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« Gobernar también para ella »

November 22, 2026

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« Hacia otra parte ». Ricardo F. Morín.  Ilustración digital, 2026.

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Ricardo F. Morín
21 de noviembre de 2026

Oakland Park, Florida

Para que unas elecciones decidan a quién corresponde gobernar, hace falta que, antes del escrutinio, unos y otros se hayan reconocido un derecho.  Quienes vencen reconocen a los vencidos el derecho a ejercer la oposición y a volver al gobierno.  Quienes pierden reconocen a los vencedores el derecho a gobernar.  Ese reconocimiento mutuo no figura en la papeleta.  Tampoco hay recuento capaz de imponerlo.  España vota el 29 de noviembre.  El 5 de octubre, el día de la convocatoria, Santiago Abascal, líder de Vox, instó a los españoles a que evitaran el voto por correo.  El 11 de octubre acusó al Gobierno de intentar alterar el censo electoral para robar las elecciones.1  Un mes después, en vísperas del comienzo oficial de la campaña, Abascal calificó al propio Gobierno de «mafia criminal».2  Antes de que se cuente el primer voto, quien haya escuchado a Abascal ya tiene una invitación a sospechar que le van a robar las elecciones.

Entre quienes prestan oído a esas palabras hay ciudadanos a los que nada liga al franquismo.  Cuando escribí sobre España en agosto de 2025, atribuí un peso considerable a aquella herencia.3  Hoy Vox encuentra eco también entre quienes tienen buenas razones para desear un cambio de gobierno.  ¿Hasta qué punto puede todavía una familia decidir cómo va a vivir?  Una hija adulta tiene empleo, pero el sueldo no le alcanza para alquilar una vivienda cerca del trabajo.  Sigue en casa de sus padres.  Al vencer el contrato, quizá tengan que marcharse los tres, aunque hasta entonces la suma de sus ingresos les permitía pagar el alquiler.  La escasez de vivienda que impidió a la hija establecerse por su cuenta puede ahora privar a la familia de la posibilidad de seguir viviendo junta.4

¿Cómo se explica que hoy falten viviendas en un país que durante años construyó más de las que necesitaba su creciente población?  Tras la crisis inmobiliaria de 2008, la construcción cayó en picado.  Con la recuperación económica, la población se desplazó hacia las ciudades donde había empleo.  Al mismo tiempo, al reducirse el número de personas por hogar, hacían falta más viviendas para alojar al mismo número de habitantes.  La construcción tardó años en recobrar el ritmo.  Durante mucho tiempo, España había destinado buena parte de las ayudas a facilitar la compra de vivienda.  A las familias que no alcanzaban a pagar un alquiler a precios de mercado les quedaban, por tanto, pocas viviendas de alquiler con apoyo público a las que acogerse.  De poco le sirve a la hija un piso que quedó vacío al terminar el auge inmobiliario si queda lejos de donde trabaja.5

El plan estatal de vivienda preveía aportaciones del Estado y de las comunidades autónomas.  En mayo, los responsables de vivienda de ambas administraciones acordaron por unanimidad el reparto de los fondos.6  El acuerdo sobre la financiación dejaba abierta otra cuestión.  ¿Hasta dónde llegan las obligaciones del propietario con el inquilino cuando vence el contrato?  El decreto del Gobierno de Pedro Sánchez permitía a los inquilinos con contratos comprendidos en la medida solicitar hasta dos años de prórroga, de año en año, siempre que estuvieran al corriente del alquiler y hubieran pagado puntualmente durante los ocho meses anteriores.  El decreto limitaba asimismo las actualizaciones anuales de la renta hasta finales de 2027.  Otras disposiciones amparaban a los hogares vulnerables que ya afrontaban un desahucio y carecían de alternativa habitacional.

El Partido Popular defendía la construcción de más viviendas.  La hija bien podría preguntar al partido cómo conseguiría que el alquiler de esos pisos estuviera al alcance de quien cobra su sueldo.  A los padres les urge saber este mes si pueden quedarse.  Cualquier gobierno que prometa construir más se encuentra con que la preparación del suelo y la autorización de las obras dependen de decisiones en las que intervienen también las comunidades autónomas y los ayuntamientos.7

Mientras se construye, ¿quién puede permitirse esperar?  Un propietario que percibe rentas de numerosos inmuebles acaso pueda dejar un piso vacío hasta que alguien acepte el precio que pide.  Una familia cuyo contrato vence tal vez disponga de unas pocas semanas para encontrar casa cerca del trabajo y de la escuela.  Del tiempo que cada cual pueda esperar depende en parte quién consiga imponer sus condiciones.  Pensemos ahora en una propietaria que alquila un solo piso y necesita esa renta para sufragar sus gastos.  A ella le resulta tan difícil tener el piso desocupado durante meses como a la familia prolongar la búsqueda.  Si la ley la obliga a renovar el contrato o a indemnizar al inquilino, tiene motivos para preguntar por qué ha de recaer sobre ella una parte tan grande del coste de asegurar alojamiento a esa familia.  ¿Qué parte de ese coste debería sufragarse con fondos públicos?8  Vox sostuvo que las medidas del Gobierno llevarían a los propietarios a retirar viviendas del mercado de alquiler.  Los electores podían examinar el fundamento de aquella previsión.  Aun un inquilino que la juzgara acertada tendría motivos para preguntar qué haría Vox por una familia a punto de quedarse sin contrato.

El Partido Nacionalista Vasco distinguió en dos votaciones entre el amparo debido al inquilino y una obligación concreta que se pretendía imponer al propietario.  El 2 de octubre apoyó el conjunto de medidas de vivienda y votó en contra de otro decreto que disponía la renovación automática de los contratos.  El Congreso rechazó ambos textos.  Convocadas ya las elecciones anticipadas, el Gobierno aprobó dos nuevos decretos el 6 de octubre.  El 12 de noviembre, la Diputación Permanente del Congreso convalidó el que comprendía tanto las prórrogas temporales de los contratos como la protección de los hogares vulnerables frente al desahucio.  Rechazó el decreto que disponía la renovación automática.9

¿Qué entendería un elector de la posición del partido vasco si un portavoz del Gobierno dijera que votar contra la renovación automática equivale a abandonar a los inquilinos?  Para juzgar la acusación, el elector tendría que conocer las medidas de protección que el partido sí respaldó.  También un portavoz de la oposición podría dar una versión parcial de lo ocurrido si desestimara el decreto convalidado alegando que no se ha construido con él una sola vivienda.  Unos padres a quienes bastara solicitar una prórroga para quedarse un año más tendrían motivos para discutir ese juicio.  Cualquiera de los dos portavoces podría ganarse la simpatía de la familia con sólo omitir el hecho que la llevaría a escuchar al adversario.

Los padres necesitan saber si reúnen las condiciones para solicitar la prórroga y si el propietario puede acreditar que necesita la vivienda para ocuparla él mismo o para alojar a un familiar.  La hija quiere averiguar otra cosa.  Puede preguntar al ministerio qué fondos ha transferido, a su comunidad autónoma qué viviendas ha financiado y al ayuntamiento en qué solares se puede empezar a construir.  ¿Cuándo podrá optar alguien con su sueldo a una vivienda cerca del trabajo?

Un elector que juzgue que el Gobierno ha fracasado en su empeño de procurar viviendas asequibles tiene motivos para votar por un cambio de gobierno.  ¿Qué fundamento le da ese fracaso para acusar de criminal al Gobierno mismo?

La acusación cobra fuerza por un caso en el que los jueces sí dieron por probada una conducta delictiva.  El Tribunal Supremo declaró probado que el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama habían constituido una organización criminal para lucrarse con los contratos de suministro de mascarillas durante la pandemia.10  Ábalos había sido también secretario de Organización del Partido Socialista.  La expresión «organización criminal» era del tribunal.  Los jueces la aplicaron a los tres hombres cuya conducta habían enjuiciado.  ¿Qué ocurre cuando se extiende esa calificación a todo un gobierno?  Quien pide cuentas al presidente lo reconoce como adversario político.  Los electores pueden preguntarle qué sabía, qué controles fallaron y cómo respondió por los actos de un ministro nombrado por él.  De sus respuestas puede depender que le retiren su confianza en las urnas.  Quien ve en el presidente a un criminal deja de verlo como un adversario al que cabe derrotar en las urnas.  A sus ojos, la sola presencia del presidente en el poder constituye ya un delito.  Admitida esa premisa, que el Gobierno revalide su mandato sólo puede explicarse como un delito más.  La advertencia de Abascal sobre el voto por correo y su acusación acerca del censo ofrecen entonces, de antemano, una explicación de cómo se habría consumado el supuesto robo.

Las encuestas discrepan sobre la posibilidad de una mayoría de derechas.  Coinciden, sin embargo, en augurar a Vox una representación en el Congreso considerablemente mayor que la obtenida hace tres años.11  Si los partidos que hoy gobiernan conservan el poder, ¿les reconocerá Vox el derecho a gobernar?  Si el Partido Popular llega al Gobierno con el apoyo de Vox, ¿defenderá el nuevo presidente el derecho de sus adversarios a volver al poder?  Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, aduce las coaliciones autonómicas con Vox como prueba de que los dos partidos saben gobernar juntos.12  La buena relación entre los socios poco dice del trato que dispensarán a quienes queden fuera de la coalición.  Si el candidato del Partido Popular llegara a la presidencia del Gobierno con el apoyo de Vox, tendría que defender los derechos de la oposición desde el primer día de su mandato.  Quizá le costara más hacerlo precisamente cuando llevarle la contraria a su socio supusiera perturbar el buen entendimiento entre ambos.

Supongamos que la hija oye a Abascal hablar de lo que cuesta la vivienda.  Para entender su enfado basta comparar lo que gana con lo que le piden de alquiler.  Si Abascal es el único político dispuesto a escucharla, es razonable que ella, a su vez, le preste oído.  Hasta podría parecerle verosímil que algunos propietarios dejaran de alquilar sus pisos si prosperase una determinada medida.  ¿Qué ha podido averiguar con ello acerca de la acusación de que el Gobierno de España es una «mafia criminal»?  Su experiencia le da autoridad para hablar del alquiler.  Nada de cuanto ha vivido le permite dar por probada la acusación.  Si al salir del acto la hija está más segura de saber a quién culpar, Abascal habrá ganado algo, sea cual sea el voto de la joven.  Mientras el público sopesa la acusación, queda por hacer una pregunta acerca del alquiler.  ¿Qué haría Abascal por los inquilinos cuando el dueño puede mantener vacío el piso más tiempo del que ellos pueden dedicar a buscar otro?  Esa es la respuesta que la hija habría querido llevar a casa.

Supongamos ahora que la hija vota contra los partidos que finalmente forman gobierno.  El día en que ella o sus padres acudan a ese gobierno en busca de ayuda, ¿qué peso debería tener el voto de la hija a la hora de responder a la familia?

La cuestión que se plantea en España puede presentarse en cualquier democracia europea.  La distinción que se traza en campaña entre quienes dicen hablar en nombre de España y aquellos a quienes se acusa de traicionarla puede perdurar después de las elecciones.  Puede pesar a la hora de decidir a qué poblaciones se destina la inversión pública, qué reclamaciones merecen atención o qué respuesta dan los ministros a los ciudadanos que se organizan para oponerse a sus políticas.  En cada una de esas decisiones, quien votó contra los partidos que gobiernan conserva el mismo derecho a la atención y al amparo del Gobierno que quien contribuyó a llevarlos al poder.  Para que la hija sea libre de oponerse al Gobierno durante todo el mandato, ha de poder hacerlo sin que por ello peligre el amparo que el Gobierno debe a su familia.  También la libertad de la hija depende de aquel reconocimiento mutuo que no figura en ninguna papeleta.

Notas

  1. Maldita.es, afirmaciones sobre el proceso electoral y el voto por correo; RTVE, declaraciones de Abascal en Estepona, 11 de octubre de 2026.
  2. RTVE, declaraciones de Abascal en Huesca, 12 de noviembre de 2026.
  3. Ricardo F. Morín, «The New Face of Old Tyranny», 1 de agosto de 2025.
  4. Comisión Europea, ficha de España sobre la oferta de vivienda y la formación de hogares; Banco de España, Informe Anual 2025, sobre el acceso a la vivienda.
  5. Banco de España, evolución de la construcción y del acceso a la vivienda tras la crisis de 2008; OCDE, estudio económico de España de 2025, sobre política de vivienda y alquiler social.
  6. Boletín Oficial del Estado, Plan Estatal de Vivienda 2026-2030; Consejo de Ministros, compromisos de financiación del 21 de abril; El País, acuerdo del 21 de mayo sobre el reparto de fondos entre las comunidades autónomas.
  7. Boletín Oficial del Estado, Real Decreto-ley 29/2026, disposiciones finales quinta y sexta sobre la prórroga de los contratos y la actualización anual de la renta; El País, posiciones de los partidos en el debate de octubre sobre vivienda; Banco de España, Informe Anual 2025, sobre el acceso a la vivienda.
  8. Boletín Oficial del Estado, condiciones de renovación de los contratos y de indemnización.
  9. Boletín Oficial del Estado, Real Decreto-ley 29/2026, disposiciones finales quinta y sexta sobre la prórroga de los contratos y la actualización anual de la renta; EFE, las dos votaciones del 2 de octubre sobre los decretos de vivienda; Boletín Oficial del Estado, decreto de convocatoria de elecciones generales; Boletín Oficial del Estado, resolución del 12 de noviembre por la que se publica la convalidación del decreto de vivienda; RTVE, las dos votaciones de noviembre sobre vivienda.
  10. Tribunal Supremo, sentencia del 22 de junio en la causa contra José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama por la contratación de mascarillas; RTVE, sentencia del Tribunal Supremo.
  11. RTVE, encuesta preelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas, 12 de noviembre; DatosRTVE, promedio de encuestas actualizado el 18 de noviembre.
  12. AS, declaraciones de Feijóo sobre las cuatro coaliciones autonómicas.