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Ricardo F. Morín
El riesgo del sometimiento
Imagen generada por ordenador (CGI)
2026
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La votación ha concluido. El electorado ha modificado la composición del Congreso, pero las atribuciones de la Presidencia permanecen en manos de su actual titular. Conforme a la Vigésima Enmienda, la nueva legislatura asumirá sus funciones el tres de enero; hasta entonces, el Congreso saliente conservará todas sus facultades. Ese intervalo concluirá en la fecha prevista. La distribución de competencias entre el Legislativo y el Ejecutivo permanecerá intacta. Los ciudadanos han elegido nuevos representantes sin elegir un nuevo presidente, y el juicio expresado en las urnas no puede, por sí solo, alterar las decisiones de una magistratura que no estaba sometida a elección.
El electorado decide quiénes ocuparán los cargos públicos, pero el acto de votar no constituye, por sí mismo, el ejercicio de las atribuciones correspondientes a esos cargos. Ninguna papeleta deroga una ley, deniega una partida presupuestaria, obliga a comparecer a un testigo ni revoca un acuerdo del Ejecutivo. El sufragio confiere un mandato representativo, pero las facultades para ejercerlo proceden de la Constitución. Al Congreso corresponden la legislación, la aprobación de los gastos públicos, la fiscalización y la regulación del comercio exterior. Al presidente competen la conducción de las relaciones diplomáticas, la recepción de representantes extranjeros y la dirección de los departamentos ejecutivos dentro de los límites de sus atribuciones. Las competencias de ambos poderes concurren en determinadas materias, pero una modificación de la composición del Congreso no traslada las facultades de un poder al otro. La separación responde a una decisión constitucional: impedir que una mayoría legislativa disponga de la totalidad del gobierno. Esa misma separación impide que el juicio electoral referido al Congreso obligue al presidente a abandonar una política comprendida dentro de sus atribuciones legítimas.
El Congreso dispone de medios considerables para limitar la actuación del Ejecutivo. Una comisión parlamentaria puede investigar y citar testigos, pero la información obtenida no revoca por sí misma el acto investigado. El Congreso puede aprobar leyes que restrinjan las atribuciones del Ejecutivo, aunque toda ley requiere la aprobación de ambas cámaras y la conformidad presidencial, o los votos necesarios para superar un veto. El Legislativo puede negar fondos para actuaciones futuras sin que esa decisión extinga necesariamente las pretensiones derivadas de compromisos anteriores. Los tribunales pueden determinar si una actuación del Ejecutivo excedió las facultades legales o constitucionales, siempre que exista una controversia sometida válidamente a su conocimiento. Cada medio de control está sujeto a requisitos propios, y ninguno garantiza el resultado perseguido. La cuestión no depende de que los representantes estén dispuestos o no a actuar, sino de que las atribuciones constitucionales, aun ejercidas, puedan resultar insuficientes para rectificar las decisiones sometidas a examen.
El nuevo Congreso no recibirá una situación libre de compromisos anteriores. Las leyes conservan su vigencia mientras no sean derogadas; los contratos obligan conforme a sus cláusulas y al derecho aplicable; los compromisos internacionales subsisten después de la salida de los funcionarios que los contrajeron. Esa continuidad resulta indispensable. Un gobierno cuyos compromisos caducaran con cada elección no podría obtener crédito ni celebrar acuerdos con otros Estados, y los propios ciudadanos carecerían de garantías sobre el cumplimiento de las obligaciones públicas. La dificultad surge cuando determinados compromisos no se limitan a perdurar, sino que pretenden restringir las facultades mediante las cuales los sucesores podrían revisarlos. Un acuerdo relativo al petróleo venezolano, celebrado entre funcionarios estadounidenses y una empresa privada y sustraído al examen público, contiene, según las informaciones conocidas, cláusulas destinadas a impedir que gobiernos futuros modifiquen la empresa constituida. La existencia de esas cláusulas no acredita que los firmantes tuvieran facultades para imponerlas. Tampoco la eventual extralimitación de los firmantes extingue las pretensiones que puedan formular los beneficiarios del acuerdo. La nueva legislatura heredará tanto la cuestión de la validez de esas disposiciones como las consecuencias de un acuerdo cuya ejecución ya ha comenzado.
El intervalo anterior al relevo parlamentario añade otra limitación. Varios senadores solicitaron una sesión informativa sobre el acuerdo petrolero, pero la comparecencia prevista para octubre fue aplazada hasta noviembre a petición del personal de la mayoría parlamentaria, con el argumento de que el Senado se había ausentado de la capital. El aplazamiento no suprimió la facultad de fiscalización del Congreso, pero situó la información que pudiera obtenerse fuera del alcance del juicio electoral al que habría podido servir. No fue necesaria una negativa expresa para que se produjera esa consecuencia. El electorado votó sin disponer de los resultados de un examen que sus representantes todavía estaban facultados para realizar. El nuevo Congreso podrá reanudar la investigación, pero sus conclusiones ya no podrán incorporarse a una elección concluida. Tampoco podrá recuperar necesariamente las facultades de decisión restringidas por compromisos cuya ejecución haya comenzado. La impugnación de un acto puede producirse cuando sus consecuencias ya afectan a relaciones jurídicas y comerciales de terceros ajenos al juicio electoral. Rectificar un acto y revertir las consecuencias que ese acto ha producido son operaciones distintas.
Sustituir a los titulares de los cargos públicos no equivale a modificar las disposiciones mediante las cuales se ejerce el poder. El juicio electoral determina la sustitución de los representantes, pero no garantiza la modificación de esas disposiciones, incluso cuando los elegidos cumplen las responsabilidades que el mandato les encomienda. La división constitucional de poderes preserva las atribuciones del Ejecutivo frente al predominio del Legislativo, pero también limita la capacidad del electorado para alterar la conducta presidencial mediante la renovación del Congreso. Una investigación puede esclarecer lo ocurrido sin deshacer sus consecuencias; una ley puede restringir las actuaciones futuras sin resolver todas las pretensiones nacidas de decisiones anteriores. El sufragio ha conferido la representación del electorado, no la capacidad de decidir todas las consecuencias del ejercicio de esa representación. El límite no reside en un voto que haya quedado sin emitir, ni necesariamente en la falta de voluntad de un representante para actuar, sino en la distancia entre las atribuciones que el electorado puede conferir y las consecuencias que su ejercicio alcanza a producir en la acción del gobierno.
Ricardo F. Morín
25 de Octubre de 2026
Oakland Park, Florida

