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« La política de represión: … »

August 22, 2025

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Diseño de cubierta para el ensayo «La política de la represión: Autoritarismo y espectáculo». La imagen compuesta yuxtapone vigilancia, militarización, propaganda y espectáculo de masas para subrayar cómo los regímenes autoritarios vuelven las vidas prescindibles mientras legitiman el control mediante la exhibición.

Autoritarismo y espectáculo

Por Ricardo Morín. En tránsito hacia y desde NJ, 22 de agosto de 2025

El autoritarismo en la era actual no se presenta con símbolos uniformes. Surge tanto en democracias como en Estados de partido único, en países con economías en declive y en aquellos que presumen de un crecimiento acelerado. Lo que une estos contextos no es la forma formal de gobierno, sino la manera en que el poder actúa sobre los individuos: la autonomía se restringe, la dignidad se niega y la disidencia se reclasifica como amenaza. El control se mantiene no solo mediante la coerción, sino también mediante la apropiación de valores universales —paz, tolerancia, armonía, seguridad— vaciados de su contenido y reutilizados como instrumentos de silencio. El resultado es una política en la que los seres humanos son tratados como prescindibles y el espectáculo sirve tanto de distracción como de justificación.

En Estados Unidos, la Carta de Derechos garantiza libertades, pero su fuerza práctica se debilita por la desigualdad estructural y el control concentrado de la comunicación. Tras los atentados del 11 de septiembre, la Ley USA PATRIOT autorizó una vigilancia generalizada en nombre de la defensa de la libertad, normalizando el monitoreo de las comunicaciones privadas (ACLU 2021). Movimientos de protesta como las manifestaciones de Black Lives Matter en 2020 llenaron las calles, pero su urgencia fue absorbida por los circuitos de la cobertura mediática, el enfrentamiento partidista y la monetización corporativa (New York Times 2020). Lo que comienza como protesta a menudo concluye como espectáculo: filmado, reproducido y reencuadrado hasta que el mensaje original se desplaza por la circulación. Mientras tanto, la epidemia de opioides, la indigencia masiva y la quiebra médica revelan cómo millones de vidas se toleran como prescindibles (CDC 2022). Su sufrimiento se reconoce en estadísticas, pero rara vez se atiende en políticas, tratado como un daño colateral dentro de un orden que valora la visibilidad más que el remedio.

Venezuela ofrece un caso más directo. La Ley contra el Odio, aprobada en 2017 por una asamblea constituyente sin legitimidad democrática, se presentó como una medida para proteger la tolerancia y la paz. En la práctica, se ha utilizado para procesar a periodistas, estudiantes y ciudadanos por expresiones que en una sociedad democrática pertenecerían de lleno al ámbito del debate (Amnistía Internacional 2019). Más recientemente, la creación del Consejo Nacional de Ciberseguridad ha ampliado esta lógica, colocando a los administradores de grupos de WhatsApp y Telegram en la posición de vigilantes, multiplicando el miedo y la autocensura entre vecinos y colegas (Transparencia Venezuela 2023). Al mismo tiempo, la privación funciona como instrumento de disciplina: el acceso a alimentos y medicinas se distribuye selectivamente, convirtiendo la escasez en un medio de control (Human Rights Watch 2021). Las concentraciones televisadas y los plebiscitos del Estado representan unidad y lealtad, pero la realidad es una sociedad fracturada por el exilio, con más de siete millones de ciudadanos en el exterior y los que permanecen atados más por necesidad que por consentimiento (ACNUR 2023).

Rusia combina la represión con el teatro patriótico. La Ley de 2002 sobre la Lucha contra la Actividad Extremista y el estatuto de “agentes extranjeros” de 2012 han desmantelado sistemáticamente el periodismo independiente y la sociedad civil (Human Rights Watch 2017), mientras que la ley de 2022 contra la “desacreditación de las fuerzas armadas” criminalizó incluso describir la guerra como guerra (BBC 2022). Se ha detenido a ciudadanos por portar carteles en blanco, mostrando cómo cualquier acto, por simbólico que sea, puede ser castigado si se interpreta como disidencia (Amnistía Internacional 2022). La guerra en Ucrania ha revelado el costo humano de este sistema: reclutas provenientes de regiones pobres y de minorías son enviados al frente, consumiendo sus vidas en nombre de la proyección nacional. En el interior, la televisión estatal ridiculiza la disidencia como traición o manipulación extranjera, mientras desfiles, conmemoraciones y elecciones gestionadas convierten la coerción en deber. La promesa oficial de seguridad y unidad se sostiene no en la convivencia, sino en la negación sistemática de voces plurales, reforzada a la vez por la ley, la propaganda y la representación ritual.

China ilustra el modelo tecnológicamente más integrado. La Ley de Ciberseguridad de 2017 y la Ley de Seguridad de Datos de 2021 obligan a empresas e individuos a someterse al control estatal sobre la información digital, extendiendo la vigilancia a todas las capas de la sociedad (Creemers 2017; Kuo 2021). Las plataformas de redes sociales obligan a los administradores de grupos a supervisar contenidos, trasladando la responsabilidad de la conformidad a los propios ciudadanos (Freedom House 2022). Al mismo tiempo, el espectáculo satura el espacio público: el festival de compras del Día del Soltero en noviembre genera miles de millones en ventas, presentado como prueba de prosperidad y cohesión, mientras los medios estatales exhiben logros tecnológicos como triunfos nacionales (Economist 2021). Comunidades enteras, particularmente en Xinjiang, son designadas como objetivos de reeducación y vigilancia. Se cierran mezquitas, se restringen lenguas y se suprimen tradiciones, todo en nombre de la armonía (Amnistía Internacional 2021). Se invoca la estabilidad, pero la realidad es la negación sistemática de la dignidad: la identidad reducida a una categoría administrativa, la vida cultural desmantelada a voluntad y la existencia misma condicionada a la conformidad con los designios del poder estatal.

En conjunto, estos casos revelan una lógica común. Estados Unidos mercantiliza la disidencia y normaliza el abandono como condición permanente de la vida pública. Venezuela utiliza la privación para imponer disciplina y el cumplimiento resultante se presenta públicamente como lealtad al Estado. Rusia exige sacrificio y transforma la coerción en deber patriótico. China fusiona vigilancia y prosperidad e ingenieriza la conformidad. Comunidades enteras son suprimidas en nombre de la armonía. Los registros difieren —comercial, ritual, militarizado, digital— pero el patrón es compartido: la disidencia es despojada de legitimidad, las vidas son tratadas como prescindibles y los valores universales se invierten para justificar la coerción.

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Referencias

  • ACLU: “Surveillance under the USA PATRIOT Act. American Civil Liberties Union, 2021. Expone cómo tras el 11-S se amplió la vigilancia estatal en nombre de la seguridad, reduciendo derechos de privacidad.
  • Amnesty International: Venezuela: “Ley contra el Odio usada para silenciar la disidencia”. Amnesty International, 2019. (Este reporte analiza el uso de la ley de 2017 para procesar ciudadanos y periodistas bajo la retórica de la tolerancia.)
  • Amnesty International: “China: Uighurs and Other Muslim Minorities Subjected to Crimes against Humanity”. Amnesty International, 2021. (Este reporte documenta la represión masiva en Xinjiang, incluyendo detenciones arbitrarias, vigilancia y restricciones culturales.)
  • Amnesty International: “Russia: Arrests for Blank Signs Show Absurd Repression of Dissent”. Amnesty International, 2022. (Este reporte evidencia cómo cualquier acto simbólico puede ser castigado como disidencia en Rusia.)
  • BBC: “Russia Passes Law Banning Criticism of Ukraine War”. BBC News, 2022. (BBC reporta la aprobación de la ley que penaliza críticas a la guerra en Ucrania.)
  • CDC: “Drug Overdose Deaths in the U.S. Top 100,000 Annually”. Centers for Disease Control and Prevention, 2022. (El CDC proporciona datos sobre la epidemia de opioides en EE.UU., mostrando vidas tratadas como prescindibles.)
  • Creemers, Rogier: “Cybersecurity Law of the People’s Republic of China: Translation with Annotations”. Leiden University, 2017. (Traducción y análisis de la Ley de Ciberseguridad china que institucionaliza el control estatal sobre la información digital.)
  • Economist: “China’s Singles’ Day: The World’s Biggest Shopping Festival”. The Economist, 2021. (Este reporte explica cómo el consumo masivo se convierte en espectáculo estatal que exhibe cohesión y prosperidad.)
  • Freedom House: “Freedom on the Net 2022: China”. Freedom House, 2022. (Este reporte detalla cómo se delega la censura a los propios ciudadanos, en particular a administradores de grupos en línea.)
  • Human Rights Watch: “Russia: Government vs. Rights Groups”. Human Rights Watch, 2017. (HRW analiza las leyes de “agentes extranjeros” que desmantelaron el periodismo independiente y las ONG.)
  • Human Rights Watch: “Venezuela’s Humanitarian Emergency: Large-Scale UN Response Needed to Save Lives”. Human Rights Watch, 2021. (HRW expone cómo la escasez de alimentos y medicinas se usa como herramienta de control político.)
  • Kuo, Lily: “China Passes Sweeping Data Privacy Law”. The Guardian, 2021. (Kuo informa sobre la Ley de Seguridad de Datos que amplía el control estatal sobre la información digital.)
  • New York Times: “How Black Lives Matter Changed the Way Americans Fight for Justice”. The New York Times, 2020. (NYT describe cómo las protestas de 2020 fueron absorbidas como contenido mediático y corporativo, perdiendo impacto político directo.)
  • Transparencia Venezuela: “Consejo Nacional de Ciberseguridad: Un Nuevo Mecanismo de Control Ciudadano”. Transparencia Venezuela, 2023. (TV explica cómo el Estado amplía la vigilancia digital y fomenta la autocensura comunitaria.)
  • UNHCR: “Venezuelan Refugee and Migrant Crisis”. United Nations High Commissioner for Refugees, 2023. (UNHCR Ofrece cifras de la diáspora venezolana, destacando el costo humano de la represión y la privación.)

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« El Nuevo Rostro de la Vieja Tiranía: …

August 1, 2025

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… La persistencia del franquismo y el malestar que lo sostiene »

Ricardo Morin
Mitad republicano, mitad falangista
CGI
2025

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Por Ricardo Morin

1 de agosto de 2025

No se puede comprender el clima político español sin mencionar el ascenso de VOX, un partido de extrema derecha fundado en 2013 por exmiembros del conservador Partido Popular. Desde 2018, VOX ha ganado apoyo oponiéndose a la autonomía regional, a la legislación feminista y a la inmigración, mientras defiende una agenda nacionalista que incluye la revisión —o incluso la negación— del proceso histórico de reconciliación con el franquismo.

Esto no responde únicamente a una evocación del pasado, sino a un síntoma más profundo de desencanto democrático. No se trata de una memoria histórica que resurge espontáneamente, sino de un marco político e identitario que reaparece cuando los consensos que daban coherencia al presente se debilitan. La referencia al franquismo en el discurso de VOX no suele ser doctrinaria ni explícita, pero es reconocible en su rechazo sistemático a la Ley de Memoria Democrática, en su exaltación de la unidad nacional como principio innegociable, en su condena del Estado autonómico y en su apelación a un “orden natural” que legitima la jerarquía, la familia tradicional y la desigualdad como si fueran datos objetivos de la historia.

Pero lo preocupante no es tanto que existan voces que reivindiquen estas posiciones —han existido siempre—, sino que hayan recuperado poder institucional y legitimidad cultural. El descontento con el sistema político, la fatiga ante el parlamentarismo ineficaz, y la sensación de desarraigo identitario alimentan un malestar transversal. Ese malestar puede ser compartido por sectores muy diversos: desde pequeños empresarios que perciben un Estado hostil hasta jóvenes que no encuentran sentido en una política institucional plagada de lenguaje vacío. Las quejas son múltiples, pero la extrema derecha ofrece un único cauce: la simplificación emocional del conflicto, transformando el miedo en obediencia y la incertidumbre en orgullo herido.

En ese marco, VOX se presenta como el único actor político con una narrativa cohesionada. Su fuerza no reside en la gestión, sino en la afirmación. No propone una política pública sólida, sino una identidad política clara, reactiva y excluyente. Y es allí donde muchas veces la crítica progresista se vuelve insuficiente. Mientras la izquierda institucional —representada por el PSOE y los sectores heredados de Unidas Podemos— recurre a marcos retóricos ya desgastados por el uso burocrático del lenguaje inclusivo, sectores del pensamiento progresista académico (como ciertos institutos universitarios que monopolizan la producción editorial subvencionada) han optado por una defensa casi ritual de la democracia, sin revisar los fundamentos ni renovar los términos con los que se comunica su valor. La repetición de consignas —por muy justas que sean— termina convirtiéndose en eco.

Peor aún, en nombre del pluralismo o del miedo a caer en el “sectarismo de izquierdas”, ciertos espacios culturales (medios como El País, editoriales como Taurus o debates promovidos desde centros como el Círculo de Bellas Artes) han dado cabida a voces reaccionarias bajo el pretexto de abrir el debate. Con ello, han normalizado un lenguaje que desmantela poco a poco los consensos éticos que deberían sostener el espacio democrático. Lo que se presenta como tolerancia puede, en realidad, ser una cesión estructural.

La historia española arrastra heridas que nunca se cerraron del todo. Los pactos de la Transición, por necesidad política, apostaron por el silencio compartido como precio de la estabilidad. Ese silencio permitió una paz institucional, pero dejó sin resolver el relato del pasado. Hoy, cuando ese relato comienza tímidamente a reorganizarse a través de la Ley de Memoria, reaparece el miedo: miedo a que el reconocimiento histórico implique deslegitimar el presente. VOX capitaliza ese miedo con habilidad discursiva, no tanto defendiendo una política concreta como ofreciendo refugio simbólico a una España que se siente perdida.

La responsabilidad intelectual, en este contexto, no consiste en reafirmar las certezas heredadas ni en repetir fórmulas morales. Consiste en sostener la complejidad: resistir la tentación de la consigna, reconocer la fatiga de los marcos progresistas sin entregarse al cinismo, y ofrecer nuevas formas de pensamiento que no renuncien ni al rigor ni a la empatía. Porque mientras el discurso reaccionario avanza a golpe de simplificación, el pensamiento crítico tiene el deber de no renunciar al matiz —aunque no sea viral, aunque no garantice adhesiones inmediatas.

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Bibliografía anotada

Preston, Paul: The Spanish Holocaust: Inquisition and Extermination in Twentieth-Century Spain. Barcelona: Debate, 2012. (Esta obra ofrece un análisis riguroso de la violencia sistemática del franquismo, y es clave para comprender el trasfondo histórico del revisionismo autoritario que persiste en sectores de la sociedad española.)

Snyder, Timothy: On Tyranny: Twenty Lessons from the Twentieth Century. Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2017. (Un compendio accesible y urgente que advierte sobre los signos tempranos del autoritarismo, trazando paralelismos útiles para interpretar el presente político en Europa.)

Stanley, Jason: How Fascism Works: The Politics of Us and Them. Barcelona: Blackie Books, 2020. (Este análisis de los mecanismos retóricos del fascismo contemporáneo resulta particularmente útil para entender las estrategias discursivas de movimientos como VOX.)

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« Censura, Calígula y el retorno de la propaganda imperial »

July 31, 2025

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Ricardo Morin
Una bandera en apuros
CGI
2025

Autor: Ricardo Morin

31 de Julio de 2025

La reciente defensa pública de la censura en los medios de comunicación por parte del actual presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commission [FCC])—un funcionario designado durante la administración de Donald Trump—marca un giro inquietante en la estrategia de instrumentalización institucional al servicio de una política de agravios. Amparada bajo el pretexto de combatir la supuesta “ideología insidiosa” asociada a los principios de Diversidad, Equidad e Inclusión (Diversity, Equity, and Inclusion [DEI]), esta postura revela un intento más amplio de depuración ideológica, no para restaurar una supuesta neutralidad, sino para erradicar el pluralismo mismo.

La censura que se presenta como defensa frente al “adoctrinamiento ideológico” constituye, en realidad, una negación explícita de los compromisos democráticos fundamentales, en particular del principio de libertad de expresión. No es la promoción de la equidad lo que amenaza la cohesión democrática, sino el aparato represivo que se consolida para desacreditarla y silenciarla. Esta estrategia no responde a una lógica normativa, sino escénica: se trata de un espectáculo de poder, no de un ejercicio legítimo de gobierno.

En este sentido, la comparación con el reinado de Calígula resulta reveladora. El emperador romano convirtió la política en un teatro personalista, donde el capricho se imponía al derecho y el castigo se escenificaba como afirmación de dominio. Su propósito no era solo gobernar, sino someter: degradar la ley a mero decorado de su voluntad. En la era Trump, la manipulación institucional, la obsesión con la lealtad personal y la teatralización del conflicto reproducen esta misma lógica. Lo que importa no es la verdad ni la legalidad, sino la puesta en escena de una autoridad incontestable.

La transformación de la FCC en un órgano de fiscalización ideológica—lejos de ser una excepción—es parte de un patrón más amplio. La supuesta protección del público frente a contenidos “divisivos” opera como coartada para censurar narrativas que cuestionan la desigualdad estructural, la exclusión racial o los privilegios históricos. Bajo esta retórica, la equidad y la justicia social se convierten en amenazas, y la censura en una forma de salvaguarda cultural.

Si esta deriva continúa, lo que se desmantelará no será únicamente un ecosistema mediático plural, sino la posibilidad misma de un espacio democrático de deliberación. En su lugar, se impondrá un orden comunicativo vigilado, donde solo se autorizarán discursos que reconfirmen la identidad del poder. Lejos de promover la unidad nacional, este régimen de censura construye una uniformidad forzada, disfrazada de patriotismo.

Esto no es un retorno al orden institucional, sino a la arbitrariedad imperial. La pregunta que se impone, hoy más que nunca, es si las instituciones estadounidenses seguirán sirviendo a la rendición de cuentas democrática o si acabarán convertidas, como el Senado romano bajo Calígula, en un simple telón de fondo para un poder que ya no se molesta en disimular su desprecio por la disidencia.

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