La transición de Venezuela y la supervivencia de Ucrania constituyen ahora una sola prueba: si el poder puede ser contenido sin ilusiones, y si Estados Unidos es capaz de actuar con coherencia incluso cuando su presidente no logra percibirla plenamente.
Este texto no propone una política ni anticipa un desenlace. Señala el umbral en el que la coherencia deja de ser discrecional y pasa a convertirse en una condición de supervivencia.
Estados Unidos no puede actuar en un escenario de manera que invalide los principios que afirma defender en otro. Si la soberanía, la integridad territorial, la continuidad institucional y la responsabilidad jurídica se consideran vinculantes en Ucrania, no pueden volverse flexibles, provisionales o estratégicamente inconvenientes en Venezuela. Y el principio inverso debe sostenerse igualmente: si esos mismos principios se tratan como vinculantes en Venezuela, no pueden relajarse, reinterpretarse ni aplicarse de forma selectiva en Ucrania. Una vez cruzada esa línea en cualquiera de los dos sentidos, la coherencia se derrumba, no solo en el plano retórico, sino estructural. El poder deja de estabilizar resultados y comienza a administrar el deterioro.
No se trata de una afirmación moral, sino funcional. El poder contemporáneo no fracasa por carecer de fuerza, sino por perder consistencia interna. Cuando los mismos instrumentos —sanciones, acusaciones judiciales, presión militar, reconocimiento diplomático— se aplican según la conveniencia del momento y no conforme a principios, dejan de restringir a los adversarios. Los instruyen. Rusia y China no necesitan imponerse militarmente si pueden demostrar que la legalidad misma es selectiva, contingente y susceptible de reinterpretación por quien detente la ventaja circunstancial.
Por esta razón, ninguna transición puede apoyarse en la personalización. La confianza entre líderes no sustituye la verificación, ni el trato personal puede reemplazar a las instituciones. Esta vulnerabilidad es bien conocida en la diplomacia centrada en personalidades y ha sido especialmente visible bajo Donald Trump, en su reiterada mala lectura de Vladimir Putin. Sin embargo, el peligro más profundo no es psicológico, sino procedimental. Una política que depende de quién habla con quién no resiste la presión. Solo puede perdurar aquella que sigue siendo legible cuando las personalidades desaparecen.
Tampoco pueden proclamarse resultados antes de que existan las instituciones capaces de sostenerlos. El control territorial sin autoridad civil no es estabilidad. Las elecciones celebradas sin garantías de seguridad exigibles no son legitimidad. El acceso a los recursos sin mecanismos de custodia, auditoría y revisión jurídica no es recuperación, sino extracción bajo otra denominación. Cuando Estados Unidos acepta resultados sin estructuras, aplaza el colapso en lugar de prevenirlo.
Igualmente corrosiva es la improvisación jurídica. El derecho aplicado a posteriori —acusaciones justificadas retroactivamente, sanciones reajustadas para acomodar hechos consumados— no limita el poder; lo representa. Cuando la legalidad se vuelve explicativa en lugar de normativa, pierde su capacidad disciplinaria. Los adversarios aprenden que las reglas son instrumentos narrativos, no límites efectivos.
Por último, no puede haber tolerancia alguna hacia la preservación de intermediarios coercitivos. Una transición que deja intactas milicias, financiadores opacos o estructuras de coerción paralelas no es una transición. Es una redistribución del riesgo que garantiza una ruptura futura. Los actores externos pueden ser contenidos, auditados o retrasados, pero no pueden ser apaciguados mediante la ambigüedad sin socavar todo el proceso.
La prueba es severa e implacable. Si una acción adoptada en Venezuela o en Ucrania no pudiera defenderse, palabra por palabra, al aplicarse en el otro caso —o si una concesión aceptada en uno fuese condenada al reproducirse en el otro— entonces el axioma ya ha sido vulnerado.
Lo que, por tanto, debe mantenerse verdadero en ambos escenarios a la vez es lo siguiente: el poder debe someterse al mismo estándar que invoca, sin excepciones, sin personalización y sin refugiarse en una conveniencia disfrazada de realismo.
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Autoridad donde la legitimidad aún no ha convergido
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Esta sección no evalúa la legitimidad democrática ni el mérito político. Observa cómo se constituye y se ejerce la autoridad cuando la coherencia se encuentra bajo presión.
Una pregunta formulada durante una conferencia de prensa —relativa a la coalición opositora encabezada por María Corina Machado y a la victoria electoral de Edmundo González Urrutia— provocó una respuesta desdeñosa del presidente Donald Trump. Al preguntársele por qué un liderazgo de transición no se articularía en torno a dicha coalición, respondió que “no había respeto por ella,” dando a entender una ausencia de autoridad dentro del país.
Tomada al pie de la letra, la observación parece personal. Leída de manera diagnóstica, expone una distinción más consecuente: la legitimidad no se traduce actualmente en autoridad dentro de Venezuela. La misma distinción —entre legitimidad y autoridad exigible— ha marcado la resistencia de Ucrania ante la invasión rusa: una legitimidad establecida internamente que debió ser defendida materialmente frente a la agresión externa.
La victoria electoral, el reconocimiento internacional y la credibilidad moral confieren legitimidad. No confieren, por sí solos, poder exigible. La autoridad, tal como existe sobre el terreno, deriva de la capacidad de imponer cumplimiento —ya sea mediante el control de instituciones coercitivas, de puntos críticos de recursos o de la maquinaria operativa del Estado. En Ucrania, esa autoridad se ejerce de forma defensiva para preservar un orden soberano ya legítimo frente a la agresión externa. En Venezuela, la autoridad persiste con independencia del resultado electoral, sostenida por instituciones y mecanismos desvinculados de la legitimidad.
En este sentido, la cuestión planteada por la observación de Trump no es si la coalición de Machado es legítima, sino qué otorga actualmente autoridad dentro del país —y quién es capaz de hacer cumplir decisiones, evitar la fragmentación o imponer obediencia. La respuesta no es retórica ni normativa. Se trata de cómo la autoridad se constituye y se ejerce actualmente, bajo las condiciones presentes.
La reciente discusión en torno al involucramiento de Estados Unidos con actores venezolanos ha vuelto esta distinción operativa, más que abstracta. La marginación de María Corina Machado no ha girado en torno a cuestiones de legitimidad democrática, mandato electoral o reconocimiento internacional. Ha girado en torno a su negativa a participar en arreglos transaccionales con los estratos tecnocráticos y financieros existentes que actualmente ejercen control dentro del Estado. En contraste, figuras como la Vice Presidente Delcy Rodríguez son tratadas como interlocutoras viables precisamente porque detentan una autoridad ejecutable mediante la continuidad de aquellos mecanismos —coercitivos, financieros y administrativos— que persisten con independencia de la legitimidad. La criminalidad, en esta lógica, no resulta descalificadora. Constituye una prueba de control. Lo que se privilegia no es la credibilidad moral, sino la capacidad de negociación bajo presión.
Esta distinción importa porque las transiciones que confunden legitimidad con autoridad tienden a derivar en desorden o enquistamiento. La autoridad negociada sin legitimidad produce represión. La legitimidad afirmada sin autoridad produce parálisis. Una transición duradera exige que ambas converjan, pero no parten del mismo punto ni convergen a través de los mismos medios.
En Ucrania, legitimidad y autoridad están alineadas, aunque tensionadas por la agresión externa; en Venezuela, la autoridad persiste en ausencia de legitimidad. Tratar estas condiciones como moral o procedimentalmente equivalentes oscurece las obligaciones que imponen. Cuando el apoyo se condiciona con mayor severidad allí donde la legitimidad está intacta que allí donde está ausente, la coherencia cede paso a un desequilibrio ético.
La observación de Trump no aclara la estrategia de Estados Unidos. Sin embargo, expone la línea de falla a lo largo de la cual la política corre ahora el riesgo de fracturarse: si la autoridad es evaluada y transformada en relación con la legitimidad, o acomodada al margen de ella en nombre del orden. La elección no es neutral. Determina si el poder refuerza o socava los principios que invoca.
La distinción entre legitimidad y autoridad no invalida la exigencia de coherencia. La afila. Cuando la coherencia se abandona de forma selectiva, el colapso deja de ser un riesgo y pasa a ser un resultado.
Ricardo Morín Triangulación 10: Una propuesta planetaria 56 x 76 cm Acuarela y lápiz de cera sobre papel 2007
Ricardo F. Morín
Noviembre 2025
Oakland Park, Florida
PREFACIO
Este ensayo procede de un reconocimiento sencillo: las estructuras políticas heredadas por la humanidad ya no corresponden a las fuerzas que hoy configuran su supervivencia. La volatilidad climática, la aceleración digital, la interdependencia económica y la vulnerabilidad transfronteriza operan a escala planetaria. Atraviesan el aire, el agua, los datos y las cadenas de suministro sin atender a los límites territoriales. Sin embargo, el mundo continúa organizado como un conjunto de soberanías discretas, cada una responsable de riesgos que no puede ni contener ni resolver por sí sola.
Lo que sigue no procede del optimismo, de la inevitabilidad ni de visiones de armonía. Parte, en cambio, de la insuficiencia. Las instituciones que en otro tiempo estabilizaron la vida política no fueron concebidas para condiciones en las que la disrupción se propaga de forma global e instantánea. La propuesta aquí expuesta —un sistema estratificado de coordinación planetaria, provisión universal y protecciones para la autonomía cultural— no intenta anticipar qué formas políticas habrán de surgir. Ofrece, más bien, una arquitectura conceptual de aquello que ha pasado a ser pensable si la continuidad humana ha de seguir siendo plausible bajo condiciones de profunda interdependencia.
El ensayo se despliega en tres movimientos. En primer lugar, perfila un marco proporcional a la escala del riesgo contemporáneo. En segundo término, enfrenta las objeciones más sólidas —psicológicas, culturales, geopolíticas, económicas e históricas— que limitan cualquier reorganización de este tipo. A continuación, el análisis se orienta hacia formas transicionales a través de las cuales la identidad local puede persistir y la coordinación puede emerger en contextos donde la fragmentación ya ha introducido riesgo. El trabajo no prescribe un futuro; permanece dentro del horizonte en el que opera hoy la imaginación política.
MARCO DENTRO DE LA TEORÍA POLÍTICA CONTEMPORÁNEA
i
Este ensayo se apoya en un cuerpo creciente de teoría política atento a la brecha cada vez mayor entre las presiones de alcance global y el radio limitado de acción del Estado-nación. Pensadores como Ulrich Beck (World Risk Society, 1999), David Held (Democracy and the Global Order, 1995), Jürgen Habermas (The Postnational Constellation, 2001) y Saskia Sassen (Territory, Authority, Rights, 2006) han mostrado cómo el cambio climático, los sistemas digitales y la interdependencia económica exceden hoy las capacidades de la gobernanza territorial. Beck identifica el riesgo mismo como fenómeno global; Held y Habermas examinan formas de gobernanza multinivel; Sassen describe la migración de la autoridad a través de redes que eluden las fronteras. Este ensayo permanece alineado con estos planteamientos y fundamenta su argumentación no en la probabilidad de que los Estados existentes se unifiquen, sino en condiciones materiales ya en vigor.
ii
Los teóricos del riesgo global —en particular Beck y Anthony Giddens (Runaway World, 1999)— describen un mundo unido por vulnerabilidades compartidas: inestabilidad climática, pandemias, contagio financiero y exposición digital. Ningún Estado puede contenerlas de manera aislada. Este ensayo desarrolla ese diagnóstico al tratar el riesgo compartido como la razón central para el rediseño institucional. Investigaciones sobre soberanía compartida o superpuesta, como las de Anne-Marie Slaughter (A New World Order, 2004) y Neil Walker (Intimations of Global Law, 2015), muestran que la autoridad ya se distribuye en múltiples niveles. Lo que sigue es una observación: la dispersión sin estructura produce fragilidad; la autoridad compartida requiere diseño, no mera acumulación.
iii
Filósofos de la justicia global como Martha Nussbaum (Frontiers of Justice, 2006), Amartya Sen (Development as Freedom, 1999) y Thomas Pogge (World Poverty and Human Rights, 2002) sostienen que las capacidades humanas básicas ya no pueden garantizarse exclusivamente dentro de las fronteras nacionales. El bienestar y la oportunidad se han convertido en hechos transnacionales. Teóricos de la política ambiental como Bruno Latour (Facing Gaia, 2017) y Robyn Eckersley (The Green State, 2004) muestran además que los sistemas ecológicos imponen exigencias que ningún gobierno aislado puede atender. Este ensayo toma estas afirmaciones como relevantes y propone instituciones dimensionadas según la interdependencia ecológica y tecnológica, en lugar de apoyarse en jurisdicciones heredadas.
iv
Los debates en torno al poder digital refuerzan esta necesidad. Autoras y autores como Shoshana Zuboff (The Age of Surveillance Capitalism, 2019), Kate Crawford (Atlas of AI, 2021) y Helen Nissenbaum (Privacy in Context, 2010) documentan cómo la inteligencia artificial, las infraestructuras de datos y los sistemas algorítmicos operan a través de fronteras mientras eluden los marcos nacionales de supervisión. El poder tecnológico se desplaza hoy con independencia de los dispositivos concebidos para regularlo. La propuesta sitúa la gobernanza tecnológica en el núcleo de la coordinación planetaria, y no como una preocupación auxiliar.
v
Tomados en conjunto, estos enfoques indican que ni el repliegue nacionalista ni el universalismo abstracto resultan adecuados para las condiciones presentes. Este ensayo permanece alineado con estos planteamientos y fundamenta su argumentación no en la probabilidad de que los Estados existentes se unifiquen, sino en condiciones materiales ya en vigor. No se orienta hacia la abstracción, sino hacia una propuesta legible y coherente, calibrada según las realidades que ya se están desarrollando.
⸻
I. La propuesta: un nuevo mundo para una especie en convergencia
1
La humanidad se encuentra hoy en un umbral en el que las formas políticas heredadas ya no logran absorber las presiones que configuran la vida colectiva. La inestabilidad climática, la aceleración digital, el desplazamiento migratorio y la interdependencia económica operan a escala planetaria. Atraviesan las fronteras con una velocidad para la cual los sistemas basados en el Estado nunca fueron concebidos. En tales condiciones, la cuestión de la supervivencia converge con la cuestión del rediseño institucional.
2
La propuesta parte del reconocimiento de que los Estados soberanos fragmentan la responsabilidad precisamente en el momento en que la coherencia se vuelve necesaria. Los riesgos se propagan de manera global; la rendición de cuentas permanece localizada. Un marco planetario emerge no como aspiración, sino como respuesta proporcional a vulnerabilidades que exceden la capacidad nacional.
3
Dicho marco se limita a ejercer autoridad únicamente allí donde la fragmentación produce exposición sistémica: a saber, en la salud pública, la estabilización climática, la migración, la gestión de recursos y las tecnologías globales. La autonomía cultural, jurídica y administrativa permanece firmemente radicada en las instituciones regionales y locales.
4
El bienestar universal constituye la base estructural de este planteamiento. No opera como caridad, sino como estabilización. En un mundo interconectado, la privación en una región genera inestabilidad en muchas otras. El acceso a la atención sanitaria, a los recursos esenciales y a una educación significativa define el umbral mínimo de participación en la vida colectiva.
5
De ello se sigue una reconfiguración del valor. Los mercados continúan operando, pero ciertos bienes —salud, educación, seguridad ambiental y acceso digital— quedan garantizados como derechos. El ingreso universal cede su lugar a la provisión universal: un compromiso con las condiciones materiales e intelectuales requeridas para la dignidad y la resiliencia.
6
A medida que estos cambios toman forma, las fronteras asumen una función distinta. Persisten como marcadores administrativos, pero su capacidad para regular el riesgo disminuye. Los sistemas climáticos ignoran los límites; los patógenos los atraviesan sin control; las infraestructuras digitales disuelven las restricciones territoriales. Una arquitectura planetaria aparece así no como un punto de llegada, sino como un ajuste a condiciones ya en curso.
7
Articular un mundo de este tipo no constituye un acto de idealismo, sino de razonamiento proporcional. Las presiones contemporáneas exigen una imaginación política acorde con su escala. Esta propuesta no anticipa el futuro; permanece dentro del horizonte.
II. Los contraargumentos: un examen desde la abogacía crítica
8
La primera objeción se refiere a la identidad. La soberanía no funciona únicamente como un orden jurídico, sino también como un depósito de memoria, historia y continuidad afectiva. Un marco de alcance planetario introduce una capa adicional de identificación para la cual no existe precedente histórico directo.
9
A esta objeción se suma la resistencia geopolítica. Los Estados —en particular aquellos con mayor capacidad de influencia— disponen de escasos incentivos para diluir ventajas estratégicas ya adquiridas. Cualquier forma de autoridad global tiende a ser percibida no como coordinación, sino como pérdida relativa de control.
10
Una tercera objeción concierne a la escala. Las instituciones que operan en un ámbito planetario enfrentan riesgos de opacidad, inercia o captura. La coordinación a tal magnitud puede introducir nuevas formas de fragilidad allí donde pretende reducirlas.
11
Los argumentos económicos cuestionan la viabilidad. La provisión universal requiere mecanismos distributivos de una complejidad sin precedentes. Los mercados, pese a sus distorsiones, conservan capacidad de adaptación; las alternativas, en cambio, suelen ser percibidas como propensas a la ineficiencia o a la coerción.
12
Los planteamientos culturales señalan el riesgo de homogeneización. Incluso bajo protecciones formales, los sistemas de alcance global pueden ejercer presiones sutiles hacia la uniformidad, debilitando especificidades lingüísticas y culturales sin necesidad de imposición explícita.
13
Las objeciones psicológicas subrayan los límites de la contención. La cooperación a escala planetaria presupone capacidades de empatía y autocontrol que no siempre se sostienen en ausencia de incentivos claros o de mecanismos de cumplimiento.
14
La memoria histórica refuerza el escepticismo. Proyectos de integración previos han dado lugar, en numerosos casos, a procesos de fragmentación. Un marco planetario podría generar resistencia precisamente en razón de su amplitud.
15
Consideradas en conjunto, estas objeciones configuran un campo denso de restricciones —psicológicas, culturales, geopolíticas, organizativas e históricas— que complica cualquier transición hacia formas de organización planetaria.
III. La resolución: un movimiento hacia la organización planetaria
16
Una resolución que resulte creíble requiere la incorporación de estos contraargumentos, no su desestimación. La coherencia planetaria no puede construirse allí donde el acuerdo es más sencillo, sino allí donde la resistencia es mayor.
17
El primer elemento adopta una forma arquitectónica. La gobernanza debe ser estratificada, no monolítica. La autoridad global queda limitada a ámbitos acotados de vulnerabilidad compartida, mientras que los Estados conservan su autonomía interna. Los límites jurídicos, la transparencia y la representación distribuida actúan como restricciones frente a la concentración del poder.
18
El segundo elemento concierne al bienestar. La provisión universal establece una base estructural financiada mediante gravámenes globales y sistemas nacionales coordinados. Los mercados operan por encima de ese umbral; los bienes esenciales quedan resguardados de la volatilidad.
19
El tercer elemento se refiere a la identidad. La ciudadanía planetaria funciona como una afiliación complementaria, no como un reemplazo. La educación y los medios de comunicación fomentan la conciencia de sistemas ecológicos y tecnológicos compartidos sin eliminar la distinción cultural.
20
El cuarto elemento atañe al poder. Las instituciones se distribuyen por funciones y quedan protegidas mediante rotación en los liderazgos, mecanismos de supervisión independiente y transparencia digital. La autoridad permanece limitada, visible y divisible.
21
El quinto elemento concierne al ritmo. La transición se desarrolla a través de disposiciones intermedias: pactos climáticos exigibles, marcos estandarizados de gobernanza digital, protocolos sanitarios ante pandemias y uniones regionales que experimentan con formas de bienestar transfronterizo.
22
A través de estas disposiciones, la soberanía se vuelve estratificada, el bienestar adquiere carácter fundacional, la identidad se articula de forma dual y la gobernanza se ajusta a la escala de la vulnerabilidad.
23
Lo que emerge no es un diseño utópico, sino un desplazamiento navegable desde la fragmentación hacia la coherencia: un trayecto mediante el cual la organización se vuelve posible.
*
EPÍLOGO
Este ensayo fue escrito desde una condición de reconocimiento, no desde una expectativa de resultados. Observó la emergencia de la interdependencia planetaria como un estado de hecho —ambiental, tecnológico y económico— sin asumir que el reconocimiento, por sí solo, conduciría a la coordinación, a la contención o a una acción compartida. La propuesta se apoyaba en la visibilidad de la escala, no en la presunción de una respuesta.
Lo que con el tiempo se ha vuelto más claro no es que la condición planetaria haya sido mal leída, sino que sus implicaciones fueron sobreestimadas. La interdependencia no suspende los hábitos políticos. La exposición global no disuelve el cálculo nacional. La existencia de un riesgo compartido no neutraliza la desconfianza ni desplaza la lógica mediante la cual los Estados preservan su autonomía a través del aplazamiento, el aislamiento o la participación selectiva.
La ausencia que hoy se hace evidente no es empírica, sino estructural. Una condición planetaria puede ser reconocida mientras la responsabilidad permanece local, fragmentada o diferida. Los sistemas se adaptan a la crisis sin reorientar sus prioridades. La cooperación se vuelve condicional, provisional o transaccional, más que vinculante. Lo que persiste es el ajuste, no la alineación.
Esto no invalida el marco planetario; aclara sus límites. El mundo no avanza hacia la coherencia por el reconocimiento tan sólo. Avanza mediante negociación, repliegue, recalibración y autoprotección —a menudo de forma simultánea. El equilibrio, cuando aparece, no es diseñado; se alcanza de manera desigual, a través de la restricción más que del consenso.
Vista desde este ángulo, « Una propuesta planetaria » registra un momento de claridad antes que un programa. Señala el punto en el que la exposición global se volvió innegable, sin presuponer que tal exposición produciría una forma correspondiente de acción. Lo que sigue en los ensayos posteriores no prolonga esa propuesta. Estrecha el foco y atiende, en cambio, a las condiciones bajo las cuales el reconocimiento se estanca, la agencia se fragmenta y el ajuste sustituye a la resolución.
Ricardo Morín Topografías Teratológicas Serie Uno: AGENCIA CÍVICA Óleo sobre Lino Cuádrico: Cada panel: 35,5 x 46,5 x 1,9 cm 2009
Ricardo F. Morín
Noviembre, 2025
Oakland Park, Florida
NOTA DEL AUTOR
Este ensayo examina condiciones que con frecuencia se ven distorsionadas por la ideología, la herencia moral o el relato histórico. Las cuestiones de soberanía, ocupación, revolución, exilio e identidad nacional suelen debatirse a través de afirmaciones que apelan a absolutos —derecho religioso, agravio histórico o legitimidad revolucionaria. Estas afirmaciones difieren en su lenguaje, pero comparten una misma estructura: sitúan una idea por encima de las realidades cívicas de las personas cuyas vidas quedan organizadas por tales narrativas.
Para abordar lo que dichas narrativas oscurecen, el ensayo se centra en un factor estructural que atraviesa esas diferencias: la agencia cívica, entendida como la capacidad de las personas para dar forma a las condiciones de la vida cívica mediante su participación, representación y procesos jurídicos. Cuando la agencia cívica es anulada —ya sea por control externo, autoritarismo interno o políticas de disuasión dirigidas a poblaciones desplazadas—, la forma de la restricción puede variar, pero su efecto cívico permanece constante.
Este ensayo no compara historias políticas. Examina cómo el poder del Estado, en sus diversas configuraciones, regula la vida cívica. Considera cómo la ideología oscurece esa regulación y cómo las poblaciones experimentan las consecuencias de decisiones en las que tienen poca o ninguna participación. El propósito no es reducir el conflicto político, sino señalar las estructuras que determinan si la libertad puede llegar a existir o permanece fuera de alcance.
RESUMEN
Este ensayo sostiene que la forma más fiable de comprender situaciones que parecen políticamente incompatibles —como la apatridia palestina y la soberanía autoritaria cubana— es examinar la ausencia estructural de agencia cívica que define a ambas. Aunque las formas de restricción difieren, la condición cívica converge: el Estado, ya sea externo o interno, limita la capacidad de la población para modelar su propia vida cívica. Al analizar cómo la regulación estatal restringe la participación, suprime la representación o fragmenta la jurisdicción, el ensayo muestra cómo la agencia cívica se convierte en la medida central de la libertad. Asimismo, examina cómo las narrativas ideológicas, las políticas de disuasión y las presiones migratorias ocultan esta realidad estructural. El objetivo no es dirimir reclamaciones políticas, sino hacer visibles las condiciones bajo las cuales la vida cívica puede formarse, protegerse o negarse.
1
Todo intento de comprender la vida política debe comenzar con el reconocimiento de que las poblaciones no experimentan la libertad como una abstracción; la experimentan a través de las estructuras que regulan su existencia cívica. Estas estructuras determinan cómo se toman las decisiones, cómo se ejerce la autoridad y si las personas pueden participar en la configuración de las condiciones de su propia vida. La agencia cívica no es, por tanto, un ideal, sino una condición que existe o no existe. Cuando está ausente, la libertad aparece como una afirmación formal más que como una condición vivida.
2
La agencia cívica se compone de tres elementos: participación, representación y proceso jurídico. La participación permite a individuos y comunidades influir en las decisiones públicas. La representación establece una continuidad entre quienes gobiernan y quienes son gobernados. El proceso jurídico garantiza que la autoridad se ejerza dentro de límites definidos. Cuando alguno de estos elementos se elimina, la población pierde su capacidad de dar forma al entorno cívico que habita. Esta pérdida puede producirse por regulación externa, autoritarismo interno o políticas que reducen la vida cívica a un conjunto de restricciones que debilitan el espacio compartido.
3
La ausencia de agencia cívica puede adoptar distintas formas. Una población puede estar gobernada por instituciones que no reconocen su soberanía y que, por tanto, someten su vida cívica a regulaciones en cuya elaboración no tiene un papel significativo. Alternativamente, una población puede habitar un Estado soberano que suprime el pluralismo político, restringe la disidencia legal y concentra la autoridad institucional. En ambos casos, la condición cívica queda anulada: las personas carecen de la capacidad de influir en las normas que las gobiernan.
4
El caso palestino ilustra la primera forma. Múltiples autoridades regulan el movimiento, el territorio y la vida pública sin ofrecer una jurisdicción unificada ni protección soberana. Las decisiones tomadas por Estados externos definen la existencia cotidiana y dejan a la población sin derechos cívicos consistentes ni un marco institucional estable. La ausencia de soberanía no es solo territorial, sino cívica; priva a la población de los mecanismos mediante los cuales la participación y la representación podrían hacerse posibles.
5
La situación cubana representa la segunda forma. Aunque el Estado posee soberanía, concentra la autoridad política en un único aparato institucional y restringe las vías legales de disidencia, competencia o reforma estructural. La ciudadanía vive bajo un sistema que mantiene la continuidad política mediante la limitación de las posibilidades de participación. La soberanía prevalece, pero la agencia cívica permanece restringida.
6
Palestina y Cuba difieren, desde luego, en historia, estructura y origen; sin embargo, coinciden en un aspecto fundamental: el Estado, ya sea externo o interno, restringe la participación de tal modo que la agencia cívica resulta inalcanzable. La ausencia de agencia es el elemento común que revela la condición cívica que subyace a los relatos políticos. También proporciona un marco desde el cual comprender, sin confusión, a poblaciones que experimentan distintas formas de restricción.
7
Las narrativas ideológicas suelen alinearse con las distribuciones existentes del poder. El derecho religioso sostiene que la tierra está garantizada por mandato divino y no por protección cívica. La retórica revolucionaria afirma que la autoridad política se justifica por la lucha histórica y no por la rendición de cuentas presente. Ambas narrativas elevan un absoluto por encima de las realidades cívicas de la población. Sustituyen la agencia por la lealtad e interpretan la restricción como necesidad, y no como una falla de representación.
8
La migración ofrece un tercer prisma desde el cual se hacen visibles los límites de la agencia cívica. Las personas abandonan sus países cuando las estructuras que regulan su vida colapsan o se vuelven inhabitables. Buscan estabilidad, protección y la posibilidad de reconstruir la participación cívica en nuevos entornos. Sin embargo, las políticas de disuasión en los Estados de acogida suelen reflejar las presiones que provocaron el desplazamiento. Estos Estados restringen el movimiento de los migrantes, limitan su acceso a las instituciones sociales y reducen las posibilidades de incorporación a un orden cívico. Tales políticas no reproducen el dilema original, pero reintroducen la experiencia de vivir bajo normas que no pueden influir.
9
Para muchas personas solicitantes de asilo, estas medidas restrictivas acortan la distancia entre las presiones que motivaron su salida y las que encuentran al llegar, un desplazamiento que dificulta distinguir la estabilidad de la exclusión. Ejemplos europeos como Dinamarca y el Reino Unido muestran cómo la disuasión se utiliza para desalentar el asilo sin reconocer el vacío cívico que produce. Estados Unidos aplica políticas similares en sus fronteras y presenta la disuasión como un instrumento de orden, lo que deja a las personas migrantes suspendidas entre la exclusión y un estatus cívico no resuelto.
10
El argumento estructural no sostiene que estas situaciones sean equivalentes, sino que la ausencia de agencia cívica genera una condición cívica que trasciende las diferencias políticas. Las poblaciones gobernadas sin participación, administradas sin representación o confinadas dentro de sistemas que restringen los procesos jurídicos experimentan la libertad como algo externo a su entorno cívico. Esta condición no puede explicarse mediante la ideología, porque la ideología aborda identidad, justificación o legitimidad, no agencia.
11
Comprender la agencia cívica permite distinguir entre reclamaciones políticas y realidades cívicas. La soberanía no garantiza la libertad; la revolución no garantiza la participación; el derecho religioso no garantiza la protección. La agencia cívica solo existe cuando las personas pueden dar forma a las condiciones que las gobiernan. Cuando esto se vuelve imposible, la población no habita un orden cívico, sino un espacio regulado.
12
Cuando la agencia cívica se convierte en la medida a través de la cual se entiende la vida política, las narrativas ideológicas pierden su autoridad y la estructura de la restricción se vuelve visible. Esta visibilidad no resuelve el conflicto, pero revela las condiciones bajo las cuales la libertad puede emerger o permanecer inaccesible. La agencia cívica es el punto donde comienza la posibilidad de la vida cívica, y donde su ausencia se hace estructuralmente evidente.
Ricardo Morín Triangulación 8: Lente de incoherencia procedimental 56 x 76 cm Acuarela y lápiz de cera sobre papel 2007
Ricardo Morin
Noviembre 2025
Oakland Park, Florida
Resumen
Este ensayo examina cómo los procedimientos que rigen el uso de la fuerza, la clasificación de los conflictos y la formulación del derecho de legítima defensa se apartan de los principios declarados en tres ámbitos de la política exterior de los Estados Unidos: el ataque marítimo cerca de Trinidad, la guerra entre Ucrania y Rusia, y el conflicto que involucra a Israel, Palestina y países adyacentes. El análisis rastrea cómo surgen las inconsistencias cuando el lenguaje oficial no se alinea con las normas establecidas, cuando los criterios cambian según circunstancias comparables y cuando la base declarada de una acción se modifica en función de necesidades políticas más que de coherencia procedimental. La comparación muestra cómo estas divergencias contribuyen a la inestabilidad y debilitan la claridad interpretativa en los asuntos internacionales.
1
El reportaje de The Washington Post titulado “‘Kill them all’: Hegseth’s battlefield rhetoric shaped Trump-era strike” (https://www.washingtonpost.com/national-security/2025/11/28/hegseth-kill-them-all-survivors-boat-strike/) describe una operación militar estadounidense cerca de Trinidad en la que una pequeña embarcación que se creía transportaba estupefacientes fue atacada tras ser identificada erróneamente. El secretario de Defensa Pete Hegseth emitió una orden verbal de “matar a todos”, y el ataque causó la muerte de la mayoría de los ocupantes. Cuando la vigilancia aérea identificó a dos supervivientes aferrados a los restos, se ordenó un segundo ataque que también acabó con sus vidas. Las explicaciones posteriores al Congreso presentaron este segundo ataque como una acción destinada a eliminar un peligro para la navegación, aun cuando la presencia de supervivientes ya había sido confirmada. La Oficina de Asesoría Legal (Office of Legal Counsel, OLC), cuyo dictamen posterior justificó las acciones como parte de un conflicto armado con grupos narcoterroristas designados, introdujo una clasificación jurídica que se apartaba de los hechos expuestos en los informes iniciales. Estos elementos conforman un único conjunto de materiales a partir del cual puede examinarse la coherencia procedimental.
2
La irregularidad procedimental se hace visible cuando se ordenan los pasos de la operación: una presunción no verificada sobre la identidad de la embarcación, una orden que trató a todos los ocupantes como combatientes, un segundo ataque ejecutado después de haberse identificado a los supervivientes y una justificación jurídica posterior basada en una clasificación que reinterpretaba la operación como parte de un conflicto armado. Cada paso descansó en un principio distinto: presunción, orden, reinterpretación y reclasificación. La divergencia entre estos principios muestra cómo el procedimiento se modificó para ajustarse al encuadre deseado, en lugar de guiar la acción según un criterio estable. Esta modificación no implica motivación; demuestra cómo el lenguaje administrativo puede separarse de los criterios que normalmente rigen el uso de la fuerza.
3
Una disyunción procedimental similar aparece cuando las posiciones estadounidenses respecto a Ucrania y Rusia se analizan junto al caso de Trinidad. Estados Unidos condena públicamente los ataques rusos contra civiles ucranianos, citando violaciones de distinción, proporcionalidad y responsabilidad bajo las leyes de los conflictos armados. Sin embargo, los debates sobre reducir el apoyo a Ucrania han introducido una inversión en la que los compromisos procedimentales utilizados para condenar a Rusia no se aplican con la misma consistencia cuando se consideran las consecuencias de disminuir la asistencia a un Estado que defiende su soberanía. El desplazamiento entre la insistencia en las normas jurídicas y el cálculo político muestra cómo los procedimientos pueden adoptar nuevas formas según la circunstancia, aun cuando los principios declarados no cambian. La inconsistencia no reside en las declaraciones, sino en las inversiones procedimentales que aparecen cuando el apoyo a Ucrania se entrelaza con cálculos estratégicos más amplios.
4
El conflicto que involucra a Israel, Palestina y Estados vecinos como Irán, Líbano y Yemen revela otra forma de divergencia procedimental. Estados Unidos afirma el derecho de Israel a la legítima defensa, pero evita reconocer en términos procedimentales equivalentes la reivindicación palestina de autodeterminación. Los mismos criterios invocados para justificar las acciones de una de las partes no se extienden a la otra cuando busca afirmar su soberanía, aunque ambas reivindicaciones surgen dentro de una misma circunstancia territorial y política. Esta asimetría se vuelve más evidente al considerar los ataques regionales: los procedimientos empleados para justificar las respuestas israelíes a amenazas provenientes de Irán, Líbano o Yemen difieren de los aplicados a las acciones palestinas, aun cuando operan en un entorno interconectado donde las consecuencias de un enfrentamiento influyen en los demás. La divergencia refleja una evasión procedimental que estabiliza una posición mientras deja a la otra sin una vía articulada hacia el reconocimiento o la resolución.
5
Cuando se examinan conjuntamente las tres circunstancias —el ataque cerca de Trinidad, la evolución de la postura hacia Ucrania y Rusia, y la asimetría procedimental en el conflicto israelo-palestino—, sus diferencias no ocultan el patrón común. En cada caso, los procedimientos que normalmente rigen el uso de la fuerza o el reconocimiento de la soberanía se apartan de los principios invocados públicamente. En Trinidad, la divergencia adopta la forma de una reclasificación posterior a los hechos. En Ucrania, aparece como una inversión en la aplicación de los principios de protección civil e integridad territorial. En Israel y Palestina, surge como una aplicación parcial del derecho a la legítima defensa sin un reconocimiento correspondiente de los requisitos procedimentales asociados a la soberanía. La alineación entre los casos proviene de la forma en que los procedimientos se modifican para ajustarse a necesidades políticas en lugar de guiar la acción conforme a criterios estables.
6
Esta alineación no se basa en la equivalencia de los conflictos, sino en la consistencia de las desviaciones procedimentales. Cada caso muestra cómo el mismo vocabulario —conflicto armado, legítima defensa, soberanía y protección de civiles— funciona de manera distinta según el actor al que se aplique. Los procedimientos asociados a estos términos cambian según la circunstancia, no según el principio. Como resultado, el significado de cada término se vuelve inestable. Lo que cuenta como conflicto armado en Trinidad, defensa soberana en Ucrania o uso legítimo de la fuerza en Gaza depende no de un estándar procedimental uniforme, sino del marco político seleccionado en cada instancia.
7
Una política exterior coherente requiere que los procedimientos que rigen el uso de la fuerza, el reconocimiento de la soberanía y la clasificación de los conflictos permanezcan constantes entre circunstancias. El ataque de Trinidad muestra cómo los procedimientos pueden ser reorganizados a posteriori para proteger la narrativa de una operación. La evolución de la postura respecto a Ucrania demuestra cómo los compromisos procedimentales pueden debilitarse cuando las consideraciones estratégicas adquieren prioridad. El tratamiento de las reivindicaciones palestinas y de la legítima defensa israelí revela cómo puede aplicarse selectivamente un mismo procedimiento dentro de una misma región. En conjunto, estas inconsistencias muestran cómo la falta de coherencia procedimental reduce la claridad interpretativa y complica las relaciones de las que depende la estabilidad internacional.
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El examen de estos casos desde un único lente no los equipara; identifica la incoherencia procedimental que aparece cuando los principios que rigen el uso de la fuerza, el reconocimiento de la soberanía y la clasificación de los conflictos no se alinean con las acciones emprendidas. El resultado es un ámbito de asuntos internacionales en el que la base declarada de una acción varía según la circunstancia, y en el que el lenguaje procedimental se adapta a las necesidades políticas en lugar de ofrecer un estándar estable para la toma de decisiones. Las inferencias que se desprenden quedan en manos del lector, quien podrá juzgar cómo la falta de coherencia procedimental influye en la credibilidad de la conducta estadounidense en el exterior.
Hay vidas que parecen recapitular el destino de una nación, como si la historia, en busca de renovación, reuniera sus promesas dispersas en una sola forma mortal. María Corina Machado pertenece a ese raro orden de seres en quienes la sangre, la memoria y la convicción convergen —no como privilegio, sino como carga. No nació simplemente dentro del linaje republicano de Venezuela; fue convocada por él. El llamado que resonó por primera vez en los salones asamblearios de Caracas en 1811 —cuando se proclamó su independencia y se concibió su primera constitución republicana— sigue vibrando bajo su nombre.
Su ascendencia se remonta al primer pulso de la República. Desde los Rodríguez del Toros, que plasmaron sus firmas bajo el Acta de Independencia, hasta los ingenieros Zuloaga que electrificaron a la nación, su genealogía está tejida en las arterias cívicas de Venezuela. Es una estirpe que eligió el servicio sobre el título, la innovación sobre la indulgencia y la fidelidad a la ley sobre la comodidad del silencio. En esa tradición, la libertad no es una abstracción: es herencia, obligación y vocación. Es el hilo que une a un pueblo con su conciencia.
Cuando las instituciones que antaño definieron a Venezuela empezaron a desmoronarse, cuando la legalidad se convirtió en teatro y las palabras perdieron su peso, Machado dio un paso al vacío con la gravedad de quien sabe que el retroceso es imposible. Su desafío no fue teatral: fue ancestral. Cada gesto, cada negativa a someterse, llevaba la silenciosa autoridad de la historia consumada. Hablaba como quien comprende que preservar la dignidad en tiempos de humillación es la forma más pura de resistencia. Hay, en su modo de ser, esa rara síntesis de lucidez y firmeza que define la personalidad moral de una nación en su mejor expresión: lúcida, incorruptible y humana.
Hoy, sin embargo, su adversario no es uno solo, sino muchos. Ante ella se alza no sólo un narcoestado que ha vaciado de soberanía a Venezuela, sino también una oposición fracturada —un archipiélago de partidos y figuras unidos menos por principios que por conveniencia. Faccionados, transitorios y transaccionales, han convertido la pluralidad en pretexto y el compromiso en comercio. Muchos han aprendido a vivir del mismo régimen que denuncian. Negocian libertades para sí mismos, incluso mientras el país se hunde cada vez más en la cautividad. Frente a esa duplicidad, la presencia de Machado se ha vuelto un juicio moral: su claridad desnuda la corrupción de los otros; su constancia, su oportunismo.
En torno a este desorden interno, el mundo gira con apetito vigilante. Las vastas riquezas naturales de Venezuela —su petróleo, su gas, su oro y sus minerales raros— se han convertido en el botín de redes criminales y de inversores multinacionales por igual. Rusia, China, Irán y los Estados Unidos, cada uno envuelto en retórica de salvación, compiten no por liberar al país sino por asegurarse una parte de su agotamiento. Detrás de las máscaras diplomáticas de la ayuda se oculta el mismo cálculo: que el caos puede ser rentable, que una nación debilitada por el hambre y el miedo puede ser manejada con mayor facilidad que una restaurada a su soberanía. Ésa, desde hace veinticinco años, ha sido la condición de Venezuela: un campo de extracción material, moral y humana; su pueblo disperso, sus instituciones despojadas, su memoria empeñada al mejor postor.
En tal paisaje, María Corina Machado se erige a la vez como testigo y contrapunto. Su lucha nunca ha sido por el poder, sino por la coherencia —por la recuperación de un lenguaje cívico capaz de nombrar lo que se ha perdido. Hablar de ley, verdad y justicia en medio de la corrupción generalizada equivale a resucitar el sentido mismo de las palabras. Su voz se ha vuelto el hilo que reúne la conciencia dispersa de la nación, recordando a los venezolanos que la dignidad no se negocia, y que ningún salvador extranjero restaurará lo que sólo los ciudadanos pueden redimir.
Verla caminar por las calles, recibida no por el lujo sino por la fe, es contemplar a un país que empieza a recordarse a sí mismo. Se ha convertido, lo quiera o no, en el espejo a través del cual los venezolanos redescubren su propia arquitectura moral: la decencia, el valor, la compasión y un anhelo inextinguible por la verdad. En su perseverancia, el diálogo interrumpido entre el pueblo y la República vuelve a escucharse.
El Premio Nobel de la Paz, otorgado a su nombre, no es una coronación, sino un reconocimiento —la constatación de que su lucha trasciende el momento y se convierte en emblema del espíritu humano que se niega a rendirse ante la desesperanza. Al concedérselo, el mundo afirma que el sueño republicano de Venezuela —nacido en el fuego y preservado en la conciencia— sigue respirando en una de sus hijas. Es el sueño de una nación que cree que la paz sólo puede edificarse no sobre la sumisión, sino sobre la claridad moral; no sobre el silencio, sino sobre la voz inquebrantable del ciudadano.
Lo que María Corina Machado representa es más que la oposición a la tiranía. Es la encarnación de la continuidad —la idea de que una República, como un alma, sobrevive mientras exista alguien dispuesto a soportar su peso con dignidad. Su ascenso no es accidental: es el retorno de una promesa antigua. En su serenidad, Venezuela vuelve a reconocerse: herida pero intacta, luminosa en su desafío, fiel al destino inscrito en su primer acto de libertad.
Aunque la concesión del Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado alegra y honra a quienes aún creen en la posibilidad de una Venezuela democrática, también revela una realidad mucho más compleja, que merece reflexión.
La prensa internacional aún no logra comprender la ilusión que rodea la supuesta liberación de Venezuela del narcoestado. Los venezolanos continúan esperando indefinidamente, sostenidos por una falsa esperanza. Bajo esa esperanza se oculta una atadura más profunda: el territorio del país está sometido a intereses multinacionales (chinos, rusos, estadounidenses y otros) impulsados no por ideología, sino por la competencia entre inversionistas y redes criminales. Para todos ellos, un conflicto prolongado en Venezuela resulta conveniente; se convierte en un puente hacia una metamorfosis regional, justificada por la expropiación de los recursos naturales del país y destinada a consolidar un dominio hemisférico. La tragedia venezolana no es, por tanto, solo política sino también estructural: un experimento en el que la soberanía se trueca por acceso, y la resistencia misma se transforma en una forma de cautiverio.
La prolongada crisis venezolana revela el dilema moral en la política contemporánea: cómo el sufrimiento puede ser al mismo tiempo explotado y perpetuado cuando la comprensión cede ante la ilusión. El sueño de la liberación se ha convertido en uno de las fantasías más persistentes de la nación. Detrás del lenguaje de la emancipación se oculta una convergencia silenciosa de intereses globales —cada uno sosteniendo el conflicto que dice combatir—, pues el desorden legitima la intervención y el caos ofrece el pretexto para la extracción. En este sentido, Venezuela no es solo un país en desgracia, sino también el escenario donde la gramática de la dominación continúa representándose bajo el vocabulario de la redención.
El desafío ya no es imaginar la libertad como un rescate externo, sino comprender cómo la dependencia se disfraza de salvación. Sólo la comprensión (el acto de ver más allá del agravio y del consuelo) puede perforar el velo de la liberación y devolverle el significado a la idea misma de libertad.
Ricardo Morin La desintegración de un país CGI 2025
A mi hermano Alberto, cuya constancia sostuvo esta reflexión e hizo posibles estas páginas.
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Por Ricardo Morin
29 de Julio de 2025
Resumen
Este ensayo examina la degradación de la identidad nacional venezolana en el contexto de un prolongado fracaso estatal. Argumenta que el colapso de la soberanía institucional, la afluencia de influencia extranjera autoritaria y el desplazamiento de ciudadanos nativos de la vida económica y cívica no solo han vaciado la república, sino que han fracturado la cohesión simbólica necesaria para la pertenencia nacional. A través de un análisis razonado de la infiltración económica, la marginación cultural y las consecuencias morales de la desposesión, el ensayo explora cómo la identidad en Venezuela se ha convertido en un acto disputado de memoria y resistencia. El ensayo ofrece una interpretación del proceso de disolución nacional no desde el activismo político, sino desde una perspectiva cívica y ética.
Sección I: Perder el país: Identidad en un Estado fallido
La identidad nacional no es una abstracción; es la sensación vivida de coherencia que une a los individuos a una historia compartida, un idioma y un proyecto cívico. En los Estados funcionales, esta identidad se refuerza mediante la estabilidad de sus instituciones gubernamentales, la continuidad de sus leyes y la experiencia de pertenecer a un orden social protegido. Cuando un Estado falla—por control autoritario, decadencia institucional y colapso de la soberanía—su pueblo no solo pierde servicios o derechos. Comienza también a perder su lugar en el mundo.
Como advierte Michel Agier, la pérdida de estructuras de protección y reconocimiento convierte al ciudadano en un “desplazado simbólico” dentro de su propio país, cuyas formas de pertenencia ya no encuentran correlato institucional ni imaginario (Agier The Border of the World, 2016).
Esta desestabilización no es únicamente resultado del colapso económico o la persecución política. Se ha visto también agravada por el enredo estratégico del régimen con poderes autoritarios extranjeros, que ha introducido intereses externos en sectores centrales de la economía y el territorio nacionales. Mediante dependencias negociadas—ya sea en industrias extractivas, infraestructura, vigilancia o cooperación militar—el Estado venezolano ha cedido el control de activos e instituciones estratégicas a actores foráneos. Al hacerlo, no solo ha comprometido la soberanía nacional; ha reordenado también la jerarquía social y cultural de la pertenencia.
Como describe Louisa Loveluck, estos enclaves funcionan como “estructuras paralelas de control y privilegio”, en las que las lealtades al poder externo sustituyen a las instituciones tradicionales del Estado (Loveluck “Foreign Control and Local Collapse in Venezuela’s Border Zones”, The Washington Post, 2019).
Según David Smilde, esta delegación de funciones soberanas a aliados autoritarios ha transformado el aparato del Estado en un instrumento de supervivencia del régimen antes que un medio de representación nacional (“The Military and Authoritarian Resilience in Venezuela”, Latin American Politics and Society, 2020).
Este proceso genera una ruptura psicológica: El fenómeno ha sido identificado por Arjun Appadurai como el efecto de “desanclaje identitario”, donde la desvinculación del entorno cultural impide al ciudadano reconocerse en su presente histórico (Modernity at Large, 1996).
Cuando las instituciones de una nación ya no reflejan a su pueblo, y cuando su futuro es moldeado por imperativos extranjeros, la idea de venezolanidad se vuelve menos una realidad cívica y más una memoria bajo asedio. La pérdida no es solo territorial—es también existencial.
Hannah Arendt lo formuló con gravedad al señalar que la pérdida del derecho a tener derechos comienza cuando se pierde la pertenencia a una comunidad política capaz de garantizarlos (The Origins of Totalitarianism, 1951).
Sección II: Alianzas autoritarias e infiltración económica
La transformación de Venezuela en un Estado fallido no ha ocurrido en aislamiento. Su trayectoria autoritaria ha sido reforzada por una estrategia calculada de alineamiento internacional con otros regímenes que operan fuera de las normas de la rendición democrática de cuentas. Estas alianzas—sobre todo con Cuba, Rusia, China, Irán y Turquía—no solo han proporcionado al régimen de Maduro legitimidad política y apoyo técnico; han permitido también la progresiva tercerización de funciones y recursos nacionales al control extranjero [cf. Ellis 2018, 49–56].
No se trata de alianzas tradicionales basadas en desarrollo mutuo o cooperación entre iguales. Son acuerdos transaccionales en los que el Estado venezolano renuncia a soberanía a cambio de supervivencia. Préstamos chinos garantizados con reservas petroleras, participaciones rusas en infraestructura energética, operaciones de inteligencia cubanas incrustadas en el aparato militar y civil, y empresas iraníes en minería y logística han contribuido todas al desplazamiento de venezolanos nativos de sectores económicos críticos [cf. Trinkunas 2015, 3–6; Levitsky y Ziblatt 2018, 197–198].
Paralelamente, redes empresariales privadas e informales—frecuentemente ligadas a estos intereses extranjeros—han arraigado en los mercados locales, a veces desplazando o superando a productores domésticos históricos. Esta infiltración económica tiene un efecto dual. Distorsiona la asignación de recursos nacionales, desviando riqueza y oportunidad de la población hacia una pequeña clase de beneficiarios del régimen y sus patrones extranjeros [cf. Corrales 2020, 212–215]. Y reconfigura la geografía del poder: regiones enteras, especialmente las ricas en petróleo, minerales o posiciones estratégicas, han pasado al control funcional de actores externos o milicias bajo protección extranjera [cf. Romero 2021, 88–91].
En tales contextos, los venezolanos no solo se sienten excluidos de su economía; la experimentan también como algo ajeno—gestionada, explotada y asegurada por quienes tienen lealtades en otro lugar. El resultado es una alienación corrosiva. Una población que antes se veía beneficiaria de un proyecto nacional ahora confronta la realidad de un sistema extractivo en que su trabajo, tierra y cultura ya no se valoran en sus propios términos. La economía deja de ser plataforma de progreso colectivo para convertirse en zona de extracción extranjera, protegida por la represión y organizada mediante la impunidad [cf. Loveluck y Dehghan 2020; López Maya 2022].
En este entorno, la cuestión de la identidad se vuelve inseparable de la pérdida de agencia. Ser venezolano, bajo tales condiciones, es ser subordinado dentro del propio país.
Sección III: Desplazamiento cultural y social
La desintegración de la identidad en un Estado fallido no se limita a las estructuras políticas o económicas; se extiende al tejido cultural y social de la vida cotidiana. En Venezuela, el desplazamiento de ciudadanos nativos no siempre es físico—aunque la emigración masiva ha marcado la experiencia nacional—sino también cada vez más simbólico y funcional. Las instituciones, costumbres e incluso los espacios que antes encarnaban una identidad cívica compartida están siendo vaciados, reutilizados o reemplazados por estructuras que ya no reflejan los valores o prioridades venezolanas [cf. Salas 2019, 45–47].
La educación pública, por ejemplo, fuente durante mucho tiempo de orgullo nacional y movilidad social, ha sido sistemáticamente desmantelada. En su lugar, la indoctrinación ideológica y la lealtad partidista se han convertido en criterios para el acceso y el ascenso [cf. Human Rights Watch 2021]. El efecto no es solo la degradación del conocimiento y la oportunidad, sino también la politización misma de la infancia. De manera similar, la producción cultural—antes diversa, expresiva y regionalmente vibrante—se ha reducido bajo la censura, la crisis económica y el colapso del apoyo público a las artes [cf. Ávila 2020, 119–124].
Lo que queda es trivializado para propaganda o silenciado por completo. El resultado es un silencio cultural, donde las narrativas compartidas se desfiguran y la vida simbólica de la nación se reduce a eslóganes y espectáculo. Mientras tanto, la afluencia de intereses extranjeros y su infraestructura social—trabajadores contratados, complejos comerciales, seguridad privada, instituciones paralelas—ha introducido nuevas normas culturales y lealtades en ambientes locales, particularmente en regiones fronterizas y ricas en recursos [cf. Rodríguez y Ortega 2023].
Estos cambios son a menudo sutiles: señalizaciones en idiomas desconocidos, productos importados reemplazando a los domésticos, nuevos patrones de exclusión en el acceso a servicios o empleo. Pero con el tiempo alteran el carácter del lugar, desplazando no solo a las personas sino también los significados que los lugares antes tenían. Esta forma de desplazamiento es desorientadora porque opera en la vida cotidiana. Hace que los venezolanos sean extraños en sus propios mercados, en sus propias escuelas, en su propia tierra. Deshilacha el sentido de reconocimiento mutuo que hace posible la coexistencia.
Cuando las comunidades ya no comparten un punto de referencia común—sea legal, lingüístico o moral—pierden la cohesión necesaria para sostener la identidad como algo vivido y afirmado. La ruptura no es dramática; es lenta, acumulativa y profundamente dañina [cf. Arendt 1951, 302–306]. En este contexto, la resiliencia cultural se vuelve más difícil de sostener. La identidad, antes reforzada por la participación en la vida pública y el orgullo por el logro colectivo, comienza a retirarse a la nostalgia o fracturarse en líneas de clase, exilio o supervivencia ideológica. Se vuelve reactiva más que generativa—algo que defender en lugar de construir.
Sección IV: Dignidad y la lucha por pertenecer
Freedom House (“Venezuela: Freedom in the World 2024,” Washington: Freedom House, 2024) nos proporciona datos empíricos actualizados y contexto analítico sobre el declive de los derechos políticos y las libertades civiles en Venezuela, con especial atención a la consolidación autoritaria y el control estatal.
En el corazón de la identidad nacional yace la necesidad humana de dignidad: la certeza de que la propia vida es reconocida, el propio trabajo valorado y la propia voz capaz de contribuir a un futuro común. En la Venezuela actual, esta dignidad ha sido sistemáticamente socavada. El colapso de las instituciones, la degradación de la vida pública y los enredos extranjeros que distorsionan la economía nacional han contribuido a un clima en el que el ciudadano promedio ya no se siente visto ni protegido por su país. No se trata solo de una falla política, sino también de una fractura en el fundamento ético de la nación. Como advirtió Emmanuel Levinas, “la dignidad no es una categoría jurídica sino la respuesta del rostro del otro que nos interpela y nos obliga” (Levinas 1982).
Cuando un gobierno no gobierna en nombre de su pueblo, sino en servicio de su propia permanencia y de sus patrones externos, la pertenencia se vuelve condicional. La lealtad se exige, no se gana. La disidencia se criminaliza, no se escucha. La ciudadanía, lejos de ofrecer protección, se convierte en una carga. En tal sistema, la dignidad no solo se niega—se redefine por el miedo, la dependencia y el silencio. Aquí se cumple la advertencia de Hannah Arendt: “la pérdida de los derechos humanos comienza cuando se pierde el derecho a tener derechos” (Arendt 1951).
Esto deja a los venezolanos, tanto dentro como fuera del país, suspendidos entre la desposesión y la resistencia. Muchos continúan luchando por lo que queda: organizarse localmente, enseñar a pesar del colapso escolar, alimentar a los vecinos ante la ausencia de servicios, proteger la memoria frente a la propaganda. Estos actos son heroicos, pero también son respuesta al abandono. Testifican la fortaleza del pueblo, pero también el vacío donde debería estar el Estado.
Para quienes están en el exilio, la pérdida suele ser doble: la del hogar físico y la del contexto vital. Los referentes culturales ya no coinciden con la experiencia diaria. El acento se vuelve marcador de desplazamiento. El pasaporte, una barrera más que un derecho. Y, sin embargo, el exilio también puede agudizar el sentido de lo perdido—y de lo que debe preservarse. Así, la identidad persiste no por afirmación de una nación funcional, sino por la negativa a olvidar una. En palabras de Edward Said, “el exilio no es simplemente una condición de pérdida, sino una forma crítica de estar en el mundo” (Said 2000).
Aun así, la dignidad exige más que memoria. Requiere restauración: de las instituciones, de la justicia, de un espacio cívico donde los venezolanos puedan nuevamente participar como iguales. Hasta que esa restauración sea posible, la lucha por pertenecer seguirá definiendo la identidad venezolana—no como una herencia estática, sino como una negativa constante a rendirse ante lo que queda del núcleo moral del país.
Sección V: Una palabra para los desposeídos
Hablar de desposesión es nombrar no solo lo que ha sido arrebatado, sino también lo que sigue siendo negado: el derecho a forjar un propio futuro dentro de un marco de justicia, pertenencia y sentido compartido. En Venezuela, la desposesión ha ocurrido mediante un desmantelamiento deliberado de la soberanía—primero por corrupción interna, luego por enredo externo. Lo que queda es un pueblo disperso, un territorio fragmentado y una identidad bajo enorme presión. Como ha señalado Achille Mbembe, “la desposesión no solo opera sobre los cuerpos, sino también sobre los imaginarios colectivos que sostienen la vida en común” (Mbembe 2016).
Y, sin embargo, la desposesión no es el final de la identidad. La ausencia de un Estado funcional no borra la memoria moral de una nación. La lengua, las tradiciones, los valores y las aspiraciones cívicas que una vez definieron la vida venezolana no han desaparecido: han sido llevados al subsuelo, cargados al exilio o resguardados en el corazón de quienes recuerdan. “La lengua es la morada del ser”, decía Heidegger, y donde se mantiene viva, persiste una forma de pertenencia (Heidegger 1959).
La tarea ahora no es solo resistir, sino reconstruir: articular una visión de la venezolanidad que rechace tanto el cinismo como el olvido.
Esto no puede hacerse únicamente desde la nostalgia. Tampoco puede delegarse sin compromiso a futuras generaciones. Comienza por la negativa a normalizar lo que no es normal: la ocupación extranjera de recursos nacionales, la criminalización de la disidencia, la negación de oportunidades, la devaluación de la ciudadanía. Continúa en el trabajo silencioso de preservar la lengua, la historia y la dignidad donde todavía sea posible—ya sea en aulas, en el exilio o por medio de la palabra escrita. Y cobra fuerza en la solidaridad: entre quienes se quedaron, quienes se fueron y quienes cargan con ambos destinos.
La identidad venezolana, bajo estas condiciones, no es una herencia fija, sino un acto de resistencia. Es la afirmación de que la dignidad no se negocia, y de que un pueblo no puede ser reemplazado de forma permanente por alianzas de conveniencia y control. La recuperación de la nación tomará tiempo, y quizá requiera formas aún no imaginadas. Pero dependerá, por encima de todo, de la preservación del espíritu cívico: uno que sepa lo que se ha perdido y se niegue a dejarlo en el olvido.
Epílogo
A medida que la historia de Venezuela se despliega en oleadas, la lucha entre la unidad y la fragmentación, el idealismo y la autoridad, se repite una y otra vez —no solo en los pasillos del poder, sino también en la vida privada de quienes padecen sus consecuencias. El poder, en todas sus formas, pone a prueba el tejido mismo de la nación, y sin embargo la búsqueda del equilibrio sigue siendo esquiva. Venezuela continúa atrapada en una profunda crisis humanitaria, con millones de personas privadas de atención médica y de nutrición básica, según el World Report 2024 de Human Rights Watch. [1] El país presenta hoy la tasa más alta de desnutrición de América del Sur: el 66 % de la población necesita ayuda humanitaria y el 65 % ha perdido de manera irreversible sus medios de subsistencia. A pesar de las reiteradas promesas de reforma y de amnistía, las estructuras de poder enquistadas han impedido un cambio significativo y perpetuado lo que se considera ampliamente un régimen autoritario y corrupto. Las intervenciones externas —principalmente diplomáticas y sanciones económicas— han sido frecuentes, pero no han logrado inducir una transformación sustantiva.
La teoría política sostuvo alguna vez que la expansión de la democracia aseguraría la paz entre las naciones. [2] La experiencia venezolana sugiere lo contrario: la paz se desvanece cuando la democracia se vacía en la temporalidad del caos. Aunque tales teorías no abordan directamente la persistencia de las autocracias, el caso venezolano pone de relieve cómo los regímenes fortalecidos por el control interno y por alianzas autocráticas estratégicas con el exterior pueden resistir tanto la agitación interna como la presión externa.
En Venezuela, los planteamientos teóricos encuentran una expresión concreta en la manera en que las instituciones democráticas —elecciones, legislaturas y tribunales— son reconfiguradas para afianzar el control autoritario. Mediante procesos electorales escenificados, legislaturas restringidas y poderes judiciales politizados, estos regímenes suprimen la disidencia, manipulan la percepción pública y eluden la rendición de cuentas ante el exterior. La legitimidad deja de ser un mandato del pueblo y se convierte en un mecanismo para la permanencia del poder.
Aunque el camino hacia el futuro sigue siendo incierto, la crisis ya no es meramente política: es sistémica, está incrustada en el propio tejido de la historia venezolana. La resolución de esta crisis requiere algo más que un relevo político o una intervención externa; exige el reconocimiento de la herencia histórica que ha modelado la desconfianza y la disfunción del país. Los cimientos del gobierno se han construido durante mucho tiempo sobre fuerzas en conflicto, y cualquier posibilidad de cambio comienza con la conciencia de ese legado. Una estrategia coordinada que integre apoyo económico, compromiso diplomático y movimientos democráticos de base puede ofrecer un alivio temporal, pero no puede resolver lo que está arraigado. La verdadera transformación requiere una revisión cultural: un desplazamiento interno de la conciencia que confronte las mismas fuerzas que han permitido el dominio autocrático. Y sin una profunda unidad interior —un despertar cultural capaz de superar siglos de contradicciones inherentes— la posibilidad de esa transformación podría permanecer distante, aunque no extinguida.
[2] Azar Gat, “The Democratic Peace Theory Reframed”, World Politics (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, Vol. 58, No. 1, October 2005, 73-100.https://www.jstor.org/stable/40060125
Améry, Jean: At the Mind’s Limits: Contemplations by a Survivor on Auschwitz and Its Realities. Bloomington: Indiana University Press, 1980. (Una reflexión filosófica y existencial sobre el sufrimiento, el exilio y la pérdida de pertenencia. El ensayo retoma su idea de que no hay violencia mayor que ser despojado de un lugar al que poder regresar, lo que se convierte en un eje moral en la Venezuela del éxodo.)
Arendt, Hannah: The Origins of Totalitarianism. Nueva York: Harcourt Brace, 1951. (Estudio fundamental sobre el desarraigo, la desnacionalización y el derecho a tener derechos. Su conceptualización de los refugiados apátridas informa directamente el argumento sobre la pérdida de pertenencia como forma de expulsión ontológica.)
Ávila, Rafael: La cultura sitiada: Arte, política y silencio en Venezuela. Caracas: Editorial Alfa, 2020. (Ávila examina cómo la censura, la precariedad económica y el control institucional han reducido drásticamente la producción artística independiente en Venezuela. Citado para sustentar la afirmación de que la diversidad cultural ha sido reemplazada por una expresión condicionada por el poder y la subsistencia.)
Corrales, Javier: Autocracy Rising: How Venezuela’s Authoritarian Leaders Consolidated Power. Washington, DC: Brookings Institution Press, 2020. (Corrales explica cómo las élites del régimen han concentrado el control económico a través de redes informales, permitiendo que oligarquías respaldadas por potencias extranjeras desplacen a los actores económicos nacionales. Se utiliza para respaldar la afirmación de que hoy son los aliados y patrocinadores extranjeros quienes dominan los flujos de recursos venezolanos.)
Ellis, R. Evan: Transnational Organized Crime in Latin America and the Caribbean. Lanham, MD: Lexington Books, 2018. (Ofrece un mapeo exhaustivo sobre cómo actores extranjeros—especialmente de Cuba, Rusia y China—se integran en el aparato estatal venezolano. Citado para explicar la externalización estratégica de la soberanía hacia aliados no democráticos.)
Gessen, Masha: Surviving Autocracy. Nueva York: Riverhead Books, 2020. (Aunque centrado en Estados Unidos, este libro articula patrones generales del comportamiento autocrático—como la degradación del lenguaje, el vaciamiento institucional y la desorientación pública—que también se aplican al caso venezolano.)
Heidegger, Martin: Unterwegs zur Sprache. Pfullingen: Neske, 1959. (Contiene la conocida frase “Language is the house of being” [El lenguaje es la casa del ser]citada para subrayar la relación entre la continuidad lingüística y el sentido de pertenencia existencial.)
Human Rights Watch: “Venezuela’s Humanitarian Emergency: Large-Scale UN Response Needed to Address Health and Food Crisis.” Nueva York: Human Rights Watch, 2019. (Informe detallado que vincula el colapso de los servicios públicos con violaciones de derechos básicos y de la dignidad nacional, destacando cómo la crisis humanitaria contribuye a la degradación de la identidad.)
Levinas, Emmanuel: Totalité et infini: Essai sur l’extériorité. La Haya: Martinus Nijhoff, 1961. (La ética de la alteridad de Levinas, centrada en la responsabilidad hacia el otro irreductible, sustenta el argumento del ensayo a favor de una política basada en la dignidad y no en la identidad estatal ni en la reciprocidad calculada.)
Levitsky, Steven y Ziblatt, Daniel: How Democracies Die. Nueva York: Crown Publishing Group, 2018. (Levitsky y Ziblatt ofrecen un marco para entender la degradación democrática a través de la captura institucional y las alianzas externas. Se cita para subrayar el carácter transaccional de las alianzas internacionales del régimen venezolano.)
López Maya, Margarita: “Economía extractiva y soberanía en disputa: el Arco Minero del Orinoco.” Revista Venezolana de Ciencia Política 45 (2022): 34–49. (López Maya analiza cómo las zonas mineras se han convertido en territorios semiautónomos controlados por milicias e intereses extranjeros, apoyando el argumento del ensayo sobre la alienación geográfica y la fragmentación económica.)
Loveluck, Louisa: “The Collapse of a Nation: Venezuela’s Descent into Authoritarianism.” The Washington Post, julio de 2020. (Síntesis periodística del colapso estructural venezolano, con testimonios de primera mano sobre la alienación económica y el coste psicológico del abandono estatal.)
Loveluck, Louisa y Dehghan, Saeed Kamali: “Venezuela Hands Over Control of Key Assets to Foreign Backers.” The Washington Post, 2020. (Reportaje de investigación que documenta la privatización y gestión extranjera de sectores estratégicos venezolanos. Se cita para mostrar cómo las industrias nacionales han sido subordinadas al control externo.)
Mbembe, Achille: Politiques de l’inimitié. París: La Découverte, 2016. (Mbembe explora la política de la enemistad y los mecanismos de desposesión en la modernidad tardía. Citado para destacar cómo la violencia estructural afecta tanto la vida material como el imaginario colectivo.)
Rodríguez, Luis, y Ortega, Daniela: Colonización contemporánea: transformaciones culturales en las zonas extractivas de Venezuela. Mérida: Editorial de la Universidad de los Andes, 2023. (Estudio etnográfico sobre los efectos socioculturales de la inversión extranjera en regiones mineras y fronterizas, incluyendo la introducción de nuevas jerarquías, códigos de convivencia y formas de organización paralelas. Se cita para sustentar el argumento sobre la transformación de normas culturales y lealtades comunitarias.)
Romero, Carlos A.: “Geopolítica, militarización y relaciones internacionales del chavismo.” Nueva Sociedad 293 (2021): 82–94. (Romero traza cómo las alianzas exteriores han militarizado las zonas fronterizas y reforzado el autoritarismo interno. Se emplea para sustentar la afirmación de que el poder ha basculado hacia actores cuya lealtad está fuera de Venezuela.)
Roth, Kenneth: The Fight for Rights: Human Dignity and the Struggle Against Authoritarianism. Nueva York: W. W. Norton, 2022. (Roth examina los fundamentos morales y cívicos de la dignidad, proporcionando contexto para el argumento de que la identidad venezolana debe hoy preservarse mediante la resistencia, más que a través del reconocimiento estatal.)
Said, Edward W.: Reflections on Exile and Other Essays. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2000. (Said explora la experiencia del exilio como una condición existencial y crítica, más allá del simple desarraigo. Citado para sostener la idea de que la identidad venezolana en la diáspora se mantiene viva no por medio de una nación funcional, sino por la negativa a olvidar).
Salas, Miguel: Arquitectura y desposesión: Espacios públicos y crisis urbana en Venezuela. Caracas: Editorial Punto Cero, 2019. (Salas analiza la transformación de la arquitectura y los espacios públicos en el contexto del colapso político y social de Venezuela. Citado para fundamentar la idea de que las estructuras cívicas compartidas están siendo despojadas de su función simbólica y comunitaria.)
Schmitt, Carl: The Concept of the Political. Chicago: University of Chicago Press, 1996. (Referencia teórica sobre la soberanía, útil para comprender cómo el régimen venezolano define enemigos y aliados no en función de la legalidad, sino de la lealtad, reformulando así el propio significado de la ciudadanía.)
Shklar, Judith: American Citizenship: The Quest for Inclusion. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1991. (Shklar estudia cómo la exclusión política y social ha configurado el significado de ciudadanía en Estados Unidos. El ensayo retoma su premisa de que ser ciudadano implica no solo derechos legales, sino pertenencia efectiva y dignidad reconocida.)
Smilde, David. “Participation, Politics, and Culture in Twenty-First Century Venezuela.” Latin American Research Review 52, n.º 1 (2017): 157–65. (Smilde analiza el impacto cultural de la polarización política y la exclusión en Venezuela, y cómo la identidad se forma en espacios cívicos disputados.)
Trinkunas, Harold A.: “Venezuela’s Defense Sector and Civil-Military Relations.” Washington, DC: Brookings Institution Working Paper, 2015. (Trinkunas estudia el arraigo de la influencia cubana y rusa en el sector militar venezolano. Se cita para explicar la redefinición de la soberanía bajo presencia asesora extranjera.)
Observaciones sobre la percepción 