El caballo de Troya by Ricardo F. Morín. CGI, 2026. Alegoría política.
Ricardo F. Morín
31 de octubre de 2026
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La credibilidad política puede perderse por la conducta de quien la posee, por las expectativas defraudadas o por la retirada paulatina de la confianza pública. También puede debilitarse mediante acusaciones cuya reiteración excede las pruebas en que se fundan. La diferencia adquiere especial importancia cuando una figura política defiende un mandato electoral al que se ha impedido producir efectos, mientras quienes ejercen el poder determinan las condiciones en que ese mandato habrá de ser atendido. En Venezuela se cuestiona la credibilidad de María Corina Machado en el curso de unas negociaciones con un Gobierno provisional cuya legitimidad constitucional sigue siendo objeto de controversia. La Administración Trump ha respaldado a ese Gobierno al tiempo que promueve acuerdos encaminados a la estabilización, la recuperación económica y una futura transición política.[1]Sin embargo, la cuestión constitucional anterior a tales acuerdos permanece sin resolver. Las pruebas electorales de 2024 señalan a un presidente que no ha podido comenzar su mandato. El juicio de los ciudadanos puede quedar comprometido cuando quienes controlan el proceso político determinan también la admisibilidad de quienes defienden una decisión electoral cuyas consecuencias constitucionales permanecen pendientes.
Las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 produjeron un resultado cuya importancia no cabe reducir a una pretensión de la oposición. Aunque el Consejo Nacional Electoral proclamó vencedor a Nicolás Maduro sin publicar las actas de escrutinio indispensables para acreditar su anuncio, las actas reunidas y difundidas por la oposición demostraron una victoria decisiva de Edmundo González Urrutia. El Centro Carter examinó esas actas por su cuenta, comprobó su autenticidad y concluyó que eran compatibles con una clara victoria de González. Su informe documentó asimismo graves deficiencias del proceso electoral, entre ellas las restricciones impuestas a candidatos y electores, la falta de imparcialidad institucional y la negativa de las autoridades a divulgar las pruebas que sustentasen el resultado proclamado.[2] Tales deficiencias comprometieron la integridad democrática de los comicios, pero no demostraron que Maduro hubiese obtenido la mayoría de los votos. El incumplimiento de sus obligaciones por las instituciones encargadas de administrar unas elecciones no transforma una proclamación carente de fundamento en prueba de la voluntad expresada por los electores.
El artículo 228 de la Constitución venezolana dispone que la Presidencia de la República se elige por sufragio universal, directo y secreto, y que será proclamado electo el candidato que obtenga la mayoría de los votos válidos. El artículo 230 establece un período presidencial de seis años, y el 231 prescribe la toma de posesión el 10 de enero del primer año de ese período.[3] Por consiguiente, las pruebas que sustentan la victoria de González atañen al período presidencial comprendido entre el 10 de enero de 2025 y enero de 2031. La negativa de las autoridades a proclamarlo y permitir su investidura separó el título electoral, acreditado por las actas, de la posesión formal del cargo. No cabe prescindir de los requisitos constitucionales de proclamación y toma de posesión, pero tampoco convertir la obstrucción de esos requisitos por las autoridades en prueba de que la decisión de los electores jamás existió. La controversia versa sobre una elección ya expresada por la ciudadanía y sobre las consecuencias constitucionales de impedir que produzca efectos. No se trata simplemente de una discrepancia acerca de quién debería gobernar Venezuela en una fecha futura.
La negativa de Maduro a entregar el poder el 10 de enero de 2025 estableció la separación actual entre legitimidad electoral y dominio efectivo del Gobierno. Su captura durante la operación militar estadounidense del 3 de enero de 2026 no resolvió esa separación. En lugar de respaldar la inmediata asunción de la Presidencia por González, conforme al resultado documentado en las actas, la Administración Trump optó por colaborar con el aparato gubernamental que había permanecido bajo Maduro. Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva designada por este, pasó así a desempeñar funciones presidenciales con el apoyo de Washington.[1] Las actuaciones de ambos gobiernos no fueron jurídicamente idénticas. El de Maduro rechazó las pruebas electorales y retuvo el poder contra el resultado que aquellas revelaban. Posteriormente, la Administración Trump decidió reconocer a Rodríguez y colaborar con ella en vez de dar efecto inmediato a la pretensión electoral de González. Esa decisión no extinguió formalmente su título, pero prolongó las circunstancias que impedían al candidato respaldado por las actas ejercer la Presidencia. La salida de Maduro puso fin a su ejercicio personal del poder gubernamental sin dirimir la autoridad constitucional de quienes lo sucedieron.
La asunción de las funciones presidenciales por Rodríguez presenta otra dificultad constitucional. El 3 de enero, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dictó la sentencia n.º 0001, que invocó los artículos 234 y 239 de la Constitución para ordenar que Rodríguez ejerciese las funciones presidenciales durante la ausencia forzosa de Maduro. La Sala calificó la situación de excepcional y no prevista literalmente en la Constitución. Recurrió al artículo 234 como fundamento general para afrontar una imposibilidad temporal, sin decidir definitivamente si la ausencia de Maduro era temporal o absoluta.[4] El artículo 234 permite ordinariamente que el vicepresidente ejecutivo supla las faltas temporales del presidente durante noventa días, prorrogables por otros noventa mediante decisión de la Asamblea Nacional. Dispone asimismo que, transcurridos noventa días consecutivos de ausencia, la Asamblea determine por mayoría si esta debe considerarse absoluta. El artículo 233 enumera los supuestos de falta absoluta del presidente y establece las correspondientes reglas sucesorias y electorales.[3] No cabe interpretar estos preceptos como si el mero transcurso de noventa o ciento ochenta días produjese automáticamente todas las consecuencias previstas en el artículo 233. Pero tampoco la invocación judicial de una circunstancia excepcional confiere por sí sola un título constitucional indefinido para ejercer la Presidencia. En julio de 2026 había transcurrido el plazo máximo ordinario de sustitución temporal sin que constase una resolución constitucional pública de la cuestión sucesoria.[1] Según la información publicada por EFE el 26 de octubre, un alto funcionario del Departamento de Estado describió una hoja de ruta en la que, tras renovarse el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral, Rodríguez declararía la falta absoluta de la Presidencia, lo que abriría un plazo de seis meses para celebrar elecciones.[4] Esa previsión política no constituye una declaración de falta absoluta ya adoptada ni resuelve qué órgano tiene competencia constitucional para efectuarla. La sentencia estableció una solución inmediata para garantizar la continuidad administrativa, pero dejó sin respuesta el fundamento constitucional y la duración de su propia prolongación. Más aún, partió del supuesto de que Maduro poseía el título presidencial, sin resolver la controversia relativa al mandato electoral de 2024.
El reconocimiento de Rodríguez por la Administración Trump en marzo de 2026 confirió a su Gobierno una posición definida en las relaciones diplomáticas y jurídicas estadounidenses. Washington la reconoció como jefa del Estado venezolano y como persona facultada para actuar en su nombre.[5] Ese reconocimiento tiene consecuencias prácticas para la representación gubernamental, las transacciones comerciales y las relaciones entre Estados. No determina, sin embargo, si Rodríguez posee un título presidencial legítimo conforme a la Constitución venezolana. Un Gobierno extranjero puede reconocer a las autoridades con las que estime necesario colaborar, pero semejante decisión no puede conferirles un mandato electoral del que carezcan por otra vía. Tampoco la necesidad práctica de conservar la Administración pública establece un derecho constitucional a ejercer el poder más allá de los límites previstos para su asunción temporal. La distribución efectiva del poder puede explicar que Washington haya escogido a Rodríguez como interlocutora. No demuestra, sin una justificación constitucional adicional, que posea autoridad para decidir el destino del mandato presidencial expresado en 2024.
La posición política de Machado debe entenderse a la luz de esta controversia constitucional aún pendiente. Venció en las primarias presidenciales de la oposición de 2023, pero se le impidió concurrir a las elecciones de 2024. Respaldó entonces a González como candidato presidencial de la oposición, y el movimiento vinculado a ella contribuyó a movilizar a los electores y a conservar las actas de escrutinio que documentaron su victoria.[6] Su defensa posterior de ese resultado se refiere, por tanto, a un mandato conferido a otra persona, no a un derecho a la Presidencia que ella reclame para sí. Su conducta, sus alianzas y su criterio político siguen sujetos a crítica, pero tales cuestiones no pueden desplazar la importancia constitucional del mandato de González, cuyo ejercicio continúa impedido. La posición de Machado no se agota en su condición de posible participante en la política futura. También defiende una decisión electoral cuya ejecución fue obstaculizada primero bajo Maduro y que sigue sin cumplirse bajo los acuerdos políticos respaldados por Washington.
La composición de las negociaciones pone de relieve las consecuencias de esa separación. Representantes del Gobierno provisional de Rodríguez y de la Asamblea Nacional venezolana elegida en 2015 participan en conversaciones destinadas a reformar las instituciones judiciales y electorales antes de unas nuevas elecciones. El movimiento Vente Venezuela, encabezado por Machado, no figura entre las delegaciones participantes.[1] La Administración estadounidense ha defendido la reconstrucción institucional como condición necesaria de unas elecciones dignas de crédito, y el restablecimiento de tribunales y autoridades electorales independientes constituye un objetivo legítimo.[7] La presencia de representantes de la Asamblea Nacional de 2015 introduce en las conversaciones un elemento de legitimidad electoral anterior, pero no demuestra que estas tengan autoridad para disponer de la decisión presidencial de 2024. La participación de Rodríguez obedece a su dominio efectivo de las instituciones gubernamentales y al reconocimiento por Washington de su capacidad para actuar. Ninguna de ambas circunstancias resuelve el fundamento constitucional de su autoridad. Así, un Gobierno provisional cuyo título se discute participa en la determinación de los acuerdos mediante los cuales podrá abordarse un mandato electoral respaldado por pruebas independientes, mientras permanece fuera de las negociaciones el movimiento asociado a la defensa de ese mandato.
El regreso de Machado a Venezuela el 25 de octubre modificó sus circunstancias personales sin alterar esta distribución del poder.[8] El día 26, el secretario de Estado Marco Rubio confirmó que Washington había instado al Gobierno provisional a permitir su regreso, al tiempo que reiteró el propósito de la Administración de reformar las instituciones electorales venezolanas antes de otras elecciones presidenciales.[7] Rodríguez rechazó que la acogida pública dispensada a Machado se convirtiese en un «show» y describió el diálogo como un proceso que «requiere mucha experiencia, alejado de espacios neófitos», además de «mucho conocimiento». Expresó también su deseo de que se escuchasen distintas voces y sugirió que quienes habían apoyado sanciones o intervenciones extranjeras debían mostrar arrepentimiento.[9] Ese mismo día, Claudia Macero, portavoz de Machado, confirmó la disposición de esta a reunirse con Rodríguez o con cualquier otro interlocutor necesario, siempre que las conversaciones fuesen públicas y contasen con un orden del día establecido.[10] Tales declaraciones no garantizaban que pudiera alcanzarse un acuerdo ni conferían a Machado un derecho incondicional a incorporarse a las negociaciones existentes. Sí acreditaban una disposición al diálogo, contrapuesta a una apreciación desfavorable de su seriedad política, sin demostrar que su conducta justificase la persistente ausencia de su movimiento.
El intercambio se produjo tras una prolongada y grave confrontación política. En enero, Machado había señalado a Rodríguez como «una de las principales arquitectas de la tortura, la persecución, la corrupción y el narcotráfico», según la traducción de sus declaraciones difundida por RTVE.[11] Investigaciones internacionales han documentado extensamente torturas, detenciones arbitrarias y otros abusos graves cometidos a través de instituciones del Estado venezolano. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas señaló en septiembre de 2026 que subsistían elementos sustanciales del aparato represivo pese al cambio de dirección política.[12] Estas conclusiones proporcionan una base probatoria para examinar la responsabilidad de los funcionarios vinculados al Gobierno precedente. No establecen, sin un examen adicional, la responsabilidad individual de Rodríguez por cada uno de los delitos que Machado le atribuyó. La crítica de Rodríguez a la seriedad política de Machado constituye una imputación diferente, sujeta a exigencias probatorias distintas. La igualdad de criterios en el examen no obliga a conceder igual valor a afirmaciones respaldadas por pruebas de desigual entidad. Tampoco el ejercicio de un cargo público otorga a Rodríguez autoridad independiente para juzgar las cualidades políticas de una rival cuyo movimiento contribuyó a defender un mandato electoral que las instituciones a las que ella sirve no han respetado.
La transformación de una caracterización en aparente prueba constituye una de las operaciones más trascendentes de la propaganda política. La negativa de una dirigente a aceptar un determinado acuerdo puede presentarse como prueba de intransigencia; su insistencia en la participación electoral, como señal de ambición personal; su popularidad, como causa de inestabilidad. Una vez difundidas ampliamente tales descripciones, cualquier discrepancia posterior puede interpretarse como confirmación de un defecto ya establecido, aunque esa discrepancia ataña a una cuestión sustantiva que merezca examen propio. La reiteración confiere una apariencia de corroboración, mientras se pierde de vista el fundamento original de la acusación. La ausencia de un movimiento político en las negociaciones puede suscitar entonces conjeturas sobre su seriedad, capacidad o disposición a colaborar, que después se invocarán para justificar que siga ausente. La exclusión suscita dudas sobre la credibilidad, y esas dudas sirven después para justificar retrospectivamente la exclusión. Aquello que precisa explicación se presenta como si ya hubiese quedado explicado. No se sigue de este mecanismo que toda ausencia de las negociaciones sea producto de propaganda ni que la de Machado haya sido provocada deliberadamente mediante una campaña de descrédito. Lo que revela es la posibilidad de que un acuerdo alcance apariencia de justificación merced a unas consecuencias que el propio acuerdo ha contribuido a producir.
La anomalía constitucional introduce una inversión todavía más profunda. La participación de Rodríguez se acepta como parte establecida de la transición porque ejerce el poder gubernamental y goza del reconocimiento de Washington, mientras la admisibilidad política de Machado continúa sometida a discusión. Sin embargo, ni el origen ni la duración de la autoridad presidencial de Rodríguez han quedado constitucionalmente resueltos, mientras las actas que sustentan la pretensión de González han sido examinadas de forma independiente. Ambas posiciones poseen significados constitucionales diferentes, que no pueden equipararse por el reconocimiento diplomático ni por el dominio de las instituciones. El peligro consiste en que la continuidad en el ejercicio del poder revista apariencia de autoridad legítima mientras quienes la cuestionan deban demostrar sus propias cualidades políticas. Quienes deben justificar constitucionalmente su autoridad se arrogan la facultad de juzgar la admisibilidad de quienes defienden un mandato electoral. El apoyo popular puede sobrevivir a esta situación sin alcanzar una representación equivalente en las negociaciones. Un movimiento no necesita perder a sus partidarios para sufrir una desventaja política si quienes dirigen el curso de la transición consideran insuficiente ese apoyo para permitirle participar. En tal caso, se mide el juicio de los ciudadanos por las preferencias de quienes negocian, en vez de examinar la legitimidad de estos a la luz de las decisiones del electorado.
El lenguaje de la estabilidad puede contribuir a reforzar esta inversión. El restablecimiento de los tribunales, las instituciones electorales, las libertades civiles y la actividad económica ordinaria exige tiempo y colaboración. Son necesidades sustantivas, no simples recursos retóricos. El 26 de octubre, Rubio advirtió de que cualquier tentativa de descarrilar la transición perjudicaría gravemente a Venezuela, e incluyó expresamente a las autoridades provisionales entre quienes podían poner en peligro el proceso si dejaban de colaborar. Su advertencia no establecía que Machado estuviese obstaculizando la transición. Expresaba la determinación de Washington de preservar la secuencia de reformas institucionales que había adoptado.[7] La cuestión constitucional reside en los criterios que permiten distinguir el cumplimiento de esa secuencia del desacuerdo legítimo acerca de sus fines o consecuencias. Una exigencia de elecciones más tempranas puede contrariar el calendario preferido por Washington sin amenazar necesariamente el objetivo de celebrar comicios dignos de crédito. A la inversa, atenerse al calendario no demuestra que se haya resuelto constitucionalmente el mandato electoral al que antes se impidió producir efectos. La necesidad de reconstruir las instituciones puede explicar el aplazamiento de una nueva votación, pero no decide por sí misma el destino de la elección que los ciudadanos ya expresaron.
Unas futuras elecciones presidenciales podrían ofrecer un medio de restaurar la autoridad democrática si se estableciesen las condiciones necesarias para una contienda legítima. La propia Machado ha defendido un nuevo calendario electoral.[13] Sin embargo, los posibles méritos de otra elección no explican qué ha ocurrido con el mandato electoral de González. Si se considera irrelevante el resultado de 2024 por el mero hecho de contemplarse una nueva convocatoria, la obstrucción de aquella decisión puede haber conseguido privarla de eficacia práctica. El reconocimiento de la pretensión electoral de González no resuelve todas las cuestiones constitucionales relacionadas con una toma de posesión demorada, y las consecuencias jurídicas de los años transcurridos requieren examen. Tampoco el paso del tiempo extingue automáticamente las pruebas electorales ni justifica la negativa a respetarlas. Unos comicios posteriores podrían conferir un mandato nuevo, pero no legitimarían retrospectivamente el incumplimiento del anterior. El problema del título constitucional no se resuelve sustituyendo la ocasión en que se permitió elegir al pueblo.
El descrédito político no precisa de una campaña concertada para producir consecuencias. Los intereses económicos, los objetivos diplomáticos, las consideraciones institucionales y las rivalidades personales pueden influir en las negociaciones sin que ello demuestre que sus participantes compartan un propósito oculto. Los adversarios políticos pueden tener motivos para disminuir la influencia de un rival; los comentaristas pueden repetir conjeturas porque ofrecen una explicación atractiva de acontecimientos inciertos; y el público puede aceptar acusaciones familiares sin examinar su fundamento originario. Estas actividades pueden reforzarse mutuamente sin coordinación. Para acreditar la existencia de una campaña deliberada serían necesarias pruebas relativas a sus participantes, comunicaciones, recursos y fines. Pero la incertidumbre sobre el origen de una acusación no resuelve la cuestión distinta de sus efectos. Una narración puede favorecer intereses ajenos a quienes la iniciaron, del mismo modo que alguien puede aprovechar una controversia preexistente sin haberla provocado. Distinguir entre quien se beneficia y quien origina una acusación impide atribuir intenciones sin pruebas y permite, al mismo tiempo, examinar sus consecuencias políticas.
La responsabilidad de la Administración Trump debe examinarse a través de las decisiones que ha adoptado y de la capacidad de presión que continúa ejerciendo. El reconocimiento de Rodríguez, los compromisos contraídos con las autoridades provisionales, los acuerdos comerciales y la secuencia prevista de reformas políticas son actos del poder público estadounidense que producen consecuencias en Venezuela.[1] Su justificación práctica puede fundarse en razones de estabilidad, seguridad, recuperación económica o viabilidad diplomática. Ninguna de ellas determina por sí misma la legitimidad constitucional de las autoridades venezolanas con las que Washington ha elegido colaborar. El mismo rigor probatorio debe aplicarse a las críticas de Machado contra esos acuerdos, a sus exigencias sobre el calendario electoral y a sus relaciones con figuras políticas estadounidenses. Discrepar de un convenio económico o diplomático no demuestra un defecto de carácter, del mismo modo que el apoyo popular no exime a una dirigente de responder por sus declaraciones y decisiones. El examen de la autoridad gubernamental y el de la conducta política deben mantener sus respectivos objetos. La responsabilidad corresponde a quien ejerce la autoridad; la validez de una acusación, a las pruebas que la sustentan.
Las condiciones en que los ciudadanos forman sus juicios políticos ya están siendo modificadas antes de la celebración de otras elecciones. El acceso a los medios de comunicación, el reconocimiento de los participantes, la composición de las negociaciones y la credibilidad atribuida a los distintos movimientos pueden determinar las alternativas que finalmente se permita considerar a los electores. Unas elecciones celebradas después de tales modificaciones todavía podrían ofrecer una contienda auténtica, pero su integridad no puede valorarse exclusivamente por los procedimientos seguidos el día de la votación. Los ciudadanos pueden retirar legítimamente su apoyo porque han examinado nuevas pruebas, modificado sus expectativas o llegado a conclusiones diferentes acerca de una conducta política. Esa reconsideración es indispensable para el juicio independiente. Pero la confianza pública también puede debilitarse mediante acusaciones cuya difusión excede sus fundamentos probatorios. Cuando las instituciones encargadas de establecer las condiciones electorales poseen a su vez una autoridad constitucional controvertida, las consecuencias van más allá de la reputación de una figura política. El proceso puede terminar por determinar no sólo las condiciones de una elección futura, sino también los términos en que una decisión anterior haya de reconocerse, reconsiderarse o desecharse.
La incertidumbre actual de Venezuela no puede resolverse confundiendo el ejercicio del poder con el título constitucional ni considerando que los acuerdos venideros sustituyen decisiones ya adoptadas. La Administración Trump ejerce una influencia considerable sobre el curso de la transición, pero sus anuncios no permiten conocer por completo sus intenciones ni su capacidad última para alcanzar los objetivos declarados. Rodríguez desempeña funciones gubernamentales, aunque la continuidad de su presidencia provisional no resuelve su fundamento constitucional. González posee una pretensión electoral sustancial, respaldada por el examen independiente de los resultados de 2024, pero no se le ha permitido ocupar el cargo para el que las pruebas indican que fue elegido. Machado defiende esa pretensión y permanece, al mismo tiempo, sujeta al juicio político relativo a su propia conducta y a sus aspiraciones. Estas posiciones no pueden equipararse por el mero hecho de que sus titulares participen, o aspiren a participar, en una misma controversia política. La composición de las negociaciones indica quiénes intervienen actualmente en ellas; no determina quién posee título constitucional ni quién merece la confianza del electorado.
El daño que la propaganda puede infligir a la vida política no se limita a la reputación de la persona contra quien se dirige. Su consecuencia más duradera reside en la posibilidad de privar a los ciudadanos de los medios para distinguir un hecho probado de una insinuación, una decisión institucional de un juicio personal o el ejercicio del poder gubernamental de la autoridad constitucional que debería justificarlo. La duda es indispensable para el pensamiento independiente cuando invita al examen. Se convierte en instrumento de subordinación cuando se cultiva para impedir que ese examen alcance su verdadero objeto. La decisión electoral de 2024 ya ha sido privada de efecto, y las consecuencias constitucionales de esa privación siguen sin resolverse. Que Machado conserve, aumente o pierda finalmente la confianza pública es una cuestión que los venezolanos deben poder decidir libremente. El peligro ulterior consiste en que la persistente negación de un mandato electoral llegue a aceptarse como condición legítima de la vida política, mientras quienes defienden ese mandato hayan de responder por su credibilidad ante unas autoridades cuyo propio título continúa en entredicho.
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Notas
[1] Servicio de Investigación del Congreso de los Estados Unidos (Congressional Research Service). Venezuela’s Post-Maduro Political Transition and U.S. Policy, informe R49186, 13 de agosto de 2026. Documenta la operación militar estadounidense, la decisión de respaldar a Rodríguez en lugar de González, las fases de la transición y la composición de las negociaciones. Se conserva el original en inglés, al no haberse localizado una versión oficial equivalente en castellano.
[2] Centro Carter. Observación de las elecciones presidenciales en Venezuela, julio de 2024. Informe final, 17 de febrero de 2025. Edición oficial en castellano del examen independiente de las condiciones electorales, los resultados oficiales y las actas reunidas por la oposición.
[3] Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con la Enmienda Constitucional n.º 1, aprobada el 15 de febrero de 2009. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, n.º 5.908 extraordinario, 19 de febrero de 2009. Artículos 228, 230, 231, 233, 234 y 239. El artículo 230 mantiene, tras la enmienda, el período presidencial de seis años y elimina la limitación anterior a la reelección. Reproducción de la gaceta oficial facilitada por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN).
[4] Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional. Sentencia n.º 00001, expediente 2026-00001, 3 de enero de 2026. Interpretación constitucional relativa al ejercicio temporal de las funciones presidenciales por Delcy Rodríguez. Resolución examinada y reproducida por Acceso a la Justicia. Véase también la crónica de EFE, «El Gobierno Trump espera que Delcy Rodríguez deje vacante la Presidencia de Venezuela en 2027», de 26 de octubre de 2026, sobre la vía sucesoria prevista por Washington.
[5] Departamento de Estado de los Estados Unidos. A Statement on U.S.-Venezuela Relations, 5 de marzo de 2026. Véase también la carta del embajador Michael G. Kozak, de 10 de marzo de 2026, incorporada al escrito de interés presentado por los Estados Unidos el 11 de marzo de 2026 en Stansell v. FARC, n.º 16-mc-00405 (S.D.N.Y.), documento 621. El escrito judicial y la comunicación del Departamento de Estado se incluyen en un expediente de siete páginas remitido después al archivo de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA) por The Cormac Group LLC, número de inscripción 7406, el 16 de marzo de 2026. La entrega a ese archivo no constituye por sí misma una presentación efectuada por el Departamento de Estado. Se conservan los documentos originales en inglés.
Reproducción del comunicado del Departamento de Estado:
[6] Unión Interparlamentaria. Human Rights of Parliamentarians: Venezuela. Documentación sobre la victoria de Machado en las primarias opositoras de 2023, su inhabilitación para las elecciones presidenciales de 2024 y la elección de González Urrutia como candidato de la oposición. Se conserva el documento original en inglés, al no haberse localizado una versión equivalente de esta pieza en castellano.
[7] Departamento de Estado de los Estados Unidos. Marco Rubio, secretario de Estado. Secretary of State Marco Rubio on Venezuela, declaraciones por teleconferencia, 26 de octubre de 2026. Tratan del regreso de Machado, la reforma electoral, el calendario de transición y las exigencias dirigidas a las autoridades provisionales. La crónica de EFE recoge además la previsión, atribuida a un alto funcionario del Departamento de Estado, de una futura declaración de falta absoluta tras la renovación del TSJ y el CNE, seguida de elecciones en el plazo de seis meses. El original en inglés se conserva para la atribución precisa de las declaraciones; la información esencial también se recoge en la crónica en castellano de EFE. La página original del Departamento de Estado no pudo abrirse directamente durante la verificación.
[8] Agencia EFE. «María Corina Machado ya se encuentra de regreso en Venezuela», 25 de octubre de 2026. Crónica original en castellano que documenta el regreso, la recepción pública y el contexto político.
[9] El Impulso. «Delcy Rodríguez al ser consultada sobre el regreso de María Corina Machado: “La política no es un show”», 26 de octubre de 2026. Información contemporánea sobre sus declaraciones. El Estímulo. «Aumentos, elecciones, el estilo Rubio y un mensaje a la “neófita”: el discurso de Delcy Rodríguez», 29 de octubre de 2026. Reproduce sus referencias a la experiencia, el conocimiento y la falta de experiencia política.
[10] Agencia ANSA. «Machado dispuesta a reunirse con Delcy Rodríguez en Caracas», 26 de octubre de 2026. Recoge las declaraciones de Claudia Macero acerca de la disposición de Machado a negociar públicamente con Rodríguez u otros interlocutores.
[11] Radiotelevisión Española (RTVE). «Corina Machado reconoce que hace meses que no habla con Trump y tilda a Delcy Rodríguez de “arquitecta de la tortura”», 6 de enero de 2026. Versión castellana de las acusaciones formuladas por Machado el 5 de enero en una entrevista concedida en inglés a Fox News. El contenido atribuido a Machado coincide en lo sustantivo con la transcripción inglesa difundida por CNN.
[12] Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela. La continuidad del aparato represivo del Estado, A/HRC/63/CRP.5, 17 de septiembre de 2026. Documento de conclusiones detalladas publicado originalmente en castellano. Examina la persistencia de las estructuras represivas, las violaciones de derechos humanos y las dificultades para exigir responsabilidades. Es un estudio distinto del informe A/HRC/63/CRP.4, dedicado a los colectivos. Se acompaña el enlace al informe general A/HRC/63/57 en inglés.
[13] Agencia EFE. «María Corina Machado, el regreso para empujar la transición en Venezuela y retar a la alianza de Delcy y Trump», 25 de octubre de 2026. Recoge la exigencia de nuevas elecciones, las discrepancias sobre el calendario y la disposición de Machado a participar en un proceso de transición. Véase también la información de EFE del 26 de octubre relativa a la secuencia de reformas propuesta desde Washington.
Crónica de EFE sobre Machado y las nuevas elecciones:
Esta entrega final recoge la organización del poder público conforme a los ordenamientos constitucionales de 1961 y 1999, la evolución de las instituciones militares y de seguridad de Venezuela y las organizaciones políticas desde el siglo XIX hasta el 21 de octubre de 2026. Las fechas que acompañan a las entradas indican períodos de actividad, constitución o reorganización. Las valoraciones sobre la actuación de las instituciones se atribuyen a los informes o estudios de los que proceden.
El repertorio político es selectivo e incluye partidos, coaliciones electorales y movimientos personalistas de épocas anteriores. La numeración prosigue la del Apéndice. El apartado A-1, « Constituciones », figura en el índice del Apéndice de la Serie X y se desarrolla en las entregas constitucionales precedentes.
A-2). Poderes y órganos del Estado [1961–2026]
El ordenamiento constitucional de 1961 articulaba el gobierno nacional en torno a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. El artículo 136 de la Constitución de 1999 distribuye el Poder Público Nacional en cinco poderes: Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral. [1][2]
A-2.1). Poder Ejecutivo Nacional
Conforme a la Constitución de 1961, el mandato presidencial duraba cinco años y se prohibía la reelección inmediata. La Constitución de 1999 estableció un mandato de seis años y, en su redacción inicial, permitía una sola reelección inmediata. La enmienda constitucional aprobada mediante referendo en febrero de 2009 suprimió el límite al número de reelecciones para la Presidencia y los demás cargos de elección popular. [1][2][3]
El presidente es jefe del Estado y del Ejecutivo Nacional, dirige la acción del gobierno y las relaciones exteriores y ejerce el mando supremo de las Fuerzas Armadas. El Ejecutivo comprende, asimismo, al vicepresidente ejecutivo, los ministros y los demás funcionarios previstos en la Constitución o en la ley. El artículo 236 atribuye al presidente el nombramiento y la remoción del vicepresidente ejecutivo y de los ministros. [2]
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó del deterioro de la separación de poderes y de las restricciones impuestas al ejercicio de las funciones de la Asamblea Nacional. La Comisión Internacional de Juristas documentó la influencia política sobre el nombramiento de los jueces y su permanencia en el cargo. [4][5]
Maduro prestó juramento como presidente el 10 de enero de 2025, tras la controvertida proclamación del resultado electoral de 2024 por el CNE. [85] El 3 de enero de 2026, fuerzas de los Estados Unidos capturaron a Maduro y a Cilia Flores y los trasladaron bajo custodia estadounidense. Delcy Rodríguez, hasta entonces vicepresidenta ejecutiva, prestó juramento como presidenta encargada el 5 de enero. [86]
Mediante la sentencia n.º 00001, de 3 de enero de 2026, la Sala Constitucional ordenó a Rodríguez ejercer la Presidencia en calidad de encargada. La decisión invocó los artículos 234 y 239 y dejó expresamente pendiente la calificación definitiva de la falta de Maduro como temporal o absoluta. Los artículos 233 y 234 establecen procedimientos de sucesión distintos para cada supuesto. La sentencia no fijó una fecha para las elecciones presidenciales. [87][2]
A-2.2). Congreso de la República de Venezuela [ordenamiento de 1961–1999]
El Congreso estaba integrado por el Senado y la Cámara de Diputados. El Senado incorporaba la representación territorial, mientras que la Cámara de Diputados representaba a la población conforme a las disposiciones electorales de la Constitución y de la ley. El Congreso sancionaba las leyes, examinaba el presupuesto, ejercía el control político e intervenía en los nombramientos y las autorizaciones previstos constitucionalmente. [1]
La Constitución de 1999 sustituyó el Congreso por una Asamblea Nacional unicameral. [2]
A-2.3). Asamblea Nacional [creada por la Constitución de 1999; elegida por primera vez en 2000]
La Asamblea Nacional ejerce la potestad legislativa, aprueba el presupuesto nacional, desempeña funciones de control político e interviene en los nombramientos que le atribuye la Constitución. Los diputados duran cinco años en sus funciones. El artículo 186 establece una asignación de escaños con una base poblacional del 1,1 por ciento de la población total del país, a la que se añaden tres diputados por cada entidad federal y tres diputados indígenas elegidos conforme a la ley y a sus tradiciones. [2]
El sistema electoral combina la votación nominal por circunscripciones con el voto por listas. La legislación electoral y las disposiciones administrativas han regulado su aplicación y la distribución de escaños. El informe de la misión de observación electoral de la Unión Europea de 2021 recoge modificaciones en la composición de la Asamblea y en las disposiciones electorales. [6]
Tras la victoria de la oposición en las elecciones legislativas de diciembre de 2015, diversas decisiones del Tribunal Supremo restringieron el funcionamiento de la Asamblea. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentó estas restricciones y la asunción de funciones legislativas por la Asamblea Constituyente instalada en 2017. [4]
La Asamblea elegida en 2025 contaba con 285 escaños. La Unión Interparlamentaria recoge 253 para la alianza de gobierno Gran Polo Patriótico y veintinueve para otras organizaciones políticas, además de tres escaños indígenas elegidos por separado el 1 de junio. Las elecciones legislativas se celebraron el 25 de mayo, junto con las regionales. La principal plataforma opositora llamó a la abstención, mientras que otros dirigentes opositores participaron. Estas cifras corresponden a la distribución de escaños anunciada. [88] La nueva Asamblea se instaló el 5 de enero de 2026. [86]
A-2.4). Asamblea Nacional Constituyente [2017–2020]
El presidente Maduro inició el proceso constituyente de 2017 sin un referendo popular previo que autorizara su convocatoria. Los artículos 347 y 348 distinguen el poder constituyente originario del pueblo de la iniciativa para promover una asamblea constituyente, cuyo ejercicio se reconoce a determinados sujetos, entre ellos el presidente en Consejo de Ministros. Al examinar la controversia sobre la convocatoria, la Comisión de Venecia concluyó que la iniciativa presidencial no podía sustituir la decisión popular de convocar dicho órgano. [2][7]
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó de que la Asamblea Constituyente, afín al gobierno, se arrogó autoridad sobre los poderes constituidos, asumió funciones legislativas y destituyó a Luisa Ortega Díaz del cargo de fiscal general de la República. [4]
La Asamblea Constituyente concluyó sus actividades en diciembre de 2020 sin elaborar una nueva constitución. Durante su funcionamiento dictó instrumentos denominados leyes constitucionales, entre ellos el relativo a las Fuerzas Armadas que se examina en A-3.2. [8][9]
A-2.5). Corte Suprema de Justicia[ordenamiento de 1961–1999]
La Corte Suprema era el máximo órgano judicial en el ordenamiento constitucional de 1961. Entre sus atribuciones figuraban el control de constitucionalidad y la resolución de los asuntos que le encomendaban la Constitución y la ley. Su organización varió durante este período. Conforme a la Ley Orgánica de 1976, estaba integrada por tres salas de cinco magistrados cada una: Político-Administrativa, de Casación Civil y de Casación Penal. El número total de magistrados era, por tanto, de quince. [1][10]
A-2.6). Tribunal Supremo de Justicia [1999–2026]
La Constitución de 1999 sustituyó la Corte Suprema por el Tribunal Supremo, organizado en salas especializadas, entre ellas una Sala Constitucional. Sus funciones comprenden la jurisdicción constitucional, la revisión judicial definitiva en las materias de su competencia y la administración y supervisión del Poder Judicial. El artículo 267 atribuye al Tribunal la dirección, el gobierno y la administración del Poder Judicial. [2]
La ley determina el número de magistrados del Tribunal. Inicialmente eran veinte; la Ley Orgánica de 2004 elevó su número a treinta y dos, y la reforma de 2022 lo redujo a veinte. [11][5]
El informe de la Comisión Internacional de Juristas de 2021 examinó el nombramiento, la permanencia en el cargo y la remoción de los jueces, y concluyó que la injerencia política comprometía la independencia judicial. [5]
Una nueva reforma de la Ley Orgánica, vigente desde el 22 de mayo de 2026, elevó a treinta y dos el número legal de magistrados: siete en la Sala Constitucional y cinco en cada una de las otras cinco salas. La reforma dispuso los nombramientos correspondientes a la nueva composición. [89]
Una segunda reforma, publicada el 15 de septiembre de 2026, estableció un Comité de Postulaciones Judiciales de veintitrés miembros: once diputados de la Asamblea Nacional y doce representantes postulados por otros sectores de la sociedad. [90] La información publicada el 14 de octubre señalaba que la selección del nuevo Tribunal seguía en curso. La ampliación prevista en la ley y la culminación de los nombramientos se consignan por separado. [91]
A-2.7). Poder Electoral y Consejo Nacional Electoral
La denominación Consejo Nacional Electoral [CNE] es anterior a la Constitución de 1999: se adoptó con la reforma electoral de 1997. La Constitución de 1999 estableció el Poder Electoral como poder nacional diferenciado, con el CNE como órgano rector. Entre sus atribuciones figuran la organización de elecciones y referendos, la conservación y actualización del registro electoral y la reglamentación de las materias que le encomienda la legislación electoral. [12][2]
El artículo 296 dispone que el CNE esté integrado por cinco miembros principales sin vinculación con organizaciones políticas. Tres son postulados por la sociedad civil; uno, por las facultades de ciencias jurídicas y políticas de las universidades nacionales; y otro, por el Poder Ciudadano. La Asamblea Nacional los designa por mayoría de dos tercios para períodos de siete años, conforme a las disposiciones constitucionales sobre su selección y renovación. [2]
Tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, el CNE declaró vencedor a Maduro. El Centro Carter informó de que el CNE no había publicado los resultados por mesa que sustentaran los totales anunciados ni había aportado pruebas del ataque informático que alegaba haber sufrido. [13] El Centro concluyó que las elecciones no cumplían las normas internacionales y no podían considerarse democráticas. [14]
En su informe final, publicado en febrero de 2025, el Centro Carter concluyó que las actas de mesa disponibles demostraban una clara victoria de Edmundo González Urrutia en las elecciones de 2024. [13]
El 22 de agosto de 2024, la Sala Electoral del Tribunal Supremo avaló el resultado anunciado por el CNE. [92]
El 23 de septiembre de 2026, Rodríguez prometió públicamente la celebración de elecciones sin precisar una fecha. Reuters informó de que representantes de la oposición reclamaban cambios en el Poder Judicial y en la autoridad electoral como condiciones para un proceso competitivo. [93]
A-2.8). Poder Ciudadano [1999–2026]
El Poder Ciudadano se ejerce por medio del Consejo Moral Republicano, integrado por el fiscal general de la República, el defensor del Pueblo y el contralor general de la República. Las instituciones que lo componen gozan de autonomía constitucional y cumplen funciones diferenciadas en materia de legalidad, derechos y administración de los recursos públicos. [2]
El artículo 279 establece un procedimiento común de designación. El Consejo Moral Republicano convoca un comité de evaluación de postulaciones con participación de diversos sectores de la sociedad. Mediante un proceso público de evaluación se elabora una terna para cada cargo, que se remite a la Asamblea Nacional para que efectúe la designación por mayoría de dos tercios dentro de un plazo de treinta días consecutivos. Si no se alcanza un acuerdo, la Constitución prevé someter la terna a consulta popular. Si no se convoca el comité de evaluación, la Asamblea procede a la designación en el plazo que determine la ley. [2]
a). Ministerio Público [incorporado al Poder Ciudadano en 1999]. Bajo la dirección del fiscal general de la República, el Ministerio Público dirige las investigaciones penales, ejerce la acción penal pública cuando corresponde y vela por las garantías constitucionales en los procesos judiciales. La institución existía antes de 1999; la nueva Constitución la integró en el Poder Ciudadano. El artículo 284 establece un período de siete años para el fiscal general de la República y remite su designación al procedimiento previsto para el Poder Ciudadano. [1][2]
El 9 de abril de 2026, la Asamblea Nacional designó a Larry Devoe fiscal general de la República, tras la renuncia de Tarek William Saab en febrero. [94]
El procurador general de la Repúblicarepresenta y defiende los intereses patrimoniales de la República. El artículo 249 dispone que su nombramiento corresponde al presidente, con autorización de la Asamblea Nacional. [2]
b). Defensoría del Pueblo [creada por la Constitución de 1999]. El defensor del Pueblo promueve y defiende los derechos constitucionales y humanos, vigila la actuación de las autoridades y los servicios públicos y puede ejercer las acciones que la ley atribuye al cargo. Su titular dura siete años en sus funciones y se designa conforme al artículo 279. [2]
La Asamblea designó a Eglée González Lobato defensora del Pueblo el 9 de abril de 2026, tras la renuncia de Alfredo Ruiz en febrero. EFE recogió las objeciones de organizaciones de la sociedad civil a la transparencia del procedimiento y a la composición del órgano encargado de seleccionar a los candidatos para ambos cargos del Poder Ciudadano. [94]
c). Contraloría General de la República[incorporada al Poder Ciudadano en 1999]. La Contraloría supervisa los ingresos, los gastos y los bienes públicos y ejerce el control fiscal conforme a la Constitución y a la ley. Esta institución también es anterior a 1999. La Constitución establece para su titular un período de siete años y la designación conforme al artículo 279. Sus funciones de fiscalización se distinguen de la persecución de los delitos y de la determinación judicial de la responsabilidad penal. [1][2]
A-2.9). Ministerios del Ejecutivo y principales ámbitos de competencia [1999–2026]
Los ministerios formulan y ejecutan la política nacional en el ámbito del Ejecutivo. El artículo 236 faculta al presidente para nombrar y remover a los ministros y, dentro de los límites legales, determinar la organización y las competencias de los ministerios. La Asamblea Nacional ejerce la fiscalización parlamentaria mediante sus atribuciones presupuestarias, de investigación y de control político. [2]
Las dieciocho carteras que se describen a continuación ofrecen una relación selectiva de funciones. Sus denominaciones, competencias y formas de organización variaron durante el período. El decreto de 2016 sobre la organización de la Administración Pública Nacional sirve de referencia documental para la distribución de atribuciones y se complementa, donde se indica, con otras disposiciones y documentos. [15]
1. Defensa: Ministerio del Poder Popular para la Defensa. El ministerio formula la política de defensa y administra el personal militar, los recursos, las adquisiciones y las demás materias que le corresponden en el Ejecutivo. La ley de 2020 sobre las Fuerzas Armadas atribuye funciones administrativas al ministerio y funciones operacionales al Comando Estratégico Operacional. [9]
El 18 de marzo de 2026, Rodríguez nombró a Gustavo González López ministro de Defensa en sustitución de Vladimir Padrino López, que ocupaba la cartera desde 2014. [95]
2. Relaciones exteriores: Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores. Este ministerio ejerce la actividad diplomática, administra los servicios diplomáticos y consulares, participa en la negociación de tratados y representa al gobierno ante los organismos internacionales. Ejecuta la política exterior presidencial conforme a la Constitución, incluida la aprobación legislativa de los acuerdos internacionales cuando resulte preceptiva. [15][2]
3. Interior, justicia y paz: Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Sus competencias comprenden la seguridad interior, la política policial, el orden público, la protección civil y las materias administrativas conexas. El artículo 267 atribuye el gobierno y la administración judiciales al Tribunal Supremo; el ejercicio de la acción penal corresponde al Ministerio Público. [15][2]
4. Economía y finanzas: Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas, con sucesivas denominaciones. La cartera de finanzas elabora y administra la política fiscal, coordina las materias presupuestarias y de tesorería, gestiona el crédito público y supervisa las entidades que la ley le adscribe. El artículo 318 atribuye las funciones monetarias al Banco Central de Venezuela y reconoce su autonomía en la formulación y el ejercicio de las políticas de su competencia. [15][2]
5. Planificación: Ministerio del Poder Popular de Planificación, anteriormente vinculado a la denominación Planificación y Desarrollo. Esta cartera coordina la planificación del desarrollo nacional, las prioridades de inversión pública, la planificación institucional y los trabajos estadísticos correspondientes. [15]
6. Educación: Ministerio del Poder Popular para la Educación. Este ministerio dirige la política de educación inicial, primaria y secundaria y las modalidades educativas que le están atribuidas. La educación universitaria también ha contado con una cartera propia. Un comunicado ministerial de enero de 2024 recoge la coordinación entre los ministerios de Educación y de Educación Universitaria. [16]
7. Salud: Ministerio del Poder Popular para la Salud. La cartera de salud dirige la política sanitaria, la vigilancia epidemiológica, la prevención de enfermedades y la coordinación de los servicios e instituciones adscritos a ella. [15] El informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de 2019 documentó la escasez de medicamentos, el deterioro de las instalaciones y los obstáculos para acceder a la atención sanitaria. [17]
8. Alimentación: Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. Este ministerio coordina las políticas de abastecimiento y distribución de alimentos y las entidades públicas encargadas de esas funciones. El ordenamiento administrativo distribuye las atribuciones conexas entre los organismos competentes en agricultura, comercio, importaciones, nutrición y asistencia social. [15]
9. Ciencia y tecnología: Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, cuya organización ha variado. Esta cartera promueve la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación y la cooperación entre las instituciones públicas y la comunidad científica. En la organización administrativa de 2016, la educación universitaria, la ciencia y la tecnología se reunían en un solo ministerio. [15]
10. Comercio: carteras de comercio interior y exterior. La política comercial se ha distribuido entre las carteras competentes en industria y comercio interior, comercio exterior e inversión internacional. El decreto de 2016 identifica por separado el Ministerio del Poder Popular para la Industria y Comercio y el Ministerio del Poder Popular para el Comercio Exterior e Inversión Internacional. [15]
11. Hábitat y vivienda: Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda. La cartera de vivienda formula políticas de construcción residencial, financiación de viviendas y mejora de las condiciones del hábitat, con atribuciones en materia de desarrollo urbano y servicios residenciales. [15]
12. Energía eléctrica: Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica. Este ministerio dirige la política y la planificación del sector eléctrico y supervisa las entidades que le están adscritas. La generación, la transmisión, la distribución y el mantenimiento corresponden a las entidades operadoras. [15]
13. Petróleo: Ministerio del Poder Popular de Petróleo, con sucesivas denominaciones. Esta cartera formula la política de hidrocarburos, regula las actividades de su competencia y vela por los intereses del Estado en el sector. Petróleos de Venezuela, S.A. [PDVSA] y otras empresas realizan las operaciones de producción, refino y comercialización. [15]
La Ley Orgánica de Hidrocarburos se reformó el 29 de enero de 2026. La reforma incorporó disposiciones sobre los contratos para el desarrollo de actividades primarias y modificó el régimen de operaciones, las disposiciones fiscales y las atribuciones ministeriales. [96] El 17 de octubre, Rodríguez anunció que esperaba inversiones petroleras de cerca de 76.000 millones de dólares estadounidenses durante cinco años y aludió a nuevos acuerdos, entre ellos los de cooperación con los Estados Unidos. La cifra correspondía a una previsión gubernamental. [97]
14. Agricultura y tierras: Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras. Esta cartera coordina el desarrollo agrícola, la capacidad productiva, la política rural y las materias relativas a la tierra que le atribuye la ley. La organización administrativa de 2016 encomendaba la pesca, la agricultura urbana y la distribución de alimentos a carteras ministeriales diferenciadas. [15]
15. Transporte: Ministerio del Poder Popular para el Transporte, con diversas formas de agrupación con obras públicas. Las competencias en materia de transporte comprenden las infraestructuras, los servicios, la regulación y la supervisión de los organismos y empresas públicas del sector. El decreto de 2016 atribuía las competencias de transporte terrestre, acuático y aéreo al Ministerio del Poder Popular para Transporte y Obras Públicas. [15]
16. Mujer e igualdad de género: Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género[creado en 2009]. Este ministerio coordina las políticas relativas a los derechos de las mujeres, la participación en condiciones de igualdad y la prevención de la discriminación y la violencia por razón de género. Su creación estuvo precedida por otras formas de organización institucional dedicadas a los asuntos de la mujer. [18][15]
17. Comunicación e información: Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información. Esta cartera coordina la comunicación del Ejecutivo y las funciones relativas a los medios públicos que le están atribuidas. [15] El informe de Human Rights Watch sobre los acontecimientos de 2023 documentó restricciones a los medios independientes y el hostigamiento de periodistas. [19]
18. Cultura: Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Este ministerio formula la política cultural, apoya la actividad artística y supervisa las instituciones dedicadas al patrimonio, los museos, la edición y las demás funciones culturales de su competencia. La Constitución reconoce la libertad y la diversidad culturales y los derechos de los creadores y las comunidades. [15][2]
A-3). Fuerzas Armadas
La organización y las funciones de las Fuerzas Armadas se regulan en las disposiciones constitucionales sobre defensa y seguridad nacionales y en la legislación militar posterior. Las entradas que siguen distinguen los ordenamientos constitucionales de 1961 y 1999 y las modificaciones legislativas ulteriores. [1][2]
A-3.1). Fuerzas Armadas Nacionales [1961–1999]
En el ordenamiento constitucional de 1961, las Fuerzas Armadas comprendían el Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, creada en 1937, ya formaba parte de la institución militar antes de la Constitución de 1999. La Ley Orgánica de 1995 identificaba expresamente estos cuatro componentes. [1][20]
El artículo 132 de la Constitución de 1961 definía las Fuerzas Armadas como una institución apolítica, obediente y no deliberante al servicio de la República. Entre sus funciones figuraban la defensa nacional, la estabilidad constitucional y la protección del orden democrático. [1]
A-3.2). Fuerza Armada Nacionaly Fuerza Armada Nacional Bolivariana [1999–2026]
El artículo 328 de la Constitución de 1999 describe la Fuerza Armada Nacional como una institución profesional, sin militancia política, organizada para defender la soberanía y la integridad territorial. También le atribuye participación en el mantenimiento del orden interno y en el desarrollo nacional conforme a la Constitución. Los cuatro componentes que nombra el texto constitucional son el Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional. El artículo 330 permite votar a los militares en servicio activo, pero les prohíbe la actividad política partidista y la postulación a cargos de elección popular mientras permanezcan en servicio activo. [2]
La denominación Fuerza Armada Nacional Bolivariana [FANB] se incorporó mediante la legislación orgánica de 2008. [21]
La Asamblea Nacional Constituyente dictó la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicada en la Gaceta Oficial n.º 6.508 Extraordinario, de 30 de enero de 2020. Su preámbulo invocaba los artículos 347–349 de la Constitución. Los artículos 22 y 59 califican a la Milicia Bolivariana como componente especial. La denominación ley constitucional corresponde a la forma legislativa empleada por aquella Asamblea Constituyente, cuya controvertida convocatoria se trata en A-2.4. [9]
En su estudio de 2023 publicado por la Fundación Carolina, Francine Jácome documentó la participación de militares en cargos ministeriales, empresas públicas, la administración territorial y actividades económicas. La autora examinó estas funciones como manifestaciones de la militarización del gobierno y de la sociedad. [22]
Fuerzas estadounidenses llevaron a cabo la captura de Maduro en enero de 2026. La posterior asunción de la Presidencia por Delcy Rodríguez en calidad de encargada y el cambio de ministro de Defensa de marzo se recogen en A-2.1 y A-2.9. [86][95]
A-4). Organismos de inteligencia y de seguridad del Estado
Las instituciones que se enumeran a continuación desempeñan funciones de inteligencia, contrainteligencia militar, investigación penal y mantenimiento del orden público. Su adscripción y sus atribuciones se describen por separado en las entradas correspondientes.
Las conclusiones de 2022 de la misión de determinación de los hechos de las Naciones Unidas documentaron el empleo de los servicios de inteligencia en la represión de opositores al gobierno, reales o presuntos, mediante prácticas que incluían la detención arbitraria y la tortura. La misión examinó las estructuras institucionales, las prácticas operativas y las cadenas de responsabilidad. [23]
A-4.1). Organismos de inteligencia y contrainteligencia
1. Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención [DISIP, 1969–2010]. Habitualmente asociada con la denominación posterior Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención, la DISIP fue el principal organismo civil de inteligencia y seguridad política. Su trayectoria institucional abarcó tanto el período anterior a 1999 como el bolivariano. Una reorganización iniciada en 2009 culminó con el cambio formal de denominación a SEBIN mediante el Decreto n.º 7.453, de 1 de junio de 2010. [24][25]
2. Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional [SEBIN, 2010–2026]. El SEBIN es el principal servicio civil de inteligencia y ejerce funciones de inteligencia y contrainteligencia en las materias de su competencia. Su adscripción administrativa ha variado. Forma parte de la estructura de seguridad del Ejecutivo. [25]
La misión de determinación de los hechos de las Naciones Unidas documentó detenciones arbitrarias, torturas y otras violaciones cometidas por el SEBIN contra personas consideradas opositoras. Sus conclusiones de 2022 vincularon estas prácticas con un plan estatal de represión política y señalaron fundamentos para atribuir responsabilidades que alcanzaban a altos funcionarios. [23]
En septiembre de 2026, Acceso a la Justicia informó de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había ordenado el cierre de El Helicoide mediante una sentencia de abril, notificada a Venezuela el 10 de junio. La organización señaló que la información pública era insuficiente para comprobar su cumplimiento. Examinó por separado los traslados de presos recogidos en la prensa y la ejecución de las reparaciones ordenadas en la sentencia. [98]
3. Dirección General de Contrainteligencia Militar [DGCIM; denominación vigente desde 2011]. La DGCIM procede de estructuras anteriores de inteligencia militar, entre ellas la Dirección de Inteligencia Militar [DIM]. Sus competencias de contrainteligencia se refieren a las amenazas contra la seguridad militar. [25]
En marzo de 2026, Germán Gómez Lárez fue nombrado al frente de la DGCIM tras el paso de González López al Ministerio de Defensa. [95]
La misión de determinación de los hechos describió detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual y otros abusos graves vinculados con instalaciones y miembros de la DGCIM, incluidas operaciones contra militares y civiles considerados opositores. [25]
A-4.2). Organismos de seguridad del Estado
La Guardia Nacional es un componente militar; el CICPC, un órgano de investigación policial; la Policía Nacional, una institución policial civil; y las FAES fueron una unidad especializada de la Policía Nacional. Las policías estadales y municipales integran también el sistema policial. [9][26]
4. Guardia Nacional y Guardia Nacional Bolivariana [1937–2026]. Creada durante la presidencia de Eleazar López Contreras, la Guardia Nacional combina su carácter militar con funciones de orden interno, control fronterizo y apoyo al cumplimiento de la ley. El artículo 329 de la Constitución de 1999 le atribuye la responsabilidad básica de las operaciones necesarias para mantener el orden interno. [27][2]
El informe de 2018 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó el uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y malos tratos en los que intervinieron la Guardia Nacional y otros cuerpos de seguridad durante las manifestaciones. [28]
5. Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas [CICPC, 2001–2026]. El CICPC sucedió al Cuerpo Técnico de Policía Judicial, conocido habitualmente como Policía Técnica Judicial [PTJ], cuyos orígenes se remontan a 1958. Sus competencias incluyen la investigación penal, los exámenes forenses y la obtención técnica de pruebas. En los procesos penales, la investigación se realiza bajo la dirección del Ministerio Público y con sujeción a las garantías procesales. [29][2]
6. Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana [PNB; en funcionamiento desde 2009]. La Policía Nacional surgió de las reformas policiales y de la legislación orgánica aprobadas durante el gobierno de Chávez. Ejerce funciones policiales de alcance nacional, entre ellas la prevención del delito, el mantenimiento del orden público y las atribuciones que se le encomiendan en determinados ámbitos y servicios. Forma parte de la estructura de seguridad interior del Ejecutivo. [26]
La ley del servicio de policía establece la política nacional y las funciones de coordinación y supervisión de un sistema que comprende policías nacionales, estadales y municipales, cada una con competencias propias. [26]
7. Fuerzas de Acciones Especiales [FAES; creación fechada en 2016 o 2017 según la fuente]. Las FAES fueron una unidad especializada de la PNB vinculada a operaciones contra la delincuencia. La información publicada por Human Rights Watch en septiembre de 2019 sitúa su creación en 2017. Un reportaje de TalCual de junio de 2019, reproducido por PROVEA, la fecha en abril de 2016. [30][31]
Human Rights Watch y la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentaron muertes durante presuntos enfrentamientos, detenciones arbitrarias y otros abusos en los que intervinieron las FAES, especialmente en comunidades de bajos ingresos. El informe de la Alta Comisionada de 2019 pidió su disolución y la investigación de sus integrantes. [30][17]
El Informe Mundial 2024 de Human Rights Watch señala que las FAES fueron disueltas en 2022 y sustituidas por la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas [DAET]. Con referencia a la misión de determinación de los hechos de las Naciones Unidas, el informe recoge la similitud de funciones y métodos y la designación, para puestos clave de la DAET, de antiguos miembros de las FAES implicados en abusos. [19]
A-4.3). Detenciones posteriores a las elecciones, amnistía y procesos judiciales [2024–2026]
El informe de septiembre de 2024 de la misión de determinación de los hechos de las Naciones Unidas recogió veinticinco muertes en la represión posterior a las elecciones presidenciales, así como detenciones arbitrarias y violaciones de derechos de manifestantes y personas consideradas opositoras. [92]
En marzo de 2025, la misión de determinación de los hechos de las Naciones Unidas informó de que persistían formas graves de represión y crímenes de lesa humanidad. En su evaluación de septiembre destacó la ausencia de una rendición de cuentas efectiva en el ámbito nacional y la necesidad de una actuación internacional en favor de las víctimas. [99][100]
La Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática entró en vigor el 19 de febrero de 2026. Comprende delitos vinculados con determinados hechos dentro de un período que comienza el 1 de enero de 1999, con sujeción a los requisitos y las exclusiones que establece. Su aplicación exige seguir los procedimientos previstos en la ley. [101]
En septiembre de 2026, la misión de determinación de los hechos de las Naciones Unidas informó de que el aparato represivo del Estado permanecía intacto pese a los limitados cambios políticos. [102] La información de Reuters sobre esas conclusiones recogió una disminución de las detenciones por motivos políticos, junto con la persistencia de abusos, incluidas torturas, y la permanencia de cientos de personas detenidas. La misión calificó los cambios de limitados y reversibles. [103]
La Resolución n.º 2026-0010 del Tribunal Supremo, de 13 de octubre de 2026, reorganizó la tramitación de las causas por terrorismo: suprimió la competencia de alcance nacional de los juzgados especiales especificados en ella y redistribuyó las causas dentro de la jurisdicción penal, con excepciones transitorias. La resolución regula la competencia y el reparto de las causas; las disposiciones penales sustantivas constituyen una materia distinta. [104]
El 8 de octubre de 2026, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció un nuevo escrito de acusación, que reemplazaba al anterior, contra Maduro y Flores por conspiración para cometer torturas, además de delitos relacionados con narcóticos y armas. La acusación sostenía que se habían utilizado instituciones del Estado para maltratar a detenidos. [105] Ambos acusados se declararon no culpables el 15 de octubre. El juicio quedó señalado para el 14 de junio de 2027; las acusaciones seguían pendientes de resolución judicial en la fecha de cierre de este borrador. [106]
B). Evolución de los partidos y movimientos políticos [1830–2026]
Este apartado recoge una selección de facciones del siglo XIX, partidos modernos, movimientos revolucionarios, organizaciones electorales y coaliciones. Las fechas indican los orígenes documentados o los períodos de actividad; cuando el movimiento precedió a su inscripción como partido, se hace constar esa circunstancia.
Cuando una intervención judicial ha alterado el control de las denominaciones registradas y los símbolos electorales de un partido, las entradas distinguen dicho control de la dirigencia y la militancia históricas de la organización.
B-1). Primeras tradiciones políticas y movimientos personalistas [1830–1935]
1. Conservadores [principalmente entre las décadas de 1830 y 1850]. La corriente conservadora se formó en torno al orden político vinculado con José Antonio Páez y sus apoyos entre comerciantes, propietarios de tierras y funcionarios de la administración. Favorecía la estabilidad política y la autoridad establecida. Se trataba de una agrupación histórica de afinidades e intereses, no de un partido moderno con inscripción continuada. [32]
2. Partido Liberal y Gran Partido Liberal [desde 1840]. Vinculada inicialmente con Antonio Leocadio Guzmán, Tomás Lander y el periódico El Venezolano, la organización liberal se opuso a los grupos que ejercían el poder. El federalismo y la ampliación de la participación política adquirieron importancia en la evolución de sus propuestas. [32]
3. Guzmancismo y Liberalismo Amarillo [principalmente desde 1870]. El guzmancismo designa a los seguidores políticos de Antonio Guzmán Blanco dentro del liberalismo venezolano del siglo XIX. [32]
4. Crespismo [especialmente en la década de 1890]. Los partidarios de Joaquín Crespo actuaban dentro de la tradición liberal mediante vínculos de lealtad personal y patronazgo político. [32]
5. Gomecismo [1908–1935]. Juan Vicente Gómez mantuvo el poder mediante la autoridad militar, las relaciones regionales, el control administrativo y la represión. El término gomecismo designa al régimen y sus redes de lealtad, más que a un partido que compitiera en elecciones. La actividad opositora comprendió organizaciones en el exilio, movilizaciones estudiantiles y agrupaciones políticas clandestinas. [33]
Tras la muerte de Gómez, el gobierno de Eleazar López Contreras afrontó la oposición de nuevas organizaciones políticas, agrupaciones estudiantiles y activistas sindicales. Durante este período se constituyeron ORVE y el PDN. [34][35]
B-2). Formación de los partidos modernos y transiciones democráticas [1926–1958]
6. Partido Revolucionario Venezolano [PRV; fundado en el exilio en 1926]. Esta organización reunió a opositores de la dictadura de Gómez en un ámbito de incipiente organización revolucionaria y socialista. [36]
7. Partido Comunista de Venezuela [PCV; fundado en 1931]. El PCV se desarrolló como una organización marxista-leninista vinculada con la movilización obrera y la transformación socialista. Su trayectoria comprendió la clandestinidad, la legalización, la represión y el recurso tanto a estrategias electorales como revolucionarias. Quedó excluido del Pacto de Puntofijo de 1958. [37][38]
La dirigencia histórica del PCV apoyó a Chávez y, posteriormente, adoptó una posición crítica frente a Maduro; en 2020 participó en la formación de la APR. En 2023, el Tribunal Supremo designó otra directiva. [39][19]
8. Organización Venezolana [ORVE, 1936]. ORVE actuó durante la apertura política posterior a Gómez. Entre sus integrantes figuraban personas que más tarde participaron en el PDN y en Acción Democrática. [34]
9. Partido Republicano Progresista [PRP, 1936]. El PRP surgió durante la apertura posterior a la dictadura y ofreció un cauce legal de actuación política a militantes marxistas y comunistas. Sus antecedentes inmediatos se encontraban en la organización de la izquierda y en la oposición a la dictadura. [40]
10. Partido Democrático Nacional [PDN, 1936–1941]. El PDN surgió de los esfuerzos por coordinar la oposición democrática y prosiguió su actividad clandestinamente tras negársele el reconocimiento oficial. Fue un antecedente organizativo directo de Acción Democrática. Su labor contribuyó a la formación de una estructura partidista nacional a finales de la década de 1930. [35][41]
11. Acción Democrática [AD; fundada en 1941]. AD se constituyó como un partido de masas de orientación socialdemócrata, con bases obreras y campesinas y un programa de inclusión política y desarrollo nacional. Participó junto con oficiales militares en el derrocamiento de Medina Angarita en octubre de 1945. Después de 1958 participó en el gobierno nacional. [41][42]
En junio de 2020, el Tribunal Supremo suspendió a la dirigencia de AD y nombró una junta directiva ad hoc. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recogió esta intervención en su informe anual. [43]
12. Partido Democrático Venezolano [PDV, 1943–1945]. El PDV se organizó para respaldar al presidente Isaías Medina Angarita. Perteneció a un período de liberalización política en el que se ampliaron la actividad partidista y el debate público, mientras la elección presidencial seguía siendo indirecta y el sufragio, restringido. Su actividad concluyó tras el derrocamiento cívico-militar de octubre de 1945. [44]
13. Unión Republicana Democrática [URD; fundada en 1945]. URD se desarrolló como una organización nacionalista y democrática estrechamente vinculada con Jóvito Villalba. Se opuso al gobierno militar y fue uno de los tres partidos signatarios del Pacto de Puntofijo. [42][38]
14. Comité de Organización Política Electoral Independiente [COPEI; fundado en 1946]. Conocido habitualmente como Partido Socialcristiano, COPEI se desarrolló bajo la dirección de Rafael Caldera y otros dirigentes demócrata-cristianos. Combinó la orientación socialcristiana con la organización electoral y la participación en las instituciones representativas. Participó en el gobierno nacional después de 1958. El informe de la misión de observación electoral de la Unión Europea de 2021 recoge la intervención judicial que afectó a su dirigencia. [45][6]
La sucesión de los procesos democráticos. Al derrocamiento cívico-militar de Medina Angarita, el 18 de octubre de 1945, siguió una ampliación de la participación electoral. Rómulo Betancourt presidió la junta revolucionaria provisional. Rómulo Gallegos ganó las elecciones de diciembre de 1947, fue el primer presidente de Venezuela elegido por sufragio universal, directo y secreto y asumió el cargo en febrero de 1948. Un golpe militar lo depuso en noviembre de 1948. El período de gobierno militar que siguió concluyó en enero de 1958. [42][46]
Mediante el Pacto de Puntofijo de octubre de 1958, AD, COPEI y URD se comprometieron a defender el orden electoral y constitucional y a cooperar en torno a un programa mínimo común. Betancourt ganó las elecciones presidenciales de diciembre de 1958. [38][34]
B-3). Formación y reorganización de partidos [1960–1998]
15. Movimiento de Izquierda Revolucionaria [MIR; fundado en 1960]. El MIR surgió de una escisión de AD y se vinculó con la izquierda revolucionaria y la insurgencia armada. Las posteriores discrepancias estratégicas produjeron nuevas divisiones, mientras que sectores importantes regresaron más tarde a la actividad política legal. [47]
16. Cruzada Cívica Nacionalista [CCN; organizada en la década de 1960]. Esta organización representaba una corriente política vinculada con el exdictador Marcos Pérez Jiménez y su Nuevo Ideal Nacional. [48]
17. Movimiento Electoral del Pueblo[MEP; fundado en 1967]. El MEP surgió de una escisión de AD encabezada por Luis Beltrán Prieto Figueroa y otros dirigentes. Adoptó una orientación nacionalista de izquierda y participó posteriormente en diversas alianzas electorales, entre ellas la coalición de gobierno bolivariana. [49]
18. Bandera Roja [BR; fundada en 1970]. Bandera Roja tuvo su origen en una escisión de la izquierda revolucionaria y, en sus comienzos, recurrió a la lucha armada. Posteriormente desarrolló una actividad política legal y pasó a oponerse a los gobiernos de Chávez y Maduro. [50]
19. Movimiento al Socialismo [MAS; fundado en 1971]. El MAS surgió de una escisión del PCV. Participó en elecciones y coaliciones políticas y, posteriormente, sufrió divisiones en torno al apoyo a Chávez. [51][52]
20. La Causa R [LCR; fundada en 1971]. Vinculada con Alfredo Maneiro, La Causa R se desarrolló mediante la organización obrera y comunitaria, especialmente en la Guayana industrial. Concurrió a las elecciones de comienzos de la década de 1990. De una escisión de La Causa R surgió PPT en 1997. [53]
21. Liga Socialista [LS, 1973–2007]. La Liga Socialista pertenecía a la izquierda revolucionaria y participó en tareas de organización política y sindical. Posteriormente apoyó a Chávez y se incorporó al proceso de integración en el PSUV en 2007. [54]
22. Organización Renovadora Auténtica[ORA; fundada en 1987]. ORA surgió con una identidad cristiana evangélica y participó en la actividad electoral. [55][56]
23. Convergencia [fundada en 1993]. Convergencia se organizó en torno a la candidatura presidencial de Rafael Caldera tras su separación de COPEI. Formó parte de la coalición más amplia que respaldó su victoria de 1993, conocida habitualmente como el chiripero. [57][58]
24. Patria Para Todos [PPT; fundado en 1997]. PPT surgió de una escisión de La Causa R y participó posteriormente en la coalición bolivariana. Una intervención judicial en 2020 desplazó a su dirigencia y alteró el control de la denominación y los símbolos electorales del partido. Su tarjeta electoral continuó utilizándose en 2024. [53][59][56]
25. Movimiento V República [MVR, 1997–2007]. El MVR respaldó la candidatura presidencial con la que Hugo Chávez ganó las elecciones de 1998. Surgió de la trayectoria política vinculada con el anterior Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 [MBR-200]. El MVR se integró en el PSUV en 2007. [60][61]
26. Proyecto Venezuela [fundado en 1998]. Proyecto Venezuela se formó en torno al proyecto político nacional de Henrique Salas Römer, a partir de su anterior base regional en Carabobo. Respaldó su candidatura presidencial frente a Chávez en 1998 y participó posteriormente en la oposición. Su fundación como organización nacional se distingue de la anterior organización regional Proyecto Carabobo. [62]
B-4). Partidos y movimientos políticos del período bolivariano [1999–2026]
27. Un Nuevo Tiempo [UNT; orígenes regionales en 1999 y organización nacional desde 2006]. UNT se desarrolló a partir de una base política zuliana vinculada con Manuel Rosales. Su expansión nacional acompañó la candidatura presidencial de este en 2006. Posteriormente participó en alianzas de oposición. [63]
28. Primero Justicia [PJ; origen como asociación civil en 1992 y organización como partido desde 2000]. Primero Justicia comenzó como una asociación civil dedicada a la reforma jurídica e institucional y se convirtió después en un partido de oposición. [64]
En junio de 2020, el Tribunal Supremo designó una directiva ad hoc presidida por José Brito; posteriormente suspendió la medida. El 22 de abril de 2024, mediante la sentencia n.º 207 de la Sala Constitucional, una junta ad hocencabezada por Brito volvió a recibir el control de la tarjeta y los símbolos electorales del partido. La dirigencia histórica rechazó la intervención. La tarjeta de PJ figuró en la boleta presidencial de 2024 en apoyo de Brito, mientras que la dirigencia histórica respaldó a Edmundo González Urrutia. [65][66]
29. Alianza Bravo Pueblo [ABP; fundada en 2000]. Vinculada con Antonio Ledezma y con una escisión de AD, ABP pasó a formar parte de la oposición al gobierno bolivariano. [67]
30. Por la Democracia Social [PODEMOS; fundado en 2002]. PODEMOS surgió de una escisión del MAS. Al principio apoyó a Chávez, pasó después a la oposición y, posteriormente, fue objeto de una intervención judicial que transfirió el control del partido a otra directiva. [68]
31. Movimiento Revolucionario Tupamaro [el movimiento precedió a su inscripción como partido en 2004]. La organización Tupamaro se desarrolló a partir del activismo revolucionario urbano y participó más tarde en las elecciones como partidaria del proceso bolivariano. Las discrepancias con el gobierno y la intervención judicial de 2020 dieron lugar a reclamaciones contrapuestas sobre la dirección y la identidad del partido. [69][70]
32. Unidad Popular Venezolana [UPV; fundada en 2004]. Vinculada con Lina Ron, UPV se constituyó como una organización de apoyo militante a Chávez y conservó una presencia electoral propia en posteriores alianzas de gobierno. Su tarjeta figuró en la boleta presidencial de 2024 dentro de la alianza que respaldaba a Maduro. [71][56]
33. Partido Socialista Unido de Venezuela [PSUV; formación iniciada en 2007]. Chávez promovió el PSUV como organización unitaria de las fuerzas que respaldaban su proyecto político. En su constitución se integraron el MVR y otras organizaciones o sectores, mientras que algunos aliados conservaron su identidad propia. El partido celebró su congreso fundacional en 2008. [61][72]
El PSUV encabezó la alianza electoral de gobierno que apoyó a Maduro en 2024 y ocupó la primera posición en la boleta presidencial. [66]
34. Voluntad Popular [VP; constituida como movimiento en 2009 y reconocida como partido en 2011]. Vinculada con Leopoldo López y otros promotores, Voluntad Popular se desarrolló en torno a la participación democrática, el cambio político y la oposición al gobierno. Sus dirigentes y militantes afrontaron procesos penales, detenciones y exilio. Una intervención judicial dio lugar, asimismo, a una disputa por el reconocimiento oficial de la dirección del partido. [73][6]
35. Movimiento Progresista de Venezuela, posteriormente Movimiento por Venezuela [MPV; fundado en 2012]. El MPV surgió de divisiones de la izquierda y participó en la coordinación de la oposición. [74]
36. Avanzada Progresista [AP; fundada en 2012]. Vinculada con Henri Falcón y otros dirigentes, AP se desarrolló como una organización de centroizquierda favorable a la participación electoral y a la negociación política. Sus estrategias difirieron en ocasiones de las de la principal coalición opositora, en particular respecto a la participación en elecciones cuyas condiciones eran objeto de controversia. [75]
37. Vente Venezuela [fundada en 2012]. Vinculada con María Corina Machado, Vente se desarrolló como un movimiento político liberal que defendía las libertades individuales, la iniciativa privada y el cambio democrático. Machado ganó las primarias de la oposición de 2023 y quedó excluida de la boleta presidencial de 2024. [76][13]
Machado recibió el Premio Nobel de la Paz de 2025 por su labor en defensa de los derechos democráticos y de una transición democrática pacífica en Venezuela. [107]
38. Movimiento Somos Venezuela[constituido como movimiento social en 2017 y transformado en partido en 2018]. Promovido por Maduro, Somos Venezuela se desarrolló en relación con la movilización en torno a los programas sociales y el sistema del Carnet de la Patria. En 2018 obtuvo reconocimiento electoral mediante la transformación de Nuevo Camino Revolucionario [NCR]. [77]
39. Cambiemos Movimiento Ciudadano[fundado en 2018]. Vinculado con Timoteo Zambrano, Cambiemos promovió la participación electoral y el diálogo. Se integró en el sector de la oposición que emprendió negociaciones y estrategias electorales fuera de la principal coalición unitaria. [78]
40. Encuentro Ciudadano [fundado en 2018]. Vinculado con Delsa Solórzano, Encuentro Ciudadano se desarrolló como una organización opositora centrada en la participación democrática y los derechos humanos. Participó en la coordinación de la oposición y en el proceso de primarias de 2023. [79]
41. Primero Venezuela [constituido en 2020]. Primero Venezuela fue creado por disidentes de Primero Justicia, entre ellos José Brito, y participó en las elecciones parlamentarias de 2020. [80] La información publicada por Acceso a la Justicia el 14 de mayo de 2024 recoge la candidatura presidencial de Brito por la tarjeta de Primero Venezuela y la incorporación de la tarjeta de PJ a su candidatura tras la intervención judicial. [65]
42. Fuerza Vecinal [fundada en 2021]. Fuerza Vecinal se constituyó en torno a dirigentes municipales, con atención a la administración local y a la participación electoral. [81]
B-5). Coaliciones electorales y plataformas de coordinación
43. Mesa de la Unidad Democrática[MUD; formada entre 2008 y 2009]. La MUD reunió a partidos de distintas ideologías para coordinar la oposición, presentar candidaturas comunes y concurrir a las elecciones. Contribuyó a organizar campañas electorales de alcance nacional, incluida la que condujo a la victoria parlamentaria de la oposición en 2015. [82][6]
44. Gran Polo Patriótico Simón Bolívar[GPPSB; constituido en 2011]. Esta alianza reunió al PSUV, a partidos aliados y a organizaciones sociales que respaldaban al gobierno bolivariano. [83][72]
45. Alternativa Popular Revolucionaria[APR; formada en 2020]. La APR reunió a organizaciones y sectores comunistas y de otras corrientes de la izquierda revolucionaria que mantenían una posición crítica frente al gobierno de Maduro. En 2020, el Tribunal Supremo nombró nuevas directivas para PPT y Tupamaro, cuyos dirigentes desplazados participaron en la coalición. [39][59][70]
46. Plataforma Unitaria Democrática[PUD; constituida públicamente en 2021, tras anteriores iniciativas de unidad]. La plataforma se desarrolló como instancia de coordinación de partidos opositores y sectores aliados. Participó en negociaciones, promovió las primarias opositoras de 2023 y respaldó a Edmundo González Urrutia en las elecciones presidenciales de 2024, tras la exclusión de Machado. [84][13]
B-6). Tarjetas electorales, continuidad de las organizaciones e intervención judicial
Además de las organizaciones descritas, otras figuraron en la boleta de 2024. La reproducción publicada por El Diario identifica a Partido Verde, Futuro Venezuela, Enamórate, Partido Arepa, CONDE, Unidad Visión Venezuela y Derecha Democrática. [66]
La misión de observación electoral de la Unión Europea de 2021 informó de intervenciones judiciales que afectaban a las directivas de los partidos y al control de sus nombres, símbolos y postulaciones electorales. Human Rights Watch recogió posteriormente la intervención del PCV en 2023; Acceso a la Justicia documentó la nueva intervención de Primero Justicia en 2024. [6][19][65]
B-7). Participación electoral y negociaciones políticas [2025–2026]
Las organizaciones opositoras siguieron estrategias distintas en las elecciones legislativas de 2025. La PUD llamó a la abstención, mientras que Henrique Capriles y otros dirigentes opositores participaron. La Unión Interparlamentaria recoge once escaños para la alianza UNT–Unión entre los resultados anunciados. [88]
El 6 de agosto de 2026, Reuters informó del inicio de negociaciones, respaldadas por los Estados Unidos, entre representantes del gobierno de la presidenta encargada y una delegación opositora. Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera encabezaban las respectivas delegaciones. Machado no participaba en ese proceso de negociación. [108]
En octubre, Machado pidió la celebración de elecciones a más tardar en julio de 2027. El plazo propuesto no constituía un calendario electoral oficial. [109] El anuncio presidencial de septiembre citado en A-2.7 no precisaba una fecha. [93]
Fuentes y notas documentales
Las notas identifican textos constitucionales y legislativos, informes de instituciones independientes, estudios históricos, información periodística contemporánea y testimonios de las propias organizaciones. Las publicaciones de los partidos se emplean para sus orígenes y fines declarados; las valoraciones sobre la actuación de las instituciones se atribuyen a los informes o estudios correspondientes. La fecha de cierre documental de este borrador es el 21 de octubre de 2026.
[1] Constitución de la República de Venezuela de 1961, especialmente las disposiciones relativas a los poderes nacionales, la Presidencia, el Congreso, el Poder Judicial y las Fuerzas Armadas. Edición documental del CIDEP. https://cidep.online/files/constituciones/1961.pdf Volver al texto ↑
[2] Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, especialmente los artículos 136, 186–187, 192, 225–236, 247–249, 253–279, 280–296, 318, 328–330 y 347–349. Texto disponible en el sitio de la Organización de los Estados Americanos. https://www.oas.org/dil/esp/constitucion_venezuela.pdf Volver al texto ↑
[7] Comisión de Venecia, dictamen CDL-AD(2017)024 sobre las cuestiones jurídicas suscitadas por el proceso constituyente venezolano de 2017, especialmente el párrafo 27. Ficha oficial del dictamen y reproducción en el repertorio de derecho electoral. https://www.coe.int/en/web/venice-commission/-/cdl-ad-2017-024-e Volver al texto ↑
[9] Asamblea Nacional Constituyente, Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Gaceta Oficial n.º 6.508 Extraordinario, de 30 de enero de 2020. El preámbulo invoca los artículos 347–349; los artículos 22 y 59 califican a la Milicia Bolivariana como componente especial. Reproducción de la Gaceta disponible en el sitio de Control Ciudadano. https://www.controlciudadano.org/web/wp-content/uploads/LOFANB-2020-GO-6.508-ExT-30.01.2020.pdf Volver al texto ↑
[18] Comisión Económica para América Latina y el Caribe, plataforma del Consenso de Montevideo: ficha sobre el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género de Venezuela y su creación en 2009. https://consensomontevideo.cepal.org/es/node/1244 Volver al texto ↑
[37] Wikipedia, entrada histórica sobre el Partido Comunista de Venezuela. Fuente para la fecha de fundación y la orientación de la organización; las disputas contemporáneas por su dirección se examinan por separado mediante fuentes independientes. https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Comunista_de_Venezuela Volver al texto ↑
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Ricardo F. Morín Floración incumplida Imagen generada por ordenador (CGI) 2026
Tras casi diez meses en el extranjero, María Corina Machado pisa de nuevo suelo venezolano, recibida en una iglesia de Lara por quienes la habían esperado a lo largo de siete intentos fallidos de regreso. Edmundo González, a quien el electorado eligió en julio de 2024 y que nunca ha ejercido el cargo que este le confirió, permanece en Madrid y anuncia que la seguirá. Su presencia, o el anuncio de ella, no altera la condición a la que regresan. Esa condición no es la falta de un presidente. Es una falta que se ha sustraído a todo término capaz de ponerle fin.
La cuestión que su regreso pone de manifiesto comenzó antes del tres de enero. En julio de 2024, las actas recogidas en las mesas de votación, y los escrutinios hechos a partir de ellas, mostraron que González había ganado por amplio margen. La autoridad electoral proclamó a Maduro sin publicar el detalle por mesa que habría sustentado la proclamación. Dos atribuciones del mismo cargo quedaron enfrentadas: una, la de los votos según constaban en las actas; la otra, la del órgano facultado para declararlos. En septiembre, un tribunal con competencia en materia de terrorismo ordenó la aprehensión de González por cargos que incluían la usurpación de funciones, y él partió hacia España. El período para el cual las actas lo eligieron comenzó el diez de enero de 2025 y lo ejerció el hombre a quien la proclamación nombraba. Cuando ese hombre fue removido por la fuerza, el cargo que había ocupado sin la atribución del electorado no pasó a quien la poseía. Nada en la remoción explica por qué la falta de un presidente al que el electorado no eligió habría de abrir el cargo a cualquiera que no fuese aquel a quien sí eligió.
En la noche de la captura, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ordenó a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, asumir la presidencia en condición de encargada. La Constitución de 1999 conoce dos clases de falta. La falta temporal la suple el vicepresidente ejecutivo hasta por noventa días, prorrogables por la Asamblea Nacional hasta por noventa días más; si se prolonga por más de noventa días consecutivos, la Asamblea decide por mayoría si debe considerarse absoluta. La falta absoluta producida dentro de los primeros cuatro años del período exige una nueva elección universal y directa dentro de los treinta días consecutivos siguientes. La Sala no invocó ninguna de las dos. Denominó la falta «ausencia forzosa», figura que la carta no contiene, y declaró que nada decidía acerca de su carácter temporal o absoluto. Bajo esa omisión yacía otra anterior. Suplir una falta es presumir que el ausente ocupaba el cargo, y la posesión del cargo era precisamente lo que julio de 2024 había puesto en disputa. La sucesión prolongó un título que el electorado nunca confirió, y Washington, que se había negado a reconocer a Maduro, reconoció formalmente la autoridad derivada de él.
Un plazo sólo puede correr a partir de una calificación. Al abstenerse de calificar, la Sala no suspendió la Constitución: situó la falta donde ninguna de sus cláusulas podía alcanzarla. El tres de abril la Asamblea pudo haber declarado absoluta la falta, y no lo hizo; tampoco votó la prórroga que la carta permite, pues no se había declarado falta temporal alguna que prorrogar. El tres de julio expiró el lapso más allá del cual la carta no consiente suplencia temporal, y la Asamblea, presidida por el hermano de la encargada, guardó silencio. Los treinta días que habrían seguido a una declaración transcurrieron sin convocatoria, porque no hubo declaración desde la cual contarlos. En septiembre, la encargada dijo que habría elecciones cuando el país estuviera preparado. La preparación no tiene fecha, y ningún órgano del Estado está obligado a certificarla.
La privación de González no es sólo el exilio, ni la pérdida de algo que alguna vez poseyó. Nunca ha sido investido, de modo que en sentido estricto nada puede restituírsele: lo que se le retiene es una primera investidura. Cada mes del interinato es un mes de su período consumido por otro. La amnistía promulgada en febrero liberó a muchos presos por razones políticas, entre ellos a su yerno, y a González no le dio nada, porque una amnistía alcanza a los delitos y no alcanza al cargo. Lo que se le sustrajo no fue una libertad que una ley pudiera devolver, sino un mandato cuya investidura ha de aguardar el reconocimiento del voto.
Machado pide elecciones presidenciales a más tardar en julio de 2027. La encargada promete una elección y no fija fecha. Estados Unidos ha propiciado conversaciones entre el gobierno y una parte de la oposición que no es la que las actas favorecieron en 2024 ni la que regresó hoy; las partes hablan de un voto y no ofrecen calendario. Cada una de estas posiciones atañe a cuándo habrá de celebrarse una elección. Ninguna atañe a lo que una elección haría con el juicio ya emitido. Un voto convocado sin dar cuenta alguna del mandato de 2024 no ejecutaría ese juicio: lo sustituiría. El arreglo podría entonces presentar una nueva elección como reparación de la crisis mientras retira el único juicio que el electorado ya ha pronunciado, y la convocatoria emanaría de una autoridad que desciende del mismo título que el voto anterior había negado.
Confluyen hoy en el país tres posiciones de naturaleza distinta, y ninguna puede sustituir a otra. Machado encarna el liderazgo político y cuenta con el apoyo visible de quienes la recibieron en Lara. González ostenta el título que las actas registraron. Rodríguez detenta el ejercicio del poder conforme a un arreglo que ningún voto produjo. El liderazgo no es título, y el poder no es ninguno de los dos. El regreso de Machado añade presencia a la oposición y no le añade autoridad, porque la autoridad nunca fue lo que su ausencia había sustraído. Una multitud muestra el apoyo de quienes se congregan. No puede fijar el día en que el juicio del electorado surte efecto, ni decidir si al juicio emitido en 2024 todavía se le debe su efecto.
La ausencia fue llamada forzosa porque la impuso la fuerza, y se mantiene donde fue colocada por la confluencia de cuantas partes podrían moverla. La Sala que inventó la figura no ha vuelto sobre ella. La Asamblea que podría declarar absoluta la falta está presidida por la familia de quien perdería el cargo con esa declaración. El gobierno que se beneficia del interinato no convoca su fin. Estados Unidos instauró el arreglo, lo reconoció ante los gobiernos de la región, según informaciones de prensa ordenó a sus propios fiscales abandonar una investigación sobre la encargada, y su presidente ha dicho que el país no está preparado para elecciones mientras Estados Unidos se ocupa de extraer su petróleo y otros recursos; sus funcionarios califican ahora de aceptable el momento presente. La entrada de Machado esta vez no fue facilitada ni impedida, tras intentos anteriores que sí fueron frustrados, y la admisión en el territorio no es la admisión en la deliberación en que se fijaría una fecha.
Aun una fecha, si llegara a fijarse, conduciría a un voto sobre un cargo cuyos principales recursos ya han sido comprometidos. La ley de hidrocarburos firmada en enero abrió a empresas privadas la producción y la comercialización del petróleo, y los acuerdos concertados desde entonces con Estados Unidos, que Machado ha criticado, los celebró una autoridad que ningún elector confirió. Quien resulte finalmente electo los heredará como pretensiones que pesan sobre el cargo, cualquiera que sea la fuerza que en definitiva se les reconozca. Se pediría al electorado elegir al titular de un cargo cuyos compromisos quedaron concertados antes de que se le preguntara nada.
La carta de 1999 previó la falta de un presidente. No previó una falta que nadie está obligado a nombrar, ni un mandato que nadie está obligado a hacer efectivo. El reloj que asignó a la falta nunca echó a andar, y el que asignó al mandato no se ha detenido nunca. Quien detenta el cargo carece de término. Quien ostenta el período carece del cargo. Quien regresó hoy no tiene ni lo uno ni lo otro, y se cuenta entre los electores cuyo juicio, ya pronunciado, zanjaría la cuestión si alguien estuviera obligado a ejecutarlo.
Ricardo F. Morín Intitulado 18 × 12,434 pulgadas 2003
La cuestión constitucional que hoy plantea Venezuela no comienza con el petróleo. Comienza con la identidad del soberano.
El artículo 5 de la Constitución vigente establece que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Precisa que este la ejerce directamente en la forma prevista en la Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público. Establece después la relación de la que depende todo lo demás: los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos. [1]
Ese precepto no identifica al gobierno con la Nación. Distingue al soberano de los órganos por cuyo conducto se ejerce la autoridad soberana. Un presidente, un órgano legislativo, un ministerio, una empresa del Estado o un gobierno interino pueden ejercer competencias constitucionales. Ninguno se convierte por ello en soberano. El poder gubernamental es un poder constituido. La soberanía permanece en el pueblo.
El artículo 12 atribuye a esta distinción un objeto material. Los yacimientos mineros y de hidrocarburos pertenecen a la República, son bienes del dominio público y son inalienables e imprescriptibles. No pertenecen a los funcionarios que administran la República. El control transitorio de las instituciones gubernamentales no convierte la riqueza del dominio público en propiedad de quienes las controlan. [2]
La relación entre los artículos 5 y 12 precede, por tanto, a cualquier acuerdo petrolero. Los yacimientos pertenecen a la República. Los órganos del Estado sólo pueden actuar respecto de ellos en virtud de las atribuciones que les confiere el orden constitucional. El pueblo sigue siendo la fuente soberana de la que emanan esos órganos.
Esa estructura ha adquirido una trascendencia inmediata porque Estados Unidos no se ha limitado a facilitar el comercio del petróleo venezolano. La actual Administración describe públicamente un acuerdo concebido para asegurar ventajas gubernamentales y económicas estadounidenses sobre las reservas venezolanas, con un alcance y una duración que exceden ampliamente la presente transición política.
El 31 de agosto de 2026, la Casa Blanca anunció lo que calificó como el mayor acuerdo petrolero de la historia. Afirmó que las autoridades interinas venezolanas habían otorgado a North American Blue Energy Partners concesiones de cien años sobre diecisiete campos con aproximadamente sesenta y cinco mil millones de barriles de reservas probadas. El mismo anuncio atribuyó a Estados Unidos un « control mayoritario », facultades gubernamentales de dirección, « propiedad económica », una participación del 35 por ciento en el capital para la Oficina de Capital Estratégico del Departamento de Guerra, un derecho garantizado del Departamento de Estado a adquirir el 20 por ciento de la producción a precio de coste, un derecho de adquisición preferente sobre el 80 por ciento restante, facultades de veto sobre los nombramientos del consejo de administración de la empresa y la exigencia de que la mayoría de sus integrantes fueran ciudadanos estadounidenses. [3]
La Administración no presentó esas disposiciones como garantías accesorias de un programa de desarrollo venezolano. Las presentó como logros estadounidenses. La Casa Blanca afirmó que el acuerdo aseguraría el « predominio energético durante el próximo siglo » de Estados Unidos, ampliaría las reservas a su disposición efectiva, favorecería sus refinerías y el empleo, y proporcionaría petróleo de bajo coste para la Reserva Estratégica de Petróleo, las necesidades militares y otros usos sensibles. [3] [4]
Estados Unidos no es el beneficiario fortuito de un acuerdo concebido por otros. Los beneficios estadounidenses figuran como objetivos expresos de la propia política.
La misma ficha informativa presenta el acuerdo como parte de la estabilización, la reconstrucción y una futura transición democrática. Afirma que el nuevo marco normativo de los hidrocarburos se adoptó con apoyo estadounidense. Describe las disposiciones estadounidenses sobre dirección y auditoría, la reforma bancaria, la supervisión de pagos y la vigilancia financiera como medios para fiscalizar el destino de los impuestos y las regalías. Señala, además, que Estados Unidos auspicia conversaciones de reconciliación entre la Asamblea Nacional de 2015 y las autoridades interinas. [3]
El vocabulario de la transición acompaña, por tanto, una estructura en la que la potencia extranjera que intervino militarmente ha adquirido intereses económicos duraderos, facultades de dirección, privilegios de compra y funciones de supervisión sobre el principal recurso natural del país en transición.
El actual gobierno interino no obtuvo su mandato mediante una nueva elección nacional posterior a la acción militar estadounidense de enero. A finales de septiembre, su presidenta seguía prometiendo elecciones como parte de una transición hacia la plena democracia, sin fijar una fecha cierta. El propio Estados Unidos continúa presentando la transición democrática como un proceso aún por realizar. [3] [5] [6]
Esa circunstancia no suprime el artículo 5. Lo hace ineludible.
Si la soberanía correspondiera a quien controlase en cada momento el aparato gubernamental, bastaría el control efectivo para resolver la cuestión constitucional. El artículo 5 dispone lo contrario. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos. La Constitución rechaza, por tanto, que la posesión del poder gubernamental equivalga a la titularidad de la soberanía. [1]
El respaldo que la actual Asamblea Nacional otorgó después al acuerdo petrolero forma parte de los antecedentes constitucionales. El 1 de septiembre lo apoyó mediante una votación a mano alzada. Algunos diputados de oposición se abstuvieron porque no habían podido examinar las condiciones escritas del acuerdo. [7] Pero el acto de un órgano constituido no equivale a la voluntad del soberano del que, según el artículo 5, deriva la autoridad constituida. La aprobación legislativa exige que el órgano posea competencia constitucional para autorizar el acto de que se trate. La existencia de una votación no puede, por sí sola, convertir al órgano que vota en el pueblo soberano ni subsanar una carencia previa de atribuciones cuando la Constitución no confería a ese órgano la potestad que pretendió ejercer.
Esa es la distinción entre representación y soberanía. Los representantes pueden ejercer atribuciones en nombre de la Nación. No son dueños de la soberanía que ejercen. El artículo 5 mantiene al representante sometido al soberano que representa.
La distinción adquiere especial trascendencia cuando se pretende que el compromiso perdure un siglo. Cien años no constituyen un período de transición. Una concesión de esa duración sobrevive a los funcionarios que la otorgaron, a la actual Administración estadounidense y a la transición democrática prometida, y alcanza a generaciones de venezolanos ajenas a las circunstancias gubernamentales en las que se constituyó.
La propia documentación estadounidense reconoce, en otro contexto, que el control y la posesión no extinguen la propiedad venezolana. La Orden Ejecutiva 14373, dictada el 9 de enero, define en su sección 2 determinados ingresos procedentes de recursos naturales depositados en cuentas del Tesoro estadounidense y determina, en la sección 4(a), que esos fondos son propiedad del Gobierno de Venezuela. Dispone que Estados Unidos los mantiene exclusivamente en calidad de custodio y en ejercicio de funciones gubernamentales, no como participante en el mercado, y obliga al Tesoro a identificarlos como bienes soberanos de Venezuela y no como propiedad de Estados Unidos. [8] [9]
Sin embargo, la sección 4(c)(ii) de la misma orden dispone que esos fondos se conservarán a la espera de una « disposición soberana » para los fines públicos, gubernamentales o diplomáticos que determine el secretario de Estado estadounidense en nombre del Gobierno de Venezuela. La sección 5(a)(ii) ordena al Tesoro atenerse a las instrucciones del secretario de Estado en materia de desembolsos y transferencias. [8]
Desde enero, la Administración atribuyó así a un funcionario estadounidense la facultad de decidir a qué fines se destinarían bienes soberanos venezolanos. La propiedad venezolana seguía formalmente reconocida, mientras las decisiones relativas a su ejercicio pasaban a un funcionario del Estado interviniente. La facultad de ese funcionario para determinar fines soberanos en nombre de Venezuela se proclamaba en una orden estadounidense, sin que la Constitución venezolana la confiriese.
Casi ocho meses después, el acuerdo petrolero añadió ventajas patrimoniales a esa estructura de supervisión. La Casa Blanca describió la propiedad económica estadounidense, el control mayoritario, los derechos de veto, la adquisición preferente y una participación gubernamental en el capital protegida frente a la dilución. Reuters informó de que la participación del 35 por ciento se había instrumentado mediante derechos de adquisición de acciones a precio nominal, destinados a preservar el porcentaje estadounidense a medida que ingresara nuevo capital en la empresa. [3] [10]
Esta secuencia no revela desconocimiento acerca de a quién pertenecen los recursos. Los documentos estadounidenses identifican reiteradamente como venezolanas las reservas, los ingresos, las concesiones y los yacimientos. La Administración sabe que se trata de la riqueza de Venezuela. Su propia orden de enero reconoce expresamente bienes soberanos venezolanos. Sus anuncios posteriores identifican de manera igualmente expresa las ventajas que se buscan para Estados Unidos. [3] [8]
Los antecedentes jurídicos venezolanos identifican la fuerza que alteró las circunstancias gubernamentales. El 3 de enero, la Sala Constitucional calificó la acción estadounidense de « agresión militar extranjera » cuyo fin era el « secuestro » de Nicolás Maduro. Consideró la consiguiente « ausencia forzosa » como una imposibilidad material y temporal de ejercer las funciones presidenciales. Invocando su interpretación de los artículos 234 y 239.8, ordenó a la vicepresidenta Delcy Rodríguez ejercer la presidencia mediante una medida cautelar urgente, destinada a preservar el Estado y defender la Nación. Dejó a los órganos estatales competentes la calificación definitiva de la falta presidencial. [11]
La resolución que calificó la agresión también dispuso la encargaduría presidencial cuyo consentimiento invoca ahora Estados Unidos. Descalificar a la Sala como órgano del gobierno anterior no proporciona un fundamento constitucional independiente para ese consentimiento. El gobierno cuya continuidad aseguró la intervención de la Sala se convirtió después en el conducto por el que Estados Unidos obtuvo las ventajas petroleras anunciadas en agosto.
El presidente del Estado beneficiario ya había vinculado la acción militar con su rendimiento económico. El 30 de abril, el presidente Trump describió la relación con Venezuela como « una especie de empresa conjunta », afirmó que ambos países ganaban dinero y declaró que Estados Unidos había « recuperado con creces el coste del ataque ». [12]
No toda inversión extranjera, venta de petróleo, operación de préstamo o concesión comercial constituye explotación. La explotación consiste en extraer deliberadamente ventajas de los recursos de otra nación cuando el beneficiario extranjero dispone de un poder extraordinario sobre las circunstancias gubernamentales por cuyo conducto se pretende obtener el consentimiento. La asimetría consta en las manifestaciones de ambas partes: la Sala venezolana calificó la agresión y ordenó una medida de defensa; el presidente estadounidense describió la relación económica resultante como una empresa conjunta que había resarcido el coste del ataque. El acuerdo de agosto dio después forma económica y gubernamental duradera a esa ventaja.
El propio lenguaje de la Casa Blanca acentúa la contradicción. Su ficha informativa de agosto acusa a actores rusos y chinos, junto con allegados al poder político venezolano, de haber « saqueado los recursos de Venezuela » en beneficio de adversarios estadounidenses. El mismo documento celebra después el desplazamiento de esos actores por un sistema concebido para asegurar el predominio estadounidense en el hemisferio, el control gubernamental estadounidense, la propiedad económica estadounidense, los privilegios de compra estadounidenses y el abastecimiento estratégico estadounidense. [3] [4]
La nacionalidad del beneficiario no puede determinar si se ha respetado la soberanía venezolana. Si el control extranjero de los recursos de Venezuela resulta objetable porque esos recursos pertenecen a Venezuela, sustituir al beneficiario extranjero no altera la titularidad constitucional de la soberanía venezolana ni la condición jurídica de los yacimientos.
La cuestión constitucional no consiste en determinar si Venezuela puede recibir capital extranjero, vender petróleo o establecer relaciones comerciales a largo plazo. Consiste en determinar de dónde procede la potestad de obligar a la República. La inversión designa un aporte de capital. El contrato, un instrumento. El reconocimiento, la posición diplomática de un gobierno extranjero. Ninguna de esas categorías confiere, por sí sola, competencia para ejercer potestades soberanas venezolanas.
La distinción cobra aún mayor importancia cuando interviene una estructura societaria. La Casa Blanca ha destacado la participación de una empresa privada y el empleo de capital privado estadounidense. [3] [4] Pero una sociedad privada no puede otorgarse a sí misma una concesión petrolera venezolana. El derecho a explotar yacimientos pertenecientes a la República debe tener su origen en el ordenamiento venezolano. Los acuerdos societarios privados pueden distribuir intereses económicos una vez constituido ese derecho. No pueden conferir la potestad soberana necesaria para constituirlo.
Reuters identifica al empresario venezolano Alejandro Betancourt como quien controla North American Blue Energy Partners. [10] El acuerdo vincula, por tanto, a un beneficiario privado venezolano con los intereses gubernamentales estadounidenses que expresamente constituye. Para que la obtención de ventajas por Estados Unidos sea deliberada, no es preciso que éste sea el único beneficiario. Tampoco el interés privado de un empresario venezolano equivale al consentimiento de la Nación venezolana. Su participación no dispensa de acreditar la potestad constitucional necesaria para otorgar derechos sobre los yacimientos de la República.
Tampoco puede el derecho estadounidense resolver esa cuestión venezolana previa. Las leyes, órdenes ejecutivas, licencias, contratos y disposiciones sobre competencia judicial de Estados Unidos pueden determinar lo que sus funcionarios y entidades están facultados para hacer conforme a su propio ordenamiento. No pueden determinar qué atribuciones confiere la Constitución de Venezuela a los funcionarios venezolanos para obligar a la República.
El Preámbulo estadounidense comienza con las palabras « Nosotros, el Pueblo », que la doctrina constitucional de aquel país entiende como la identificación del sujeto que instituyó la Constitución. Pero el Tribunal Supremo no ha considerado el Preámbulo como una fuente autónoma de potestades gubernamentales sustantivas. El artículo 5 venezolano no es una fórmula preambular. Es una disposición constitucional normativa que define dónde reside la soberanía, cómo se ejerce, de dónde emanan los órganos del Estado y a qué están sometidos. [1] [13] [14]
Reducir el artículo 5 a la conocida fórmula estadounidense « Nosotros, el Pueblo » menoscabaría su sentido en vez de esclarecerlo.
El artículo 5 es más preciso. El pueblo no comparece únicamente en el momento fundacional para diluirse después en las instituciones que creó. La soberanía sigue siendo suya. El gobierno no la recibe en propiedad. Ejerce potestades constituidas y permanece subordinado a la fuente soberana de la que emanan.
La distinción entre la Nación y sus representantes determina el alcance que puede tener el consentimiento gubernamental.
Un acto de representación sólo puede obligar a la Nación porque el orden constitucional faculta al representante para realizarlo. La representación es, por tanto, derivada. La soberanía no lo es. Considerar que el consentimiento de los representantes se valida por sí mismo invierte la relación constitucional establecida en el artículo 5.
El problema se agrava cuando el orden gubernamental que presta el consentimiento se encuentra bajo tutela extranjera. La orden de enero puso en manos estadounidenses las decisiones sobre ingresos soberanos venezolanos. La estructura posterior extendió esa supervisión al conjunto de la transición: el Estado extranjero auspicia la reconciliación política, respalda el marco jurídico del recurso, se atribuye funciones de auditoría y vigilancia financiera, adquiere facultades de dirección y veto en la empresa resultante, recibe propiedad económica y derechos preferentes de compra, y presenta abiertamente el acuerdo como garantía de su propio predominio. [3] [4] [8]
En esas condiciones, el consentimiento gubernamental no puede considerarse una prueba independiente de la potencia extranjera que obtiene el beneficio. El beneficiario extranjero participa en el entorno político e institucional del que procede el pretendido consentimiento.
Cuando se anunció el acuerdo petrolero, había vencido incluso el plazo máximo de suplencia temporal previsto en el artículo 234. El artículo 234 prevé la suplencia de las faltas temporales del presidente hasta por noventa días, prorrogables por la Asamblea Nacional hasta por noventa días más. El primer período concluyó el 3 de abril. [1] El 6 de abril, Associated Press informó de que la Asamblea no había celebrado ninguna votación pública para autorizar una prórroga. [15] Aun suponiendo autorizada la totalidad del segundo período, el límite máximo de ciento ochenta días venció el 2 de julio. [1]
El 15 de julio, Acceso a la Justicia informó de que la Asamblea aún no se había pronunciado sobre la falta presidencial. Sostuvo que, agotado el período temporal, correspondía a la Asamblea activar el artículo 233 y la nueva elección presidencial prevista dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Según esa interpretación, Rodríguez puede continuar transitoriamente hasta que tome posesión un presidente electo. Esa continuidad no dispensa del pronunciamiento sobre la sucesión ni de la elección; subsiste mientras se cumplen ambos deberes. [16]
El 31 de agosto, la Casa Blanca anunció el otorgamiento de derechos a los que atribuyó una duración de un siglo. Para entonces había vencido incluso el plazo máximo de suplencia temporal. Ya se había documentado públicamente que la Asamblea no había resuelto la falta presidencial, y no se había celebrado la elección exigida por aquella interpretación del artículo 233. A finales de septiembre seguía sin haber una fecha electoral cierta. [3] [5] [6] [16]
El respaldo de la Asamblea proporcionó apoyo político a un compromiso que alcanzaba a varias generaciones, mientras permanecían incumplidos los deberes constitucionales que regían la presidencia que lo asumía. [7] [16]
La mera invocación del consentimiento del gobierno interino no acredita la potestad constitucional para otorgarlo. Ese consentimiento es precisamente lo que se cuestiona. Un gobierno que continúa en funciones una vez vencido el período de suplencia temporal, sin haberse cumplido los deberes sucesorios y electorales que rigen la transición, no puede identificarse con la Nación venezolana por el mero hecho de seguir ejerciendo el poder. La potencia extranjera que alteró las circunstancias de ese gobierno no puede invocar su consentimiento como prueba independiente del consentimiento de la Nación a la apropiación de su riqueza natural.
El Estado interviniente invoca el consentimiento del orden gubernamental que se mantuvo tras su intervención como fundamento jurídico de su propia adquisición. El círculo nunca llega al soberano que identifica el artículo 5.
El argumento de que alguien tenía que gobernar acredita la necesidad de continuidad. No acredita que esa continuidad exigiera otorgar al Estado interviniente derechos patrimoniales duraderos y acceso preferente a la riqueza venezolana. La propia respuesta de la Administración a la emergencia de enero distinguió expresamente la custodia y la administración de la adquisición de derechos de propiedad. Su acuerdo de agosto traspasó esa delimitación. Ni la necesidad de preservar los ingresos ni la ausencia de un sucesor electo confieren atribuciones para convertir una administración transitoria en ventajas extranjeras de un siglo de duración.
Llamar reconstrucción al acuerdo no acredita esa potestad. Llamarlo privatización tampoco la acredita. Llamarlo estabilización tampoco la acredita. Llamarlo contrato tampoco la acredita. Cada término designa una política, un mecanismo o un objetivo. Ninguno acredita la fuente constitucional venezolana de la potestad ejercida.
El artículo 12 sitúa los yacimientos en el dominio público de la República. El artículo 5 radica la soberanía en el pueblo. Entre ambos preceptos se encuentran los órganos de gobierno, investidos únicamente de las atribuciones que les confiere el orden constitucional. [1] [2]
La cadena constitucional discurre, por tanto, en una sola dirección: del pueblo soberano, a través de la autoridad constituida, a la administración de la República y de su riqueza pública. No recorre el camino inverso, desde la ocupación de los cargos gubernamentales hasta la titularidad de la soberanía.
Una potencia extranjera puede obtener acceso material. Puede adquirir derechos contractuales. Puede ganar capacidad de presión económica. Puede obtener cooperación gubernamental. Puede hacer valer su superioridad militar. Puede incluso alcanzar el control efectivo de instituciones e ingresos. Ninguna de esas circunstancias modifica la identidad constitucional del soberano venezolano.
La retórica de la victoria empleada por la Administración acentúa todavía más la distinción. El 22 de septiembre, al referirse a Venezuela y al acuerdo petrolero en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Trump declaró: « Al vencedor le corresponde el botín ». [17] Un vencedor puede disponer de los medios para sacar provecho de las circunstancias creadas por su victoria. Disponer de esos medios no equivale a poseer título jurídico. La superioridad de la fuerza puede explicar cómo se obtuvo el control. No puede acreditar, por sí sola, la potestad constitucional venezolana que lo haría lícito.
Por eso la cuestión no puede reducirse a determinar si el acuerdo petrolero aumentará la producción, atraerá inversiones, reducirá los precios, reconstruirá la infraestructura o generará ingresos fiscales. Tales consecuencias pueden tener importancia económica. No resuelven la cuestión previa.
La cuestión es quién estaba facultado para consentir.
Conforme al artículo 5, el examen no puede concluir con la identificación de quienes ocupan en la actualidad las instituciones gubernamentales. Los órganos del Estado no son la fuente de la soberanía. Emanan de ella y a ella están sometidos. [1]
Conforme al artículo 12, el objeto de la operación no es un patrimonio gubernamental ordinario del que los gobernantes puedan disponer por derecho propio. Los yacimientos pertenecen a la República como bienes del dominio público. [2]
Estados Unidos puede llamar estabilización a su intervención. Puede llamar propiedad económica a sus intereses. Puede llamar reconstrucción a su supervisión. Puede llamar necesidad estratégica a su predominio. La Constitución venezolana establece un vocabulario previo: pueblo, soberanía, República, Poder Público, dominio público, competencia.
Esos términos determinan la cuestión venezolana.
La propia documentación de la Administración estadounidense acredita que la obtención de ventajas es deliberada. Anuncia el control, cuantifica la propiedad, fija el privilegio de compra, protege la participación en el capital, impone condiciones de dirección, celebra la ausencia de coste para el contribuyente estadounidense y declara como objetivo el predominio de Estados Unidos. [3] [4] [10]
La Administración se ha valido del consentimiento de las autoridades interinas para asegurar ventajas estadounidenses duraderas sobre la riqueza venezolana. No ha acreditado la potestad que, conforme a la Constitución venezolana, facultaría a esas autoridades para otorgarlas.
[11] Acceso a la Justicia, « La SC ordena que Delcy Rodríguez, Vicepresidenta Ejecutiva, asuma y ejerza en condición de “encargada” la presidencia de la República », 3 de enero de 2026. Reproduce la decisión de la Sala Constitucional, incluidas las expresiones « agresión militar extranjera », « secuestro » y « ausencia forzosa », y su orden cautelar fundada en los artículos 234 y 239.8. https://accesoalajusticia.org/la-sc-ordena-que-delcy-rodriguez-presidencia-de-la-republica/
[12] GovInfo, « Remarks During a Document Signing Ceremony and an Exchange With Reporters », 30 de abril de 2026, p. 8. Transcripción presidencial oficial que recoge las declaraciones sobre la empresa conjunta y la recuperación con creces del coste del ataque. https://www.govinfo.gov/content/pkg/DCPD-202600292/pdf/DCPD-202600292.pdf
[16] Acceso a la Justicia, « ¿Qué ocurre con la encargaduría presidencial? », 15 de julio de 2026. Da cuenta de la falta de pronunciamiento de la Asamblea sobre la ausencia presidencial, sostiene que debe activarse el artículo 233 una vez agotado el período de suplencia temporal e interpreta que la Constitución permite continuar transitoriamente hasta la toma de posesión del presidente electo. https://accesoalajusticia.org/que-ocurre-con-la-encargaduria-presidencial/