Ricardo Morin Sin título nº 5: El paradigma de la extracción 25,4 x 30,5 cm Acuarela 2003
Por Ricardo F. Morín
Octubre de 2025
Oakland Park, Florida
1
La historia de la inteligencia artificial (IA) suele contarse como un relato de promesas infinitas: una tecnología destinada a transformar las economías y redefinir el potencial humano. Sin embargo, bajo ese optimismo se oculta una realidad más antigua: la conversión de la creatividad humana en riqueza concentrada. Lo que se presenta como progreso repite el patrón económico más viejo de todos: extraer valor de muchos para beneficio de pocos. El lenguaje que rodea a la IA disfraza esta continuidad. Convierte la innovación en un espectáculo de inevitabilidad, una visión de abundancia que oculta sus cimientos desiguales.
2
Ese espectáculo depende de la persuasión. Expresiones como inteligencia manifestada, la próxima frontera del billón de dólares o transformación inevitable no son descripciones, sino estrategias de mercadotecnia. Presentan el beneficio como destino e invitan a participar no en el descubrimiento, sino en la especulación. Cifras como “80 billones” o “25.000 % de retorno” se repiten en los medios como profecías, transformando las previsiones financieras en certezas morales. Esta retórica moldea la imaginación pública: la IA deja de ser una herramienta para resolver problemas humanos y se convierte en un fenómeno financiero—una historia sobre riqueza más que sobre comprensión.
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Estas promesas no marcan un nuevo comienzo. Repiten el mismo ciclo que acompañó a cada gran invención. La Revolución Industrial transformó el trabajo pero profundizó las divisiones sociales. La revolución digital difundió la información pero concentró la propiedad. La IA entra ahora en esa historia como su expresión más reciente.Su capacidad para ampliar el conocimiento y servir al bien común es real, pero su primera lealtad sigue siendo el lucro. Dentro de las estructuras existentes, acelera la acumulación de capital en lugar de corregir su desequilibrio.
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Los mecanismos de esa concentración son visibles. Los modelos propietarios cercan el conocimiento tras muros de pago y patentes. Los datos recolectados del público se convierten en propiedad privada. El costo de la potencia informática y del talento especializado limita quién puede participar. El resultado es previsible: la mayoría experimentará la IA no como empoderamiento, sino como dependencia. Lejos de reducir la desigualdad, la incorpora a la infraestructura del futuro.
5
Esta dirección resulta más inquietante frente a las necesidades urgentes del mundo. Miles de millones de personas aún viven sin acceso confiable a alimentos, salud o educación—condiciones que la tecnología podría transformar pero rara vez aborda. Los usos más rentables de la IA optimizan la publicidad, manipulan el comportamiento y amplían la vigilancia. No son accidentes; son la consecuencia lógica de un sistema que valora la rentabilidad por encima del bienestar humano. Cuando el progreso se mide solo por el valor para el accionista, la tecnología pierde su brújula moral y la sociedad pierde su sabiduría.
5a
Un uso más reciente y peligroso de estos sistemas ha surgido en la esfera política. Las mismas herramientas que dirigen anuncios ahora dirigen conciencias. Gobiernos de tendencia autocrática han comenzado a utilizar modelos generativos para inundar el discurso público con contenidos persuasivos, borrar la frontera entre verdad y ficción y cultivar obediencia mediante la simulación. Informes recientes muestran cómo oficinas ejecutivas emplean la IA para redactar mensajes políticos, amplificar medios afines y silenciar voces disidentes. Tales prácticas convierten la inteligencia en propaganda y los datos en dominación. Cuando un Estado puede administrar algorítmicamente la percepción, la democracia se convierte en representación teatral. La concentración de la riqueza converge así con la concentración de la creencia—cada una reforzando a la otra.
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Ya hemos visto este patrón. En cada era tecnológica, la riqueza se transforma en poder político y luego utiliza ese poder para protegerse. Los magnates ferroviarios consolidaron monopolios en el siglo XIX. Las potencias petroleras moldearon la política exterior en el XX. Hoy, los conglomerados digitales redactan las reglas que mantienen su dominio. La IA sigue la misma fuerza gravitacional, guiada menos por visión humana que por la inercia del capital.
7
En el orden actual, la unión del poder tecnológico y la especulación financiera ya no produce descubrimiento, sino dependencia. La riqueza circula dentro de una economía cerrada de influencias, recompensando a quienes diseñan los mecanismos de acceso en lugar de a quienes amplían el alcance del conocimiento. Lo que aparece como innovación suele ser un ensayo del privilegio: un intercambio de capital entre los mismos centros de autoridad, cada uno validando al otro mientras la sociedad asume el costo. Cuando la creatividad se convierte en garantía y la inteligencia en arrendamiento, el progreso deja de servir al público y empieza a servirse a sí mismo.
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La ilusión más seductora que sostiene este orden es la del mito de la inevitabilidad: la creencia de que el avance tecnológico debe producir desigualdad y que nadie es responsable del resultado. Es una ficción útil, pues exime a los poderosos del escrutinio moral al convertir la explotación en destino. Pero la inevitabilidad es una elección disfrazada de naturaleza. Las sociedades siempre han dado forma al uso de la tecnología mediante sus leyes, sus valores y su coraje para intervenir. Aceptar la desigualdad como destino es renunciar a esa responsabilidad.
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Rechazar la inevitabilidad implica recuperar la idea misma de progreso. La innovación no es progreso si no amplía la libertad y la seguridad humanas. Ello requiere dirección deliberada—mediante inversión pública, impuestos justos, estándares transparentes y cooperación internacional. No son obstáculos al crecimiento; son las condiciones que lo hacen justo y sostenible. Los mercados por sí solos no garantizan justicia, y la tecnología sin ética no es avance, sino aceleración sin rumbo.
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Medir el progreso de otro modo transformaría lo que celebramos. Si un sistema de IA reduce errores médicos en comunidades pobres, fortalece la educación donde faltan recursos o mejora la participación democrática, su valor supera al de aquel que solo aumenta los márgenes de ganancia. La verdadera medida de la inteligencia—artificial o humana—es el bien que aporta al mundo. El beneficio es solo una forma de valor; la dignidad humana es otra.
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En el centro de este orden persiste una hipocresía silenciosa. Se elogia la riqueza como recompensa al esfuerzo y la inteligencia, pero depende de la extracción constante de valor de otros—del trabajador, del consumidor, del entorno. Lo que parece mérito suele descansar en la desigualdad disfrazada de eficiencia. El mismo patrón define a la inteligencia artificial. Construida a partir del conocimiento y la creatividad humanos, se encierra en sistemas que venden el acceso a lo que fue dado libremente. Ambas formas de acumulación—la financiera y la tecnológica—obtienen su poder de los mismos recursos que agotan: el trabajo, la atención y la imaginación humanos.Al pretender impulsar a la sociedad, reproducen la inequidad que convierte la vitalidad en estancamiento—la inversión de lo que el progreso debería ser.
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El discurso febril sobre oportunidades de billones pertenece a un vocabulario antiguo: el lenguaje de la extracción confundido con el de la evolución. La cuestión esencial es si la inteligencia seguirá sirviendo a la riqueza o empezará a servir a la humanidad. La inteligencia artificial ofrece esa elección: repetir la lógica que durante siglos confundió acumulación con progreso, o construir un futuro en que el conocimiento y la prosperidad se compartan. Esa decisión no surgirá por sí sola; depende de lo que las sociedades exijan, de lo que los gobiernos regulen y de los valores que definan el éxito. La ventana para decidir sigue abierta, aunque se estrecha cada vez que el lucro habla más alto que la conciencia.
Las observaciones anteriores se refieren a las consecuencias de la extracción. La lógica institucional que produce estas consecuencias pertenece a un patrón histórico más amplio dentro del desarrollo económico moderno. Ese patrón se examina por separado en La lógica de la extracción.
Esta entrega de « Desenmascarar la desilusión » presenta la primera parte del Capítulo XII, « La cuarta señal ». Abarca las §§ 1–9 bajo el título Autocracia, sentando las bases conceptuales e institucionales necesarias para las secciones siguientes. El capítulo continúa en entregas posteriores, que abordan « Venezuela » (§§ 10-25) y « La asimetría de las sanciones » (§§ 26-34).
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Capítulo XII
La cuarta señal
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Autocracia
1
La justificación para un debate sobre la autocracia y la democracia surgió de ideas que emergieron en los siglos XVII y XVIII, las cuales proporcionaron una visión de los fundamentos de la gobernanza contemporánea. John Locke, en sus Dos tratados sobre el gobierno [1689], sostuvo que la autoridad política legítima se derivaba del consentimiento de los gobernados. El énfasis de Locke en los derechos naturales (vida, libertad y propiedad) y en su concepto de contrato social —según el cual la función principal del gobierno es proteger esos derechos— sentó las bases de la gobernanza democrática moderna. Al defender el Estado de derecho, Locke ofreció un claro contraste con la autocracia. Jean-Jacques Rousseau, en Du contrat social [1762], contribuyó a la teoría democrática con su concepto de voluntad general, en el que sostuvo que la soberanía residía en el pueblo y que los gobiernos debían rendir cuentas ante esa voluntad general. Rousseau analizó la autocracia como una forma de tiranía que vulneraba los principios de la soberanía popular. Así anticipó el paso del gobierno monárquico a la democracia participativa.
2
Montesquieu, en De l’esprit des lois [1748], afirmó que los gobiernos democráticos se basaban en la soberanía popular, mientras que los gobiernos autocráticos se fundaban en el miedo y la obediencia. Introdujo la idea de la separación de poderes, que se convirtió en una arquitectura fundamental de la democracia. Su énfasis en el sistema de pesos y contrapesos contrastaba con los regímenes autocráticos, en los que el poder se concentraba en un solo gobernante o institución. Su obra influyó en diseños constitucionales posteriores, en particular en los Estados Unidos de América y en Francia.
3
El siglo XIX estuvo marcado por revoluciones políticas, el auge del nacionalismo y la expansión de las monarquías constitucionales. Aunque se produjeron desarrollos importantes, como la ampliación del sufragio y la evolución del gobierno representativo, el andamiaje filosófico ya se había establecido en gran medida en el siglo anterior. El siglo XIX se centró más en la aplicación de estos principios que en su desarrollo teórico. Pensadores como Alexis de Tocqueville y Karl Marx aportaron análisis críticos, pero su atención a la práctica (la democracia en América o la lucha de clases en general) se construyó sobre teorías previas más que en una nueva comprensión de la gobernanza.
4
Se ha dicho que, en algunos casos, los déspotas benévolos sirven al bien común, aunque John Stuart Mill, en On Liberty [1859] (capítulo 1, “Introductory”, 4–5), aclaró que ello solo podía considerarse cierto, y de manera limitada, en el contexto de las libertades civiles cuando esa supuesta benevolencia favorecía la democracia participativa:
“By Liberty was meant protection against the tyranny of political rulers. . . . Their power was regarded as necessary but also as highly dangerous. . . . The aim, therefore, of patriots, was to set limits to the power which the ruler should be suffered to exercise over the community; and this limitation was what they meant by liberty.”
Mill sostuvo que, desde la Antigüedad, la libertad cívica se ha defendido para impedir la tiranía de la mayoría o el abuso de poder. Por ello consideró que la autocracia era intrínsecamente defectuosa, al concentrar poder sin responsabilidad.
5
En el siglo XX, Polyarchy [1971], de Robert A. Dahl, introdujo el concepto de poliarquía para describir sistemas de gobierno que, aunque imperfectos, ofrecían mayores niveles de participación ciudadana. Para Dahl, la democracia no consistía únicamente en la existencia de elecciones; también exigía pluralismo que permitiera a la ciudadanía participar. Este rasgo distingue a la democracia del autoritarismo. Su análisis examina el funcionamiento de las democracias e introduce elementos mensurables que diferencian la gobernanza democrática de la autocracia.
6
En el siglo XXI, Juan J. Linz y Larry Diamond han continuado esta línea de pensamiento al explorar las condiciones en las que las democracias fracasan y surgen las autocracias. La obra de Linz, Totalitarian and Authoritarian Regimes [2000], se ha centrado en el colapso de los regímenes democráticos y en el concepto de autoritarismo. Ha explicado que la tensión entre democracia y autoritarismo es fundamental para entender la fragilidad de las democracias y cómo pueden degradarse hasta devenir un régimen autocrático bajo un solo líder. De forma paralela, Larry Diamond, en The Spirit of Democracy: The Struggle to Build Free Societies Throughout the World [2008] y In Search of Democracy [2015], se ha ocupado del retroceso democrático, esto es, del deterioro gradual de democracias que han dado paso a formas de autoritarismo. Tanto Linz como Diamond han subrayado la importancia de las instituciones, de la sociedad civil y del Estado de derecho para la preservación de la democracia.
Los principios constitucionales expuestos en la discusión anterior establecen un marco en el cual la autoridad se distribuye, se limita y se hace responsable. Sin embargo, el funcionamiento de ese marco introduce una cuestión distinta: cómo los sistemas diseñados para limitar el poder se adaptan cuando se enfrentan a condiciones que requieren decisiones inmediatas. La transición del gobierno monárquico al representativo no eliminó la necesidad de decidir. Reubicó esa necesidad dentro de una estructura destinada a contenerla. La tensión entre norma y decisión persiste, por tanto, no como un defecto, sino como una condición inherente al gobierno mismo.
Esta tensión se hace visible en momentos de crisis, cuando el ritmo de los acontecimientos supera la capacidad de los procedimientos. En Venezuela, los estados de excepción y emergencia económica han sido invocados repetidamente en respuesta a la inestabilidad política y económica, otorgando al poder ejecutivo una autoridad ampliada para actuar sin mediación legislativa ordinaria. Estas medidas se han justificado mediante referencias a amenazas externas, desorden interno y la preservación de la estabilidad nacional. En tales circunstancias, la decisión no se sitúa fuera del orden constitucional; opera dentro de él, aunque bajo condiciones alteradas. La excepción comienza como una respuesta a la necesidad.
Lo que comienza como una respuesta a la necesidad puede, mediante su repetición, adquirir un carácter distinto. Las medidas introducidas bajo condiciones de urgencia no siempre desaparecen cuando esas condiciones se estabilizan. En Venezuela, el uso reiterado de leyes habilitantes y decretos de emergencia ha permitido que la gobernanza se ejerza mediante decisiones ejecutivas en ausencia de acuerdos legislativos sostenidos. Con el tiempo, la excepción ha pasado de ser una respuesta temporal a convertirse en un instrumento disponible. El lenguaje de la necesidad se extiende más allá de su ámbito original, y la excepción se convierte en un método de gobierno.
Este desplazamiento no requiere la suspensión formal de la ley. Las instituciones permanecen y los procedimientos continúan. Sin embargo, su función comienza a cambiar. Los órganos administrativos y judiciales participan en esta reorientación, ya que las interpretaciones de la autoridad constitucional permiten la continuidad de medidas excepcionales más allá de su alcance inicial. La ley persiste, pero su aplicación se vuelve cada vez más dependiente de la dirección ejecutiva. Lo que surge no es la desaparición de la legalidad, sino su reconfiguración, en la cual la distinción entre autoridad formal e implementación práctica pierde estabilidad.
La extensión de la excepción como método de gobierno introduce un límite que surge de su propio uso. La distinción entre lo ordinario y lo excepcional es lo que da sentido a la excepción. Cuando el lenguaje de la necesidad se invoca repetidamente en distintos ámbitos, esa distinción comienza a perder claridad. Las medidas que antes se justificaban como respuestas temporales aparecen con mayor frecuencia, y su repetición altera el marco en el cual se comprenden. Lo que se introdujo para enfrentar interrupciones se convierte en práctica habitual. La discrecionalidad se expande, pero sus criterios se vuelven menos discernibles. La excepción se debilita por su extensión, a medida que la condición que debía identificar se vuelve indistinguible de la gobernanza ordinaria.
Este límite interno tiene implicaciones que van más allá del diseño institucional. Cuando la excepción deja de ser temporal, las restricciones que antes regulaban su uso comienzan a debilitarse. Las decisiones justificadas en el lenguaje de la necesidad dejan de remitirse a un marco estable capaz de evaluarlas. En tales condiciones, prácticas introducidas bajo alegatos de urgencia —como la restricción de la sociedad civil, la expansión de medidas de seguridad o la concentración de autoridad administrativa— pueden persistir sin criterios claros de limitación. Lo que sigue no es una transformación inmediata, sino una reorientación gradual en la cual la concentración de la decisión se vuelve más fácil de justificar y más difícil de resistir.
7
Otro pensador, Timothy Snyder, ha enfatizado el papel de la confianza y la transparencia en el funcionamiento de la democracia. En The Road to Unfreedom [2018] y On Tyranny [2017], Snyder ha argumentado que la erosión de la confianza institucional —tanto en el poder judicial como en los medios de comunicación— es una táctica recurrente del autoritarismo. Explica cómo los líderes autocráticos manipulan las instituciones sociales al convertirlas en instrumentos de propaganda con una mera fachada de gobierno.
8
La relación entre un gobernante autocrático y el pueblo puede describirse como transaccional: el autócrata proporciona seguridad y estabilidad a cambio de la lealtad de los ciudadanos y de sus libertades. Los ciudadanos se convierten en instrumentos para el mantenimiento del poder. El líder cultiva una imagen que fomenta la devoción y refuerza la dependencia, a menudo mediante el lenguaje de protección y necesidad nacional. Lo que comienza como una forma de tranquilidad en momentos de incertidumbre reduce gradualmente la rendición de cuentas, en la medida en que la concentración de la decisión se acepta como condición para el orden.
9
Una democracia sigue siendo viable solo cuando el Estado es capaz de limitarse a sí mismo y de no aprovechar su propio poder y privilegio. Esto nos conduce al tema en cuestión, que es el desafío que enfrentan países como Venezuela, donde los líderes políticos han debilitado la autoridad de la ley al eximirse de sus propias restricciones. El marco diseñado para contener el poder no se abandona formalmente. Se reinterpreta gradualmente, hasta que la distinción entre norma y excepción deja de operar como límite y pasa a funcionar como justificación.
Ricardo F. Morín Paisaje II 45,7 x 61 cm Óleo sobre tabla 2000
Ricardo F. Morín
1 de Febrero de 2026
Oakland Park, FL
La palabra activismo funciona hoy en el lenguaje público como un dispositivo de descalificación más que de descripción. Aparece cuando alguien protesta, informa o cuestiona la forma en que se ejerce el poder. La palabra no explica lo ocurrido ni si se siguieron las normas. Asigna sospecha a la persona que habla. Una vez que la palabra entra en una oración, la atención se desplaza de los hechos a las intenciones, y la indagación se detiene antes de poder avanzar.
Este uso lingüístico de activismo depende de presentar el orden existente como algo que no admite cuestionamiento legítimo. Lo que ya existe se describe como normal, legal y necesario. Aquello que lo cuestiona se etiqueta como activismo. La estructura de la frase supone que la autoridad no necesita justificarse, mientras que quienes se ven afectados por ella sí. De este modo, el lenguaje distribuye legitimidad de antemano y protege al poder de la explicación.
Las órdenes ejecutivas recientes en materia migratoria hacen que este mecanismo sea concreto y visible. Políticas que antes se describían como control fronterizo se han extendido profundamente al interior del país. Agentes federales operan ahora en ciudades, pueblos, lugares de trabajo y viviendas privadas lejos de cualquier frontera. Este cambio no es solo geográfico. Modifica quién queda expuesto al poder del Estado y bajo qué supuestos.
La aplicación migratoria en el interior del país trata ahora en la práctica como intercambiables a categorías de personas que son distintas. El objetivo declarado es detener a personas con antecedentes penales y asumir custodia de quienes ya están arrestados. Al mismo tiempo, las operaciones están diseñadas para recoger a cualquiera que esté presente, cercano o vagamente asociado. Personas sin antecedentes penales son detenidas junto a personas acusadas de delitos. Residentes de larga data, personas mayores, trabajadores con familia e incluso ciudadanos quedan atrapados en los mismos operativos. Las distinciones legales permanecen en el papel pero se derrumban en la ejecución.
Esta mezcla operativa se presenta por las autoridades como coherente, pero su coherencia se afirma más de lo que se demuestra. Detener a una persona condenada por un delito violento y arrestar a un vecino sin historial criminal se describen como partes de una misma misión. El lenguaje sugiere unidad y propósito. En la práctica, objetivos distintos se combinan por escala, no por claridad. El resultado es que nadie puede saber dónde termina la aplicación de la ley, y la incertidumbre misma se convierte en la condición dominante.
El perfilamiento aporta el método práctico que permite sostener esta expansión. Lejos de la frontera, los agentes no pueden basarse en cruces o violaciones documentadas. Se apoyan en la apariencia, el acento, la ubicación o la asociación. Las personas son detenidas no por lo que han hecho, sino por lo que se supone que son. La ciudadanía, la residencia y la legalidad dejan de funcionar como protecciones confiables en el momento del encuentro.
La respuesta comunitaria surge cuando estas prácticas se vuelven visibles en la vida cotidiana. En lugares como Montana, los residentes han visto a vecinos sacados de sus hogares en horas tempranas, a personas mayores retiradas casi sin vestir, a niños detenidos junto a adultos y a pueblos alterados por grandes despliegues federales. En otras partes del país, ciudadanos han muerto durante operativos de aplicación migratoria. A medida que estos hechos se repiten, dejan de parecer excepcionales y comienzan a registrarse como condiciones que se espera que la población tolere.
La protesta pública surge de este reconocimiento del daño y no de una actuación ideológica. Las personas se reúnen, hablan y exigen respuestas porque se ha cruzado algo familiar. Su reacción se basa en lo que han visto y vivido. Sin embargo, esta respuesta suele descartarse como activismo, un término que evita examinar la conducta que la provocó y cuestiona en cambio si reaccionar era permitido.
La etiqueta activismo desplaza la responsabilidad de la acción estatal hacia la respuesta cívica. La palabra no pregunta si la aplicación de la ley fue legal, proporcionada o humana. Pregunta si la gente debió haber objetado. De este modo, la conducta de la autoridad queda fuera de escrutinio y la disidencia pasa a ser el objeto del juicio. La rendición de cuentas se invierte.
El mismo recurso lingüístico se aplica al periodismo que documenta estos hechos. Cuando los periodistas registran redadas, publican testimonios o muestran imágenes de arrestos, su trabajo a veces se descarta como periodismo activista. La acusación no es que los hechos sean falsos, sino que fueron reunidos con una intención indebida. La precisión se sustituye por sospecha, y el acto mismo de documentar se trata como una falta.
Este patrón de lenguaje altera gradualmente la forma en que se entiende la democracia. La vida democrática depende de cuestionar a la autoridad, revisar decisiones y objetar cuando se produce daño. Bajo la gramática del activismo, estas acciones se tratan como interrupciones. La aceptación silenciosa es elogiada. El escrutinio se presenta como exceso. La estabilidad se eleva por encima de la justicia.
La consecuencia ética de este desplazamiento es la negación de la agencia cívica ordinaria. Cuando a trabajadores, padres y vecinos se les dice que al hablar se convierten en activistas, dejan de ser tratados como ciudadanos capaces de razonar. Son tratados como obstáculos que deben gestionarse. La autoridad deja de explicarse y pasa a afirmar la continuidad como justificación suficiente.
Una definición cada vez más estrecha de pertenencia nacional avanza junto a este cambio lingüístico. La pertenencia se mide por el silencio. La lealtad se mide por la obediencia. La diferencia se trata como amenaza. La supremacía no entra por una declaración abierta, sino por la repetición, a medida que se pide una y otra vez a las personas que acepten lo que ya no se les permite cuestionar.
Una sociedad plural no puede sostenerse bajo una gramática que trata el cuestionamiento como desviación. Dicha sociedad no depende de un origen compartido, una cultura única o una creencia uniforme. Depende del reconocimiento de que ningún grupo posee en exclusividad el significado de la nación. Cuando el lenguaje se usa para descartar a quienes señalan daños o exigen explicaciones, la democracia no se defiende. Se redefine silenciosamente contra las personas a las que debería servir.
Las reflexiones de los capítulos anteriores conducen finalmente a una indagación más histórica, en la que el siguiente archivo, « Crónicas de Hugo Chávez », se convierte en otra lente desde la cual me acerco a la experiencia venezolana.
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Ricardo F. Morin
25 de Diciembre de 2025
Oakland Park, Fl.
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Capítulo VI
Crónicas de Hugo Chávez
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1
Hugo Chávez, quien encabezó la Revolución Bolivariana, nació el 28 de julio de 1954 en Sabaneta, Venezuela. Murió el 5 de marzo de 2013, a las 4:25 p. m. VET (8:55 p. m. UTC) en Caracas, a los 58 años. Como líder de la revolución, Chávez dejó una huella discernible en la historia política de Venezuela. Reconstruir esta historia es volver sobre un paisaje cuyas consecuencias siguen moldeando la vida venezolana.
En el núcleo del chavismo se encuentra una fusión deliberada de nacionalismo, poder centralizado y participación militar en la política. Esta fusión dio forma a su visión de una nueva Venezuela: ferozmente independiente y orgullosamente socialista.
Hugo Chávez (11 años), sexto grado, 1965 (Foto: Reuters).
2
La infancia de Hugo Chávez transcurrió en un pequeño pueblo de los Llanos, en el estado Barinas, al noroeste del país. Esta región posee una historia de cacicazgos indígenas (es decir, “jefaturas”, “dominios” o “formas de gobierno”) que se remonta a tiempos precolombinos. [1] Chávez fue el segundo de seis hermanos y sus padres tuvieron dificultades para mantener a la familia numerosa. Como consecuencia, él y su hermano mayor, Adán, fueron enviados a vivir con su abuela paterna, Rosa Inés, en la ciudad de Barinas. Tras la muerte de ella, Chávez honró su memoria con un poema que concluye con una estrofa que revela la profundidad de ese vínculo:
Entonces, / abrirías tus brazos / y me abrazarías / cual tiempo de infante / y me arrullarías / con tu tierno canto / y me llevarías / por otros lugares / a lanzar un grito / que nunca se apague. [2]
3
En su segundo año de bachillerato, Chávez conoció a dos maestros influyentes, José Esteban Ruiz Guevara y Douglas Ignacio Bravo Mora, quienes le ofrecieron orientación más allá del currículo regular. [3][4] Lo introdujeron al marxismo-leninismo como marco teórico y despertaron su fascinación por la Revolución Cubana y sus principios, un punto de inflexión más visible en retrospectiva de lo que pudo serlo en aquel momento.
4
A los 17 años, Chávez ingresó en la Academia Militar de Venezuela, en Fuerte Tiuna (Caracas), con la esperanza de compaginar la formación castrense con su pasión por el béisbol. Soñaba con convertirse en un pitcher zurdo, pero sus habilidades no estuvieron a la altura de esa ambición. A pesar de su inicial falta de interés por la vida militar, persistió en su entrenamiento y se graduó de la academia en 1975, ubicado cerca del final de su promoción.
5
La carrera militar de Chávez comenzó como subteniente, con la tarea de capturar guerrilleros de izquierda. Mientras los perseguía, empezó a identificarse con su causa y llegó a creer que luchaban por una vida mejor. Para 1977, estaba dispuesto a abandonar su carrera militar y unirse a la guerrilla. En busca de orientación, recurrió a su hermano Adán, quien lo convenció de permanecer en las fuerzas armadas insistiendo: « Te necesitamos allí ». [5] Chávez experimentó entonces un renovado sentido de propósito y entendió su misión como un llamado. En 1982, junto con sus compañeros militares más cercanos, formó el Movimiento Bolivariano Revolucionario-200 (MBR-200): su objetivo era difundir su interpretación del marxismo dentro de las fuerzas armadas y, en última instancia, preparar un golpe de Estado. [6]
6
El 4 de febrero de 1992, el teniente Chávez y sus aliados militares iniciaron una revuelta contra el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez. Sin embargo, la rebelión fue rápidamente sofocada. Rodeado y superado en número, Chávez se rindió en el Cuartel de la Montaña —actual museo de historia militar en Caracas, cercano al palacio presidencial— bajo la condición de que se le permitiera dirigirse a sus compañeros por televisión. Los instó a deponer las armas y evitar más derramamiento de sangre. Proclamó: « Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados… ». [7] La transmisión marcó el inicio de su proyección política. Sus palabras resonaron en todo el país y sembraron las bases de su futuro político.
Chávez anuncia su arresto en cadena nacional e insta a los insurgentes a rendirse.
7
En 1994, el recién electo presidente Rafael Caldera Rodríguez lo indultó. [8] Con esta segunda oportunidad, Chávez fundó el Movimiento V República (MVR) en 1997 y agrupó a socialistas afines en torno a su causa. [9] Mediante una campaña centrada en apelaciones populistas, obtuvo una victoria electoral a los 44 años.
8
En su primer año como presidente, Chávez disfrutó de una aprobación del 80%. Sus políticas buscaban erradicar la corrupción, ampliar los programas sociales para los pobres y redistribuir la riqueza nacional. Jorge Olavarría de Tezanos Pinto, inicialmente un simpatizante, se convirtió hacia el final de las elecciones en una de las voces opositoras más destacadas. Acusó a Chávez de socavar la democracia venezolana mediante el nombramiento de oficiales militares en cargos gubernamentales. [10] Al mismo tiempo, Chávez elaboraba un nuevo texto constitucional que le permitiría colocar militares en poderes públicos.
La nueva Constitución, ratificada el 15 de diciembre de 1999, abrió paso a las « megaelecciones » del año 2000, en las cuales Chávez aseguró un mandato de seis años. Aunque su partido no obtuvo control absoluto de la Asamblea Nacional, gobernó mediante Leyes Habilitantes, que permitían legislar por decreto. [11][12]
Mientras Chávez impulsaba reformas para reorganizar las instituciones del Estado, no se cumplieron los requisitos constitucionales. La designación de los magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ) se llevó a cabo sin rigor, lo que generó inquietudes sobre su legitimidad y competencia. Cecilia Sosa Gómez, la presidenta saliente de la CSJ, declaró que el Estado de derecho había sido « sepultado » y que la Corte se había « autodisuelto ». [13][14]
9
Aunque algunos venezolanos vieron en Chávez una alternativa fresca al inestable sistema democrático, dominado por tres partidos desde 1958, otros sectores expresaron preocupación a medida que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) consolidaba el poder y se convertía en el único partido gobernante. [15] Los poderes Legislativo y Ejecutivo se centralizaron cada vez más, y las garantías judiciales de los derechos ciudadanos se debilitaron.
Los estrechos vínculos de Chávez con Fidel Castro y su deseo de modelar a Venezuela según el sistema cubano —bautizado popularmente como «VeneCuba»— encendieron nuevas alarmas. [16]Además, silenció emisoras de radio independientes y antagonizó a Estados Unidos y otras naciones occidentales, mientras fortalecía sus relaciones con Irak, Irán y Libia.
A comienzos de 2002, su aprobación había caído al 30%, y las marchas anti-Chávez se hicieron frecuentes.
10
El 11 de abril de 2002, una manifestación masiva de más de un millón de personas marchó hacia el palacio presidencial exigiendo la renuncia del presidente Chávez. La protesta se volvió violenta cuando agentes de la Guardia Nacional y paramilitares encapuchados abrieron fuego contra la multitud. [17]
El trágico suceso —la Masacre de Puente Llaguno— provocó una rebelión militar que llevó al arresto de Chávez y a la conformación de un gobierno de transición encabezado por Pedro Francisco Carmona Estanga. [18]
Sin embargo, la gestión de Carmona fue efímera: suspendió la Constitución, disolvió la Asamblea Nacional y la Corte Suprema, y destituyó a diversos funcionarios. En un plazo de cuarenta y ocho horas, las Fuerzas Armadas retiraron su respaldo a Carmona.
El vicepresidente, Diosdado Cabello Rondón, fue reintegrado como presidente y restituyó a Chávez en el poder. [19]
11
El fallido golpe de Estado fortaleció a Chávez, quien purgó su círculo interno e intensificó su confrontación con la oposición. En diciembre de 2002, la oposición organizó un paro nacional destinado a forzar su renuncia. El paro afectó a la empresa estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), que generaba aproximadamente el 80% de los ingresos por exportaciones del país. [20]
Chávez respondió despidiendo a sus 38.000 empleados y reemplazándolos con leales a su causa. Para febrero de 2003, el paro se había desvanecido y Chávez recuperó el control total de los ingresos petroleros.
12
Entre 2003 y 2004, la oposición impulsó un referendo para revocar el mandato de Chávez, pero el aumento de los ingresos petroleros —que financiaban programas sociales populares— reforzó su apoyo. [21]
A finales de 2004, su popularidad había repuntado y el referendo fue derrotado contundentemente. En diciembre de 2005, la oposición boicoteó las elecciones legislativas y protestó contra el Consejo Nacional Electoral (CNE). [22]
Para entonces, el control legislativo recaía casi por completo en la coalición de Chávez. [23] Lo que siguió no representó una desviación de esta trayectoria, sino su prolongación mediante políticas formales.
13
En diciembre de 2006, Chávez consiguió un tercer mandato presidencial, una victoria que amplió el alcance de la iniciativa ejecutiva. Nacionalizó industrias clave —oro, electricidad, telecomunicaciones, gas, acero, minería, agricultura y banca— junto con numerosos sectores menores. [24][25][26][27][28][29]
Presentó un paquete de reformas constitucionales destinadas a ampliar los poderes del Ejecutivo y su control sobre el Banco Central de Venezuela (BCV). En una medida controvertida, modificó unilateralmente los derechos de propiedad y permitió que el Estado confiscara bienes privados sin supervisión judicial. Incluso propuso convertirse en presidente vitalicio.
Sin embargo, en diciembre de 2007, la Asamblea Nacional rechazó por escaso margen sus amplias reformas.
14
En febrero de 2009, Chávez volvió a presentar sus propuestas controvertidas, esta vez con éxito. Inspirándose en la asesoría cubana, intensificó la represión del disenso. [30]
Ordenó la detención de opositores electos y cerró todas las estaciones privadas de televisión.
15
En junio de 2011, Chávez anunció que se sometería a una cirugía en Cuba para extirpar un tumor. La noticia generó confusión y preocupación en el país. [31] A medida que su salud se deterioraba, los votantes comenzaron a cuestionar su capacidad para gobernar.
Aun así, en 2012, desafiando su frágil estado, Chávez hizo campaña contra Henrique Capriles y obtuvo una victoria presidencial sorpresiva. [32]
16
Chávez durante la campaña electoral, febrero de 2012.
En diciembre de 2012, Chávez se sometió a su cuarta operación en Cuba. Antes de partir de Venezuela, anunció su plan de transición y designó al vicepresidente Nicolás Maduro como su sucesor, acompañado de una poderosa troika encabezada por Diosdado Cabello (jefe militar) y Rafael Darío Ramírez Carreño (administrador de PDVSA). [33][34][35]
Tras la cirugía, Chávez fue trasladado el 11 de diciembre al Hospital Militar Universitario Dr. Carlos Arvelo —adscrito a la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV)— en Caracas, donde permaneció incomunicado, alimentando aún más las especulaciones.
Algunos funcionarios desestimaron los rumores de asesinato, mientras que otros, incluida la exfiscal general Luisa Ortega Díaz, afirmaron que Chávez había muerto el 28 de diciembre. [36]
El gabinete de Maduro negó vehementemente tales acusaciones e insistió en que no se había cometido ningún crimen. En medio de la incertidumbre, Maduro solicitó a la Asamblea Nacional posponer indefinidamente la juramentación presidencial, lo que agravó la crisis política.
17
La Asamblea Nacional accedió a la solicitud de Maduro y votó a favor del aplazamiento de la juramentación.
Chávez falleció el 5 de marzo. Su cuerpo fue embalsamado en tres etapas distintas sin que se realizara una autopsia, lo que alimentó nuevas sospechas y teorías conspirativas.
Treinta días después, Maduro asumió la presidencia en un contexto de persistente incertidumbre política. [37]
Notas Finales—Capítulo VI
§ 2
[1] Charles S. Spencer y Elsa M. Redmond, Prehispanic Causeways and Regional Politics in the Llanos of Barinas, Venezuela (Cambridge: Cambridge University Press, 2017). Resumen: «… relacionados con la dinámica política de la organización cacical durante la fase Gaván Tardía». Publicado en Latin American Antiquity, vol. 9, n.º 2 (junio de 1998): 95-110. https://doi.org/10.2307/971989
[4] L’Atelier des Archive, « Interview du révolutionnaire: Douglas Bravo au Venezuela [circa 1960] » (transcripción: «… conceptos injuriosos en contra de la revolución cubana…» [min. 1:11-14]), YouTube, 14 de octubre de 2016. https://www.youtube.com/watch?v=1cx2D5VM8VM
§ 5
[5] “Hugo Chavez Interview,” YouTube. Extracto de transcripción y marca de tiempo no disponibles. Cita original en español « … si no, quizá me voy del Ejército, no, no puedes irte, me dijo Adán, no, te necesitamos allí, ¿pero quién me necesita? ». Consultado el 12 de octubre de 2023.
[9] Gustavo Coronel, « Corruption, Mismanagement, and Abuse of Power in Hugo Chávez’s Venezuela », Center for Global Liberty & Prosperity: Development Policy Analysis, n.º 2 (CATO Institute, 27 de noviembre de 2006). https://www.issuelab.org/resources/2539/2539.pdf
[11] Mario J. García-Serra, «The ‘Enabling Law’: The Demise of the Separation of Powers in Hugo Chavez’s Venezuela», University of Miami Inter-American Law Review, vol. 32, n.º 2 (primavera-verano 2001): 265-293. https://www.jstor.org/stable/40176554
[26] James Suggett, « Venezuela Nationalizes Gas Plant and Steel Companies, Pledges Worker Control », Venezuelanalysis, 23 de mayo de 2009. https://venezuelanalysis.com/news/4464/
[37] « Cuerpo de Chávez fue tratado tres veces para ser conservado: … intervenido con inyecciones de formol para que pudiera ser velado », El Nacional de Venezuela – Gda, 27 de enero de 2024, 05:50; actualizado el 22 de marzo de 2013, 20:51. https://www.eltiempo.com/amp/archivo/documento/CMS-12708339
En el paisaje posverdad de los medios latinoamericanos, donde la indignación se ha convertido en moneda corriente, pocas figuras ilustran con tanta nitidez la fusión entre ideología y mercadotecnia como Inna Afinogenova. Se ha convertido en la voz más reconocible de la sospecha autoritaria en el ámbito hispanohablante. Desde plataformas como Canal Red Latinoamérica, su discurso forma parte de una vasta red de desinformación que se expande por la región, envuelta en la retórica del pensamiento crítico y de la emancipación popular. Estas redes —que abarcan Moscú, Teherán, Pekín y varios gobiernos latinoamericanos— siguen un mismo guion: desmantelar la confianza en la democracia liberal, debilitar las instituciones y convertir la duda permanente en un sustituto de la conciencia. En nombre de la soberanía informativa, sustituyen el debate por el descrédito, el análisis por la sospecha y la verdad por el relato. Su poder no reside tanto en la falsedad flagrante como en la manipulación emocional que convierte la confusión en convicción. En este contexto, Afinogenova no se presenta como una comentarista aislada, sino como el emblema de un aparato de propaganda sofisticado, que disfraza la obediencia a las autocracias del siglo XXI bajo el atuendo de la disidencia.
Inna Afinogenova, nacida en Daguestán en 1989, es una periodista rusa que trabajó como subdirectora de RT en Español hasta mayo de 2022. Renunció alegando su desacuerdo con la guerra en Ucrania y con la imposición de una narrativa bélica de Estado. Desde entonces ha colaborado con medios de análisis geopolítico y latinoamericano como LaBase, producido por el diario español Público, y participa en Canal Red, un proyecto audiovisual dirigido por Pablo Iglesias (exvicepresidente del Gobierno de España y fundador del partido de izquierda Podemos, actualmente activo en medios políticos). Allí dirige y conduce programas como CaféInna y participa en análisis centrados en América Latina. Su audiencia es amplia y su presencia en las plataformas digitales considerable, lo que la convierte en una figura influyente en los debates políticos e informativos del mundo hispano.
Su trayectoria, sin embargo, no ha estado exenta de controversia. Durante su etapa en RT en Español, fue uno de los rostros más visibles del canal en América Latina, amplificando narrativas que presentaban a las potencias occidentales como intrínsecamente engañosas y depredadoras. Una columna de opinión en The Washington Post la describió como “la voz española de la propaganda rusa”, aludiendo a su defensa reiterada de posturas favorables al Kremlin. En diciembre de 2021, dos meses antes de la invasión de Ucrania, utilizó su programa Ahí les va para burlarse de las advertencias de los servicios de inteligencia occidentales sobre un ataque inminente, prediciendo que “llegará enero, luego febrero, y no habrá invasión”, insinuando que la histeria mediática respondía a los intereses de la OTAN. Episodios como éste, aunque superados por los hechos, ejemplifican su método retórico: convertir el escepticismo en incredulidad y la incredulidad en persuasión.
Tras su salida de RT, Afinogenova ha seguido operando en círculos mediáticos ideológicamente afines a la izquierda latinoamericana, reforzando un discurso que equipara la prensa occidental con la manipulación y el imperialismo. Medios como Expediente Público han señalado su papel en la configuración de narrativas dentro de campañas partidistas, a menudo reflejando líneas de comunicación promovidas por Estados o intereses geopolíticos de Rusia, China o Irán. A través de Canal Red y Diario Red, ambos asociados a Pablo Iglesias, participa en ecosistemas mediáticos que con frecuencia reciclan contenidos de emisoras internacionales como CGTN. En países como Honduras, se le ha acusado de contribuir a estrategias comunicativas que favorecen a candidatos de izquierda bajo la apariencia de una “comunicación soberana”. Aunque no existe evidencia de una cadena de mando directa que la vincule con un régimen específico, el patrón de coherencia temática revela una alineación ideológica más que un ejercicio de periodismo independiente.
Esa alineación ha suscitado un renovado debate desde la publicación de su reciente vídeo “¿Premio Nobel de la Paz… o de la Guerra?”, donde presenta el galardón concedido a María Corina Machado como una maniobra de diseño geopolítico más que como un reconocimiento moral. El vídeo no examina tanto los hechos como las intenciones, sugiriendo que el premio responde a los intereses de Occidente más que a la valentía cívica. El argumento, aunque retóricamente eficaz, confunde correlación con causalidad. Es posible reconocer las imperfecciones de las instituciones internacionales sin negar el peso ético del valor público. El Premio Nobel, como toda institución humana, refleja juicios; pero en este caso distingue una vida de riesgo asumido sin armas, sin privilegios y sin acceso al poder coercitivo del Estado.
Cuestionar los motivos es legítimo; insinuar conspiraciones sin pruebas, no. Toda voz crítica conlleva responsabilidad, porque la verdad exige proporción, no proyección. La lucha de María Corina Machado no puede reducirse a la retórica de la “intervención occidental” ni descartarse como “disidencia fabricada”. Pertenece a la conciencia de un pueblo que busca su autodeterminación por vías legítimas tras décadas de despojo. Respetar la pluralidad significa conceder a los demás la misma buena fe intelectual que uno exige para sí. El debate ennoblece la democracia sólo cuando se sostiene en hechos verificables y en claridad moral, no cuando convierte la sospecha en argumento. Entre el escepticismo necesario y la sospecha sistemática existe una frontera moral: cruzarla es pasar de pensar libremente a servir sin saberlo.
Hay vidas que parecen recapitular el destino de una nación, como si la historia, en busca de renovación, reuniera sus promesas dispersas en una sola forma mortal. María Corina Machado pertenece a ese raro orden de seres en quienes la sangre, la memoria y la convicción convergen —no como privilegio, sino como carga. No nació simplemente dentro del linaje republicano de Venezuela; fue convocada por él. El llamado que resonó por primera vez en los salones asamblearios de Caracas en 1811 —cuando se proclamó su independencia y se concibió su primera constitución republicana— sigue vibrando bajo su nombre.
Su ascendencia se remonta al primer pulso de la República. Desde los Rodríguez del Toros, que plasmaron sus firmas bajo el Acta de Independencia, hasta los ingenieros Zuloaga que electrificaron a la nación, su genealogía está tejida en las arterias cívicas de Venezuela. Es una estirpe que eligió el servicio sobre el título, la innovación sobre la indulgencia y la fidelidad a la ley sobre la comodidad del silencio. En esa tradición, la libertad no es una abstracción: es herencia, obligación y vocación. Es el hilo que une a un pueblo con su conciencia.
Cuando las instituciones que antaño definieron a Venezuela empezaron a desmoronarse, cuando la legalidad se convirtió en teatro y las palabras perdieron su peso, Machado dio un paso al vacío con la gravedad de quien sabe que el retroceso es imposible. Su desafío no fue teatral: fue ancestral. Cada gesto, cada negativa a someterse, llevaba la silenciosa autoridad de la historia consumada. Hablaba como quien comprende que preservar la dignidad en tiempos de humillación es la forma más pura de resistencia. Hay, en su modo de ser, esa rara síntesis de lucidez y firmeza que define la personalidad moral de una nación en su mejor expresión: lúcida, incorruptible y humana.
Hoy, sin embargo, su adversario no es uno solo, sino muchos. Ante ella se alza no sólo un narcoestado que ha vaciado de soberanía a Venezuela, sino también una oposición fracturada —un archipiélago de partidos y figuras unidos menos por principios que por conveniencia. Faccionados, transitorios y transaccionales, han convertido la pluralidad en pretexto y el compromiso en comercio. Muchos han aprendido a vivir del mismo régimen que denuncian. Negocian libertades para sí mismos, incluso mientras el país se hunde cada vez más en la cautividad. Frente a esa duplicidad, la presencia de Machado se ha vuelto un juicio moral: su claridad desnuda la corrupción de los otros; su constancia, su oportunismo.
En torno a este desorden interno, el mundo gira con apetito vigilante. Las vastas riquezas naturales de Venezuela —su petróleo, su gas, su oro y sus minerales raros— se han convertido en el botín de redes criminales y de inversores multinacionales por igual. Rusia, China, Irán y los Estados Unidos, cada uno envuelto en retórica de salvación, compiten no por liberar al país sino por asegurarse una parte de su agotamiento. Detrás de las máscaras diplomáticas de la ayuda se oculta el mismo cálculo: que el caos puede ser rentable, que una nación debilitada por el hambre y el miedo puede ser manejada con mayor facilidad que una restaurada a su soberanía. Ésa, desde hace veinticinco años, ha sido la condición de Venezuela: un campo de extracción material, moral y humana; su pueblo disperso, sus instituciones despojadas, su memoria empeñada al mejor postor.
En tal paisaje, María Corina Machado se erige a la vez como testigo y contrapunto. Su lucha nunca ha sido por el poder, sino por la coherencia —por la recuperación de un lenguaje cívico capaz de nombrar lo que se ha perdido. Hablar de ley, verdad y justicia en medio de la corrupción generalizada equivale a resucitar el sentido mismo de las palabras. Su voz se ha vuelto el hilo que reúne la conciencia dispersa de la nación, recordando a los venezolanos que la dignidad no se negocia, y que ningún salvador extranjero restaurará lo que sólo los ciudadanos pueden redimir.
Verla caminar por las calles, recibida no por el lujo sino por la fe, es contemplar a un país que empieza a recordarse a sí mismo. Se ha convertido, lo quiera o no, en el espejo a través del cual los venezolanos redescubren su propia arquitectura moral: la decencia, el valor, la compasión y un anhelo inextinguible por la verdad. En su perseverancia, el diálogo interrumpido entre el pueblo y la República vuelve a escucharse.
El Premio Nobel de la Paz, otorgado a su nombre, no es una coronación, sino un reconocimiento —la constatación de que su lucha trasciende el momento y se convierte en emblema del espíritu humano que se niega a rendirse ante la desesperanza. Al concedérselo, el mundo afirma que el sueño republicano de Venezuela —nacido en el fuego y preservado en la conciencia— sigue respirando en una de sus hijas. Es el sueño de una nación que cree que la paz sólo puede edificarse no sobre la sumisión, sino sobre la claridad moral; no sobre el silencio, sino sobre la voz inquebrantable del ciudadano.
Lo que María Corina Machado representa es más que la oposición a la tiranía. Es la encarnación de la continuidad —la idea de que una República, como un alma, sobrevive mientras exista alguien dispuesto a soportar su peso con dignidad. Su ascenso no es accidental: es el retorno de una promesa antigua. En su serenidad, Venezuela vuelve a reconocerse: herida pero intacta, luminosa en su desafío, fiel al destino inscrito en su primer acto de libertad.
Aunque la concesión del Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado alegra y honra a quienes aún creen en la posibilidad de una Venezuela democrática, también revela una realidad mucho más compleja, que merece reflexión.
La prensa internacional aún no logra comprender la ilusión que rodea la supuesta liberación de Venezuela del narcoestado. Los venezolanos continúan esperando indefinidamente, sostenidos por una falsa esperanza. Bajo esa esperanza se oculta una atadura más profunda: el territorio del país está sometido a intereses multinacionales (chinos, rusos, estadounidenses y otros) impulsados no por ideología, sino por la competencia entre inversionistas y redes criminales. Para todos ellos, un conflicto prolongado en Venezuela resulta conveniente; se convierte en un puente hacia una metamorfosis regional, justificada por la expropiación de los recursos naturales del país y destinada a consolidar un dominio hemisférico. La tragedia venezolana no es, por tanto, solo política sino también estructural: un experimento en el que la soberanía se trueca por acceso, y la resistencia misma se transforma en una forma de cautiverio.
La prolongada crisis venezolana revela el dilema moral en la política contemporánea: cómo el sufrimiento puede ser al mismo tiempo explotado y perpetuado cuando la comprensión cede ante la ilusión. El sueño de la liberación se ha convertido en uno de las fantasías más persistentes de la nación. Detrás del lenguaje de la emancipación se oculta una convergencia silenciosa de intereses globales —cada uno sosteniendo el conflicto que dice combatir—, pues el desorden legitima la intervención y el caos ofrece el pretexto para la extracción. En este sentido, Venezuela no es solo un país en desgracia, sino también el escenario donde la gramática de la dominación continúa representándose bajo el vocabulario de la redención.
El desafío ya no es imaginar la libertad como un rescate externo, sino comprender cómo la dependencia se disfraza de salvación. Sólo la comprensión (el acto de ver más allá del agravio y del consuelo) puede perforar el velo de la liberación y devolverle el significado a la idea misma de libertad.
La continuidad como condición habilitante del cambio
Ricardo F. Morín El mito de la ruptura Acuarela, creyón de óleo, pluma sharpie negro y gesso sobre papel 10”x12” 2003
Ricardo Morin — 30 de septiembre de 2025; Bala Cynwyd, Pensilvania
Nada humano comienza desde la nada. Las instituciones, las lenguas, los sistemas de creencias y las obras de arte surgen siempre de aquello que las precede. Crear no significa rechazar la herencia, sino transformarla. Todo acto de creación se nutre de una percepción, una memoria y una experiencia acumuladas. Esta idea resulta crucial para comprender la cultura contemporánea, en la que las proclamaciones de un cambio sin precedentes suelen ocultar profundas continuidades bajo la superficie de la novedad. Los seres humanos, sujetos a la temporalidad, no pueden desprenderse de lo que ha sido; sólo pueden reorganizar y reinterpretar los materiales que ya tienen a su alcance.
La noción de invención suele describirse como una ruptura con el pasado, un salto hacia lo desconocido. Sin embargo, incluso las transformaciones más radicales están modeladas por lo que vino antes. Los ideales de la democracia moderna, por ejemplo, no surgieron espontáneamente. Se construyeron sobre ideas clásicas griegas de ciudadanía entendida como responsabilidad cívica compartida, arraigada en la isonomia —la igualdad ante la ley— y en la convicción de que la autoridad legítima emana de la deliberación y participación de los ciudadanos libres. También se inspiraron profundamente en concepciones romanas del derecho como un orden universal y racional capaz de unir a diversos pueblos en un marco político común, así como en el principio de res publica, que concebía al Estado como una entidad pública orientada al bien común y no a la voluntad de un solo gobernante. Estas ideas fundacionales, adaptadas y reinterpretadas a lo largo de los siglos, proporcionaron la arquitectura intelectual sobre la cual se erigieron las instituciones democráticas modernas. La percepción enmarca la invención: proporciona el vocabulario, los supuestos y las herramientas conceptuales que hacen posible las nuevas ideas. Aquello que parece completamente nuevo aún lleva la huella de aquello que trató de superar. Un examen más detallado revela que los productos de la creatividad no son actos aislados de originalidad, sino reconfiguraciones de estructuras preexistentes. La evolución, más que la aparición espontánea, gobierna la manera en que las ideas, las instituciones y las culturas toman forma.
La memoria sustenta este proceso. No es un registro pasivo de acontecimientos, sino un medio activo a través del cual se conciben posibilidades y las acciones adquieren sentido. La imaginación obtiene su material de la memoria: lo combina y lo reorienta hacia condiciones aún no realizadas. Esto se manifiesta de forma particularmente clara en la idea de libertad, un concepto que resiste definiciones simples pero que desde la antigüedad ha tenido dos significados complementarios. El primero, articulado con mayor claridad en la tradición clásica griega, concibe la libertad como eleutheria: la condición de vivir sin dominación ni restricción externa, un estado en el que los individuos no están sujetos a un poder arbitrario. El segundo, enraizado en la tradición jurídica y cívica romana, entiende la libertad como libertas (del Latín): la capacidad de participar activamente en el gobierno de la comunidad política y de dar forma a sus leyes e instituciones. Ambos significados revelan hasta qué punto la libertad depende de precedentes históricos: requiere un lenguaje que articule sus demandas, instituciones que garanticen su ejercicio y una memoria colectiva que enmarque su significado. Lejos de existir al margen de lo que ha sido, la libertad está modelada y posibilitada por lo que ya ha sido concebido, debatido y puesto en práctica. La experiencia previa proporciona las referencias y alternativas frente a las cuales las decisiones adquieren significado. Sin ese reservorio de conocimiento, la novedad carecería de coherencia y dirección, y el ejercicio de la libertad se reduciría a un impulso arbitrario. Los seres humanos no inventan en el vacío: trabajan dentro de la continuidad del tiempo y adaptan lo vivido y aprendido en formas adecuadas a lo que está por venir.
Esta misma dinámica define la formación de la identidad. El yo no es un acto aislado de invención, sino una negociación continua con lo que se ha recibido. La propia idea del yo ha evolucionado a lo largo de la historia: en la filosofía clásica, a menudo se concebía como psyche, una esencia interior modelada por la razón y la virtud, inserta en un orden cósmico mayor. El pensamiento cristiano reinterpretó esta concepción mediante la noción del alma como portadora única de responsabilidad moral, orientada a la salvación y definida por su relación con Dios. Posteriormente, pensadores de la temprana modernidad, como John Locke, transformaron esta herencia al fundamentar la identidad personal en la memoria y la conciencia —una concepción que influiría en las ideas modernas de autonomía individual. Incluso el impulso por definirse en oposición al pasado depende de categorías heredadas de él. La identidad, por tanto, no es estática ni completamente autogenerada; es un proceso de reinterpretación mediante el cual el individuo sitúa lo dado en relación con lo elegido. Los seres humanos existen en la tensión entre herencia y aspiración, entre el peso de la memoria y el deseo de renovación. Esa tensión no es un obstáculo para la autenticidad, sino su condición, pues sin el marco que proporciona el pasado no habría nada de lo que apartarse. Continuidad y cambio no son fuerzas opuestas. Sin continuidad, no hay base sobre la cual llegar a ser. Sin cambio, la continuidad se endurece en mera repetición. El acto de convertirse depende de la dinámica entre ambas.
Desde esta perspectiva, la condición humana se define menos por la invención pura que por la capacidad de transformar. Lo que se denomina “nuevo” es lo familiar reorganizado con nuevas intenciones, lo establecido redirigido hacia nuevos fines. Reconocer esto no disminuye la creatividad: aclara su naturaleza. Los logros más significativos de la humanidad —en la política, el arte, la ciencia y el pensamiento— no son fugas del pasado. Son reinterpretaciones deliberadas de lo que ha sido, moldeadas para responder a nuevas preguntas y enfrentar nuevas circunstancias. En la ciencia, los cambios de paradigma, a menudo descritos como revoluciones, siguen este patrón. La teoría de la relatividad de Einstein no eliminó la mecánica newtoniana; incorporó y amplió sus principios; una revisión que reveló sus límites al tiempo que preservó su utilidad dentro de una comprensión más amplia del espacio, el tiempo y el movimiento. Este mismo principio rige la innovación artística. El renacimiento de las formas clásicas durante el Renacimiento no se limitó a reproducir la Antigüedad; reinterpretó sus lenguajes visuales antiguos para expresar las preocupaciones espirituales y humanistas de una nueva era. La evolución de la comunicación digital y de la inteligencia artificial refleja una continuidad comparable. Internet no sustituyó la interacción humana; amplió su alcance y escala, una transformación que cambió la forma en que el lenguaje circula, la manera en que se archiva la memoria y el modo en que se forma el conocimiento colectivo. Del mismo modo, la inteligencia artificial —a menudo presentada como autónoma o sin precedentes— se basa en siglos de desarrollos lingüísticos, matemáticos y conceptuales. Estos sistemas amplían, más que reemplazan, la herencia cognitiva de la que provienen. El futuro se construye así: no en el rechazo del pasado, sino en su interacción continua con él.
La resistencia a esta comprensión persiste allí donde se niega la idea de evolución. Tal resistencia rara vez es sólo una cuestión de evidencia. Refleja un deseo de permanencia —de un origen intocado por el cambio y de una verdad que se mantenga al margen del tiempo. Ofrece certeza donde el proceso no la permite y promete estabilidad en lugar de adaptación. Sin embargo, incluso esta resistencia está moldeada por las fuerzas que pretende eludir. Las lenguas evolucionan, las creencias se ajustan y las tradiciones se adaptan, incluso cuando proclaman su inmutabilidad. Quienes defienden lo inmutable lo hacen con conceptos y argumentos que ellos mismos han sido formados por el cambio histórico. Las doctrinas que reclaman autoridad intemporal —como la concepción medieval de la soberanía divina, utilizada en su momento para legitimar las monarquías y luego transformada en el principio de soberanía popular en los sistemas constitucionales modernos— revelan esta dependencia: persisten no permaneciendo inalteradas, sino siendo reinterpretadas continuamente para responder a nuevos contextos. El contraste, por tanto, no es entre evolución y su ausencia, sino entre reconocimiento y negación. La realidad permanece: la existencia se despliega a través de la transformación, y la humanidad, consciente o no, participa en ese despliegue —una verdad con profundas implicaciones para la manera en que las sociedades recuerdan su pasado, configuran su presente e imaginan su futuro.
Lecturas recomendadas:
• Arendt, Hannah: Entre el pasado y el futuro: ocho ejercicios sobre el pensamiento político. Nueva York: Viking Press, 1961.
• Kuhn, Thomas S.: La estructura de las revoluciones científicas. Chicago: University of Chicago Press, 1962.
• MacIntyre, Alasdair: Tras la virtud: un estudio sobre la teoría moral. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 1981.
• Floridi, Luciano: La filosofía de la información. Oxford: Oxford University Press, 2011.
• Koselleck, Reinhart: Futuros pasados: sobre la semántica del tiempo histórico. Trad. Keith Tribe. Nueva York: Columbia University Press, 2004.
Ricardo Morin « La Constitución en nosotros » CGI 2025
Política (del griego politikós, “de, por o relativo a los ciudadanos”) es la práctica y teoría de la influencia de las personas en el ámbito cívico o individual.
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Por Ricardo Motin
10 de Agosto de 2025; Toronto, Canada
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Desde sus primeras formulaciones, los marcos constitucionales han sido algo más que pactos jurídicos; han encarnado declaraciones de filosofía política, definiendo cómo debe organizarse el poder, cómo ha de ser contenido y ante quién debe rendir cuentas. La gobernanza contemporánea prolonga, en gran medida, aquellos experimentos, moldeados por siglos de ensayo y adaptación. Sin embargo, esas formas pueden mantenerse en apariencia mientras se vacían de contenido. En no pocos Estados actuales, las constituciones proclaman la libertad al tiempo que la acotan, definen derechos de manera excluyente y preservan los intereses de una élite gobernante. El partidismo explota las limitaciones y vulnerabilidades ajenas como justificación para la exclusión; la autocomplacencia moral se convierte en herramienta de dominación, acallando la oposición y reprimiendo la disidencia. El valor de un marco constitucional, por tanto, no se mide sólo por su letra, sino también por la integridad ética de quienes lo sostienen. Sin ética, la política pierde su sentido; sin virtud cívica, la ley deja de servir a la paz y se convierte en un instrumento de dominio.
La separación de poderes, defendida con vigor por Montesquieu, se sustenta en la convicción de que la libertad sobrevive cuando el poder está obligado a contener al poder. Este principio se desvirtúa cuando las instituciones, aun conservando su fachada, se subordinan a intereses partidistas o personales. En los últimos años, diversos Estados han preservado formalmente un poder judicial independiente mientras lo sometían en la práctica a procesos de designación controlados por el Ejecutivo o el partido gobernante. Este vaciamiento no es sólo una falla técnica; refleja una cultura política en la que la ambición, el miedo o la indiferencia de los ciudadanos permiten la evasión de los mecanismos destinados a protegerlos, desvinculando la solidez institucional y la responsabilidad cívica.
Las constituciones históricas siguen influyendo en la manera en que las comunidades políticas imaginan la autoridad. Legan principios que, en su mejor versión, ofrecen marcos adaptables para afrontar nuevos retos sin renunciar a su núcleo esencial: que la legitimidad de un Gobierno descansa no en la fuerza de sus gobernantes, sino en la solidez de las estructuras que los limitan.
Pero estas estructuras sólo perduran cuando los ciudadanos rechazan la duplicidad y el sectarismo. Las divisiones ideológicas no deben endurecerse hasta convertirse en lealtades exclusivas hacia el propio grupo a expensas de un marco cívico compartido. Sólo perduran cuando los ciudadanos resisten la idolatría del poder, porque la autoridad pierde su legitimidad en el momento en que se la trata como sagrada o incuestionable. Y sólo perduran cuando los ciudadanos repudian el culto a la personalidad, en el cual un líder es elevado por encima de la crítica mediante la construcción de imágenes, la propaganda y la lealtad personal.
La durabilidad del orden constitucional, entonces, no reside únicamente en los textos escritos o en los arreglos institucionales. Descansa por igual en la ética cívica de quienes los habitan. Cuando la ambición, el miedo o la indiferencia llevan a los ciudadanos a tolerar la duplicidad o a rendirse a la lealtad sectaria, los límites al poder se tornan frágiles. En cambio, cuando prevalecen la vigilancia y la responsabilidad, las constituciones conservan su fuerza como escudo y como brújula: protegiendo contra el gobierno arbitrario y orientando la vida política hacia la justicia y la moderación.
La verdadera reforma no es únicamente institucional, sino también interior: una revolución en la esfera íntima y colectiva, en la que cada persona asume la responsabilidad de actuar con integridad, apertura y compromiso con el bien común, en armonía consigo misma y con los demás. Sólo mediante la alineación de las estructuras institucionales con la responsabilidad cívica puede una Constitución conservar su sentido y sostenerse como resguardo frente al poder arbitrario.
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Bibliografía anotada
Ginsburg, Tom, y Huq, Aziz: How to Save a Constitutional Democracy. Chicago: University of Chicago Press, 2018. (Hinsburg y Huq examinan las vías legales e institucionales por las que las democracias se debilitan, desde la manipulación de la composición de los tribunales hasta la erosión de los organismos de control independientes. A partir de ejemplos comparativos de Estados Unidos, Hungría y otros países, muestra cómo los mecanismos constitucionales pueden emplearse para consolidar el poder preservando una fachada de legalidad.)
Landau, David: “Abusive Constitutionalism.” UC Davis Law Review 47 (1). Davis: University of California, School of Law, 2013. (Landau desarrolla el concepto de “constitucionalismo abusivo” para describir cómo los gobernantes explotan el cambio constitucional para afianzar su poder. Utiliza casos de América Latina y otras regiones para ilustrar cómo las enmiendas y reinterpretaciones debilitan los contrapesos, modifican los sistemas electorales y socavan la independencia judicial.)
Levitsky, Steven, y Way, Lucan: Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes after the Cold War. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. (Levitsky y Way analizan regímenes que preservan las instituciones formales de la democracia pero las manipulan para asegurar la supremacía del partido gobernante. Introduce el concepto de “autoritarismo competitivo” como marco para entender cómo las normas constitucionales se vacían de contenido mientras se mantienen las formas democráticas.)
Levitsky, Steven, y Ziblatt, Daniel: How Democracies Die. Nueva York: Crown, 2018. (Levitsky y Ziblatt sostienen que las democracias modernas suelen declinar por el declive gradual de las normas más que por golpes de Estado. Muestra cómo los líderes explotan las ambigüedades constitucionales, manipulan la composición de los tribunales y utilizan la ley como arma para reprimir a la oposición, erosionando tanto la confianza cívica como la integridad institucional.)
No se puede comprender el clima político español sin mencionar el ascenso de VOX, un partido de extrema derecha fundado en 2013 por exmiembros del conservador Partido Popular. Desde 2018, VOX ha ganado apoyo oponiéndose a la autonomía regional, a la legislación feminista y a la inmigración, mientras defiende una agenda nacionalista que incluye la revisión —o incluso la negación— del proceso histórico de reconciliación con el franquismo.
Esto no responde únicamente a una evocación del pasado, sino a un síntoma más profundo de desencanto democrático. No se trata de una memoria histórica que resurge espontáneamente, sino de un marco político e identitario que reaparece cuando los consensos que daban coherencia al presente se debilitan. La referencia al franquismo en el discurso de VOX no suele ser doctrinaria ni explícita, pero es reconocible en su rechazo sistemático a la Ley de Memoria Democrática, en su exaltación de la unidad nacional como principio innegociable, en su condena del Estado autonómico y en su apelación a un “orden natural” que legitima la jerarquía, la familia tradicional y la desigualdad como si fueran datos objetivos de la historia.
Pero lo preocupante no es tanto que existan voces que reivindiquen estas posiciones —han existido siempre—, sino que hayan recuperado poder institucional y legitimidad cultural. El descontento con el sistema político, la fatiga ante el parlamentarismo ineficaz, y la sensación de desarraigo identitario alimentan un malestar transversal. Ese malestar puede ser compartido por sectores muy diversos: desde pequeños empresarios que perciben un Estado hostil hasta jóvenes que no encuentran sentido en una política institucional plagada de lenguaje vacío. Las quejas son múltiples, pero la extrema derecha ofrece un único cauce: la simplificación emocional del conflicto, transformando el miedo en obediencia y la incertidumbre en orgullo herido.
En ese marco, VOX se presenta como el único actor político con una narrativa cohesionada. Su fuerza no reside en la gestión, sino en la afirmación. No propone una política pública sólida, sino una identidad política clara, reactiva y excluyente. Y es allí donde muchas veces la crítica progresista se vuelve insuficiente. Mientras la izquierda institucional —representada por el PSOE y los sectores heredados de Unidas Podemos— recurre a marcos retóricos ya desgastados por el uso burocrático del lenguaje inclusivo, sectores del pensamiento progresista académico (como ciertos institutos universitarios que monopolizan la producción editorial subvencionada) han optado por una defensa casi ritual de la democracia, sin revisar los fundamentos ni renovar los términos con los que se comunica su valor. La repetición de consignas —por muy justas que sean— termina convirtiéndose en eco.
Peor aún, en nombre del pluralismo o del miedo a caer en el “sectarismo de izquierdas”, ciertos espacios culturales (medios como El País, editoriales como Taurus o debates promovidos desde centros como el Círculo de Bellas Artes) han dado cabida a voces reaccionarias bajo el pretexto de abrir el debate. Con ello, han normalizado un lenguaje que desmantela poco a poco los consensos éticos que deberían sostener el espacio democrático. Lo que se presenta como tolerancia puede, en realidad, ser una cesión estructural.
La historia española arrastra heridas que nunca se cerraron del todo. Los pactos de la Transición, por necesidad política, apostaron por el silencio compartido como precio de la estabilidad. Ese silencio permitió una paz institucional, pero dejó sin resolver el relato del pasado. Hoy, cuando ese relato comienza tímidamente a reorganizarse a través de la Ley de Memoria, reaparece el miedo: miedo a que el reconocimiento histórico implique deslegitimar el presente. VOX capitaliza ese miedo con habilidad discursiva, no tanto defendiendo una política concreta como ofreciendo refugio simbólico a una España que se siente perdida.
La responsabilidad intelectual, en este contexto, no consiste en reafirmar las certezas heredadas ni en repetir fórmulas morales. Consiste en sostener la complejidad: resistir la tentación de la consigna, reconocer la fatiga de los marcos progresistas sin entregarse al cinismo, y ofrecer nuevas formas de pensamiento que no renuncien ni al rigor ni a la empatía. Porque mientras el discurso reaccionario avanza a golpe de simplificación, el pensamiento crítico tiene el deber de no renunciar al matiz —aunque no sea viral, aunque no garantice adhesiones inmediatas.
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Bibliografía anotada
Preston, Paul: The Spanish Holocaust: Inquisition and Extermination in Twentieth-Century Spain. Barcelona: Debate, 2012. (Esta obra ofrece un análisis riguroso de la violencia sistemática del franquismo, y es clave para comprender el trasfondo histórico del revisionismo autoritario que persiste en sectores de la sociedad española.)
Snyder, Timothy: On Tyranny: Twenty Lessons from the Twentieth Century. Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2017. (Un compendio accesible y urgente que advierte sobre los signos tempranos del autoritarismo, trazando paralelismos útiles para interpretar el presente político en Europa.)
Stanley, Jason: How Fascism Works: The Politics of Us and Them. Barcelona: Blackie Books, 2020. (Este análisis de los mecanismos retóricos del fascismo contemporáneo resulta particularmente útil para entender las estrategias discursivas de movimientos como VOX.)
Observaciones sobre la percepción 