Ricardo Morín Triangulación 6: Stirrings —Remociones 22″ x 30″ Acuarela y tinta 2006
Ricardo Morín
Noviembre, 2025
Oakland Park, Florida
Nota del Autor
Remociones es una tetralogía de haikus que sigue el tránsito íntimo de la apertura al dolor, de la resistencia a la renovación. Cada poema entra en el cuerpo—aliento, articulaciones, pensamiento, dulzura—para mostrar cómo la vida persiste en breves instantes de aire, luz y vitalidad. La secuencia se presenta en inglés y español castellano.
Ricardo Morín Triangulación 8: Lente de incoherencia procedimental 56 x 76 cm Acuarela y lápiz de cera sobre papel 2007
Ricardo Morin
Noviembre 2025
Oakland Park, Florida
Resumen
Este ensayo examina cómo los procedimientos que rigen el uso de la fuerza, la clasificación de los conflictos y la formulación del derecho de legítima defensa se apartan de los principios declarados en tres ámbitos de la política exterior de los Estados Unidos: el ataque marítimo cerca de Trinidad, la guerra entre Ucrania y Rusia, y el conflicto que involucra a Israel, Palestina y países adyacentes. El análisis rastrea cómo surgen las inconsistencias cuando el lenguaje oficial no se alinea con las normas establecidas, cuando los criterios cambian según circunstancias comparables y cuando la base declarada de una acción se modifica en función de necesidades políticas más que de coherencia procedimental. La comparación muestra cómo estas divergencias contribuyen a la inestabilidad y debilitan la claridad interpretativa en los asuntos internacionales.
1
El reportaje de The Washington Post titulado “‘Kill them all’: Hegseth’s battlefield rhetoric shaped Trump-era strike” (https://www.washingtonpost.com/national-security/2025/11/28/hegseth-kill-them-all-survivors-boat-strike/) describe una operación militar estadounidense cerca de Trinidad en la que una pequeña embarcación que se creía transportaba estupefacientes fue atacada tras ser identificada erróneamente. El secretario de Defensa Pete Hegseth emitió una orden verbal de “matar a todos”, y el ataque causó la muerte de la mayoría de los ocupantes. Cuando la vigilancia aérea identificó a dos supervivientes aferrados a los restos, se ordenó un segundo ataque que también acabó con sus vidas. Las explicaciones posteriores al Congreso presentaron este segundo ataque como una acción destinada a eliminar un peligro para la navegación, aun cuando la presencia de supervivientes ya había sido confirmada. La Oficina de Asesoría Legal (Office of Legal Counsel, OLC), cuyo dictamen posterior justificó las acciones como parte de un conflicto armado con grupos narcoterroristas designados, introdujo una clasificación jurídica que se apartaba de los hechos expuestos en los informes iniciales. Estos elementos conforman un único conjunto de materiales a partir del cual puede examinarse la coherencia procedimental.
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La irregularidad procedimental se hace visible cuando se ordenan los pasos de la operación: una presunción no verificada sobre la identidad de la embarcación, una orden que trató a todos los ocupantes como combatientes, un segundo ataque ejecutado después de haberse identificado a los supervivientes y una justificación jurídica posterior basada en una clasificación que reinterpretaba la operación como parte de un conflicto armado. Cada paso descansó en un principio distinto: presunción, orden, reinterpretación y reclasificación. La divergencia entre estos principios muestra cómo el procedimiento se modificó para ajustarse al encuadre deseado, en lugar de guiar la acción según un criterio estable. Esta modificación no implica motivación; demuestra cómo el lenguaje administrativo puede separarse de los criterios que normalmente rigen el uso de la fuerza.
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Una disyunción procedimental similar aparece cuando las posiciones estadounidenses respecto a Ucrania y Rusia se analizan junto al caso de Trinidad. Estados Unidos condena públicamente los ataques rusos contra civiles ucranianos, citando violaciones de distinción, proporcionalidad y responsabilidad bajo las leyes de los conflictos armados. Sin embargo, los debates sobre reducir el apoyo a Ucrania han introducido una inversión en la que los compromisos procedimentales utilizados para condenar a Rusia no se aplican con la misma consistencia cuando se consideran las consecuencias de disminuir la asistencia a un Estado que defiende su soberanía. El desplazamiento entre la insistencia en las normas jurídicas y el cálculo político muestra cómo los procedimientos pueden adoptar nuevas formas según la circunstancia, aun cuando los principios declarados no cambian. La inconsistencia no reside en las declaraciones, sino en las inversiones procedimentales que aparecen cuando el apoyo a Ucrania se entrelaza con cálculos estratégicos más amplios.
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El conflicto que involucra a Israel, Palestina y Estados vecinos como Irán, Líbano y Yemen revela otra forma de divergencia procedimental. Estados Unidos afirma el derecho de Israel a la legítima defensa, pero evita reconocer en términos procedimentales equivalentes la reivindicación palestina de autodeterminación. Los mismos criterios invocados para justificar las acciones de una de las partes no se extienden a la otra cuando busca afirmar su soberanía, aunque ambas reivindicaciones surgen dentro de una misma circunstancia territorial y política. Esta asimetría se vuelve más evidente al considerar los ataques regionales: los procedimientos empleados para justificar las respuestas israelíes a amenazas provenientes de Irán, Líbano o Yemen difieren de los aplicados a las acciones palestinas, aun cuando operan en un entorno interconectado donde las consecuencias de un enfrentamiento influyen en los demás. La divergencia refleja una evasión procedimental que estabiliza una posición mientras deja a la otra sin una vía articulada hacia el reconocimiento o la resolución.
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Cuando se examinan conjuntamente las tres circunstancias —el ataque cerca de Trinidad, la evolución de la postura hacia Ucrania y Rusia, y la asimetría procedimental en el conflicto israelo-palestino—, sus diferencias no ocultan el patrón común. En cada caso, los procedimientos que normalmente rigen el uso de la fuerza o el reconocimiento de la soberanía se apartan de los principios invocados públicamente. En Trinidad, la divergencia adopta la forma de una reclasificación posterior a los hechos. En Ucrania, aparece como una inversión en la aplicación de los principios de protección civil e integridad territorial. En Israel y Palestina, surge como una aplicación parcial del derecho a la legítima defensa sin un reconocimiento correspondiente de los requisitos procedimentales asociados a la soberanía. La alineación entre los casos proviene de la forma en que los procedimientos se modifican para ajustarse a necesidades políticas en lugar de guiar la acción conforme a criterios estables.
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Esta alineación no se basa en la equivalencia de los conflictos, sino en la consistencia de las desviaciones procedimentales. Cada caso muestra cómo el mismo vocabulario —conflicto armado, legítima defensa, soberanía y protección de civiles— funciona de manera distinta según el actor al que se aplique. Los procedimientos asociados a estos términos cambian según la circunstancia, no según el principio. Como resultado, el significado de cada término se vuelve inestable. Lo que cuenta como conflicto armado en Trinidad, defensa soberana en Ucrania o uso legítimo de la fuerza en Gaza depende no de un estándar procedimental uniforme, sino del marco político seleccionado en cada instancia.
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Una política exterior coherente requiere que los procedimientos que rigen el uso de la fuerza, el reconocimiento de la soberanía y la clasificación de los conflictos permanezcan constantes entre circunstancias. El ataque de Trinidad muestra cómo los procedimientos pueden ser reorganizados a posteriori para proteger la narrativa de una operación. La evolución de la postura respecto a Ucrania demuestra cómo los compromisos procedimentales pueden debilitarse cuando las consideraciones estratégicas adquieren prioridad. El tratamiento de las reivindicaciones palestinas y de la legítima defensa israelí revela cómo puede aplicarse selectivamente un mismo procedimiento dentro de una misma región. En conjunto, estas inconsistencias muestran cómo la falta de coherencia procedimental reduce la claridad interpretativa y complica las relaciones de las que depende la estabilidad internacional.
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El examen de estos casos desde un único lente no los equipara; identifica la incoherencia procedimental que aparece cuando los principios que rigen el uso de la fuerza, el reconocimiento de la soberanía y la clasificación de los conflictos no se alinean con las acciones emprendidas. El resultado es un ámbito de asuntos internacionales en el que la base declarada de una acción varía según la circunstancia, y en el que el lenguaje procedimental se adapta a las necesidades políticas en lugar de ofrecer un estándar estable para la toma de decisiones. Las inferencias que se desprenden quedan en manos del lector, quien podrá juzgar cómo la falta de coherencia procedimental influye en la credibilidad de la conducta estadounidense en el exterior.
Ricardo Morín Cuadriático silencioso: La mascarada del gobierno pequeño Cada panel: 56 x 76 cm Acuarela, grafito, yeso, acrílico sobre papel 2010
Ricardo F. Morín
Noviembre de 2025
Oakland Park, Florida
Nota del autor
La idea de reducir el tamaño del Estado en los Estados Unidos ha reaparecido en distintas administraciones, aunque el déficit persiste y las obligaciones centrales de la vida pública (la Seguridad Social, Medicare, el creciente costo sanitario y el desequilibrio fiscal de largo plazo) siguen sin resolverse en el plano estructural. Las iniciativas presentadas como programas de eficiencia suelen desviar la atención de estos compromisos persistentes. Este ensayo examina la distancia entre la ejecución de la reforma y las realidades que persisten bajo dicha ejecución, y pregunta qué queda oculto cuando una representación de reforma se presenta como transformación —en particular los intereses corporativos que se benefician cuando se reducen las funciones regulatorias y de supervisión del Estado.
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El reciente cierre del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) revela algo más que una insuficiencia administrativa. La iniciativa comenzó con la promesa extravagante de ahorrar varios billones de dólares y terminó con una afirmación imposible de verificar que equivalía a cerca del tres por ciento del presupuesto federal. La disparidad no es un error técnico, sino uno simbólico. Esta disparidad expone un patrón político en el que se anuncia una reforma de gran alcance, se escenifica su ejecución y el resultado es un gesto que guarda escasa relación con la proporción de la aspiración. Lo que al principio había parecido una reestructuración disciplinada del Estado se convirtió, en cambio, en un ejemplo de cómo la ambición puede separarse de la factibilidad.
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El lenguaje de la eficiencia ha ejercido durante mucho tiempo un atractivo casi irresistible. Ese lenguaje sugiere una visión de la administración liberada del exceso, guiada por la prudencia y alineada con la virtud fiscal. Sin embargo, la eficiencia funciona como una metáfora más que como un principio. Esta metáfora oculta supuestos sobre lo que debe hacer el Estado, lo que requieren los ciudadanos y lo que exige la complejidad contemporánea. Uno de esos supuestos sostiene que las obligaciones públicas pueden cumplirse con menos instrumentos; otro afirma que unas instituciones más reducidas sirven mejor al interés público. Ambos supuestos pasan por alto que las sociedades intrincadas necesitan una capacidad institucional robusta y que dicha capacidad implica necesariamente un costo.
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Cuando tales programas chocan con las realidades operativas de la administración, sus límites se vuelven evidentes. Las agencias federales existen porque las responsabilidades que asumen no pueden ser gestionadas únicamente por la iniciativa privada. Estas agencias coordinan infraestructuras, regulan los mercados, vigilan los riesgos sistémicos y median en los conflictos entre intereses grandes y a menudo contrapuestos. Los intentos de reducir de manera severa estas funciones rara vez producen los ahorros previstos, porque las necesidades subyacentes no desaparecen. Los reformadores se enfrentan a una verdad sencilla: las funciones indispensables no pueden eliminarse sin consecuencias.
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Lo que surge en su lugar es una apariencia sin contenido. La promesa de reducir el tamaño del Estado satisface una demanda cultural de contención visible, aunque el resultado satisfaga poco más. Esa promesa afirma un relato en el que la burocracia se imagina como el obstáculo para el bienestar nacional y la reducción institucional como el remedio. Sin embargo, la apariencia de reforma suele sustituir a una reforma sustantiva. Las actuaciones procedimentales se elevan a la categoría de resultados, y la declaración de cambio se acepta como prueba de que el cambio ha ocurrido.
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Tras esta representación se perfila una estrategia más profunda. Cuando el Estado se debilita, el alcance de la supervisión pública se reduce. Esa reducción no elimina la autoridad, sino que la reasigna. En ausencia de instituciones públicas sólidas, los centros de poder no gubernamentales (corporaciones, individuos de gran patrimonio y otras entidades de control privado que operan sin responsabilidad electoral) asumen una esfera de influencia más amplia y funcionan con menos obligaciones y casi ninguna transparencia. La retórica de achicar el Estado encubre, por tanto, un movimiento distinto: la expansión de la discrecionalidad fuera de los cauces de la rendición democrática de cuentas.
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Esta expansión se vuelve más visible en la consolidación de la riqueza. Cuando las capacidades regulatorias y de investigación se reducen, también disminuyen las restricciones sobre las grandes fortunas. El capital concentrado amplía su alcance a través de los sectores productivos, las infraestructuras, los datos y los sistemas de información. Los esfuerzos por limitar el alcance del Estado operan, por tanto, como un escudo bajo el cual el poder privado se acumula con una resistencia mínima. Lo que se presenta como la eliminación de restricciones burocráticas se convierte, en la práctica, en la eliminación de las restricciones que limitan el poder privado frente al escrutinio público.
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Tales condiciones alimentan la tentación autocrática. Cuando la riqueza opera más allá de los contrapesos institucionales, la frontera entre influencia y autoridad comienza a desdibujarse. Los actores privados adquieren la capacidad de modelar políticas, orientar el discurso público y redefinir normas sin un mandato democrático. La crítica al “gran Estado” se convierte en un medio para crear condiciones en las que los actores privados actúan como soberanos informales: poderosos, no elegidos e indispensables —cada vez más— para el funcionamiento ordinario de la vida cívica.
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No es casualidad que esta retórica aparezca a menudo en el lenguaje del populismo. Los llamamientos a las frustraciones públicas convierten los desequilibrios estructurales en agravios culturales. La burocracia se presenta como el adversario, incluso cuando el verdadero obstáculo para la dignidad cívica reside en la creciente distancia entre el poder concentrado y el interés público. Lo que se ofrece como una defensa del pueblo suele promover intereses muy alejados de aquellos que afirma representar.
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Estas dinámicas reflejan un patrón recurrente: el atractivo de la riqueza concentrada, el debilitamiento de las restricciones públicas y la afirmación de que el progreso puede invocarse sin ser compartido. El llamado a reducir el tamaño del Estado se inscribe en este patrón más amplio. Ese llamado funciona como una iteración contemporánea de una estrategia conocida, en la que la retórica reformista oculta la concentración de ventaja. El patrón persiste porque su lenguaje de superficie resulta persuasivo mientras sus mecanismos subyacentes permanecen ocultos.
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Si existe una vía efectiva, no reside en disminuir las instituciones, sino en fortalecer los mecanismos a través de los cuales estas rinden cuentas ante una sociedad diversa. La medida del Estado no es su tamaño, sino su integridad: su capacidad para responder a la complejidad sin ceder sus responsabilidades a la autoridad privada. Lo que se debilita cuando las instituciones se reducen no es la eficiencia, sino la democracia misma. Defender la esfera pública exige aclarar lo que se pierde cuando la reforma se limita a una apariencia únicamente formal, cuando la eficiencia se convierte en un lenguaje destinado a encubrir el poder en lugar de distribuirlo.
Ricardo Morin Serie ID: El antiguo cruce de caminos Óleo sobre lienzo 35,5 x 45,7 x 1,9 cm 2009
Proemio
Esta reflexión aborda un tema cuyos contornos continúan desplazándose. Su propósito es descriptivo, no conclusivo: observar el lenguaje, la geografía y los patrones de reconocimiento que influyen en cómo se alude hoy a esta zona de Asia Occidental. La indagación no presupone un marco definido; registra hechos que quizás aclaren, con el tiempo, cómo se sitúa y se comprende la región.
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La expresión “Oriente Medio” surgió del vocabulario estratégico occidental y se ha aplicado durante más de un siglo a una zona de Asia Occidental situada entre Europa, África y el resto del continente asiático. La designación no se originó en las características internas de la zona; ofrecía una clasificación externa para una geografía que no encajaba con categorías como “Oriental”, “Europea” o “Africana”. La reflexión que sigue describe los ajustes actuales en la percepción de esta geografía y no pretende atribuir causas, consecuencias ni juicios.
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El terreno físico identificado por ese término antecede su nombre en milenios. Consiste en rutas terrestres y marítimas que enlazan tres continentes, creando puntos de paso entre la cuenca mediterránea, el océano Índico y regiones interiores adyacentes. Imperios se expandieron por estas rutas en distintos periodos. Las redes comerciales dependieron de ellas. Tradiciones religiosas y lingüísticas se desarrollaron en sus proximidades y se difundieron hacia otros territorios. Con el tiempo, la zona acumuló asociaciones simbólicas vinculadas a su posición, más que a una narrativa única. Estas asociaciones aparecen en registros históricos, referencias escriturarias, terminología diplomática y documentos administrativos.
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Las condiciones políticas en Asia Occidental han cambiado en la última década. Aún más reciente, Siria, antes descrita como un Estado fragmentado, funciona ahora con un grado de estabilidad bajo autoridades que anteriormente operaban fuera de las estructuras estatales establecidas. Su participación en discusiones regionales refleja un ajuste en la práctica diplomática. Ajustes similares son visibles en otros lugares de la región, donde los gobiernos coordinan cuestiones de comercio, seguridad e infraestructura mediante canales que no corresponden a las antiguas divisiones de la Guerra Fría. Los Estados productores de petróleo del Golfo han ampliado su presencia global mediante inversiones e iniciativas de desarrollo que sobrepasan su entorno inmediato.
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Estos desarrollos se producen junto a cambios demográficos, desigualdades económicas y preocupaciones de seguridad regional que se cruzan en este punto geográfico. La zona registra estos factores con frecuencia porque sigue siendo un corredor por el que circulan bienes, poblaciones e intereses estratégicos. Su visibilidad en los informes internacionales refleja esta posición. Diversos marcos explicativos —históricos, religiosos, ideológicos y estratégicos— se aplican a la misma geografía desde perspectivas distintas. Estos marcos coexisten con consideraciones operativas que influyen en las decisiones políticas, incluidas el territorio, las rutas de tránsito, las redes energéticas y las dependencias externas.
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Las referencias a la identidad religiosa, la memoria civilizatoria o las narrativas políticas heredadas aparecen en el discurso público dentro y fuera de la región. Estas referencias coexisten con cuestiones materiales relacionadas con la gobernanza, el comercio y la estabilidad. Su coexistencia no resuelve la cuestión de cómo debe describirse la región; indica que la geografía admite múltiples capas de significado simultáneamente. La persistencia de estas capas demuestra hasta qué punto las proyecciones externas, las dinámicas internas y la ubicación física contribuyen a la visibilidad continua de la zona.
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A medida que se reconsidera el término “Oriente Medio”, antiguas designaciones geográficas —como Asia Occidental o Mediterráneo Oriental— aparecen con mayor frecuencia. Si estos términos reemplazarán o simplemente acompañarán al anterior es algo incierto. La geografía en sí permanece constante, mientras que las categorías utilizadas para describirla siguen cambiando. Esto plantea una pregunta directa: cuando se disipan las proyecciones aplicadas a este antiguo cruce de caminos, ¿qué aspectos de la región se vuelven más visibles y cómo influyen esos aspectos en el lenguaje utilizado para describirla?
Ricardo Morin Triangulación 4: La ética de la percepción 22″ x 30″ Grafito sobre papel 2006
Ricardo F. Morín
Octubre de 2025
Oakland Park, Fl
Introduction
Percibir suele parecer un acto inmediato y sencillo. Vemos, oímos, reaccionamos. Sin embargo, entre ese primer contacto con el mundo y las decisiones que tomamos a partir de él, ocurre algo más lento y más frágil: la formación del sentido. En ese intervalo —entre lo que se presenta y lo que afirmamos— se juega no solo la comprensión, sino también la ética.
Este ensayo parte de una inquietud simple: ¿qué cambia cuando comprender importa más que afirmar? En una cultura que privilegia la reacción, la utilidad y la certeza, detenerse a percibir puede parecer improductivo. Sin embargo, es precisamente esa pausa la que permite que la experiencia se ordene sin violencia y que la relación entre la conciencia y el mundo conserve su proporción.
La ética de la percepción no propone reglas ni sistemas morales. Explora, más bien, cómo una atención sostenida —capaz de recibir antes de imponer— restablece la coherencia entre la vida interior y la realidad compartida. Desde ese gesto básico, la ética deja de ser una norma externa y se vuelve una forma de estar en relación.
Percepción
La percepción puede entenderse como el resultado emergente de mecanismos designados colectivamente como inteligencia, en sentido abstracto. Estos mecanismos no operan únicamente como funciones cognitivas interiores, ni son reducibles a sistemas, convenciones o instrumentos externos. La percepción surge en la interfaz continua entre la conciencia interior y la estructura exterior, donde la recepción sensorial, el reconocimiento de patrones y el ordenamiento interpretativo convergen mediante una atención sostenida.
Esta relación no presupone oposición entre los ámbitos interno y externo. Los procesos cognitivos y las condiciones del entorno funcionan como fuerzas co-presentes y mutuamente generativas. Las alteraciones que con frecuencia se describen como patológicas reflejan con mayor precisión desajustes dentro de esta relación recíproca, más que deficiencias intrínsecas de cualquiera de sus componentes. Cuando los marcos normativos privilegian determinados modos de atención perceptiva, la divergencia se reclasifica como desviación y la diferencia se convierte en disfunción.
Los modelos basados en la categorización o en la ubicación espectral ofrecen utilidad descriptiva, pero a menudo presuponen centros jerárquicos. Un enfoque orientado por la atención desplaza el énfasis desde la colocación comparativa hacia la orientación relacional. La coherencia perceptiva depende menos de la posición dentro de un esquema clasificatorio que de la sensibilidad ante el intercambio continuo entre el procesamiento interior y la configuración exterior.
Las pretensiones de autoridad sobre la normalidad perceptiva se debilitan al reconocerse su ubicuidad. Si la interacción entre los mecanismos cognitivos y la estructura del entorno constituye una condición universal y no un rasgo excepcional, ninguna institución, métrica o disciplina conserva legitimidad exclusiva para definir la desviación. La evaluación se vuelve contextual, las normas provisionales y la clasificación descriptiva en lugar de prescriptiva.
Desde este marco, la percepción no se mide por conformidad, eficiencia ni adaptación a sistemas dominantes. La percepción designa la capacidad sostenida de mantenerse alineada con la interacción dinámica entre la conciencia interior y la articulación exterior, sin reducir un ámbito al otro. Tal comprensión abarca la abstracción analítica, la modelación científica, el discernimiento artístico, la profundidad contemplativa y el razonamiento sistémico, sin elevar ningún modo singular de inteligencia por encima de los demás.
Considerada bajo esta luz, la percepción resiste el encierro dentro de categorías diagnósticas, culturales o jerárquicas. Lo que persiste no es un espectro jerarquizado de valor cognitivo, sino un campo de variación relacional gobernado por la emergencia, la atención y la presencia recíproca.
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Comprender comienza por ver el mundo tal como es, antes de que cualquier afirmación o juicio determine su significado. Mi disposición se inclina hacia percibir, atender y responder, y no hacia la lucha o el impulso irreflexivo. Esa orientación actúa como una disciplina en la que la claridad y la proporción toman forma. El pensamiento, entendido así, no impone significados: los recibe mediante el intercambio vivo con la experiencia. Percibir recoge la presencia inmediata del mundo, y comprender modela esa presencia hasta convertirla en sentido. Ambos gestos nacen del mismo movimiento de la conciencia, donde la observación madura hasta volverse entendimiento. La filosofía deja entonces de ser un acto de dominio y se transforma en una forma de mirar que restablece el equilibrio entre la mente y la existencia.
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La filosofía ha estado con frecuencia guiada por el impulso de afirmar antes que el de entender. Desde la Antigüedad hasta la modernidad, los pensadores construyeron sistemas destinados a asegurar la certeza y a proteger el pensamiento de la duda. Nietzsche heredó ese impulso y lo invirtió al convertir la voluntad en instrumento de afirmación. Su perspectiva liberó a la razón del dogma, pero también la confinó dentro de los límites de la autoafirmación. Comprender, en cambio, nace del reconocimiento de que el sentido surge en la relación. El acto de captar no depende de la fuerza, sino de la mirada. Cuando el pensamiento observa en lugar de imponer, el mundo revela su propia coherencia. De esa revelación brota la ética, porque comprender es ya entrar en relación con lo que se percibe. La comprensión no es, por tanto, pasividad: es participación activa en el despliegue de lo real.
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La percepción se vuelve ética cuando reconoce que todo acto de ver conlleva responsabilidad. Percibir es admitir la presencia de lo que tenemos delante—no como un objeto que deba dominarse, sino como una realidad que coexiste con la nuestra. La conciencia nunca es neutra; carga el peso de cómo atendemos, interpretamos y respondemos. Cuando la percepción permanece firme, el reconocimiento se profundiza hasta convertirse en vínculo. Un solo instante lo hace visible: al observar a una persona mayor luchar con abrir una puerta, la mente primero percibe, luego comprende y, finalmente, responde—no por impulso, sino por el reconocimiento de una condición humana compartida. El arte realiza ese mismo movimiento. El pintor, el escritor y el músico no inventan el mundo; lo encuentran a través de la forma. Cada gesto creativo registra un diálogo entre la experiencia interior y la exterior, donde comprender se transforma en reconocimiento de relación. El valor moral del arte no reside en un mensaje, sino en la calidad de la atención que sostiene. Vivir perceptivamente exige practicar a la vez la contención y la apertura: la contención impide que la voluntad domine lo que se contempla, y la apertura permite que el mundo hable a través de sus detalles. En esa práctica sostenida, la ética deja de ser norma y se convierte en una forma de vivir con atención dentro del vínculo.
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La vida moderna incita a la mente a reaccionar antes de percibir.
La velocidad de la información, la inmediatez de la comunicación y el constante oleaje de estímulos fragmentan la conciencia. En ese clima, la voluntad irreflexiva recupera su fuerza; afirma, selecciona y consume movida por el sesgo más que por el entendimiento. Lo que desaparece es el intervalo entre la experiencia y la reflexión—la pausa en la que la percepción madura hasta convertirse en pensamiento. La vida ética, entendida como vivir con conciencia de la relación, reaparece cuando ese intervalo se restituye. Una cultura que valore la percepción por encima de la reacción puede recuperar la medida que la tecnología y la ideología suelen distorsionar. La tarea no es rechazar la innovación, sino ejercer discernimiento dentro de ella. Cada acto de atención se vuelve resistencia a la dispersión, y cada momento de silencio recupera la hondura que el ruido oculta. Cuando la percepción llega a reconocer otra conciencia como igual en su derecho a existir, el entendimiento adquiere peso moral. Ese reconocimiento exige paciencia: la disposición a ver sin apropiarse y a permanecer presente sin poseer.
5
Toda filosofía empieza como un gesto hacia la armonía. La mente busca comprender su vínculo con el mundo, pero a menudo confunde la armonía con el control.
Cuando comprender sustituye a la conquista, el pensamiento redescubre su proporción natural. El mundo no es un escenario de autoafirmación, sino un campo de correspondencias en el que la conciencia se encuentra con lo que percibe. Pensar éticamente es pensar desde la relación. El acto de entender restablece la continuidad entre la vida interior y la exterior, mostrando que conocer es ya participar. Cada encuentro con lo real—cada instante de ver, oír o recordar—se convierte en ocasión para actuar con medida. La mente reflexiva no se aparta del mundo ni lo domina. Permanece dentro de la experiencia como testigo y partícipe, permitiendo que la percepción alcance su plenitud humana: la capacidad de reconocer lo que está más allá de uno mismo y de responder sin dominio. Cuando el pensamiento surge de la atención y no de la lucha, reconcilia la inteligencia con la presencia y devuelve el equilibrio sereno que la vida moderna ha desplazado. En esa reconciliación, la filosofía cumple su tarea más antigua: llevar la conciencia a la armonía con la existencia.
Ricardo Morin Gobernar por Excepción 10″x12″ Acuarela, creyón de óleo y gesso 2003
Por Ricardo F. Morín
10 de octubre de 2025
Bala Cynwyd, Pensilvania
El poder sin examen se convierte en su propia justificación.
—Máxima cívica anónima
Proemio
Gobernar constituye la disciplina moral del orden: el esfuerzo sostenido por mantener la autoridad alineada con la conciencia, de manera que el poder continúe siendo un instrumento de justicia y no un vehículo de interés propio. El Estado encarna esa disciplina en cada uno de sus actos: necesario, falible y siempre expuesto al peligro de confundir permanencia con legitimidad.
1
La historia política rara vez avanza como una línea recta. Se acumula, más bien, como un palimpsesto en el que nuevos regímenes —imperiales, republicanos, autoritarios y democráticos— graban sus doctrinas sobre los vestigios de órdenes anteriores. Las instituciones y las leyes no suelen desaparecer; sobreviven como capas de precedentes y hábitos que gobiernos posteriores reinterpretan para servir otros fines. El momento político actual de los Estados Unidos debe examinarse dentro de esa estructura acumulativa. Lo que parece una ruptura radical con la tradición constitucional es, en realidad, la reescritura más reciente de un molde preexistente. Mecanismos que otrora resguardaban la república ahora amplían el alcance del poder ejecutivo. Tales mecanismos revelan cómo continuidad y ruptura pueden coexistir en un mismo acto.
2
Durante el primer semestre del retorno de la administración Trump, el sistema político estadounidense ha ingresado en un estado de dislocación controlada. Directivas ejecutivas han anulado apropiaciones del Congreso, suspendido programas estatutarios y reorganizado departamentos enteros bajo autoridad provisional. Un cierre gubernamental, presentado como necesidad administrativa, se ha convertido en herramienta para reestructurar el Estado. Los despidos masivos, los congelamientos selectivos de fondos y la redefinición de mandatos institucionales actúan como instrumentos coordinados para concentrar el poder en el Ejecutivo. No son disputas episódicas entre ramas del gobierno; revelan una estrategia coherente de reconfiguración, ejecutada mediante actos que parecen legales pero están diseñados para desfigurar el equilibrio de poderes desde el interior.
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El principio rector de esta transformación es la normalización de la excepción. Facultades que generaciones anteriores consideraban temporales —remedios de emergencia reservados a amenazas extremas— se han convertido en herramientas ordinarias de administración. La invocación de la Insurrection Act [Ley de Insurrección], concebida para rebeliones u obstrucciones violentas, funciona ahora como justificación para el despliegue de fuerzas militares en estados gobernados por la oposición política. El uso de esa autoridad se justifica como respuesta a un aumento del crimen, aun cuando los datos verificables registran un descenso nacional. En esta inversión de la lógica, la declaración de emergencia antecede a su necesidad. El propio gobierno genera la crisis que afirma enfrentar y permite que las medidas coercitivas parezcan inevitables y legítimas. Lo que se diluye en ese proceso no es solo la restricción institucional, sino también la disciplina moral del orden: la facultad perceptiva mediante la cual el reconocimiento se convierte en responsabilidad y el ver adquiere peso ético.
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La redefinición de autoridad como autoritarismo se ve reforzada por la doctrina judicial. La decisión de la Corte Suprema en Trump v. United States (2024) estableció que el presidente goza de inmunidad absoluta para los “actos oficiales esenciales” y de inmunidad presuntiva para todos los demás actos realizados en su capacidad oficial. Este fallo alteró el significado mismo de la responsabilidad. Colocó la presidencia por encima del escrutinio legal ordinario al presumir legalidad allí donde pueda alegarse cumplimiento del deber. La decisión invirtió el orden constitucional que antes definía la presidencia como un cargo limitado por la ley. Bajo esta interpretación, la legalidad fluye de la función y no del estatuto. La Corte no inventó la supremacía ejecutiva: legitimó su evolución. Al blindar a la oficina del Ejecutivo de las consecuencias de sus actos, el poder judicial, quizá sin intención expresa, se convirtió en instrumento de la transformación que debía contener.
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Si examinamos la tríada de poderes —legislativo, ejecutivo y judicial—, el equilibrio presente muestra una distorsión marcada. Cada rama conserva su contorno formal, pero su autoridad interior se ha reducido. La facultad presupuestaria del Congreso se ha debilitado mediante impugnaciones y desembolsos selectivos. Las agencias administrativas han sido vaciadas por despidos abruptos y reorganizaciones estructurales. El poder judicial, atado a sus doctrinas de deferencia e inmunidad, se halla incapaz de intervenir con eficacia. Lo que subsiste del equilibrio institucional descansa menos en el principio constitucional que en la inercia administrativa. La maquinaria estatal continúa funcionando, pero su continuidad depende ya del hábito más que de la ley.
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No se trata aún de una dictadura abierta. Es un fenómeno más sutil: un sistema que opera a través de formas legales pero concentra poder en la práctica. La autoridad conserva apariencia constitucional mientras utiliza los mismos procedimientos para afianzar control unilateral. El patrón se distingue no por sus proclamaciones, sino por acciones verificables: decretos que sustituyen a la legislación, órdenes “temporales” renovadas sin fecha de expiración, fondos retenidos a adversarios políticos y despliegue de tropas federales en jurisdicciones donde no se ha demostrado desorden alguno. Cada medida, aislada, parece limitada y razonable. Tomadas en conjunto, forman una arquitectura de excepción: un marco invisible que reorganiza el poder sin proclamar revolución. En esa arquitectura se advierte el declive de la disciplina moral del orden, donde la legalidad persiste pero la conciencia retrocede.
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Un análisis forense debe centrarse, por tanto, no en la acusación sino en la diagnosis. El objetivo es identificar cuándo la práctica diverge del principio y cuándo la continuidad jurídica encubre una mutación política. La cuestión no es si la democracia ha desaparecido, sino cuán lejos se ha apartado la república de sus propias normas operativas. Ese desvío puede medirse mediante datos ordinarios: el número de apropiaciones ignoradas o retrasadas; la duración y el alcance de declaraciones de emergencia; la proporción entre funcionarios confirmados y designaciones interinas; y la frecuencia con que la inmunidad presidencial se invoca para impedir la revisión. Cada indicador marca un paso más lejos del régimen de poder compartido que define la democracia constitucional.
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El concepto de república, en su sentido clásico e ilustrado, presupone un equilibrio entre poder y virtud: el imperio de la ley sostenido por ciudadanos libres de dependencia. En la práctica contemporánea, esa idea se ha reducido a una etiqueta partidista. El republicanismo que antes exigía responsabilidad cívica convive ahora con mecanismos —financiación mediante PAC [Comité de Acción Política: Organización que recauda y gasta dinero para elegir candidatos políticos], lealtad faccional, influencia corporativa— que convierten el gobierno en instrumento de intereses privados. Así, la palabra que en otros tiempos significaba contención encubre hoy su contrario: un sistema en el que la representación sirve a sus patrocinadores con mayor fidelidad que a sus ciudadanos.
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La historia muestra que los sistemas constitucionales rara vez colapsan por desafío abierto; ceden mediante adaptación. La República romana no abolió sus instituciones: las transformó gradualmente en órganos imperiales. Las democracias modernas siguen derroteros similares cuando la crisis se utiliza para justificar la concentración del poder. La autoridad ejecutiva se expande, la restricción legislativa se debilita y la cautela judicial se vuelve complicidad.El caso estadounidense se ajusta a ese patrón. El marco de la Constitución permanece, pero su significado se desplaza de forma incremental mediante interpretación, precedente y hábito administrativo. La transformación progresa sin enmienda formal porque cada desviación se presenta como continuidad.
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Los indicadores del declive son estructurales, no morales. Cuando la legalidad depende de la voluntad —el impulso autolegitimante del poder cuando ha quedado desvinculado de la responsabilidad moral— y esa voluntad está protegida del escrutinio, la arquitectura del freno pierde coherencia. Allí la disciplina moral del gobierno cede paso a la lógica autovalidante del poder. Lo que sigue no es anarquía, sino desorden organizado: una condición en la que las instituciones funcionan como antes, pero para fines opuestos; anarquía disfrazada de normalidad. Los procedimientos se observan, pero la sustancia se invierte. La apariencia externa de democracia persiste, mientras su lógica interna es reemplazada por un sistema que gobierna mediante excepción permanente.
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La tarea de observadores y ciudadanos no consiste en prever el colapso, sino en reconocer la mutación. Los sistemas políticos rara vez anuncian su punto de inflexión; se ocultan bajo la rutina. La inteligencia cívica se mide en la capacidad de advertir cuándo la ley se vuelve vocabulario, cuándo la supervisión se vuelve representación y cuándo el estado de excepción deja de ser transitorio. La república continúa funcionando, pero lo hace bajo premisas alteradas. La preservación de la legalidad depende no solo del diseño institucional, sino también de la vigilancia de quienes lo interpretan. La justicia perdura únicamente donde las instituciones recuerdan que su finalidad es limitar el poder, proteger al vulnerable y mantener vivo el fundamento moral del que la autoridad obtiene su derecho a actuar.
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La permanencia de la república dependerá, en consecuencia, no del espectáculo de sus elecciones, sino de la recuperación de su primera obligación: mantener la autoridad sometida a la idea moral que le otorga legitimidad. La justicia perdura solo donde las instituciones recuerdan que existen para limitar el poder, defender al vulnerable y preservar la disciplina moral del orden, mediante la cual la libertad permanece lícita y la ley conserva su humanidad. Cuando esa memoria se desvanece, lo que queda es administración sin alma: un Estado aún erguido, pero ya sin gobierno.
Observaciones sobre la percepción 