*
Ricardo F. Morín
3 de junio de 2026
Toronto, Canadá
*
La investigación científica no comienza con la certeza. Comienza por delimitar aquello que se conoce, aquello que aún se desconoce y la razón por la cual esa diferencia resulta decisiva. La insuficiencia de evidencia no confirma ni refuta una hipótesis; define los límites del conocimiento disponible y establece la necesidad de profundizar la investigación. En ningún ámbito este principio adquiere mayor trascendencia que en la política ambiental, donde decisiones adoptadas bajo incertidumbre pueden afectar la integridad de ecosistemas enteros durante generaciones.
La primera obligación de una gobernanza responsable no consiste en defender una conclusión preconcebida, sino en garantizar que existan las condiciones científicas necesarias para alcanzarla. Cuando tales condiciones faltan, la respuesta adecuada no es afirmar ni descartar, sino verificar.
Venezuela presenta precisamente una circunstancia que exige investigación científica independiente. Los terremotos ocurridos el miércoles 24 de junio de 2026 han renovado la atención sobre una cuestión cuya importancia trasciende ampliamente ese episodio sísmico. Su ocurrencia pone de relieve la necesidad de determinar si el conocimiento científico disponible basta para comprender la interacción, de existir alguna, entre la extracción intensiva de carbono en el subsuelo y la dinámica geológica de uno de los territorios tectónicamente más complejos del hemisferio occidental. El país alberga algunas de las mayores reservas de hidrocarburos del mundo y, al mismo tiempo, se encuentra atravesado por sistemas de fallas activas cuya evolución constituye un imperativo permanente de observación, medición y verificación científica.
Determinar si existe alguna relación entre la actividad sísmica reciente y la extracción intensiva de carbono en el subsuelo exige acceso transparente a los registros operacionales, a la cartografía geológica, a observaciones sísmicas de alta resolución y a un análisis científico independiente. Sólo después de verificar y contrastar esa información podrá sostenerse responsablemente una conclusión, cualquiera que ella sea.
Esta carencia de conocimiento verificado constituye por sí misma un asunto ambiental. La extracción de hidrocarburos modifica inevitablemente el subsuelo mediante perforaciones, agotamiento de yacimientos, desplazamiento de fluidos, redistribución de presiones y otras intervenciones de ingeniería. Hasta qué punto tales modificaciones interactúan con sistemas geológicos sometidos a esfuerzos tectónicos no puede darse por supuesto. Debe medirse. En regiones tectónicamente activas, la incertidumbre no justifica la inacción; impone la obligación de investigar.
La cuestión trasciende la explicación de un episodio sísmico concreto. Lo que está en juego es determinar si el conocimiento científico actual describe adecuadamente la interacción acumulativa entre la intervención industrial y los sistemas geológicos de los que depende la estabilidad de poblaciones enteras. Responder a esa pregunta requiere monitoreo sísmico continuo, caracterización geológica integral, transparencia operacional, verificación independiente y disposición para revisar las conclusiones a la luz de nuevas evidencias.
Las implicaciones exceden el caso venezolano. Todo país que explote hidrocarburos en entornos geológicamente sensibles enfrenta la misma responsabilidad: asegurar que la actividad económica permanezca subordinada a los límites que establezca el conocimiento científico verificable y no a la urgencia comercial o a la conveniencia geopolítica.
Cuando la debilidad institucional, la escasa transparencia o la falta de independencia regulatoria reducen la capacidad de supervisión, esa responsabilidad adquiere una importancia aún mayor. La incertidumbre científica nunca debe convertirse en refugio de la complacencia ni de la especulación. Por el contrario, exige un estándar superior de rendición de cuentas.
Este principio trasciende la identidad de cualquier gobierno, empresa o inversionista. Sea la explotación realizada por entidades nacionales, corporaciones multinacionales o empresas estatales, la exigencia es la misma: supervisión científica independiente, evaluación ambiental rigurosa y publicidad suficiente de la información necesaria para valorar las consecuencias geológicas y ecológicas. La administración responsable de los recursos naturales no depende del origen del capital, sino de la universalidad de los estándares científicos.
Cuando esos estándares se subordinan a prioridades políticas o económicas, las consecuencias rebasan el lugar de extracción. Los riesgos recaen sobre paisajes, cuencas hidrográficas, ecosistemas, infraestructuras y comunidades cuya estabilidad depende de condiciones geológicas que, una vez alteradas, no pueden restituirse por decisión política. Los beneficios económicos pueden ser inmediatos; las consecuencias ambientales pueden perdurar durante generaciones.
La explotación responsable de los recursos carboníferos exige, por tanto, mucho más que capacidad tecnológica o inversión financiera. Requiere instituciones capaces de comprender que la incertidumbre no representa la ausencia de responsabilidad, sino su punto de partida. El conocimiento científico no constituye un elemento accesorio de la gobernanza ambiental. Es el fundamento sobre el cual debe descansar toda decisión regulatoria legítima.
La Tierra registra cada intervención con absoluta fidelidad. Que la humanidad posea la sabiduría necesaria para interpretar ese registro antes de que sus consecuencias se vuelvan irreversibles constituye uno de los grandes desafíos ambientales de nuestro tiempo.
[1]. https://earthquake.usgs.gov/data/shakemap/?utm_source=chatgpt.com
Observaciones sobre la percepción 