Ricardo F. Morín
El payaso que te hará llorar
Busto de arcilla sin cocer en tres colores
Dimensiones totales: 18 × 18 pulgadas
1975
El cabello claro lleva un peinado con vocación de permanencia. Bajo él, el rostro ha adquirido el color del achiote; las manos conservan otro color.
Se incorporó al negocio que había levantado su padre. El padre puso la empresa; el hijo puso su nombre en letras más grandes. Su nombre apareció en edificios, productos y promesas. Algunas de las sociedades acabaron declarándose en quiebra. El nombre siguió anunciando el éxito. A los acreedores les correspondió apreciar la diferencia entre la reputación que sobrevivió y el dinero que no.
La televisión le proporcionó una sala de juntas donde se examinaba la competencia de todos salvo la del presentador. Los concursantes competían por su aprobación y se marchaban cuando él lo ordenaba. El programa podía dar cabida cada semana a un aspirante fracasado sin alterar la premisa de que el hombre sentado tras la mesa sabía lo que hacía. El público podía cambiar de canal; nadie dentro del programa podía destituir al presentador mediante una votación.
En 2020, el electorado se negó a renovarle el contrato. Respondió afirmando que le habían robado las elecciones. Un hombre acostumbrado a dictar veredictos acababa de recibir uno desfavorable. Según su versión, la decisión de los votantes quedaba supeditada a la aprobación del candidato cuya conducta se les había pedido juzgar.
La afirmación resulta útil convertida en requisito de lealtad. Quien repite un error verosímil puede estar sencillamente equivocado. El funcionario que repite una afirmación ya refutada ofrece al presidente una prueba más rigurosa de obediencia. Corregir el error echaría a perder la prueba. La Administración puede dotarse de empleados cuya principal cualificación consista en ayudar al jefe a mantenerse en el error.
El pregonero de la feria presenta las maravillas financieras de su gabinete. Para Comercio eligió a un financiero multimillonario. Una fortuna lo bastante grande puede hacer las veces de una cualificación antes de que se formule la primera pregunta. Se invita al público a contemplar la riqueza privada y a dar por supuesto el buen criterio para los asuntos públicos.
El número de la eficiencia se confió a Elon Musk, que prometió recortar un billón de dólares de gasto público. Después llegó el escaparate de ahorros. Los auditores federales comprobaron más tarde que DOGE se había atribuido un ahorro de 1.700 millones de dólares por un contrato de servicios informáticos de la sanidad militar que ni se había rescindido ni se había reducido. El contrato seguía vigente. El ahorro, pese a ello, había hecho una brillante carrera pública.
Los funcionarios sujetos a obligaciones profesionales pueden resultar menos entretenidos. Un auditor puede presentar una cifra que estropee un anuncio; un funcionario puede explicar que la preferencia del presidente ha tropezado con una ley. El presidente ha ordenado reducir varios organismos federales al mínimo exigido por la ley y someter los organismos independientes a una supervisión presidencial más estrecha. Una institución con menos personal dispone de menos personas que puedan explicar los límites de una instrucción. Una silla vacía no ofrece otra interpretación de las obligaciones del Gobierno. La vacante es una funcionaria complaciente.
El ejemplo perduraría después de la marcha del presidente. Las vacantes, los precedentes y las pretensiones de un poder ejecutivo más amplio quedarían a disposición de un sucesor cuyas promesas sonaran enteramente distintas. El siguiente presidente podría incluso prometer que salvaría al país del actual. Restablecer las limitaciones al poder no sería más fácil porque el nuevo ocupante tuviera mejores modales.
Para gobernar la inteligencia artificial, el presidente ofrece su inteligencia. La propuesta de marzo de 2026 de su Administración aún encontraba ocupación para el Congreso y los reguladores existentes, permitiendo a los estados seguir aplicando sus leyes generales mientras pretendía desplazar algunas de sus normas sobre IA. El 14 de septiembre señaló como única salvaguardia necesaria a un «PRESIDENTE FUERTE E INTELIGENTE (¡Alto cociente intelectual!)» y aseguró al país que el puesto estaba cubierto. También invocó las facultades penales y regulatorias existentes. La garantía ofrecida a los ciudadanos descansaba, sin embargo, en el aval que el supervisor se concedía a sí mismo.
Su familia, entretanto, tiene negocios pendientes ante el Gobierno. Su empresa de criptomonedas ha obtenido una aprobación preliminar y condicionada para constituir un banco fiduciario de ámbito federal. El regulador afirma que la revisión se ajustó a las normas. Varios senadores han solicitado que se examine la inversión extranjera y cuestionado la independencia de la revisión. La familia puede seguir adelante con la oportunidad de negocio mientras los ciudadanos aguardan las respuestas. La autorización sigue sujeta a condiciones; el interés comercial de la familia y la facultad presidencial de nombrar al responsable del organismo regulador ya están establecidos.
Como orientación de alcance más general, el presidente ha dejado su doctrina por escrito: «Quien salva a su País no viola ninguna Ley».
Ha encontrado otra utilidad a la separación de poderes: los poderes no tienen por qué llegar a la vez. El Ejecutivo dicta una orden, los legisladores piden los documentos y los jueces estudian la impugnación. Para cuando se haya examinado la potestad invocada, el país puede llevar tiempo viviendo bajo los efectos de la decisión. Restablecer un límite puede presentarse entonces como una perturbación del orden establecido. El Ejecutivo ha adquirido la ventaja de que la obediencia sea inmediata y rectificar resulte costoso.
En el litigio sobre los aranceles, el Tribunal Supremo determinó que la ley de emergencia invocada no otorgaba la potestad de imponerlos. Los gravámenes ya pesaban sobre el comercio antes de que la potestad alegada completara su recorrido por los tribunales. Las empresas tuvieron que responder a una decisión ejecutiva cuyo fundamento jurídico el Ejecutivo había exagerado. El Gobierno podía cobrar primero mientras los gobernados costeaban el proceso que debía determinar si el Gobierno había tenido derecho a cobrar.
Los espectadores de otros países carecen de un voto con el que interrumpir la función. Una amenaza pronunciada ante un público que aplaude puede convertirse en una emergencia para otro país. Quienes nunca pidieron asistir al espectáculo deben organizar sus asuntos en función del próximo anuncio.
Ucrania descubrió con qué facilidad un aliado podía quedar reducido a suplicante. En el Despacho Oval, el presidente estadounidense le dijo a Zelenski: «Ahora mismo no tienes bazas». Su Administración suspendió después la ayuda militar y el intercambio de información de inteligencia, y restableció ambos en marzo de 2025 tras aceptar Kiev una propuesta de alto el fuego de treinta días que aún requería el asentimiento de Rusia. El proveedor había demostrado su importancia interrumpiendo el suministro.
En marzo de 2026 se hizo patente otra dependencia, cuando Zelenski afirmó que Washington había solicitado ayuda ucraniana contra los drones iraníes. El presidente declaró después que Estados Unidos no necesitaba la ayuda de Ucrania. En julio, Zelenski hablaba ya de un acuerdo inicial para la producción conjunta de drones, con una fábrica de tecnología ucraniana prevista en Estados Unidos y condiciones todavía en negociación. Los ingenieros ucranianos habían aportado algo que una lección sobre la debilidad de su país no podía proporcionar. La negociación obligaba al Gobierno estadounidense a reconocer el valor de unos conocimientos que su presidente había declarado innecesarios.
La geografía ofrece una forma más barata de expansión. El golfo de México y el lago Ontario han recibido el nombre de América para uso federal. Un mapa oficial puede exhibir el logro sin desplazar la orilla opuesta. Groenlandia exige un papeleo más elaborado. El presidente ha presentado la ampliación del acceso militar estadounidense como un control permanente de la seguridad; Dinamarca mantiene su soberanía y Groenlandia su derecho a la autodeterminación. El acuerdo debe dar cabida a un anuncio de posesión sin transferencia de propiedad.
La distancia entre un anuncio y un hecho consumado se acorta cuando se envían tropas. En Venezuela, la operación militar que capturó a Nicolás Maduro se defendió como una actuación contra presuntos narcotraficantes. En Irán, la Cámara de Representantes ha votado repetidamente a favor de poner fin a operaciones militares emprendidas sin autorización del Congreso. El presidente que actúa primero también determina las circunstancias en las que se juzgará una negativa. El Congreso debe considerar qué supone detener un conflicto antes de que se le haya permitido decidir si iniciarlo. El Legislativo hereda la responsabilidad por las consecuencias de una decisión que no tomó. Un sucesor heredaría la comodidad de proceder sin pedir permiso.
Dentro del país, hay que mantener al público debidamente informado. A periodistas de CNN, MS NOW y Politico se les ha denegado el acceso a la Casa Blanca por la cobertura de sus medios. El hombre sometido a escrutinio se ha encargado de admitir a los testigos. Un público preparado para la grandeza no debería tener que elegir entre el pregonero y un periodista que ha mirado detrás del telón. La exclusión también alecciona a los periodistas que aún pueden entrar, antes de que hayan formulado una pregunta.
La designación del presidente ha recibido un respaldo adicional del presidente. «Dios me salvó para que devolviera la grandeza a Estados Unidos», anunció durante su toma de posesión. Para el partidario que considera la identidad cristiana un título para gobernar a los demás ciudadanos, la declaración ofrece un ascenso provechoso. Una preferencia política puede convertirse en una obligación sagrada. El vecino conserva su voto; su derecho a imponerse en las urnas pasa a ser negociable.
El Congreso conoce una forma más discreta de distinguir a los gobernantes de los gobernados. La ley contempla la enfermedad como excepción a las deducciones salariales por ausencia en la Cámara de Representantes. Un representante que se oponga a una protección semejante para los trabajadores puede recuperarse sin recibir la lección económica que prescribe a sus electores. Tampoco el legislador sumiso tiene que renunciar a las ventajas del cargo cuando renuncia a su independencia. El sueldo, el título y el personal sobreviven al descubrimiento de que el presidente ya ha pensado por él. Los electores pueden seguir escribiendo. El papel con membrete del Congreso sigue disponible para explicar una decisión del Ejecutivo.
Un partidario leal puede acabar necesitando una norma que obligue al presidente a escuchar. Una orden puede afectar a sus bienes, a su sustento o a su familia. El ciudadano descubrirá entonces la diferencia entre tener un derecho y estar a bien con el hombre que puede ignorarlo. La petición debe acreditar la lealtad de quien la suscribe antes de abordar el inconveniente del perjuicio sufrido. Hasta una queja debe contribuir a garantizar que el presidente no ha hecho nada malo.
Ahora se invita al electorado a considerar un dividendo. El presidente ha prometido cinco mil dólares a los ciudadanos adultos si los republicanos conservan ambas cámaras del Congreso. El Congreso aún tendría que autorizar el pago, de modo que primero hay que otorgar la mayoría, sin que la partida presupuestaria esté asegurada. La oferta de Musk en 2024 de un millón de dólares diario a votantes inscritos de siete estados decisivos que firmaran la petición de su comité de acción política ya había convertido la generosidad privada en una atracción de campaña. Lo que se había anunciado como fruto del azar pasó a ser, según sus abogados, una selección de portavoces remunerados del comité.
El voto puede seguir siendo secreto mientras la campaña enseña al ciudadano a esperar un benefactor. A quien tiene derecho a examinar la conducta de un servidor público se le anima a considerar las ventajas de ser un beneficiario agradecido. El presidente puede recibir las gracias de los ciudadanos por un pago que los propios ciudadanos tendrían que financiar.
Las elecciones de mitad de mandato permitirán examinar al reparto secundario. Un candidato al Congreso que prometa obediencia al presidente debería explicar por qué esa obediencia requiere un cargo independiente. La nación ya paga al personal de la Casa Blanca. Un Legislativo capaz de negarse preservaría un límite tanto para el próximo presidente como para el actual.
El pueblo podrá recuperar su país, siempre que no vuelva a reclamar el derecho a gobernarlo.
