Un estudio diagnóstico de cómo la vida pública continúa funcionando cuando el juicio es limitado y las condiciones permanecen inestables

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Nota:

Nada de lo que diga pertenece a la obra.

La obra no necesita palabras.

Ya habla en su propio medio, para el cual el lenguaje no tiene equivalente.

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Ricardo F. Morín

18 de diciembre de 2025

Oakland Park, Fl

Prefacio

Este trabajo no fue escrito para sostener una posición ni para cerrar un debate.   Surgió de una atención sostenida a condiciones que no podían ser ignoradas sin distorsión.   Escribir, en este sentido, no es una expresión de propósito, sino una consecuencia de la conciencia.

Las páginas que siguen no reclaman autoridad por pericia ni por urgencia.   Parten del reconocimiento de que el juicio debe actuar con frecuencia bajo condiciones incompletas, y de que la claridad, cuando aparece, lo hace de manera gradual y sin garantía.   Lo que aquí se ofrece no es una conclusión, sino una continuidad:   un esfuerzo por mantenerse fiel a lo que puede observarse cuando la atención se sostiene.

Este estudio no procede de la especialización constitucional, de la autoridad institucional ni de la proximidad profesional al ejercicio del gobierno.   Procede de la observación.   Sus afirmaciones surgen de una atención sostenida a la manera en que la vida pública continúa funcionando bajo condiciones en las que el juicio está limitado, la información permanece incompleta y, aun así, las decisiones deben tomarse.

En ámbitos donde el conocimiento acreditado suele determinar la legitimidad, escribir desde fuera de la autoridad formal puede dar lugar al rechazo antes incluso de la lectura.  Ese riesgo es real.   Sin embargo, las condiciones examinadas aquí no pertenecen exclusivamente a dominios técnicos.  Se presentan cotidianamente a ciudadanos, funcionarios, instituciones y sistemas por igual.   El juicio bajo incertidumbre no es una actividad especializada; es una condición compartida.

La ausencia de credenciales formales no exime a este trabajo del rigor.  Exige otro tipo de disciplina:   contención en la afirmación, precisión en la descripción y fidelidad a lo que puede observarse sin presuponer dominio.  El análisis no pretende resolver cuestiones constitucionales ni proponer soluciones institucionales.   Examina cómo la gobernanza persiste cuando la claridad es parcial, cuando la autoridad opera a través de múltiples dominios y cuando la continuidad depende menos de la certeza que del ajuste.

Si este trabajo posee algún valor, no será porque hable desde la autoridad, sino porque atiende con cuidado a la forma en que la autoridad funciona cuando ninguna posición —experta o no— puede reclamar pleno control sobre las condiciones que enfrenta.

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Nota del autor

Este trabajo aclara una confusión presente en numerosas culturas políticas: la tendencia a tratar república y democracia como ideales intercambiables, en lugar de entenderlos como componentes distintos de la gobernanza.   Los capítulos observan cómo los arreglos políticos continúan operando cuando las categorías heredadas dejan de esclarecer lo que está ocurriendo.

El método es observacional.   La vida política se describe tal como se experimenta:   decisiones tomadas sin conocimiento pleno, términos utilizados por hábito e instituciones que se ajustan internamente mientras conservan su forma exterior.   El análisis parte de los límites del juicio como condición cotidiana:   las personas deben actuar antes de comprender plenamente las circunstancias en las que actúan.

Lo que sigue no propone un modelo ni defiende una tradición.   Traza cómo el lenguaje, las instituciones y las expectativas se separan a lo largo de distintos dominios de acción, y cómo la vida pública continúa operando bajo condiciones que no permiten una claridad plena.

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Capítulo I

Los límites del juicio en la vida pública

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1

La vida pública depende de formas de juicio desiguales, moldeadas con frecuencia por las presiones que enfrentan las personas.   Los individuos llegan a las cuestiones políticas con experiencias distintas, niveles diversos de conocimiento y condiciones variables desde las cuales ponderan lo que se les presenta.   Estas diferencias no impiden la toma de decisiones colectivas, pero condicionan la claridad con la que se perciben los términos y los arreglos políticos.   Todo lo que sigue —la organización de la autoridad, la estructura de la participación y el modo en que ambas se describen— se desarrolla dentro de una claridad limitada y variable.

2

Los términos políticos permanecen estables incluso cuando se comprenden en grados distintos.   Palabras como república y democracia poseen significados diferenciados —una refiere a un arreglo de autoridad, la otra a un método de participación— y, sin embargo, se utilizan con frecuencia de manera indistinta.   Los términos conservan familiaridad aun cuando la claridad necesaria para mantenerlos separados varía según la circunstancia.   Como resultado, el debate público puede apoyarse en un lenguaje establecido sin corresponder siempre a los arreglos efectivamente vigentes.

3

Una república designa un arreglo en el cual la autoridad reside en cargos públicos y se ejerce mediante instituciones, no a través del gobierno personal.   Una democracia designa el método mediante el cual las personas participan en las decisiones públicas, ya sea de forma directa o representativa.   La república describe cómo se contiene la autoridad; la democracia, cómo se organiza la participación.   Dado que estos términos remiten a dimensiones distintas de la vida política —una estructural, la otra procedimental— un mismo sistema puede combinar ambas.   Estados Unidos ilustra esta combinación:   la autoridad es institucional y pública, mientras que la participación se organiza mediante elecciones y decisiones colectivas.

4

El discurso público suele recurrir a términos familiares para describir arreglos políticos sin examinar cómo se organizan efectivamente la autoridad y la participación.   Las referencias amplias sustituyen el funcionamiento institucional concreto, permitiendo que el lenguaje permanezca continuo incluso cuando las circunstancias se modifican.   Los términos persisten no porque describan con precisión los arreglos actuales, sino porque ofrecen un vocabulario estable a través del cual la vida pública puede seguir siendo discutida mientras se adapta.

5

Patrones de este tipo aparecen en muchas sociedades. Cuando las circunstancias son inestables, la autoridad tiende a concentrarse; cuando las condiciones son más estables, la participación suele ampliarse.   La dirección no es uniforme entre países ni períodos, pero el patrón es reconocible: la autoridad se concentra o se dispersa en respuesta a las condiciones, no al lenguaje utilizado para describir la vida política.   Lo que varía es la claridad con la que una sociedad distingue entre la estructura que contiene la autoridad y el método mediante el cual ocurre la participación.

6

Este desplazamiento entre autoridad concentrada y autoridad dispersa se manifiesta de manera distinta según el contexto nacional.   En Venezuela, las referencias a la república han acompañado con frecuencia períodos de fortalecimiento de la conducción ejecutiva, aun cuando no se consoliden procedimientos duraderos de participación.   En Estados Unidos, el énfasis suele invertirse.   La participación se afirma de manera más visible en el umbral electoral, mientras que la autoridad se ejerce posteriormente a través de procesos institucionales que restringen la intervención pública en lugar de ampliarla.

Tras las elecciones presidenciales, decisiones de alto impacto se desarrollan mediante canales estructurados que limitan la participación por diseño:   la selección de nominados, el control de los tiempos de confirmación, la gestión de vacantes estratégicas y la secuenciación de los procedimientos dentro del Comité Judicial del Senado.   Las votaciones de confirmación y la concesión de cargos de duración indefinida trasladan aún más la autoridad desde el electorado hacia ámbitos institucionales protegidos.   De este modo, la participación alcanza su punto máximo en el momento de la selección y se retrae a medida que la autoridad avanza.

Los términos difieren, pero el patrón converge: en ambos casos, la participación pública se reduce a medida que la autoridad decisoria se consolida.

7

La vida pública resulta más inteligible cuando la distinción entre estructura y participación permanece visible.   La república identifica cómo se dispone la autoridad mediante cargos e instituciones; la democracia identifica cómo se organiza la participación mediante procedimientos colectivos.   Cuando estos términos se emplean sin esa distinción, la atención se desplaza del funcionamiento institucional hacia la denominación.   El debate gira en torno al lenguaje más que a los procesos, y el movimiento de la autoridad se vuelve más difícil de seguir.

8

Ninguna combinación única de estructura y participación satisface todas las exigencias que se imponen a la vida pública.   La autoridad concentrada permite rapidez, pero restringe la inclusión; la participación amplia incrementa la inclusión, pero ralentiza la coordinación.   La mayoría de los gobiernos combinan estos elementos en proporciones variables, y esas proporciones cambian conforme cambian las condiciones.   La relación entre autoridad y participación se vuelve más clara en ciertos períodos y más opaca en otros.

9

Cuando esta relación no es clara, las personas se orientan por lo que resulta más visible.   Para algunos, la referencia es la acción ejecutiva; para otros, los cuerpos representativos; muchos responden principalmente a resultados inmediatos.   Estos puntos de referencia configuran la experiencia del sistema incluso cuando su estructura formal permanece intacta.

10

La vida pública continúa no porque sus condiciones estén resueltas, sino porque las decisiones no pueden esperar a una certeza plena.   La autoridad actúa mientras las circunstancias permanecen incompletas, y la participación ocurre sin una anticipación total de sus efectos.   El sistema perdura por esta necesidad:   las decisiones se toman bajo visibilidad parcial, los términos sobreviven más allá de su precisión y las instituciones se ajustan internamente sin perder su forma exterior.   Lo que mantiene unida a la vida pública no es la claridad, sino la necesidad de proceder en su ausencia.

10

La vida pública continúa no porque sus condiciones estén resueltas, sino porque las decisiones no pueden esperar a una certeza plena.   La autoridad actúa aun cuando las circunstancias son incompletas, y la participación ocurre aun cuando sus efectos no pueden anticiparse del todo.   El sistema perdura por esta necesidad:   se decide en entornos parcialmente visibles, con términos que no siempre corresponden a las condiciones vigentes y mediante instituciones que se ajustan sin perder su forma.   Lo que mantiene unido al sistema no es la claridad, sino la necesidad de proceder en su ausencia.

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Capítulo II

La acción ejecutiva bajo incertidumbre

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1

La acción ejecutiva es el dominio en el que las decisiones son menos postergables.   A diferencia de los cuerpos deliberativos, el ejecutivo está estructurado para actuar antes de que las condiciones se estabilicen.   La presión del tiempo, la información incompleta y las señales contradictorias definen su entorno operativo. Esto no vuelve excepcional al juicio ejecutivo; hace más visibles sus límites.

2

Dado que las decisiones ejecutivas son observables públicamente, con frecuencia se convierten en el principal punto de referencia desde el cual se interpreta la vida política.   Órdenes, declaraciones, nombramientos y acciones de cumplimiento resultan más visibles que los procesos que las preceden o las siguen.   La visibilidad produce una impresión de control incluso cuando los resultados permanecen inciertos.

3

La autoridad del ejecutivo suele describirse como personal, aunque se ejerce mediante mecanismos institucionales.   Las decisiones atribuidas a una figura se ejecutan a través de agencias, procedimientos y discrecionalidades delegadas.   Esta ejecución estratificada permite que la acción avance mientras la responsabilidad se distribuye entre estructuras que permanecen en gran medida fuera de la vista.

4

Los períodos de incertidumbre tienden a comprimir la autoridad hacia el ejecutivo.   Cuando la coordinación se ralentiza en otros ámbitos, la acción ejecutiva ocupa el espacio disponible.   Esta concentración no requiere un cambio en la estructura constitucional; ocurre dentro de las formas existentes, a medida que las responsabilidades se estrechan y los plazos se acortan.

5

El juicio público suele centrarse en la apariencia de decisión más que en las condiciones que la rodean.   La rapidez se confunde con claridad; la repetición, con determinación.   La cuestión de si una decisión podría haber sido distinta queda desplazada por si fue tomada de manera visible y sin titubeos.

6

Este enfoque altera la percepción de la rendición de cuentas.   Dado que la acción ejecutiva es inmediata, absorbe elogios y reproches incluso cuando los resultados dependen de factores que exceden su control.   El dominio ejecutivo se sobrecarga simbólicamente y comienza a funcionar como sustituto del sistema en su conjunto.

7

Con el tiempo, esta dinámica reconfigura las expectativas.   Se espera que los ejecutivos resuelvan condiciones que ningún cargo individual puede gestionar por sí solo.   Cuando los resultados no satisfacen esas expectativas, la insatisfacción se personaliza en lugar de volverse estructural.   El juicio se estrecha hacia las figuras, no hacia los procesos.

8

La persistencia de la acción ejecutiva bajo incertidumbre no indica un fracaso en otros ámbitos.   Refleja la necesidad de actuar en entornos donde la demora tiene costos propios.   El ejecutivo no elimina la incertidumbre; opera dentro de ella.

9

Tal como se establece en el Capítulo I —Los límites del juicio en la vida pública—, la distinción entre estructura y método se mantiene intacta. La autoridad ejecutiva es un componente estructural de la república. Su prominencia bajo incertidumbre no convierte al sistema en gobierno personal ni disuelve otras formas de participación. Modifica su visibilidad relativa.

10

La acción ejecutiva continúa porque las decisiones no pueden esperar a que las condiciones se estabilicen.   Lo que el público observa no es dominio, sino movimiento.   El ámbito parece decisivo no porque resuelva la incertidumbre, sino porque debe actuar mientras la información relevante permanece en flujo.

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Capítulo III

Desplazamiento administrativo y sustitución procedimental

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1

La acción administrativa opera a distancia de la atención pública, no porque se oculte, sino porque se despliega mediante estructuras diseñadas para la continuidad más que para la visibilidad.   Las normas se aplican, los procedimientos se ajustan y las prioridades se reordenan dentro de organismos cuyo trabajo sostiene la gobernanza sin ocupar el primer plano de la vida política.   Estas acciones rara vez se presentan como decisiones discretas, pero moldean los resultados con la misma eficacia que los actos legislativos o las órdenes ejecutivas.

2

Aunque el poder ejecutivo soporta el peso más visible de la acción, no actúa en soledad.   La autoridad circula a través de una estructura interna densa —departamentos, oficinas y jerarquías administrativas— que traduce la orientación ejecutiva en práctica efectiva.   Dentro de esta estructura coexisten distintas orientaciones temporales:   algunas responden a la inmediatez del mandato político; otras operan dentro de marcos constitucionales y legales concebidos para asegurar duración, estabilidad y memoria institucional.

3

Lo que en el espacio público aparece como un acto ejecutivo unitario es, en la práctica, el borde visible de un proceso distribuido.   Las autoridades administrativas no sustituyen la función legislativa ni interpretan la ley en sentido judicial.   Aplican estatutos, reglamentos y precedentes existentes a circunstancias concretas, ejerciendo discrecionalidad únicamente dentro de límites ya definidos.   La gobernanza continúa a través de esta aplicación no porque la interpretación se expanda, sino porque la ejecución debe proseguir incluso cuando la acción legislativa directa está ausente o se retrasa.

4

La sustitución procedimental ocurre cuando la toma de decisiones formales no puede avanzar al mismo ritmo que los acontecimientos.   Cuando la legislación se estanca o la autoridad ejecutiva alcanza sus límites constitucionales, los procesos administrativos absorben responsabilidad ajustando la aplicación de las normas vigentes.   Se afinan directrices, se reordenan prioridades de cumplimiento y se recalibran recorridos procedimentales para que la acción continúe sin alterar el marco legal.

5

El efecto de este ajuste es acumulativo, no declarativo.   Los procedimientos adquieren fuerza mediante su uso sostenido a lo largo del tiempo, entre casos y oficinas.   Lo decisivo no es el anuncio de una decisión, sino la consolidación de una práctica que se vuelve operativa por repetición.   La autoridad se ejerce por continuidad de aplicación, no por proclamación ni exhibición.

6

Dado que la responsabilidad se distribuye entre organismos y rutinas, el juicio público suele tener dificultades para identificar dónde ocurre el cambio.   Los resultados aparecen sin un momento único de decisión al que puedan atribuirse.   Esta dispersión no elimina la responsabilidad, pero la vuelve más compleja.   Los efectos se experimentan antes de que se comprendan sus orígenes procedimentales, si es que llegan a comprenderse.

7

Con el tiempo, este modo de gobernanza reconfigura las expectativas públicas.   Las personas pueden percibir que las condiciones han cambiado sin tener claridad sobre quién actuó o de qué manera.   La insatisfacción se adhiere al sistema en su conjunto más que a actores identificables, no porque la autoridad esté ausente, sino porque opera a través de canales que no coinciden con los relatos públicos de decisión y responsabilidad.

8

El desplazamiento administrativo no señala una ruptura institucional.   Refleja la necesidad de sostener la gobernanza bajo restricción.   Cuando las decisiones formales no pueden adoptarse con la rapidez requerida, los procedimientos se adaptan para que la autoridad continúe funcionando sin exceder sus límites legales.   El sistema no se suspende; ajusta sus trayectorias.

9

Este dominio ilustra la separación entre forma y operación establecida en el capítulo inicial.   La estructura constitucional de la autoridad permanece intacta, mientras que su ejecución desplaza énfasis y secuencia.   Lo que cambia no es quién detenta el poder, sino cómo ese poder se despliega bajo condiciones que no permiten una resolución explícita.

10

La gobernanza persiste a través de estas sustituciones porque la acción no puede detenerse.   La autoridad avanza no abandonando sus límites, sino trabajando dentro de ellos.   La continuidad de la vida pública depende menos de decisiones visibles que de la capacidad institucional de aplicar marcos existentes a circunstancias cambiantes, de manera imperfecta y sin pretensión de cierre definitivo.

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Capítulo IV

Ritual electoral y persistencia de la forma

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1

Las elecciones son el rasgo más reconocible de la participación democrática.   Proporcionan una estructura recurrente mediante la cual la implicación pública se organiza y se exhibe.   Su regularidad genera una sensación de continuidad incluso cuando las condiciones circundantes cambian.

2

Como ritual, las elecciones afirman la participación mediante la repetición. Los procedimientos permanecen familiares —campañas, votación, certificación, transición— y establecen una secuencia compartida que señala orden y legitimidad.   Estas formas exteriores sostienen la confianza en el proceso, incluso cuando los resultados permanecen inciertos.

3

Las elecciones perduran no porque resuelvan el conflicto, sino porque organizan la confianza en el punto de selección.   No zanjan el desacuerdo; hacen posible la coordinación continuada al establecer un momento reconocido de autorización.

4

Una vez organizada la confianza en el punto de selección, la atención pública se desplaza de los mecanismos de participación hacia la visibilidad de los resultados.   Ganar y perder sustituyen el examen de cómo la participación se traduce en política, administración o ejecución.   El ritual satisface la expectativa de involucramiento, mientras la atención se aparta de los trayectos mediante los cuales la autoridad opera después de la selección.

5

Este énfasis en el resultado refuerza la estabilidad simbólica.   Mientras las elecciones se celebren según lo previsto y los resultados sean reconocidos, el sistema parece intacto.   Las preguntas sobre cómo se toman las decisiones posteriormente —cómo se transporta, distribuye y limita la autoridad— reciben una atención menos sostenida.

6

Las discrepancias entre la elección electoral y la experiencia vivida suelen atribuirse a individuos más que a trayectorias institucionales.   La insatisfacción se personaliza, mientras la distancia estructural entre participación y gobernanza permanece en gran medida sin examinar.

7

Los rituales electorales persisten porque cumplen una función estabilizadora.   Marcan transiciones, renuevan la legitimidad y proporcionan un punto de referencia compartido para la vida pública.   Su perdurabilidad no depende de su capacidad para resolver presiones subyacentes, sino de su aptitud para preservar la coordinación en presencia del desacuerdo.

8

A medida que cambian las condiciones, la participación puede volverse más expresiva que efectiva.   El voto señala presencia y alineamiento, incluso cuando no modifica de manera sustantiva las trayectorias administrativas o ejecutivas.   La expresión permanece visible; la influencia se vuelve más incierta.

9

La democracia, entendida como método, permanece visible y activa.   Lo que fluctúa es el grado en que la participación alcanza los dominios donde las decisiones se ajustan de forma continua, y donde la autoridad sigue operando después del momento del voto.

10

La vida pública continúa mediante este arreglo porque la acción no puede detenerse en el punto de selección.   Las decisiones prosiguen mientras las condiciones evolucionan, la información se acumula de forma desigual y la responsabilidad se desplaza entre dominios.   Lo que perdura no es la resolución, sino la continuidad: la gobernanza avanza mediante ajuste, no mediante clausura, sostenida por instituciones que actúan sin reclamar finalidad.

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