuevo; cf. 1821, Art. 190:  « …pero nunca podrán alterarse las bases contenidas en la sección primera del título I, y en la segunda del título II. »).  La Constitución concluyó con una cláusula que encomendaba la observancia del orden constitucional al Jefe de Estado, a las legislaturas futuras, a los magistrados y ministros de la religión, a los patriotas que proclamaron la independencia, a los guerreros que la conquistaron con sus armas, al cuidado de los padres de familia y, en último término, al amor a la libertad de todos los venezolanos (Cláusula de cierre; nuevo; cf. 1821:  sin cláusula constitucional de encomienda equivalente).  El texto fue sancionado y firmado en Valencia el 22 de septiembre de 1830 y promulgado el 24 de septiembre de 1830 (Cláusula de cierre; Cláusula de promulgación, Valencia, 24 de septiembre de 1830).

Notas editoriales:

  • Fuentes contemporáneas de 1831 registran deliberaciones congresuales sobre cuestiones constitucionales y sobre la implantación de las instituciones de gobierno establecidas por la Constitución de 1830.  La revisión de los materiales consultados no ha arrojado un texto autenticado de revisión constitucional sancionada ese año en forma apta para su inclusión en este corpus.  En consecuencia, no se presenta rúbrica de revisión constitucional.  Esta omisión no implica que no se adoptaran medidas constitucionales, actos interpretativos o estatutos de implementación durante 1831.  Antes bien, refleja el criterio metodológico que rige esta serie:  las disposiciones constitucionales se incluyen solo cuando su texto legal ha sido identificado y verificado en una forma que permita la cita y el cotejo precisos.

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4).  La Constitución de 1857

La Constitución de 1857 (Constitución de los Estados Unidos de Venezuela) fue sancionada por el Congreso Nacional el 16 de abril de 1857 y promulgada por el presidente José Tadeo Monagas el 18 de abril de 1857.  Permaneció en vigor hasta el establecimiento del orden constitucional de 1858 (Cláusula de promulgación, 18 de abril de 1857; cf. Constitución de 1858, 31 de diciembre de 1858).

DOC-PRE—Preámbulo

(texto original castellano según la recensión del CIDEP)

« En el nombre de Dios Todopoderoso, autor y supremo legislador del Universo.  Nosotros, los Representantes del Pueblo de Venezuela, autorizados por el canon 228 del Código fundamental de 1830 y por el Decreto legislativo de 10 de marzo de 1856, reformamos dicho Código, ordenando y estableciendo la siguiente CONSTITUCIÓN. »

FND-TER—Territorio

La Constitución de 1857 declaró que el territorio de Venezuela era el de la antigua Capitanía General de Venezuela y conservó su división en provincias, cantones y parroquias (Tít. I, Art. 3; cont. 1830, Tít. I, Art. 5:  « El territorio de Venezuela comprende todo lo que antes de la transformación política de 1810 se denominaba Capitanía General de Venezuela.  Para su mejor administración se dividirá en provincias, cantones y parroquias, cuyos límites fijará la ley. »).  Aunque el Artículo 3 no indicó el número de provincias, un acto legislativo de 18 de abril de 1856 las elevó de trece a veintiuna (Ley de División Territorial, Gaceta Oficial, 18 de abril de 1856; sesiones del Congreso Nacional, 1856).  

La Constitución encomendó la administración provincial a gobernadores nombrados por el Ejecutivo y subordinados a él (Tít. XVII, Art. 88, §§ 1–2; cont. y nuevo; cf. 1830, Tít. XXIV, Art. 170:  « El régimen superior político de las provincias estará a cargo de un gobernador dependiente del Poder Ejecutivo, de quien es agente natural e inmediato. »).

POW-LEG—Congreso

La Constitución de 1857 conservó un Congreso Nacional bicameral investido de la potestad legislativa (Art. 16; cont. 1830, Tít. X, Art. 48:  « El Poder Legislativo se ejerce por el Congreso compuesto de dos Cámaras, una de Representantes, y otra de Senadores. »).  Los diputados se elegían en proporción de uno por cada veinticinco mil habitantes, con un miembro adicional por todo residuo superior a quince mil; cada provincia quedaba garantizada con al menos un representante (Art. 21 y § único; nuevo; cf. 1830, Tít. XI, Art. 51:  « Cada provincia elegirá un diputado por cada veinte mil almas de población, y uno más por un exceso de doce mil; y toda provincia, aunque no alcance su población a veinte mil almas, elegirá un diputado. »).  

Su período era de seis años, con renovación por mitad cada tres años, determinada por sorteo cuando se elegían en el mismo ciclo (Art. 23; nuevo; cf. 1830, Tít. XI, Art. 56:  « Los Representantes durarán cuatro años en el ejercicio de sus funciones », y Tít. XIII, Art. 79:  « …sacarán por suerte… la mitad de los respectivos diputados… »).  Los senadores se elegían dos por provincia y servían por seis años bajo el mismo esquema de renovación (Arts. 25, 27; nuevo y cont.; cf. 1830, Tít. XII, Art. 60:  « El Senado de Venezuela se compondrá de dos Senadores por cada una de las provincias que haya en la República », y Art. 61:  « La duración de los Senadores será de cuatro años, renovándose por mitad cada dos años. »).  

Ambas cámaras se elegían de modo indirecto por las Asambleas provinciales compuestas de electores cantonales, en proporción de un elector por cada cuatro mil habitantes (Art. 35, § único; nuevo; cf. 1830:  sin disposición correspondiente).  La iniciativa legislativa pertenecía a cualquiera de las cámaras o al Poder Ejecutivo, salvo las leyes de rentas, que debían originarse en la Cámara de Diputados (Art. 40; cont. 1830, Tít. XV, Art. 88:  « Las leyes y decretos del Congreso pueden tener su origen en cualquiera de las dos Cámaras… a excepción de las que establezcan impuestos; las cuales deben tenerlo necesariamente en la de representantes. »).  

Cada proyecto requería tres lecturas en días distintos en su cámara de origen antes de pasar a la otra para el mismo trámite; el desacuerdo conducía a la reiteración de la aprobación o al archivo del proyecto (Arts. 40–42; cont. 1830, Tít. XV, Arts. 89, 92–93:  « Todo proyecto de ley que sea admitido a discusión se leerá y debatirá en tres distintas sesiones… »; « …pero si esto no pudiera lograrse, quedará sin efecto el proyecto de ley. »).  

El Ejecutivo podía sancionar el proyecto o devolverlo con observaciones dentro de diez días —o quince si el Congreso había cerrado sus sesiones—, y ambas cámaras podían superar las objeciones por dos tercios (Arts. 44–46; cont. 1830, Tít. XV, Arts. 94–97:  « Aunque sea aprobado por ambas Cámaras un proyecto de ley o decreto, no tendrá fuerza de tal, mientras no se mande ejecutar por el Poder Ejecutivo… lo devolverá con sus observaciones a la Cámara de origen, dentro de diez días…; pero si las dos terceras partes de los miembros presentes de la segunda Cámara estuvieren de acuerdo con la Cámara de origen… se devolverá a éste el proyecto para que lo mande ejecutar como ley. »).  Las leyes seguían la fórmula « El Congreso de Venezuela decreta »; las reformas habían de reproducir íntegramente el artículo revisado (Arts. 48–49; cont. 1830, Tít. XV, Arts. 99–100:  « La ley que reforma otra anterior deberá redactarse íntegramente, incluyendo en ella todas las disposiciones que quedan vigentes y declarando abolida la ley reformada »; « El Congreso en las leyes y decretos que diere usará de esta fórmula: El Senado y la Cámara de Representantes de la República de Venezuela reunidos en Congreso, decretan. »).  

El Congreso conservó la potestad de dar, interpretar, reformar y derogar leyes; contraer deuda pública; establecer contribuciones; aprobar gastos; dividir el territorio; aprobar tratados y declaraciones de guerra; promover la educación y los establecimientos de utilidad pública; y conceder amnistías y honores (Tít. IX, Art. 38, núms. 1–15; cont.; cf. 1830, Tít. XIV, Art. 87).  Se le facultó además para establecer un banco nacional y permitir bancos particulares, y la Constitución le prohibió delegar sus atribuciones constitucionales (Art. 38, núm. 16; Art. 39; nuevo).  

Otras disposiciones regulaban el cuórum, las cualidades, las inmunidades legislativas, el procedimiento interno y las sesiones conjuntas (Arts. 29–37; cont. 1830, Tít. XIII, Arts. 72–78, 80–86:  por ejemplo, Art. 72:  « Ninguna de las Cámaras podrá abrir sus sesiones sin la concurrencia de las dos terceras partes de sus miembros… »; Art. 83:  « Los Senadores y Representantes… no pueden ser arrestados, ni detenidos durante el tiempo de las sesiones… »; Art. 78:  « Las sesiones de ambas Cámaras serán públicas. »).  El control fiscal y la fiscalización del Consejo de Gobierno siguieron siendo prerrogativa de la Cámara de Diputados (Art. 24, núms. 2–3; cont. 1830, Tít. XI, Art. 57, núms. 2–4:  « Velar sobre la inversión de las rentas nacionales, y examinar la cuenta anual que debe presentar el Poder Ejecutivo »; « Oír las acusaciones contra el Presidente, Vicepresidente, Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Consejeros y Secretarios del Despacho… »).

ECO-HAC—Hacienda

La Constitución de 1857 mantuvo el reconocimiento constitucional de la administración de la hacienda dentro del Poder Ejecutivo.  Los nombramientos para los empleos civiles, militares y de hacienda requerían consulta al Consejo de Gobierno (1857, Tít. XI, Art. 53 § 10; cont. 1830, Tít. XVI, Art. 117 § 16:  « Nombrar para todos los empleos civiles, militares y de hacienda, cuyo nombramiento no se reserve a alguna otra autoridad, en los términos que prescriba la ley. »).  

El Congreso conservó la potestad de establecer impuestos y contribuciones, velar sobre la inversión de las rentas públicas, examinar las cuentas nacionales y decretar los gastos públicos a través del proceso presupuestario (1857, Tít. IX, Art. 38 §§ 3, 9; cont. 1830, Tít. XIV, Art. 87 §§ 2–4).  

La carta de 1857 constitucionalizó además el control presupuestario al disponer que no se extraería del tesoro cantidad alguna no comprendida en el presupuesto aprobado por el Congreso, y que los gastos no excederían los ingresos previstos (Tít. XVI, Art. 114; nuevo; cf. 1830:  sin cláusula equivalente de prohibición presupuestaria).

POW-EXE—Ejecutivo

La Constitución de 1857 depositó la autoridad ejecutiva en un Presidente de la República, con sucesión provisional asignada al Vicepresidente de la República en los casos definidos por la Constitución (1857, Art. 52; cont. 1830, Art. 103:  « El Poder Ejecutivo está a cargo de un magistrado con la denominación de Presidente de la República. »).  

El Presidente conservó las funciones administrativas, militares y diplomáticas establecidas en 1830, ahora distribuidas en varias disposiciones (1857, Arts. 53–57; cf. 1830, Art. 117:  « Mandar ejecutar y cuidar de que se promulguen y ejecuten las leyes, decretos y actos del Congreso »; « Dirigir las negociaciones diplomáticas, celebrar tratados de tregua, paz, amistad, alianza ofensiva y defensiva, neutralidad y comercio »; « Nombrar para todos los empleos civiles, militares y de hacienda, cuyo nombramiento no se reserve a alguna otra autoridad »; « Tiene el mando supremo de las fuerzas de mar y tierra para la defensa de la República. »).  El período presidencial se amplió de cuatro a seis años, alineándolo con los nuevos períodos sexenales de ambas cámaras del Congreso (1857, Art. 60; nuevo; cf. 1830, Art. 108:  « El Presidente durará en sus funciones cuatro años, y no podrá ser reelegido inmediatamente, sino después de un período constitucional por lo menos. »).  El procedimiento electoral se modificó para descansar en asambleas provinciales de electores, con selección congresual en rondas sucesivas si ningún candidato alcanzaba los dos tercios (1857, Art. 59; nuevo; cf. 1830, Arts. 105–106:  « Para que la elección de Presidente se tenga por constitucional, es necesario que se hayan reunido en favor de un individuo las dos terceras partes de los votos de los electores… »; « …escogerá el Congreso los tres que hayan tenido más votos, y procederá a elegir uno de entre ellos por escrutinio. »).  

Las disposiciones sucesorias se ampliaron para cubrir la expiración del período, la muerte, la renuncia o la incapacidad, con la autoridad interina del Vicepresidente del Consejo de Gobierno cuando ambos cargos ejecutivos quedaban vacantes (1857, Arts. 61, 63–64; cont. 1830, Arts. 113–114:  « …y si faltare el Presidente por muerte, dimisión, destitución o privación de su plaza, el Vicepresidente se encargará del ejercicio del Poder Ejecutivo hasta concluir el período constitucional »; « Las faltas temporales del Presidente y Vicepresidente de la República serán suplidas por el que haya sido nombrado Vicepresidente del Consejo de Gobierno, por sus mismos miembros. »).  

El Presidente quedaba facultado para nombrar y remover a cuatro Secretarios del Despacho, que debían ser venezolanos de nacimiento con las mismas cualidades que los Diputados (Arts. 62, 65–66; cont. y nuevo; cf. 1830, Art. 134:  « Se establecen para el despacho de los negocios correspondientes al Poder Ejecutivo tres secretarías… » [sin número fijo de cuatro ni requisito explícito de nacimiento]).  Ningún acto ejecutivo podía cumplirse sin la firma del Secretario correspondiente, quien asumía la plena responsabilidad de las medidas de su ramo (Art. 67; nuevo; cf. 1830, Art. 136:  « Los Secretarios son los órganos precisos e indispensables del gobierno, y como tales deben autorizar todos los decretos, reglamentos, órdenes y providencias que expidiere. » [sin atribuir responsabilidad exclusiva]).  Los Secretarios debían además informar anualmente al Congreso y podían asistir a sus sesiones con voz pero sin voto (Arts. 68–70; nuevo).  

El Consejo de Gobierno se transformó en una institución consultiva permanente, compuesta del Vicepresidente de la República, un miembro rotativo de la Corte Suprema de Justicia, los Secretarios del Despacho y cuatro ciudadanos elegidos por el Congreso; se le encomendó emitir interpretaciones legales, asesorar al Ejecutivo y preparar proyectos legislativos y códigos nacionales (Arts. 71–77; cont. 1830, Arts. 123–133).

POW-JUD—Poder Judicial

La Constitución de 1857 depositó la autoridad judicial en la Corte Suprema de Justicia, las Cortes Superiores y los demás tribunales y juzgados que estableciera la ley (1857, Tít. XV, Art. 78; cont. 1830, Tít. XIX, Art. 141:  « La administración de justicia está a cargo de una Corte Suprema, de cortes superiores, de juzgados de primera instancia, y de los demás tribunales creados por la ley. »).  

La Corte Suprema se componía de un Ministro Juez presidente, cuatro Ministros Jueces cuyas funciones definía la ley y un Ministro Fiscal, todos nombrados por seis años y reelegibles (1857, Art. 79; nuevo; cf. 1830, Tít. XX, Art. 144:  « La primera magistratura judicial del Estado residirá en la Corte Suprema de Justicia, que se compondrá de un Presidente, tres vocales y un fiscal. »).  La elegibilidad exigía ser venezolano de nacimiento, mayor de cuarenta años, y haber sido magistrado de corte superior o haber ejercido la abogacía al menos diez años; los naturalizados con diez años de naturalización eran también elegibles si reunían las mismas cualidades (1857, Art. 80; cont. y nuevo; cf. 1830, Tít. XX, Art. 145:  « Para ser ministro de la Corte Suprema se necesita: Ser venezolano; Haber cumplido cuarenta años de edad; Haber sido magistrado en alguna corte superior, y mientras éstas se establezcan, podrán serlo los abogados que hubieren ejercido con crédito su profesión por diez años. »).  El Congreso en sesión conjunta preparaba una terna de la cual el Ejecutivo hacía el nombramiento (1857, Art. 81; nuevo; cf. 1830, Tít. XX, Art. 146:  « Los ministros de la Corte Suprema serán propuestos por el Presidente de la República a la Cámara de Representantes en número triple.  La Cámara reduce este número al doble, y lo presenta al Senado para que éste nombre los que deben componerla. »).  

El Poder Judicial conservó la jurisdicción civil y criminal, y la Corte Suprema quedó facultada para resolver las dudas que le consultaran el Ejecutivo u otras autoridades, dando cuenta al Congreso en su próxima reunión (1857, Art. 82; cont. 1830, Tít. XX, Art. 147 § 10:  « Oír las dudas de los demás tribunales sobre la inteligencia de alguna ley, y consultar sobre ellas al Congreso por el conducto del Poder Ejecutivo, si las considerare fundadas para la conveniente declaratoria. »).  La organización, jurisdicción, cualidades y procedimientos de los tribunales inferiores se dejaron a la legislación ordinaria (1857, Tít. XV, Art. 82:  « La ley también organizará y determinará las facultades de las Cortes Superiores y demás tribunales y juzgados, y designará las cualidades de sus empleados y el modo de ejercer todos ellos sus atribuciones »; cont. 1830, Tít. XXI, Art. 152:  « La ley organizará los tribunales de primera instancia, y designará su duración, sus atribuciones y modo de desempeñarlas »; cf. 1830, Tít. XXI, Art. 150:  « Para facilitar la administración de justicia habrá por lo menos tres distritos judiciales, y en cada uno de ellos una corte superior, cuyas atribuciones serán designadas por ley. »).  

Los empleados del ramo judicial respondían personalmente de las infracciones de ley cometidas en el ejercicio de sus funciones, y la remoción solo procedía por sentencia ejecutoriada, o la suspensión por decreto del Ejecutivo al declararse haber lugar a formación de causa (1857, Arts. 83–84; cont. y nuevo; cf. 1830, Tít. XXII, Art. 153:  « Los magistrados y jueces no podrán ser suspendidos de sus destinos sino por acusación legalmente admitida, ni depuestos sino por causa probada y sentenciada. »).

POW-SUB—Poder municipal y gobernadores de provincia

La Constitución de 1857 depositó el poder municipal en los concejos municipales de las cabeceras de cantón y en los demás funcionarios y corporaciones cantonales y parroquiales que designara la ley, con los procedimientos de elección, cualidades y períodos definidos por legislación separada (1857, Tít. XVI, Arts. 85–86; cont. y nuevo; cf. 1830, Tít. XXIII, Art. 161 §§ 11–15, y Art. 179:  « Establecer impuestos provinciales, o municipales en sus respectivas provincias para proveer a sus gastos… »; « Se establecerán concejos municipales en las cabeceras de cantón, cuyas atribuciones, duración y forma de elección designará la ley. »).  

Estos cuerpos municipales eran institucionalmente distintos de la administración política provincial y quedaban encargados de las materias económicas y administrativas locales (Art. 86; cont. y nuevo).  Sus funciones comprendían la aprobación de los presupuestos municipales anuales, la regulación y vigilancia de la policía local según la ley, la facultad de pedir a la autoridad eclesiástica la remoción de los párrocos, el nombramiento de los administradores de rentas municipales, el establecimiento y manejo de los impuestos municipales y el repartimiento proporcional de las contribuciones nacionales entre las parroquias (1857, Art. 87; cont. y nuevo; cf. 1830, Tít. XXIII, Art. 161 §§ 11–12, y Art. 179:  « Fijar y aprobar anualmente el presupuesto de los gastos ordinarios y extraordinarios que demanda el servicio municipal… »; « Se establecerán concejos municipales en las cabeceras de cantón… »).  La autoridad política provincial siguió radicando en gobernadores escogidos por el Poder Ejecutivo (1857, Tít. XVII, Arts. 88–89; cont. 1830, Tít. XXIV, Arts. 170–171:  « El régimen superior político de las provincias estará a cargo de un gobernador dependiente del Poder Ejecutivo, de quien es agente natural e inmediato; por su conducto se comunicarán y circularán en la provincia las órdenes relativas a la administración. »).

CON-AMD—Reforma de la Constitución

La Constitución de 1857 estableció los procedimientos de reforma en el Tít. XXII (Arts. 128–130; nuevo).  Cualquiera de las cámaras del Congreso podía iniciar la reforma constitucional, pero la necesidad de la reforma debía calificarse por dos tercios de los miembros presentes en cada cámara (Art. 128; cont. 1830, Tít. XXVIII, Art. 225:  « En cualquiera de las Cámaras del Congreso podrá proponerse la reforma de algún artículo de esta Constitución… en caso que la reforma propuesta sea calificada de útil o necesaria por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, pasará a la otra Cámara… »).  Declarada la necesidad, la cámara iniciadora redactaba el proyecto de reforma, que se discutía y adoptaba como ley ordinaria en la legislatura siguiente (Art. 129; cont. 1830, Tít. XXVIII, Art. 226:  « Las Cámaras entonces tomarán nuevamente en consideración el proyecto de reforma; si mereciere la aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes de cada una de ellas, se tendrá como parte de la Constitución… »).  

El proyecto había de publicarse por la imprenta durante el período intermedio (1857, Art. 129; cont.).  La Constitución prohibió además toda reforma de la forma de gobierno, que definió como « republicano, democrático, bajo la forma representativa, con responsabilidad y alternación de todos los funcionarios públicos » (1857, Arts. 5, 130; cont. 1830, Tít. XXVIII, Art. 228:  « La autoridad que tiene el Congreso para reformar la Constitución no se extiende a la forma de gobierno que será siempre republicano, popular, representativo, responsable y alternativo. »).

CIV-SUF—Sufragio

La Constitución de 1857 sostuvo el principio de que todos los venezolanos « en el goce de los derechos de ciudadano » podían elegir y ser elegidos, sujetos a las cualidades establecidas por la Constitución y las leyes (Art. 11; cf. 1830, Tít. V, Art. 13:  « Todos los venezolanos pueden elegir y ser elegidos para los destinos públicos si están en el goce de los derechos de ciudadano, si tienen la aptitud necesaria, y concurren en ellos los demás requisitos que prescriben la Constitución y las leyes. »).  Para ejercer estos derechos había que ser venezolano, casado o mayor de dieciocho años, y saber leer y escribir, aunque la exigencia de la alfabetización se difirió hasta 1880 (Arts. 11–12; cf. 1830, Tít. V, Art. 14:  « Para gozar de los derechos de ciudadano se necesita: Ser venezolano; Ser casado o mayor de veintiún años; Saber leer y escribir; pero esta condición no será obligatoria hasta el tiempo que designe la ley… »).  Los derechos electorales podían suspenderse por naturalización en país extranjero, condena por ciertos delitos, deuda al tesoro o servicio no autorizado en el extranjero, con la rehabilitación regida por la ley (Arts. 13–14; cf. 1830, Tít. V, Arts. 15–16:  « Los derechos de ciudadano se pierden… » y « Los derechos de ciudadano se suspenden… »).  La Constitución siguió distinguiendo entre la ciudadanía y la cualidad superior exigida a los electores (Art. 15; cf. 1830, Art. 27:  « Para ser elector se requiere… Haber cumplido veinticinco años: y saber leer y escribir [1]… Ser dueño de una propiedad raíz, cuya renta anual sea de doscientos pesos… o gozar de un sueldo anual de cuatrocientos pesos. »).

  • [1] La exigencia de la alfabetización para el ejercicio de los derechos de ciudadano se formalizó en la Ley de Instrucción Pública de 27 de junio de 1870, cuyo Art. 19 la impuso para votar, postularse y servir como jurado, con efecto desde el 1.º de enero de 1880.

CIV-CIT—Ciudadanía

La Constitución de 1857 definió la nacionalidad venezolana como adquirida por naturaleza o por naturalización, y confirmó la continuidad de quienes ya tenían ese derecho bajo la carta de 1830 (Tít. III, Arts. 7–10; cont.).  La ciudadanía política seguía siendo distinta de la nacionalidad y entrañaba la titularidad de los derechos políticos sujeta a la Constitución y a las leyes (Tít. IV, Arts. 11–12; cont.).  Las causas de suspensión se enumeraron: la naturalización extranjera, la condena por delitos comunes, la admisión no autorizada de empleo extranjero, la quiebra fraudulenta y la deuda morosa a fondos públicos, con la rehabilitación regida por la ley (1857, Arts. 13–14; cont. y nuevo; cf. 1830, Arts. 15–16:  « Los derechos de ciudadano se pierden: Por naturalizarse en país extranjero… Por admitir empleo de otro gobierno sin permiso del Congreso… Por condenación a pena corporal o infamatoria… »; « Los derechos de ciudadano se suspenden: Por enajenación mental… Por la condición de sirviente doméstico… Por ser deudor fallido… Por ser deudor de plazo cumplido a fondos públicos… Por interdicción judicial. »).

RTS-GAR—Derechos

La Constitución de 1857 mantuvo las garantías de la libertad civil, la seguridad individual, la propiedad, la libertad de industria y la igualdad ante la ley (Tít. XX, Arts. 97–124; cont.).  Abolió la pena capital para los delitos políticos (Art. 98; nuevo).  Se sostuvieron las libertades de arbitraje, domicilio, tránsito, expresión y petición, y la presunción de libertad (Arts. 100–101, 115–116; cont.).  Las protecciones legales abarcaban el debido proceso, los juicios públicos, la inviolabilidad del hogar y de la correspondencia, la protección contra la autoincriminación y el derecho a los jueces naturales (Arts. 102–107, 112, 118; cont.).  La propiedad se declaró inviolable, con expropiación solo por causa de utilidad pública y previa indemnización (Art. 108; cont.).  La carta proscribió el tormento, la confiscación y las penas crueles (Art. 109; cont.).  Prohibió asimismo los mayorazgos y demás vinculaciones de la propiedad, junto con los títulos nobiliarios y los privilegios hereditarios (Arts. 110–111; cont. y nuevo; cf. 1830, Tít. XXVI, Art. 213:  « No se podrá conceder título alguno de nobleza, honores o distinciones hereditarias. »).  Garantizó igual protección a los extranjeros (Art. 113; cont.).  Reforzó las salvaguardas fiscales con la proporcionalidad de las contribuciones y la prohibición de extracciones no autorizadas (Arts. 114, 122; cf. 1830, Tít. XXVI, Art. 210:  « No se extraerá del tesoro público cantidad alguna para otros usos que los determinados por la ley »; Art. 215:  « Las contribuciones se repartirán proporcionalmente. »).  Reconoció el derecho de petición, la responsabilidad de los funcionarios públicos y la responsabilidad por las órdenes ilícitas (Arts. 115–121; cont.).  Confirmó los privilegios del inventor (Art. 123; cont.).

REG-MIL—La fuerza armada

La Constitución de 1857 declaró que la fuerza armada era « esencialmente obediente y no puede deliberar » y que la autoridad militar nunca podía unirse a la civil (Arts. 92–93; cont.).  Las Cámaras debían fijar anualmente, a propuesta del Ejecutivo, la fuerza permanente de mar y tierra (Art. 90; cf. 1830, Art. 87 § 7:  « Decretar en cada año la fuerza de mar y tierra, determinando la que deba haber en tiempo de paz. »).  La Constitución conservó la milicia nacional como institución distinta bajo el mando de los gobernadores de provincia, movilizable por orden del Ejecutivo con autorización del Congreso, con la aprobación del Consejo de Gobierno durante el receso legislativo, o en casos de conmoción súbita según lo dispuesto por la ley orgánica (Art. 95; cont.).  Los oficiales del Ejército Permanente y la Armada solo podían ser removidos por sentencia judicial firme (Art. 94; cont.).  Por último, la carta limitó el alcance de la jurisdicción militar al estipular que « ningún venezolano deberá sujetarse a las leyes militares, excepto los que estuvieren en actual servicio, sea de la fuerza permanente o de la milicia nacional, acuartelados y pagados por el Estado » (Art. 124; cont.).

REG-REL—Religión

La Constitución de 1857 dispuso que el Estado protegería la religión católica, apostólica y romana y que el Gobierno sostendría siempre su culto y sus ministros conforme a la ley (Art. 4; nuevo; cf. 1830, Preámbulo:  « EN EL NOMBRE DE DIOS TODO PODEROSO, AUTOR Y SUPREMO LEGISLADOR DEL UNIVERSO. »).

REG-SLA—Esclavitud

La Constitución de 1857 declaró que jamás podría restablecerse la esclavitud en Venezuela (Tít. XX, Art. 99; nuevo; cf. 1830:  sin disposición correspondiente).

ECO-INF—Infraestructura

La Constitución de 1857 facultó al Congreso para promover por ley la educación pública, el progreso de las ciencias y las artes y los establecimientos de utilidad general, y para conceder por tiempo limitado privilegios exclusivos para su estímulo y fomento (Tít. IX, Art. 38 § 11; cont. 1830, Tít. XIV, Art. 87 § 17).

CON-FIN—Disposiciones finales

La Constitución de 1857 cerró sus títulos numerados con el Tít. XXIII, De la Confederación Colombiana, que constaba de un solo artículo.  Autorizó al Congreso a dictar las providencias conducentes a la Confederación de los Estados de Colombia y, a ese fin, a hacer las reformas constitucionales que fueran necesarias.  El Congreso podía discutir esas reformas en las sesiones del mismo año en que se propusieran, con sujeción a los demás requisitos del Título anterior.  La soberanía del Estado había de conservarse en todo lo relativo a su régimen interior (Art. 131; cont. 1830, Tít. XXVIII, Art. 227).  Tres disposiciones transitorias seguían al Artículo 131.  La Constitución fue dada y firmada en Caracas el 16 de abril de 1857 por los 118 legisladores presentes, y se mandó cumplir, publicar y circular el 18 de abril de 1857 por el presidente José Tadeo Monagas y sus Secretarios de Estado.


« Desenmascarar la desilusión: Serie XI »

June 15, 2026

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« Alegoría geométrica » pintura digital 2023 de Ricardo Morín (artista visual estadounidense nacido en Venezuela —1954)

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Ricardo F. Morín
7 de junio de 2026
Bala Cynwyd, Pensilvania

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Alcance y uso

Esta serie constituye un corpus de referencia dentro del Apéndice.   Sus componentes están organizados para la consulta antes que para la lectura secuencial, y se presentan en rúbricas comparativas que registran continuidades institucionales, modificaciones y reconfiguraciones a lo largo de los textos constitucionales.

Definición del corpus:   Este corpus se limita a las constituciones que fueron formalmente adoptadas y entraron en vigor.   Se excluyen los proyectos constitucionales, los borradores de constitución, las reformas propuestas que no fueron ratificadas y otros textos constitucionales que no adquirieron fuerza jurídica.   En consecuencia, el corpus sigue el orden constitucional tal como quedó constituido en derecho, y no la historia más amplia de las propuestas constitucionales.  El corpus funciona más como un archivo que como un argumento.   Procura establecer un registro descriptivo estable de lo que contenía cada constitución y de cómo difería de su predecesora inmediata.   La consecuencia es que el corpus permanece abierto a múltiples líneas de investigación sin privilegiar ninguna de ellas.

Códigos de rúbrica:   Cada rúbrica lleva un identificador permanente con la forma FAMILIA-MIEMBRO, en mayúsculas y con guion:   por ejemplo, POW-LEG para el poder legislativo, o REG-SLA para la esclavitud.    Los prefijos de familia agrupan las rúbricas por tipo: FND (fundamentos del Estado), CIV (condición cívica y participación), POW (poderes públicos), ECO (hacienda, economía y obras públicas), RTS (derechos y garantías), REG (regímenes e instituciones especiales) y CON (autorregulación constitucional).    Estos códigos designan identidad, no secuencia: el orden en que las rúbricas aparecen dentro de cada entrada no implica prelación alguna, y cada constitución presenta únicamente las rúbricas que le son pertinentes, en la disposición que mejor convenga a su texto.   

Vocabulario de adición exclusiva:    Un código, una vez asignado, no se reasigna ni se reutiliza.   Una rúbrica ausente en una constitución determinada se omite sin más, lo que significa silencio y no descuido; una rúbrica que cae en desuso queda retirada en su lugar y marcada con el intervalo de textos fundamentales al que perteneció —así REG-SLA (1811–1854) no se traslada tras la abolición, y su código no vuelve a ocuparse.   Las materias incorporadas por textos posteriores se incorporan como nuevos miembros añadidos a la familia correspondiente.   La comparación procede, por tanto, cotejando códigos a través de las veinticinco constituciones, no por posición en la página.   

Cita:   Las referencias se anclan en primer lugar en el número de artículo —continuo dentro de cada texto y por tanto libre de colisiones— seguido de la división estructural propia del texto como localizador secundario, denominado tal como ese texto fundamental la emplea (Capítulo y Sección en la constitución de 1811; Título y Sección en la de 1821). Las citas en español siguen la recensión CIDEP enlazada al cierre de cada entrada.

Términos:   « Constitución », « texto fundamental » y « corpus » se refieren en todo momento a los documentos objeto de estudio; « entrada » y « entrega » se refieren a las piezas publicadas de este apéndice.   El aparato de rúbricas describe los primeros.


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A-1). CONSTITUCIONES VENEZOLANAS 1811-1999

Constituciones del siglo XIX:

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1). La Constitución de 1811

La Constitucion de 1811 (Constitución Federal para los Estados de Venezuela) fue adoptada el 21 de diciembre de 1811 por la Confederación Federal de Estados Venezolanos, y quedó derogada tras su colapso el 21 de julio de 1812.    Fue promulgada poco después de la declaración de independencia de Venezuela [5 de julio de 1811] y estableció una unión federal de estados autónomos bajo un marco nacional común.

DOC-PRE—Preámbulo

« DECRETADO por los Representantes de Margarita, Mérida, Cumaná, Barinas, Barcelona, Trujillo y Caracas, reunidos en Congreso General

« EN NOMBRE DE DIOS TODOPODEROSO

« Nosotros, el Pueblo de los Estados de Venezuela, en ejercicio de nuestra soberanía y con el propósito de establecer entre nosotros la mejor administración de justicia, de promover el bienestar general, asegurar la tranquilidad doméstica, de proveer a nuestra defensa común, de sostener nuestra libertad e independencia política, de preservar pura e inviolable la sagrada religión de nuestros mayores, de garantizar a nuestra posteridad el goce perpetuo de estas bendiciones y estrecharnos en la unión más firme y la amistad más sincera, hemos resuelto solemnemente confederarnos y establecer la siguiente Constitución, por la que estos Estados serán gobernados y administrados. »

FND-TER—Territorio:

La Constitución de 1811 definió a Venezuela como una confederación de provincias soberanas que conservaban plena autoridad sobre su gobierno y administración internos, salvo en aquellas materias expresamente delegadas al gobierno nacional (Preliminar; Bases del Pacto Federativo).   Afirmó que los territorios que se incorporasen en lo sucesivo, ya fuera por división de provincias existentes o por adhesión posterior, entrarían en la Unión sobre la misma base de soberanía reservada (Preliminar; Arts. 128–32).   Al Congreso se le confirió autoridad exclusiva sobre: relaciones exteriores, defensa común, regulación del comercio, declaración de guerra y tributación nacional (Preliminar).    El texto impuso asimismo restricciones estrictas a la acción provincial:   sin consentimiento previo del Congreso, ninguna provincia podía celebrar tratados o alianzas particulares, imponer derechos de tonelaje o de aduana, reclutar o mantener fuerzas armadas en tiempos de paz, ni iniciar hostilidades (Arts. 119–23).   Las leyes provinciales debían someterse al Congreso para evitar conflictos con la legislación federal, y el Congreso tenía competencia exclusiva para admitir o separar provincias y para disponer del territorio y los bienes nacionales (Art. 124; Arts. 128–32).   Por último, la Unión garantizaba a cada provincia una forma republicana de gobierno, la protección de su soberanía y, a petición formal, la supresión de la violencia interna.   De este modo quedó establecido un marco de garantías mutuas y seguridades colectivas entre las provincias (Arts. 133–4; Preliminar).

POW-LEG—Congreso (Poder Legislativo):

La Constitución de 1811 depositó la autoridad legislativa en el Congreso General de Venezuela, compuesto por una Cámara de Representantes y un Senado (Art. 1, Cap. II).   Las leyes podían iniciarse en cualquiera de las dos cámaras (Art. 21), aunque la legislación en materia tributaria solo podía originarse en la Cámara de Representantes (Art. 22).    La sanción de toda ley exigía tres lecturas en cada cámara en días distintos (Art. 23). Una vez aprobadas, las leyes se remitían al Ejecutivo para su promulgación, con procedimientos establecidos para los casos en que hubiera objeciones (Arts. 24–5).   Cada cámara regulaba su régimen interno, ejercía la disciplina y disponía de autoridad exclusiva sobre sus miembros (Arts. 18, 26–28).   Los representantes eran elegidos cada cuatro años mediante un sistema electoral escalonado que comprendía asambleas parroquiales y de capítulo (Arts. 3, 6–8); los senadores servían períodos de seis años y eran elegidos por las legislaturas provinciales (Arts. 11–13).   El Senado conocía de los juicios políticos promovidos por la Cámara de Representantes (Arts. 16, 29), y ambas cámaras compartían prerrogativas en materia de orden interno y conducta legislativa (Arts. 16, 18).   El Congreso sesionaba anualmente en una ciudad capital designada, con disposiciones limitadas para prorrogar o trasladar las sesiones (Art. 20).   Le correspondía la potestad legislativa en materia militar, tributaria, comercial, monetaria, postal, de política exterior, de infraestructura, de naturalización, de quiebras y de creación de tribunales inferiores (Art. 30).    El poder legislativo encarnaba el principio de separación de poderes y funcionaba como parte de la estructura confederal fundada en el pacto entre provincias soberanas (Preliminar; Bases del Pacto Federativo).

ECO-HAC—Hacienda:

El artículo 108 del Capítulo III, Sección V encomendaba a las autoridades ejecutivas provinciales actuar en nombre del Poder Ejecutivo Federal en materias no expresamente delegadas por el Congreso General a otros funcionarios de la Armada, el Ejército o la Tesorería Nacional (Art. 108, Cap. III, Secc. V).    La Constitución no contenía disposición adicional alguna sobre la estructura, las funciones o la fiscalización de la Tesorería Nacional, ni establecía un departamento de hacienda autónomo.   La Tesorería Nacional solo se mencionaba de forma nominal (Art. 71, Cap. II, Secc. VII).

POW-EXE—Ejecutivo:

  • Nota terminológica:   en los casos en que la estructura del poder ejecutivo difiere, cada constitución descrita en este apéndice emplea « ejecutivo » o « presidente » conforme a su propio contexto constitucional.   « Ejecutivo » designa la rama del gobierno que comprende al presidente y las refrendas ministeriales requeridas para la validez de los actos ejecutivos. « Presidente de la república », o simplemente « el presidente », designa al individuo en quien se deposita el poder ejecutivo.

Bajo la Constitución de 1811, el Ejecutivo Federal residía permanentemente en la capital y estaba encomendado a un Consejo Ejecutivo de tres miembros elegidos cada cuatro años (Arts. 72, 75).    Los candidatos debían haber nacido en el continente americano (o ser españoles residentes allí desde 1810), haber residido en la Unión durante la década anterior y ser propietarios de bienes raíces (Arts. 73, 74).   Los electores se reunían el 16 de noviembre del año electoral, consignaban tres nombres en sus papeletas (al menos uno de otra provincia) y remitían los cómputos al Presidente del Senado (Arts. 76–79); si ninguna lista obtenía mayoría absoluta de electores, la Cámara de Representantes votaba entre los nueve candidatos más votados, y de no alcanzarse mayoría, correspondía al Senado elegir al candidato (Arts. 81–82).    Los actos ejecutivos requerían la rúbrica de los ministros de Estado —Interior y Justicia, Hacienda, Guerra y Marina, y Relaciones Exteriores—, nombrados por el Ejecutivo y responsables de las medidas oficiales (Arts. 105, 107–108).   El Consejo Ejecutivo, con el consentimiento del Senado, supervisaba el nombramiento de funcionarios militares, civiles y judiciales; negociaba tratados; otorgaba indultos por delitos políticos; convocaba al Congreso en sesiones ordinarias y extraordinarias; velaba por la ejecución de las leyes; y presentaba anualmente un informe sobre ingresos, gastos y administración general (Arts. 86, 88, 92–94, 100–104).   El Consejo Ejecutivo podía ser suspendido bajo condiciones estrictas.   Si el Ejecutivo o alguno de sus miembros era acusado y condenado por el Senado por traición, corrupción o usurpación, debía ser separado del cargo y sujeto a las penas establecidas en el artículo 58 (Arts. 89, 91, 109).

POW-JUD—Poder Judicial:

La Constitución de 1811 depositó el poder judicial de la Confederación en una « Suprema Corte de Justicia » con sede en la capital, así como en los tribunales subordinados e inferiores creados por el Congreso (Cap. IV, Secc. 1, Art. 110).   El Ejecutivo nombraba a todos los magistrados (Art. 111).   El Congreso fijaba su número y exigía que los designados fueran abogados habilitados, ciudadanos de buena reputación y mayores de treinta años para la Suprema Corte de Justicia y de veinticinco para los demás tribunales (Art. 112).   Los magistrados percibían salarios fijos que no podían reducirse durante su ejercicio (Arts. 113–114).    El Poder Judicial ejercía jurisdicción sobre los asuntos relativos a la Constitución, los tratados, los agentes diplomáticos, las materias marítimas y los conflictos intergubernamentales, incluidas las controversias entre provincias o entre partes venezolanas y extranjeras (Secc. 2, Art. 115).   La Suprema Corte de Justicia ejercía jurisdicción de apelación en la mayoría de las materias y jurisdicción originaria en los casos que involucraban a embajadores o provincias (Art. 116).    Exigía el juicio por jurado en los asuntos penales ordinarios, el cual debía celebrarse en la provincia donde se hubiera cometido el delito o, si este se hubiera cometido en el extranjero, en el lugar que la ley designara (Art. 117).   El Tribunal también examinaba y habilitaba a los abogados en todo el territorio nacional, incluidos quienes hubieran obtenido sus credenciales en el extranjero (Art. 118).

CON-AMD—Reforma de la Constitución:

La Constitución de 1811 permitía enmiendas cuando dos terceras partes de ambas Cámaras del Congreso o de las Legislaturas Provinciales propusieran y aprobaran recíprocamente una reforma o alteración, que quedaría entonces incorporada al texto constitucional (Cap. VI, Art. 135).   Las disposiciones constitucionales permanecían en vigor hasta que se completara dicha aprobación recíproca (Art. 136).   Cada provincia debía expresar su decisión, aceptar, rechazar o proponer modificaciones a la Constitución, mediante asambleas convocadas expresamente al efecto, por electores de capítulo designados para tal fin o por votantes parroquiales que formaran asambleas primarias para la elección de representantes (Cap. VII, Art. 137).   Una vez leído el texto ante el cuerpo provincial y adoptadas las modificaciones por mayoría de votos, se procedía a su jura solemne, seguida en el plazo de tres días de las elecciones de representantes nacionales a cargo de los electores designados (Art. 138).    Los municipios comunicaban los resultados a los respectivos gobiernos provinciales, que los transmitían al Congreso en el momento de su reunión (Art. 139).    Las provincias que se reincorporaran a la Confederación debían observar los mismos procedimientos; si en ese momento se lo impedían causas urgentes o insuperables, podían cumplir el requisito con posterioridad mediante peticiones formales dirigidas al Congreso o al Poder Ejecutivo (Art. 140).

CIV-SUF—Sufragio:

La Constitución de 1811 otorgó el sufragio a los varones libres mayores de 21 años —o menores de esa edad si estaban casados— que residieran en la parroquia donde emitían su voto (Cap. II, Secc. 2, Art. 26).   En las capitales de provincia, se exigía a los votantes poseer bienes o caudales valorados en 600 pesos para el soltero y 400 para el casado; en las poblaciones menores, los umbrales eran de 400 pesos para los solteros y 200 para los casados (Art. 26).   Alternativamente, quedaban habilitados quienes poseyeran un título en las artes liberales o mecánicas, o quienes fueran propietarios o arrendatarios de tierras productivas de valor equivalente a los montos fijados para cada caso, según el estado civil (Art. 26).   La Constitución privaba del voto a quienes hubieran sido declarados dementes, a los sordomudos, a los quebrados públicamente, a los deudores del erario, a los vagos, a quienes estuvieran bajo acusación criminal grave y a los casados que vivieran separados sin causa legal (Art. 27).   Las asambleas parroquiales designaban un elector parroquial por cada 1.000 habitantes cada dos años; dichas asambleas estaban presididas por las autoridades municipales (Arts. 20–24, 40).   Los electores parroquiales debían residir en el distrito electoral y satisfacer requisitos patrimoniales más elevados, que incluían la titularidad de bienes valorados en 6.000 pesos para el soltero o 4.000 para el casado en Caracas, con exigencias proporcionalmente menores en otras ciudades (Art. 28).   Los funcionarios públicos que percibieran al menos 300 pesos anuales podían votar en las asambleas parroquiales, y quienes ganaran al menos 1.000 pesos podían hacerlo en las congregaciones electorales, aunque tenían vedado el acceso a los cargos legislativos, salvo que renunciaran a sus empleos e ingresos (Art. 29).   Las autoridades municipales llevaban listas oficiales de los electores habilitados y convocaban las asambleas electorales en las fechas establecidas.   Si las autoridades municipales incumplían la convocatoria, los ciudadanos se reunían en el día señalado para celebrar las elecciones; no obstante, durante esas reuniones las autoridades municipales tenían prohibido tratar cualquier otro asunto (Arts. 30–38).   El voto público constituía un principio rector, mientras que los electores presidían las asambleas parroquiales y resolvían las impugnaciones relativas a la capacidad de los votantes o a los procedimientos electorales, sujetas en última instancia al recurso ante la legislatura provincial (Arts. 41–42).

CIV-CIT—Ciudadanía:

La Constitución de 1811 no contenía cláusula de naturalización autónoma ni otorgaba la ciudadanía a los extranjeros por tiempo de residencia.   La pertenencia política se articulaba en torno a los hombres libres y se ejercía a través de los requisitos de residencia, patrimonio y ocupación establecidos en las disposiciones electorales (Art. 26 y ss.).    Los extranjeros « de cualquier nación » serían acogidos en el Estado y gozarían de la misma seguridad de persona y bienes que los ciudadanos, siempre que respetaran la religión católica y reconocieran la independencia y la soberanía de las autoridades constituidas (Art. 169) —garantía de protección civil, no de ciudadanía.   Los requisitos temporales solo aparecían como condición para el desempeño de cargos y presuponían la ciudadanía preexistente en lugar de conferirla:   cinco años de vecindad como ciudadano para integrar la Cámara de Representantes (Art. 15), y diez años de domicilio para el Senado (Art. 49) y el Ejecutivo (Art. 73), exigiéndose además en este último caso el nacimiento en la América española, con excepción de los españoles peninsulares residentes en Venezuela que hubieran jurado y sostenido la independencia (Art. 74).   Un mecanismo formal de naturalización —la carta de naturaleza— haría su aparición por primera vez en 1821.

RTS-GAR—Derechos:

La Constitución de 1811 declaró que toda autoridad política legítima emanaba del pueblo, en quien la soberanía residía por su propia naturaleza y en primer término (Prelim., Bases del Pacto Federativo).   Estableció un amplio catálogo de garantías individuales:    todo ciudadano tenía derecho a la libertad, la igualdad, la propiedad y la seguridad; la privación de libertad o el castigo debían ajustarse estrictamente a la ley; nadie podía ser declarado culpable sino mediante juicio legítimo; y nadie podía ser compelido a declarar contra sí mismo ni contra sus parientes cercanos (Arts. 1, 2, 7, 8, 11).   La Constitución protegía el domicilio de toda intrusión arbitraria, así como la correspondencia privada y los papeles personales; prohibía las leyes retroactivas, las fianzas excesivas, las penas desproporcionadas, la confiscación, la tortura y los privilegios cívicos o jurídicos hereditarios —en particular las distinciones aristocráticas o los derechos feudales (Arts. 3, 9, 10, 13).   

También establecía que los procesos penales ordinarios no iniciados por acusación del Congreso se sustanciarían ante jurado, una vez que el juicio por jurado fuera establecido por ley, y se celebrarían en la provincia donde se hubiera cometido el delito (Art. 117).   Los ciudadanos tenían derecho a publicar sus opiniones, a portar armas, a circular libremente entre las provincias, a peticionar al gobierno y a ejercer cualquier ocupación lícita.   Los extranjeros podían residir en el país y disfrutar de los derechos civiles en igualdad de condiciones con los ciudadanos, siempre que respetaran la religión católica y la independencia venezolana (Arts. 4, 5, 6, 12).   Los bienes solo podían expropiarse mediante una ley que declarara la necesidad pública y previera una justa compensación al propietario; ningún impuesto ni contribución pública podía imponerse sin el consentimiento del pueblo a través de sus representantes (Arts. 14, 15).   Junto a estas garantías, la Constitución imponía la obediencia a la ley, el servicio a la causa pública y a la defensa nacional, y la lealtad a la República (Arts. 16, 17).   Toda ley contraria a los derechos enunciados en la Constitución fue declarada « absolutamente nula y de ningún valor » (Art. 18).

REG-MIL — Las Fuerzas Armadas:

La Constitución de 1811 concibió la defensa nacional como un deber cívico (Art. 178).   El Congreso solo podía reclutar fuerzas regulares cuando fuera necesario y podía levantar milicias para sofocar insurrecciones o repeler invasiones (Art. 71).   El mando supremo de las fuerzas terrestres y navales recaía en el Consejo Ejecutivo de tres miembros (Art. 86); los gobernadores provinciales actuaban únicamente como agentes administrativos (Art. 108).   La Constitución definía una milicia bien organizada y adiestrada, integrada por ciudadanos, como la salvaguarda más segura de un Estado libre.   En tiempos de paz, solo podía mantenerse una fuerza permanente de alcance limitado con autorización previa del Congreso (Art. 178).   Reafirmó la subordinación de la autoridad militar al poder civil al declarar que los ciudadanos que no estuvieran en servicio activo no quedaban sujetos a la jurisdicción castrense (Art. 176).   Exigió además autorización civil para el acuartelamiento de tropas en domicilios particulares (Art. 177) y reconoció el derecho de los ciudadanos a poseer armas lícitas (Art. 179).   La Constitución no contemplaba ejércitos provinciales e imponía únicamente la obligación de prestar el servicio legítimo cuando fuera requerido (Art. 178).

REG-REL—Religión:

La Constitución de 1811 declaró a la Iglesia Católica Romana como la única religión de la Confederación y no reconoció ningún otro culto (Cap. I, Art. 1).   Esta disposición mantuvo el carácter público exclusivo del catolicismo ya consagrado por el derecho colonial (Recop. Leyes de Indias, Lib. I, Tít. I, Ley 1).

REG-SLA—Esclavitud:

La Constitución de 1811 no abolió la esclavitud, pero incorporó la prohibición de la trata de esclavos decretada con anterioridad por la Junta Suprema de Caracas el 14 de agosto de 1810 (Cap. IX, Art. 202; Gaceta de Caracas, N.º 20, 21 ago. 1810).   Con anterioridad a la promulgación de la Constitución de 1821 [6 de octubre], el Congreso de Cúcuta sancionó la Ley de Libertad de los Vientres el 21 de julio de 1821, por la que se establecía que los hijos nacidos de madres esclavas a partir de esa fecha serían considerados libres (Ley del 21 de julio de 1821 sobre la libertad de los nacidos de madres esclavas, Colección de Leyes y Decretos del Congreso de Colombia, 1821, Tomo I, pp. 31–34).   Dichos hijos debían permanecer al servicio del esclavizador hasta los dieciocho años y estaban sujetos al reembolso de los gastos de manutención, según lo determinaran las juntas locales de manumisión.   Estas juntas estaban facultadas para registrar los nacimientos que correspondieran, administrar los fondos de manumisión y supervisar el proceso de coartación.

CON-FIN—Disposiciones Finales:

La Constitución de 1811 encomendaba a los gobiernos provinciales el establecimiento de escuelas y la incorporación de los pueblos indígenas a la vida cívica; prohibía los servicios compulsorios que se les exigieran y reconocía la propiedad comunal de sus tierras (Art. 180).    Los sueldos de los funcionarios federales se sufragarían con cargo a un erario común, sin que pudiera realizarse desembolso alguno sin habilitación legal; los impuestos directos debían ser proporcionales a la población, y las provincias tenían prohibido otorgar ventajas comerciales preferentes a sus propios puertos (Arts. 188–189).   La Constitución designó el 1 de enero de 1811 como inicio de la Era Colombiana, un nuevo calendario cívico que marcaba el comienzo del orden republicano independiente (Art. 223).

DOC-CLO—Declaración de cierre

(traducida por el autor en registro contemporáneo)

« Artículo 228.   Hasta tanto se redacte un código civil y criminal —cuya elaboración fue decretada por el Supremo Congreso el ocho de marzo último, en consonancia con la forma de Gobierno establecida en Venezuela— el Código que hasta ahora nos ha regido continuará en plena vigencia en todo aquello que no se oponga directa ni indirectamente a las disposiciones de esta Constitución.

« El Supremo Legislador del Universo ha tenido a bien inspirar en nuestros corazones la más sincera amistad y unión, tanto entre nosotros como con los demás habitantes del Continente Colombiano que deseen unírsenos en defensa de nuestra Religión, nuestra Soberanía natural y nuestra Independencia.   Por ello, nosotros, el pueblo de Venezuela —habiendo ordenado libremente la precedente Constitución, que expone las reglas, los principios y los fines de nuestra Confederación y alianza perpetua, e invocando a Dios mismo como testigo de la sinceridad de nuestras intenciones al tiempo que imploramos humildemente su poderoso auxilio— nos comprometemos solemnemente a observar y cumplir de manera inviolable cada una de sus disposiciones, a fin de gozar para siempre de las bendiciones de la libertad y de los derechos imprescriptibles que su generosa beneficencia nos ha otorgado, a partir del momento en que esta Constitución sea ratificada en la forma que ella misma prescribe.

« Declaramos asimismo nuestra intención de enmendar y revisar estas resoluciones en cualquier momento, conforme a la voluntad de la mayoría de los pueblos de Colombia que opten por constituir un Cuerpo nacional para la defensa y preservación de su libertad e independencia política.    Tales enmiendas y ajustes se realizarán a su debido tiempo, por pluralidad y acuerdo mutuo entre nosotros, en todos los asuntos que afecten directamente los intereses generales de dichos pueblos, según lo convenido a través de sus legítimos Representantes reunidos en un Congreso General de Colombia, o de una parte considerable del mismo, y ratificado por los constituyentes.

« Entretanto, cada una de las provincias que han participado en la formación de esta Unión se garantizan mutuamente la integridad de sus respectivos territorios y derechos esenciales, empeñando a tal fin sus vidas, sus fortunas y su honor.    Encomendamos la inviolabilidad y preservación de esta Constitución a la fidelidad de los Cuerpos Legislativos, los Poderes Ejecutivos, los Jueces y todos los funcionarios de la Unión y de las Provincias, y a la vigilancia y virtud de los padres de familia, las madres, las esposas y los ciudadanos de este Estado.»

« Dado en el Palacio Federal de Caracas, a veintiuno de diciembre del año del Señor mil ochocientos once, primero de nuestra Independencia. »

Nota


* *

2). Constitución de 1821

La Constitución de 1821 (Constitución de la República de Colombia, conocida comúnmente como la Constitución de Cúcuta) fue adoptada por el Congreso General de Colombia en Cúcuta el 30 de agosto de 1821, ratificada en esa misma fecha y promulgada por el Presidente Simón Bolívar el 6 de octubre de 1821.   La precedieron dos textos de 1819 que este corpus no registra, por no satisfacer el requisito de haber entrado en vigor:   la Constitución de Angostura [15 de agosto de 1819], sancionada por el Congreso de Angostura para la República de Venezuela, y la Ley Fundamental de la República de Colombia [17 de diciembre de 1819], que establecía provisionalmente la unión de Venezuela y la Nueva Granada (la actual Colombia y Panamá) y a la que la Constitución de Cúcuta vino a reemplazar.   El nuevo marco constitucional instituyó un gobierno unificado para estas dos regiones, con la incorporación del territorio de Quito (el actual Ecuador) prevista aunque no materializada hasta 1822.

DOC-PRE—Preámbulo

« EN NOMBRE DE DIOS, AUTOR Y LEGISLADOR DEL UNIVERSO

« Nosotros, los Representantes de los Pueblos de Colombia, reunidos en Congreso General, en cumplimiento de los deseos de nuestros mandantes —establecer las normas fundamentales de su unión y crear una forma de gobierno que les asegure las bendiciones de la libertad, la seguridad, la propiedad y la igualdad, en la medida en que esto sea posible para una nación que comienza su vida política y aún lucha por su independencia— ordenamos y establecemos la siguiente

« CONSTITUCIÓN »

FND-TER—Territorio:

La Constitución de 1821 declaró que el territorio de Colombia comprendía las tierras del antiguo Virreinato de la Nueva Granada y de la Capitanía General de Venezuela (Art. 6), y que toda población liberada con posterioridad entraría a la República con iguales derechos y representación (Art. 7).    Ordenó una división jerárquica en Departamentos, Provincias, Cantones y Parroquias (Art. 8) e instruyó al Congreso para crear seis o más Departamentos (Art. 150).   Cada Departamento estaría encabezado por un Intendente, « natural e inmediato » del Presidente, designado por un período de tres años con las atribuciones fijadas por la ley (Arts. 150–2).   Cada Provincia quedaría bajo la autoridad de un Gobernador, subordinado al Intendente, con un mandato igualmente trienal; si el Intendente residía en una Provincia, ejercía simultáneamente las funciones de Gobernador (Arts. 153–4).   Los cabildos de la época colonial, en tránsito hacia concejos municipales de los cantones, continuaban rigiendo los asuntos locales, en tanto el Congreso determinaba su número, sus límites y sus atribuciones (Art. 155).   En cumplimiento del mandato constitucional de 1821, la Ley de División Territorial del 8 de octubre de 1821 dividió la nación en los Departamentos de Venezuela (capital: Caracas), Cundinamarca (capital: Bogotá) y Quito (capital: Quito).

POW-LEG—Congreso (Poder Legislativo):

La Constitución de 1821 enumeró veintiséis atribuciones legislativas — desde los presupuestos anuales y el crédito público hasta la guerra, la paz, la educación y las facultades extraordinarias en tiempos de guerra (Art. 55 §§ 1–26; new).    Fijó la apertura de las sesiones ordinarias el 2 de enero por noventa días, prorrogables en treinta, prohibió la suspensión o el traslado de sesiones sin consentimiento bicameral y otorgó al Ejecutivo la facultad de resolver los conflictos sobre sede (Arts. 68–70; new).   

Cada cámara establecía su reglamento interno para la conducción de sesiones, debates y deliberaciones; llevaba diarios de sesiones con votaciones nominales a petición de parte; y conservaba la potestad de mantener el orden o imponer sanciones por las faltas al respeto, la obstaculización o las amenazas a sus actuaciones o a sus miembros (Arts. 56–63; new).    Los congresistas, elegidos por la nación, gozaban de inviolabilidad y fuero personal, pero no podían desempeñar cargos ejecutivos, judiciales o administrativos considerados incompatibles con la función legislativa (Arts. 64–67; new).   

Los proyectos de ley debían leerse en tres días distintos en la cámara de origen —la primera para la introducción, la segunda para el debate y la tercera para la aprobación—, salvo que se declarara formalmente la urgencia (Arts. 41–43).    Las leyes de hacienda solo podían originarse en la Cámara de Representantes (Art. 42).   Una vez aprobados por ambas cámaras, los proyectos se sometían al Ejecutivo, que disponía de diez días para devolver sus objeciones, o de dos días en los casos urgentes; si no había respuesta dentro del plazo, o si ambas cámaras reafirmaban el proyecto por dos tercios de los votos, se convertía en ley sin necesidad de la firma ejecutiva (Arts. 46–50; new).   

Los actos legislativos se expedían por duplicado, con su fecha, acompañados de la exposición de sus fundamentos, y se archivaban en la cámara de origen (Arts. 51–54; new).    En los años electorales, el Congreso computaba los sufragios nacionales para Presidente, Vicepresidente y Senadores departamentales (Art. 71; new).    La Cámara formulaba las acusaciones contra los altos funcionarios (Art. 89) y el Senado los juzgaba, requiriéndose para la condena la conformidad de dos tercios de los senadores presentes (Art. 101).   Entre los rasgos procedimentales conservados de la Constitución de 1811 figuraban la estructura bicameral, la iniciativa de las leyes tributarias en la cámara baja, la regla de las tres lecturas y los umbrales de votación especificados, incluidas las mayorías de dos tercios para la expulsión o la censura (cont. 1811 Cap. II §§ 1, 4–10, 59–62).

ECO-HAC—Hacienda:

La Constitución de 1821, en consonancia con el texto de 1811, no estableció un departamento de hacienda autónomo (cont. 1811 Art. 108).   Al Congreso le correspondía en exclusiva la aprobación del presupuesto anual, la administración de los bienes nacionales, la imposición de tributos y aranceles y la contratación de la deuda pública (Tít. VII, Art. 55 §§ 1–4; new).   El Presidente debía remitir al Congreso informes anuales con el detalle de los ingresos, los gastos y los recursos fiscales (Tít. IX, Art. 129).   La administración hacendística quedaba encomendada al Secretario de Hacienda, uno de los cinco ministerios establecidos bajo el Ejecutivo (Tít. IX, Art. 136), con facultad del Presidente para distribuir las funciones entre los secretarios conforme a la ley del Congreso (Tít. IX, Art. 137).   La Constitución no definía mecanismos de fiscalización, jurisdicción financiera ni auditoría dentro del sistema de hacienda.

POW-EXE—Ejecutivo:

La Constitución de 1821 depositó el poder ejecutivo en un único Presidente de la República, elegido para un período de cuatro años con posibilidad de una reelección inmediata, asistido por un Vicepresidente, y reemplazado provisionalmente en casos de vacancia doble por el Presidente del Senado (Arts. 105–112; cont. 1811 Arts. 62–63; cf. 1811:   cuerpo ejecutivo colegiado).   Esta fórmula sustituyó al Consejo Ejecutivo de tres miembros establecido en 1811.   La Constitución instituyó un Consejo de Gobierno integrado por el Vicepresidente, un miembro de la Alta Corte de Justicia y los cinco Secretarios de Estado; el Presidente debía consultar a este Consejo en asuntos como declaraciones de guerra, tratados, nombramientos de alta jerarquía, medidas de emergencia y otras cuestiones de gravedad, aunque no estaba vinculado por su parecer.   

Las deliberaciones del Consejo debían quedar asentadas en actas y remitirse anualmente al Senado (Arts. 133–135; new; cf. 1811:    sin órgano consultivo equivalente).   El Presidente dirigía la administración general de la República y ejercía facultades extraordinarias durante invasión extranjera o conmoción interna, ya fuera con autorización previa del Congreso o, hallándose este en receso, por iniciativa propia, siempre que convocara al Congreso de inmediato y limitara su actuación a lo estrictamente indispensable (Art. 128; new; cf. 1811:    sin cláusula expresa de facultades de emergencia).   

La Constitución estableció cinco Secretarías de Estado —Interior, Relaciones Exteriores, Hacienda, Guerra y Marina—, cuyos titulares actuaban como refrendatarios obligatorios de los actos presidenciales; ningún acto ejecutivo adquiría fuerza legal sin la firma del Ministro competente (Arts. 136–138; new; cf. 1811 Arts. 91–92:   sin exigencia explícita de refrenda).    El Congreso tenía la facultad de modificar el número de los ministerios, en tanto el Ejecutivo asignaba sus funciones mediante reglamento (Art. 137; new).   

El Presidente también comandaba las fuerzas armadas, hacía cumplir las leyes, supervisaba las elecciones, promulgaba la legislación, proponía candidatos para cargos diplomáticos y militares con aprobación del Senado, y remitía al Congreso informes anuales sobre la situación política, militar y hacendística (Arts. 113–117, 119–123, 129; new; cf. 1811 Arts. 64, 84, 86:   atribuciones anteriormente distribuidas entre otros órganos).   Varias de estas disposiciones extendían o reafirmaban principios establecidos en 1811, entre ellos la supremacía del poder civil, la dirección administrativa, la responsabilidad compartida mediante refrenda ministerial, la protección frente a la detención arbitraria y la delegación legítima de funciones ejecutivas (Arts. 113–114, 124–127, 136–138; cont. 1811 Arts. 19–20, 64, 84, 86, 91–92).

POW-JUD—Poder Judicial:

La Constitución de 1821 mantuvo la Alta Corte de Justicia, fijó un mínimo de cinco miembros y reafirmó los requisitos de idoneidad:    treinta años de edad, ejercicio activo del derecho y condición de elector (Arts. 140–141; cont. 1811 Arts. 110–114).   Para cada vacante, el Presidente presentaba una terna; a partir de ella, la Cámara de Representantes elaboraba una lista de candidatos, y el Senado efectuaba el nombramiento definitivo.   En receso del Congreso, el Ejecutivo podía proveer las vacantes con carácter provisional (cont. 1811 Art. 142).   La Corte conservaba jurisdicción en materia de relaciones exteriores — incluidas embajadas, consulados, agentes diplomáticos y la Secretaría de Relaciones Exteriores —, así como en la interpretación de tratados y en los conflictos entre tribunales superiores, dejando a la ley la definición de los detalles jurisdiccionales (cont. 1811 Arts. 143–144).   Los magistrados ocupaban sus cargos durante buena conducta y percibían salarios fijos e irreducibles (cont. 1811 Arts. 145–146).   La Constitución autorizó también al Congreso a establecer tribunales superiores en todo el territorio de la República y a asignarles sus jurisdicciones para facilitar la pronta administración de justicia (Art. 147; new).   Los jueces de estos tribunales serían nombrados por el Ejecutivo a partir de ternas presentadas por la Alta Corte y gozarían de las mismas garantías de inamovilidad que los magistrados del alto tribunal (Art. 148; new).    Los tribunales inferiores continuarían rigiéndose por la legislación de transición hasta que el Congreso completara la reorganización judicial (cont. 1811 Art. 149).   La Constitución incluyó asimismo una disposición para que el Congreso introdujera progresivamente el juicio por jurado en las formas y causas que considerara oportunas (Art. 175; new).

CON-AMD—Reforma de la Constitución:

La Constitución de 1821 introdujo la renovación escalonada del Senado para impedir que un Congreso que no hubiera experimentado sustitución parcial pudiera aprobar enmiendas constitucionales (Tít. II, Secc. 7, Art. 94; new).    Los senadores se dividían en dos clases dentro de cada departamento, con la primera sirviendo cuatro años y la segunda el período completo de ocho (Art. 94; new).   Un sorteo celebrado durante la primera sesión del Senado determinaba qué senadores quedarían sujetos a sustitución anticipada (Art. 94; new).   Las enmiendas requerían el voto favorable de dos tercios de ambas cámaras (Tít. IV, Secc. 1, Art. 190; new).   Sin embargo, no podía proponerse enmienda alguna hasta que al menos la mitad de los miembros de ambas cámaras hubiera sido renovada mediante elecciones ordinarias (Art. 190; new).   La Constitución excluía de reforma las disposiciones fundamentales que definían la unidad nacional y la forma de gobierno, tal como quedaban establecidas en Tít. I, Art. 1 y Tít. II, Art. 2 (Art. 190; new).   Una revisión constitucional de fondo solo podía llevarse a cabo mediante convención general, la cual no podía convocarse hasta que hubieran transcurrido diez años o hasta que el territorio nacional hubiera sido completamente liberado (Tít. VIII, Art. 191; new).    Las leyes vigentes continuarían en vigor en tanto no contravinieran la Constitución ni las leyes dictadas bajo su amparo (Tít. VII, Art. 188; cont. 1811 Art. 108).

CIV-SUF—Sufragio:

La Constitución de 1821 conservó el sistema de sufragio indirecto por parroquia y asambleas electorales establecido en 1811 (1821 Tít. III; cont. 1811 Cap. II), pero introdujo una estructura electoral más elaborada y jerarquizada:    las asambleas parroquiales se reunían cada cuatro años en cada parroquia sin distinción de población (Art. 12; new), presididas por los jueces locales y cuatro testigos de reconocida probidad (Art. 13; new), y eran las encargadas de designar en sesión pública a los electores parroquiales (Arts. 18, 24–25; new).   

Para votar se exigía la nacionalidad colombiana, el estado de casado o la mayoría de veintiún años, y la acreditación de un requisito patrimonial u ocupacional:    titularidad de bienes raíces valorados en al menos 100 pesos o ejercicio autónomo de un oficio, profesión o actividad mercantil (Art. 15; new).   Aunque el texto de 1821 incluyó la alfabetización como condición, su aplicación quedó sin efecto cuando se disolvió la Gran Colombia, y el requisito de saber leer y escribir se incorporó por vía separada al derecho electoral venezolano en 1840 (Ley de Reforma Electoral, Gaceta de Venezuela, 16 de mayo de 1840; sesiones del Congreso Nacional, 1840).   

Las causas de inhabilitación en el texto de 1821 comprendían la condena penal o la existencia de cargos penales pendientes, la declaración de insolvencia por autoridad competente, la vagancia o el incurrir en prácticas corruptas como la compra o venta de votos (Arts. 16–17; new).   

Cada voto parroquial se asentaba en acta y se remitía sellado a los concejos cantonales, que compilaban los cómputos y proclamaban a los electores por mayoría de votos o, en caso de empate, por sorteo (Arts. 26–28; new); a continuación, los resultados se enviaban a la capital de la provincia (Art. 29; new).   

Los electores se distribuían entre los cantones según la población —uno por cada 4.000 habitantes más uno adicional por cada 3.000 habitantes suplementarios, con un mínimo de uno por cantón (Art. 20; new)— y debían reunir requisitos más exigentes que los votantes parroquiales: debían ser alfabetos, tener al menos veinticinco años y poseer bienes valorados en 500 pesos, percibir 300 pesos anuales o un beneficio equivalente, o bien acreditar un título o profesión de carácter científico (Art. 21; new).   Estos electores integraban las asambleas electorales provinciales, que se reunían cada cuatro años (Art. 31; new) para elegir representantes, senadores departamentales y al Presidente y al Vicepresidente (Arts. 30, 34; new).   

Los votos de cada cargo se asentaban en registros separados (Art. 35; new).   Los resultados de las elecciones presidenciales, vicepresidenciales y senatoriales se trasladaban desde las asambleas parroquiales hasta las capitales departamentales, y desde allí se remitían al Senado para su verificación y proclamación definitivas (Arts. 36–38; new).   

Los resultados de las elecciones de representantes eran certificados por las autoridades locales y remitidos directamente a la Cámara de Representantes para su revisión (Art. 39; new).   Los ciudadanos continuaban votando en las asambleas parroquiales para designar a los electores parroquiales, quienes a su vez participaban en las asambleas provinciales para elegir a los miembros de la cámara baja; los senadores eran seleccionados por las asambleas departamentales de entre las listas presentadas por las legislaturas provinciales, y el Presidente y el Vicepresidente eran elegidos por mayoría de las asambleas departamentales de entre los candidatos propuestos por el Congreso (Arts. 30–34; new).

CIV-CIT—Ciudadanía:

La Constitución de 1821 conservó las disposiciones de la de 1811 sobre ciudadanía (cont. 1811 Art. 7).   Reconoció como ciudadanos a todos los hombres libres nacidos en el territorio colombiano o en el extranjero de padres colombianos (Art. 4.1; cont. 1811 Art. 7).   Otorgó asimismo la ciudadanía a los residentes de origen extranjero que lo fueran en el momento de la independencia y hubieran permanecido leales a la República (Art. 4.2; new).   Habilitó la naturalización mediante carta de naturaleza (Art. 4.3; new). Además, la Constitución codificó las obligaciones cívicas y exigió de los ciudadanos el acatamiento de las autoridades, el pago de los tributos y —cuando fuera necesario— el ofrecimiento de sus bienes o de su vida en defensa de la República (Art. 5; new).

RTS-GAR—Derechos:

La Constitución de 1821 reafirmó los derechos reconocidos por primera vez en 1811.    Sostuvo la libertad de expresión y permitió a los ciudadanos escribir, imprimir y publicar sus ideas sin censura previa (Art. 156; cont. 1811 Art. 4).   Preservó también el derecho de petición ante las autoridades públicas y el de acudir a los tribunales para la tutela de la propiedad, el honor y la reputación (Art. 157; cont. 1811 Art. 5).   

La Constitución garantizó la presunción de inocencia y el debido proceso (Arts. 158–159; new).   En los casos de flagrancia, cualquier ciudadano podía practicar la aprehensión, que debía ponerse de inmediato a disposición del juez (Art. 160; new).   Las órdenes de detención debían especificar los motivos del arresto, ser dictadas por autoridad competente y entregarse por escrito al detenido (Arts. 161–162; new).   Los detenidos tenían derecho a comunicarse libremente, salvo que el juez impusiera una restricción de un máximo de tres días; tanto los agentes que practicaran la detención como los carceleros se exponían a sanciones por el incumplimiento de estas salvaguardas (Arts. 163–164; new).   Si cesaban los motivos de la detención, las autoridades debían poner en libertad al detenido o admitirlo a fianza, y el tribunal estaba obligado a dar a conocer el testimonio de los testigos en el plazo de tres días (Art. 165; new).   

Los procesos penales debían sustanciarse ante los tribunales establecidos; la Constitución proscribía las leyes retroactivas y prohibía la autoincriminación y el testimonio contra el cónyuge o los parientes cercanos (Arts. 166–168; new).   Protegió la inviolabilidad del domicilio salvo por mandato judicial (Art. 169; new) y garantizó la reserva de la correspondencia y los papeles personales, salvo disposición legal en contrario (Art. 170; new).   

Las resoluciones judiciales debían estar motivadas y podían impugnarse hasta en tres ocasiones; los jueces tenían vedado conocer de asuntos en los que tuvieran interés propio (Arts. 171–172; new).    La Constitución declaró que la infamia del delito no podía extenderse a la familia del infractor (Art. 173; new) y prohibió el enjuiciamiento militar de los civiles, incluidas las milicias, en tiempos de paz (Art. 174; new).   

Las tropas no podían ser alojadas en domicilios particulares sin consentimiento durante la paz (Art. 176; new).   Reconoció el derecho a la propiedad, al trabajo, al comercio y a la industria, y solo admitió la expropiación cuando estuviera justificada por la necesidad pública y fuera debidamente indemnizada (Arts. 177–179; new).   

Abolió asimismo los privilegios hereditarios y los títulos nobiliarios (Arts. 179, 181–182; new).   La aceptación de condecoraciones extranjeras requería autorización previa del Congreso (Art. 182; new).   

Los residentes extranjeros gozaban de igual protección ante la ley (Art. 183; new), y la Constitución permitió a los extranjeros que se hubieran distinguido en la guerra de independencia desempeñar cargos públicos, aun cuando no reunieran los requisitos ordinarios de ciudadanía (Art. 184; new).

REG-MIL—Las Fuerzas Armadas:

La Constitución de 1821 mantuvo el marco castrense establecido en 1811, que incluía el control del Congreso sobre la defensa nacional, el predominio de la milicia adiestrada sobre el ejército permanente, la supremacía del poder civil sobre el militar y el mando presidencial sujeto a la tutela legislativa (cont. 1811 Arts. 71, 86, 108, 176–179).   Introdujo una nueva disposición que autorizaba al Presidente a asumir facultades extraordinarias durante invasión extranjera o insurrección interna, ya fuera con aprobación previa del Congreso o —en caso de estar este en receso— por iniciativa propia, siempre que convocara al Poder Legislativo de inmediato y limitara dichas facultades a las circunstancias de urgente necesidad (Art. 128; new).

REG-REL—Religión:

La Constitución de 1821 mantuvo al catolicismo romano como el único culto público y reafirmó la obligación de las autoridades de protegerlo (Art. 2; cont. 1811 Art. 1).   Añadió la obligación de respetarlo por parte de los ciudadanos y los extranjeros residentes (Art. 2; new).

REG-SLA—Esclavitud:

La Constitución de 1821 no abolió la esclavitud, pero conservó la prohibición de la trata de esclavos previamente codificada en 1811 (Tít. IX, Art. 124; cont. 1811 Cap. IX, Art. 202).   Facultó al Congreso para dictar leyes relativas a la condición de las personas esclavizadas y a la manumisión, en virtud de su autoridad general para legislar en todo aquello « que conduzca a la felicidad general » (Tít. VII, Art. 55 §26; new), sin disposición adicional al respecto.

ECO-INF—Infraestructura (solo 1821):

La Constitución de 1821 codificó la responsabilidad del Estado de fomentar la instrucción pública, de impulsar el avance de las ciencias y las artes y de regular el comercio y la agricultura (Tít. IX, Arts. 160–161; new).    Exigió también al Congreso y al Ejecutivo que dictaran las leyes orientadas a mejorar la industria nacional y la prosperidad general (Art. 161; new).   Para sostener estos objetivos, el Ejecutivo debía remitir al Congreso un informe anual sobre los ingresos y gastos nacionales, que servía como mecanismo fiscal para financiar las funciones públicas (Tít. VII, Art. 129; new).    La Constitución ordenó además la publicación del presupuesto nacional para asegurar la transparencia en la administración de los fondos públicos.   Estas disposiciones sustituyeron los enunciados más generales sobre instrucción y comercio contenidos en el texto de 1811 (1821: Tít. IX, Arts. 160–161; Tít. VII, Art. 129; new. 1811: Arts. 108, 133, 135).

CON-FIN—Disposiciones Finales:

La Constitución de 1821 fue formalmente adoptada por el Congreso General de Colombia y suscrita por su presidente, vicepresidente y todos los diputados presentes en la Villa del Rosario de Cúcuta el 30 de agosto de 1821 (Acta de Sanción, Villa del Rosario, 30 de agosto de 1821).   Fue promulgada y puesta en ejecución por el Ejecutivo el 6 de octubre de 1821, con la firma del Presidente Simón Bolívar y las refrendas del Secretario de Marina y Guerra, Pedro Briceño Méndez; del Secretario de Hacienda y Relaciones Exteriores, Pedro Gual; y del Secretario de Interior y Justicia, Diego B. Urbaneja.

Nota


« Desenmascarar la desilusión: Serie X »

June 3, 2026

 

“Alegoría geométrica”, pintura digital de 2023 de Ricardo Morin (artista visual estadounidense nacido en Venezuela, 1954).

NOTA DEL AUTOR


Esta entrega examina patrones políticos e institucionales recurrentes en la historia constitucional venezolana a lo largo de cinco secciones y un apéndice.  Las secciones I a V rastrean la relación entre las condiciones territoriales, el diseño constitucional y la concentración de autoridad a través de sucesivos períodos constitucionales.  El apéndice presenta los marcos constitucionales de Venezuela de manera comparativa mediante rubros estandarizados organizados cronológicamente.

Ricardo F. Morín 

22 de mayo de 2026 

Oakland Park, Florida


*

Capítulo XX

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El asunto final:

La forma constitucional y su vaciamiento

I

La historia constitucional de Venezuela surgió de condiciones que existían antes de la república misma.  La sociedad colonial no era un sistema de castas formal, pero sí profundamente jerárquica, estructurada mediante distinciones entre mantuanos, criollos, pardos, indígenas y personas esclavizadas.  La autoridad política tomó forma a través de lealtades regionales, redes personales, organización militar y relaciones desiguales entre la administración local y la central.  Estas condiciones definieron los límites dentro de los cuales los arreglos constitucionales posteriores tendrían que funcionar.

El territorio heredado del período colonial no era simplemente extenso.  Era diferenciadamente transitable, accesible para quienes lo recorrían en sus propios términos, por río, vereda y conocimiento local, pero resistente al tipo de alcance administrativo coordinado que la gobernanza republicana requería.  Alexander von Humboldt atravesó la cuenca del Orinoco y se aproximó a las antiguas formaciones tepuyanas del interior amazónico entre 1799 y 1800, en canoa y a pie, guiado por quienes conocían la tierra desde adentro.  Lo que él documentó, las estructuras de gobierno no podían administrarlo.  El interior no era inalcanzable en sentido absoluto.  Era inalcanzable para la lógica institucional que pretendía gobernarlo a distancia, mediante comunicación escrita, puestos fijos y mando jerárquico.  Esa brecha entre la realidad territorial y el supuesto administrativo condicionó cada arreglo constitucional que vino después.

Las vastas regiones de difícil acceso impidieron la coordinación consistente entre las autoridades provinciales y las centrales.  La comunicación a distancia era lenta, el desarrollo económico variaba notablemente de región en región, y la aplicación de la ley dependía con frecuencia más de caudillos locales que de ningún gobierno nacional continuo.  El desafío de gobernar a lo largo de un territorio tan extenso y desigual surgió mucho antes de los conflictos constitucionales del período republicano.

Las guerras de independencia introdujeron la experimentación constitucional en estas condiciones ya difíciles.  Se pidió a las instituciones republicanas que establecieran soberanía, continuidad jurídica y control territorial mientras el conflicto armado continuaba.  Los marcos constitucionales se desarrollaron, por tanto, junto a la guerra, las alianzas cambiantes, la rivalidad regional y la incompleta integración administrativa.  La autoridad política descansaba con frecuencia menos en la continuidad institucional que en la organización militar capaz de mantener unido el territorio en situaciones de crisis.

La Constitución de 1811 adoptó principios federales inspirados en la experiencia constitucional de los Estados Unidos.  La autonomía provincial ocupó un lugar central en el nuevo orden, con la soberanía distribuida entre entidades regionales que conservaban autoridad independiente sustancial.  Sin embargo, su estructura ejecutiva difería notablemente del modelo presidencial estadounidense al establecer un triunvirato con una presidencia rotativa en lugar de un único jefe ejecutivo.  Los fundamentos institucionales necesarios para sostener el federalismo eran, no obstante, débiles.  Las divisiones regionales, la dificultad de gobernar sobre un territorio desigualmente desarrollado, los vínculos económicos desiguales y las lealtades locales en competencia limitaron la capacidad del gobierno central para mantener la autoridad durante la crisis.

Los sucesivos períodos constitucionales abordaron repetidamente la débil coordinación administrativa concentrando mayor autoridad en el ejecutivo.  La Constitución de Angostura y los desarrollos republicanos posteriores fortalecieron la autoridad central en condiciones marcadas por la guerra, la accesibilidad limitada y la incompleta integración provincial.  La centralización, por tanto, no surgió solo de la ideología.  Reflejó también intentos reiterados de sostener una gobernanza coherente donde la autoridad regional dispersa no podía mantenerse.

La dificultad persistente de gobernar sobre un territorio extenso modificó gradualmente la relación entre la estructura constitucional y el poder político.  La dependencia de la coordinación central durante la guerra, la ruptura administrativa y la perturbación institucional elevó la importancia política de las estructuras ejecutivas y militares.  Durante los períodos de colapso constitucional a lo largo del siglo XX, las estructuras de mando aparecieron cada vez más capaces de mantener el orden que la prolongada negociación civil.  Los actores políticos prefirieron, por tanto, la reorganización mediante autoridad concentrada sobre la consolidación procesal gradual.

La recurrente aparición del liderazgo concentrado en la historia política venezolana no surgió solo de la ambición personal.  Emergió en condiciones donde la continuidad constitucional, la coordinación territorial, la integración administrativa y la mediación institucional eran difíciles de mantener simultáneamente.  El reemplazo constitucional se convirtió, por tanto, no meramente en una respuesta a la perturbación, sino cada vez más en parte del proceso mediante el cual la autoridad política reorganizaba la gobernanza bajo nuevas formas constitucionales.

II

Lo que comenzó como una respuesta de emergencia a la dificultad territorial y administrativa no permaneció como excepción.  A lo largo de sucesivos períodos constitucionales, la autoridad centralizada se convirtió gradualmente en la expectativa predeterminada de la vida política venezolana, el arreglo al que los actores políticos recurrieron no solo durante las emergencias, sino cada vez más como la condición normal de la gobernanza misma.

Esta normalización tuvo consecuencias institucionales.  Cuando la centralización opera como medida de emergencia, conserva un límite implícito:  la emergencia termina y la autoridad distribuida se restablece.  Cuando se convierte en el supuesto operativo, ese límite se disuelve.  Las instituciones diseñadas para controlar, equilibrar y distribuir la autoridad política continuaron existiendo formalmente, pero su peso práctico disminuyó cada vez que la coordinación ejecutiva concentrada demostró ser más eficaz que la prolongada negociación procesal.  La excepción, repetida con suficiente frecuencia, dejó de sentirse como tal.

El reemplazo constitucional aceleró este proceso.  Cada nuevo marco llegó con la promesa de corregir los fracasos de su predecesor, pero cada reorganización también reinició el reloj de la consolidación procesal.  Los hábitos cívicos, las rutinas administrativas y las expectativas institucionales que tardan generaciones en consolidarse fueron interrumpidos antes de poder asentarse.  El resultado no fue simplemente una secuencia de textos constitucionales, sino un patrón en el que el cambio constitucional mismo se convirtió en el mecanismo mediante el cual la autoridad concentrada renovó su legitimidad bajo un lenguaje institucional renovado.

A mediados del siglo XX, este patrón había remodelado las expectativas políticas a un nivel fundamental.  La pregunta ya no era si la autoridad centralizada era apropiada, sino qué forma tomaría y bajo la dirección de quién.  Los gobiernos militares, los ejecutivos elegidos con amplios poderes de emergencia y los movimientos revolucionarios con mandatos constitucionales ocuparon cada uno la misma posición estructural, concentrando autoridad, reorganizando instituciones y presentando esa concentración como la condición necesaria para el orden nacional.  El vocabulario ideológico cambió a lo largo de estos períodos; el arreglo institucional subyacente no.

Esto no fue cinismo por parte de los actores políticos, ni simple autoritarismo.  Reflejó una realidad institucional genuina y recurrente:  la autoridad distribuida había fracasado visible y frecuentemente, mientras que la autoridad concentrada había, en momentos críticos, mantenido unido al país.  Esa experiencia fue real.  Sin embargo, por qué esa experiencia produjo normalización en lugar de aprendizaje institucional correctivo, por qué la repetición profundizó el patrón en lugar de generar la capacidad cívica y administrativa para escapar de él, no puede explicarse plenamente solo por las condiciones estructurales.  Las circunstancias culturales se acumulan a lo largo de generaciones de maneras que resisten las categorías analíticas precisas.  Cualquier relato de esta secuencia, incluido el que aquí se ofrece, es una aproximación, un intento diagnóstico realizado con plena conciencia de que las dimensiones humanas de la vida institucional exceden lo que el análisis estructural puede recuperar.

III

Durante el siglo XX, la reiterada interrupción institucional amplió aún más el papel político de las estructuras de mando en la gobernanza nacional.  La organización militar apareció cada vez más capaz de sostener el orden en condiciones donde las instituciones civiles luchaban por mantener la continuidad procesal a través de períodos de crisis, transición y ruptura administrativa.  La relación entre gobernanza y mando adquirió, por tanto, una importancia creciente más allá de las funciones estrictamente militares.

Dentro de las estructuras de mando, la autoridad opera mediante jerarquía, coordinación, velocidad y disciplina operacional.  La gobernanza civil, por el contrario, depende de la negociación, la restricción procesal, la distribución de autoridad y la continuidad en el desacuerdo.  En condiciones de reiterada perturbación constitucional y debilidad institucional, las estructuras de mando centralizadas aparecieron cada vez más capaces de producir orden administrativo inmediato que la prolongada mediación civil.

Esta diferencia organizacional reformuló gradualmente las expectativas políticas sobre la gobernanza misma.  La dependencia de la concentración ejecutiva durante la inestabilidad expandió el papel de la autoridad centralizada en la práctica constitucional y administrativa.  La coordinación política dependió cada vez más de estructuras capaces de ejercer autoridad rápida y continua sobre sistemas institucionales que luchaban por sostener la continuidad procesal por sí solos.

Los movimientos ideológicos del siglo XX aceleraron estos desarrollos al vincular la transformación política con la dirección centralizada y la reorganización institucional.  Las corrientes revolucionarias en toda América Latina se cruzaron con condiciones existentes de desigualdad social, débil continuidad institucional, integración administrativa desigual y desconfianza hacia las estructuras políticas tradicionales.  Las presiones externas, incluida la influencia política y económica de los Estados Unidos, intensificaron más que crearon estas dinámicas, agudizando la asociación entre autoridad centralizada y soberanía nacional sin resolver la dificultad institucional subyacente.  La autoridad concentrada continuó expandiéndose dentro de sistemas constitucionales donde la mediación procesal y la distribución del poder permanecieron comparativamente débiles.

La reinterpretación de la gobernanza mediante la coordinación centralizada transformó gradualmente la crisis política en reorganización institucional recurrente.  Diferentes movimientos políticos expresaron este proceso mediante diferentes lenguajes ideológicos, pero la secuencia subyacente permaneció comparable.  La continuidad constitucional persistió formalmente mientras la concentración de autoridad reorganizó la gobernanza bajo nuevas estructuras institucionales.

A finales del siglo XX, la acumulación de crisis y colapsos institucionales había erosionado la confianza en la mediación institucional como tal.  Las expectativas políticas se fueron orientando hacia la autoridad concentrada, convocada por promesas de restauración, redención o revancha.

IV

La reiterada reorganización constitucional no se limitó a modificar los arreglos institucionales.  Fue normalizando las condiciones bajo las cuales la autoridad concentrada podía expandirse a través de los propios sistemas constitucionales, sin necesidad de enfrentarlos.  Las elecciones se celebraron, las legislaturas siguieron constituidas, los tribunales conservaron jurisdicción formal.  Pero cada una de estas estructuras fue convirtiéndose en la superficie visible del poder más que en su realidad operativa.

Lo que se desplegó en Venezuela no fue una ruptura declarada sino un proceso.  Bajo Chávez, militares fueron designados en todos los ministerios y departamentos del Estado, no como medida excepcional sino como normalidad administrativa, hasta que la estructura de mando y la estructura constitucional se volvieron indistinguibles desde adentro.  El Tribunal Supremo fue desmantelado y reconstituido con magistrados cuya principal calificación era la lealtad.  La prensa independiente no fue suprimida por decreto sino desplazada sistemáticamente, hasta que una sola voz al servicio del Estado ocupó el lugar donde antes existía la deliberación pública.  Cada una de estas acciones se ejecutó por cauces institucionales, respaldada por el lenguaje constitucional y presentada como corrección de un desorden anterior.

Lo que Maduro heredó no fue solamente el poder sino el método.  Cuando la oposición obtuvo una mayoría legislativa decisiva en 2015, la respuesta no fue la acomodación sino el borramiento.  Un Tribunal Supremo ya vaciado de independencia anuló actos legislativos antes de que pudieran surtir efecto.  Cuando eso resultó insuficiente, Maduro convocó una Asamblea Constituyente mediante decreto presidencial en 2017 e invirtió la disposición constitucional que reservaba esa potestad exclusivamente al pueblo.  La asamblea resultante carecía de mandato electoral genuino, excluyó a los candidatos de la oposición y sesionó sin observadores independientes.  Votó por unanimidad asumir la plenitud de los poderes legislativos del Congreso electo, al que declaró sin facultades para gobernar.  La Constitución no fue suspendida.  Fue habitada hasta volverse irreconocible.  Una garantía democrática inscrita en la carta de 1999 se convirtió en el instrumento de su propia negación.

Lo que quedó fue la penalización de la disidencia, no como fracaso del sistema constitucional sino como su culminación.  La distancia entre la declaración constitucional y la realidad institucional, que períodos anteriores habían dejado como tensión, fue clausurada por la fuerza.  Quienes nombraron la brecha fueron procesados por nombrarla.

V

Los sistemas constitucionales pueden sobrevivir a reiteradas transformaciones políticas mientras las condiciones necesarias para una restricción institucional duradera se erosionan progresivamente por debajo de ellos.  Venezuela no llegó a este punto por ausencia de arquitectura constitucional.  Llegó por la ocupación sistemática de esa arquitectura por parte de una autoridad concentrada que había aprendido, a lo largo de generaciones, que la Constitución resultaba más útil como lenguaje que como límite.

Esa es la tensión recurrente que esta serie ha examinado.  Concierne no solo a la interrupción constitucional sino a algo más perturbador y de mayor alcance:  la divergencia lenta entre lo que una constitución proclama y lo que las instituciones pueden sostener en la práctica, perceptible solo a posteriori y legible únicamente cuando la brecha se ha ensanchado demasiado para cerrarse sin volver a empezar.


APÉNDICE

Introducción

La historia constitucional de Venezuela comprende veinticinco constituciones formalmente adoptadas y puestas en vigor entre 1811 y 1999.   Cada una fue concebida como respuesta a circunstancias políticas e institucionales cambiantes, reorganizando la autoridad, redistribuyendo competencias y redefiniendo estructuras de gobierno bajo condiciones distintas.   Se excluyen los proyectos constitucionales, los borradores de constitución, las reformas propuestas que no fueron ratificadas y otros textos constitucionales que nunca adquirieron fuerza jurídica.   En consecuencia, este corpus sigue el orden constitucional constituido en derecho y no la historia más amplia de las propuestas constitucionales.

La Constitución de 1999, frecuentemente presentada como una ruptura respecto de modelos constitucionales anteriores, reorganizó la autoridad institucional al tiempo que preservó disposiciones relativas a la administración central, la estructura del Poder Ejecutivo y formas de redistribución constitucional ya presentes en marcos previos.  Su relación con las constituciones anteriores refleja, por tanto, tanto continuidad como reconfiguración dentro de la secuencia más amplia del desarrollo constitucional venezolano.

Este apéndice fue concebido y preparado en formato bilingüe como instrumento de referencia para lectores angloparlantes e hispanoparlantes.   Su propósito es documental antes que interpretativo.   Los materiales se organizan en cuatro secciones:   (A) Constituciones venezolanas (1811–1999), Poderes y Departamentos de Gobierno; (B) Evolución de los Partidos Políticos (1840–2024); (C) Algunas Leyes Promulgadas por la Asamblea Nacional; y (D) Nota Aclaratoria sobre la Coerción Interna, la Presencia Extranjera y la Intervención, junto con la bibliografía.

Los materiales constitucionales se presentan mediante rúbricas estandarizadas organizadas cronológicamente, de manera que el lenguaje constitucional, las disposiciones institucionales y las estructuras de gobierno puedan examinarse comparativamente a través de períodos sucesivos.   La comparación procede mediante identificadores permanentes de rúbrica y no por la secuencia de artículos o títulos dentro de una constitución particular.   El objetivo no es formular una interpretación histórica, sino facilitar el examen directo de los propios textos constitucionales.

Con excepción de las constituciones de 1811 y 1821, el desarrollo constitucional venezolano desde 1830 puede leerse como un registro estratificado de retención, modificación, redistribución y reintroducción.  Las disposiciones reaparecen con frecuencia a través de marcos constitucionales sucesivos bajo títulos modificados, competencias redistribuidas, arreglos institucionales revisados o distintos sistemas de organización interna, dejando a menudo que estructuras y procedimientos esenciales sean definidos posteriormente por la legislación ordinaria.  Las anotaciones «cont.», «new» y «cf.» identifican dichas continuidades, innovaciones y referencias comparativas en términos fieles a los propios textos constitucionales.

A). Constituciones Venezolanas, Poderes y Departamentos de Gobierno

A-1). Constituciones

El método comparativo aplicado aquí considera cada texto constitucional simultáneamente como un instrumento jurídico autónomo y como un momento dentro de una secuencia constitucional acumulativa.  Las disposiciones se examinan no sólo por lo que establecen, sino también por aquello que conservan, revisan, redistribuyen, reformulan u omiten en relación con marcos constitucionales anteriores.   Este método permite identificar patrones institucionales que pueden no resultar evidentes cuando una constitución se examina de manera aislada, entre ellos la transferencia de materias no resueltas a la legislación ordinaria, su posterior reintroducción constitucional bajo formas modificadas y la redistribución de competencias entre distintos títulos sin alteración sustantiva de sus funciones subyacentes.

La secuencia documental que sigue permite examinar las maneras en que las estructuras constitucionales fueron conservadas, reorganizadas, redistribuidas, reformuladas o abandonadas a lo largo de las sucesivas promulgaciones de la historia constitucional venezolana.


« Restricciones institucionales »

May 13, 2026
Ricardo F. Morín
Restricciones
Acuarela, tinta sumi y líquido corrector sobre papel
35,5 x 51 cm
2005

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Este análisis aborda el funcionamiento de la restricción institucional una vez que se produce la recalibración electoral; un diagnóstico previo, « Asimetría temporal » examina lo que puede permitir que la acción ejecutiva se adelante a la respuesta institucional antes de ese momento.

1. Las elecciones legislativas de medio término de los Estados Unidos, programadas para el 3 de noviembre de 2026, determinarán el control de los 435 escaños de la Cámara de Representantes y de 35 escaños del Senado.  Estas elecciones funcionan como puntos de recalibración institucional destinados a verificar si la autoridad ejecutiva permanece sujeta a restricción legislativa, según lo descrito por Ballotpedia en su síntesis de las elecciones legislativas de 2026.

 

2. El análisis histórico indica que las elecciones de medio término reducen con frecuencia el respaldo legislativo del presidente en ejercicio, restableciendo la capacidad de supervisión mediante cambios en la conducción de los comités, la autoridad de citación y el control presupuestario, tal como se documenta en los análisis del Congressional Research Service sobre la rotación congresional en elecciones de medio término y la autoridad de supervisión—un patrón que también se observa en los resúmenes publicados por el Brookings Institution sobre tendencias históricas de elecciones de medio término.

 

3. Cuando la gobernanza ejecutiva se apoya en acciones unilaterales mediante órdenes ejecutivas, aplicación discrecional de la ley y nombramientos basados en lealtad, la supervisión legislativa actúa como contrapeso constitucional que condiciona la autoridad sin eliminarla.

 

4. El control legislativo permite investigaciones, exige la entrega de documentos y desacelera las iniciativas ejecutivas mediante revisión procedimental en lugar de impulso unilateral, reflejando el diseño constitucional más que la intención personal.

 

5. El juicio político funciona como un mecanismo de responsabilidad constitucional y no como un proceso penal.  La Cámara de Representantes ejerce autoridad exclusiva para iniciar procedimientos de destitución ante el abuso de poder o el deterioro sostenido de la gobernanza constitucional, conforme a la interpretación del Congressional Research Service.

 

6. El riesgo principal asociado a las elecciones de noviembre de 2026 se relaciona con la normalización de la acción ejecutiva en ausencia de supervisión legislativa efectiva, y no con la suspensión electoral ni la abolición formal del orden constitucional.

 

7. La reducción de la supervisión produce aplicación selectiva de la ley, protección institucional de la incumbencia y sustitución de la responsabilidad procedimental por lealtad política, modificando la orientación de la gobernanza mientras las estructuras formales permanecen.

 

8. La ausencia prolongada de restricción transforma la estructura partidista, desplazando el énfasis desde la formulación de políticas hacia la protección de la incumbencia, la disciplina interna y el alineamiento defensivo.

 

9. La credibilidad internacional de la gobernanza constitucional depende del funcionamiento visible de los controles y equilibrios, en particular de la supervisión legislativa de la autoridad ejecutiva, como lo analiza State Court Report.

 

10. Los sistemas constitucionales rara vez fallan de forma abrupta.  El debilitamiento institucional avanza mediante la tolerancia de la excepción y la reducción gradual de las expectativas.  Las elecciones legislativas de medio término de noviembre de 2026 determinan si se reanuda la corrección institucional o si persiste el aislamiento ejecutivo.

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Ricardo F. Morín, 12 de enero de 2026, Oakland Park, Fl.

 


« Gobernar por Excepción: El Poder Ejecutivo Estadounidense »

November 18, 2025

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Ricardo Morin
Gobernar por Excepción
10″x12″
Acuarela, creyón de óleo y gesso
2003

Por Ricardo F. Morín

10 de octubre de 2025

Bala Cynwyd, Pensilvania

El poder sin examen se convierte en su propia justificación.

—Máxima cívica anónima

Gobernar constituye la disciplina moral del orden:   el esfuerzo sostenido por mantener la autoridad alineada con la conciencia, de manera que el poder continúe siendo un instrumento de justicia y no un vehículo de interés propio.  El Estado encarna esa disciplina en cada uno de sus actos:   necesario, falible y siempre expuesto al peligro de confundir permanencia con legitimidad.


1

La historia política rara vez avanza como una línea recta.  Se acumula, más bien, como un palimpsesto en el que nuevos regímenes —imperiales, republicanos, autoritarios y democráticos— graban sus doctrinas sobre los vestigios de órdenes anteriores.   Las instituciones y las leyes no suelen desaparecer; sobreviven como capas de precedentes y hábitos que gobiernos posteriores reinterpretan para servir otros fines.   El momento político actual de los Estados Unidos debe examinarse dentro de esa estructura acumulativa.  Lo que parece una ruptura radical con la tradición constitucional es, en realidad, la reescritura más reciente de un molde preexistente.  Mecanismos que otrora resguardaban la república ahora amplían el alcance del poder ejecutivo.   Tales mecanismos revelan cómo continuidad y ruptura pueden coexistir en un mismo acto.

2

Durante el primer semestre del retorno de la administración Trump, el sistema político estadounidense ha ingresado en un estado de dislocación controlada.   Directivas ejecutivas han anulado apropiaciones del Congreso, suspendido programas estatutarios y reorganizado departamentos enteros bajo autoridad provisional.  Un cierre gubernamental, presentado como necesidad administrativa, se ha convertido en herramienta para reestructurar el Estado.  Los despidos masivos, los congelamientos selectivos de fondos y la redefinición de mandatos institucionales actúan como instrumentos coordinados para concentrar el poder en el Ejecutivo.  No son disputas episódicas entre ramas del gobierno; revelan una estrategia coherente de reconfiguración, ejecutada mediante actos que parecen legales pero están diseñados para desfigurar el equilibrio de poderes desde el interior.

3

El principio rector de esta transformación es la normalización de la excepción.   Facultades que generaciones anteriores consideraban temporales —remedios de emergencia reservados a amenazas extremas— se han convertido en herramientas ordinarias de administración.  La invocación de la Insurrection Act [Ley de Insurrección], concebida para rebeliones u obstrucciones violentas, funciona ahora como justificación para el despliegue de fuerzas militares en estados gobernados por la oposición política.  El uso de esa autoridad se justifica como respuesta a un aumento del crimen, aun cuando los datos verificables registran un descenso nacional.  En esta inversión de la lógica, la declaración de emergencia antecede a su necesidad.   El propio gobierno genera la crisis que afirma enfrentar y permite que las medidas coercitivas parezcan inevitables y legítimas.  Lo que se diluye en ese proceso no es solo la restricción institucional, sino también la disciplina moral del orden:   la facultad perceptiva mediante la cual el reconocimiento se convierte en responsabilidad y el ver adquiere peso ético.

4

La redefinición de autoridad como autoritarismo se ve reforzada por la doctrina judicial.   La decisión de la Corte Suprema en Trump v. United States (2024) estableció que el presidente goza de inmunidad absoluta para los “actos oficiales esenciales” y de inmunidad presuntiva para todos los demás actos realizados en su capacidad oficial.   Este fallo alteró el significado mismo de la responsabilidad.   Colocó la presidencia por encima del escrutinio legal ordinario al presumir legalidad allí donde pueda alegarse cumplimiento del deber.   La decisión invirtió el orden constitucional que antes definía la presidencia como un cargo limitado por la ley.   Bajo esta interpretación, la legalidad fluye de la función y no del estatuto.   La Corte no inventó la supremacía ejecutiva:  legitimó su evolución.   Al blindar a la oficina del Ejecutivo de las consecuencias de sus actos, el poder judicial, quizá sin intención expresa, se convirtió en instrumento de la transformación que debía contener.

5

Si examinamos la tríada de poderes —legislativo, ejecutivo y judicial—, el equilibrio presente muestra una distorsión marcada.  Cada rama conserva su contorno formal, pero su autoridad interior se ha reducido.  La facultad presupuestaria del Congreso se ha debilitado mediante impugnaciones y desembolsos selectivos.   Las agencias administrativas han sido vaciadas por despidos abruptos y reorganizaciones estructurales.   El poder judicial, atado a sus doctrinas de deferencia e inmunidad, se halla incapaz de intervenir con eficacia.   Lo que subsiste del equilibrio institucional descansa menos en el principio constitucional que en la inercia administrativa.  La maquinaria estatal continúa funcionando, pero su continuidad depende ya del hábito más que de la ley.

6

No se trata aún de una dictadura abierta.  Es un fenómeno más sutil:  un sistema que opera a través de formas legales pero concentra poder en la práctica.  La autoridad conserva apariencia constitucional mientras utiliza los mismos procedimientos para afianzar control unilateral.  El patrón se distingue no por sus proclamaciones, sino por acciones verificables:   decretos que sustituyen a la legislación, órdenes “temporales” renovadas sin fecha de expiración, fondos retenidos a adversarios políticos y despliegue de tropas federales en jurisdicciones donde no se ha demostrado desorden alguno.   Cada medida, aislada, parece limitada y razonable.   Tomadas en conjunto, forman una arquitectura de excepción:   un marco invisible que reorganiza el poder sin proclamar revolución.  En esa arquitectura se advierte el declive de la disciplina moral del orden, donde la legalidad persiste pero la conciencia retrocede.

7

Un análisis forense debe centrarse, por tanto, no en la acusación sino en la diagnosis.   El objetivo es identificar cuándo la práctica diverge del principio y cuándo la continuidad jurídica encubre una mutación política.  La cuestión no es si la democracia ha desaparecido, sino cuán lejos se ha apartado la república de sus propias normas operativas.  Ese desvío puede medirse mediante datos ordinarios:   el número de apropiaciones ignoradas o retrasadas; la duración y el alcance de declaraciones de emergencia; la proporción entre funcionarios confirmados y designaciones interinas; y la frecuencia con que la inmunidad presidencial se invoca para impedir la revisión.   Cada indicador marca un paso más lejos del régimen de poder compartido que define la democracia constitucional.

8

El concepto de república, en su sentido clásico e ilustrado, presupone un equilibrio entre poder y virtud:  el imperio de la ley sostenido por ciudadanos libres de dependencia.   En la práctica contemporánea, esa idea se ha reducido a una etiqueta partidista.  El republicanismo que antes exigía responsabilidad cívica convive ahora con mecanismos —financiación mediante PAC [Comité de Acción Política: Organización que recauda y gasta dinero para elegir candidatos políticos], lealtad faccional, influencia corporativa— que convierten el gobierno en instrumento de intereses privados. Así, la palabra que en otros tiempos significaba contención encubre hoy su contrario: un sistema en el que la representación sirve a sus patrocinadores con mayor fidelidad que a sus ciudadanos.

9

La historia muestra que los sistemas constitucionales rara vez colapsan por desafío abierto; ceden mediante adaptación. La República romana no abolió sus instituciones: las transformó gradualmente en órganos imperiales. Las democracias modernas siguen derroteros similares cuando la crisis se utiliza para justificar la concentración del poder. La autoridad ejecutiva se expande, la restricción legislativa se debilita y la cautela judicial se vuelve complicidad. El caso estadounidense se ajusta a ese patrón. El marco de la Constitución permanece, pero su significado se desplaza de forma incremental mediante interpretación, precedente y hábito administrativo. La transformación progresa sin enmienda formal porque cada desviación se presenta como continuidad.

10

Los indicadores del declive son estructurales, no morales. Cuando la legalidad depende de la voluntad —el impulso autolegitimante del poder cuando ha quedado desvinculado de la responsabilidad moral— y esa voluntad está protegida del escrutinio, la arquitectura del freno pierde coherencia. Allí la disciplina moral del gobierno cede paso a la lógica autovalidante del poder. Lo que sigue no es anarquía, sino desorden organizado: una condición en la que las instituciones funcionan como antes, pero para fines opuestos; anarquía disfrazada de normalidad. Los procedimientos se observan, pero la sustancia se invierte. La apariencia externa de democracia persiste, mientras su lógica interna es reemplazada por un sistema que gobierna mediante excepción permanente.

11

La tarea de observadores y ciudadanos no consiste en prever el colapso, sino en reconocer la mutación. Los sistemas políticos rara vez anuncian su punto de inflexión; se ocultan bajo la rutina. La inteligencia cívica se mide en la capacidad de advertir cuándo la ley se vuelve vocabulario, cuándo la supervisión se vuelve representación y cuándo el estado de excepción deja de ser transitorio. La república continúa funcionando, pero lo hace bajo premisas alteradas. La preservación de la legalidad depende no solo del diseño institucional, sino también de la vigilancia de quienes lo interpretan. La justicia perdura únicamente donde las instituciones recuerdan que su finalidad es limitar el poder, proteger al vulnerable y mantener vivo el fundamento moral del que la autoridad obtiene su derecho a actuar.

12

La permanencia de la república dependerá, en consecuencia, no del espectáculo de sus elecciones, sino de la recuperación de su primera obligación: mantener la autoridad sometida a la idea moral que le otorga legitimidad. La justicia perdura solo donde las instituciones recuerdan que existen para limitar el poder, defender al vulnerable y preservar la disciplina moral del orden, mediante la cual la libertad permanece lícita y la ley conserva su humanidad. Cuando esa memoria se desvanece, lo que queda es administración sin alma: un Estado aún erguido, pero ya sin gobierno.


« La Constitución en nosotros »

August 10, 2025

Ricardo Morin
« La Constitución en nosotros »
CGI
2025





Política (del griego politikós, “de, por o relativo a los ciudadanos”) es la práctica y teoría de la influencia de las personas en el ámbito cívico o individual.

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Por Ricardo Motin

10 de Agosto de 2025; Toronto, Canada

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Desde sus primeras formulaciones, los marcos constitucionales han sido algo más que pactos jurídicos; han encarnado declaraciones de filosofía política, definiendo cómo debe organizarse el poder, cómo ha de ser contenido y ante quién debe rendir cuentas. La gobernanza contemporánea prolonga, en gran medida, aquellos experimentos, moldeados por siglos de ensayo y adaptación. Sin embargo, esas formas pueden mantenerse en apariencia mientras se vacían de contenido. En no pocos Estados actuales, las constituciones proclaman la libertad al tiempo que la acotan, definen derechos de manera excluyente y preservan los intereses de una élite gobernante. El partidismo explota las limitaciones y vulnerabilidades ajenas como justificación para la exclusión; la autocomplacencia moral se convierte en herramienta de dominación, acallando la oposición y reprimiendo la disidencia. El valor de un marco constitucional, por tanto, no se mide sólo por su letra, sino también por la integridad ética de quienes lo sostienen. Sin ética, la política pierde su sentido; sin virtud cívica, la ley deja de servir a la paz y se convierte en un instrumento de dominio.

La separación de poderes, defendida con vigor por Montesquieu, se sustenta en la convicción de que la libertad sobrevive cuando el poder está obligado a contener al poder. Este principio se desvirtúa cuando las instituciones, aun conservando su fachada, se subordinan a intereses partidistas o personales. En los últimos años, diversos Estados han preservado formalmente un poder judicial independiente mientras lo sometían en la práctica a procesos de designación controlados por el Ejecutivo o el partido gobernante. Este vaciamiento no es sólo una falla técnica; refleja una cultura política en la que la ambición, el miedo o la indiferencia de los ciudadanos permiten la evasión de los mecanismos destinados a protegerlos, desvinculando la solidez institucional y la responsabilidad cívica.

Las constituciones históricas siguen influyendo en la manera en que las comunidades políticas imaginan la autoridad. Legan principios que, en su mejor versión, ofrecen marcos adaptables para afrontar nuevos retos sin renunciar a su núcleo esencial: que la legitimidad de un Gobierno descansa no en la fuerza de sus gobernantes, sino en la solidez de las estructuras que los limitan.

Pero estas estructuras sólo perduran cuando los ciudadanos rechazan la duplicidad y el sectarismo. Las divisiones ideológicas no deben endurecerse hasta convertirse en lealtades exclusivas hacia el propio grupo a expensas de un marco cívico compartido. Sólo perduran cuando los ciudadanos resisten la idolatría del poder, porque la autoridad pierde su legitimidad en el momento en que se la trata como sagrada o incuestionable. Y sólo perduran cuando los ciudadanos repudian el culto a la personalidad, en el cual un líder es elevado por encima de la crítica mediante la construcción de imágenes, la propaganda y la lealtad personal.

La durabilidad del orden constitucional, entonces, no reside únicamente en los textos escritos o en los arreglos institucionales. Descansa por igual en la ética cívica de quienes los habitan. Cuando la ambición, el miedo o la indiferencia llevan a los ciudadanos a tolerar la duplicidad o a rendirse a la lealtad sectaria, los límites al poder se tornan frágiles. En cambio, cuando prevalecen la vigilancia y la responsabilidad, las constituciones conservan su fuerza como escudo y como brújula: protegiendo contra el gobierno arbitrario y orientando la vida política hacia la justicia y la moderación.

La verdadera reforma no es únicamente institucional, sino también interior: una revolución en la esfera íntima y colectiva, en la que cada persona asume la responsabilidad de actuar con integridad, apertura y compromiso con el bien común, en armonía consigo misma y con los demás. Sólo mediante la alineación de las estructuras institucionales con la responsabilidad cívica puede una Constitución conservar su sentido y sostenerse como resguardo frente al poder arbitrario.

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Bibliografía anotada

  • Ginsburg, Tom, y Huq, Aziz: How to Save a Constitutional Democracy. Chicago: University of Chicago Press, 2018. (Hinsburg y Huq examinan las vías legales e institucionales por las que las democracias se debilitan, desde la manipulación de la composición de los tribunales hasta la erosión de los organismos de control independientes. A partir de ejemplos comparativos de Estados Unidos, Hungría y otros países, muestra cómo los mecanismos constitucionales pueden emplearse para consolidar el poder preservando una fachada de legalidad.)
  • Landau, David: “Abusive Constitutionalism.” UC Davis Law Review 47 (1). Davis: University of California, School of Law, 2013. (Landau desarrolla el concepto de “constitucionalismo abusivo” para describir cómo los gobernantes explotan el cambio constitucional para afianzar su poder. Utiliza casos de América Latina y otras regiones para ilustrar cómo las enmiendas y reinterpretaciones debilitan los contrapesos, modifican los sistemas electorales y socavan la independencia judicial.)
  • Levitsky, Steven, y Way, Lucan: Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes after the Cold War. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. (Levitsky y Way analizan regímenes que preservan las instituciones formales de la democracia pero las manipulan para asegurar la supremacía del partido gobernante. Introduce el concepto de “autoritarismo competitivo” como marco para entender cómo las normas constitucionales se vacían de contenido mientras se mantienen las formas democráticas.)
  • Levitsky, Steven, y Ziblatt, Daniel: How Democracies Die. Nueva York: Crown, 2018. (Levitsky y Ziblatt sostienen que las democracias modernas suelen declinar por el declive gradual de las normas más que por golpes de Estado. Muestra cómo los líderes explotan las ambigüedades constitucionales, manipulan la composición de los tribunales y utilizan la ley como arma para reprimir a la oposición, erosionando tanto la confianza cívica como la integridad institucional.)

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