En el paisaje posverdad de los medios latinoamericanos, donde la indignación se ha convertido en moneda corriente, pocas figuras ilustran con tanta nitidez la fusión entre ideología y mercadotecnia como Inna Afinogenova. Se ha convertido en la voz más reconocible de la sospecha autoritaria en el ámbito hispanohablante. Desde plataformas como Canal Red Latinoamérica, su discurso forma parte de una vasta red de desinformación que se expande por la región, envuelta en la retórica del pensamiento crítico y de la emancipación popular. Estas redes —que abarcan Moscú, Teherán, Pekín y varios gobiernos latinoamericanos— siguen un mismo guion: desmantelar la confianza en la democracia liberal, debilitar las instituciones y convertir la duda permanente en un sustituto de la conciencia. En nombre de la soberanía informativa, sustituyen el debate por el descrédito, el análisis por la sospecha y la verdad por el relato. Su poder no reside tanto en la falsedad flagrante como en la manipulación emocional que convierte la confusión en convicción. En este contexto, Afinogenova no se presenta como una comentarista aislada, sino como el emblema de un aparato de propaganda sofisticado, que disfraza la obediencia a las autocracias del siglo XXI bajo el atuendo de la disidencia.
Inna Afinogenova, nacida en Daguestán en 1989, es una periodista rusa que trabajó como subdirectora de RT en Español hasta mayo de 2022. Renunció alegando su desacuerdo con la guerra en Ucrania y con la imposición de una narrativa bélica de Estado. Desde entonces ha colaborado con medios de análisis geopolítico y latinoamericano como LaBase, producido por el diario español Público, y participa en Canal Red, un proyecto audiovisual dirigido por Pablo Iglesias (exvicepresidente del Gobierno de España y fundador del partido de izquierda Podemos, actualmente activo en medios políticos). Allí dirige y conduce programas como CaféInna y participa en análisis centrados en América Latina. Su audiencia es amplia y su presencia en las plataformas digitales considerable, lo que la convierte en una figura influyente en los debates políticos e informativos del mundo hispano.
Su trayectoria, sin embargo, no ha estado exenta de controversia. Durante su etapa en RT en Español, fue uno de los rostros más visibles del canal en América Latina, amplificando narrativas que presentaban a las potencias occidentales como intrínsecamente engañosas y depredadoras. Una columna de opinión en The Washington Post la describió como “la voz española de la propaganda rusa”, aludiendo a su defensa reiterada de posturas favorables al Kremlin. En diciembre de 2021, dos meses antes de la invasión de Ucrania, utilizó su programa Ahí les va para burlarse de las advertencias de los servicios de inteligencia occidentales sobre un ataque inminente, prediciendo que “llegará enero, luego febrero, y no habrá invasión”, insinuando que la histeria mediática respondía a los intereses de la OTAN. Episodios como éste, aunque superados por los hechos, ejemplifican su método retórico: convertir el escepticismo en incredulidad y la incredulidad en persuasión.
Tras su salida de RT, Afinogenova ha seguido operando en círculos mediáticos ideológicamente afines a la izquierda latinoamericana, reforzando un discurso que equipara la prensa occidental con la manipulación y el imperialismo. Medios como Expediente Público han señalado su papel en la configuración de narrativas dentro de campañas partidistas, a menudo reflejando líneas de comunicación promovidas por Estados o intereses geopolíticos de Rusia, China o Irán. A través de Canal Red y Diario Red, ambos asociados a Pablo Iglesias, participa en ecosistemas mediáticos que con frecuencia reciclan contenidos de emisoras internacionales como CGTN. En países como Honduras, se le ha acusado de contribuir a estrategias comunicativas que favorecen a candidatos de izquierda bajo la apariencia de una “comunicación soberana”. Aunque no existe evidencia de una cadena de mando directa que la vincule con un régimen específico, el patrón de coherencia temática revela una alineación ideológica más que un ejercicio de periodismo independiente.
Esa alineación ha suscitado un renovado debate desde la publicación de su reciente vídeo “¿Premio Nobel de la Paz… o de la Guerra?”, donde presenta el galardón concedido a María Corina Machado como una maniobra de diseño geopolítico más que como un reconocimiento moral. El vídeo no examina tanto los hechos como las intenciones, sugiriendo que el premio responde a los intereses de Occidente más que a la valentía cívica. El argumento, aunque retóricamente eficaz, confunde correlación con causalidad. Es posible reconocer las imperfecciones de las instituciones internacionales sin negar el peso ético del valor público. El Premio Nobel, como toda institución humana, refleja juicios; pero en este caso distingue una vida de riesgo asumido sin armas, sin privilegios y sin acceso al poder coercitivo del Estado.
Cuestionar los motivos es legítimo; insinuar conspiraciones sin pruebas, no. Toda voz crítica conlleva responsabilidad, porque la verdad exige proporción, no proyección. La lucha de María Corina Machado no puede reducirse a la retórica de la “intervención occidental” ni descartarse como “disidencia fabricada”. Pertenece a la conciencia de un pueblo que busca su autodeterminación por vías legítimas tras décadas de despojo. Respetar la pluralidad significa conceder a los demás la misma buena fe intelectual que uno exige para sí. El debate ennoblece la democracia sólo cuando se sostiene en hechos verificables y en claridad moral, no cuando convierte la sospecha en argumento. Entre el escepticismo necesario y la sospecha sistemática existe una frontera moral: cruzarla es pasar de pensar libremente a servir sin saberlo.
Hay vidas que parecen recapitular el destino de una nación, como si la historia, en busca de renovación, reuniera sus promesas dispersas en una sola forma mortal. María Corina Machado pertenece a ese raro orden de seres en quienes la sangre, la memoria y la convicción convergen —no como privilegio, sino como carga. No nació simplemente dentro del linaje republicano de Venezuela; fue convocada por él. El llamado que resonó por primera vez en los salones asamblearios de Caracas en 1811 —cuando se proclamó su independencia y se concibió su primera constitución republicana— sigue vibrando bajo su nombre.
Su ascendencia se remonta al primer pulso de la República. Desde los Rodríguez del Toros, que plasmaron sus firmas bajo el Acta de Independencia, hasta los ingenieros Zuloaga que electrificaron a la nación, su genealogía está tejida en las arterias cívicas de Venezuela. Es una estirpe que eligió el servicio sobre el título, la innovación sobre la indulgencia y la fidelidad a la ley sobre la comodidad del silencio. En esa tradición, la libertad no es una abstracción: es herencia, obligación y vocación. Es el hilo que une a un pueblo con su conciencia.
Cuando las instituciones que antaño definieron a Venezuela empezaron a desmoronarse, cuando la legalidad se convirtió en teatro y las palabras perdieron su peso, Machado dio un paso al vacío con la gravedad de quien sabe que el retroceso es imposible. Su desafío no fue teatral: fue ancestral. Cada gesto, cada negativa a someterse, llevaba la silenciosa autoridad de la historia consumada. Hablaba como quien comprende que preservar la dignidad en tiempos de humillación es la forma más pura de resistencia. Hay, en su modo de ser, esa rara síntesis de lucidez y firmeza que define la personalidad moral de una nación en su mejor expresión: lúcida, incorruptible y humana.
Hoy, sin embargo, su adversario no es uno solo, sino muchos. Ante ella se alza no sólo un narcoestado que ha vaciado de soberanía a Venezuela, sino también una oposición fracturada —un archipiélago de partidos y figuras unidos menos por principios que por conveniencia. Faccionados, transitorios y transaccionales, han convertido la pluralidad en pretexto y el compromiso en comercio. Muchos han aprendido a vivir del mismo régimen que denuncian. Negocian libertades para sí mismos, incluso mientras el país se hunde cada vez más en la cautividad. Frente a esa duplicidad, la presencia de Machado se ha vuelto un juicio moral: su claridad desnuda la corrupción de los otros; su constancia, su oportunismo.
En torno a este desorden interno, el mundo gira con apetito vigilante. Las vastas riquezas naturales de Venezuela —su petróleo, su gas, su oro y sus minerales raros— se han convertido en el botín de redes criminales y de inversores multinacionales por igual. Rusia, China, Irán y los Estados Unidos, cada uno envuelto en retórica de salvación, compiten no por liberar al país sino por asegurarse una parte de su agotamiento. Detrás de las máscaras diplomáticas de la ayuda se oculta el mismo cálculo: que el caos puede ser rentable, que una nación debilitada por el hambre y el miedo puede ser manejada con mayor facilidad que una restaurada a su soberanía. Ésa, desde hace veinticinco años, ha sido la condición de Venezuela: un campo de extracción material, moral y humana; su pueblo disperso, sus instituciones despojadas, su memoria empeñada al mejor postor.
En tal paisaje, María Corina Machado se erige a la vez como testigo y contrapunto. Su lucha nunca ha sido por el poder, sino por la coherencia —por la recuperación de un lenguaje cívico capaz de nombrar lo que se ha perdido. Hablar de ley, verdad y justicia en medio de la corrupción generalizada equivale a resucitar el sentido mismo de las palabras. Su voz se ha vuelto el hilo que reúne la conciencia dispersa de la nación, recordando a los venezolanos que la dignidad no se negocia, y que ningún salvador extranjero restaurará lo que sólo los ciudadanos pueden redimir.
Verla caminar por las calles, recibida no por el lujo sino por la fe, es contemplar a un país que empieza a recordarse a sí mismo. Se ha convertido, lo quiera o no, en el espejo a través del cual los venezolanos redescubren su propia arquitectura moral: la decencia, el valor, la compasión y un anhelo inextinguible por la verdad. En su perseverancia, el diálogo interrumpido entre el pueblo y la República vuelve a escucharse.
El Premio Nobel de la Paz, otorgado a su nombre, no es una coronación, sino un reconocimiento —la constatación de que su lucha trasciende el momento y se convierte en emblema del espíritu humano que se niega a rendirse ante la desesperanza. Al concedérselo, el mundo afirma que el sueño republicano de Venezuela —nacido en el fuego y preservado en la conciencia— sigue respirando en una de sus hijas. Es el sueño de una nación que cree que la paz sólo puede edificarse no sobre la sumisión, sino sobre la claridad moral; no sobre el silencio, sino sobre la voz inquebrantable del ciudadano.
Lo que María Corina Machado representa es más que la oposición a la tiranía. Es la encarnación de la continuidad —la idea de que una República, como un alma, sobrevive mientras exista alguien dispuesto a soportar su peso con dignidad. Su ascenso no es accidental: es el retorno de una promesa antigua. En su serenidad, Venezuela vuelve a reconocerse: herida pero intacta, luminosa en su desafío, fiel al destino inscrito en su primer acto de libertad.
Aunque la concesión del Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado alegra y honra a quienes aún creen en la posibilidad de una Venezuela democrática, también revela una realidad mucho más compleja, que merece reflexión.
La prensa internacional aún no logra comprender la ilusión que rodea la supuesta liberación de Venezuela del narcoestado. Los venezolanos continúan esperando indefinidamente, sostenidos por una falsa esperanza. Bajo esa esperanza se oculta una atadura más profunda: el territorio del país está sometido a intereses multinacionales (chinos, rusos, estadounidenses y otros) impulsados no por ideología, sino por la competencia entre inversionistas y redes criminales. Para todos ellos, un conflicto prolongado en Venezuela resulta conveniente; se convierte en un puente hacia una metamorfosis regional, justificada por la expropiación de los recursos naturales del país y destinada a consolidar un dominio hemisférico. La tragedia venezolana no es, por tanto, solo política sino también estructural: un experimento en el que la soberanía se trueca por acceso, y la resistencia misma se transforma en una forma de cautiverio.
La prolongada crisis venezolana revela el dilema moral en la política contemporánea: cómo el sufrimiento puede ser al mismo tiempo explotado y perpetuado cuando la comprensión cede ante la ilusión. El sueño de la liberación se ha convertido en uno de las fantasías más persistentes de la nación. Detrás del lenguaje de la emancipación se oculta una convergencia silenciosa de intereses globales —cada uno sosteniendo el conflicto que dice combatir—, pues el desorden legitima la intervención y el caos ofrece el pretexto para la extracción. En este sentido, Venezuela no es solo un país en desgracia, sino también el escenario donde la gramática de la dominación continúa representándose bajo el vocabulario de la redención.
El desafío ya no es imaginar la libertad como un rescate externo, sino comprender cómo la dependencia se disfraza de salvación. Sólo la comprensión (el acto de ver más allá del agravio y del consuelo) puede perforar el velo de la liberación y devolverle el significado a la idea misma de libertad.
La continuidad como condición habilitante del cambio
Ricardo F. Morín El mito de la ruptura Acuarela, creyón de óleo, pluma sharpie negro y gesso sobre papel 10”x12” 2003
Ricardo Morin — 30 de septiembre de 2025; Bala Cynwyd, Pensilvania
Nada humano comienza desde la nada. Las instituciones, las lenguas, los sistemas de creencias y las obras de arte surgen siempre de aquello que las precede. Crear no significa rechazar la herencia, sino transformarla. Todo acto de creación se nutre de una percepción, una memoria y una experiencia acumuladas. Esta idea resulta crucial para comprender la cultura contemporánea, en la que las proclamaciones de un cambio sin precedentes suelen ocultar profundas continuidades bajo la superficie de la novedad. Los seres humanos, sujetos a la temporalidad, no pueden desprenderse de lo que ha sido; sólo pueden reorganizar y reinterpretar los materiales que ya tienen a su alcance.
La noción de invención suele describirse como una ruptura con el pasado, un salto hacia lo desconocido. Sin embargo, incluso las transformaciones más radicales están modeladas por lo que vino antes. Los ideales de la democracia moderna, por ejemplo, no surgieron espontáneamente. Se construyeron sobre ideas clásicas griegas de ciudadanía entendida como responsabilidad cívica compartida, arraigada en la isonomia —la igualdad ante la ley— y en la convicción de que la autoridad legítima emana de la deliberación y participación de los ciudadanos libres. También se inspiraron profundamente en concepciones romanas del derecho como un orden universal y racional capaz de unir a diversos pueblos en un marco político común, así como en el principio de res publica, que concebía al Estado como una entidad pública orientada al bien común y no a la voluntad de un solo gobernante. Estas ideas fundacionales, adaptadas y reinterpretadas a lo largo de los siglos, proporcionaron la arquitectura intelectual sobre la cual se erigieron las instituciones democráticas modernas. La percepción enmarca la invención: proporciona el vocabulario, los supuestos y las herramientas conceptuales que hacen posible las nuevas ideas. Aquello que parece completamente nuevo aún lleva la huella de aquello que trató de superar. Un examen más detallado revela que los productos de la creatividad no son actos aislados de originalidad, sino reconfiguraciones de estructuras preexistentes. La evolución, más que la aparición espontánea, gobierna la manera en que las ideas, las instituciones y las culturas toman forma.
La memoria sustenta este proceso. No es un registro pasivo de acontecimientos, sino un medio activo a través del cual se conciben posibilidades y las acciones adquieren sentido. La imaginación obtiene su material de la memoria: lo combina y lo reorienta hacia condiciones aún no realizadas. Esto se manifiesta de forma particularmente clara en la idea de libertad, un concepto que resiste definiciones simples pero que desde la antigüedad ha tenido dos significados complementarios. El primero, articulado con mayor claridad en la tradición clásica griega, concibe la libertad como eleutheria: la condición de vivir sin dominación ni restricción externa, un estado en el que los individuos no están sujetos a un poder arbitrario. El segundo, enraizado en la tradición jurídica y cívica romana, entiende la libertad como libertas (del Latín): la capacidad de participar activamente en el gobierno de la comunidad política y de dar forma a sus leyes e instituciones. Ambos significados revelan hasta qué punto la libertad depende de precedentes históricos: requiere un lenguaje que articule sus demandas, instituciones que garanticen su ejercicio y una memoria colectiva que enmarque su significado. Lejos de existir al margen de lo que ha sido, la libertad está modelada y posibilitada por lo que ya ha sido concebido, debatido y puesto en práctica. La experiencia previa proporciona las referencias y alternativas frente a las cuales las decisiones adquieren significado. Sin ese reservorio de conocimiento, la novedad carecería de coherencia y dirección, y el ejercicio de la libertad se reduciría a un impulso arbitrario. Los seres humanos no inventan en el vacío: trabajan dentro de la continuidad del tiempo y adaptan lo vivido y aprendido en formas adecuadas a lo que está por venir.
Esta misma dinámica define la formación de la identidad. El yo no es un acto aislado de invención, sino una negociación continua con lo que se ha recibido. La propia idea del yo ha evolucionado a lo largo de la historia: en la filosofía clásica, a menudo se concebía como psyche, una esencia interior modelada por la razón y la virtud, inserta en un orden cósmico mayor. El pensamiento cristiano reinterpretó esta concepción mediante la noción del alma como portadora única de responsabilidad moral, orientada a la salvación y definida por su relación con Dios. Posteriormente, pensadores de la temprana modernidad, como John Locke, transformaron esta herencia al fundamentar la identidad personal en la memoria y la conciencia —una concepción que influiría en las ideas modernas de autonomía individual. Incluso el impulso por definirse en oposición al pasado depende de categorías heredadas de él. La identidad, por tanto, no es estática ni completamente autogenerada; es un proceso de reinterpretación mediante el cual el individuo sitúa lo dado en relación con lo elegido. Los seres humanos existen en la tensión entre herencia y aspiración, entre el peso de la memoria y el deseo de renovación. Esa tensión no es un obstáculo para la autenticidad, sino su condición, pues sin el marco que proporciona el pasado no habría nada de lo que apartarse. Continuidad y cambio no son fuerzas opuestas. Sin continuidad, no hay base sobre la cual llegar a ser. Sin cambio, la continuidad se endurece en mera repetición. El acto de convertirse depende de la dinámica entre ambas.
Desde esta perspectiva, la condición humana se define menos por la invención pura que por la capacidad de transformar. Lo que se denomina “nuevo” es lo familiar reorganizado con nuevas intenciones, lo establecido redirigido hacia nuevos fines. Reconocer esto no disminuye la creatividad: aclara su naturaleza. Los logros más significativos de la humanidad —en la política, el arte, la ciencia y el pensamiento— no son fugas del pasado. Son reinterpretaciones deliberadas de lo que ha sido, moldeadas para responder a nuevas preguntas y enfrentar nuevas circunstancias. En la ciencia, los cambios de paradigma, a menudo descritos como revoluciones, siguen este patrón. La teoría de la relatividad de Einstein no eliminó la mecánica newtoniana; incorporó y amplió sus principios; una revisión que reveló sus límites al tiempo que preservó su utilidad dentro de una comprensión más amplia del espacio, el tiempo y el movimiento. Este mismo principio rige la innovación artística. El renacimiento de las formas clásicas durante el Renacimiento no se limitó a reproducir la Antigüedad; reinterpretó sus lenguajes visuales antiguos para expresar las preocupaciones espirituales y humanistas de una nueva era. La evolución de la comunicación digital y de la inteligencia artificial refleja una continuidad comparable. Internet no sustituyó la interacción humana; amplió su alcance y escala, una transformación que cambió la forma en que el lenguaje circula, la manera en que se archiva la memoria y el modo en que se forma el conocimiento colectivo. Del mismo modo, la inteligencia artificial —a menudo presentada como autónoma o sin precedentes— se basa en siglos de desarrollos lingüísticos, matemáticos y conceptuales. Estos sistemas amplían, más que reemplazan, la herencia cognitiva de la que provienen. El futuro se construye así: no en el rechazo del pasado, sino en su interacción continua con él.
La resistencia a esta comprensión persiste allí donde se niega la idea de evolución. Tal resistencia rara vez es sólo una cuestión de evidencia. Refleja un deseo de permanencia —de un origen intocado por el cambio y de una verdad que se mantenga al margen del tiempo. Ofrece certeza donde el proceso no la permite y promete estabilidad en lugar de adaptación. Sin embargo, incluso esta resistencia está moldeada por las fuerzas que pretende eludir. Las lenguas evolucionan, las creencias se ajustan y las tradiciones se adaptan, incluso cuando proclaman su inmutabilidad. Quienes defienden lo inmutable lo hacen con conceptos y argumentos que ellos mismos han sido formados por el cambio histórico. Las doctrinas que reclaman autoridad intemporal —como la concepción medieval de la soberanía divina, utilizada en su momento para legitimar las monarquías y luego transformada en el principio de soberanía popular en los sistemas constitucionales modernos— revelan esta dependencia: persisten no permaneciendo inalteradas, sino siendo reinterpretadas continuamente para responder a nuevos contextos. El contraste, por tanto, no es entre evolución y su ausencia, sino entre reconocimiento y negación. La realidad permanece: la existencia se despliega a través de la transformación, y la humanidad, consciente o no, participa en ese despliegue —una verdad con profundas implicaciones para la manera en que las sociedades recuerdan su pasado, configuran su presente e imaginan su futuro.
Lecturas recomendadas:
• Arendt, Hannah: Entre el pasado y el futuro: ocho ejercicios sobre el pensamiento político. Nueva York: Viking Press, 1961.
• Kuhn, Thomas S.: La estructura de las revoluciones científicas. Chicago: University of Chicago Press, 1962.
• MacIntyre, Alasdair: Tras la virtud: un estudio sobre la teoría moral. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 1981.
• Floridi, Luciano: La filosofía de la información. Oxford: Oxford University Press, 2011.
• Koselleck, Reinhart: Futuros pasados: sobre la semántica del tiempo histórico. Trad. Keith Tribe. Nueva York: Columbia University Press, 2004.
Ricardo Morin « La Constitución en nosotros » CGI 2025
Política (del griego politikós, “de, por o relativo a los ciudadanos”) es la práctica y teoría de la influencia de las personas en el ámbito cívico o individual.
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Por Ricardo Motin
10 de Agosto de 2025; Toronto, Canada
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Desde sus primeras formulaciones, los marcos constitucionales han sido algo más que pactos jurídicos; han encarnado declaraciones de filosofía política, definiendo cómo debe organizarse el poder, cómo ha de ser contenido y ante quién debe rendir cuentas. La gobernanza contemporánea prolonga, en gran medida, aquellos experimentos, moldeados por siglos de ensayo y adaptación. Sin embargo, esas formas pueden mantenerse en apariencia mientras se vacían de contenido. En no pocos Estados actuales, las constituciones proclaman la libertad al tiempo que la acotan, definen derechos de manera excluyente y preservan los intereses de una élite gobernante. El partidismo explota las limitaciones y vulnerabilidades ajenas como justificación para la exclusión; la autocomplacencia moral se convierte en herramienta de dominación, acallando la oposición y reprimiendo la disidencia. El valor de un marco constitucional, por tanto, no se mide sólo por su letra, sino también por la integridad ética de quienes lo sostienen. Sin ética, la política pierde su sentido; sin virtud cívica, la ley deja de servir a la paz y se convierte en un instrumento de dominio.
La separación de poderes, defendida con vigor por Montesquieu, se sustenta en la convicción de que la libertad sobrevive cuando el poder está obligado a contener al poder. Este principio se desvirtúa cuando las instituciones, aun conservando su fachada, se subordinan a intereses partidistas o personales. En los últimos años, diversos Estados han preservado formalmente un poder judicial independiente mientras lo sometían en la práctica a procesos de designación controlados por el Ejecutivo o el partido gobernante. Este vaciamiento no es sólo una falla técnica; refleja una cultura política en la que la ambición, el miedo o la indiferencia de los ciudadanos permiten la evasión de los mecanismos destinados a protegerlos, desvinculando la solidez institucional y la responsabilidad cívica.
Las constituciones históricas siguen influyendo en la manera en que las comunidades políticas imaginan la autoridad. Legan principios que, en su mejor versión, ofrecen marcos adaptables para afrontar nuevos retos sin renunciar a su núcleo esencial: que la legitimidad de un Gobierno descansa no en la fuerza de sus gobernantes, sino en la solidez de las estructuras que los limitan.
Pero estas estructuras sólo perduran cuando los ciudadanos rechazan la duplicidad y el sectarismo. Las divisiones ideológicas no deben endurecerse hasta convertirse en lealtades exclusivas hacia el propio grupo a expensas de un marco cívico compartido. Sólo perduran cuando los ciudadanos resisten la idolatría del poder, porque la autoridad pierde su legitimidad en el momento en que se la trata como sagrada o incuestionable. Y sólo perduran cuando los ciudadanos repudian el culto a la personalidad, en el cual un líder es elevado por encima de la crítica mediante la construcción de imágenes, la propaganda y la lealtad personal.
La durabilidad del orden constitucional, entonces, no reside únicamente en los textos escritos o en los arreglos institucionales. Descansa por igual en la ética cívica de quienes los habitan. Cuando la ambición, el miedo o la indiferencia llevan a los ciudadanos a tolerar la duplicidad o a rendirse a la lealtad sectaria, los límites al poder se tornan frágiles. En cambio, cuando prevalecen la vigilancia y la responsabilidad, las constituciones conservan su fuerza como escudo y como brújula: protegiendo contra el gobierno arbitrario y orientando la vida política hacia la justicia y la moderación.
La verdadera reforma no es únicamente institucional, sino también interior: una revolución en la esfera íntima y colectiva, en la que cada persona asume la responsabilidad de actuar con integridad, apertura y compromiso con el bien común, en armonía consigo misma y con los demás. Sólo mediante la alineación de las estructuras institucionales con la responsabilidad cívica puede una Constitución conservar su sentido y sostenerse como resguardo frente al poder arbitrario.
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Bibliografía anotada
Ginsburg, Tom, y Huq, Aziz: How to Save a Constitutional Democracy. Chicago: University of Chicago Press, 2018. (Hinsburg y Huq examinan las vías legales e institucionales por las que las democracias se debilitan, desde la manipulación de la composición de los tribunales hasta la erosión de los organismos de control independientes. A partir de ejemplos comparativos de Estados Unidos, Hungría y otros países, muestra cómo los mecanismos constitucionales pueden emplearse para consolidar el poder preservando una fachada de legalidad.)
Landau, David: “Abusive Constitutionalism.” UC Davis Law Review 47 (1). Davis: University of California, School of Law, 2013. (Landau desarrolla el concepto de “constitucionalismo abusivo” para describir cómo los gobernantes explotan el cambio constitucional para afianzar su poder. Utiliza casos de América Latina y otras regiones para ilustrar cómo las enmiendas y reinterpretaciones debilitan los contrapesos, modifican los sistemas electorales y socavan la independencia judicial.)
Levitsky, Steven, y Way, Lucan: Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes after the Cold War. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. (Levitsky y Way analizan regímenes que preservan las instituciones formales de la democracia pero las manipulan para asegurar la supremacía del partido gobernante. Introduce el concepto de “autoritarismo competitivo” como marco para entender cómo las normas constitucionales se vacían de contenido mientras se mantienen las formas democráticas.)
Levitsky, Steven, y Ziblatt, Daniel: How Democracies Die. Nueva York: Crown, 2018. (Levitsky y Ziblatt sostienen que las democracias modernas suelen declinar por el declive gradual de las normas más que por golpes de Estado. Muestra cómo los líderes explotan las ambigüedades constitucionales, manipulan la composición de los tribunales y utilizan la ley como arma para reprimir a la oposición, erosionando tanto la confianza cívica como la integridad institucional.)
No se puede comprender el clima político español sin mencionar el ascenso de VOX, un partido de extrema derecha fundado en 2013 por exmiembros del conservador Partido Popular. Desde 2018, VOX ha ganado apoyo oponiéndose a la autonomía regional, a la legislación feminista y a la inmigración, mientras defiende una agenda nacionalista que incluye la revisión —o incluso la negación— del proceso histórico de reconciliación con el franquismo.
Esto no responde únicamente a una evocación del pasado, sino a un síntoma más profundo de desencanto democrático. No se trata de una memoria histórica que resurge espontáneamente, sino de un marco político e identitario que reaparece cuando los consensos que daban coherencia al presente se debilitan. La referencia al franquismo en el discurso de VOX no suele ser doctrinaria ni explícita, pero es reconocible en su rechazo sistemático a la Ley de Memoria Democrática, en su exaltación de la unidad nacional como principio innegociable, en su condena del Estado autonómico y en su apelación a un “orden natural” que legitima la jerarquía, la familia tradicional y la desigualdad como si fueran datos objetivos de la historia.
Pero lo preocupante no es tanto que existan voces que reivindiquen estas posiciones —han existido siempre—, sino que hayan recuperado poder institucional y legitimidad cultural. El descontento con el sistema político, la fatiga ante el parlamentarismo ineficaz, y la sensación de desarraigo identitario alimentan un malestar transversal. Ese malestar puede ser compartido por sectores muy diversos: desde pequeños empresarios que perciben un Estado hostil hasta jóvenes que no encuentran sentido en una política institucional plagada de lenguaje vacío. Las quejas son múltiples, pero la extrema derecha ofrece un único cauce: la simplificación emocional del conflicto, transformando el miedo en obediencia y la incertidumbre en orgullo herido.
En ese marco, VOX se presenta como el único actor político con una narrativa cohesionada. Su fuerza no reside en la gestión, sino en la afirmación. No propone una política pública sólida, sino una identidad política clara, reactiva y excluyente. Y es allí donde muchas veces la crítica progresista se vuelve insuficiente. Mientras la izquierda institucional —representada por el PSOE y los sectores heredados de Unidas Podemos— recurre a marcos retóricos ya desgastados por el uso burocrático del lenguaje inclusivo, sectores del pensamiento progresista académico (como ciertos institutos universitarios que monopolizan la producción editorial subvencionada) han optado por una defensa casi ritual de la democracia, sin revisar los fundamentos ni renovar los términos con los que se comunica su valor. La repetición de consignas —por muy justas que sean— termina convirtiéndose en eco.
Peor aún, en nombre del pluralismo o del miedo a caer en el “sectarismo de izquierdas”, ciertos espacios culturales (medios como El País, editoriales como Taurus o debates promovidos desde centros como el Círculo de Bellas Artes) han dado cabida a voces reaccionarias bajo el pretexto de abrir el debate. Con ello, han normalizado un lenguaje que desmantela poco a poco los consensos éticos que deberían sostener el espacio democrático. Lo que se presenta como tolerancia puede, en realidad, ser una cesión estructural.
La historia española arrastra heridas que nunca se cerraron del todo. Los pactos de la Transición, por necesidad política, apostaron por el silencio compartido como precio de la estabilidad. Ese silencio permitió una paz institucional, pero dejó sin resolver el relato del pasado. Hoy, cuando ese relato comienza tímidamente a reorganizarse a través de la Ley de Memoria, reaparece el miedo: miedo a que el reconocimiento histórico implique deslegitimar el presente. VOX capitaliza ese miedo con habilidad discursiva, no tanto defendiendo una política concreta como ofreciendo refugio simbólico a una España que se siente perdida.
La responsabilidad intelectual, en este contexto, no consiste en reafirmar las certezas heredadas ni en repetir fórmulas morales. Consiste en sostener la complejidad: resistir la tentación de la consigna, reconocer la fatiga de los marcos progresistas sin entregarse al cinismo, y ofrecer nuevas formas de pensamiento que no renuncien ni al rigor ni a la empatía. Porque mientras el discurso reaccionario avanza a golpe de simplificación, el pensamiento crítico tiene el deber de no renunciar al matiz —aunque no sea viral, aunque no garantice adhesiones inmediatas.
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Bibliografía anotada
Preston, Paul: The Spanish Holocaust: Inquisition and Extermination in Twentieth-Century Spain. Barcelona: Debate, 2012. (Esta obra ofrece un análisis riguroso de la violencia sistemática del franquismo, y es clave para comprender el trasfondo histórico del revisionismo autoritario que persiste en sectores de la sociedad española.)
Snyder, Timothy: On Tyranny: Twenty Lessons from the Twentieth Century. Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2017. (Un compendio accesible y urgente que advierte sobre los signos tempranos del autoritarismo, trazando paralelismos útiles para interpretar el presente político en Europa.)
Stanley, Jason: How Fascism Works: The Politics of Us and Them. Barcelona: Blackie Books, 2020. (Este análisis de los mecanismos retóricos del fascismo contemporáneo resulta particularmente útil para entender las estrategias discursivas de movimientos como VOX.)
La reciente defensa pública de la censura en los medios de comunicación por parte del actual presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commission [FCC])—un funcionario designado durante la administración de Donald Trump—marca un giro inquietante en la estrategia de instrumentalización institucional al servicio de una política de agravios. Amparada bajo el pretexto de combatir la supuesta “ideología insidiosa” asociada a los principios de Diversidad, Equidad e Inclusión (Diversity, Equity, and Inclusion [DEI]), esta postura revela un intento más amplio de depuración ideológica, no para restaurar una supuesta neutralidad, sino para erradicar el pluralismo mismo.
La censura que se presenta como defensa frente al “adoctrinamiento ideológico” constituye, en realidad, una negación explícita de los compromisos democráticos fundamentales, en particular del principio de libertad de expresión. No es la promoción de la equidad lo que amenaza la cohesión democrática, sino el aparato represivo que se consolida para desacreditarla y silenciarla. Esta estrategia no responde a una lógica normativa, sino escénica: se trata de un espectáculo de poder, no de un ejercicio legítimo de gobierno.
En este sentido, la comparación con el reinado de Calígula resulta reveladora. El emperador romano convirtió la política en un teatro personalista, donde el capricho se imponía al derecho y el castigo se escenificaba como afirmación de dominio. Su propósito no era solo gobernar, sino someter: degradar la ley a mero decorado de su voluntad. En la era Trump, la manipulación institucional, la obsesión con la lealtad personal y la teatralización del conflicto reproducen esta misma lógica. Lo que importa no es la verdad ni la legalidad, sino la puesta en escena de una autoridad incontestable.
La transformación de la FCC en un órgano de fiscalización ideológica—lejos de ser una excepción—es parte de un patrón más amplio. La supuesta protección del público frente a contenidos “divisivos” opera como coartada para censurar narrativas que cuestionan la desigualdad estructural, la exclusión racial o los privilegios históricos. Bajo esta retórica, la equidad y la justicia social se convierten en amenazas, y la censura en una forma de salvaguarda cultural.
Si esta deriva continúa, lo que se desmantelará no será únicamente un ecosistema mediático plural, sino la posibilidad misma de un espacio democrático de deliberación. En su lugar, se impondrá un orden comunicativo vigilado, donde solo se autorizarán discursos que reconfirmen la identidad del poder. Lejos de promover la unidad nacional, este régimen de censura construye una uniformidad forzada, disfrazada de patriotismo.
Esto no es un retorno al orden institucional, sino a la arbitrariedad imperial. La pregunta que se impone, hoy más que nunca, es si las instituciones estadounidenses seguirán sirviendo a la rendición de cuentas democrática o si acabarán convertidas, como el Senado romano bajo Calígula, en un simple telón de fondo para un poder que ya no se molesta en disimular su desprecio por la disidencia.
Este ensayo examina el declive ético en el corazón de la vida cívica contemporánea y sus consecuencias para la cultura. Sostiene que la cultura no consiste únicamente en la preservación de formas artísticas o intelectuales, sino en la expresión pública de un propósito moral. A partir de La condición humana (1958) de Hannah Arendt —en particular, de su crítica a la “ausencia de mundo” de la sociedad de masas— el ensayo rastrea cómo las formas simbólicas e institucionales se han desprendido de la responsabilidad ética. En lugar de una cultura fundada en compromisos morales compartidos, identifica el surgimiento de la anticultura: una imitación promovida por el espectáculo sobre la vida cultural, despojada de responsabilidad cívica y profundidad moral. Rechazando la nostalgia, el ensayo aboga por una renovación cultural basada en la solidaridad, la compasión pública y el compromiso ético.
El fracaso de una cultura sin bondad ni civilidad
La vida cultural de una sociedad no se sostiene únicamente por los museos, la literatura o los festivales. Estos pueden servir como símbolos de identidad o refinamiento, pero la cultura, en su sentido más pleno, exige una orientación moral más profunda. Si la bondad —entendida como el compromiso con la dignidad de los otros— no anima la vida cívica, la cultura pierde su fundamento y se convierte en una cáscara decorativa. Puede conservar el lenguaje, los símbolos y los rituales de una sociedad sana, pero sin vitalidad ética esas formas corren el riesgo de volverse performativas o incluso engañosas. Lo primero que se marchita en tal decadencia no es la expresión, sino la conciencia: la facultad interior que otorga a la cultura su peso ético. Sin la participación de la conciencia, la creación persiste como mero adorno, y la inteligencia se convierte en simple actuación.
El estado actual de la vida pública estadounidense ilustra este declive. El discurso público se ha vuelto grosero. Es común que los actores políticos califiquen a sus oponentes no solo de equivocados, sino también de peligrosos o depravados. Durante su primera presidencia —y nuevamente desde su regreso al poder— Donald Trump ha tildado a sus críticos de “traidores”, “escoria” y “malvados”. En mítines y en las redes sociales, ha llamado “alimañas” a sus adversarios políticos, un lenguaje utilizado históricamente por regímenes autoritarios para deslegitimar a la oposición. La prensa ha sido repetidamente descrita como “el enemigo del pueblo”, una expresión empleada desde hace mucho para socavar la rendición de cuentas pública.
Este estilo de política se ha normalizado. En juntas escolares, cámaras legislativas y plataformas de campaña, los funcionarios electos acusan a sus contrapartes de ser “corruptores”, “comunistas” o “antiamericanos”: un lenguaje que transforma la discrepancia en condena moral. En 2023, cuando el gobernador republicano de Utah, Spencer Cox, apoyó públicamente la protección de los jóvenes LGBTQ y pidió un diálogo civil, comentaristas de la extrema derecha lo denunciaron como “republicano solo de nombre”, un supuesto traidor a los valores conservadores. Su llamado a la empatía fue interpretado no como fortaleza de carácter, sino como rendición política. En un ambiente así, incluso los gestos mesurados de respeto se interpretan como debilidad o, peor aún, como traición.
Las teorías conspirativas que antes quedaban relegadas a panfletos marginales ahora resuenan en audiencias del Congreso. La representante Marjorie Taylor Greene ha acusado a sus oponentes políticos de organizar “rituales satánicos”, mientras que el senador J.D. Vance ha sugerido que las élites culturales y académicas representan una amenaza existencial para la nación. En un entorno semejante, la oposición política se redefine como desviación moral. El resultado no es solo polarización, sino el desmantelamiento sistemático de la imaginación cívica.
Lo que se promueve en este clima no es solo una ideología política, sino también una forma de poder centrada en la humillación del otro: una postura autoglorificante que se sostiene en la denigración que requiere. Este tipo de liderazgo no descansa en principios ni en una visión pública, sino en la exaltación de la propia imagen. Es una forma de poder narcisista —no en sentido clínico, sino como la conversión de la autoridad simbólica en vehículo de agravio, culto a la personalidad y desprecio sistemático por la diferencia.
Las consecuencias de este clima no se limitan a la retórica. En 2022, Paul Pelosi, esposo de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, fue atacado en su casa por un intruso radicalizado por conspiraciones que abundan en las redes cibernéticas. En 2025, la senadora estatal de Minnesota Melissa Hortman y su esposo fueron asesinados por un hombre supuestamente enfurecido por las agendas legislativas progresistas. Por la misma época, un atacante solitario arremetió contra asistentes a un evento del Orgullo (Pride month), alegando agravios ideológicos como justificación. Más recientemente, el 10 de septiembre de 2025, el influyente comunicador Charlie Kirk fue asesinado por un joven radical inflamado por la misma retórica que decía oponerse. Estos actos no son tragedias aisladas: revelan un paisaje cívico en el que la ira no solo se normaliza, sino que también se convierte en arma. El discurso deshumanizador no es palabra ociosa; se transforma en licencia para la violencia.
Las plataformas digitales amplifican estas dinámicas. Lo que comenzó como herramientas de conexión se ha convertido en motores de indignación. Los algoritmos de plataformas como X (antes Twitter) privilegian el contenido que inflama en lugar del que informa. Los ataques verbales, las descalificaciones personales y las afirmaciones tribales generan más interacción que la reflexión o la mesura. Las voces más ruidosas —no las más sabias— son las más amplificadas. Como resultado, la crueldad suele recompensarse como franqueza, y la burla se confunde con lucidez.
Los efectos son tangibles. Un alcalde recibe amenazas de muerte por aplicar políticas de salud pública. Un maestro es hostigado en las redes sociales por adoptar un lenguaje inclusivo. Una bibliotecaria renuncia tras negarse a censurar materiales que afirman el pluralismo. La Universidad de Columbia paga más de 200 millones de dólares en sanciones al gobierno federal bajo presión política de la administración Trump, obligada a exhibir conformidad partidista para poder continuar su investigación contra el cáncer. No se trata de excepciones anecdóticas. Revelan un deterioro más amplio de la sensibilidad democrática: una incapacidad para reconocer a los conciudadanos como dignos de cuidado, diálogo o siquiera respeto básico.
En ninguna parte resulta más visible esta inversión del lenguaje moral que en dos de los fracasos nacionales más persistentes: la ausencia de una cobertura sanitaria universal y la circulación descontrolada de armas de fuego. En ambos casos, el lenguaje de la libertad oculta la lógica del lucro. Las industrias del seguro y de las armas, fortalecidas por inversores y patronos políticos, convierten la dependencia y el miedo en ingresos, mientras los legisladores invocan la “elección” y los “derechos” como coartada moral de su complicidad. El resultado es una inversión cívica: la salud y la seguridad —antes entendidas como responsabilidades morales de una sociedad justa— se administran como mercados de lucro. Cuando el interés se apropia del vocabulario de la conciencia, la democracia empieza a pronunciar su propia negación.
Sin embargo, esta crisis suele caracterizarse erróneamente. Nombrarla no es un ejercicio de nostalgia. El diagnóstico no propone volver a un pasado idealizado, sino exigir un ajuste de cuentas con los fundamentos éticos de la cultura misma. Una sociedad puede erigir monumentos, publicar literatura y preservar archivos; pero si deja de cultivar la compasión, la humildad y el hábito del cuidado, su cultura ya ha comenzado a marchitarse.
Esta decadencia moral da lugar a lo que puede llamarse anticultura: no la ausencia de formas culturales, sino su inversión —su uso como instrumentos de división, mercadotecnia o control. La anticultura ofrece apariencia sin sustancia, herencia sin responsabilidad y visibilidad sin visión ética. Imita el sentido, pero no lo genera. Su lenguaje se halaga en lugar de orientar. Sus relatos entretienen, pero no vinculan.
Reconstruir la cultura es recuperar su esencia moral. No basta con preservar instituciones, patrocinar festivales o financiar las artes si se descuida el espíritu ético. Una cultura sin bondad se vuelve hueca —fácilmente cooptada por el espectáculo, el tribalismo o el poder. Los actos de valentía pública, la rehumanización del discurso y la negativa a normalizar el desprecio no son gestos ornamentales; son condiciones esenciales para la renovación. Como la democracia, la cultura debe cultivarse—no solo heredarse o exhibirse. En su núcleo, cultura y bondad no son separables. Nutrir una da vida a la otra. Donde la bondad decae, la cultura pierde su vitalidad; donde se cultiva, la cultura puede renacer. La labor de rehumanización, por tanto, nunca se completa; debe permanecer como un trabajo continuo de la conciencia.
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Bibliografía anotada
Arendt, Hannah: The Human Condition. Chicago: University of Chicago Press, 1958. (Arendt explora la distinción entre trabajo, obra y acción, ofreciendo una crítica fundamental de cómo la vida moderna ha erosionado el compromiso público significativo).
Bellah, Robert N., et al: Habits of the Heart: Individualism and Commitment in American Life. Berkeley: University of California Press, 1985. (Este estudio sociológico examina las tensiones entre el individualismo y la responsabilidad cívica en la cultura estadounidense).
Berman, Marshall: All That Is Solid Melts into Air: The Experience of Modernity. New York: Simon & Schuster, 1982. (Berman rastrea la desorientación psicológica y cultural provocada por la modernidad, especialmente en la vida urbana).
Girard, René: Violence and the Sacred. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1977. (La teoría de Girard sobre el deseo mimético y la violencia sacrificial aclara cómo las formas culturales pueden degenerar en mecanismos de exclusión o agresión).
Lasch, Christopher: The Culture of Narcissism: American Life in an Age of Diminishing Expectations. New York: W. W. Norton, 1979. (Lasch critica el auge del individualismo terapéutico y la erosión de la virtud cívica).
MacIntyre, Alasdair: After Virtue: A Study in Moral Theory. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1981. (El argumento de MacIntyre de que el discurso moral moderno está fragmentado y es incoherente proporciona el fundamento filosófico del ensayo).
Nussbaum, Martha C.: Political Emotions: Why Love Matters for Justice. Cambridge: Harvard University Press, 2013. (Nussbaum sostiene que cultivar capacidades emocionales—como la compasión y la solidaridad—es esencial para una sociedad justa).
Putnam, Robert D.: Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. New York: Simon & Schuster, 2000. (Putnam presenta un estudio integral sobre la decadencia del compromiso cívico en Estados Unidos).
Sandel, Michael J.: What Money Can’t Buy: The Moral Limits of Markets. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2012. (Sandel critica la intromisión de la lógica de mercado en esferas de la vida tradicionalmente regidas por normas éticas).
Taylor, Charles: A Secular Age. Cambridge: Harvard University Press, 2007. (Taylor examina las consecuencias morales y culturales de la modernidad secular, en particular la fragmentación del significado compartido).
… Repensar la identidad y la pertenencia en la vida cívica »
Por Ricardo Morín
Julio de 2025
Ricardo Morin Silence III 22’ x 30” Watercolor, graphite, gesso, acrylic on paper 2010
Resumen
Este ensayo examina las tensiones morales y cívicas entre la identidad y la pertenencia democrática. Si bien la afirmación de una identidad cultural, étnica o política puede ofrecer dignidad y solidaridad, también puede cristalizar en límites excluyentes. El ensayo sostiene que las democracias liberales deben encontrar formas de reconocer la diferencia sin permitir que esta degrade los compromisos compartidos: los derechos de igualdad, el reconocimiento mutuo y el imperio de la ley. A partir de la reflexión histórica y la lucidez filosófica, se propone una imaginación cívica que resista el reduccionismo y abra espacio a la complejidad plena de la vida humana.
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« Líneas que dividen: Repensar la identidad y la pertenencia en la vida cívica »
La idea de un pueblo significa más que una humanidad compartida: evoca un sentido de pertenencia moldeado por la cultura, la memoria y el reconocimiento mutuo. En su mejor forma, designa los lazos que unen a los individuos con comunidades, tradiciones y aspiraciones más grandes que ellos mismos. Pero cuando la frase mi gente se convierte en un marcador de separación o de propiedad sobre la cultura, el sufrimiento o la verdad, corre el riesgo de reforzar las divisiones que nuestros marcos cívicos y legales buscan precisamente superar. Lo que comienza como una afirmación de identidad puede transformarse con facilidad en una postura excluyente. La escuchamos en momentos de dolor, orgullo o miedo: “Tú no lo entenderías—tú no eres de los nuestros.” A veces eso es cierto. Pero cuando el lenguaje de la pertenencia se endurece hasta convertirse en una negativa a escuchar o una excusa para no importar, deja de ser refugio y se vuelve muro.
A lo largo de la historia, las identidades colectivas—nacionales, raciales, religiosas o políticas—han sido fuentes tanto de solidaridad como de división. La identidad puede servir para recuperar la dignidad y afirmar la visibilidad frente a la marginación, pero también contiene las semillas de la separación. La línea entre afirmación y alienación es peligrosamente delgada. La misma identidad que enaltece a una comunidad puede transformarse en un límite que aísla a las demás. Es un arma de doble filo: capaz de sanar o herir, según cómo se la utilice.
El proyecto democrático moderno descansa sobre un equilibrio delicado: debe reconocer la diferencia sin abandonar la igualdad. Las democracias liberales se basan en la idea de que todos los individuos, independientemente de su afiliación grupal, poseen derechos iguales ante la ley. Es un principio que se enseña desde la infancia, muchas veces antes de ser comprendido del todo: la sensación de que las reglas deben ser justas, de que ser excluido o juzgado antes de ser conocido está mal. Esa intuición moral temprana se refleja en las promesas constitucionales, que existen no solo para representar a las mayorías, sino para proteger la dignidad de cada persona, especialmente cuando forma parte de una minoría—por creencia, por origen o por circunstancia.
El objetivo no es borrar la identidad, sino evitar que se convierta en el único eje sobre el cual se midan los derechos, el valor o la participación. Cuando la identidad se transforma en la moneda principal de la pertenencia, corremos el riesgo de convertir la ciudadanía en una competencia de agravios, en la que el reconocimiento se otorga solo a costa de otros.
Este problema no es abstracto. Lo vemos a diario en el discurso público, donde los llamados a la identidad a menudo eclipsan los llamados al principio. La frase mi gente puede utilizarse para reclamar una herida histórica, una superioridad moral o una autoridad cultural—pero también puede insinuar exclusión, como si otros quedaran fuera de ese círculo moral. El peligro está en lo no dicho: ¿quién no está incluido en mi gente? ¿Quién pasa a ser ellos?
Estas dicotomías—nosotros contra ellos—aplanan la complejidad de las relaciones humanas y oscurecen nuestra interdependencia mutua. En realidad, ninguna comunidad existe en aislamiento. Nuestras economías, instituciones y ecosistemas están íntimamente entrelazados. El derecho está diseñado para reflejar esa interdependencia, concediendo derechos de manera universal, no tribal. Pero cuando la identidad se convierte en el filtro a través del cual se exige o se niega la justicia, el imperio de la ley se debilita. La justicia deja de ser ciega y se vuelve sirviente de intereses faccionales.
Esto no significa que debamos abandonar el lenguaje de la identidad. La especificidad cultural e histórica importa. Borrarla en nombre de la unidad corre el riesgo de otra forma de injusticia: el silenciamiento de experiencias vividas. La solución no es rechazar la identidad, sino contextualizarla—comprenderla como una parte de la condición humana, no como la totalidad del valor o la posición moral de una persona.
Para avanzar, debemos hacernos una pregunta difícil: ¿podemos reconocer la identidad sin permitir que se endurezca en división? ¿Podemos afirmar las diferencias culturales o históricas mientras construimos instituciones y relaciones lo suficientemente amplias como para incluir a quienes no se parecen a nosotros?
Lograrlo exige más que tolerancia. Requiere imaginación cívica—una que conciba la solidaridad no como uniformidad, sino como el compromiso de convivir con dignidad a través de las diferencias. Significa ver a los demás no como representantes de un grupo, sino como individuos con derechos, necesidades y aspiraciones iguales a los nuestros. Significa recordar que nadie puede ser plenamente conocido por un solo rasgo, historia o pertenencia—ni siquiera nosotros mismos. Cada uno lleva contradicciones: ternura junto al prejuicio, lealtad enredada con rencor, el deseo de ser visto y el temor de ser expuesto. Honrar nuestra humanidad compartida implica hacer espacio para esa complejidad—no para justificar el daño, sino para entender que la vida moral comienza no con la certeza, sino con la humildad.
En última instancia, el desafío de nuestro tiempo no es simplemente reconocer la diferencia, sino vivir con ella de forma constructiva. La verdadera prueba de una sociedad pluralista no está en cuán fuerte proclame la diversidad, sino en cuán equitativamente distribuya la pertenencia. Para lograrlo, debemos pasar de mi gente a nuestra gente—no como negación de la identidad, sino como un compromiso compartido, más profundo, con el frágil experimento de la convivencia.
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Bibliografía anotada
Appiah, Kwame Anthony: The Lies That Bind: Rethinking Identity. Nueva York: Liveright, 2018. (Explora cómo se construyen, mantienen y manipulan identidades como la raza, la religión o la nación—y propone una ética más flexible y cosmopolita.)
Arendt, Hannah: The Human Condition. Chicago: University of Chicago Press, 1958. (Analiza la naturaleza de la vida política y la pluralidad, fundamentando la pertenencia cívica en el espacio compartido de acción y palabra, en lugar de identidades fijas.)
Benhabib, Seyla: The Claims of Culture: Equality and Diversity in the Global Era. Princeton: Princeton University Press, 2002. (Defiende los derechos humanos universales reconociendo la legitimidad de las demandas culturales—y propone un modelo de iteraciones democráticas.)
Fukuyama, Francis: Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment. Nueva York: Farrar, Straus and Giroux, 2018. (Describe el auge global de la política identitaria y su impacto sobre las instituciones democráticas, abogando por recentrar los valores cívicos compartidos.)
Glazer, Nathan y Daniel P. Moynihan: Beyond the Melting Pot: The Negroes, Puerto Ricans, Jews, Italians and Irish of New York City. Cambridge, MA: MIT Press, 1963. (Estudio sociológico clásico que muestra cómo las identidades étnicas persisten y moldean la pertenencia urbana a lo largo de generaciones, de maneras complejas y contradictorias.)
Hooks, bell: Yearning: Race, Gender, and Cultural Politics. Boston: South End Press, 1990. (Critica formas excluyentes de política identitaria y aboga por solidaridades que atraviesen las fronteras de raza, género y clase.)
Ignatieff, Michael: Blood and Belonging: Journeys into the New Nationalism. Nueva York: Farrar, Straus and Giroux, 1994. (Reflexiones personales y políticas sobre el nacionalismo en la era post-Guerra Fría, advirtiendo del peligro moral de definir la pertenencia según la ascendencia.)
Rawls, John: Political Liberalism. Nueva York: Columbia University Press, 1993. (Presenta una teoría de la justicia basada en un consenso superpuesto, más que en una identidad compartida, y defiende la estabilidad en sociedades pluralistas.)
Taylor, Charles: Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition. Editado por Amy Gutmann. Princeton: Princeton University Press, 1994. (Sostiene que el reconocimiento de la identidad cultural es vital para la dignidad individual, pero debe equilibrarse dentro de un marco liberal justo.)
Wiesel, Elie: Nobel Peace Prize Lecture. Oslo: Nobel Foundation, 1986. (Reflexión moral profunda sobre la solidaridad humana, la memoria y la responsabilidad de resistir la indiferencia—invocando la identidad sin caer en la exclusión.)
Hay heridas que permanecen porque aún no hemos forjado un consenso moral:
“…E pluribus unum”
Participantes portando banderas estadounidenses en la marcha por los derechos civiles de Selma a Montgomery, Alabama, 1965. Fotografía de Peter Pettus; copia en gelatina de plata (reimpresión de 1999–2000). Imagen de archivo en dominio público, cortesía de la División de Impresos y Fotografías de la Biblioteca del Congreso.
Unidades de la Guardia Nacional en formación durante una protesta civil, California, junio de 2025. Foto de Spencer Platt / Getty Images, vía NPR. Una imagen contundente de poder enfrentando protesta—donde la disidencia pública se enfrenta con la militarización del Estado.
La imagen pone de relieve un momento decisivo en nuestra vida cívica: aquel en que las expresiones de disenso no se enfrentan con diálogo, sino con la politización de la fuerza militarizada al servicio de la marca del poder ejecutivo. Refleja una pauta inquietante: cuando las demandas de justicia e inclusión se tergiversan como amenazas partidistas, y la defensa de la pluralidad se toma por una provocación.
Existe una brecha cada vez más profunda en nuestro país, intensificada por el regreso en 2025 de la administración Trump y el proyecto del movimiento M.A.G.A. de “reformar” Estados Unidos mediante la alteración de los principios constitucionales que han sostenido nuestra democracia durante generaciones. Este movimiento ha envalentonado a algunos que afirman estar bajo asedio—en especial por parte de los afroamericanos—a quienes acusan de albergar un ‘odio irracional’. Sin embargo, esta acusación ignora una verdad más profunda: quienes la sostienen suelen negarse a reconocer su propia complicidad en las condiciones que generan sufrimiento e indignación. Se consideran inocentes mientras desestiman la experiencia vivida de los demás.
Esta disonancia revela un tribalismo persistente—un complejo de superioridad disfrazado de patriotismo, a menudo dirigido contra comunidades marginadas. Corroe la empatía y sofoca la responsabilidad.
No obstante, disentir es la savia de la democracia. Y aunque podamos apreciar este país—sus paisajes, su riqueza cultural y sus ideales fundacionales—también debemos enfrentar la tarea inconclusa de la justicia. Celebrar la Constitución mientras se ignora el legado de la esclavitud, la segregación y la desigualdad sistémica es devaluar tanto nuestra historia como nuestro futuro.
Esto se manifiesta con especial claridad en nuestro sistema de justicia penal. La necesidad de una reforma ya no es una postura partidista; es un imperativo moral. Las comunidades racializadas siguen siendo desproporcionadamente vigiladas, criminalizadas y sometidas a violencia bajo el pretexto del orden público. Muchos departamentos de policía en todo el país han fallado en su deber de proteger a quienes más lo necesitan—quienes han sido excluidos por falta de oportunidades, educación y apoyo. Cuando estas condiciones se responden no con compasión, sino con brutalidad, presenciamos el rostro más atroz de la crueldad.
Se puede amar profundamente a este país, pero ese amor debe ser activo—comprometido con la equidad, no con la nostalgia. La justicia y la igualdad no son premios por callar; son el derecho de nacimiento de todas las personas que habitan esta tierra.
El movimiento “Black Lives Matter” no es una amenaza para los valores estadounidenses; es un llamado a cumplirlos. No es odio protestar contra la injusticia. El odio reside en silenciar la disidencia, en pisotear los derechos ajenos mientras se reclama superioridad moral. Una y otra vez, quienes ostentan el poder se han distanciado de los oprimidos, especialmente de aquellos privados del derecho al voto. Esta indiferencia persiste hasta que la solidaridad se vuelve ineludible.
Relativizar el asesinato de jóvenes afroamericanos—o guardar silencio—es negarse a comprender el largo historial del racismo en Estados Unidos. Los gestos de inclusión no sustituyen a la verdad. La justicia real no requiere medias tintas, sino una determinación sincera y valiente.
Y ahora, ese mismo aparato represivo se despliega con renovada contundencia contra las personas inmigrantes, contra quienes forman parte del colectivo LGBTQ en Estados Unidos, y contra el principio mismo de la diversidad.
—como lo demuestra la militarización innecesaria de una milla cuadrada de Los Ángeles en junio de 2025, donde las protestas localizadas fueron amplificadas por el gobierno federal como si se tratara de una insurrección nacional—
La movilización de tropas para sofocar protestas pacíficas —sustituyendo a las fuerzas del orden por despliegues militares—, la criminalización de quienes buscan refugio, y el empeño por revertir los derechos conquistados por las personas homosexuales no son políticas aisladas. Son síntomas de la misma aberración moral del poder ejecutivo como marca política: el miedo a la pluralidad.
Este miedo ha tomado como blanco incluso a las iniciativas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI). Estos programas, nacidos de las luchas por los derechos civiles y destinados a remediar la exclusión histórica, se han convertido en chivos expiatorios. La DEI no amenaza el mérito; es una vía hacia la justicia. No se trata de ortodoxia política, sino de garantizar acceso, visibilidad y dignidad para quienes han sido marginados durante demasiado tiempo. La oposición a la DEI no es un debate neutral—es un intento calculado de suprimir el pluralismo que da sentido a la democracia.
—A menudo, ese pluralismo se reduce a una caricatura. En ciertos círculos partidistas, el término “woke” se ha convertido en un arma para ridiculizar cualquier esfuerzo de inclusión o reparación, tachándolo de absurdo, elitista o peligroso. Lo que comenzó como un llamado a mantenerse alerta ante la injusticia ha sido degradado hasta convertirse en una burla—menos un argumento que un reflejo automático, utilizado no para esclarecer, sino para silenciar.
Pero la justicia no pierde su urgencia porque se la ridiculice.
Prohibir las oficinas dedicadas a la diversidad, desmantelar los programas de inclusión o etiquetar el trabajo por la equidad como adoctrinamiento ideológico no refleja fortaleza, sino miedo. Tales acciones socavan los valores fundamentales de libertad y justicia, sustituyendo una ciudadanía inclusiva por una conformidad impuesta.
El afán por revertir los derechos LGBTQ, demonizar los movimientos por la justicia racial y silenciar las iniciativas de diversidad forman parte de una misma lógica. No son agravios aislados, sino expresiones de una visión del mundo intolerante que busca imponerse a través de la exclusión —ecos del macartismo, aquella campaña de comienzos de los años cincuenta liderada por el senador Joseph McCarthy, cuyas acusaciones televisadas sobre una supuesta infiltración comunista cautivaron a la nación y convirtieron la sospecha en arma política; fue un espectáculo público que transformó el miedo a la diferencia en doctrina nacional. No son señales de una república fuerte. Son las marcas de una nación debilitada por el miedo.
A ello contribuye la mayoría republicana en el Congreso—quienes, al respaldar a Trump y las políticas disruptivas del movimiento M.A.G.A., agravan el déficit moral al reducir drásticamente los impuestos a los multimillonarios, mientras desestabilizan la infraestructura social y política del país. Han contribuido al aumento de la inflación mediante aranceles a importaciones extranjeras y promueven una política exterior que incrementa la inestabilidad mundial, todo ello en beneficio de una ínfima élite oligárquica a costa del bien común.
Amar a este país es rechazar ese miedo y la frágil cobardía que lo sustenta. Amar esta nación es defender su pluralismo. Amarla es afrontar sus contradicciones, no con cinismo, sino con determinación.
No somos una unión perfecta, pero seguimos siendo una unión. El camino hacia adelante no está en el pasado. Comienza donde vive la justicia: en la búsqueda de la verdad, en la compasión, en la valentía.
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Project 2025 y la maquinaria de la conformidad
Entre los ejemplos más claros de cómo el miedo a la pluralidad ha sido codificado como estrategia política figura Project 2025 —un ambicioso plan para reestructurar el gobierno federal de EE.UU., impulsado por The Heritage Foundation (La Fundación del Patrimonio) y ahora activamente respaldada por la administración Trump. Aunque sus arquitectos invocan el lenguaje de la libertad y la reforma constitucional, su objetivo subyacente no es la renovación democrática, sino la consolidación ideológica.
Project 2025 no se conforma con reducir el tamaño del gobierno. Pretende desmantelar el Estado administrativo, eliminar las protecciones del servicio civil y sustituir a los funcionarios públicos de carrera por leales partidistas. Bajo la consigna de “drenar el pantano”, propone una purga —no para restaurar el equilibrio constitucional, sino para empoderar a una elite ejecutiva estrechamente alineada. Esto deja de ser conservadurismo para convertirse en autoritarismo ejecutivo revestido de populismo.
Incluso su retórica de “recuperar el país” revela su verdadera intención: no restaurar una democracia pluralista, sino imponer uniformidad —cultural, política y moral. Las iniciativas DEI deben ser demolidas, la educación pública reconfigurada para reflejar una ideología singular, y la disidencia dentro del gobierno neutralizada. No son reformas; son instrumentos de control.
Este plan no es una anomalía: es su culminación. La nostalgia, el resentimiento y el miedo se han transformado en la materia prima de políticas concretas. Y lo que revela es una profunda contradicción: quienes invocan con más fuerza la Constitución ahora buscan reescribirla en la práctica, reemplazando la promesa de We the People con el dominio de We alone.
Esto dejó de ser hipotético esta semana, cuando llegamos al barrio de Capitol Hill. Frente a la sede de The Heritage Foundation presenciamos una protesta en plena confrontación: dos bandos opuestos, uno defendiendo los derechos reproductivos, el otro revestido de ira bajo pretexto moral. El más ruidoso —un grupo de madres conservadoras— no dialogaba, sino que gritaba con desprecio: no defendían argumentos, sino que condenaban la legitimidad misma del desacuerdo moral.
No eran defensores de la vida. Eran agentes de control sobre cómo vivir.
Lo que presencié ante la Heritage Foundation no fue un arrebato aislado. Fue la manifestación local de un proyecto nacional en desarrollo.The Heritage Foundation ya no solo comenta la política; está construyendo la estructura para un giro autoritario ya en curso. En estrecha sincronía con la administración Trump —reconocida o no— Heritage no está ofreciendo recomendaciones, está diseñando una maquinaria de conformidad.
Esta máquina no tolera la pluralidad. Redefine la disidencia como insubordinación, la diversidad como decadencia, y la gobernanza como lealtad a una voluntad única. No es restauración del orden constitucional, sino una repudiación calculada.
Y lo que propone Project 2025 no es solo un cambio administrativo. Es un plan para capturar ideológicamente el lenguaje, la ley y la vida pública. Reemplaza We the People con un mandato desde arriba: Only us.
Esta es la herida que no sanará —a menos que la enfrentemos.
De camino a Union Station
Mientras abandonábamos Capitol Hill con destino a Union Station para regresar a Pennsylvania, las calles evidenciaban signos de celebración inminente. Se levantaron barricadas. Vehículos militares ocupaban las avenidas. Los preparativos estaban en marcha para un desfile militar con tanques, tropas y fanfarrias marciales. Oficialmente, era para conmemorar el 250 aniversario del Ejército de los EE. UU. Pero el momento (sábado 14 de junio, cumpleaños de Trump), junto con la pompa y el encuadre presidencial, hicieron difícil ver el evento como algo más que un espectáculo orquestado. El simbolismo desdibujó la línea entre honrar el servicio militar y apropiárselo para la glorificación personal. Se sintió menos como un cumpleaños y más como una coronación.
Al cruzar uno de los cruces cerrados, un hombre afroamericano en una elegante silla de ruedas motorizada nos adelantó por la derecha. Sin mediar palabra, nos miró —dos hombres caminando juntos— y, con serena determinación, dijo: “Cuidado, el Día del Juicio Final está pronto a llegar”.
No respondimos. Él siguió su camino.
Fue un instante silencioso, pero cargado de significado. Un juicio —claro y moral— pronunciado sin confrontación, pero con intención. Una acusación casual, pero escalofriante. Incluso alguien con visibilidad marcada como vulnerable había interiorizado el reflejo nacional hacia la condena. Las extremas actitudes ya no se hallan sólo en plataformas o políticas: están filtrándose en las aceras.
Me volví a mi esposo y le pregunté: “¿Cuánto crees que durará todo este odio?”
No desvió la mirada. “Puede que no vivamos para verlo terminar”, dijo, “pero pasará”.
Observaciones sobre la percepción 