Ricardo F. Morín
El 10 de noviembre de 2026, The New York Times informó de que un documento confidencial elaborado por KPMG por encargo del Gobierno de Estados Unidos había revelado el ingreso de aproximadamente 12 260 millones de dólares, procedentes de los recursos naturales venezolanos, en una cuenta sometida al control del Departamento del Tesoro estadounidense. Según la información publicada por el periódico, los depósitos correspondían al período comprendido entre el 3 de enero y el 30 de septiembre, tras la intervención militar estadounidense que apartó del poder a Nicolás Maduro. La cuenta de custodia se estableció inicialmente en Catar y fue trasladada a Citibank, en Nueva York, a finales de enero. De los fondos recibidos, unos 11 700 millones de dólares se destinaron posteriormente a subastas de divisas concebidas para sostener la moneda venezolana, mientras que otros 130 millones se aplicaron al cumplimiento de obligaciones gubernamentales en el exterior. Al concluir septiembre, el saldo de la cuenta ascendía a aproximadamente 170 millones de dólares. Aunque la mayor parte de los ingresos había sido desembolsada, el documento no permitía identificar a los beneficiarios finales de las subastas de divisas ni determinar en qué medida esos recursos habían mejorado las condiciones de vida de los hogares venezolanos.¹
La distinción entre la custodia y la titularidad de los fondos resulta fundamental para comprender el acuerdo. Los ingresos provenían de recursos venezolanos y no constituían una asignación presupuestaria de fondos públicos estadounidenses. La Orden Ejecutiva 14373, dictada el 9 de enero, reconocía que los depósitos pertenecían al Gobierno de Venezuela, aunque sometía su disposición a restricciones administradas por los departamentos del Tesoro y de Estado de Estados Unidos. La orden atribuía al secretario de Estado la facultad de determinar los fines gubernamentales y diplomáticos a los que podían destinarse los recursos y obligaba al Tesoro a cumplir sus instrucciones en materia de desembolsos. Venezuela conservaba la titularidad jurídica de los fondos, pero correspondía a funcionarios estadounidenses autorizar los pagos. Quedaban así separados el derecho sobre los recursos nacionales y la potestad administrativa de decidir el destino de los ingresos obtenidos mediante su explotación.²
La devolución de la mayor parte del dinero a Venezuela no resuelve por sí sola esa distinción. Las subastas de divisas pueden cumplir funciones monetarias legítimas, entre ellas facilitar a las empresas el acceso a moneda extranjera y reducir las presiones sobre una divisa sometida a depreciación. Sin embargo, sus beneficios dependen de los criterios de adjudicación, los precios aplicados y el destino posterior de las divisas adquiridas. El volumen total de los desembolsos no permite saber si los importadores tuvieron oportunidades comparables, si determinadas operaciones favorecieron a ciertos intermediarios o si los hogares recibieron un alivio material. Investigaciones anteriores de The New York Times habían señalado que una proporción considerable de las divisas llegaba a un grupo relativamente reducido de empresas venezolanas de los sectores agroindustrial y de bienes de consumo, mientras numerosas compañías de menor tamaño encontraban dificultades para conseguir la moneda extranjera necesaria para invertir. Los datos disponibles permiten constatar una desigualdad en el acceso, pero no determinar qué proporción de esa diferencia obedecía a los procedimientos estadounidenses de autorización, a las decisiones de las instituciones financieras venezolanas o a las condiciones comerciales de las subastas. El importe liberado de la cuenta de custodia no basta, por consiguiente, para establecer cómo se distribuyeron sus beneficios.
Los funcionarios estadounidenses han justificado el régimen de custodia como un mecanismo destinado a impedir que los ingresos sean desviados mediante prácticas corruptas o a través de intermediarios comerciales. La experiencia venezolana ofrece motivos fundados para desconfiar de la administración de la riqueza pública. Diversos gobiernos favorecieron la intervención de intereses políticos en la distribución de oportunidades económicas, mientras que la concentración del poder ejecutivo bajo Chávez y Maduro debilitó los controles institucionales sobre la asignación de recursos. Tales antecedentes, sin embargo, no permiten concluir que la supervisión extranjera garantice necesariamente una administración más responsable. La cuestión consiste en determinar si el nuevo régimen permite examinar las decisiones gubernamentales con independencia, conocer la identidad de sus beneficiarios y exigir a quienes ejercen autoridad que respondan por las consecuencias del ejercicio de su discrecionalidad.
La preocupación no se limita a las instituciones venezolanas. Mediante una carta fechada el 16 de septiembre y anunciada públicamente por el Comité de Finanzas del Senado el día 17, los senadores Ron Wyden, Elizabeth Warren y Sheldon Whitehouse solicitaron información al secretario del Tesoro, Scott Bessent, y al secretario de Estado, Marco Rubio, acerca de la administración estadounidense de los ingresos provenientes de los recursos naturales de Venezuela. Sus preguntas comprendían las restricciones jurídicas aplicables a esos fondos y las garantías previstas para impedir ventajas económicas indebidas. Los senadores advirtieron, además, de la posibilidad de que la Administración utilizara su control sobre los ingresos venezolanos para disponer de miles de millones de dólares sin autorización ni aprobación del Congreso. La intervención parlamentaria no demostraba que se hubieran malversado recursos. Planteaba, más bien, qué límites jurídicos regían la discrecionalidad del poder ejecutivo estadounidense respecto de unos ingresos cuya titularidad venezolana el propio Gobierno de Estados Unidos reconocía. La fiscalización del Congreso podía someter a examen la actuación de las autoridades estadounidenses, pero no otorgaba por sí misma a los ciudadanos venezolanos una participación efectiva en las decisiones relativas a la administración de su riqueza nacional.³
Las relaciones comerciales vinculadas a la cuenta de custodia introdujeron otra distribución de facultades y ventajas económicas. Según el informe divulgado en noviembre, Trafigura y Vitol representaban el sesenta y uno por ciento de los depósitos efectuados hasta finales de septiembre. Ambas empresas dedicadas al comercio internacional de materias primas habían obtenido amplias facultades para comercializar petróleo venezolano después de la intervención estadounidense. Su participación podía facilitar las ventas, abrir el acceso a compradores internacionales y generar ingresos que, en otras circunstancias, habrían resultado difíciles de conseguir. La justificación económica de esos servicios, sin embargo, es distinta del interés público en conocer las condiciones contractuales, las remuneraciones retenidas y las oportunidades ofrecidas a otros posibles compradores. Un gobierno puede incrementar el volumen de las operaciones comerciales sin garantizar con ello que sus ventajas económicas se repartan equitativamente entre la población.
La concentración de las adjudicaciones de divisas dentro de Venezuela añade otra dimensión al problema. El Gobierno estadounidense podía autorizar la liberación de los ingresos, mientras que los bancos y las autoridades económicas venezolanas determinaban qué empresas obtenían las divisas puestas a su disposición. Los intermediarios comerciales podían beneficiarse de operaciones realizadas antes del ingreso de los fondos en la cuenta, mientras determinados compradores nacionales obtenían acceso a los dólares después de su liberación. El proceso comprendía, por tanto, las ventas de petróleo negociadas con comerciantes internacionales, la autorización de los pagos en Washington y las subastas efectuadas mediante instituciones venezolanas. Cada etapa determinaba un aspecto diferente de la disponibilidad final de los recursos. La concentración de las adjudicaciones entre empresas de mayor tamaño sitúa las condiciones de las subastas y la identificación de sus participantes en el centro del examen financiero.
La importancia de estas circunstancias aumenta al considerar la situación de los venezolanos que han abandonado el país. Años de contracción económica, deterioro de los servicios públicos, represión política y reducción de oportunidades llevaron a millones de personas a buscar seguridad y trabajo en el extranjero. Según los datos gubernamentales recopilados por ACNUR, en diciembre de 2025 había cerca de 7,9 millones de refugiados y migrantes venezolanos en todo el mundo.⁴ Las causas de la emigración fueron diversas, como también lo fueron las condiciones en que cada persona emprendió su partida. Algunas disponían de medios suficientes para establecerse en otro país, mientras otras dependían de permisos temporales, empleos precarios o familiares que ya residían fuera de Venezuela. Una emigración de semejante magnitud modificó las responsabilidades económicas de quienes permanecieron en el territorio nacional. Los ingresos obtenidos en el exterior contribuyeron cada vez más al sostenimiento de hogares que no podían contar con salarios, pensiones o servicios públicos adecuados.
Para los venezolanos acogidos al Estatus de Protección Temporal de Estados Unidos, conocido por sus siglas inglesas TPS, la posibilidad de permanecer y trabajar legalmente dependía de una protección concebida expresamente como provisional. Venezuela recibió designaciones de TPS en 2021 y 2023. En 2025, el Departamento de Seguridad Nacional inició la terminación de ambas designaciones y dejó sin efecto una prórroga concedida anteriormente. Estas decisiones precedieron a la intervención estadounidense del 3 de enero de 2026 y a los acuerdos posteriores para administrar los ingresos venezolanos. Los beneficiarios que carecían de otra condición migratoria legal quedaron expuestos a perder sus autorizaciones de empleo y la protección frente a la expulsión. Los recursos judiciales interpuestos no impidieron que las decisiones de terminación surtieran efecto durante los períodos amparados por las suspensiones ordenadas por la Corte Suprema de Estados Unidos, y algunos venezolanos anteriormente protegidos por el TPS afrontaron, en consecuencia, la detención y la deportación.⁵
El Departamento de Seguridad Nacional defendió esas decisiones invocando su evaluación de las condiciones existentes en Venezuela y los intereses nacionales de Estados Unidos. Al disponer la terminación de la designación de 2023, la secretaria Kristi Noem determinó que la situación venezolana había mejorado en diversos ámbitos, entre ellos la economía, la salud pública y la criminalidad, y que los beneficiarios podían regresar sin peligro. El Departamento concluyó asimismo que permitir la permanencia temporal de esa población era contrario al interés nacional estadounidense, aunque admitía la posibilidad de que subsistieran determinadas circunstancias extraordinarias y transitorias. La terminación posterior de la designación de 2021 se fundamentó igualmente en la apreciación de la secretaria de que ya no concurrían las condiciones exigidas por la ley. Se trataba de determinaciones administrativas adoptadas en ejercicio de las competencias conferidas por la legislación migratoria. El alcance jurídico de esas determinaciones no resolvía si todas las personas afectadas podían regresar a condiciones que les permitieran obtener empleo suficiente, atención médica, seguridad personal o medios para sostener a sus familiares.
Los procedimientos judiciales posteriores modificaron el marco jurídico dentro del cual podían impugnarse esas decisiones. El 25 de junio de 2026, la Corte Suprema de Estados Unidos resolvió, en Mullin v. Doe, que la prohibición legal de revisión judicial de las determinaciones relativas al TPS impedía conocer de impugnaciones no constitucionales contra las decisiones de la secretaria. El 5 de octubre, la Corte dejó sin efecto la sentencia dictada el 28 de enero por el Tribunal Federal de Apelaciones del Noveno Circuito en National TPS Alliance v. Noem y devolvió el litigio venezolano para que fuera reconsiderado a la luz de Mullin. Esa decisión no resolvió definitivamente la legalidad de las terminaciones ni restableció una protección duradera para los venezolanos afectados. Aunque Mullin no excluyó categóricamente las impugnaciones constitucionales, restringió considerablemente la posibilidad de someter las determinaciones de la secretaria al control judicial ordinario del derecho administrativo.⁵
La pérdida de protección afectaba a más personas que al titular de la autorización extinguida. Un venezolano empleado en Estados Unidos podía contribuir al sostenimiento de familiares que dependían de sus remesas. Su deportación, o la decisión de marcharse ante la imposibilidad jurídica o económica de continuar residiendo en el país, podía interrumpir esa ayuda. Las consecuencias variaban según las circunstancias personales, la posibilidad de obtener otro permiso de residencia y las oportunidades de trabajo disponibles después de la partida. Los avisos administrativos de terminación no permiten calcular una cifra única que represente esas pérdidas. Con todo, la retirada de la protección introdujo una nueva inseguridad en los acuerdos familiares mediante los cuales numerosos venezolanos habían procurado compensar la insuficiencia de oportunidades económicas y servicios públicos en su país de origen.
La concurrencia de ambas políticas pone de manifiesto una contradicción. El poder ejecutivo estadounidense asumió el control de la liberación de ingresos procedentes de los recursos venezolanos mientras mantenía medidas migratorias, adoptadas antes de la intervención, que reducían la seguridad de quienes habían buscado empleo y refugio en Estados Unidos. Ambas actuaciones tenían fundamentos jurídicos diferentes y habían surgido en momentos distintos. Una se refería a fondos soberanos administrados mediante una orden económica de emergencia; la otra, a protecciones migratorias previstas por ley cuya continuidad dependía de determinaciones del ejecutivo. Su coexistencia no demuestra que alguna de las decisiones se hubiera adoptado con el propósito de perjudicar a los hogares venezolanos. Sí revela que un mismo gobierno podía ejercer amplias facultades sobre la recuperación económica del país mientras renunciaba a mantener las protecciones concedidas a personas desplazadas por las circunstancias que habían hecho necesaria esa recuperación.
La historia estadounidense ofrece un término de comparación esclarecedor. Después de la Revolución cubana, Estados Unidos impuso restricciones económicas a Cuba y, simultáneamente, organizó un amplio programa de acogida y asistencia para los cubanos que habían abandonado la isla. En 1960 se estableció en Miami el Centro de Emergencia para Refugiados Cubanos, y la Administración Kennedy encomendó posteriormente el programa al Departamento de Salud, Educación y Bienestar. La Ley de Migración y Asistencia a los Refugiados de 1962 proporcionó fundamento legal a la asistencia federal, que comprendía ayudas económicas, reasentamiento, atención médica y preparación para el empleo. En 1966, el Congreso aprobó la Ley de Ajuste Cubano, que estableció un procedimiento especial para que los ciudadanos cubanos que reunieran los requisitos pudieran obtener la residencia permanente. La oposición económica de Washington al Gobierno cubano estuvo acompañada, por consiguiente, de un compromiso sostenido de asistencia a una parte considerable de la población que había emigrado.⁶
La política hacia los cubanos surgió en circunstancias particulares de la Guerra Fría. La acogida de refugiados respondía a propósitos humanitarios, pero también favorecía los objetivos políticos estadounidenses en el enfrentamiento con La Habana. No todos podían acogerse a los programas, las condiciones de admisión variaron con el tiempo y los beneficios disponibles para las sucesivas generaciones de emigrantes cubanos tampoco fueron idénticos. Restricciones más recientes han afectado igualmente a ciudadanos de Cuba, incluida la terminación en 2025 de los programas de permiso humanitario establecidos para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. Por ello, el sistema de acogida cubano de las primeras décadas no puede interpretarse como un compromiso estadounidense invariable y extensivo a cuantos cubanos llegaran posteriormente. Su importancia histórica reside en que las instituciones estadounidenses fueron capaces de establecer programas duraderos de asistencia y una vía especial de acceso a la residencia permanente cuando las autoridades políticas competentes consideraron conveniente hacerlo.⁷
La comparación no exige que las circunstancias históricas fueran idénticas para reconocer las diferencias de tratamiento. Los cubanos que reunían los requisitos de los programas anteriores podían obtener la residencia legal mediante una disposición legislativa cuya vigencia sobrevivió a la Administración bajo la cual fue promulgada. Los venezolanos dependientes del TPS no disponían de una vía equivalente, reservada a su nacionalidad, para adquirir la residencia permanente. El carácter provisional de su protección dejaba su continuidad expuesta a sucesivas determinaciones del ejecutivo, dentro de un régimen legal que la Corte Suprema de Estados Unidos interpretó en el sentido de restringir considerablemente el control judicial. Una población se benefició de una decisión legislativa destinada a facilitar su incorporación permanente a la sociedad estadounidense; la otra recibió una protección temporal susceptible de retirada aun cuando las causas que habían provocado su desplazamiento no hubieran desaparecido necesariamente.
Para esta comparación importa distinguir las competencias del Congreso de las del poder ejecutivo. El Congreso aprobó la Ley de Ajuste Cubano y estableció por ley las bases de la asistencia a los refugiados, mientras que el ejecutivo creó y administró programas dentro de ese marco legislativo. En cambio, el TPS concedido a Venezuela procedía de determinaciones adoptadas por el ejecutivo en aplicación de la legislación migratoria general aprobada por el Congreso. Su terminación fue igualmente una decisión ejecutiva, aunque sus límites y las posibilidades de revisión judicial dependían de las disposiciones legislativas y de la interpretación posterior de los tribunales. La diferencia de tratamiento no puede atribuirse, por tanto, exclusivamente a las preferencias de los sucesivos presidentes. También refleja hasta qué punto el Congreso ha decidido establecer protecciones jurídicas duraderas para determinadas poblaciones desplazadas o dejar la continuidad de su residencia sujeta a decisiones administrativas temporales.
La diferencia entre ambos regímenes jurídicos también condicionaba el tiempo disponible para asumir responsabilidades económicas ordinarias. Una persona con posibilidades de obtener la residencia permanente podía aceptar un empleo, constituir un hogar y planificar obligaciones cuya duración excediera la de una autorización administrativa. La protección temporal permitía trabajar legalmente, pero no garantizaba la continuidad de ese permiso. Su terminación podía interrumpir, por consiguiente, compromisos adquiridos durante un período en el que el propio Gobierno había autorizado al interesado a residir y trabajar. La ley distinguía entre el permiso provisional y el derecho a establecer la residencia permanente, pero las consecuencias económicas de retirar aquella autorización no quedaban circunscritas a su duración original.
No existe una incompatibilidad necesaria entre restringir las relaciones comerciales con otro Estado y admitir a personas que lo abandonan. Tampoco el hecho de emigrar obliga, por sí solo, al país receptor a conceder residencia permanente a todos los solicitantes. La dificultad aparece cuando un gobierno que ejerce presión económica y control sobre los recursos de otro país considera el desplazamiento humano resultante como un asunto prácticamente independiente de su política exterior. Los fracasos de los gobiernos venezolanos precedieron a muchas de las principales restricciones estadounidenses, y la responsabilidad por esos fracasos corresponde a los funcionarios que adoptaron las decisiones pertinentes. Las actuaciones posteriores de Estados Unidos introdujeron nuevas limitaciones y obligaciones cuyas consecuencias podían alcanzar a personas privadas de medios efectivos para influir en las decisiones de cualquiera de los dos gobiernos.
El contraste con Cuba revela algo más que una disparidad entre disposiciones migratorias. Permite examinar las diferentes responsabilidades que las instituciones de un Estado pueden decidir asumir frente a quienes resultan afectados por una confrontación internacional. Estados Unidos consideró en otro tiempo que el reasentamiento de los refugiados cubanos justificaba la asignación de recursos federales y la promulgación de leyes que facilitaran su residencia permanente. En el caso venezolano, Washington ha asumido una función excepcional en la administración económica del país sin establecer un régimen duradero de acogida comparable para los venezolanos desplazados por décadas de deterioro institucional y económico. Corresponde al Congreso la potestad de legislar esas protecciones, mientras que el ejecutivo ejerce las competencias que le atribuye la legislación vigente. La diferencia no puede explicarse únicamente mediante la distinción jurídica entre refugiados y personas acogidas a protección temporal, porque la creación de esas categorías, los derechos que confieren y el margen de discrecionalidad permitido en su administración derivan también de decisiones legislativas.
La cuestión de la soberanía proporciona un punto común a estas contradicciones. La soberanía política reside en la nación, mientras que las instituciones del Estado ejercen autoridad en su nombre. Esta distinción resulta indispensable allí donde los funcionarios públicos comprometen recursos nacionales, contraen obligaciones internacionales o determinan las condiciones en que los ciudadanos reciben beneficios públicos. El deterioro de Venezuela demuestra hasta qué punto el ejercicio de la autoridad estatal puede apartarse de los intereses de la población. El control extranjero sobre determinadas decisiones económicas puede presentarse como un remedio provisional frente a esa desviación, pero no restituye necesariamente a la nación la capacidad de exigir responsabilidades a quienes ejercen el poder.
La cuenta de custodia plantea, por consiguiente, un problema que no puede resolverse mediante el importe de los depósitos ni el volumen de los desembolsos. Su funcionamiento pudo haber impedido determinados abusos, reducido la incertidumbre financiera y facilitado el retorno de ingresos considerables a Venezuela. Tales resultados serían importantes. Sin embargo, la documentación disponible al público debe permitir examinar las decisiones adoptadas en la administración de la cuenta, incluidas las condiciones impuestas a los desembolsos y los intereses económicos favorecidos. La concentración de las adjudicaciones de divisas entre empresas venezolanas de mayor tamaño vuelve aún más necesario ese examen. Sin un conocimiento suficiente de las decisiones mediante las cuales se autoriza y distribuye el dinero, denominar custodio a Estados Unidos describe el fundamento jurídico invocado para poseer los fondos, pero no demuestra que su actuación haya estado sometida a una rendición de cuentas adecuada.
La misma exigencia de responsabilidad corresponde a las autoridades interinas de Venezuela. Una solicitud presentada por el banco central no significa, por sí misma, que la población venezolana haya ejercido un control efectivo sobre el destino del dinero. La existencia de consentimiento o participación de las autoridades nacionales en un acuerdo entre gobiernos no equivale a la posibilidad de que los ciudadanos examinen sus condiciones y consecuencias. Si una administración interina destina los ingresos a empresas, instituciones o acreedores preferidos, no puede trasladarse íntegramente a los funcionarios estadounidenses que autorizan los desembolsos la responsabilidad por esas decisiones. Tampoco la intervención de autoridades venezolanas exime a Washington de responder por la discrecionalidad que ha decidido ejercer.
El tratamiento dispensado a los venezolanos desplazados introduce una cuestión correspondiente acerca de la distribución de obligaciones. Una familia privada de ingresos domésticos suficientes puede depender de un pariente establecido en el extranjero. Ese familiar puede obtener permiso temporal para trabajar, contraer compromisos económicos y contribuir al sostenimiento de quienes permanecen en Venezuela. La retirada de la protección migratoria puede poner en peligro esos acuerdos sin restablecer las condiciones nacionales que hicieron necesaria la emigración. Mientras tanto, los ingresos procedentes de los recursos naturales del país pueden continuar sujetos a decisiones adoptadas por funcionarios de dos gobiernos y a operaciones realizadas por intermediarios privados. La población experimenta sus consecuencias mediante los precios, el empleo, los servicios públicos y la seguridad económica de familiares cuya contribución se ha vuelto indispensable.
De estas circunstancias no puede deducirse una intención gubernamental única ni una política concertada para despojar a los venezolanos. Las decisiones proceden de leyes diferentes, responden a objetivos administrativos distintos e involucran instituciones dotadas de competencias propias. Sin embargo, sus consecuencias concurrentes poseen una importancia que no desaparece por esa diversidad de fundamentos. Medidas defendidas individualmente como instrumentos de estabilización financiera, prevención de la corrupción, aplicación de las leyes migratorias o restablecimiento de la actividad comercial pueden imponer obligaciones acumulativas a personas cuyas circunstancias son consideradas por separado desde cada autoridad gubernamental. No hay garantía de que alguna institución evalúe las consecuencias acumuladas para el hogar que debe soportarlas.
La posibilidad de reconstrucción tampoco elimina la contradicción. Una mayor producción petrolera, una disponibilidad más amplia de divisas y la recuperación de las relaciones comerciales podrían beneficiar materialmente a Venezuela. Pero el aumento del ingreso nacional no garantiza que quienes padecieron con mayor intensidad el deterioro anterior reciban un alivio proporcional. Un emigrante que regresa puede encontrar empleo insuficiente y servicios públicos deficientes. Una familia dependiente de remesas puede perder su principal medio de subsistencia. Una empresa puede obtener acceso a divisas mientras otra continúa privada de las importaciones necesarias para funcionar. La recuperación general de la actividad económica y la distribución de sus beneficios constituyen dimensiones diferentes de la situación nacional.
La acumulación de estas consecuencias confiere a la situación presente su carácter combustible. Los fracasos de los gobiernos venezolanos crearon vulnerabilidades sobre las que actuaron posteriormente las sanciones extranjeras, los intereses comerciales, las políticas migratorias y los regímenes excepcionales de administración de los ingresos nacionales. La autoridad para adoptar esas decisiones permaneció distribuida entre gobiernos, instituciones financieras y empresas privadas. Sus consecuencias, sin embargo, podían recaer sobre una misma población. La separación de las competencias decisorias no impidió que los costos se acumularan entre quienes disponían de menores posibilidades de modificar las decisiones que los originaban.
La restauración de la soberanía venezolana no puede medirse, por tanto, únicamente por el retorno de los ingresos a cuentas administradas dentro del país. Tampoco cabe juzgar su recuperación prescindiendo de las condiciones impuestas a sus ciudadanos desplazados. La autoridad pública exige algo más que una declaración jurídica que identifique al propietario de los recursos nacionales. Requiere instituciones mediante las cuales esos recursos se administren para fines públicos y los funcionarios que ejercen facultades discrecionales deban responder por sus decisiones.
La información divulgada el 10 de noviembre describe un régimen en el que la riqueza venezolana permaneció bajo autoridad estadounidense y fue desembolsada en gran medida, sin que se haya proporcionado una relación pública suficiente de su distribución final. La historia de la asistencia a los refugiados cubanos demuestra que las administraciones estadounidenses y el Congreso han combinado anteriormente la confrontación económica con compromisos importantes hacia personas desplazadas desde un país sometido a esas presiones. El tratamiento dispensado a los venezolanos acogidos a protecciones migratorias temporales revela una respuesta diferente y considerablemente más precaria. No se trata de ejercicios idénticos de autoridad gubernamental, pero sus relaciones no pueden descartarse simplemente porque procedan de instrumentos jurídicos distintos o dependan de decisiones adoptadas por diferentes poderes del Estado.
Una nación puede conservar la titularidad soberana de su riqueza y depender, al mismo tiempo, de funcionarios extranjeros para obtener autorización de disponer de ella. Sus ciudadanos pueden sostener hogares mediante ingresos obtenidos en el exterior mientras continúan expuestos a la retirada del permiso que les permite ganarlos. La recuperación de los ingresos públicos puede avanzar sin resolver la inseguridad de quienes, mediante su emigración, contribuyeron a preservar a sus familias durante el deterioro del país. La cuestión fundamental reside en determinar si las facultades ejercidas en nombre de la recuperación de Venezuela devolverán a los venezolanos una autoridad efectiva sobre las decisiones que afectan sus vidas, o si la riqueza nacional y sus propios ciudadanos continuarán sometidos a regímenes administrativos separados cuyas consecuencias conjuntas ninguno de los dos gobiernos está obligado a asumir.
Ricardo F. Morin
11 de noviembre de 2026
San Francisco California
Notas documentales
1. Tyler Pager y Anatoly Kurmanaev. «U.S. Received $12 Billion in Venezuelan Oil Revenues, Secret Report Shows». The New York Times, 10 de noviembre de 2026; reproducido por The Philadelphia Inquirer. Investigación basada en un documento confidencial elaborado por KPMG por encargo del Gobierno de Estados Unidos acerca de la cuenta de custodia de ingresos venezolanos. Comprende los depósitos efectuados entre el 3 de enero y el 30 de septiembre de 2026; la apertura inicial de la cuenta en Catar y su posterior traslado a Citibank, en Nueva York; ingresos aproximados de 12 260 millones de dólares; desembolsos destinados a subastas de divisas; intervención de intermediarios comerciales; y ausencia de una relación pública completa que permita identificar a los beneficiarios finales de las operaciones. El artículo también remite a investigaciones anteriores acerca de la concentración de las adjudicaciones de divisas entre empresas venezolanas de mayor tamaño.
2. La Casa Blanca. Orden Ejecutiva 14373, «Safeguarding Venezuelan Oil Revenue for the Good of the American and Venezuelan People», 9 de enero de 2026. Publicada en el Federal Register el 15 de enero de 2026, 91 FR 2045. Las secciones 2 a 5 definen los fondos comprendidos en la orden, prohíben las transferencias no autorizadas y los embargos judiciales, reconocen su titularidad por el Gobierno de Venezuela, establecen que Estados Unidos conserva los fondos en calidad de custodio y disponen que el secretario del Tesoro cumpla las determinaciones del secretario de Estado relativas a los desembolsos. La orden invoca la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (International Emergency Economic Powers Act) y la Ley de Emergencias Nacionales (National Emergencies Act).
3. Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos. «Wyden, Warren, Whitehouse Press Trump Administration Over Revenue from Venezuelan Oil and Gold Deals», publicado el 17 de septiembre de 2026. La carta adjunta, fechada el 16 de septiembre de 2026, fue suscrita por los senadores Ron Wyden, Elizabeth Warren y Sheldon Whitehouse y dirigida al secretario del Tesoro, Scott Bessent, y al secretario de Estado, Marco Rubio. Los senadores solicitaron información sobre la administración de los ingresos venezolanos procedentes de recursos naturales, los límites constitucionales y legales de la discrecionalidad ejecutiva, las garantías financieras, la identificación de los beneficiarios efectivos, los posibles conflictos de intereses, las actividades de KPMG y el riesgo de que la Administración dispusiera de fondos sin autorización ni aprobación del Congreso. La correspondencia requería estados de cuenta, registros de transacciones, solicitudes de desembolso presentadas por autoridades venezolanas e información sobre los destinatarios y beneficiarios efectivos de los pagos.
4. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). «Venezuela situation». Datos actualizados en diciembre de 2025. Según las cifras gubernamentales recopiladas por ACNUR, había cerca de 7,9 millones de refugiados y migrantes venezolanos fuera de Venezuela, distribuidos por el mundo. La estimación corresponde a la diáspora mundial y no únicamente a las personas residentes en Estados Unidos o acogidas al Estatus de Protección Temporal.
5. Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. «Termination of the October 3, 2023 Designation of Venezuela for Temporary Protected Status». Federal Register, 5 de febrero de 2025, 90 FR 9040–9044, documento n.º 2025-02294. El aviso recoge la determinación de la secretaria acerca de las condiciones existentes en Venezuela, el interés nacional estadounidense y la terminación de la designación de 2023.
Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. «Termination of the 2021 Designation of Venezuela for Temporary Protected Status». Federal Register, 8 de septiembre de 2025, 90 FR 43225–43231, documento n.º 2025-17087. El aviso dispone la terminación de la designación de 2021 con efectos a partir del 7 de noviembre de 2025, sin perjuicio de los procedimientos judiciales posteriores.
Corte Suprema de Estados Unidos. Mullin v. Doe, asuntos n.os 25-1083 y 25-1084, 25 de junio de 2026, 609 U.S. 324. La Corte resolvió que 8 U.S.C. § 1254a(b)(5)(A) impide la revisión judicial de impugnaciones no constitucionales relativas a la designación de un país para el TPS, a su terminación o a la prórroga de esa designación, incluidas las objeciones dirigidas contra el procedimiento administrativo que conduce a tales determinaciones.
En el litigio acumulado de Miot, la Corte Suprema concluyó igualmente que la alegación de vulneración del principio de igualdad formulada por los demandantes haitianos tenía escasas posibilidades de prosperar a los efectos de obtener medidas provisionales. La Corte no resolvió definitivamente si la prohibición legal de revisión judicial excluía de manera categórica las impugnaciones constitucionales, ni decidió mediante ese pronunciamiento las alegaciones constitucionales independientes presentadas por los demandantes venezolanos.
Corte Suprema de Estados Unidos. Mullin v. National TPS Alliance, asunto n.º 26-48, 5 de octubre de 2026. La Corte admitió el recurso, dejó sin efecto la sentencia del Noveno Circuito de 28 de enero de 2026 en National TPS Alliance v. Noem, 166 F.4th 739, y devolvió el asunto para su reconsideración conforme a Mullin v. Doe.
Tribunal Federal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos. National TPS Alliance v. Mullin, asunto n.º 25-5724, órdenes de 30 de octubre y 3 de noviembre de 2026. La primera denegó la solicitud gubernamental de suspensión y la petición alternativa de suspensión administrativa. La orden de 3 de noviembre dejó sin efecto esa decisión y concedió una suspensión administrativa de catorce días a partir del 6 de noviembre. Esta relación procesal corresponde al estado del litigio al 11 de noviembre de 2026. La anulación de la sentencia y la devolución del asunto por la Corte Suprema obligaban al Noveno Circuito a determinar los efectos de Mullin sobre las pretensiones formuladas, incluidos los límites de la revisión judicial y el tratamiento de las impugnaciones constitucionales que pudieran subsistir.
6. Administración Nacional de Archivos y Registros de Estados Unidos. «Cuban Refugee Program, 1960–1970». Grupo documental 363, archivos del Servicio de Asistencia Social y Rehabilitación (Social and Rehabilitation Service). Documentación histórica relativa al establecimiento del Centro de Emergencia para Refugiados Cubanos, la organización de la asistencia federal durante la Administración Kennedy y los organismos responsables de los programas de reasentamiento.
Oficina General de Contabilidad de Estados Unidos (General Accounting Office). Analysis of Federal Expenditures to Aid Cuban Refugees. Informe B-164031(3), 3 de noviembre de 1971. Preparado por el contralor general para la Subcomisión de Investigación de Problemas Relacionados con Refugiados y Exiliados de la Comisión de Asuntos Judiciales del Senado estadounidense. El informe examina los gastos federales destinados a la asistencia a los refugiados, la educación, el transporte y el reasentamiento.
Congreso de Estados Unidos. Migration and Refugee Assistance Act of 1962, Ley Pública 87-510, 28 de junio de 1962, 76 Stat. 121, codificada en lo pertinente en 22 U.S.C. § 2601 y siguientes. Establece la autoridad legal para prestar asistencia a refugiados y migrantes comprendidos en las categorías previstas.
Congreso de Estados Unidos. Cuban Adjustment Act, Ley Pública 89-732, 2 de noviembre de 1966, 80 Stat. 1161, con sus modificaciones posteriores. Establece un procedimiento legal especial mediante el cual los naturales o ciudadanos cubanos que cumplan los requisitos aplicables pueden obtener la residencia permanente legal en Estados Unidos.
7. Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. «Termination of Parole Processes for Cubans, Haitians, Nicaraguans, and Venezuelans». Federal Register, 25 de marzo de 2025, 90 FR 13611–13622, documento n.º 2025-05128. Anuncia la terminación de los programas colectivos de permisos humanitarios para las cuatro nacionalidades e incluye los fundamentos invocados por el Departamento, así como las consecuencias para la vigencia de los permisos y las correspondientes autorizaciones de empleo. La medida es distinta de los avisos de terminación del TPS venezolano y de las disposiciones legislativas contenidas en la Cuban Adjustment Act.
