Ricardo F. Morín

12 de octubre de 2026

El 12 de octubre de 2026, Associated Press identificó a Elon Musk como el mayor donante conocido en las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos e informó de que, desde julio, sus aportaciones a organizaciones que respaldan a candidatos republicanos superaban los 276 millones de dólares. Reuters cifró su gasto durante el conjunto del ciclo electoral en unos 366 millones de dólares. Estas nuevas aportaciones se producen después de su intervención en la Administración federal a través del Departamento de Eficiencia Gubernamental, conocido como DOGE. Musk dejó su puesto en la Casa Blanca en mayo de 2025, y en junio se produjo una ruptura pública con Trump; las informaciones de octubre dan cuenta de su posterior reconciliación. Esta secuencia sitúa la financiación electoral y el ejercicio de la autoridad pública en un mismo ámbito de examen: quien contribuye a financiar la continuidad del control republicano del Congreso tiene también un interés directo en la fiscalización que ese órgano pueda ejercer sobre sus actuaciones anteriores y sus empresas. [1]

La relación empresarial con el Gobierno es anterior al DOGE. El contrato que la NASA adjudicó a SpaceX en abril de 2021 para un sistema de alunizaje, por un importe inicial de 2.890 millones de dólares, constituye un ejemplo documentado. Un contrato de esta naturaleza remunera una prestación determinada y establece obligaciones recíprocas. Su existencia acredita un interés económico considerable en las decisiones federales; no acredita una adjudicación irregular. Los intereses empresariales en juego quedaron de manifiesto el 5 de junio de 2025, cuando Trump amenazó con cancelar contratos federales y subvenciones que beneficiaban a las empresas de Musk. La relación exponía a Musk a las presiones del Ejecutivo y, a la vez, le ofrecía oportunidades de influencia. El problema constitucional se agudiza cuando el máximo responsable de una empresa contratista adquiere además influencia sobre la Administración encargada del gasto público y contribuye a financiar la actividad electoral de la mayoría política con facultades para fiscalizar esa Administración. [2]

Un gobierno adquiere carácter extractivo en la medida en que los recursos públicos y las potestades del Estado se reorientan para atender intereses particulares, mientras la población soporta los costes resultantes y pierde medios eficaces de rectificación. El dinero constituye uno de esos recursos. También lo son el conocimiento administrativo, el acceso a información confidencial y la capacidad para exigir el cumplimiento de las obligaciones. La extracción puede operar mediante la apropiación de ventajas y mediante el debilitamiento de las instituciones capaces de cuestionarlas. El término designa una relación entre beneficiarios, cargas y exigencia de responsabilidades. La mera existencia de despilfarro no acredita esa relación, y la reducción del gasto tampoco demuestra por sí sola que exista extracción. [3]

La concurrencia de la capacidad de financiación electoral de Musk, sus intereses empresariales y su intervención administrativa produjo una concentración de influencia poco habitual. Su participación incorporó a un destacado beneficiario de la contratación federal a una iniciativa destinada a reorganizar el aparato federal. La situación así creada reforzó una tentación conocida: considerar que el acceso a la dirección política constituye habilitación suficiente para decidir qué capacidades del Estado siguen siendo necesarias. El éxito empresarial prestó su prestigio a la intervención. La autoridad para modificar el funcionamiento del Estado seguía dependiendo del derecho público.

La orden ejecutiva del 20 de enero de 2025 cambió la denominación del Servicio Digital de Estados Unidos, integró el Servicio DOGE de Estados Unidos en la Oficina Ejecutiva del Presidente y dispuso la presencia de equipos del DOGE en los organismos federales. La orden preveía un amplio acceso a los registros y sistemas de esos organismos, con sujeción a la ley y a las garantías de protección de datos. Una nueva orden, del 11 de febrero, dio intervención a los responsables de los equipos del DOGE en las decisiones sobre contratación de personal y ordenó preparar reducciones de plantilla de gran alcance. Estos mecanismos permitían intervenir en el conjunto de la Administración, aunque los responsables de los organismos conservaban responsabilidades que las propias órdenes reconocían expresamente. [4]

La situación jurídica de Musk resultaba difícil de conciliar con la función que públicamente le atribuía la Administración. En una declaración jurada presentada el 17 de febrero de 2025, Joshua Fisher, funcionario de la Casa Blanca, lo describió como empleado especial del Gobierno y alto asesor presidencial, sin competencias propias para adoptar decisiones gubernamentales y sin ocupar el cargo de administrador del DOGE. Dos días después, Trump presentó públicamente a Musk como la persona a la que había puesto al frente de la iniciativa. La discrepancia revelaba un problema de atribución de responsabilidades: ante la opinión pública aparecía un director de la transformación administrativa, mientras que la descripción jurídica del Gobierno le asignaba una función consultiva. [5]

Esa discrepancia tiene consecuencias porque la exigencia de responsabilidades presupone identificar quién adoptó una decisión, al amparo de qué autoridad y con sujeción a qué obligaciones. La influencia informal adquiere especial trascendencia cuando permite poner en marcha una actuación sin que resulte igualmente identificable la responsabilidad por sus consecuencias. La presencia de un asesor no extingue los deberes de los funcionarios que reciben su consejo. El presidente, los responsables de los organismos y el Congreso conservan responsabilidades diferenciadas por las autorizaciones que conceden, las actuaciones que ejecutan o las leyes que aprueban. El protagonismo de Musk no puede concentrar en él esas responsabilidades ni eximir de ellas a los demás participantes.

El orden constitucional atribuye al Congreso las potestades legislativa y presupuestaria, y encomienda al presidente la fiel ejecución de las leyes. La discrecionalidad administrativa se ejerce dentro de esa distribución de competencias. La distinción adquirió relevancia concreta el 5 de agosto de 2025, cuando la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO) concluyó que los Institutos Nacionales de Salud (NIH) habían vulnerado la Ley de Control de la Retención de Fondos (Impoundment Control Act) al bloquear la asunción de compromisos y la ejecución de gastos con cargo a fondos aprobados. La GAO examinó si la Administración había cumplido las disposiciones sobre los créditos presupuestarios aprobados; no se pronunció sobre la conveniencia de las políticas de investigación a las que esos créditos se destinaban. La conclusión se refería a actuaciones del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y de los NIH dentro del programa más amplio del Ejecutivo, y no acredita que Musk las dirigiera personalmente. [6]

La lesión constitucional se produce cuando la preferencia del Ejecutivo desplaza una decisión legislativa sin seguir el procedimiento que confiere validez a una modificación de la ley. Un programa puede revisarse, su financiación puede reducirse y sus funciones pueden reorganizarse por vías legales. La obstrucción administrativa puede producir efectos prácticos semejantes sin someterse a la misma deliberación pública ni a la misma atribución de responsabilidades. Una institución puede subsistir en el ordenamiento después de haber perdido el personal, los procedimientos o los recursos necesarios para cumplir sus deberes. Los ciudadanos conservan entonces el derecho a una actuación del Estado, aunque se hayan deteriorado los medios necesarios para hacerla efectiva.

El lenguaje de la eficiencia puede ocultar ese desplazamiento cuando el gasto se convierte en el criterio exclusivo para valorar el funcionamiento de una institución. Un organismo tiene costes de funcionamiento porque desempeña una función. La reducción de esos costes adquiere sentido en relación con la función que se conserva, las obligaciones que se cumplen y las pérdidas que se evitan. Si el recorte impide realizar esas actividades, el ahorro registrado en una cuenta puede traducirse en una carga mayor en otro ámbito. El reconocimiento político por la reducción inmediata y la responsabilidad pública por la pérdida ulterior pueden recaer sobre personas distintas.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ofrece un ejemplo cuantificable de este problema. En marzo de 2026, el Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria informó de que las reducciones de plantilla de 2025 habían generado inicialmente ahorros limitados en remuneraciones, porque muchos empleados acogidos a acuerdos de baja voluntaria diferida siguieron cobrando hasta septiembre. El informe citaba también una estimación de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO): una posterior anulación de créditos por 11.700 millones de dólares reduciría los ingresos federales en 38.600 millones durante el periodo 2026–2035. Esta cifra corresponde a una proyección sobre una decisión presupuestaria del Congreso, no a una suma de pérdidas constatadas y atribuibles a la intervención personal de Musk. La estimación muestra, sin embargo, por qué un menor presupuesto para la recaudación no equivale por sí solo a una mejora de las finanzas públicas. [7]

Cuando el debilitamiento de la aplicación de la ley permite que queden deudas tributarias sin cobrar, se benefician quienes eluden el pago, mientras que las consecuencias fiscales se absorben mediante deuda pública, impuestos o una reducción de las prestaciones. La ley puede seguir imponiendo las mismas obligaciones. Las diferencias en la capacidad para exigir su cumplimiento pueden alterar su incidencia efectiva. Este es uno de los mecanismos por los que la merma de la capacidad administrativa puede favorecer la extracción: una institución pública pierde los medios para recaudar lo que legalmente se debe al conjunto de la sociedad.

En el caso de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la participación de Musk fue explícita. El 3 de febrero de 2025 anunció públicamente que se trabajaba en el cierre de la agencia y afirmó que Trump estaba de acuerdo. Una semana después, el inspector general de la USAID advirtió de que las reducciones de personal y la suspensión de la ayuda exterior habían debilitado la capacidad de la agencia para distribuir y proteger la asistencia humanitaria. La advertencia se refería a fondos comprometidos, pero aún no desembolsados, por valor de 8.200 millones de dólares. Una intervención presentada como defensa frente al despilfarro estaba debilitando los controles necesarios para proteger recursos ya comprometidos. [8]

Las consecuencias se prolongaron más allá de la interrupción inicial. Un informe de la GAO publicado el 30 de septiembre de 2026 registró la cancelación de aproximadamente 6.780 de las 7.510 adjudicaciones de la USAID entre enero de 2025 y marzo de 2026. El Departamento de Estado había asumido la responsabilidad de los programas restantes, pero la GAO constató que la información sobre las adjudicaciones y el personal era incompleta y que faltaban directrices documentadas suficientes para adoptar decisiones. Estas constataciones acreditan el deterioro de la gestión de los recursos públicos, sin identificar un beneficio privado correlativo. Su pertinencia para el análisis de la extracción reside en la erosión de los controles que permiten proteger los recursos públicos y detectar su desvío. [9]

La propia información se convirtió en otro ámbito de vulnerabilidad. En un escrito presentado ante un tribunal el 16 de enero de 2026, el Gobierno reveló que un empleado del DOGE que trabajaba en la Administración del Seguro Social (SSA) había firmado un acuerdo sobre datos de electores con un grupo de activismo político, al margen de los procedimientos de revisión de la agencia. El grupo buscaba pruebas de fraude electoral y la invalidación de los resultados electorales de determinados estados. El escrito señalaba expresamente que la SSA no había encontrado pruebas de que sus datos se hubieran compartido con ese grupo. Por otra parte, revelaba que personal del DOGE había utilizado un servicio externo no autorizado para compartir datos que la agencia no podía identificar en su totalidad. La documentación acredita fallos de control y contactos políticos que no se habían declarado; no acredita que Musk ordenara personalmente esas actividades. [10]

Esta distinción tiene consecuencias. La custodia pública de la información impone límites a su uso. La entrega de datos personales por un ciudadano para la gestión de prestaciones no confiere una autorización general para utilizarlos con fines partidistas. Cuando se amplía el acceso a los registros y la institución responsable no puede dar cuenta cabal de su destino, la posesión de la información comienza a disociarse de la obligación de responder por su uso. El riesgo de extracción reside en convertir información custodiada para un fin público determinado en un recurso disponible para otros intereses.

Blockers: Rebels in the Deep State, de Michael Lewis, examina la ruptura administrativa a partir de la experiencia de empleados públicos cuyo trabajo los enfrentó al DOGE. Entre las personas de las que se ocupa el libro figuran funcionarios dedicados a proteger la información de los contribuyentes y a velar por el cumplimiento de las normas institucionales. Su título conserva el calificativo de «obstructores» aplicado a quienes se consideraban un impedimento. [11] Esa denominación encierra un juicio político: un límite impuesto a la actuación puede presentarse como un defecto de la persona encargada de respetarlo. Una vez que se produce esa sustitución, la destitución del funcionario puede aparecer como la solución del problema, aunque la objeción siga sin respuesta.

La condición de servidor público no exime de crítica, y la permanencia en una función tampoco garantiza la idoneidad para ejercerla. La distinción pertinente atañe a los criterios conforme a los cuales se examina una objeción. Una exigencia de proteger registros, documentar el gasto o ejecutar un crédito presupuestario conforme a la ley puede valorarse a la luz de los hechos y del derecho. Clasificar al funcionario como un obstáculo desplaza el objeto del examen. El conocimiento institucional pierde entonces autoridad precisamente allí donde podría revelar los costes o los límites de la actuación propuesta.

Las nuevas aportaciones electorales confieren vigencia política a estos antecedentes administrativos. La información de Reuters del 12 de octubre señalaba que los demócratas de la Cámara de Representantes habían solicitado investigaciones sobre los contratos federales vinculados a Musk y sobre su actividad en el DOGE. El control del Congreso incide, por tanto, directamente en la posibilidad de fiscalización. [1] Las contribuciones acreditan la magnitud de su apoyo; no acreditan un acuerdo concreto para impedir una investigación. El problema estructural reside en que el partido beneficiario del dinero puede encontrar un incentivo electoral para limitar la fiscalización de su benefactor, incluso sin un acuerdo explícito.

La ruptura de 2025 muestra el carácter contingente de la alianza política; las nuevas donaciones restablecen el apoyo electoral sin otorgar potestades públicas. En 2025, Musk disponía de acceso directo al presidente mientras intervenía en la Administración federal. En 2026, sus nuevas aportaciones pueden contribuir a mantener la mayoría en el Congreso que está en condiciones de fiscalizar aquella intervención. El vínculo se establece entre su influencia administrativa pasada y las condiciones actuales en que pueden exigirse responsabilidades por esas actuaciones. Musk reúne la capacidad de sostener esa mayoría y un interés directo en las actuaciones que el Congreso pueda examinar.

La extracción resulta más difícil de detectar e impugnar a medida que disminuye la capacidad de rectificación. El dinero perdido como resultado de una decisión puede cuantificarse. La pérdida del personal capaz de reconstruir cómo se adoptó esa decisión, de los registros que permiten identificar a sus beneficiarios y de los procedimientos para impugnarla puede prolongarse más allá de la operación inicial. Las instituciones públicas disponen entonces de menos medios para detectar la siguiente lesión. La continuidad de las auditorías, de la divulgación de información y de los litigios demuestra que aún existen posibilidades de rectificación; los fallos que esos procedimientos revelan dejan constancia del daño al que esa rectificación se enfrenta.

Musk contribuyó a acelerar este proceso por la magnitud de sus recursos económicos, su acceso directo al presidente y su participación en el desmantelamiento administrativo. El Gobierno que hizo posible la intervención tiene su propia responsabilidad. La amenaza constitucional que de ello resulta reside en la distancia creciente entre la autoridad pública y la capacidad efectiva de la sociedad para rectificar su ejercicio. Las elecciones y las leyes pueden subsistir mientras se debilitan las instituciones necesarias para darles eficacia real. Un gobierno puede seguir actuando en nombre del pueblo mientras disminuye la capacidad de ese mismo pueblo para exigir responsabilidades a quienes se benefician de su actuación.

Notas

[1] Associated Press, «Elon Musk quietly becomes biggest known donor in midterm contests as he tries to save Republicans», 12 de octubre de 2026, reproducido por MPR News. La información atribuye la confirmación de las cifras a Andrew Romeo, portavoz de America PAC. La expresión «mayor donante conocido» se refiere al presente ciclo de elecciones de mitad de mandato. https://www.mprnews.org/story/2026/10/12/elon-musk-becomes-biggest-known-donor-in-midterms-for-republicansReuters, 12 de octubre de 2026, sobre los aproximadamente 366 millones de dólares aportados durante el ciclo electoral, incluidos los 276 millones desde julio, y las solicitudes de investigación en el Congreso. https://www.reuters.com/business/media-telecom/musk-has-spent-366-million-help-republicans-retain-control-congress-2026-10-12/Reuters, «Elon Musk leaving Trump administration, capping turbulent tenure», 28 de mayo de 2025, actualizado el 29 de mayo, reproducido por Investing.com. Sobre la ruptura de junio, véase la nota [2]. La información de Associated Press del 12 de octubre afirma que «desde entonces ambos se han reconciliado» (en el original, «the two have since reconciled»). https://www.investing.com/news/economy-news/elon-musk-leaving-trump-administration-white-house-official-confirms-4069139

[2] NASA, «As Artemis Moves Forward, NASA Picks SpaceX to Land Next Americans on Moon», 16 de abril de 2021. Se adjudicó un contrato de precio fijo vinculado al cumplimiento de hitos de ejecución, con un valor total inicial de 2.890 millones de dólares. La cifra corresponde al valor de la adjudicación; no indica que se hubiera desembolsado la totalidad del importe. https://www.nasa.gov/news-release/as-artemis-moves-forward-nasa-picks-spacex-to-land-next-americans-on-moon/Reuters, «Trump suggests terminating Musk’s US government contracts, subsidies», 5 de junio de 2025, reproducido por Investing.com. La información documenta una amenaza formulada durante la disputa política; no acredita que los contratos se cancelaran después. https://www.investing.com/news/economy-news/trump-suggests-terminating-musks-us-government-contracts-subsidies-4083827

[3] Ricardo F. Morín, «El paradigma de la extracción», publicado el 18 de marzo de 2026; fechado en octubre de 2025. El ensayo examina la concentración de riqueza mediante la inteligencia artificial y el uso político de modelos generativos para moldear las creencias de la población. https://observacionessobrelanaturalezade.com/2026/03/18/el-paradigma-de-la-extraccion/Ricardo F. Morín, «La lógica de la extracción», publicado el 18 de marzo de 2026; fechado el 10 de marzo de 2026. El ensayo examina la conversión institucional de recursos compartidos en sistemas de propiedad. Ninguno de los dos ensayos examina la relación de un donante con la función fiscalizadora del Congreso. https://observacionessobrelanaturalezade.com/2026/03/18/la-logica-de-la-extraccion/

[4] Orden Ejecutiva 14158, 20 de enero de 2025, §§ 3–5. La orden reorganizó un servicio de la Oficina Ejecutiva del Presidente; el nombre DOGE no designaba un nuevo departamento del Gabinete creado por ley. La orden mantuvo los límites legales aplicables. https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/01/establishing-and-implementing-the-presidents-department-of-government-efficiency/Orden Ejecutiva 14210, 11 de febrero de 2025, en particular § 3(b)–(c), sobre la participación del DOGE en las decisiones de contratación de personal y los preparativos para las reducciones de plantilla. La orden preservó la facultad de los responsables de los organismos para cubrir vacantes pese al criterio contrario del responsable de un equipo del DOGE. https://www.govinfo.gov/content/pkg/DCPD-202500254/html/DCPD-202500254.htm

[5] Declaración de Joshua Fisher, State of New Mexico et al. v. Musk et al., n.º 1:25-cv-00429, documento 24-1, 17 de febrero de 2025, párrafos 3–6. Se trata de la descripción de la situación jurídica de Musk que la Administración presentó bajo juramento. https://www.democracydocket.com/wp-content/uploads/2025/02/2025-02-17-Declaration-of-Joshua-Fisher.pdfReuters, «Trump appears to contradict White House, says Elon Musk in charge of DOGE», 20 de febrero de 2025, sobre las declaraciones de Trump del 19 de febrero. https://www.reuters.com/world/us/trump-appears-contradict-white-house-says-elon-musk-charge-doge-2025-02-20/

[6] Constitución de Estados Unidos, artículo I, §§ 1 y 9, y artículo II, § 3; transcripción de los Archivos Nacionales. https://www.archives.gov/founding-docs/constitution-transcriptOficina de Rendición de Cuentas del Gobierno, B-337203, 5 de agosto de 2025, «Department of Health and Human Services: National Institutes of Health: Application of Impoundment Control Act to Availability of Funds for Grants». La decisión aborda la retención de fondos y distingue esa cuestión de los litigios separados relativos a la cancelación de subvenciones concretas. https://www.gao.gov/products/b-337203

[7] Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria, «Snapshot: The IRS’s Inflation Reduction Act Spending Through September 30, 2025», informe 2026-IE-R003, 25 de marzo de 2026. El informe aborda las bajas voluntarias diferidas y recoge la estimación de la CBO de enero de 2026 sobre la anulación adicional de créditos por 11.700 millones de dólares. La reducción prevista de ingresos, cifrada en 38.600 millones de dólares, comprende el periodo 2026–2035; no es una estimación de los efectos atribuibles exclusivamente al DOGE. https://www.tigta.gov/reports/inspection-evaluation/snapshot-the-irss-inflation-reduction-act-spending-through-september-30-2025/

[8] Reuters, «Musk says USAID to be shut down in government cost-cutting drive», 3 de febrero de 2025. https://www.reuters.com/world/us/musk-give-update-reform-effort-amid-questions-about-his-power-2025-02-03/Oficina del Inspector General de la USAID, «Oversight of USAID-Funded Humanitarian Assistance Programming Impacted by Staffing Reductions and Pause on Foreign Assistance», 10 de febrero de 2025. La cifra de 8.200 millones de dólares corresponde a fondos comprometidos y aún no desembolsados, expuestos a los riesgos derivados de las deficiencias de control señaladas; no acredita que esos fondos se hubieran perdido o sustraído. https://oig.usaid.gov/node/7439

[9] Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno, «Foreign Assistance: Agencies Made Broad Changes, but State Lacked Guidance for Decisions», GAO-26-108607, 30 de septiembre de 2026. El recuento de cancelaciones comprende el periodo entre enero de 2025 y marzo de 2026. El informe registra que el Departamento de Estado asumió los programas restantes de la USAID y distingue entre la cancelación de adjudicaciones y la falta de información fiable sobre las responsabilidades que subsistían. https://www.gao.gov/products/gao-26-108607

[10] Departamento de Justicia de Estados Unidos, «Notice of Corrections to the Record», AFSCME et al. v. Social Security Administration et al., n.º 1:25-cv-00596-ELH, documento 197, 16 de enero de 2026, §§ V–VI y nota 1, pp. 4–6. El escrito reconoce la existencia del acuerdo no autorizado y el uso de servicios externos para compartir datos, y afirma expresamente que la SSA no había encontrado pruebas de una transferencia de sus datos al grupo de activismo político. Se trata de revelaciones efectuadas en un momento determinado del litigio, no de una resolución judicial definitiva sobre la conducta de todos los participantes. https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.mdd.577321/gov.uscourts.mdd.577321.197.0.pdf

[11] Michael Lewis, Blockers: Rebels in the Deep State, publicado el 6 de octubre de 2026. La descripción de las personas de las que se ocupa el libro procede del anuncio conjunto de W. W. Norton y Pushkin Industries del 4 de junio de 2026. La interpretación institucional desarrollada en el ensayo es independiente de esa descripción editorial. https://www.pushkin.fm/news/norton-pushkin-publish-michael-lewis-blockers-rebels-in-the-deep-state