Ricardo F. Morín
Concesión
Imagen generada por ordenador (CGI)
2026
Cuando un Estado no existe para la prosperidad de quienes lo habitan sino para administrar su dependencia, el gobierno no garantiza el ejercicio de las libertades: lo dosifica, y de esa dosificación vive quien gobierna. El recurso común, sea tierra, subsuelo o trabajo, no se protege en nombre de todos; se custodia en beneficio de su custodio. Lo que se llama protección colectiva es la forma pública de una apropiación privada.
Entonces la empresa libre aparece como una amenaza antes que como una posibilidad. La inversión que compite, la propiedad que no procede del favor y el individuo que produce por cuenta propia establecen un margen de independencia frente al reparto. El gobernante que vive de la dádiva no puede tolerar esa independencia. Su enemistad con el mercado encuentra justificaciones doctrinales, pero cumple una función precisa: impedir que la prosperidad deje de pasar por sus manos.
Por eso se habla tanto del productor y se le encuentra tan poco. Se elogia al puñado de personas que perseveran a pesar de las restricciones, y el elogio mismo confirma la rareza. Donde la propiedad y la autonomía de quien produce quedan a merced del poder, el elogio funciona como una forma de despedida.
La sucesión en el poder no altera por sí sola esa administración. Quienes se oponen al gobernante suelen oponerse a su persona y no a su oficio: aspiran al mismo despacho, con las mismas atribuciones, para distribuir las mismas dádivas entre las mismas multitudes. La transición se concibe como un relevo, y el relevo deja intacto el reparto.
En Venezuela, la economía depende desde hace décadas del petróleo. Cuando los ingresos de ese recurso común quedan bajo el arbitrio del gobernante, la prosperidad se administra como una concesión, y la concesión puede retirarse. El que se va lo sabe. La partida de millones no es un argumento: es el registro de lo que la permanencia exigía.
Se habla de justicia mientras los pobres están peor que antes. Se habla de revolución mientras el delito ocupa cada sector de la vida pública. El vocabulario de la decencia sobrevive a la decencia, y su supervivencia la parodia. El nombre del sistema encubre la subordinación de sus promesas a un solo fin: la permanencia de quienes gobiernan.
Mi padre escribió en 1947 una tesis doctoral en ciencias políticas titulada « Capital humano ». No llegué a leerla antes de su muerte, en 1997. Lo que conocí de sus convicciones lo conocí en su conducta: en la paciencia con que, frente al Estado, esperaba el momento oportuno para presentar su defensa.
Una vez, cuando yo tenía siete años, lo oí decirle a su agente inmobiliario que si alguna vez la libertad y la propiedad estuvieran amenazadas por un sistema populista, habría que sacrificar la vida. Lo dijo en mi presencia, sin dirigirse a mí. Con el tiempo comprendí que no hablaba de lo que había acumulado. Hablaba de la posibilidad de perder lo que no puede acumularse: la dignidad de no deberle la existencia a quien gobierna. Para él, la vida bajo esa deuda no era vida. Murió antes de que llegara lo que temía.
Reconocer la amenaza no basta para sustraerse a ella. Quien vive bajo tutela, sin la convicción que sostenía a mi padre, puede comprender su condición y desconfiar de su capacidad para modificarla. El agotamiento precede entonces a la renuncia: la voluntad se retrae porque su ejercicio parece inútil. La ira se descarga en la queja, y la queja sirve de justificación a la inacción. Su resentimiento tiene causa y no conduce a ninguna parte. Busca la inmediatez porque el porvenir le ha sido administrado por otros; rehúye nuevos sacrificios porque ha visto confiscado el fruto de los anteriores. La responsabilidad persiste, pero la experiencia reiterada de no poder ejercerla alimenta la convicción de no tenerla.
Hay un punto en que la privación estrecha incluso la idea de lo que puede reclamarse. El cuerpo pasa hambre, la mente se concentra en la urgencia, y la protesta pide al custodio una dádiva mayor. La abyección se instala cuando ese custodio es reconocido como dueño legítimo de lo que reparte. La voluntad subsiste, pero actúa dentro de unos límites que no discute. El poder ya no necesita imponer cada renuncia: quien depende de él ha aprendido a anticiparla.
El rechazo de mi padre no se agotaba en el régimen que temía: alcanzaba la disposición a aceptar que la existencia propia sea una concesión. Esa disposición no pertenece a un sector ni a una clase. El gobernante la exige de otros; el favorecido la acepta mientras conserva su ventaja; el opositor la prolonga cuando aspira a administrar el mismo reparto. Sus posiciones no les confieren el mismo poder ni les imponen la misma responsabilidad. El reparto perdura mientras el derecho a conceder sólo se discute para decidir quién lo ejercerá.
Ricardo F. Morín
En tránsito, 14 de octubre de 2026
