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« Lo que el matrimonio preserva »

November 17, 2026

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El límite de la acogida.  Ricardo F. Morín.  CGI, 2026.

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16 de noviembre de 2026

Oakland Park, Florida

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En la Reunión Anual de Gran Bretaña celebrada en York en 2009, varios participantes dieron testimonio de relaciones de pareja sustentadas en un compromiso y respaldadas por sus congregaciones cuáqueras, aunque reconocidas de manera desigual.  Las parejas de distinto sexo disponían de un cauce claro para obtener reconocimiento; las del mismo sexo encontraban posibilidades distintas según la congregación.  El acta se refiere a Amigos que consideraban sus relaciones corrientes y privadas, pero habían tenido que abrir camino públicamente para conseguir que se las reconociera y dejara constancia de ellas.  Aquellos testimonios contribuyeron al discernimiento de la asamblea, veintidós años después de que la cuestión se planteara por primera vez en Meeting for Sufferings.  La asamblea afirmó la igualdad de trato entre las parejas del mismo sexo unidas por un compromiso y los matrimonios de distinto sexo, y reafirmó su convicción de que el matrimonio es obra de Dios, de la cual la comunidad da testimonio.1

Los testimonios hicieron patente la desigualdad de reconocimiento entre relaciones que ya contaban con el respaldo de la comunidad.  Las parejas que lo solicitaban participaron en el discernimiento colectivo acerca de lo que suponía reconocerlas.  La discrepancia tenía así un referente humano:  quienes sostenían compromisos que sus congregaciones respaldaban se encontraban ante una distinción que esas mismas congregaciones seguían manteniendo.

El reconocimiento comunitario también da una expresión concreta a los compromisos.  En 2012, el Comité de Derecho y Normativa del judaísmo conservador aprobó modelos de matrimonio y disolución elaborados por los rabinos Elliot Dorff, Daniel Nevins y Avram Reisner para parejas del mismo sexo.  Su propuesta recurría a una alianza distinta del kiddushin tradicional, sin dejar de considerar matrimonio judío la unión resultante.  La alianza establecía obligaciones de fidelidad y de responsabilidad económica por el bienestar del otro; las disposiciones que la acompañaban regulaban la disolución de la unión.2  Al prever una vía reconocida para poner fin a la unión, la propuesta situaba la responsabilidad tanto en la vida en común como en el proceso de separación.

En la deliberación cuáquera, los testimonios influyeron en el juicio de la comunidad sobre relaciones que ya contaban con su respaldo.  En la alianza judía, la interpretación religiosa proporcionó una forma mediante la cual otras parejas podían asumir obligaciones precisas.  En ambos casos, las propias comunidades ejercieron su autoridad.  Quienes buscaban reconocimiento se incorporaron a las prácticas mediante las cuales sus comunidades expresaban el compromiso religioso.

Allí donde se atribuye a la diferencia sexual un sentido que no se agota en las capacidades de una pareja, la relación de esas capacidades con la definición del matrimonio es distinta.  El Catecismo de la Iglesia Católica define el matrimonio como una alianza entre un hombre y una mujer, ordenada al bien de los cónyuges y a la procreación y educación de los hijos.  Afirma asimismo que los esposos sin hijos pueden vivir un matrimonio con sentido humano y cristiano mediante la caridad, la hospitalidad y el sacrificio.34

Reconocer el valor de los matrimonios sin hijos no elimina la diferencia sexual de la doctrina católica.  Excluir a las parejas del mismo sexo exclusivamente por su imposibilidad de procrear entre sí no equivale a sostener, en términos teológicos, que la unión de un hombre y una mujer posee un sentido particular en sí misma.  En el primer caso se invoca una función reproductiva; en el segundo, aquello que la definición religiosa considera constitutivo del matrimonio.  La constatación de que un matrimonio conserva su valor sin hijos atañe directamente al primer argumento, pero no resuelve por sí sola la segunda afirmación.

La práctica pastoral católica distingue, a su vez, entre impartir una bendición y reconocer un matrimonio.  La declaración Fiducia supplicans, de 2023, permite bendecir de manera espontánea y fuera de la liturgia a parejas del mismo sexo, sin convalidar su situación ni modificar la doctrina matrimonial de la Iglesia.  Las restricciones que establece excluyen las formas que pudieran confundir la bendición con una boda.  Una aclaración de enero de 2024 distingue entre bendecir a la pareja y bendecir la unión.5  Los miembros de la pareja pueden acudir juntos y recibir una respuesta pastoral, aunque su relación siga fuera de la definición eclesial del matrimonio.  La acogida pastoral que se ofrece y el reconocimiento matrimonial que se deniega conciernen a aspectos distintos de una misma vida en común.

El Corán (30:21) vincula la creación de los cónyuges con el sosiego, el afecto y la misericordia.6  El artículo 4 del Código de Familia marroquí de 2004 establece una definición legal del matrimonio:  una unión entre un hombre y una mujer fundada en el consentimiento mutuo, entre cuyos fines figuran la fidelidad y una familia estable bajo la dirección de ambos cónyuges.7  La norma reúne una descripción de la vida que los esposos han de sostener y una definición de quiénes pueden constituir la pareja.

Cuando la diferencia sexual se considera constitutiva, la capacidad de una pareja para el afecto y la responsabilidad recíproca no basta para satisfacer la definición.  Excluir a una pareja por ese motivo no requiere atribuirle incapacidad para el cuidado mutuo.  El requisito remite al sentido asignado a la unión, con independencia de la conducta de sus integrantes.  Aunque exista acuerdo sobre el valor del cuidado, persiste la discrepancia acerca de aquel sentido.  Las capacidades de una pareja y la autoridad de una definición se sitúan en planos distintos de la controversia.

También cabe interpretar una forma heredada de tal modo que se juzgue cumplida una obligación aun cuando la conducta se aparte del modo habitual de observarla.  En el libro de Mencio, carecer de descendencia se considera una grave falta contra el deber filial.  Shun se casa sin informar a sus padres para evitar quedarse sin descendencia.  Las personas cultivadas consideran su proceder equivalente a haberlos informado.8  El criterio rector sigue siendo la continuidad del linaje, y la conducta de Shun se entiende como cumplimiento del deber.  Mediante esa interpretación se da por satisfecha la formalidad omitida.

En las controversias sobre la continuidad de una tradición también se disputa la autoridad para interpretarla.  En el pasaje de Mencio, el juicio establece una equivalencia dentro de las obligaciones filiales.  En los modelos matrimoniales judíos, los rabinos reconocen como matrimonio judío una alianza distinta del kiddushin heredado.  La consideración religiosa o ética de tales actos depende de cómo se entienda, dentro de la tradición, el cumplimiento de las obligaciones.  Compartir una finalidad humana no basta, por sí solo, para determinar qué interpretaciones acepta una comunidad.

Para las parejas que solicitan reconocimiento en el seno de una comunidad religiosa, está en juego su participación en una vida de fe compartida.  Pueden desear una ceremonia porque entienden su amor y sus responsabilidades a la luz de una misma fe.  Cuando la fidelidad y el cuidado mutuo llevan a la práctica determinadas enseñanzas religiosas, la vida en común de esas parejas contribuye a sostener valores que la comunidad pide a sus miembros que observen.  La negativa a reconocer esas uniones como matrimonios puede herir el sentimiento de pertenencia que quienes forman esas parejas ya experimentan en la comunidad.  Su aportación no resuelve por sí sola el desacuerdo religioso acerca de la definición del matrimonio.  Pero esa definición no abarca todo lo que está en juego cuando se niega reconocimiento a personas que contribuyen a sostener los valores que la comunidad profesa.  El reconocimiento civil no puede suplir el que esas parejas buscan dentro de su fe.

El reconocimiento civil procede de la autoridad del Estado.  Cuando un Estado afirma la igualdad de sus ciudadanos, las normas de acceso al matrimonio coexisten con el compromiso de respetar la igualdad civil de quienes están sujetos a esas normas.  Que unas parejas puedan contraer matrimonio y otras queden excluidas suscita entonces la cuestión del fundamento de ese trato desigual.  La explicación concierne al ejercicio de la autoridad estatal sobre los ciudadanos, incluidos quienes no comparten concepción religiosa alguna del matrimonio.

La Interpretación constitucional n.º 748 de Taiwán, de 2017, examinó una justificación de la exclusión basada en la función reproductiva del matrimonio.  El tribunal observó que la capacidad de procrear no era requisito para el matrimonio entre personas de distinto sexo, ni la incapacidad o la falta de voluntad de tener hijos invalidaban por sí solas esos matrimonios.  Descartó la incapacidad reproductiva como fundamento racional para excluir a las parejas del mismo sexo.  Razonó asimismo que extender a esas parejas los derechos y las obligaciones matrimoniales no alteraría el orden ético fundamental del matrimonio existente.9

La discrepancia se hallaba entre la razón aducida para excluir y los requisitos aplicados a las parejas ya admitidas.  La procreación se presentaba como indispensable para un grupo, mientras en el otro se seguían reconociendo matrimonios sin hijos.  La distinción civil no podía justificarse mediante el requisito reproductivo en los términos en que se había formulado.  La conclusión se refería a la coherencia de esa justificación del trato desigual; no resolvía el significado teológico atribuido a la diferencia sexual.

El problema es distinto cuando se invoca una definición religiosa del matrimonio para justificar la exclusión civil.  En el seno de una comunidad de creyentes, esa definición puede explicar por qué una unión no puede recibir reconocimiento religioso, aun cuando sus integrantes sostengan compromisos que la comunidad valora.  Si el Estado impone el mismo requisito al matrimonio civil, lo aplica a los ciudadanos con independencia de que acepten o no aquella creencia.  El alcance de la restricción rebasa los límites de la comunidad que reconoce la autoridad religiosa de ese requisito.

En un orden que afirma la igualdad ciudadana, la explicación religiosa y la justificación civil responden a preguntas distintas.  La primera enuncia las exigencias de una determinada concepción religiosa.  La segunda da razón del trato desigual dispensado por una autoridad que rige para todos.  Una justificación civil puede atender a intereses que excedan el cuidado mutuo, pero la mera enunciación de una exigencia religiosa no explica de qué manera se satisfacen esos intereses.  Si el Estado se limita a enunciar esa exigencia, queda expuesta la razón del requisito dentro de la fe, mientras permanece sin explicar por qué se aplica a ciudadanos que no la profesan.

La distinción entre ambas autoridades alcanza también a las consecuencias del reconocimiento.  Cuando se distingue entre la celebración religiosa y el estado civil, el matrimonio civil no determina el significado religioso de la unión.  Tampoco un juicio religioso sobre esa unión decide, por sí solo, la condición jurídica de la pareja.  El desacuerdo acerca del sentido sagrado puede coexistir con el reconocimiento de un mismo estado civil.  La controversia religiosa y la atribución de ese estado civil siguen siendo cuestiones distintas, aunque ambas afecten a la misma pareja.

La capacidad de prestar consentimiento y la libertad de negarlo conciernen a la posibilidad de que quienes se casan asuman por voluntad propia los compromisos del matrimonio.  Un requisito que proteja esas capacidades guarda relación directa con el carácter voluntario del compromiso.  Clasificar a las parejas según estén formadas o no por personas del mismo sexo atiende a un aspecto diferente.  Las razones que justifican la protección del consentimiento no justifican, por ese solo hecho, la exclusión de las parejas del mismo sexo.

El matrimonio civil da expresión pública, mediante el reconocimiento estatal de derechos y obligaciones recíprocos, a los compromisos que los cónyuges asumen libremente.  Con la admisión de otras parejas capaces de asumir esos compromisos, se amplía la participación en ese régimen civil.  Que una pareja acceda al matrimonio civil no determina si una comunidad religiosa considera su unión conforme a su concepción del matrimonio.

La igualdad civil y la calidad de un matrimonio concreto siguen siendo cuestiones distintas.  Si a las parejas excluidas se les exige una virtud excepcional, mientras otras reciben reconocimiento sin someterse a esa prueba, el acceso depende de criterios diferentes para ambos grupos.  Las cualidades de una relación concreta no explican por qué una categoría de parejas ha de afrontar una prueba adicional.

El reconocimiento matrimonial no acredita por sí solo la calidad del trato entre los cónyuges.  Si uno se vale de la dependencia del otro para controlarlo, la existencia de un matrimonio civil no demuestra que haya cuidado recíproco.  Si a una pareja se le deniega el matrimonio civil, la ausencia de esa condición jurídica no demuestra que falten el cuidado, el consentimiento o la responsabilidad.  La conducta de los integrantes de una pareja y la clasificación que la institución les asigna aportan información de distinta índole.

Las consecuencias prácticas recaen sobre las parejas.  Sus integrantes pueden fundar un hogar, cuidarse en la enfermedad y tomar decisiones sobre el trabajo y la vejez en función de la vida que desean compartir.  Quieren casarse para dar reconocimiento público a las responsabilidades de esa vida en común, en las mismas condiciones civiles que se ofrecen a otras parejas.  Su deseo de casarse expresa el valor que atribuyen tanto a asumir libremente esas responsabilidades como a que su compromiso mutuo cuente en la sociedad a la que pertenecen.  Cuando se les deniega el matrimonio civil, pueden seguir sosteniendo esa vida en común mientras se les niega la condición de cónyuges mediante la cual el Estado reconoce los compromisos de otras parejas.  La exclusión se extiende a un futuro que ya están construyendo juntos:  el cuidado que siguen prestándose no basta para obtener el reconocimiento que se les deniega.

Cuando un Estado defiende una exclusión mediante un requisito relativo a la función del matrimonio que no exige a las parejas ya admitidas, ese requisito deja sin explicar el trato desigual.  Si se apoya únicamente en una definición religiosa, extiende la condición de acceso al matrimonio a ciudadanos cuya condición jurídica no depende, por lo demás, de profesar esa creencia.  En cualquiera de ambos supuestos, seguir haciendo valer la exclusión puede sustituir a la explicación de sus fundamentos civiles.  Se preserva la línea que delimita el acceso al matrimonio, mientras quienes quedan fuera siguen sujetos a una exclusión que la justificación ofrecida no ha explicado.

Fuentes

  1. Reunión Anual de Gran Bretaña, acta de 2009 reproducida en Quaker Faith & Practice, §16.08.
  2. Elliot Dorff, Daniel Nevins y Avram Reisner, «Rituals and Documents of Marriage and Divorce for Same-Sex Couples», aprobado el 31 de mayo de 2012, especialmente pp. 2–6.
  3. Catecismo de la Iglesia Católica, §1601, «El sacramento del Matrimonio».
  4. Catecismo de la Iglesia Católica, §1654, «Los bienes y las exigencias del amor conyugal».
  5. Dicasterio para la Doctrina de la Fe, Fiducia supplicans, 18 de diciembre de 2023, presentación y §§31, 38–40; comunicado de prensa sobre la recepción de Fiducia supplicans, 4 de enero de 2024, §§2, 5–6.
  6. Corán 30:21, traducciones inglesas en paralelo, Quranic Arabic Corpus.
  7. Marruecos, Código de Familia de 2004, artículo 4, reproducido en la página informativa «Mariage» del ministerio.
  8. Mencio, 4A.26 (Li Lou I), traducción inglesa de James Legge, The Chinese Classics, volumen 2.
  9. Taiwán, Interpretación n.º 748 del Yuan Judicial, 24 de mayo de 2017; resumen oficial publicado en Judicial Weekly, 26 de mayo de 2017, especialmente el apartado IV de la fundamentación.  Texto en inglés.