Archive for July, 2026

« Los límites de la responsabilidad »

July 9, 2026

Triangulation Series Nº 49
9“ x 13”
Oil on linen
2009

La decisión de autorizar la destrucción de una colección de ciento cuarenta y cinco cuadros realizados a lo largo de muchos años no fue repentina ni sencilla.  Las obras permanecieron en Venezuela durante más de dos décadas en condiciones propicias para la proliferación del moho y la acción de las termitas.  Su eventual recuperación exigiría una evaluación técnica, análisis de laboratorio, estudios de conservación, almacenamiento especializado, transporte y un destino definitivo.  Ninguna de esas etapas puede emprenderse de manera aislada.  Cada una depende de la culminación satisfactoria de la anterior.

Los cuadros fueron realizados cuando ninguna de esas circunstancias existía.  Nacieron bajo las condiciones ordinarias del trabajo artístico.  Con el paso del tiempo aquellas circunstancias cambiaron hasta el punto de que la conservación terminó convirtiéndose en la cuestión principal.

El estado material de las obras, sin embargo, no basta por sí solo para resolver la decisión.  Aun cuando los estudios técnicos concluyeran que su recuperación sigue siendo posible, cada etapa posterior continuaría sometida a incertidumbre.  Los informes técnicos no pueden anticipar el deterioro futuro.  La restauración no garantiza su permanencia.  El almacenamiento no asegura un destino final.  Cada solución incorpora una nueva condición cuyo cumplimiento depende de circunstancias que ya no pertenecen al ámbito de decisión del creador.

El costo de una empresa semejante tampoco puede reducirse a una cuestión económica.  Ninguna decisión respecto de la colección puede separarse de las responsabilidades que impondría a quienes habrían de llevarla a cabo.  La obra de una persona no puede convertirse indefinidamente en la carga de otra.  En ese momento la naturaleza del problema cambia.  Deja de referirse únicamente al estado de los cuadros y pasa a comprender las responsabilidades inherentes a su conservación.

Esas responsabilidades no permanecen en el plano de la abstracción.  En determinadas circunstancias, adquieren una dimensión humana identificable.  En el presente caso, recaerían sobre miembros de mi propia familia cuyas circunstancias personales ya no permiten asumir cargas de esa magnitud.  Por consiguiente, el estado de las pinturas no puede separarse de la situación de quienes habrían de hacerse cargo de su preservación.

Las circunstancias actuales evocan un período muy distinto.  En 1995 surgió la posibilidad de destruir la obra ante la expectativa de que mi propia vida pudiera aproximarse a su término.  Los cuadros aparecían entonces inseparables de mi propia desaparición.  Su destrucción parecía constituir el último acto que todavía permanecía bajo mi exclusiva responsabilidad.

Han transcurrido más de tres décadas desde entonces.  La posibilidad exterior ha regresado.  Las circunstancias interiores no.  La decisión presente no nace de la expectativa de una muerte próxima.  Se adopta mientras la salud permanece estable y la vida continúa su curso ordinario.  La semejanza entre ambos momentos es únicamente aparente.  La misma decisión responde ahora a circunstancias diferentes.

La diferencia no reside en los cuadros, sino en las circunstancias que los rodean.  En 1995 la cuestión se refería a la relación entre la obra y su creador.  Hoy se refiere a la relación entre la obra y las condiciones necesarias para su conservación.

La situación de los cuadros plantea así la misma cuestión bajo una forma distinta.  Una obra puede permanecer materialmente intacta y, sin embargo, depender cada vez más de circunstancias ajenas al cuidado inmediato de quien la creó.  El deterioro físico, los recursos disponibles, las instituciones, los herederos, el mercado y el tiempo pasan a formar parte del proceso.  La voluntad del creador ya no basta para excluir su influencia.

Durante esos años intervino además otra experiencia.  En 2017 doscientas obras posteriores ingresaron en una subasta pública en los Estados Unidos.  La puja inicial de un dólar no estableció ni su mérito artístico ni su significación.  Únicamente fijó las condiciones bajo las cuales el mercado habría de recibirlas.  Algunas fueron adquiridas por sumas considerablemente superiores y continúan reapareciendo en distintas plataformas de subastas.  Desde ese momento las decisiones relativas a esas obras dejaron de pertenecer exclusivamente a su creador.

La cuestión trasciende así la pintura.  Las mismas responsabilidades alcanzan a manuscritos, archivos digitales, colecciones institucionales, bibliotecas y albaceas, aunque cada uno adopte una forma distinta.  Toda obra llega finalmente a un punto en el que su permanencia depende menos del acto que le dio origen que de circunstancias posteriores.  La responsabilidad se desplaza gradualmente desde la creación hacia las condiciones que hacen posible su conservación.

Esa constatación no disminuye el valor de la obra ni determina de antemano su destino.  Hay obras que sobreviven durante siglos.  Otras desaparecen en el curso de una generación.  Ninguno de esos desenlaces modifica el hecho de haber sido creadas.  Lo que cambia es la responsabilidad por su permanencia.

La decisión relativa a esta colección pertenece a esas circunstancias.  No establece una regla general sobre la conservación ni resta importancia a conservar cuando ello sigue siendo razonable.  Únicamente define los límites impuestos por un conjunto concreto de circunstancias.  Más allá de esos límites, conservar la obra exigiría asumir responsabilidades que las circunstancias ya no justifican.

La misma consideración alcanza a un corpus literario.  Bibliotecas, albaceas, depósitos institucionales y repositorios digitales pueden prolongar la existencia de una obra.  No pueden sustraerla a las condiciones ordinarias que rigen toda empresa humana.  La responsabilidad no consiste en agotar todos los medios imaginables de conservación.  Consiste en reconocer el momento en que conservar deja de ser una responsabilidad razonable.

Toda obra nace bajo la responsabilidad de quien la crea.  No permanece allí indefinidamente.  Las circunstancias van adquiriendo un peso mayor que la intención inicial, hasta que el porvenir de la obra depende de decisiones adoptadas por otros y bajo condiciones que el creador ni estableció ni controla.  Reconocer esa transición equivale a reconocer el momento en que la responsabilidad por la continuidad de la obra deja de corresponder a quien le dio origen.

La cuestión, por tanto, no consiste en apaciguar las emociones que naturalmente acompañan una decisión semejante.  Consiste en aceptar aquello que las circunstancias ya no hacen posible.  Son dos cosas distintas.  Una pertenece a la vida interior de la persona.  La otra pertenece a las condiciones dentro de las cuales la responsabilidad todavía puede ejercerse con honestidad.

Ricardo F. Morín

9 de Julio de 2026

Bala Cynwyd, Pensilvania


« La carga de la incertidumbre »

July 3, 2026

*

Figura 1. Mapa sísmico del USGS que muestra la distribución de la intensidad del movimiento del suelo producido por el terremoto de magnitud 7,5 del miércoles 24 de junio de 2026 en el centro-norte de Venezuela. El mapa ilustra la extensión geográfica y la intensidad relativa del evento sísmico, en lugar de los daños estructurales. Cortesía del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS). [1]

Ricardo F. Morín

3 de junio de 2026

Toronto, Canadá

*

La investigación científica no comienza con la certeza.  Comienza por delimitar aquello que se conoce, aquello que aún se desconoce y la razón por la cual esa diferencia resulta decisiva.  La insuficiencia de evidencia no confirma ni refuta una hipótesis; define los límites del conocimiento disponible y establece la necesidad de profundizar la investigación.  En ningún ámbito este principio adquiere mayor trascendencia que en la política ambiental, donde decisiones adoptadas bajo incertidumbre pueden afectar la integridad de ecosistemas enteros durante generaciones.

La primera obligación de una gobernanza responsable no consiste en defender una conclusión preconcebida, sino en garantizar que existan las condiciones científicas necesarias para alcanzarla.  Cuando tales condiciones faltan, la respuesta adecuada no es afirmar ni descartar, sino verificar.

Venezuela presenta precisamente una circunstancia que exige investigación científica independiente.  Los terremotos ocurridos el miércoles 24 de junio de 2026 han renovado la atención sobre una cuestión cuya importancia trasciende ampliamente ese episodio sísmico.  Su ocurrencia pone de relieve la necesidad de determinar si el conocimiento científico disponible basta para comprender la interacción, de existir alguna, entre la extracción intensiva de carbono en el subsuelo y la dinámica geológica de uno de los territorios tectónicamente más complejos del hemisferio occidental.  El país alberga algunas de las mayores reservas de hidrocarburos del mundo y, al mismo tiempo, se encuentra atravesado por sistemas de fallas activas cuya evolución constituye un imperativo permanente de observación, medición y verificación científica.

Determinar si existe alguna relación entre la actividad sísmica reciente y la extracción intensiva de carbono en el subsuelo exige acceso transparente a los registros operacionales, a la cartografía geológica, a observaciones sísmicas de alta resolución y a un análisis científico independiente.  Sólo después de verificar y contrastar esa información podrá sostenerse responsablemente una conclusión, cualquiera que ella sea.

Esta carencia de conocimiento verificado constituye por sí misma un asunto ambiental.  La extracción de hidrocarburos modifica inevitablemente el subsuelo mediante perforaciones, agotamiento de yacimientos, desplazamiento de fluidos, redistribución de presiones y otras intervenciones de ingeniería.  Hasta qué punto tales modificaciones interactúan con sistemas geológicos sometidos a esfuerzos tectónicos no puede darse por supuesto.  Debe medirse.  En regiones tectónicamente activas, la incertidumbre no justifica la inacción; impone la obligación de investigar.

La cuestión trasciende la explicación de un episodio sísmico concreto.  Lo que está en juego es determinar si el conocimiento científico actual describe adecuadamente la interacción acumulativa entre la intervención industrial y los sistemas geológicos de los que depende la estabilidad de poblaciones enteras.  Responder a esa pregunta requiere monitoreo sísmico continuo, caracterización geológica integral, transparencia operacional, verificación independiente y disposición para revisar las conclusiones a la luz de nuevas evidencias.

Las implicaciones exceden el caso venezolano.  Todo país que explote hidrocarburos en entornos geológicamente sensibles enfrenta la misma responsabilidad:  asegurar que la actividad económica permanezca subordinada a los límites que establezca el conocimiento científico verificable y no a la urgencia comercial o a la conveniencia geopolítica.

Cuando la debilidad institucional, la escasa transparencia o la falta de independencia regulatoria reducen la capacidad de supervisión, esa responsabilidad adquiere una importancia aún mayor.  La incertidumbre científica nunca debe convertirse en refugio de la complacencia ni de la especulación.  Por el contrario, exige un estándar superior de rendición de cuentas.

Este principio trasciende la identidad de cualquier gobierno, empresa o inversionista.  Sea la explotación realizada por entidades nacionales, corporaciones multinacionales o empresas estatales, la exigencia es la misma:  supervisión científica independiente, evaluación ambiental rigurosa y publicidad suficiente de la información necesaria para valorar las consecuencias geológicas y ecológicas.  La administración responsable de los recursos naturales no depende del origen del capital, sino de la universalidad de los estándares científicos.

Cuando esos estándares se subordinan a prioridades políticas o económicas, las consecuencias rebasan el lugar de extracción.  Los riesgos recaen sobre paisajes, cuencas hidrográficas, ecosistemas, infraestructuras y comunidades cuya estabilidad depende de condiciones geológicas que, una vez alteradas, no pueden restituirse por decisión política.  Los beneficios económicos pueden ser inmediatos; las consecuencias ambientales pueden perdurar durante generaciones.

La explotación responsable de los recursos carboníferos exige, por tanto, mucho más que capacidad tecnológica o inversión financiera.  Requiere instituciones capaces de comprender que la incertidumbre no representa la ausencia de responsabilidad, sino su punto de partida.  El conocimiento científico no constituye un elemento accesorio de la gobernanza ambiental.  Es el fundamento sobre el cual debe descansar toda decisión regulatoria legítima.

La Tierra registra cada intervención con absoluta fidelidad.  Que la humanidad posea la sabiduría necesaria para interpretar ese registro antes de que sus consecuencias se vuelvan irreversibles constituye uno de los grandes desafíos ambientales de nuestro tiempo.

[1]. https://earthquake.usgs.gov/data/shakemap/?utm_source=chatgpt.com


« Sucesión Oculta »

July 1, 2026
Ricardo F. Morín
Ascensión 2
CGI
2005

Ricardo F. Morín

4 de marzo de 2026

Oakland Park, Florida

Este ensayo examina las condiciones políticas que rodearon los últimos meses de la presidencia de Hugo Chávez.  En lugar de abordar ese episodio como una controversia histórica, el análisis se concentra en las dinámicas estructurales que se hicieron visibles durante aquella transición.  El propósito es diagnóstico.  El ensayo propone que cuando la autoridad política se vuelve inseparable de un solo líder, la sucesión puede dejar de aparecer como un proceso institucional y surgir en cambio a través de la gestión de la información sobre la condición de ese líder.


La muerte de Hugo Chávez no marcó simplemente el final de una presidencia.  Expuso la fragilidad de un orden político que había llegado a depender en gran medida de la autoridad de una sola figura cuya influencia se extendía mucho más allá de las fronteras de su propio país.  La ambigüedad que rodeó la fase final de la vida de Chávez reveló hasta qué punto la estabilidad de ese sistema había quedado vinculada al destino de un solo líder.  Para comprender por qué aquel momento produjo tal incertidumbre, es necesario situarlo dentro de la evolución más amplia de la política revolucionaria en América Latina durante el siglo veinte.  

Durante las primeras décadas posteriores a la Revolución Cubana, el gobierno encabezado por Fidel Castro promovió una estrategia destinada a transformar América Latina mediante movimientos insurgentes.  A lo largo de la región, organizaciones guerrilleras y redes clandestinas intentaron reproducir la experiencia revolucionaria de Cuba y desafiar los sistemas políticos existentes.  

Venezuela se convirtió en uno de los primeros escenarios donde aparecieron estas tensiones.  Durante la presidencia de Rómulo Betancourt, el joven gobierno democrático enfrentó una serie de alzamientos militares y movimientos insurgentes que buscaban desestabilizar el orden constitucional.  Episodios como el Barcelonazo en 1961, el Carupanazo en 1962 y el Porteñazo en 1962 formaron parte de aquella década turbulenta.  Aunque estos intentos no lograron derribar al Estado venezolano, revelaron hasta qué punto los movimientos revolucionarios inspirados por el ejemplo cubano habían comenzado a influir en las luchas políticas de América Latina.  

A lo largo de las décadas siguientes, la estrategia de esos movimientos cambió.  Las campañas guerrilleras rara vez lograron tomar el poder.  Muchas organizaciones abandonaron entonces la lucha armada e ingresaron en la política electoral.  Antiguos militantes se reorganizaron como partidos políticos y comenzaron a perseguir sus objetivos a través de instituciones en lugar de la insurgencia.  

Dirigentes como Gustavo Petro en Colombia y José Mujica en Uruguay ilustran cómo figuras que alguna vez estuvieron asociadas con movimientos insurgentes llegaron posteriormente al poder mediante elecciones.  Las ambiciones ideológicas de estos movimientos permanecieron, pero sus métodos se adaptaron a nuevas condiciones políticas.  

Hugo Chávez representó otra variación de esta transformación.  Chávez surgió de las fuerzas armadas venezolanas y no de una organización guerrillera.  Sin embargo, adoptó muchas de las narrativas revolucionarias que habían circulado en América Latina desde la Guerra Fría.  Tras ganar la presidencia en 1998, reorganizó el Estado venezolano y estableció una estrecha cooperación con el gobierno cubano.  

Durante los primeros años del siglo veintiuno, esa cooperación se amplió hacia marcos regionales como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, la Unión de Naciones Suramericanas y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.  Estas organizaciones coordinaron iniciativas diplomáticas entre los gobiernos participantes y promovieron la idea de que América Latina podía actuar de forma independiente de los Estados Unidos.  Comentaristas como Noam Chomsky describieron esta aspiración como parte de un movimiento más amplio hacia un mundo multipolar.  

El Estado venezolano financió gran parte de esta cooperación.  Los ingresos provenientes de las exportaciones petroleras permitieron al gobierno en Caracas ofrecer acuerdos energéticos subsidiados y asistencia financiera a Estados asociados.  Estos recursos fortalecieron la red regional vinculada al proyecto bolivariano.  

Dentro de esta estructura política, la salud de Chávez adquirió una importancia estratégica.  En 2011 se le diagnosticó cáncer y viajó repetidamente a Cuba para recibir tratamiento.  En diciembre de 2012 se sometió a otra cirugía en La Habana y luego desapareció de la vista pública.  

A partir de ese momento, las autoridades venezolanas publicaron únicamente comunicados intermitentes sobre su estado.  Durante largos periodos no aparecieron imágenes verificadas del presidente.  Los funcionarios pidieron a los ciudadanos que asumieran que el presidente continuaba gobernando, aunque el público ya no podía observarlo ejerciendo las funciones del cargo.  

Cuando una población no puede observar a su jefe de Estado, la realidad pública se vuelve difícil de verificar.  Las declaraciones sustituyen a las apariencias, y los relatos sustituyen a la autoridad observable.  Bajo esas condiciones la incertidumbre se expande, porque los ciudadanos no pueden distinguir entre comunicación política e información factual.  

Las preguntas sobre la cronología de la muerte de Chávez surgieron de esa incertidumbre.  El gobierno venezolano anunció en marzo de 2013 que el presidente había fallecido a causa de complicaciones relacionadas con el cáncer.  Los críticos cuestionaron si ese anuncio correspondía al momento real de la muerte.  Señalaron la larga ausencia del presidente de la vida pública y la limitada información que los funcionarios habían divulgado sobre su condición médica.  

Los acontecimientos posteriores al anuncio reforzaron las sospechas.  Las autoridades declararon inicialmente que el cuerpo de Chávez sería embalsamado y exhibido permanentemente.  Poco después abandonaron ese plan.  El gobierno tampoco publicó un informe de autopsia ni un expediente médico detallado que pudiera aclarar las circunstancias exactas de la muerte del presidente.  

Que la cronología oficial refleje o no la secuencia completa de los hechos sigue siendo objeto de debate.  Lo que puede observarse con certeza es el entorno político en el que ocurrió la transición.  

Cuando una coalición gobernante depende fuertemente de la autoridad de un solo líder, la sucesión amenaza la estabilidad de todo el sistema.  En tal situación, la enfermedad del líder se convierte en un problema político más que en un asunto estrictamente médico.  Quienes controlan el Estado enfrentan entonces un incentivo para regular la forma en que la información sobre la condición del líder llega al público.  

La transición venezolana de 2013 ilustra el fenómeno que aquí se describe como sucesión oculta.  La desaparición de Chávez de la vida pública, la limitada divulgación sobre su enfermedad y la incertidumbre que rodeó el anuncio de su muerte produjeron en conjunto una situación política en la que la transferencia de autoridad no podía ocurrir abiertamente.  

Visto a lo largo de varias décadas, el final de la presidencia de Chávez también permite comprender la evolución de los movimientos revolucionarios en América Latina.  Las insurgencias armadas de la década de 1960 se transformaron gradualmente en partidos políticos que competían en elecciones.  Algunos de esos partidos formaron posteriormente gobiernos y crearon marcos regionales mediante los cuales coordinaron políticas.  En el siglo veintiuno, esas redes interactúan cada vez más con un entorno geopolítico más amplio en el que potencias emergentes fomentan centros alternativos de influencia.  

Este desarrollo constituye una trayectoria continua más que una ruptura.  Las organizaciones guerrilleras se convirtieron en partidos políticos, los partidos políticos formaron gobiernos y esos gobiernos crearon marcos regionales que ampliaron su influencia.  La enfermedad y muerte de Hugo Chávez revelaron hasta qué punto esa arquitectura dependía de la autoridad de un solo líder cuya posición vinculaba varias de esas capas al mismo tiempo.  

Cuando la autoridad política se vuelve inseparable de la presencia física de un solo líder, la sucesión no puede ocurrir de manera transparente.  La continuidad del sistema queda ligada a la gestión de la información sobre la condición de ese líder.  En tales circunstancias, la transferencia del poder ya no aparece como un proceso institucional.  Surge más bien mediante la regulación de la visibilidad y el control del conocimiento público.  Lo ocurrido en Venezuela durante los últimos meses de la presidencia de Chávez revela así un principio estructural de los sistemas políticos personalistas:  cuando la supervivencia de un régimen depende de una sola figura, la sucesión debe primero ocultarse antes de poder resolverse.


« La ilusión de la autodefensa »

July 1, 2026
Ricardo F. Morin
Platónico 3
CGI
2005

La guerra, la división, la desconfianza y la incertidumbre no solo alteran a una sociedad.  Bajo una exposición sostenida a la amenaza, ya sea externa o interna, una sociedad puede orientarse gradualmente hacia la protección como su postura cívica principal.  Lo que comienza como prudencia puede endurecerse en hábito.  Lo que comienza como defensa puede convertirse en derecho asumido.

La amenaza a veces es real.  Las personas son agredidas.  Los hogares son invadidos.  Ningún sistema de vigilancia gubernamental puede cubrir cada momento privado.  En casos extremos, cualquier ciudadano puede actuar de manera proporcionada para preservar la vida.  Tales momentos son trágicos e inmediatos, pero las emergencias no pueden definir la estructura de una sociedad, porque el orden cívico debe construirse sobre condiciones generales y no sobre eventos excepcionales.

Las armas, en este contexto, no son solo instrumentos de defensa.  También se adoptan en respuesta a la inseguridad.  Un arma promete capacidad de defensa cuando las instituciones parecen distantes o demoradas.  Sin embargo, ningún instrumento puede abolir la vulnerabilidad.  El riesgo no puede eliminarse.  Cuando las armas de defensa se utilizan no solo en emergencias sino también como una fuente habitual de tranquilidad, la expectativa supera la realidad porque ningún instrumento puede eliminar el riesgo.  Cuando el riesgo persiste, la demanda de tranquilidad aumenta en lugar de disminuir.

En los Estados Unidos, la Segunda Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, ratificada en 1791, inscribió el derecho a portar armas en el lenguaje constitucional.  Esa inscripción alteró el carácter del debate.  Una medida formulada en un contexto histórico específico se convirtió en una reclamación constitucional permanente.  El derecho ahora se defiende dentro de la identidad cívica y la posición política incluso cuando la justificación histórica original ya no se acepta como determinante.  Cuando el lenguaje constitucional se trata como permiso sin proporción, la protección desplaza la limitación y la mediación se debilita.

Sigue un patrón recursivo.  La amenaza percibida justifica la expansión defensiva.  La expansión defensiva aumenta la vigilancia.  La vigilancia sostenida mantiene la percepción de amenaza.  El instrumento destinado a casos extremos se convierte en parte de la expectativa ordinaria.  Lo que estaba destinado a la emergencia se vuelve rutinario.  La herramienta no crea inseguridad; sostiene la ilusión de que la inseguridad puede dominarse de forma permanente.  La lógica se asemeja a la de naciones rivales involucradas en la acumulación de armas, donde la posesión se defiende como protección mientras la condición subyacente de vulnerabilidad permanece sin cambios.

La distribución de la capacidad letal y la preparación normalizada se desarrollan juntas.  Incluso cuando no se empuña ningún arma, la normalización de la capacidad letal altera el desacuerdo cívico, porque la posibilidad permanente de fuerza pasa a formar parte de la interacción ordinaria.  La sospecha se convierte en hábito.  El hábito altera la manera en que los ciudadanos se encuentran en público y configura las condiciones bajo las cuales se desarrolla el desacuerdo.

A nivel de naciones, la era nuclear produjo una lógica paralela de tranquilidad basada en la capacidad destructiva.  La doctrina estratégica de la Destrucción Mutua Asegurada buscó estabilidad mediante vulnerabilidad recíproca, suponiendo que la certeza de una represalia catastrófica impediría la escalada.  Sin embargo, incluso tales sistemas dependen en última instancia de un juicio ininterrumpido dentro de complejas estructuras de mando.  Durante la Crisis de los Misiles de Cuba de 1962, el lanzamiento de un torpedo nuclear desde el submarino soviético B-59 fue evitado solo cuando el oficial Vasily Arkhipov se negó a autorizarlo.  El episodio muestra que los sistemas construidos sobre capacidad catastrófica pueden parecer estables mientras dependen de momentos de contención individual que ninguna doctrina puede garantizar.  En tales momentos la lógica mecánica de la fuerza puede ser interrumpida por un solo acto de reconocimiento:  una persona que reconoce una condición humana compartida que ningún sistema de poder puede anular.

La proporcionalidad sigue siendo decisiva porque la escala altera la consecuencia.  Un instrumento adecuado para repeler una agresión inmediata difiere categóricamente de un armamento capaz de una letalidad rápida e indiscriminada.  Cuanto mayor es la capacidad destructiva, mayor es la necesidad de regulación.  Los derechos operan dentro de estructuras que establecen límites; no los suspenden.  Cuando la capacidad letal se normaliza ampliamente, el uso indebido a gran escala se vuelve estructuralmente posible en lugar de excepcional.  Si las armas se tratan como una fuente habitual de tranquilidad, los episodios recurrentes de violencia masiva exponen los límites de esa tranquilidad en lugar de resolver la inseguridad.

La cuestión más profunda concierne al poder colectivo y la fuerza instrumental.  El poder colectivo surge cuando los ciudadanos actúan juntos dentro de un marco compartido que presupone que el conflicto se resolverá sin violencia.  La fuerza instrumental opera mediante el uso de mecanismos defensivos que no requieren acuerdo más allá de su utilización.  Cuando aumenta la dependencia de tales mecanismos, la acción política compartida disminuye porque la tranquilidad se desplaza de las instituciones hacia la capacidad individual.

La defensa responde a la amenaza en momentos particulares.  La libertad requiere una confianza duradera en que tales momentos permanecerán excepcionales y no permanentes.  Una comunidad organizada principalmente en torno a la anticipación permanente de la amenaza altera su carácter porque la precaución comienza a reemplazar la confianza en la mediación.  La soberanía se desplaza de las instituciones compartidas hacia la posesión individual.  La tranquilidad se individualiza.  Se debilita la presunción de que los conflictos serán gestionados mediante procesos comunes.

El argumento no niega la realidad de la amenaza ni la tragedia de la autodefensa inmediata.  Establece que armarse con armas de defensa no puede servir como fundamento estable de la tranquilidad cívica, porque el orden cívico depende de la mediación, los límites compartidos y la aceptación de que la vulnerabilidad no puede abolirse.  El pensamiento de emergencia no puede convertirse en pensamiento normal.  La tarea no es abolir la defensa sino impedir que la defensa defina la gramática de la convivencia.

Ricardo F. Morín

March 4, 2026

Oakland Park, Florida