Hay heridas que permanecen porque aún no hemos forjado un consenso moral:

“…E pluribus unum”

La imagen pone de relieve un momento decisivo en nuestra vida cívica: aquel en que las expresiones de disenso no se enfrentan con diálogo, sino con la politización de la fuerza militarizada al servicio de la marca del poder ejecutivo.    Refleja una pauta inquietante: cuando las demandas de justicia e inclusión se tergiversan como amenazas partidistas, y la defensa de la pluralidad se toma por una provocación.

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Existe una brecha cada vez más profunda en nuestro país, intensificada por el regreso en 2025 de la administración Trump y el proyecto del movimiento M.A.G.A. de “reformar” Estados Unidos mediante la alteración de los principios constitucionales que han sostenido nuestra democracia durante generaciones.    Este movimiento ha envalentonado a algunos que afirman estar bajo asedio—en especial por parte de los afroamericanos—a quienes acusan de albergar un ‘odio irracional’.    Sin embargo, esta acusación ignora una verdad más profunda:    quienes la sostienen suelen negarse a reconocer su propia complicidad en las condiciones que generan sufrimiento e indignación.    Se consideran inocentes mientras desestiman la experiencia vivida de los demás.

Esta disonancia revela un tribalismo persistente—un complejo de superioridad disfrazado de patriotismo, a menudo dirigido contra comunidades marginadas.    Corroe la empatía y sofoca la responsabilidad.

No obstante, disentir es la savia de la democracia.    Y aunque podamos apreciar este país—sus paisajes, su riqueza cultural y sus ideales fundacionales—también debemos enfrentar la tarea inconclusa de la justicia.    Celebrar la Constitución mientras se ignora el legado de la esclavitud, la segregación y la desigualdad sistémica es devaluar tanto nuestra historia como nuestro futuro.

Esto se manifiesta con especial claridad en nuestro sistema de justicia penal.    La necesidad de una reforma ya no es una postura partidista; es un imperativo moral.    Las comunidades racializadas siguen siendo desproporcionadamente vigiladas, criminalizadas y sometidas a violencia bajo el pretexto del orden público.    Muchos departamentos de policía en todo el país han fallado en su deber de proteger a quienes más lo necesitan—quienes han sido excluidos por falta de oportunidades, educación y apoyo.    Cuando estas condiciones se responden no con compasión, sino con brutalidad, presenciamos el rostro más atroz de la crueldad.

Se puede amar profundamente a este país, pero ese amor debe ser activo—comprometido con la equidad, no con la nostalgia.    La justicia y la igualdad no son premios por callar; son el derecho de nacimiento de todas las personas que habitan esta tierra.

El movimiento “Black Lives Matter” no es una amenaza para los valores estadounidenses; es un llamado a cumplirlos.    No es odio protestar contra la injusticia.    El odio reside en silenciar la disidencia, en pisotear los derechos ajenos mientras se reclama superioridad moral.    Una y otra vez, quienes ostentan el poder se han distanciado de los oprimidos, especialmente de aquellos privados del derecho al voto.    Esta indiferencia persiste hasta que la solidaridad se vuelve ineludible.

Relativizar el asesinato de jóvenes afroamericanos—o guardar silencio—es negarse a comprender el largo historial del racismo en Estados Unidos.    Los gestos de inclusión no sustituyen a la verdad.    La justicia real no requiere medias tintas, sino una determinación sincera y valiente.

Y ahora, ese mismo aparato represivo se despliega con renovada contundencia contra las personas inmigrantes, contra quienes forman parte del colectivo LGBTQ en Estados Unidos, y contra el principio mismo de la diversidad.

—como lo demuestra la militarización innecesaria de una milla cuadrada de Los Ángeles en junio de 2025, donde las protestas localizadas fueron amplificadas por el gobierno federal como si se tratara de una insurrección nacional—

La movilización de tropas para sofocar protestas pacíficas —sustituyendo a las fuerzas del orden por despliegues militares—, la criminalización de quienes buscan refugio, y el empeño por revertir los derechos conquistados por las personas homosexuales no son políticas aisladas.    Son síntomas de la misma aberración moral del poder ejecutivo como marca política:    el miedo a la pluralidad.

Este miedo ha tomado como blanco incluso a las iniciativas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI).       Estos programas, nacidos de las luchas por los derechos civiles y destinados a remediar la exclusión histórica, se han convertido en chivos expiatorios.    La DEI no amenaza el mérito; es una vía hacia la justicia. No se trata de ortodoxia política, sino de garantizar acceso, visibilidad y dignidad para quienes han sido marginados durante demasiado tiempo.    La oposición a la DEI no es un debate neutral—es un intento calculado de suprimir el pluralismo que da sentido a la democracia.

—A menudo, ese pluralismo se reduce a una caricatura.    En ciertos círculos partidistas, el término “woke” se ha convertido en un arma para ridiculizar cualquier esfuerzo de inclusión o reparación, tachándolo de absurdo, elitista o peligroso.    Lo que comenzó como un llamado a mantenerse alerta ante la injusticia ha sido degradado hasta convertirse en una burla—menos un argumento que un reflejo automático, utilizado no para esclarecer, sino para silenciar.

Pero la justicia no pierde su urgencia porque se la ridiculice.

Prohibir las oficinas dedicadas a la diversidad, desmantelar los programas de inclusión o etiquetar el trabajo por la equidad como adoctrinamiento ideológico no refleja fortaleza, sino miedo.    Tales acciones socavan los valores fundamentales de libertad y justicia, sustituyendo una ciudadanía inclusiva por una conformidad impuesta.

El afán por revertir los derechos LGBTQ, demonizar los movimientos por la justicia racial y silenciar las iniciativas de diversidad forman parte de una misma lógica.    No son agravios aislados, sino expresiones de una visión del mundo intolerante que busca imponerse a través de la exclusión —ecos del macartismo, aquella campaña de comienzos de los años cincuenta liderada por el senador Joseph McCarthy, cuyas acusaciones televisadas sobre una supuesta infiltración comunista cautivaron a la nación y convirtieron la sospecha en arma política; fue un espectáculo público que transformó el miedo a la diferencia en doctrina nacional.    No son señales de una república fuerte.    Son las marcas de una nación debilitada por el miedo.

A ello contribuye la mayoría republicana en el Congreso—quienes, al respaldar a Trump y las políticas disruptivas del movimiento M.A.G.A., agravan el déficit moral al reducir drásticamente los impuestos a los multimillonarios, mientras desestabilizan la infraestructura social y política del país.    Han contribuido al aumento de la inflación mediante aranceles a importaciones extranjeras y promueven una política exterior que incrementa la inestabilidad mundial, todo ello en beneficio de una ínfima élite oligárquica a costa del bien común.

Amar a este país es rechazar ese miedo y la frágil cobardía que lo sustenta.    Amar esta nación es defender su pluralismo.    Amarla es afrontar sus contradicciones, no con cinismo, sino con determinación.

No somos una unión perfecta, pero seguimos siendo una unión.    El camino hacia adelante no está en el pasado. Comienza donde vive la justicia:    en la búsqueda de la verdad, en la compasión, en la valentía.

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• Project 2025 y la maquinaria de la conformidad

Entre los ejemplos más claros de cómo el miedo a la pluralidad ha sido codificado como estrategia política figura Project 2025 —un ambicioso plan para reestructurar el gobierno federal de EE.UU., impulsado por The Heritage Foundation (La Fundación del Patrimonio) y ahora activamente respaldada por la administración Trump.    Aunque sus arquitectos invocan el lenguaje de la libertad y la reforma constitucional, su objetivo subyacente no es la renovación democrática, sino la consolidación ideológica.

Project 2025 no se conforma con reducir el tamaño del gobierno.    Pretende desmantelar el Estado administrativo, eliminar las protecciones del servicio civil y sustituir a los funcionarios públicos de carrera por leales partidistas.    Bajo la consigna de “drenar el pantano”, propone una purga —no para restaurar el equilibrio constitucional, sino para empoderar a una elite ejecutiva estrechamente alineada.    Esto deja de ser conservadurismo para convertirse en autoritarismo ejecutivo revestido de populismo.

Incluso su retórica de “recuperar el país” revela su verdadera intención:    no restaurar una democracia pluralista, sino imponer uniformidad —cultural, política y moral.    Las iniciativas DEI deben ser demolidas, la educación pública reconfigurada para reflejar una ideología singular, y la disidencia dentro del gobierno neutralizada.    No son reformas; son instrumentos de control.

Este plan no es una anomalía:    es su culminación.    La nostalgia, el resentimiento y el miedo se han transformado en la materia prima de políticas concretas.    Y lo que revela es una profunda contradicción:    quienes invocan con más fuerza la Constitución ahora buscan reescribirla en la práctica, reemplazando la promesa de We the People con el dominio de We alone.

Esto dejó de ser hipotético esta semana, cuando llegamos al barrio de Capitol Hill.    Frente a la sede de The Heritage Foundation presenciamos una protesta en plena confrontación:    dos bandos opuestos, uno defendiendo los derechos reproductivos, el otro revestido de ira bajo pretexto moral.    El más ruidoso —un grupo de madres conservadoras— no dialogaba, sino que gritaba con desprecio:    no defendían argumentos, sino que condenaban la legitimidad misma del desacuerdo moral.

No eran defensores de la vida.    Eran agentes de control sobre cómo vivir.

Lo que presencié ante la Heritage Foundation no fue un arrebato aislado.    Fue la manifestación local de un proyecto nacional en desarrollo.    The Heritage Foundation ya no solo comenta la política; está construyendo la estructura para un giro autoritario ya en curso.    En estrecha sincronía con la administración Trump —reconocida o no— Heritage no está ofreciendo recomendaciones, está diseñando una maquinaria de conformidad.

Esta máquina no tolera la pluralidad.    Redefine la disidencia como insubordinación, la diversidad como decadencia, y la gobernanza como lealtad a una voluntad única.    No es restauración del orden constitucional, sino una repudiación calculada.

Y lo que propone Project 2025 no es solo un cambio administrativo.    Es un plan para capturar ideológicamente el lenguaje, la ley y la vida pública.    Reemplaza We the People con un mandato desde arriba: Only us.

Esta es la herida que no sanará —a menos que la enfrentemos.

• De camino a Union Station

Mientras abandonábamos Capitol Hill con destino a Union Station para regresar a Pennsylvania, las calles evidenciaban signos de celebración inminente.    Se levantaron barricadas.    Vehículos militares ocupaban las avenidas.    Los preparativos estaban en marcha para un desfile militar con tanques, tropas y fanfarrias marciales.    Oficialmente, era para conmemorar el 250 aniversario del Ejército de los EE. UU.    Pero el momento (sábado 14 de junio, cumpleaños de Trump), junto con la pompa y el encuadre presidencial, hicieron difícil ver el evento como algo más que un espectáculo orquestado.    El simbolismo desdibujó la línea entre honrar el servicio militar y apropiárselo para la glorificación personal.    Se sintió menos como un cumpleaños y más como una coronación.

Al cruzar uno de los cruces cerrados, un hombre afroamericano en una elegante silla de ruedas motorizada nos adelantó por la derecha.    Sin mediar palabra, nos miró —dos hombres caminando juntos— y, con serena determinación, dijo:    “Cuidado, el Día del Juicio Final está pronto a llegar”.

No respondimos.    Él siguió su camino.

Fue un instante silencioso, pero cargado de significado.    Un juicio —claro y moral— pronunciado sin confrontación, pero con intención.    Una acusación casual, pero escalofriante.    Incluso alguien con visibilidad marcada como vulnerable había interiorizado el reflejo nacional hacia la condena.    Las extremas actitudes ya no se hallan sólo en plataformas o políticas:    están filtrándose en las aceras.

Me volví a mi esposo y le pregunté:    “¿Cuánto crees que durará todo este odio?”

No desvió la mirada.    “Puede que no vivamos para verlo terminar”, dijo, “pero pasará”.

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