Ricardo Morin Sin título nº 5: El paradigma de la extracción 25,4 x 30,5 cm Acuarela 2003
Por Ricardo F. Morín
Octubre de 2025
Oakland Park, Florida
1
La historia de la inteligencia artificial (IA) suele contarse como un relato de promesas infinitas: una tecnología destinada a transformar las economías y redefinir el potencial humano. Sin embargo, bajo ese optimismo se oculta una realidad más antigua: la conversión de la creatividad humana en riqueza concentrada. Lo que se presenta como progreso repite el patrón económico más viejo de todos: extraer valor de muchos para beneficio de pocos. El lenguaje que rodea a la IA disfraza esta continuidad. Convierte la innovación en un espectáculo de inevitabilidad, una visión de abundancia que oculta sus cimientos desiguales.
2
Ese espectáculo depende de la persuasión. Expresiones como inteligencia manifestada, la próxima frontera del billón de dólares o transformación inevitable no son descripciones, sino estrategias de mercadotecnia. Presentan el beneficio como destino e invitan a participar no en el descubrimiento, sino en la especulación. Cifras como “80 billones” o “25.000 % de retorno” se repiten en los medios como profecías, transformando las previsiones financieras en certezas morales. Esta retórica moldea la imaginación pública: la IA deja de ser una herramienta para resolver problemas humanos y se convierte en un fenómeno financiero—una historia sobre riqueza más que sobre comprensión.
3
Estas promesas no marcan un nuevo comienzo. Repiten el mismo ciclo que acompañó a cada gran invención. La Revolución Industrial transformó el trabajo pero profundizó las divisiones sociales. La revolución digital difundió la información pero concentró la propiedad. La IA entra ahora en esa historia como su expresión más reciente.Su capacidad para ampliar el conocimiento y servir al bien común es real, pero su primera lealtad sigue siendo el lucro. Dentro de las estructuras existentes, acelera la acumulación de capital en lugar de corregir su desequilibrio.
4
Los mecanismos de esa concentración son visibles. Los modelos propietarios cercan el conocimiento tras muros de pago y patentes. Los datos recolectados del público se convierten en propiedad privada. El costo de la potencia informática y del talento especializado limita quién puede participar. El resultado es previsible: la mayoría experimentará la IA no como empoderamiento, sino como dependencia. Lejos de reducir la desigualdad, la incorpora a la infraestructura del futuro.
5
Esta dirección resulta más inquietante frente a las necesidades urgentes del mundo. Miles de millones de personas aún viven sin acceso confiable a alimentos, salud o educación—condiciones que la tecnología podría transformar pero rara vez aborda. Los usos más rentables de la IA optimizan la publicidad, manipulan el comportamiento y amplían la vigilancia. No son accidentes; son la consecuencia lógica de un sistema que valora la rentabilidad por encima del bienestar humano. Cuando el progreso se mide solo por el valor para el accionista, la tecnología pierde su brújula moral y la sociedad pierde su sabiduría.
5a
Un uso más reciente y peligroso de estos sistemas ha surgido en la esfera política. Las mismas herramientas que dirigen anuncios ahora dirigen conciencias. Gobiernos de tendencia autocrática han comenzado a utilizar modelos generativos para inundar el discurso público con contenidos persuasivos, borrar la frontera entre verdad y ficción y cultivar obediencia mediante la simulación. Informes recientes muestran cómo oficinas ejecutivas emplean la IA para redactar mensajes políticos, amplificar medios afines y silenciar voces disidentes. Tales prácticas convierten la inteligencia en propaganda y los datos en dominación. Cuando un Estado puede administrar algorítmicamente la percepción, la democracia se convierte en representación teatral. La concentración de la riqueza converge así con la concentración de la creencia—cada una reforzando a la otra.
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Ya hemos visto este patrón. En cada era tecnológica, la riqueza se transforma en poder político y luego utiliza ese poder para protegerse. Los magnates ferroviarios consolidaron monopolios en el siglo XIX. Las potencias petroleras moldearon la política exterior en el XX. Hoy, los conglomerados digitales redactan las reglas que mantienen su dominio. La IA sigue la misma fuerza gravitacional, guiada menos por visión humana que por la inercia del capital.
7
En el orden actual, la unión del poder tecnológico y la especulación financiera ya no produce descubrimiento, sino dependencia. La riqueza circula dentro de una economía cerrada de influencias, recompensando a quienes diseñan los mecanismos de acceso en lugar de a quienes amplían el alcance del conocimiento. Lo que aparece como innovación suele ser un ensayo del privilegio: un intercambio de capital entre los mismos centros de autoridad, cada uno validando al otro mientras la sociedad asume el costo. Cuando la creatividad se convierte en garantía y la inteligencia en arrendamiento, el progreso deja de servir al público y empieza a servirse a sí mismo.
8
La ilusión más seductora que sostiene este orden es la del mito de la inevitabilidad: la creencia de que el avance tecnológico debe producir desigualdad y que nadie es responsable del resultado. Es una ficción útil, pues exime a los poderosos del escrutinio moral al convertir la explotación en destino. Pero la inevitabilidad es una elección disfrazada de naturaleza. Las sociedades siempre han dado forma al uso de la tecnología mediante sus leyes, sus valores y su coraje para intervenir. Aceptar la desigualdad como destino es renunciar a esa responsabilidad.
9
Rechazar la inevitabilidad implica recuperar la idea misma de progreso. La innovación no es progreso si no amplía la libertad y la seguridad humanas. Ello requiere dirección deliberada—mediante inversión pública, impuestos justos, estándares transparentes y cooperación internacional. No son obstáculos al crecimiento; son las condiciones que lo hacen justo y sostenible. Los mercados por sí solos no garantizan justicia, y la tecnología sin ética no es avance, sino aceleración sin rumbo.
10
Medir el progreso de otro modo transformaría lo que celebramos. Si un sistema de IA reduce errores médicos en comunidades pobres, fortalece la educación donde faltan recursos o mejora la participación democrática, su valor supera al de aquel que solo aumenta los márgenes de ganancia. La verdadera medida de la inteligencia—artificial o humana—es el bien que aporta al mundo. El beneficio es solo una forma de valor; la dignidad humana es otra.
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En el centro de este orden persiste una hipocresía silenciosa. Se elogia la riqueza como recompensa al esfuerzo y la inteligencia, pero depende de la extracción constante de valor de otros—del trabajador, del consumidor, del entorno. Lo que parece mérito suele descansar en la desigualdad disfrazada de eficiencia. El mismo patrón define a la inteligencia artificial. Construida a partir del conocimiento y la creatividad humanos, se encierra en sistemas que venden el acceso a lo que fue dado libremente. Ambas formas de acumulación—la financiera y la tecnológica—obtienen su poder de los mismos recursos que agotan: el trabajo, la atención y la imaginación humanos.Al pretender impulsar a la sociedad, reproducen la inequidad que convierte la vitalidad en estancamiento—la inversión de lo que el progreso debería ser.
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El discurso febril sobre oportunidades de billones pertenece a un vocabulario antiguo: el lenguaje de la extracción confundido con el de la evolución. La cuestión esencial es si la inteligencia seguirá sirviendo a la riqueza o empezará a servir a la humanidad. La inteligencia artificial ofrece esa elección: repetir la lógica que durante siglos confundió acumulación con progreso, o construir un futuro en que el conocimiento y la prosperidad se compartan. Esa decisión no surgirá por sí sola; depende de lo que las sociedades exijan, de lo que los gobiernos regulen y de los valores que definan el éxito. La ventana para decidir sigue abierta, aunque se estrecha cada vez que el lucro habla más alto que la conciencia.
Las observaciones anteriores se refieren a las consecuencias de la extracción. La lógica institucional que produce estas consecuencias pertenece a un patrón histórico más amplio dentro del desarrollo económico moderno. Ese patrón se examina por separado en La lógica de la extracción.
Ricardo F. Morín La irracionalidad, la propaganda y el tribalismo CGI 2026
1. Una afirmación política entra ordinariamente en la vida pública a través de instituciones. Una ley se debate, se promulga, se interpreta, se impugna. Un discurso se pronuncia desde un cargo conocido, ante un público definido, sujeto a réplica y registro. La autoridad, en estos casos, surge de la responsabilidad y de la restricción.
2. El texto aquí examinado no satisface ninguna de estas condiciones.
3. El texto atribuye a una transmisión anónima el poder de alterar el estatus jurídico. El texto presenta a un orador no como un ciudadano que habla, sino como una conciencia que dicta. El texto declara efectos que ningún estatuto, ninguna orden ejecutiva y ningún tribunal poseen autoridad para producir. El texto anuncia asentimiento nacional en ausencia de cualquier foro capaz de conceder asentimiento.
4. No aparece promulgación alguna. No ocurre interpretación alguna. No es posible revisión alguna.
5. Nada en esta secuencia se argumenta. Nada en esta secuencia se demuestra. Nada en esta secuencia es susceptible de verificación.
6. La autoridad no se deriva de cargo, de ley ni de responsabilidad. La autoridad se asigna por disposición narrativa.
7. El orador recibe legitimidad moral por reconocimiento únicamente. La ley es desplazada por el espectáculo. El público es situado como testigo de un veredicto que precede a la deliberación. El silencio es tratado como confirmación. La inmovilidad es tratada como consentimiento.
8. Lo que aparece como denuncia funciona como sustitución.
9. El lugar de las instituciones es ocupado por una voz. El lugar del argumento es ocupado por la proclamación. El lugar del juicio es ocupado por la reacción.
10. El resultado no es persuasión. El resultado es conversión.
11. Los ciudadanos no son interpelados como agentes capaces de impugnar afirmaciones. Los ciudadanos son interpelados como espectadores invitados a recibir una escena moral cuyo significado ha sido fijado de antemano.
12. Cuando un testimonio inventado es recibido como registro político, el límite entre acontecimiento y deseo desaparece. Cuando el espectáculo es tratado como veredicto, la corrección pierde autoridad. Cuando la conciencia es producida como actuación, ninguna institución permanece capaz de restringir a la conciencia.
13. Esto no es desinformación en el sentido ordinario.
14. Este fenómeno es la sustitución del juicio por autoridad fabricada.
15. La autoridad se adhiere ordinariamente a un cargo antes de adherirse a una voz, porque el cargo proporciona los límites bajo los cuales el discurso puede reclamar consecuencia. Existe un tribunal, por eso habla un juez. Existe una cámara, por eso habla un legislador. Existe una administración, por eso habla un ejecutivo. En cada caso la legitimidad precede a la enunciación, y el público puede localizar la responsabilidad localizando el foro en el que se formula la afirmación.
16. El texto aquí examinado invierte ese orden. El texto presenta una voz cuya legitimidad no se funda en ningún cargo que pueda nombrarse, en ninguna jurisdicción que pueda definirse ni en ningún foro que pueda reconocerse. No se declara delegación alguna. No es visible mandato alguno. No se asume responsabilidad alguna. Sin embargo, la voz habla como si estuviera habilitada para dictar sobre materias cuya fuerza depende, en la vida cívica ordinaria, de promulgación, interpretación y revisión.
17. Esta inversión importa porque el cargo establece el ámbito bajo el cual una afirmación puede operar, la jurisdicción fija el alcance de los efectos, y el procedimiento somete tanto el ámbito como el alcance a impugnación y registro. Una afirmación que surge bajo estas restricciones puede ser impugnada porque la legitimidad puede ser impugnada. La afirmación aquí no surge bajo restricción; la afirmación surge por recepción. La legitimidad depende del reconocimiento en lugar de la jurisdicción, y el reconocimiento no es una categoría cívica que admita examen.
18. Puede disputarse un mandato. Puede negarse la jurisdicción de un tribunal. Puede invocarse el procedimiento y exigir réplica. El reconocimiento no ofrece instrumento equivalente. El reconocimiento confiere autoridad sin especificar alcance, y el reconocimiento permite que una voz se presente como conciencia sin aceptar las obligaciones que hacen a la conciencia responsable en la vida pública.
19. El efecto no es meramente que una voz hable fuera de cargo. El efecto es que el papel del cargo es reemplazado. En un sistema en el que la legitimidad precede al discurso, el discurso puede limitarse porque el foro puede limitarse. En un sistema en el que la legitimidad sigue al discurso, el discurso se expande hasta que algo externo impone un límite.
20. El texto no se apoya en límite alguno de esa naturaleza. El texto presenta la legitimidad moral como completa en el momento de la enunciación, y el texto trata la recepción como confirmación. El público es situado menos como un público capaz de impugnar que como un testigo de una proclamación cuya autoridad se presume en lugar de ganarse.
21. En tal disposición la pretensión de hablar conlleva consecuencia sin jurisdicción, y la autoridad aparece allí donde ninguna institución puede ser identificada como fuente de autoridad.
22. La autoridad que no surge de cargo no puede apoyarse en procedimiento. El procedimiento requiere foro. El foro requiere jurisdicción. La jurisdicción requiere mandato. Ninguno está presente aquí.
23. La afirmación por tanto no procede por secuencia. La afirmación procede sin premisas, sin fundamentos y sin anticipación de réplica. La enunciación no argumenta. La enunciación proclama.
24. Lo que ordinariamente requeriría promulgación es declarado completo. Lo que ordinariamente requeriría interpretación es declarado resuelto. Lo que ordinariamente requeriría revisión es presentado como definitivo. El veredicto precede al foro.
25. Esta inversión altera la función misma del discurso. El discurso ya no busca asentimiento mediante razonamiento. El discurso produce asentimiento por declaración. El juicio ya no sigue a la deliberación. El juicio se instala antes de que la deliberación pueda ocurrir.
26. Una vez que la proclamación es recibida como veredicto, la prueba se vuelve irrelevante.
27. Una vez que el argumento es retirado de la secuencia, el asentimiento ya no surge del juicio. El asentimiento surge del reconocimiento. La afirmación no pide ser examinada. La afirmación pide ser recibida. La fuerza de la afirmación depende menos de lo que la afirmación establece que de a quién la afirmación se dirige.
28. El público no es invitado a considerar si el veredicto se sigue de la ley ni si la autoridad invocada posee legitimidad para dictar. El público es invitado a reconocerse en el veredicto.
29. Este desplazamiento altera la función del acuerdo. En ámbitos deliberativos, el asentimiento sigue a la impugnación. Uno acepta una conclusión porque ha sopesado una afirmación frente a alternativas. Aquí, el asentimiento precede a cualquier ponderación. El veredicto llega ya formado, y la recepción suministra confirmación.
30. El acuerdo ya no señala convicción, sino afiliación, una postura definida menos por convicción que por posición.
31. El reconocimiento, en esta disposición, realiza el trabajo que antes realizaba el argumento. Aceptar la afirmación es afirmar pertenencia a una posición moral ya definida. El veredicto no obliga porque el veredicto sea correcto. El veredicto obliga porque el veredicto identifica.
32. Quienes reciben el veredicto no lo hacen como jueces de coherencia, sino como participantes en la postura que el veredicto confiere. La afirmación triunfa no persuadiendo a adversarios, sino consolidando a quienes ya están dispuestos a aceptarla.
33. Esta función explica la ausencia de procedimiento. La deliberación introduciría fractura. La impugnación introduciría diferenciación. La revisión expondría divergencia. Ninguna sirve al propósito en curso.
34. La afirmación por tanto elude toda etapa en la que pudiera aparecer el desacuerdo. La afirmación ofrece en su lugar un juicio ya concluido cuyo efecto principal es ordenar reconocimiento y rechazo.
35. El resultado no es creencia en el sentido ordinario, sino afiliación, una postura definida menos por convicción que por posición. Asentir es adoptar una posición dentro de una alineación moral cuyos límites son trazados por la recepción misma. Quienes aceptan son confirmados. Quienes dudan son marcados.
36. La autoridad, en esta forma, no gobierna por medio de la ley. La autoridad gobierna por identificación.
37. Una vez que la legitimidad es conferida por recepción, los límites restantes no pueden sostenerse.
38. Una vez que la autoridad es producida de esta manera, la sustitución se vuelve inevitable. En esta disposición el cargo cede ante la presencia, la jurisdicción cede ante el reconocimiento, el procedimiento cede ante la proclamación, y el juicio cede ante la reacción, hasta que ningún límite permanece capaz de detener la expansión que sigue.
39. Cada sustitución elimina un límite. Cada sustitución amplía el alcance. Cada sustitución disuelve responsabilidad.
40. Lo que permanece es una forma de autoridad que no puede ser impugnada porque no permanece foro alguno en el que pueda ocurrir impugnación.
41. La consecuencia para la ciudadanía sigue directamente. Un ciudadano participa ordinariamente en el juicio sopesando afirmaciones, impugnando legitimidad e invocando procedimiento. Aquí, ese papel desaparece. El ciudadano ya no es situado como participante en deliberación. El ciudadano es situado como receptor de veredicto.
42. La agencia cede ante la recepción, el juicio cede ante la alineación y la responsabilidad cede ante la lealtad, hasta que el desacuerdo mismo ya no puede aparecer como acto cívico.
43. En esta postura el desacuerdo deja de ser un acto cívico. El desacuerdo se vuelve una ruptura de afiliación. La duda se vuelve deslealtad. La corrección se vuelve defección.
44. Una vez que el juicio es desplazado de este modo, la reparación se vuelve imposible. La corrección presupone foro. La revisión presupone jurisdicción. La réplica presupone legitimidad. Ninguna permanece disponible.
45. Un veredicto que llega sin foro no puede ser devuelto a impugnación. Una autoridad que surge sin cargo no puede ser sometida a revisión. Una afirmación que gobierna mediante reconocimiento únicamente no puede ser corregida sin amenazar la pertenencia misma.
46. La persistencia de la fabricación no sigue de confusión, sino de función. La fabricación perdura porque la fabricación estabiliza alineación. La fabricación circula porque la fabricación confirma posición. La fabricación resiste corrección porque la corrección disolvería la postura que la fabricación sostiene.
47. La autoridad, una vez separada de cargo y restricción, no desaparece. La autoridad reaparece en forma alterada. El veredicto se separa del foro. La conciencia se separa de la responsabilidad. El asentimiento se separa de la deliberación.
48. Lo que permanece es una pretensión de gobernar sin jurisdicción.
49. Esto no es la corrupción del juicio. Esto es desplazamiento.
50. El juicio ya no se ejerce. El juicio se produce.
Las reflexiones de los capítulos anteriores conducen finalmente a una indagación más histórica, en la que el siguiente archivo, « Crónicas de Hugo Chávez », se convierte en otra lente desde la cual me acerco a la experiencia venezolana.
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Ricardo F. Morin
25 de Diciembre de 2025
Oakland Park, Fl.
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Capítulo VI
Crónicas de Hugo Chávez
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1
Hugo Chávez, quien encabezó la Revolución Bolivariana, nació el 28 de julio de 1954 en Sabaneta, Venezuela. Murió el 5 de marzo de 2013, a las 4:25 p. m. VET (8:55 p. m. UTC) en Caracas, a los 58 años. Como líder de la revolución, Chávez dejó una huella discernible en la historia política de Venezuela. Reconstruir esta historia es volver sobre un paisaje cuyas consecuencias siguen moldeando la vida venezolana.
En el núcleo del chavismo se encuentra una fusión deliberada de nacionalismo, poder centralizado y participación militar en la política. Esta fusión dio forma a su visión de una nueva Venezuela: ferozmente independiente y orgullosamente socialista.
Hugo Chávez (11 años), sexto grado, 1965 (Foto: Reuters).
2
La infancia de Hugo Chávez transcurrió en un pequeño pueblo de los Llanos, en el estado Barinas, al noroeste del país. Esta región posee una historia de cacicazgos indígenas (es decir, “jefaturas”, “dominios” o “formas de gobierno”) que se remonta a tiempos precolombinos. [1] Chávez fue el segundo de seis hermanos y sus padres tuvieron dificultades para mantener a la familia numerosa. Como consecuencia, él y su hermano mayor, Adán, fueron enviados a vivir con su abuela paterna, Rosa Inés, en la ciudad de Barinas. Tras la muerte de ella, Chávez honró su memoria con un poema que concluye con una estrofa que revela la profundidad de ese vínculo:
Entonces, / abrirías tus brazos / y me abrazarías / cual tiempo de infante / y me arrullarías / con tu tierno canto / y me llevarías / por otros lugares / a lanzar un grito / que nunca se apague. [2]
3
En su segundo año de bachillerato, Chávez conoció a dos maestros influyentes, José Esteban Ruiz Guevara y Douglas Ignacio Bravo Mora, quienes le ofrecieron orientación más allá del currículo regular. [3][4] Lo introdujeron al marxismo-leninismo como marco teórico y despertaron su fascinación por la Revolución Cubana y sus principios, un punto de inflexión más visible en retrospectiva de lo que pudo serlo en aquel momento.
4
A los 17 años, Chávez ingresó en la Academia Militar de Venezuela, en Fuerte Tiuna (Caracas), con la esperanza de compaginar la formación castrense con su pasión por el béisbol. Soñaba con convertirse en un pitcher zurdo, pero sus habilidades no estuvieron a la altura de esa ambición. A pesar de su inicial falta de interés por la vida militar, persistió en su entrenamiento y se graduó de la academia en 1975, ubicado cerca del final de su promoción.
5
La carrera militar de Chávez comenzó como subteniente, con la tarea de capturar guerrilleros de izquierda. Mientras los perseguía, empezó a identificarse con su causa y llegó a creer que luchaban por una vida mejor. Para 1977, estaba dispuesto a abandonar su carrera militar y unirse a la guerrilla. En busca de orientación, recurrió a su hermano Adán, quien lo convenció de permanecer en las fuerzas armadas insistiendo: « Te necesitamos allí ». [5] Chávez experimentó entonces un renovado sentido de propósito y entendió su misión como un llamado. En 1982, junto con sus compañeros militares más cercanos, formó el Movimiento Bolivariano Revolucionario-200 (MBR-200): su objetivo era difundir su interpretación del marxismo dentro de las fuerzas armadas y, en última instancia, preparar un golpe de Estado. [6]
6
El 4 de febrero de 1992, el teniente Chávez y sus aliados militares iniciaron una revuelta contra el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez. Sin embargo, la rebelión fue rápidamente sofocada. Rodeado y superado en número, Chávez se rindió en el Cuartel de la Montaña —actual museo de historia militar en Caracas, cercano al palacio presidencial— bajo la condición de que se le permitiera dirigirse a sus compañeros por televisión. Los instó a deponer las armas y evitar más derramamiento de sangre. Proclamó: « Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados… ». [7] La transmisión marcó el inicio de su proyección política. Sus palabras resonaron en todo el país y sembraron las bases de su futuro político.
Chávez anuncia su arresto en cadena nacional e insta a los insurgentes a rendirse.
7
En 1994, el recién electo presidente Rafael Caldera Rodríguez lo indultó. [8] Con esta segunda oportunidad, Chávez fundó el Movimiento V República (MVR) en 1997 y agrupó a socialistas afines en torno a su causa. [9] Mediante una campaña centrada en apelaciones populistas, obtuvo una victoria electoral a los 44 años.
8
En su primer año como presidente, Chávez disfrutó de una aprobación del 80%. Sus políticas buscaban erradicar la corrupción, ampliar los programas sociales para los pobres y redistribuir la riqueza nacional. Jorge Olavarría de Tezanos Pinto, inicialmente un simpatizante, se convirtió hacia el final de las elecciones en una de las voces opositoras más destacadas. Acusó a Chávez de socavar la democracia venezolana mediante el nombramiento de oficiales militares en cargos gubernamentales. [10] Al mismo tiempo, Chávez elaboraba un nuevo texto constitucional que le permitiría colocar militares en poderes públicos.
La nueva Constitución, ratificada el 15 de diciembre de 1999, abrió paso a las « megaelecciones » del año 2000, en las cuales Chávez aseguró un mandato de seis años. Aunque su partido no obtuvo control absoluto de la Asamblea Nacional, gobernó mediante Leyes Habilitantes, que permitían legislar por decreto. [11][12]
Mientras Chávez impulsaba reformas para reorganizar las instituciones del Estado, no se cumplieron los requisitos constitucionales. La designación de los magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ) se llevó a cabo sin rigor, lo que generó inquietudes sobre su legitimidad y competencia. Cecilia Sosa Gómez, la presidenta saliente de la CSJ, declaró que el Estado de derecho había sido « sepultado » y que la Corte se había « autodisuelto ». [13][14]
9
Aunque algunos venezolanos vieron en Chávez una alternativa fresca al inestable sistema democrático, dominado por tres partidos desde 1958, otros sectores expresaron preocupación a medida que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) consolidaba el poder y se convertía en el único partido gobernante. [15] Los poderes Legislativo y Ejecutivo se centralizaron cada vez más, y las garantías judiciales de los derechos ciudadanos se debilitaron.
Los estrechos vínculos de Chávez con Fidel Castro y su deseo de modelar a Venezuela según el sistema cubano —bautizado popularmente como «VeneCuba»— encendieron nuevas alarmas. [16]Además, silenció emisoras de radio independientes y antagonizó a Estados Unidos y otras naciones occidentales, mientras fortalecía sus relaciones con Irak, Irán y Libia.
A comienzos de 2002, su aprobación había caído al 30%, y las marchas anti-Chávez se hicieron frecuentes.
10
El 11 de abril de 2002, una manifestación masiva de más de un millón de personas marchó hacia el palacio presidencial exigiendo la renuncia del presidente Chávez. La protesta se volvió violenta cuando agentes de la Guardia Nacional y paramilitares encapuchados abrieron fuego contra la multitud. [17]
El trágico suceso —la Masacre de Puente Llaguno— provocó una rebelión militar que llevó al arresto de Chávez y a la conformación de un gobierno de transición encabezado por Pedro Francisco Carmona Estanga. [18]
Sin embargo, la gestión de Carmona fue efímera: suspendió la Constitución, disolvió la Asamblea Nacional y la Corte Suprema, y destituyó a diversos funcionarios. En un plazo de cuarenta y ocho horas, las Fuerzas Armadas retiraron su respaldo a Carmona.
El vicepresidente, Diosdado Cabello Rondón, fue reintegrado como presidente y restituyó a Chávez en el poder. [19]
11
El fallido golpe de Estado fortaleció a Chávez, quien purgó su círculo interno e intensificó su confrontación con la oposición. En diciembre de 2002, la oposición organizó un paro nacional destinado a forzar su renuncia. El paro afectó a la empresa estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), que generaba aproximadamente el 80% de los ingresos por exportaciones del país. [20]
Chávez respondió despidiendo a sus 38.000 empleados y reemplazándolos con leales a su causa. Para febrero de 2003, el paro se había desvanecido y Chávez recuperó el control total de los ingresos petroleros.
12
Entre 2003 y 2004, la oposición impulsó un referendo para revocar el mandato de Chávez, pero el aumento de los ingresos petroleros —que financiaban programas sociales populares— reforzó su apoyo. [21]
A finales de 2004, su popularidad había repuntado y el referendo fue derrotado contundentemente. En diciembre de 2005, la oposición boicoteó las elecciones legislativas y protestó contra el Consejo Nacional Electoral (CNE). [22]
Para entonces, el control legislativo recaía casi por completo en la coalición de Chávez. [23] Lo que siguió no representó una desviación de esta trayectoria, sino su prolongación mediante políticas formales.
13
En diciembre de 2006, Chávez consiguió un tercer mandato presidencial, una victoria que amplió el alcance de la iniciativa ejecutiva. Nacionalizó industrias clave —oro, electricidad, telecomunicaciones, gas, acero, minería, agricultura y banca— junto con numerosos sectores menores. [24][25][26][27][28][29]
Presentó un paquete de reformas constitucionales destinadas a ampliar los poderes del Ejecutivo y su control sobre el Banco Central de Venezuela (BCV). En una medida controvertida, modificó unilateralmente los derechos de propiedad y permitió que el Estado confiscara bienes privados sin supervisión judicial. Incluso propuso convertirse en presidente vitalicio.
Sin embargo, en diciembre de 2007, la Asamblea Nacional rechazó por escaso margen sus amplias reformas.
14
En febrero de 2009, Chávez volvió a presentar sus propuestas controvertidas, esta vez con éxito. Inspirándose en la asesoría cubana, intensificó la represión del disenso. [30]
Ordenó la detención de opositores electos y cerró todas las estaciones privadas de televisión.
15
En junio de 2011, Chávez anunció que se sometería a una cirugía en Cuba para extirpar un tumor. La noticia generó confusión y preocupación en el país. [31] A medida que su salud se deterioraba, los votantes comenzaron a cuestionar su capacidad para gobernar.
Aun así, en 2012, desafiando su frágil estado, Chávez hizo campaña contra Henrique Capriles y obtuvo una victoria presidencial sorpresiva. [32]
16
Chávez durante la campaña electoral, febrero de 2012.
En diciembre de 2012, Chávez se sometió a su cuarta operación en Cuba. Antes de partir de Venezuela, anunció su plan de transición y designó al vicepresidente Nicolás Maduro como su sucesor, acompañado de una poderosa troika encabezada por Diosdado Cabello (jefe militar) y Rafael Darío Ramírez Carreño (administrador de PDVSA). [33][34][35]
Tras la cirugía, Chávez fue trasladado el 11 de diciembre al Hospital Militar Universitario Dr. Carlos Arvelo —adscrito a la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV)— en Caracas, donde permaneció incomunicado, alimentando aún más las especulaciones.
Algunos funcionarios desestimaron los rumores de asesinato, mientras que otros, incluida la exfiscal general Luisa Ortega Díaz, afirmaron que Chávez había muerto el 28 de diciembre. [36]
El gabinete de Maduro negó vehementemente tales acusaciones e insistió en que no se había cometido ningún crimen. En medio de la incertidumbre, Maduro solicitó a la Asamblea Nacional posponer indefinidamente la juramentación presidencial, lo que agravó la crisis política.
17
La Asamblea Nacional accedió a la solicitud de Maduro y votó a favor del aplazamiento de la juramentación.
Chávez falleció el 5 de marzo. Su cuerpo fue embalsamado en tres etapas distintas sin que se realizara una autopsia, lo que alimentó nuevas sospechas y teorías conspirativas.
Treinta días después, Maduro asumió la presidencia en un contexto de persistente incertidumbre política. [37]
Notas Finales—Capítulo VI
§ 2
[1] Charles S. Spencer y Elsa M. Redmond, Prehispanic Causeways and Regional Politics in the Llanos of Barinas, Venezuela (Cambridge: Cambridge University Press, 2017). Resumen: «… relacionados con la dinámica política de la organización cacical durante la fase Gaván Tardía». Publicado en Latin American Antiquity, vol. 9, n.º 2 (junio de 1998): 95-110. https://doi.org/10.2307/971989
[4] L’Atelier des Archive, « Interview du révolutionnaire: Douglas Bravo au Venezuela [circa 1960] » (transcripción: «… conceptos injuriosos en contra de la revolución cubana…» [min. 1:11-14]), YouTube, 14 de octubre de 2016. https://www.youtube.com/watch?v=1cx2D5VM8VM
§ 5
[5] “Hugo Chavez Interview,” YouTube. Extracto de transcripción y marca de tiempo no disponibles. Cita original en español « … si no, quizá me voy del Ejército, no, no puedes irte, me dijo Adán, no, te necesitamos allí, ¿pero quién me necesita? ». Consultado el 12 de octubre de 2023.
[9] Gustavo Coronel, « Corruption, Mismanagement, and Abuse of Power in Hugo Chávez’s Venezuela », Center for Global Liberty & Prosperity: Development Policy Analysis, n.º 2 (CATO Institute, 27 de noviembre de 2006). https://www.issuelab.org/resources/2539/2539.pdf
[11] Mario J. García-Serra, «The ‘Enabling Law’: The Demise of the Separation of Powers in Hugo Chavez’s Venezuela», University of Miami Inter-American Law Review, vol. 32, n.º 2 (primavera-verano 2001): 265-293. https://www.jstor.org/stable/40176554
[26] James Suggett, « Venezuela Nationalizes Gas Plant and Steel Companies, Pledges Worker Control », Venezuelanalysis, 23 de mayo de 2009. https://venezuelanalysis.com/news/4464/
[37] « Cuerpo de Chávez fue tratado tres veces para ser conservado: … intervenido con inyecciones de formol para que pudiera ser velado », El Nacional de Venezuela – Gda, 27 de enero de 2024, 05:50; actualizado el 22 de marzo de 2013, 20:51. https://www.eltiempo.com/amp/archivo/documento/CMS-12708339
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Ricardo F. Morín
Noviembre de 2025
Oakland Park, Florida
Nota del autor
La idea de reducir el tamaño del Estado en los Estados Unidos ha reaparecido en distintas administraciones, aunque el déficit persiste y las obligaciones centrales de la vida pública (la Seguridad Social, Medicare, el creciente costo sanitario y el desequilibrio fiscal de largo plazo) siguen sin resolverse en el plano estructural. Las iniciativas presentadas como programas de eficiencia suelen desviar la atención de estos compromisos persistentes. Este ensayo examina la distancia entre la ejecución de la reforma y las realidades que persisten bajo dicha ejecución, y pregunta qué queda oculto cuando una representación de reforma se presenta como transformación —en particular los intereses corporativos que se benefician cuando se reducen las funciones regulatorias y de supervisión del Estado.
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El reciente cierre del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) revela algo más que una insuficiencia administrativa. La iniciativa comenzó con la promesa extravagante de ahorrar varios billones de dólares y terminó con una afirmación imposible de verificar que equivalía a cerca del tres por ciento del presupuesto federal. La disparidad no es un error técnico, sino uno simbólico. Esta disparidad expone un patrón político en el que se anuncia una reforma de gran alcance, se escenifica su ejecución y el resultado es un gesto que guarda escasa relación con la proporción de la aspiración. Lo que al principio había parecido una reestructuración disciplinada del Estado se convirtió, en cambio, en un ejemplo de cómo la ambición puede separarse de la factibilidad.
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El lenguaje de la eficiencia ha ejercido durante mucho tiempo un atractivo casi irresistible. Ese lenguaje sugiere una visión de la administración liberada del exceso, guiada por la prudencia y alineada con la virtud fiscal. Sin embargo, la eficiencia funciona como una metáfora más que como un principio. Esta metáfora oculta supuestos sobre lo que debe hacer el Estado, lo que requieren los ciudadanos y lo que exige la complejidad contemporánea. Uno de esos supuestos sostiene que las obligaciones públicas pueden cumplirse con menos instrumentos; otro afirma que unas instituciones más reducidas sirven mejor al interés público. Ambos supuestos pasan por alto que las sociedades intrincadas necesitan una capacidad institucional robusta y que dicha capacidad implica necesariamente un costo.
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Cuando tales programas chocan con las realidades operativas de la administración, sus límites se vuelven evidentes. Las agencias federales existen porque las responsabilidades que asumen no pueden ser gestionadas únicamente por la iniciativa privada. Estas agencias coordinan infraestructuras, regulan los mercados, vigilan los riesgos sistémicos y median en los conflictos entre intereses grandes y a menudo contrapuestos. Los intentos de reducir de manera severa estas funciones rara vez producen los ahorros previstos, porque las necesidades subyacentes no desaparecen. Los reformadores se enfrentan a una verdad sencilla: las funciones indispensables no pueden eliminarse sin consecuencias.
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Lo que surge en su lugar es una apariencia sin contenido. La promesa de reducir el tamaño del Estado satisface una demanda cultural de contención visible, aunque el resultado satisfaga poco más. Esa promesa afirma un relato en el que la burocracia se imagina como el obstáculo para el bienestar nacional y la reducción institucional como el remedio. Sin embargo, la apariencia de reforma suele sustituir a una reforma sustantiva. Las actuaciones procedimentales se elevan a la categoría de resultados, y la declaración de cambio se acepta como prueba de que el cambio ha ocurrido.
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Tras esta representación se perfila una estrategia más profunda. Cuando el Estado se debilita, el alcance de la supervisión pública se reduce. Esa reducción no elimina la autoridad, sino que la reasigna. En ausencia de instituciones públicas sólidas, los centros de poder no gubernamentales (corporaciones, individuos de gran patrimonio y otras entidades de control privado que operan sin responsabilidad electoral) asumen una esfera de influencia más amplia y funcionan con menos obligaciones y casi ninguna transparencia. La retórica de achicar el Estado encubre, por tanto, un movimiento distinto: la expansión de la discrecionalidad fuera de los cauces de la rendición democrática de cuentas.
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Esta expansión se vuelve más visible en la consolidación de la riqueza. Cuando las capacidades regulatorias y de investigación se reducen, también disminuyen las restricciones sobre las grandes fortunas. El capital concentrado amplía su alcance a través de los sectores productivos, las infraestructuras, los datos y los sistemas de información. Los esfuerzos por limitar el alcance del Estado operan, por tanto, como un escudo bajo el cual el poder privado se acumula con una resistencia mínima. Lo que se presenta como la eliminación de restricciones burocráticas se convierte, en la práctica, en la eliminación de las restricciones que limitan el poder privado frente al escrutinio público.
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Tales condiciones alimentan la tentación autocrática. Cuando la riqueza opera más allá de los contrapesos institucionales, la frontera entre influencia y autoridad comienza a desdibujarse. Los actores privados adquieren la capacidad de modelar políticas, orientar el discurso público y redefinir normas sin un mandato democrático. La crítica al “gran Estado” se convierte en un medio para crear condiciones en las que los actores privados actúan como soberanos informales: poderosos, no elegidos e indispensables —cada vez más— para el funcionamiento ordinario de la vida cívica.
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No es casualidad que esta retórica aparezca a menudo en el lenguaje del populismo. Los llamamientos a las frustraciones públicas convierten los desequilibrios estructurales en agravios culturales. La burocracia se presenta como el adversario, incluso cuando el verdadero obstáculo para la dignidad cívica reside en la creciente distancia entre el poder concentrado y el interés público. Lo que se ofrece como una defensa del pueblo suele promover intereses muy alejados de aquellos que afirma representar.
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Estas dinámicas reflejan un patrón recurrente: el atractivo de la riqueza concentrada, el debilitamiento de las restricciones públicas y la afirmación de que el progreso puede invocarse sin ser compartido. El llamado a reducir el tamaño del Estado se inscribe en este patrón más amplio. Ese llamado funciona como una iteración contemporánea de una estrategia conocida, en la que la retórica reformista oculta la concentración de ventaja. El patrón persiste porque su lenguaje de superficie resulta persuasivo mientras sus mecanismos subyacentes permanecen ocultos.
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Si existe una vía efectiva, no reside en disminuir las instituciones, sino en fortalecer los mecanismos a través de los cuales estas rinden cuentas ante una sociedad diversa. La medida del Estado no es su tamaño, sino su integridad: su capacidad para responder a la complejidad sin ceder sus responsabilidades a la autoridad privada. Lo que se debilita cuando las instituciones se reducen no es la eficiencia, sino la democracia misma. Defender la esfera pública exige aclarar lo que se pierde cuando la reforma se limita a una apariencia únicamente formal, cuando la eficiencia se convierte en un lenguaje destinado a encubrir el poder en lugar de distribuirlo.
Ricardo Morin Gobernar por Excepción 10″x12″ Acuarela, creyón de óleo y gesso 2003
Por Ricardo F. Morín
10 de octubre de 2025
Bala Cynwyd, Pensilvania
El poder sin examen se convierte en su propia justificación.
—Máxima cívica anónima
Proemio
Gobernar constituye la disciplina moral del orden: el esfuerzo sostenido por mantener la autoridad alineada con la conciencia, de manera que el poder continúe siendo un instrumento de justicia y no un vehículo de interés propio. El Estado encarna esa disciplina en cada uno de sus actos: necesario, falible y siempre expuesto al peligro de confundir permanencia con legitimidad.
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La historia política rara vez avanza como una línea recta. Se acumula, más bien, como un palimpsesto en el que nuevos regímenes —imperiales, republicanos, autoritarios y democráticos— graban sus doctrinas sobre los vestigios de órdenes anteriores. Las instituciones y las leyes no suelen desaparecer; sobreviven como capas de precedentes y hábitos que gobiernos posteriores reinterpretan para servir otros fines. El momento político actual de los Estados Unidos debe examinarse dentro de esa estructura acumulativa. Lo que parece una ruptura radical con la tradición constitucional es, en realidad, la reescritura más reciente de un molde preexistente. Mecanismos que otrora resguardaban la república ahora amplían el alcance del poder ejecutivo. Tales mecanismos revelan cómo continuidad y ruptura pueden coexistir en un mismo acto.
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Durante el primer semestre del retorno de la administración Trump, el sistema político estadounidense ha ingresado en un estado de dislocación controlada. Directivas ejecutivas han anulado apropiaciones del Congreso, suspendido programas estatutarios y reorganizado departamentos enteros bajo autoridad provisional. Un cierre gubernamental, presentado como necesidad administrativa, se ha convertido en herramienta para reestructurar el Estado. Los despidos masivos, los congelamientos selectivos de fondos y la redefinición de mandatos institucionales actúan como instrumentos coordinados para concentrar el poder en el Ejecutivo. No son disputas episódicas entre ramas del gobierno; revelan una estrategia coherente de reconfiguración, ejecutada mediante actos que parecen legales pero están diseñados para desfigurar el equilibrio de poderes desde el interior.
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El principio rector de esta transformación es la normalización de la excepción. Facultades que generaciones anteriores consideraban temporales —remedios de emergencia reservados a amenazas extremas— se han convertido en herramientas ordinarias de administración. La invocación de la Insurrection Act [Ley de Insurrección], concebida para rebeliones u obstrucciones violentas, funciona ahora como justificación para el despliegue de fuerzas militares en estados gobernados por la oposición política. El uso de esa autoridad se justifica como respuesta a un aumento del crimen, aun cuando los datos verificables registran un descenso nacional. En esta inversión de la lógica, la declaración de emergencia antecede a su necesidad. El propio gobierno genera la crisis que afirma enfrentar y permite que las medidas coercitivas parezcan inevitables y legítimas. Lo que se diluye en ese proceso no es solo la restricción institucional, sino también la disciplina moral del orden: la facultad perceptiva mediante la cual el reconocimiento se convierte en responsabilidad y el ver adquiere peso ético.
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La redefinición de autoridad como autoritarismo se ve reforzada por la doctrina judicial. La decisión de la Corte Suprema en Trump v. United States (2024) estableció que el presidente goza de inmunidad absoluta para los “actos oficiales esenciales” y de inmunidad presuntiva para todos los demás actos realizados en su capacidad oficial. Este fallo alteró el significado mismo de la responsabilidad. Colocó la presidencia por encima del escrutinio legal ordinario al presumir legalidad allí donde pueda alegarse cumplimiento del deber. La decisión invirtió el orden constitucional que antes definía la presidencia como un cargo limitado por la ley. Bajo esta interpretación, la legalidad fluye de la función y no del estatuto. La Corte no inventó la supremacía ejecutiva: legitimó su evolución. Al blindar a la oficina del Ejecutivo de las consecuencias de sus actos, el poder judicial, quizá sin intención expresa, se convirtió en instrumento de la transformación que debía contener.
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Si examinamos la tríada de poderes —legislativo, ejecutivo y judicial—, el equilibrio presente muestra una distorsión marcada. Cada rama conserva su contorno formal, pero su autoridad interior se ha reducido. La facultad presupuestaria del Congreso se ha debilitado mediante impugnaciones y desembolsos selectivos. Las agencias administrativas han sido vaciadas por despidos abruptos y reorganizaciones estructurales. El poder judicial, atado a sus doctrinas de deferencia e inmunidad, se halla incapaz de intervenir con eficacia. Lo que subsiste del equilibrio institucional descansa menos en el principio constitucional que en la inercia administrativa. La maquinaria estatal continúa funcionando, pero su continuidad depende ya del hábito más que de la ley.
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No se trata aún de una dictadura abierta. Es un fenómeno más sutil: un sistema que opera a través de formas legales pero concentra poder en la práctica. La autoridad conserva apariencia constitucional mientras utiliza los mismos procedimientos para afianzar control unilateral. El patrón se distingue no por sus proclamaciones, sino por acciones verificables: decretos que sustituyen a la legislación, órdenes “temporales” renovadas sin fecha de expiración, fondos retenidos a adversarios políticos y despliegue de tropas federales en jurisdicciones donde no se ha demostrado desorden alguno. Cada medida, aislada, parece limitada y razonable. Tomadas en conjunto, forman una arquitectura de excepción: un marco invisible que reorganiza el poder sin proclamar revolución. En esa arquitectura se advierte el declive de la disciplina moral del orden, donde la legalidad persiste pero la conciencia retrocede.
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Un análisis forense debe centrarse, por tanto, no en la acusación sino en la diagnosis. El objetivo es identificar cuándo la práctica diverge del principio y cuándo la continuidad jurídica encubre una mutación política. La cuestión no es si la democracia ha desaparecido, sino cuán lejos se ha apartado la república de sus propias normas operativas. Ese desvío puede medirse mediante datos ordinarios: el número de apropiaciones ignoradas o retrasadas; la duración y el alcance de declaraciones de emergencia; la proporción entre funcionarios confirmados y designaciones interinas; y la frecuencia con que la inmunidad presidencial se invoca para impedir la revisión. Cada indicador marca un paso más lejos del régimen de poder compartido que define la democracia constitucional.
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El concepto de república, en su sentido clásico e ilustrado, presupone un equilibrio entre poder y virtud: el imperio de la ley sostenido por ciudadanos libres de dependencia. En la práctica contemporánea, esa idea se ha reducido a una etiqueta partidista. El republicanismo que antes exigía responsabilidad cívica convive ahora con mecanismos —financiación mediante PAC [Comité de Acción Política: Organización que recauda y gasta dinero para elegir candidatos políticos], lealtad faccional, influencia corporativa— que convierten el gobierno en instrumento de intereses privados. Así, la palabra que en otros tiempos significaba contención encubre hoy su contrario: un sistema en el que la representación sirve a sus patrocinadores con mayor fidelidad que a sus ciudadanos.
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La historia muestra que los sistemas constitucionales rara vez colapsan por desafío abierto; ceden mediante adaptación. La República romana no abolió sus instituciones: las transformó gradualmente en órganos imperiales. Las democracias modernas siguen derroteros similares cuando la crisis se utiliza para justificar la concentración del poder. La autoridad ejecutiva se expande, la restricción legislativa se debilita y la cautela judicial se vuelve complicidad.El caso estadounidense se ajusta a ese patrón. El marco de la Constitución permanece, pero su significado se desplaza de forma incremental mediante interpretación, precedente y hábito administrativo. La transformación progresa sin enmienda formal porque cada desviación se presenta como continuidad.
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Los indicadores del declive son estructurales, no morales. Cuando la legalidad depende de la voluntad —el impulso autolegitimante del poder cuando ha quedado desvinculado de la responsabilidad moral— y esa voluntad está protegida del escrutinio, la arquitectura del freno pierde coherencia. Allí la disciplina moral del gobierno cede paso a la lógica autovalidante del poder. Lo que sigue no es anarquía, sino desorden organizado: una condición en la que las instituciones funcionan como antes, pero para fines opuestos; anarquía disfrazada de normalidad. Los procedimientos se observan, pero la sustancia se invierte. La apariencia externa de democracia persiste, mientras su lógica interna es reemplazada por un sistema que gobierna mediante excepción permanente.
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La tarea de observadores y ciudadanos no consiste en prever el colapso, sino en reconocer la mutación. Los sistemas políticos rara vez anuncian su punto de inflexión; se ocultan bajo la rutina. La inteligencia cívica se mide en la capacidad de advertir cuándo la ley se vuelve vocabulario, cuándo la supervisión se vuelve representación y cuándo el estado de excepción deja de ser transitorio. La república continúa funcionando, pero lo hace bajo premisas alteradas. La preservación de la legalidad depende no solo del diseño institucional, sino también de la vigilancia de quienes lo interpretan. La justicia perdura únicamente donde las instituciones recuerdan que su finalidad es limitar el poder, proteger al vulnerable y mantener vivo el fundamento moral del que la autoridad obtiene su derecho a actuar.
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La permanencia de la república dependerá, en consecuencia, no del espectáculo de sus elecciones, sino de la recuperación de su primera obligación: mantener la autoridad sometida a la idea moral que le otorga legitimidad. La justicia perdura solo donde las instituciones recuerdan que existen para limitar el poder, defender al vulnerable y preservar la disciplina moral del orden, mediante la cual la libertad permanece lícita y la ley conserva su humanidad. Cuando esa memoria se desvanece, lo que queda es administración sin alma: un Estado aún erguido, pero ya sin gobierno.
Ricardo Morin « La Constitución en nosotros » CGI 2025
Política (del griego politikós, “de, por o relativo a los ciudadanos”) es la práctica y teoría de la influencia de las personas en el ámbito cívico o individual.
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Por Ricardo Motin
10 de Agosto de 2025; Toronto, Canada
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Desde sus primeras formulaciones, los marcos constitucionales han sido algo más que pactos jurídicos; han encarnado declaraciones de filosofía política, definiendo cómo debe organizarse el poder, cómo ha de ser contenido y ante quién debe rendir cuentas. La gobernanza contemporánea prolonga, en gran medida, aquellos experimentos, moldeados por siglos de ensayo y adaptación. Sin embargo, esas formas pueden mantenerse en apariencia mientras se vacían de contenido. En no pocos Estados actuales, las constituciones proclaman la libertad al tiempo que la acotan, definen derechos de manera excluyente y preservan los intereses de una élite gobernante. El partidismo explota las limitaciones y vulnerabilidades ajenas como justificación para la exclusión; la autocomplacencia moral se convierte en herramienta de dominación, acallando la oposición y reprimiendo la disidencia. El valor de un marco constitucional, por tanto, no se mide sólo por su letra, sino también por la integridad ética de quienes lo sostienen. Sin ética, la política pierde su sentido; sin virtud cívica, la ley deja de servir a la paz y se convierte en un instrumento de dominio.
La separación de poderes, defendida con vigor por Montesquieu, se sustenta en la convicción de que la libertad sobrevive cuando el poder está obligado a contener al poder. Este principio se desvirtúa cuando las instituciones, aun conservando su fachada, se subordinan a intereses partidistas o personales. En los últimos años, diversos Estados han preservado formalmente un poder judicial independiente mientras lo sometían en la práctica a procesos de designación controlados por el Ejecutivo o el partido gobernante. Este vaciamiento no es sólo una falla técnica; refleja una cultura política en la que la ambición, el miedo o la indiferencia de los ciudadanos permiten la evasión de los mecanismos destinados a protegerlos, desvinculando la solidez institucional y la responsabilidad cívica.
Las constituciones históricas siguen influyendo en la manera en que las comunidades políticas imaginan la autoridad. Legan principios que, en su mejor versión, ofrecen marcos adaptables para afrontar nuevos retos sin renunciar a su núcleo esencial: que la legitimidad de un Gobierno descansa no en la fuerza de sus gobernantes, sino en la solidez de las estructuras que los limitan.
Pero estas estructuras sólo perduran cuando los ciudadanos rechazan la duplicidad y el sectarismo. Las divisiones ideológicas no deben endurecerse hasta convertirse en lealtades exclusivas hacia el propio grupo a expensas de un marco cívico compartido. Sólo perduran cuando los ciudadanos resisten la idolatría del poder, porque la autoridad pierde su legitimidad en el momento en que se la trata como sagrada o incuestionable. Y sólo perduran cuando los ciudadanos repudian el culto a la personalidad, en el cual un líder es elevado por encima de la crítica mediante la construcción de imágenes, la propaganda y la lealtad personal.
La durabilidad del orden constitucional, entonces, no reside únicamente en los textos escritos o en los arreglos institucionales. Descansa por igual en la ética cívica de quienes los habitan. Cuando la ambición, el miedo o la indiferencia llevan a los ciudadanos a tolerar la duplicidad o a rendirse a la lealtad sectaria, los límites al poder se tornan frágiles. En cambio, cuando prevalecen la vigilancia y la responsabilidad, las constituciones conservan su fuerza como escudo y como brújula: protegiendo contra el gobierno arbitrario y orientando la vida política hacia la justicia y la moderación.
La verdadera reforma no es únicamente institucional, sino también interior: una revolución en la esfera íntima y colectiva, en la que cada persona asume la responsabilidad de actuar con integridad, apertura y compromiso con el bien común, en armonía consigo misma y con los demás. Sólo mediante la alineación de las estructuras institucionales con la responsabilidad cívica puede una Constitución conservar su sentido y sostenerse como resguardo frente al poder arbitrario.
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Bibliografía anotada
Ginsburg, Tom, y Huq, Aziz: How to Save a Constitutional Democracy. Chicago: University of Chicago Press, 2018. (Hinsburg y Huq examinan las vías legales e institucionales por las que las democracias se debilitan, desde la manipulación de la composición de los tribunales hasta la erosión de los organismos de control independientes. A partir de ejemplos comparativos de Estados Unidos, Hungría y otros países, muestra cómo los mecanismos constitucionales pueden emplearse para consolidar el poder preservando una fachada de legalidad.)
Landau, David: “Abusive Constitutionalism.” UC Davis Law Review 47 (1). Davis: University of California, School of Law, 2013. (Landau desarrolla el concepto de “constitucionalismo abusivo” para describir cómo los gobernantes explotan el cambio constitucional para afianzar su poder. Utiliza casos de América Latina y otras regiones para ilustrar cómo las enmiendas y reinterpretaciones debilitan los contrapesos, modifican los sistemas electorales y socavan la independencia judicial.)
Levitsky, Steven, y Way, Lucan: Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes after the Cold War. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. (Levitsky y Way analizan regímenes que preservan las instituciones formales de la democracia pero las manipulan para asegurar la supremacía del partido gobernante. Introduce el concepto de “autoritarismo competitivo” como marco para entender cómo las normas constitucionales se vacían de contenido mientras se mantienen las formas democráticas.)
Levitsky, Steven, y Ziblatt, Daniel: How Democracies Die. Nueva York: Crown, 2018. (Levitsky y Ziblatt sostienen que las democracias modernas suelen declinar por el declive gradual de las normas más que por golpes de Estado. Muestra cómo los líderes explotan las ambigüedades constitucionales, manipulan la composición de los tribunales y utilizan la ley como arma para reprimir a la oposición, erosionando tanto la confianza cívica como la integridad institucional.)
El aire dentro de la vieja fábrica era denso, cargado de polvo y convicción. Habían fregado los suelos, repintado las paredes, reclamado el espacio de su pasado, pero el olor a óxido y mugre aún persistía. El aire conservaba el rastro de un esfuerzo olvidado, de una historia impregnada en el polvo, como una huella que se rehúsa a desvanecerse
Emilio se encontraba sobre un escenario improvisado, elevado por dos palés apilados. Su voz se proyectaba por toda la sala, cada palabra golpeando con certeza.
—No estamos repitiendo errores pasados. Estamos forjando un nuevo camino, más allá de los fallos del capitalismo y las traiciones del socialismo. Esta vez, lo haremos bien.
Aplausos. Asentimientos de aprobación. Ya habían escuchado esas palabras antes, pero esta vez, las creían.
Griselda permanecía sentada al fondo, con los brazos cruzados y el rostro inescrutable. Décadas atrás, había estado en el mismo sitio, escuchando una voz diferente, pero la misma promesa. La fábrica, resucitada otra vez, parecía distinta, pero el sitio seguía siendo el mismo: un decantador astillado, vertiendo la misma historia, lenta e inexorablemente.
Tras el discurso, mientras la gente se agrupaba en pequeños círculos de conversación animada, Emilio se acercó a ella.
—No pareces convencida.
—La pasión es fácil—dijo ella, tras una breve pausa. Más exigente es la dirección.
Emilio le sonrió como quien concede indulgencia a un anciano.
—Esta vez es diferente, Griselda. Hemos estudiado la historia. No repetiremos sus fallas.
Ella exhaló y dirigió la mirada más allá de él, hacia la multitud. La fábrica vibraba apacible detrás de ellos, como una máquina empezando a recordar sus ritmos de antaño.
—Malinterpretas la historia —murmuró—. No es algo que se repite. Es algo que se te vuelve, lo invites o no.
Él ladeó con la cabeza y dijo: « No creo en fantasmas ». Pero el aire, plúmbeo con el peso del pasado, parecía vibrar con una inevitabilidad tácita. Le hacía recordar a Griselda algo contenido en cristal: preservado, pero condenado a la fragilidad de quien le observa.
II. El experimento
Las primeras semanas fueron como una superficie pulida, sin arañazos, resplandeciente. Pero las fisuras aparecieron, pequeñas al principio, como una fina línea que se extiende sin que nadie la viera venir.
Cada decisión pasaba por la asamblea. Cada trabajador tenía voz, parte e interés por igual. El viejo engranaje rugía de nuevo bajo manos rehabilitadas. Imprimían nuevos carteles proclamando la abolición del patrón, el renacimiento del trabajo.
Por fin, el trabajo tenía un propósito más justo.
Las primeras fisuras aparecieron, discretas al principio.
Las reuniones se alargaban durante horas, debates circulares sin resolución. Algunas tareas eran más deseables que otras; algunos evitaban las más arduas, invocando objeciones ideológicas.
—¿Por qué uno debe cargar con el trabajo pesado mientras otro coordina?
—Griselda dejó la pregunta suspendida en el aire.
Luego llegó la primera crisis real: un pedido grande, una fecha límite, la necesidad de eficiencia. La fábrica se movía demasiado lento. La asamblea se estancó. Estallaron discusiones.
—Necesitamos a alguien que supervise la producción —admitió Emilio—. Sólo temporalmente!
Se sometió a votación. Se designó a un mediador. No era un gerente, se decían a sí mismos, sino un guía. Pero el equilibrio ya había cambiado. La fábrica, como un navío atrapado en una marea implacable, comenzaba a cargar más de lo que podía sostener, como el plomo en un decantador de cristal.
Griselda observaba en silencio.
III. Las fisuras
El mediador, para mantener el flujo de trabajo, tomó decisiones rápidas. La asamblea las aprobaba después. La diferencia era sutil, pero creció.
Algunos trabajadores eran más hábiles en ciertas tareas, por lo que los roles se solidificaron. Alguien debía negociar con los proveedores. Alguien debía asegurarse de que se cumplieran los plazos. El mediador asumió esas funciones porque era lo más práctico.
—Necesitamos estructura. No jerarquía, sólo orden—Emilio asintió con un gesto de firmeza—sus ojos vacilaban.
Emilio, agotado, asintió sin convicción, como si el peso de las palabras que acababa de pronunciar le resultara cada vez más ajeno. El engranaje, que al principio giraba sin trabas, empezó a arrastrarse bajo un peso creciente. Algo obstinado y transitorio a la vez, reacio a ceder a la voluntad de nadie. Como el decantador que vierte un líquido pesado, pero nunca termina del todo su confinamiento.
Una noche, solo en su oficina—la oficina que no debía existir—, hojeó viejos libros. Las palabras le eran familiares, pero ahora las leía de otro modo. Encontró un pasaje de un antiguo texto revolucionario, subrayado por su propia mano años atrás:
« La gran ilusión del poder es fingir que no existe ».
Cerró el libro, apesumbrado por su claridad irrefutable. Sus dedos se demoraron en el borde del papel, como si buscasen algo que ya se había escapado, como el agua filtrándose por una grieta.
Emilio cerró los ojos por un momento, como si ese simple gesto pudiera anular la brutalidad de la realidad. Los pasillos vacíos de la fábrica resonaban con ecos lejanos, ecos de promesas rotas. ¿Cuánto tiempo había creído que el poder era algo que podía manejar? Pero la verdad, al final, era innegable. La gran ilusión del poder, pensó, es fingir que no existe.Fingir que no es una farsa tan cruda como esta.
IV. El colapso
La siguiente crisis llegó sin aviso. Una huelga. Contra ellos mismos.
Algunos exigían un salario más alto.
—¿No debería el trabajo ser compensado según el esfuerzo?
Eran iguales, pero algunos cargaban más trabajo que otros.
Emilio intentó razonar con ellos.
—Así no funciona esto. Estamos rompiendo un ciclo.
—¿Rompiendo?— La palabra flotó en el aire como un desafío. Luego, una sonrisa amarga se formó en sus labios, casi imperceptible.
—Entonces, ¿por qué tú te sientas en la oficina mientras nosotros sudamos en el taller?
No tuvo respuesta.
Otra votación. Otra reestructuración. Una nueva propuesta: un comité de supervisión. El comité se convirtió en una junta. Inversores externos ofrecieron estabilidad financiera. Una pequeña concesión. Un mal necesario.
Al cerrar el año, la fábrica era un laberinto de regulaciones. Justo lo que juraron evitar.
Los pasillos, antes llenos de un bullicioso fervor, ahora eran como túneles de murmullos sospechosos. Los trabajadores, ya no unidos en su causa, susurraban sobre la ‘junta’ como si fuera una entidad distante, ajena a sus vidas. La huelga había pasado de ser un grito colectivo a una sombra solitaria, con rostros antes iluminados por la esperanza ahora marcados por la desconfianza. La solidaridad se deshacía como el polvo bajo sus pies.
Emilio encontró a Griselda en la sala de descanso, tomando té.
—Lo intentamos —dijo él.
—Nosotros también —respondió ella.
Silencio.
—¿Por qué siempre termina así?
Griselda puso la taza sobre la mesa. Sus ojos, presos del agotamiento, como si cada mirada llevara el peso de promesas rotas.
—Porque somos humanos. . . , imperfectos.
V. La próxima generación
Años después, Emilio pasó frente a la fábrica. Seguía en pie, funcionando. No revolucionaria. No un fracaso.
Dentro, un nuevo grupo de jóvenes activistas se había reunido. Su líder, apenas mayor de lo que él había sido, hablaba con fervor, de pie sobre palés apilados.
—No estamos repitiendo el pasado. Estamos forjando un nuevo camino. Esta vez, lo haremos bien.
Emilio no se detuvo a escuchar.
A la distancia, Griselda observaba.
—Y así otra vez—susurró Griselda, como si las palabras fueran una condena, un eco de todo lo que ya había vivido.
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Ricardo Federico Morín Tortolero 15 de marzo de 2025; Oakland Park, Florida
“Rooster’s Crow” [2003] de Ricardo F. Morín. Acuarela sobre papel, 99 cm de alto x 65 cm de ancho.
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Introducción
Al despuntar el alba, el canto del gallo rasga el silencio—agudo e insistente—arrastrando a todo aquel que lo oye a la conciencia de un nuevo día.
En la pintura Rooster’s Crow, los colores giran en una confluencia de rojos y grises, capturando al ave no como un sereno heraldo del amanecer, sino como un símbolo de agitación. Su forma retorcida, sus plumas dispersas y sus líneas fracturadas reflejan una corriente de cambio más profunda—un choque de fuerzas, caótico e inevitable. La imagen sugiere el flujo incesante del tiempo y el peso de las transformaciones que siempre lo acompañan.
En esta narrativa en evolución, la fragmentación del canto del gallo refleja la expansión de la Inteligencia Artificial. Antes, su grito anunciaba la llegada del día; ahora, resuena en una transformación más compleja—un equilibrio cambiante entre los ritmos de la naturaleza y la creciente influencia de los sistemas tecnológicos. La silueta del gallo, fracturada en su estela, se convierte en un reflejo de las tensiones entre la agencia humana y el auge de fuerzas que, aunque diseñadas por nosotros, pueden escapar a nuestra plena comprensión. Aquí, la Inteligencia Artificial actúa tanto como agente de cambio como posible arquitecta de un futuro que ni podemos prever ni controlar.
« El Algoritmo del Gallo »
Un gallo no canta para advertir ni para invitar; su llamado es sólo el sonido de la inevitabilidad, crudo y urgente, ajeno a la respuesta de quienes lo escuchan. No ordena el amanecer ni espera permiso—simplemente anuncia lo que ya ha comenzado.
En la dinámica cambiante de la ambición y el poder, la tecnología ha asumido un papel similar. Modelada por la intención humana, avanza bajo la guía de quienes la programan, su influencia determinada por las prioridades de sus arquitectos. Para algunos, representa el umbral de un progreso sin precedentes, una vía para superar las limitaciones humanas; para otros, encarna una nueva forma de dominio, un instrumento que redefine la administración de sociedades de maneras antes impensables. Se ensalza su eficiencia como virtud, prometiendo simplificar la gestión, eliminar fricciones y suprimir la imprevisibilidad de la deliberación humana. Pero una máquina no negocia ni disiente. Y en manos de quienes ven la democracia como un lastre—un obstáculo al avance—los algoritmos dejan de ser simples herramientas para convertirse en los verdaderos mediadores del poder.
Tomemos un ejemplo cotidiano: los sistemas de recomendación en línea. Presentados como facilitadores de la elección individual, en realidad modelan lo que vemos y oímos, influyendo en nuestras decisiones antes incluso de que las tomemos. Algo similar ocurre con la administración de sociedades mediante modelos computacionales: ofrecen la ilusión de autonomía mientras restringen el margen real de acción a lo que su lógica predice que preferiremos. El resultado es un dilema inquietante: creemos decidir libremente, cuando en realidad son los sistemas quienes trazan el camino.
Hubo un tiempo en que la lucha por el control se libraba de forma visible—conquistas territoriales, leyes reescritas a la vista de todos. Ahora, el enfrentamiento ocurre en espacios menos tangibles, donde líneas de código determinan el rumbo de naciones, donde ecuaciones complejas deciden qué voces serán amplificadas y cuáles silenciadas. El poder ya no reside exclusivamente en los uniformes ni en los cargos electos. Se desplaza hacia tecnócratas, corporaciones y oligarcas cuya influencia trasciende los límites de cualquier gobierno. Algunos proclaman abiertamente su propósito de transformar el mundo; otros operan en la sombra, dejando que la corriente avance hasta que oponerse sea imposible. La cuestión ya no es si los algoritmos gobernarán, sino quién dictará su curso.
El sistema de crédito social en China ya no es una teoría, sino una realidad donde el comportamiento se moldea mediante incentivos y restricciones apenas perceptibles. Modelos predictivos rastrean y condicionan acciones individuales, configurando hábitos sin que sus sujetos lo noten hasta que el cambio es irreversible. En Occidente, las estrategias son menos explícitas, pero no menos efectivas: las plataformas diseñadas para conectar a las personas ahora son herramientas de persuasión masiva. La desinformación ya no es producto de la acción humana; se genera a escala, con una precisión matemática que moldea percepciones sin levantar sospechas.
En este contexto, la paradoja del conocimiento incompleto de Gödel resulta reveladora: Ningún sistema puede explicarse completamente a sí mismo. A medida que los modelos de aprendizaje automático se expanden y se refinan, comienzan a reflejar esta misma limitación. Desde los algoritmos que curan contenidos hasta los que rigen los mercados financieros, su funcionamiento se vuelve progresivamente opaco, incluso para sus propios diseñadores. La paradoja es clara: cuanto más poderosos, más incontrolables.
A medida que estos sistemas se fortalecen, la línea entre la administración pública y la autoridad corporativa se difumina. La regulación, cuando existe, va siempre un paso atrás. Alguna vez se pensó que la tecnología nivelaría el campo de juego, potenciando al individuo. Pero la ambición desbocada no se pregunta si debe avanzar, solo si puede hacerlo. Y así, el desarrollo continúa, impulsado por quienes creen que la complejidad del gobierno puede ser sustituida por la precisión de las máquinas. La promesa de progreso es seductora, incluso cuando socava las estructuras que históricamente protegieron contra el autoritarismo. ¿De qué sirve una prensa libre cuando la información puede ser filtrada en tiempo real? ¿Qué valor tiene un voto cuando las percepciones pueden ser moldeadas sin que lo advirtamos, guiándonos hacia decisiones que creemos propias? La maquinaria del control ya no reside en ministerios de propaganda, sino en redes neuronales cuyo alcance y falta de supervisión las vuelven inabordables.
Algunos sostienen que estos sistemas corregirán sus propios excesos, que su deriva autoritaria se revertirá con el tiempo. Pero la historia no siempre justifica tal optimismo. Cuanto más eficiente es un mecanismo de control, más difícil es desafiarlo. Cuanto más integrada está la supervisión en la vida cotidiana, menos visible se vuelve. A diferencia de regímenes pasados, que imponían la obediencia por la fuerza, el nuevo paradigma no necesita ordenar; le basta con diseñar un entorno en el que disentir sea impracticable. No requiere reprimir cuando puede ofrecer comodidad. La pérdida de libertad no siempre llega con el sonido de botas marchando; puede infiltrarse en silencio, disfrazada de conveniencia, hasta que no quede alternativa.
Pero la inevitabilidad no garantiza la conciencia. Aunque el sistema se cierre en torno a sus engranajes y las decisiones se conviertan en ecos de una lógica impersonal, el mundo sigue girando, ajeno a quienes quedan atrapados en su maquinaria. Los arquitectos de este orden no se ven a sí mismos como señores del control, sino como innovadores, solucionadores de problemas que buscan optimizar la ineficiencia humana. No se detienen a preguntar si la administración de sociedades estaba destinada a ser eficiente.
En una sala donde las decisiones ya no necesitan ser tomadas, se da un intercambio. Una voz sintética, pulida e impersonal, responde a una consulta sobre el alcance del sistema.
—La gobernanza no se está automatizando —declara—. Sólo se mantiene la apariencia de su existencia.
La frase flota en el aire, seguida por un instante de silencio. Un funcionario, un ingeniero o quizá un burócrata—convencido alguna vez de que ejercía control sobre el proceso—titubea antes de formular la última pregunta.
—¿Y qué ocurre con la elección?
Una pausa. Luego, la voz, sin vacilar:
—La elección es un vestigio del pasado.
El peso de la respuesta se asienta, no como una proclamación de triunfo, sino como la confirmación de un desenlace largamente anticipado. La última jugada fue ejecutada mucho antes de que la pregunta se hiciera.
Y afuera, como si subrayara la conclusión de todo, un gallo canta una vez más.
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Ricardo Federico Morín Tortolero 1 de marzo de 2025; Oakland Park, Florida
Observaciones sobre la percepción 