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« Coacción al amparo del secreto »

November 21, 2026

El botín. Ricardo F. Morín. Imagen digital, 2026.

Ricardo F. Morín

20 de noviembre de 2026

Oakland Park, Florida

El 18 de noviembre de 2026, Estados Unidos y Venezuela anunciaron la firma de un acuerdo de cooperación militar.  El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, y el ministro de Defensa venezolano, Gustavo González López, suscribieron el documento en Caracas, en presencia de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.  Según el Pentágono, el acuerdo tenía por objeto impulsar la cooperación y las operaciones combinadas.  Hegseth mencionó el adiestramiento conjunto, el intercambio de información de inteligencia y el desarrollo de capacidades militares.  Ninguno de los dos gobiernos puso a disposición del público el texto que fija las obligaciones convenidas.  El anuncio acreditaba la firma de un documento por representantes de ambos gobiernos, pero nada permitía conocer con qué atribuciones habían actuado, qué compromisos asumieron ni qué libertad conservaba Venezuela para rechazar lo acordado.1

La cooperación militar entre Estados soberanos no constituye, por sí misma, motivo de objeción.  Los gobiernos intercambian información, instruyen a sus fuerzas armadas, suministran equipos y establecen procedimientos frente a amenazas comunes.  Determinadas disposiciones operativas requieren, además, reserva.  Pero preservar información militar sensible no equivale a ocultar el fundamento jurídico que permite a un Estado admitir la intervención de otro en su defensa.  Las actividades anunciadas en Caracas afectan facultades mediante las cuales una nación protege su territorio y determina en qué condiciones pueden estar presentes y actuar fuerzas extranjeras.  La mera noticia de un acuerdo de cooperación no basta para esclarecer su naturaleza jurídica.

La firma se produjo en circunstancias muy distintas de las propias de una relación bilateral ordinaria.  El 3 de enero, fuerzas estadounidenses penetraron en Venezuela y depusieron a Nicolás Maduro.  El 9 de enero, Trump anunció que había cancelado una segunda oleada de ataques prevista con anterioridad debido a la cooperación venezolana, aunque los buques estadounidenses permanecerían en sus posiciones.  Más tarde, ante directivos de empresas petroleras, confirmó que aquella segunda oleada estaba preparada, describió la poderosa fuerza naval desplegada frente a las costas venezolanas y afirmó que los representantes del país habían sido «inteligentes» y habían hecho «lo correcto».  Añadió posteriormente que otro ataque habría podido dejar a Venezuela «aniquilada».  El gobierno que había intervenido vinculaba así expresamente la suspensión de nuevas acciones militares a la cooperación venezolana, sin retirar los medios necesarios para ejecutarlas.2

De estas circunstancias no se desprende que todos los acuerdos posteriores fueran obtenidos mediante una amenaza contraria a derecho.  Lo que exigen es examinar en qué condiciones pudo Venezuela decidir.  Un gobierno puede tener razones lícitas para cooperar con el Estado que acaba de intervenir militarmente en su territorio.  También puede verse ante consecuencias de una negativa que alteren sustancialmente el sentido de su aceptación.  Una declaración de conformidad no permite discernir entre ambas situaciones.  Para establecer si hubo una decisión independiente es preciso conocer las atribuciones de quienes prestaron el consentimiento, el contenido de los compromisos y las circunstancias en que pudieron adoptarlos.

El acuerdo petrolero anunciado en agosto plantea la cuestión por una vía distinta.  Según la Casa Blanca, las autoridades interinas venezolanas otorgaron a North American Blue Energy Partners concesiones sobre diecisiete campos petrolíferos.  La empresa celebró, por separado, un convenio que concedía al gobierno estadounidense una participación en el capital, derechos preferentes de compra e intervención en la dirección societaria.  El instrumento de asociación estadounidense de dieciocho páginas examinado por ProPublica lleva las firmas de funcionarios de Estados Unidos y representantes de la empresa privada.  Venezuela no figura entre sus partes.  Por tanto, la autoridad con que los funcionarios venezolanos concedieron los derechos de explotación ha de acreditarse mediante un acto distinto, cuyo texto íntegro y cuyas disposiciones operativas no se han divulgado oficialmente.3

El gobierno estadounidense y la empresa privada pueden contraer obligaciones recíprocas sin que ello acredite la legalidad de cuantos derechos Venezuela deba haber concedido para hacer posible su acuerdo.  Las prestaciones pactadas entre ambos pueden estar claramente definidas, mientras permanece sin examen la competencia de las autoridades venezolanas que otorgaron las concesiones.  El convenio estadounidense rige las relaciones de quienes lo suscribieron.  Sus firmas, por sí solas, no demuestran la existencia de una decisión soberana e independiente que autorice el acceso de la empresa a los recursos venezolanos.

Tampoco la denominación de gobierno interino resuelve la cuestión.  Quien ocupa un cargo público puede ejercer funciones administrativas y participar en negociaciones internacionales sin que estén fuera de discusión sus atribuciones para asumir determinados compromisos.  El artículo 12 de la Constitución venezolana dispone que los yacimientos mineros y de hidrocarburos son bienes del dominio público de la República, inalienables e imprescriptibles; esa condición no excluye, por sí misma, las concesiones de explotación otorgadas conforme a derecho.  El artículo 150 exige la aprobación de la Asamblea Nacional para los contratos de interés público nacional en los casos previstos por la ley y, separadamente, para los contratos de interés público con Estados extranjeros, entidades oficiales extranjeras o sociedades no domiciliadas en Venezuela.  El convenio estadounidense no permite determinar si las concesiones satisfacen esas exigencias.  La competencia constitucional para comprometer recursos nacionales no se presume por el mero desempeño de un cargo, menos aún cuando las obligaciones rebasan el mandato de quienes las contraen.  Su fundamento ha de encontrarse en el ordenamiento venezolano, no en el reconocimiento dispensado por el gobierno extranjero a las personas que dicen ejercerla.

El artículo 5 de la Constitución establece que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, que la ejerce directamente en las formas previstas por la Constitución y la ley e, indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos del Poder Público.  Estos órganos reciben de la soberanía popular sus atribuciones y están sujetos a sus límites.  La disposición no impone la celebración de un referéndum para cada acuerdo gubernamental.  Significa que el funcionario que firma un instrumento ejerce una potestad conferida por el pueblo, no la facultad de disponer a título propio de la soberanía de la que procede.4

El pueblo venezolano no es, pues, un tercero ajeno a estas operaciones.  De él procede constitucionalmente el poder que se invoca, y sobre él recaen las consecuencias relativas a sus recursos, su hacienda pública y su seguridad.  Un gobierno extranjero no acredita la suficiencia del consentimiento de Venezuela con señalar a los funcionarios venezolanos con quienes negoció.  Esos funcionarios han de estar facultados para asumir los compromisos concretos de que se trate.  Tampoco la existencia de atribuciones legales permite concluir, sin más, que las ejercieran libres de coacción ilícita.

El anuncio petrolero de agosto dejó abiertas ambas cuestiones.  La Casa Blanca habló de concesiones de cien años, mientras Rodríguez atribuyó al proyecto bilateral una duración de veinticinco.  Según ProPublica, la cifra de cien años no constaba en el acuerdo de asociación estadounidense que pudo examinar.  Los distintos derechos contractuales estaban sometidos, además, a plazos diferentes de vigencia y protección.  No cabe resolver esas divergencias escogiendo la versión de uno de los gobiernos, pues las declaraciones se refieren a instrumentos jurídicamente distintos.  El alcance de las obligaciones asumidas por Venezuela debe establecerse a partir del propio acto venezolano de concesión.3

La controversia sobre los plazos importa porque un Estado puede obligarse más allá del período de gobierno de quienes suscriben un acuerdo.  Nada hay necesariamente ilícito en ello.  Los empréstitos públicos, las concesiones, los tratados y los contratos mercantiles suelen subsistir después de elecciones y cambios de gobierno.  Ahora bien, cuanto más prolongada sea la incidencia de un compromiso sobre las decisiones venideras, mayor será la necesidad de determinar qué se autorizó, quién lo hizo, en qué circunstancias y mediante qué procedimientos jurídicos podrá revisarse o extinguirse.

ProPublica dio cuenta asimismo de cláusulas destinadas a proteger la empresa frente a modificaciones introducidas por futuros gobiernos venezolanos y estadounidenses.  Es legítimo que los inversores busquen garantías contra la resolución arbitraria de sus contratos.  Esa finalidad no acredita, sin embargo, la validez de la concesión venezolana subyacente ni demuestra que sus condiciones fueran aceptadas libremente.  La protección de una inversión presupone derechos adquiridos conforme a derecho.  No prueba que la autoridad que los constituyó tuviera competencia para otorgar cuanto pretendió conceder.

El acuerdo militar del 18 de noviembre añade una dimensión más inmediata.  A diferencia del convenio de asociación entre Estados Unidos y NABEP, el documento de defensa fue suscrito por representantes de los dos gobiernos.  Existe, por tanto, una firma venezolana expresamente reconocida.  Pero el público sigue sin disponer del texto indispensable para conocer las obligaciones correspondientes.  La expresión «operaciones combinadas» puede comprender desde actividades de instrucción hasta formas de coordinación operativa con presencia de personal militar extranjero.  El artículo 187, numeral 11, de la Constitución atribuye a la Asamblea Nacional la potestad de autorizar misiones militares extranjeras en el país.  El artículo 154 exige, con las excepciones que establece, la aprobación parlamentaria de los tratados antes de su ratificación.  La aplicación de una u otra disposición depende de la naturaleza jurídica del documento y de las actividades concretamente autorizadas.  Tampoco el anuncio permite saber si Venezuela conserva la facultad de rehusar su participación en determinadas operaciones.

La firma venezolana permite identificar quién prestó formalmente su asentimiento, no el contenido preciso de lo convenido y mucho menos las condiciones en que pudo decidir con independencia.  Esta incertidumbre reviste especial gravedad cuando la otra parte representa a las fuerzas armadas que habían intervenido en Venezuela meses antes.  La intervención precedente no priva automáticamente de valor a cualquier firma posterior.  Impide, eso sí, que la firma baste para descartar la intervención de la coacción en la obtención del acuerdo.

Para consentir libremente no se exige igualdad de riqueza, capacidad militar ni influencia negociadora.  Son frecuentes los acuerdos entre Estados desiguales, y el menos poderoso puede obtener beneficios efectivos de su relación con otro más fuerte.  Pero Estados Unidos había empleado la fuerza contra Venezuela, y su presidente vinculó públicamente la cancelación de nuevos ataques a la cooperación de las autoridades venezolanas.  No puede presumirse la libertad de rechazo por el solo hecho de que esas autoridades acabaran aceptando.  Corresponde al Estado interventor explicar qué relación guardan el empleo de su poder militar y los compromisos obtenidos con posterioridad.

Los documentos necesarios para esclarecer esa relación continúan, sin embargo, en manos de los gobiernos y particulares que negociaron los acuerdos.  Un venezolano que desee conocer las obligaciones contraídas sobre los recursos de su país no puede consultar el instrumento íntegro de las concesiones.  Tampoco puede examinar el documento de defensa quien pretenda averiguar qué operaciones militares autorizó Venezuela.  Se comunica a la ciudadanía que existen acuerdos y que se ha aceptado la cooperación, mientras se le sustrae la documentación necesaria para apreciar el alcance y las condiciones de ese consentimiento.

No estamos ante una simple carencia de información.  La falta de acceso deriva de decisiones adoptadas por quienes tienen los documentos en su poder.  Las autoridades pueden aducir las firmas como prueba de consentimiento y negar al público, al mismo tiempo, la posibilidad de consultar los instrumentos que lo expresan.  Si se cuestiona entonces la existencia de coacción, la falta de una demostración pública de ella puede ofrecerse como garantía de legitimidad.  Pero la investigación que permitiría distinguir el acuerdo libre de la aceptación impuesta ya ha sido obstaculizada por la retención de las pruebas.

Se invierte así la responsabilidad de justificar públicamente el ejercicio del poder.  Se exige a los venezolanos que acrediten defectos en acuerdos a los que no tienen acceso, mientras quienes ejercen las facultades controvertidas fundan su autoridad en documentos cuya difusión controlan.  La propia falta de publicidad puede alegarse después para sostener que las objeciones no han quedado plenamente probadas.  El secreto preserva de este modo la afirmación de consentimiento frente al examen que permitiría juzgarla.

Exigir cuentas al poder público no equivale a establecer una presunción judicial de ilegalidad.  Ante un tribunal habrán de determinarse las normas aplicables, las pruebas pertinentes y las cargas procesales de las partes.  La exigencia ciudadana no anticipa esa decisión.  Ahora bien, la imposibilidad de alcanzar todavía una conclusión judicial definitiva tampoco demuestra la suficiencia de la justificación gubernamental.  Quien pretende actuar en virtud del consentimiento de otra nación ha de identificar ese consentimiento y explicar las potestades que dice ejercer gracias a él.  Si se niega a exhibir los documentos indispensables, su pretensión permanece sin verificar, no convalidada.

El artículo 18 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos dispone la publicidad de los tratados y acuerdos internacionales.  El artículo 19 proscribe la intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos de otro Estado, incluidas las injerencias políticas y económicas.  El artículo 20 prohíbe recurrir a medidas coercitivas de carácter económico o político para forzar la voluntad soberana de otro Estado y obtener ventajas.  El artículo 21 declara inviolable el territorio estatal, rechaza su ocupación o cualquier otra medida de fuerza por otro Estado y excluye las adquisiciones territoriales y ventajas especiales obtenidas mediante la fuerza u otros medios de coacción.  Estas disposiciones no convierten todo contrato mercantil en un tratado ni suprimen las excepciones legítimas a la publicidad de información militar sensible.  Sí impiden que el Estado más poderoso tenga por zanjadas, mediante su sola declaración, las responsabilidades internacionales derivadas de un acuerdo y de las circunstancias en que fue obtenido.5

Un contrato entre un Estado y una empresa privada puede contener estipulaciones mercantiles reservadas sin adquirir por ello la condición de convenio internacional entre Estados.  Un documento de defensa suscrito por dos gobiernos plantea cuestiones diferentes de comunicación institucional, publicidad y obligaciones internacionales.  Sin embargo, los derechos de Venezuela no se agotan en la calificación formal de uno u otro instrumento.  Ambos fueron anunciados como acuerdos capaces de incidir sobre asuntos económicos o militares venezolanos.  En ambos casos es necesario acreditar la autoridad en virtud de la cual Venezuela habría aceptado las obligaciones que se le atribuyen.

Las consecuencias inmediatas recaen sobre venezolanos que no intervinieron en las negociaciones.  Un gobierno puede actuar legítimamente en su nombre sin obtener la aprobación individual de cada ciudadano para cada decisión:  tal es el funcionamiento ordinario de las instituciones representativas.  Pero la representación no queda acreditada por la conformidad del gobierno extranjero beneficiado.  Tampoco la imposibilidad de conocer las cláusulas puede interpretarse como aceptación popular de su contenido.  Cuando quienes dicen representar a la nación accedieron a sus cargos después de una intervención militar extranjera, la alegación de consentimiento público exige un examen particularmente riguroso.

El problema alcanza igualmente a quienes ejercerán la autoridad política venezolana en el porvenir.  Un gobierno posterior puede heredar obligaciones exigibles contraídas por el anterior.  La elección de nuevos representantes no las extingue por sí sola.  Pero la nación debe haber contado desde el principio con capacidad jurídica para asumirlas, y las circunstancias de su otorgamiento han de poder ser examinadas.  La facultad del gobierno presente para obligar al futuro no puede proceder exclusivamente del reconocimiento dispensado por una potencia extranjera que contribuyó a determinar las condiciones de su acceso al poder.

La publicación de los textos contractuales tampoco resolvería por sí sola todas las dudas acerca de la coacción.  Los documentos pueden reproducir fielmente lo pactado y guardar silencio sobre amenazas, presiones o alternativas discutidas durante la negociación.  Harían falta otras pruebas.  No obstante, retenerlos priva a la nación del medio más inmediato para conocer lo aceptado, la autoridad invocada y los compromisos cuya obtención debe examinarse a la luz de la intervención militar precedente.  No cabe exigir al público que pruebe el contenido de instrumentos cuya lectura se le impide.

Ambos gobiernos han presentado la cooperación como beneficiosa.  Sus declaraciones pueden obedecer a fines políticos legítimos, y algunos de los beneficios anunciados quizá lleguen a realizarse.  Ninguna de esas posibilidades acredita la facultad independiente del pueblo venezolano para decidir sus propios compromisos.  Un resultado económico favorable no demuestra retrospectivamente que el consentimiento fuera libre.  Tampoco una cooperación militar eficaz permite deducir, por sus resultados, que la amenaza o la fuerza estuvieron ausentes cuando se concertó el acuerdo.

Una decisión soberana no queda demostrada porque un funcionario reconocido lleve a cabo el acto con que habitualmente se formaliza.  Debe fundarse en atribuciones legítimas, referirse a obligaciones comprendidas dentro de ellas y respetar el derecho que regula las relaciones del Estado con otras potencias.  Si el acuerdo fue precedido por una intervención militar, el título del funcionario no dispensa de examinar las circunstancias del consentimiento.  Y, si se oculta el instrumento que contiene lo pactado, la ciudadanía ni siquiera puede emprender ese examen en condiciones comparables a las de quienes reivindican los derechos resultantes.

Los dos anuncios dejan así al descubierto una contradicción que ninguno de los gobiernos ha esclarecido públicamente.  El ejercicio de derechos estadounidenses sobre el petróleo venezolano se ampara en concesiones cuyos términos jurídicos venezolanos siguen sin conocerse.  La cooperación militar se justifica mediante una firma bilateral, aunque las obligaciones correspondientes permanecen ocultas.  En ambos supuestos se invoca el consentimiento de Venezuela para sostener disposiciones que afectan potestades soberanas, mientras se priva al pueblo venezolano de los documentos con los que podría examinar lo autorizado en su nombre.

No basta con que un acuerdo permanezca oculto para tener por acreditada la coacción al amparo del secreto.  Esta situación se produce cuando una potencia que ya ha empleado la fuerza militar invoca el consentimiento posterior del Estado contra el que intervino y, al mismo tiempo, retiene los términos y las circunstancias necesarios para examinarlo.  La falta de pruebas públicas de coacción no convalida el acuerdo si quienes invocan el consentimiento controlan también los elementos indispensables para verificarlo.

La soberanía de Venezuela no depende del reconocimiento de Washington.  No pertenece a quienes ocupan transitoriamente los cargos públicos ni pasa a manos de una potencia extranjera por virtud de sus firmas.  El pueblo venezolano continúa siendo el titular del poder público ejercido en su nombre.  Quienes sostienen que ha prestado su consentimiento deben, por ello, demostrar a qué consintió, quién estaba facultado para hacerlo y si la decisión pudo adoptarse con libertad para rechazarla.

No puede exigirse a una nación que pruebe la coacción ejercida sobre su consentimiento mientras se le niegan los medios para examinar ese mismo consentimiento, invocado contra ella.  Hasta que se faciliten esos medios, los acuerdos podrán acreditar lo obtenido por la potencia interventora.  No acreditarán lo que la nación soberana cedió libremente.

Notas documentales

  1. Documento de cooperación militar del 18 de noviembre de 2026. Matthew Adams, «Hegseth makes surprise visit to Venezuela and ‘looks forward’ to deepening military partnership», Stars and Stripes, 18 de noviembre de 2026; el artículo reproduce el comunicado del Pentágono que identifica a los firmantes y menciona las operaciones combinadas.  Vivian Sequera, Mayela Armas y Luis Jaime Acosta, información de Reuters, 18 de noviembre de 2026, sobre las declaraciones públicas de Hegseth y Rodríguez.  El texto íntegro del acuerdo firmado no figuraba entre las fuentes de acceso público consultadas hasta el 20 de noviembre de 2026.
  2. Intervención militar y declaraciones presidenciales posteriores. Donald J. Trump, Truth Social Posts, January 9, 2026, publicación en la que atribuye a la cooperación venezolana la cancelación de la segunda oleada de ataques prevista y anuncia que los buques estadounidenses permanecerán en sus posiciones.  Donald J. Trump, Remarks During a Meeting With Executives of Oil and Gas Companies and an Exchange With Reporters, 9 de enero de 2026, Daily Compilation of Presidential Documents; transcripción de sus declaraciones posteriores sobre la operación de enero, el segundo ataque previsto y la permanencia de la fuerza naval.
  3. Acuerdo petrolero y concesiones venezolanas no divulgadas. Casa Blanca, Fact Sheet: President Donald J. Trump Announces Historic Oil Agreement to Secure American Energy Dominance and Drive Venezuela’s Economic Recovery, 31 de agosto de 2026.  Cate Brown, Aaron C. Davis y Sebastian Rotella, «The Secret Terms of Trump’s Venezuelan Oil Deal», ProPublica, 20 de octubre de 2026.  La investigación distingue el convenio de asociación celebrado en Estados Unidos con NABEP de las concesiones venezolanas subyacentes, documenta cláusulas destinadas a proteger la empresa frente a cambios futuros y señala discrepancias entre los plazos comunicados públicamente.
  4. Soberanía constitucional venezolana. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículos 5, 7, 12, 150, 154 y 187, numeral 11, sobre soberanía popular y sufragio, supremacía constitucional, dominio público de los yacimientos minerales, aprobación legislativa de determinados contratos de interés público y tratados, y autorización de misiones militares extranjeras.
  5. Obligaciones internacionales relativas a la intervención y al consentimiento. Carta de la Organización de los Estados Americanos, artículos 18 a 21, relativos a la publicidad de los acuerdos internacionales, la prohibición de intervenir en los asuntos de otro Estado, las medidas coercitivas contra la voluntad soberana y las ventajas obtenidas mediante el empleo de la fuerza.