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Los desarrolladores, los gobiernos y las personas afectadas por la inteligencia artificial atribuyen distinta significación a un mismo logro técnico.  Un desarrollador que persigue una ventaja comercial puede considerar un avance como fundamento de un derecho de propiedad.  Un gobierno interesado en el predominio estratégico puede considerarlo un instrumento de poder nacional.  Quienes están expuestos a sus consecuencias pueden juzgarlo por sus efectos sobre el empleo, la educación, la comunicación o el juicio público.  Cada perspectiva depende de relaciones que el logro, por sí solo, no revela.

Estas relaciones intervienen en el propio desarrollo.  Los inversores influyen en la selección de los problemas que reciben atención.  Los propietarios determinan quién puede utilizar una capacidad y en qué condiciones.  Los gobiernos establecen autorizaciones, restricciones e incentivos.  La tecnología de la que dispone un usuario incorpora decisiones cuyos propósitos no tienen por qué resultar evidentes en su funcionamiento.

Una respuesta aparece en una pantalla.  Su fluidez puede inducir al usuario a aceptarla como suficiente para comprender.  Sin embargo, la respuesta, por sí sola, no revela cómo entrenaron los desarrolladores el sistema, qué fuentes contribuyeron a su elaboración, qué restricciones rigen el contenido generado ni cómo disponen los desarrolladores su presentación para inspirar confianza.  El usuario puede encontrar útil la respuesta sin conocer todas estas condiciones.  Esa utilidad no acredita la adecuación de la respuesta.

La mediación designa esta dependencia:  la comprensión descansa en relaciones que la atención a su objeto inmediato no revela necesariamente.  La respuesta ocupa la atención del usuario.  Las condiciones que sustentan su producción, presentación y aceptación permanecen solo parcialmente a la vista.

Las interpretaciones públicas de la inteligencia artificial presentan una dependencia comparable.  Las interpretaciones comerciales identifican la innovación mediante la inversión, la demanda y la rentabilidad.  Las estratégicas identifican la capacidad tecnológica mediante la ventaja sobre los competidores.  Las centradas en la seguridad identifican los usos mediante los peligros que introducen o previenen.  Cada interpretación dirige la atención hacia relaciones pertinentes para su propósito.  Cada una deja cuestiones que el propósito rector no permite responder adecuadamente.

Estas interpretaciones también orientan las decisiones.  Una institución que mide los logros por su rentabilidad comercial tiene motivos para favorecer las aplicaciones por las que los clientes están dispuestos a pagar.  Un gobierno que mide los logros por su ventaja estratégica tiene motivos para favorecer las capacidades que fortalecen su posición.  Los criterios mediante los cuales una institución reconoce el valor inciden, por tanto, en los fines que autoriza y en los recursos que asigna.  Aquello que queda fuera de esos criterios puede carecer de peso efectivo en sus decisiones.

Quienes determinan los criterios de reconocimiento pueden influir en qué necesidades cuentan como razones para actuar.  Su autoridad no se deriva de que su interpretación sea completa.  Puede descansar en la propiedad, los recursos financieros, las potestades legales o el control de las infraestructuras.  Una interpretación puede regir el desarrollo sin someter a examen buena parte de su significación social.

El Plan de Acción de Estados Unidos para la Inteligencia Artificial, de 2025, presenta expresamente el desarrollo como una carrera por el dominio mundial y vincula el liderazgo tecnológico con la ventaja económica y militar.  El Pacto Digital Global de las Naciones Unidas sitúa la gobernanza internacional en el marco de un compromiso con el beneficio público y la participación inclusiva.  El primero establece actuaciones para los organismos federales; el segundo recoge compromisos entre los Estados participantes.  Los propósitos expresados en estos documentos se llevan a efecto por medios institucionales distintos.  Su coexistencia no establece una autoridad común que dirima el conflicto entre sus exigencias.  ^[1]

El éxito comercial acredita que un producto suscita un gasto.  No acredita cómo se distribuyen sus beneficios y sus cargas.  El predominio nacional acredita una ventaja respecto de otras potencias.  No acredita que esa ventaja mejore las circunstancias de quienes están sujetos a sus consecuencias.  La protección frente a usos malintencionados atiende una preocupación ineludible.  Los usos autorizados también pueden reducir la capacidad de las personas para comprender, cuestionar o influir en las decisiones que las afectan.

Las capacidades en desarrollo permiten, sin embargo, logros de considerable valor para la humanidad.  Los investigadores pueden incorporar capacidades concretas a etapas sucesivas de la investigación y utilizarlas para examinar relaciones complejas, formular hipótesis y contribuir al diseño de invenciones.  Aplicaciones específicas pueden propiciar avances en medicina, en el estudio de los materiales o en otros campos relacionados con el bienestar humano.  El valor de un logro depende de lo que permite hacer a las personas y de las consecuencias de su uso.  La propiedad comercial o el patrocinio estratégico no agotan ese valor.

La misma capacidad de asistir a la investigación introduce incertidumbre cuando las instituciones delegan decisiones y actuaciones en los sistemas.  Los desarrolladores y los usuarios pueden permitir que un sistema seleccione medios, inicie operaciones o actúe sobre otros sistemas con una intervención limitada.  Sus efectos dependen entonces del alcance de esa autorización, de las condiciones que rigen su funcionamiento y de la capacidad de los responsables para examinar o interrumpir sus actuaciones.

En estas circunstancias, la capacidad de acción no necesita asemejarse a la intención humana para ejercer poder sobre los asuntos humanos.  Un sistema puede influir en la conducta mediante recomendaciones que las instituciones aceptan habitualmente, clasificaciones de las que depende el acceso u operaciones realizadas en virtud de una autoridad delegada.  La incertidumbre concierne a la interacción entre sus actuaciones y circunstancias que sus diseñadores y usuarios no pueden prever por completo, así como a la eficacia con que los seres humanos pueden conservar el control de esas interacciones.

El sistema también puede influir en las relaciones mediante las cuales las personas comprenden y autorizan su uso.  Si una institución se apoya en él para establecer prioridades, valorar pruebas o evaluar resultados, la información que genera orienta las decisiones sobre delegaciones posteriores.  La autoridad que los seres humanos conceden inicialmente puede, por tanto, sustentar operaciones que configuran los fundamentos de nuevas concesiones de autoridad.  El recurso de la institución al sistema rebasa la ejecución de una tarea y alcanza el juicio sobre qué tareas merecen realizarse y bajo la dirección de quién.

Los beneficios graduales y la incertidumbre acerca de la capacidad de acción pueden coexistir en una misma configuración institucional.  Una invención puede mejorar el bienestar humano y, al mismo tiempo, aumentar el recurso continuado a sistemas que las personas afectadas no pueden examinar ni impugnar fácilmente.  Ese recurso continuado puede obedecer al coste, a las infraestructuras, a las restricciones contractuales o a la ausencia de alternativas viables.  Una comprensión limitada puede dificultar el examen de esa configuración sin constituir la única causa de ese recurso a los sistemas.  El logro conserva su valor.  Ese valor no explica suficientemente el vínculo de uso continuado que la invención establece con esos sistemas.

La mejora de la sociedad depende, por consiguiente, de algo más que las intenciones de quienes dirigen el desarrollo.  Si esas instituciones conservan la autoridad exclusiva para definir la mejora, sus criterios determinan qué consecuencias reciben reconocimiento.  Un aumento de la productividad puede ir acompañado de una menor estabilidad del empleo.  Un mayor acceso a la información puede ir acompañado de un mayor recurso a un número reducido de proveedores.  La ampliación de las capacidades puede dejar a las personas afectadas con menos medios para impugnar su aplicación.

Quién recibe el beneficio, quién soporta la carga y quién posee la autoridad para decidir son cuestiones distintas.  Una evaluación circunscrita a la mejora global puede ocultar las diferencias en las que descansa su juicio.

El alcance mundial de la inteligencia artificial extiende esas diferencias a distintas sociedades.  La disponibilidad mundial no acredita una participación mundial en la determinación de sus propósitos.  Una comunidad puede recibir un sistema sin disponer de los recursos necesarios para adaptarlo a su lengua, examinar sus limitaciones o impugnar sus condiciones de uso.  Los proveedores amplían el acceso mientras conservan el control de las condiciones de participación.  La tecnología sirve a una población más extensa sin una distribución correspondiente de la autoridad sobre su desarrollo.

Tampoco la invocación del bien común resuelve qué propósitos deben regir.  Los juicios sobre el bien común dependen de las circunstancias de quiénes reciben atención, qué consecuencias tienen peso y qué formas de recurso a los sistemas están dispuestas las personas a aceptar.  Las instituciones pueden afirmar un beneficio universal y excluir, a la vez, a las comunidades afectadas de esos juicios.

La competencia técnica, los recursos financieros, la autoridad política, la seguridad y las necesidades sociales sustentan, cada uno, exigencias respecto del desarrollo.  Ninguno ofrece una explicación suficiente del conjunto.  La desigual fuerza institucional que respalda esas exigencias incide en cuáles prevalecen, cuáles permanecen sujetas a negociación y cuáles carecen de medios efectivos de expresión.

Cuando las instituciones consideran suficiente un solo criterio, sus juicios sustituyen las relaciones que lo sustentan por una medida parcial.  Los agentes comerciales identifican la expansión con el progreso.  Los gobiernos identifican el predominio con la protección.  Las autoridades responsables de la seguridad identifican la prevención de usos prohibidos con la seguridad.  Los proveedores identifican la disponibilidad con la participación.  Cada identificación deja fuera de la interpretación que justifica la empresa las dependencias que intervienen en ella.

La respuesta en la pantalla ofrece al usuario algo inmediatamente disponible para el juicio.  Su utilidad puede ser real.  Su fluidez no revela quién determinó sus condiciones, qué autoridad sustenta su uso ni cómo el recurso a ella influye en los juicios posteriores.  Las capacidades emergentes de la inteligencia artificial amplían las consecuencias de esas relaciones.  Quienes delegan autoridad en los sistemas necesitan conocer las condiciones que los rigen y disponer de potestades para denegar, limitar o revocar esa delegación.  Quienes sufren sus efectos sin haber participado en la delegación se encuentran en una relación distinta:  su capacidad para impugnar sus consecuencias depende del acceso a los fundamentos de las decisiones y de medios institucionales para exigir que las autoridades delegantes rindan cuentas.

[1] Casa Blanca, America’s AI Action Plan, julio de 2025:  
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2025/07/Americas-AI-Action-Plan.pdf

Naciones Unidas, Pacto Digital Global, anexo I del Pacto para el Futuro, 2024:  
https://www.un.org/pact-for-the-future/en/annex-i-global-digital-compact