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« Desenmascarar la desilusión: Serie I »

January 7, 2026

*

« Geometric Allegory », pintura digital 2023 de Ricardo Morin (artista visual estadounidense nacido en Venezuela en 1954)
A mis padres

Prefacio

1

“Desenmascarar la decepción” sigue una línea de indagación presente a lo largo de mi trabajo:   el examen de la identidad, la memoria y las relaciones que emergen cuando la vida se despliega a través de fronteras culturales.   Aunque he vivido fuera de Venezuela por más de cinco décadas y me naturalicé ciudadano de los Estados Unidos hace veinticuatro años, mi vínculo con el país de nacimiento permanece como un punto de referencia persistente.   La distancia entre estas condiciones —pertenencia y separación— constituye el trasfondo sobre el cual este relato toma forma.

Este trabajo forma parte de un proyecto autobiográfico más amplio que reúne experiencias, observaciones y preguntas acumuladas a lo largo del tiempo.   Aunque su origen es personal, no procede como confesión ni como memoria.   Su método es secuencial más que expresivo:   la exposición individual se sitúa dentro de fuerzas históricas y estructuras políticas que han configurado la vida venezolana a lo largo de generaciones.   La intención no es reconciliar estas tensiones, sino hacerlas visibles mediante recurrencia, registro y consecuencia.

“Serie I” introduce los primeros núcleos temáticos de esta indagación.   Los episodios aquí reunidos no desarrollan una tesis única ni buscan conclusiones definitivas.   Señalan puntos de fricción donde la experiencia privada se cruza con el poder público, y donde los relatos políticos ejercen presión sobre la vida ordinaria.   A través de estos encuentros surgen patrones —no como abstracciones, sino como condiciones que modifican la forma en que se ejerce la autoridad, se desplaza la responsabilidad y se restringe la agencia.

Los capítulos que siguen examinan las presiones generadas por la desigualdad sistémica y rastrean las condiciones contemporáneas de Venezuela hasta su formación histórica.   El gobierno autocrático y el consentimiento popular no aparecen como fuerzas opuestas, sino como elementos que se entrelazan y debilitan mutuamente.   En este entramado, la verdad no desaparece; se vuelve menos accesible de manera uniforme y más fácilmente desplazable por el relato.

Cuando el discurso público se ve modelado por la propaganda y la desinformación, las estructuras autoritarias adquieren mayor resistencia.   Recuperar la verdad bajo tales condiciones no resuelve el conflicto político, pero delimita el campo dentro del cual este opera.   La agencia cívica no emerge como ideal, sino como condición que se sostiene —o se pierde— a través de la práctica y la consecuencia.

Este trabajo no propone explicaciones deterministas ni remedios simples.   Avanza por acumulación, señalando patrones que persisten a pesar de los cambios de contexto.   Lo que solicita al lector no es adhesión, sino atención: a la evidencia, a la secuencia y a las condiciones bajo las cuales la libertad política puede ejercerse de manera significativa.

Escribiendo desde Bala Cynwyd, Pensilvania, y Fort Lauderdale, Florida, permanezco consciente de la distancia entre los entornos desde los cuales se compone este trabajo y las condiciones que examina.   Esa distancia no confiere autoridad; impone responsabilidad.

Ricardo Federico Morín
Bala Cynwyd, Pensilvania, 21 de enero de 2025

Billy Bussell Thompson, Editor

Tabla de contenidos

  • Capítulo I – Un lenguaje escrito.
  • Capítulo II – Nuestra imprudencia.
  • Capítulo III – Punto de vista.
  • Capítulo IV – Un diálogo.
  • Capítulo V – Resumen.
  • Capítulo VI – Crónicas de Hugo Chávez (§§ I–XVII).
  • Capítulo VII – El modo alegórico.
  • Capítulo VIII – El gobierno ideal y el poder de la virtud.
  • Capítulo IX – La primera señal:  Sobre el resentimiento político y social.
  • Capítulo X – La segunda señal:  El pilar sólido del poder; Las fuerzas armadas.
  • Capítulo XI – La tercera señal:  La asimetría de los partidos políticos.
  • Capítulo XII – La cuarta señal:   Autocracia (§§ 1–9); Venezuela (§§ 10–23); La asimetría de las sanciones (§§ 24–32).
  • Capítulo XIII – La quinta señal:  La república empeñada.
  • Capítulo XIV – La primera cuestión:  Partidismo, No-partidismo y Antipartidismo.
  • Capítulo XV – La segunda cuestión:  Sobre las verdades parciales y la anarquía represiva.
  • Capítulo XVI – La tercera cuestión:   El clarín de la democracia.
  • Capítulo XVII – La cuarta cuestión:  Sobre los derechos humanos.
  • Capítulo XVIII – La quinta cuestión:  Sobre la naturaleza de la violencia.
  • Capítulo XIX – La cuestión última:   Sobre la liberación de la injusticia.
  • Agradecimientos.
  • Epílogo.
  • Posdata.
  • Apéndice:   Nota del autor, Nota preliminar.   A) Constituciones venezolanas [1811–1999], Poderes y departamentos de gobierno.  B) Evolución de los partidos políticos:  1840–2024.   C) Algunas leyes promulgadas por la Asamblea Nacional.   D) Nota aclaratoria sobre la coerción interna, la presencia extranjera y la intervención:
  • Bibliografía.

Capítulo I

Un lenguaje escrito

La estabilidad suele buscarse allí donde no puede asegurarse.   La experiencia lo demuestra de forma reiterada.   Incluso las intenciones cuidadosas tienden a conducir a terrenos inciertos, donde la comprensión llega después de la consecuencia.   Frente al escritorio, cuando la luz de la tarde alcanza la página, la escritura adquiere una función práctica:   se convierte en un medio para ordenar aquello que, de otro modo, permanecería inestable.   El acto no resuelve la vulnerabilidad, pero la registra.   Si el tiempo modifica tales condiciones sigue siendo incierto; lo que sí puede hacerse es darles forma.

Lo que sigue se desplaza de las condiciones de la escritura a las condiciones que esta debe enfrentar.

Capítulo II

Nuestra imprudencia

Our painful struggle to deal with the politics of climate change is surely also a product of the strange standoff between science and political thinking.

« Nuestra dolorosa dificultad para abordar la política del cambio climático es, sin duda,
también producto del extraño enfrentamiento entre la ciencia y el pensamiento político ».
— Hannah Arendt, La condición humana [1958] (traducción del autor)

1

La pandemia de COVID y los incendios que se extendieron por Canadá en 2023, entre otros acontecimientos recientes, hicieron visibles condiciones que ya se encontraban en funcionamiento.   Estos hechos no introdujeron vulnerabilidades nuevas, sino que revelaron hasta qué punto los sistemas existentes dependen de incentivos económicos y hábitos políticos que privilegian la extracción por encima de la preservación.   Durante el período en que el humo de los incendios alcanzó el noreste de los Estados Unidos, la luz diurna en algunas zonas de Pensilvania se vio alterada de manera perceptible y registró el alcance de acontecimientos que se desarrollaban a considerable distancia.   Tales episodios no se sitúan al margen de los arreglos económicos vigentes; coinciden con un modelo que trata las condiciones naturales como mercancías y absorbe su degradación como un costo externo.

2
Los incendios en California en 2025, al igual que los ocurridos en Canadá en 2023, no se presentan como episodios aislados.   Forman parte de una secuencia configurada por el descuido ambiental, la inercia política y la expansión industrial sostenida.   Condiciones como la desertificación, la escasez de recursos y el desplazamiento de poblaciones ya no aparecen únicamente como proyecciones futuras; se registran cada vez más como circunstancias presentes.   Las evaluaciones científicas indican que estos patrones tienden a intensificarse en ausencia de cambios estructurales.   Lo que se hace visible, con el paso del tiempo, no es un fallo singular, sino un sistema que continúa operando conforme a prioridades que favorecen el rendimiento inmediato por encima de la continuidad a largo plazo. [1][2][3]

3
La cuestión del equilibrio no se plantea únicamente como un problema técnico.   Surge dentro de un campo moral y político configurado por supuestos económicos dominantes.   El tratamiento de la naturaleza —y, más recientemente, de la inteligencia artificial— como mercancía refleja una trayectoria en la que asuntos vinculados a la supervivencia compartida se traducen de manera creciente en términos de mercado.   En tales condiciones, consideraciones que anteriormente pertenecían al ámbito de la responsabilidad colectiva pasan a ser reformuladas como variables dentro de sistemas de cálculo.

4
Estos patrones ejercen una presión creciente sobre las condiciones necesarias para la supervivencia colectiva.   Las respuestas frente a tales circunstancias varían, y oscilan entre la indiferencia y la urgencia, aunque la urgencia no produce necesariamente claridad.   Lo que se vuelve reconocible, a través de instancias reiteradas, es una tendencia a que la crisis reaparezca sin que se produzcan ajustes sostenidos.   Esta recurrencia guarda paralelismo con las historias políticas examinadas en los capítulos que siguen, donde advertencia y consecuencia con frecuencia no llegan a coincidir.

Notas finales del capítulo II

Capítulo III

Punto de vista

1

Las conversaciones con mi editor, Billy Bussell Thompson (BBT), han acompañado el desarrollo de este trabajo a lo largo del tiempo.   Su atención al método de investigación y a la estructura del argumento contribuyó a precisar su alcance y orientación.   Estos intercambios, realizados con frecuencia a distancia y sin formalidades, formaron parte del proceso mediante el cual fue tomando forma el presente relato.   Tras un período prolongado de incertidumbre acerca de cómo abordar la figura de Hugo Chávez, los contornos de « Desenmascar la desilusión » comenzaron a definirse de manera gradual.

2
Hugo Chávez se consolidó como un dirigente político cuya autoridad se ejerció en oposición al liberalismo político.   Mientras su discurso público subrayaba la identificación con los sectores pobres, los beneficios materiales del poder se concentraron en un círculo reducido.   A lo largo de su mandato, las instituciones democráticas en Venezuela experimentaron un debilitamiento progresivo, y la práctica de gobierno adoptó formas cada vez más autoritarias.   Estos procesos resultan más legibles cuando se sitúan dentro del registro histórico y se examinan a partir de la práctica documentada, más que desde la afirmación retórica.

3
Los acontecimientos que siguieron al fin del gobierno de Chávez se caracterizan por el desorden y por consecuencias aún no resueltas.   Su persistencia remite a cuestiones de responsabilidad histórica y colectiva que permanecen abiertas.   Examinar el registro del liderazgo autocrático —tanto sus ambiciones como sus fracasos— ofrece un modo de aproximarse al problema de la justicia en Venezuela sin presuponer resolución.   A través de este examen, tensiones duraderas se hacen visibles como condiciones que requieren comprensión, no como conclusiones ya establecidas.

Notas finales del capítulo III

Capítulo IV

Un diálogo

Una serie de conversaciones entre BBT y el autor acompañó el examen de la política y la historia venezolanas desarrollado en esta sección.   Estos intercambios configuraron un espacio transicional en el que la indagación reflexiva dio paso al registro histórico, permitiendo que cuestiones de interpretación, responsabilidad y documentación fueran abordadas mediante el diálogo, más que a través de la exposición directa.

1
—RFM:
« Mi escritura se ha ocupado de la evolución del panorama político venezolano, con atención particular a la aparición de formas de gobierno autoritarias.   El interés se ha centrado menos en la doctrina abstracta que en la manera en que determinadas políticas se tradujeron en condiciones cotidianas para la población. »

2
—BBT:
« Examinar cómo el liderazgo autoritario configura las condiciones políticas resulta necesario, aunque el propio término suele ser objeto de disputa y aplicación desigual.   En el caso de Chávez, el uso de la propaganda no fue excepcional en su forma, pero sí constante como instrumento de gobierno.   ¿De qué modo circularon los relatos oficiales durante su mandato y qué efectos produjeron, con el tiempo, sobre la percepción pública? »

3
—RFM:
« La propaganda no es exclusiva de Chávez; opera como un instrumento recurrente en distintos sistemas políticos.   En Venezuela, los medios oficiales atribuyeron de manera sistemática las dificultades económicas a interferencias externas, más que a decisiones de política interna.   Al mismo tiempo, las condiciones materiales se deterioraron, con la aparición de escasez derivada de una gestión económica deficiente, posteriormente agravada por restricciones externas.   Los grupos de oposición difundieron también contra-relatos, que a su vez generaron respuestas por parte del Estado.   Estos intercambios se desarrollaron en un contexto histórico marcado por conflictos civiles y alineamientos propios de la Guerra Fría, dando lugar a un entorno informativo fragmentado.   En ese marco, la responsabilidad por el deterioro económico fue desplazada con frecuencia, mientras la percepción pública se gestionó mediante la repetición más que mediante la resolución.   Las reformas sociales y económicas invocadas como justificación no produjeron, con el tiempo, las reducciones de pobreza y desigualdad que se habían prometido. »

4
—BBT:
« Para representar con cierto grado de precisión las condiciones políticas de Venezuela, es necesario atender a la manera en que la población común se encontró con estas dinámicas en la vida diaria.   ¿Cómo se desenvolvieron tales condiciones en la práctica, especialmente allí donde el discurso político intersectó con la necesidad económica inmediata? »

5
—RFM:
« El colapso económico posterior al declive del modelo petrolero intensificó la pobreza y ejerció una presión sostenida sobre los servicios públicos.   Examinado en secuencia, este período muestra cómo los legados coloniales y las prácticas autoritarias convergieron en la configuración del chavismo.   Episodios como los disturbios de 1989, conocidos como El Caracazo, registraron una desafección generalizada hacia los partidos establecidos y las instituciones democráticas.   En tales condiciones, la exigencia de asegurar necesidades básicas prevaleció con frecuencia sobre la participación en principios políticos de carácter abstracto. »

6
—BBT:
« La claridad narrativa depende en parte de reconocer los supuestos que orientan la interpretación. Cuando dichos supuestos se hacen explícitos y se someten a examen, el relato se vuelve menos directivo y más accesible, permitiendo que el lector siga el registro sin ser conducido hacia una posición predeterminada. »

7
—RFM:
« Ningún relato prescinde de la interpretación, incluido este.   La escritura ofrece un medio para aproximarse a la historia de Venezuela —su formación colonial, los episodios de gobierno autoritario y los períodos de disrupción política— sin clausurar lecturas alternativas.   Un relato coherente no necesita ser exhaustivo; permanece abierto en la medida en que atiende a las implicaciones y a las consecuencias, más que a la resolución. »

8
—BBT:
« El propio intercambio subraya la importancia de una narración cuidadosa al abordar el registro político y social de Venezuela.   Considerar múltiples puntos de vista no resuelve la complejidad, pero permite que emerja un relato más coherente sin reducir esa historia a un único marco explicativo. »

El intercambio marcó una transición de la indagación reflexiva al registro histórico.

Capítulo V

Resumen

1

“Desenmascar la desilusión” examina la secuencia mediante la cual el proyecto político articulado bajo Hugo Chávez asumió forma autocrática.   En lugar de atribuir este resultado a una causa única, la indagación procede rastreando cómo las decisiones de liderazgo se desplegaron dentro de una convergencia de condiciones históricas, disposiciones institucionales, presiones económicas y alineamientos geopolíticos.   El relato no parte de una conclusión, sino del registro.

2
La atención se mantiene en la forma en que se ejerció la autoridad y en cómo sus efectos se manifestaron dentro de la sociedad venezolana.   Las circunstancias históricas, el diseño institucional y las influencias externas se examinan no para simplificar el registro, sino para hacer visibles las interdependencias a través de las cuales el poder se consolidó con el tiempo.   Lo que emerge no es una tesis explicativa, sino una configuración cuya coherencia solo puede evaluarse mediante una atención sostenida a la secuencia y a la consecuencia.

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« La gramática del castigo »

December 17, 2025

*

Ricardo Morin
La gramática del castigo
25 x 30 cm
Acuarela
2003

Ricardo F. Morín

Noviembre, 2025

Oakland Park, Florida

Nota del autor

Las sociedades responden al daño mediante dos modos de acción fundamentalmente distintos.  Uno se despliega a través de patrones lentos y acumulativos de conducta y creencia que configuran la vida colectiva; el otro, mediante intervenciones deliberadas y codificadas llevadas a cabo por instituciones en nombre del orden.   « La gramática del conflicto » y « La gramática del castigo » son ensayos complementarios, cada uno dedicado a uno de estos modos de acción.   La gramática del conflicto describe cómo el odio, la victimización, la hipocresía, el tribalismo y la violencia se entrelazan hasta formar un sistema autosostenido —un sistema que se mantiene mediante explicaciones reiteradas en cada giro y que perdura no por necesidad, sino por los relatos que las sociedades eligen reproducir.   La gramática del castigo concierne a la autoridad del Estado, es decir, a un ejercicio formal y estructurado del poder que impone consecuencias dentro de límites definidos por la interpretación jurídica.  La gramática del conflicto describe cómo el antagonismo cívico y político se vuelve habitual y se justifica a sí mismo.  La gramática del castigo aborda los casos en los que el Estado, al exceder sus límites, puede convertir la injusticia en un sistema de normas carentes de razón.  Considerados en conjunto, ambos ensayos ofrecen perspectivas complementarias sobre las fuerzas que perpetúan el daño y sobre las decisiones deliberadas que pueden interrumpir su recurrencia.

Resumen

La gramática del castigo aborda las consecuencias que una sociedad impone frente a la transgresión y la manera en que dichas consecuencias configuran el orden político y el paisaje moral.  El ensayo trata el castigo como un instrumento cívico limitado y, a la vez, como una práctica arraigada. Describe las condiciones bajo las cuales un mismo acto punitivo puede sostener normas compartidas o debilitarlas, cuando el alcance y el propósito del castigo exceden la justificación moral y cívica original para imponerlo.  El desplazamiento más allá de esa justificación suele producirse porque el castigo se extiende más allá de la rendición de cuentas:   cuando el castigo se convierte en un vehículo de venganza, en una demostración de poder y en un medio para perpetuar la autoridad o los relatos morales que permiten su continuidad mucho después de que la infracción original ha sido atendida.  Este ensayo no se opone al castigo; aborda las condiciones bajo las cuales el castigo desplaza a la justicia.   En un momento en que las medidas punitivas configuran cada vez más el discurso político y las políticas públicas, comprender la lógica interna del castigo resulta esencial para preservar la frontera entre justicia y poder.

El ensayo describirá cómo el castigo evoluciona desde una respuesta medida a una infracción específica hasta convertirse en un sistema autosostenido de gobierno.   Mostrará cómo las instituciones creadas originalmente para restablecer la justicia llegan a afirmar autoridad, a sostener relatos de legitimidad y a ocultar los principios que fueron establecidas para defender.   El análisis identificará las condiciones bajo las cuales el castigo conserva credibilidad (cuando el ejercicio de la autoridad punitiva se encuentra delimitado por la razón, el procedimiento, el alcance, la proporcionalidad, el tiempo y la revisión) y los puntos en los que el castigo deja de proteger el orden social y comienza, en cambio, a perpetuar el daño.   El ensayo, sin embargo, no dictará políticas específicas ni condenará el uso de políticas.   Su propósito será aclarar los roles atribuidos al castigo, los puntos en los que dichos roles se descomponen y la forma en que la dependencia continuada de medidas punitivas pone de manifiesto elecciones sociales más profundas relativas a la autoridad, la responsabilidad y el impulso de responder al agravio—elecciones que revelan tanto los valores de una sociedad como sus temores.

1

El castigo es un acto público que impone un costo como respuesta a la infracción de una ley o de una norma compartida.   El castigo marca un límite, declara una regla y demuestra su aplicación.  Esta definición distingue el castigo de la prevención, la restricción, la rendición de cuentas y la reparación.  La prevención se refiere a hechos que aún no han ocurrido.  La restricción limita la capacidad de un individuo o de un grupo para causar daño.   La rendición de cuentas establece hechos y asigna responsabilidad.  La reparación aborda la pérdida e intenta restituir lo que ha sido sustraído.   El castigo se diferencia de estas respuestas porque aborda una violación específica después de ocurrida e impone una consecuencia.

2

Toda evaluación seria del castigo debe responder a tres preguntas:  ¿cuál es el propósito del castigo?, ¿a quién va dirigido el castigo?, y ¿cuál es el resultado del castigo?  La primera pregunta se refiere a una intención razonada, en oposición a una vaga.   La segunda concierne al objetivo y al alcance del acto punitivo.  La tercera se refiere a su manifestación, en contraste con la intención original del castigo.   Un castigo que invoca la disuasión pero produce recurrencia, o que resiste el cumplimiento, yerra no en grado sino en la comprensión del castigo como instrumento.  Al ignorar la causa, la aplicación del castigo puede confundir reacción con resolución y ejecutar justicia sin comprensión —un ciclo que no corrige nada porque no comprende nada.

3

Se reconocen comúnmente cuatro propósitos principales del castigo:   delimitación de fronteras, disuasión, incapacitación y reconocimiento.  La delimitación de fronteras define los límites de la conducta aceptable y afirma que las reglas conservan significado únicamente cuando su violación conlleva una consecuencia; dichos límites deben definirse con claridad.  La disuasión busca prevenir daños futuros haciendo visible y mensurable el costo de la infracción.   La incapacitación protege a la sociedad restringiendo la capacidad del infractor para causar nuevas lesiones.  El reconocimiento satisface la necesidad moral de afirmar que se ha producido una falta y que la comunidad ha respondido a ella.   Estos fines son conceptualmente claros, pero su eficacia depende de la interpretación y de la aplicación —cada una revelando si la búsqueda del orden permanece fiel a la idea de justicia.

4

Una sanción concebida inicialmente para corregir una infracción específica puede, con el tiempo, ser transformada por las instituciones en un instrumento de gobierno.   Esta transformación comienza cuando las autoridades amplían el alcance de la sanción, la aplican de manera reiterada como demostración mecánica y tratan su continuidad como prueba de la autoridad institucional y de la legitimidad del sistema.  Lo que comienza como una reacción dirigida a una violación concreta es repetido, extendido y mantenido más allá de su ámbito original.  Con el tiempo, la expectativa de la acción punitiva adquiere una dinámica propia y el apoyo al castigo se convierte en un marcador de adhesión al orden vigente.   Acciones que en un principio se orientaban a corregir conductas evolucionan hacia afirmaciones de dominio, y la disidencia es reinterpretada como deslealtad.  A medida que este proceso se profundiza, las sanciones se vuelven más severas, el círculo de responsabilidad se amplía y los límites temporales se disuelven.  El castigo, aplicado en un inicio para resolver un conflicto, se mantiene bajo condiciones que reproducen ese mismo conflicto.  Cuando una medida punitiva debe repetirse indefinidamente solo para demostrar que una regla sigue vigente, la medida deja de reforzar la regla; la medida misma se convierte en la regla.  Cuando el castigo se aplica de manera habitual, su función cambia —ya no opera como ley sino como poder.  El hábito otorga al poder un vocabulario moral que disfraza su interés como principio.   Cuando la ley adopta el tono de la justicia misma, el castigo se presenta como restauración.

5

Una vez que el poder comienza a hablar en lugar de la ley, la línea entre lo permitido y lo prohibido puede permanecer oscura, pero la sanción por la transgresión es cierta.   Tal oscuridad transforma la ley de un límite de comprensión en un campo de intimidación.   El poder adquiere elasticidad al rehuir la claridad; recompensa a quienes se conforman y aísla a quienes interpretan con excesiva libertad.  En esta inversión, el Estado de derecho sobrevive solo en la forma, mientras que su gramática—definición, proporción y previsibilidad—ha sido borrada.

6

La legitimidad es el fundamento sobre el cual se sostiene el castigo.  Sin legitimidad, el castigo deja de funcionar como justicia y se convierte en una imposición de poder sin control —un ejercicio de poder sin base jurídica.   La legitimidad exige definición; la tiranía prospera en la ambigüedad.   Para que el castigo sea legítimo, las reglas que impone deben establecerse con antelación, redactarse en un lenguaje comprensible para el público y quedar abiertas al examen y a la revisión mediante procedimientos legales. Redactar las reglas de antemano es vincular el poder a la razón; convierte el castigo en un acto cívico —previsible, responsable y compartido— y no en la decisión de quien detenta el mando.  Cuando se cumplen estas condiciones, el castigo cumple una función cívica, refuerza el Estado de derecho y asegura su propia legitimidad en lugar de debilitarla.

7

Los límites temporales son salvaguardias esenciales que impiden que el castigo se convierta en una condición permanente.   Una consecuencia sin un punto final definido deja de abordar una violación específica y se transforma en una estructura permanente de poder.   Cuando la duración del castigo no está limitada por su propósito, el castigo deja de servir a la ley y la sustituye.   Este principio se aplica tanto dentro de las sociedades como entre ellas:   una sanción impuesta a un individuo, a una comunidad o a un Estado sigue la misma lógica moral y estructural.   En las relaciones internacionales, medidas punitivas como sanciones o embargos funcionan como instrumentos de disciplina entre Estados y corren el mismo riesgo de transformación —de respuesta a dominación— cuando no se define un camino hacia la resolución.   La posibilidad de restauración —ya sea mediante reconocimiento jurídico, reconocimiento político o el fin de las hostilidades— no constituye un acto de indulgencia, sino una condición previa para la estabilidad.   Sin un punto de cierre definido, la parte castigada carece de incentivos para modificar su curso, y la oposición se convierte en la única respuesta racional.  Los órdenes duraderos, cívicos o internacionales, requieren por tanto una salida del castigo si han de asegurar una paz sostenida.

8

La disuasión suele describirse como el propósito más racional del castigo; sin embargo, su lógica se invoca con frecuencia bajo condiciones que incluyen otros motivos.   Bajo estatutos imprecisos, la disuasión deja de advertir y comienza a confundir.  Las autoridades políticas invocan a menudo la disuasión para justificar medidas más severas y sostienen que el temor a la consecuencia evitará daños futuros.   Pero el temor impone cumplimiento sin abordar las condiciones subyacentes que dan origen a la transgresión.   Una política punitiva diseñada para intimidar, en lugar de comprender o corregir dichas condiciones, se convierte menos en un instrumento de prevención y más en un mecanismo de afirmación del control.   No enseña respeto por el Estado de derecho, sino sumisión al poder.  Cuando la disuasión funciona de este modo, deja de servir a la justicia y sostiene, en cambio, la misma inestabilidad que afirma prevenir.

9

La incertidumbre es una condición inherente a todo sistema de castigo.  Los hechos suelen ser incompletos, los motivos se entremezclan y las consecuencias rara vez pueden predecirse con precisión.   Cuando la falta de razón se institucionaliza bajo el pretexto de la incertidumbre, surge la tentación de castigar no por actos ya cometidos, sino por aquellos meramente anticipados.   Medidas como la detención preventiva o la deportación se imponen no sobre conductas verificadas, sino sobre supuestos relativos a comportamientos futuros.  Estas acciones, aunque defendidas como salvaguardias frente a posibles daños, corren el riesgo de convertir la sospecha en veredicto.  Esta forma de castigo preventivo difumina la distinción entre justicia y prevención, sustituyendo la evidencia por la predicción.   A medida que el alcance del castigo se extiende más allá de los actos probados hacia el ámbito de la conjetura, la obligación de justificar su uso debe aumentar de manera proporcional.

10

Existen casos en los que el castigo no solo está justificado, sino que resulta necesario.   Ciertas violaciones —traición, corrupción sistémica, violencia sostenida— quiebran el fundamento del orden compartido.   Ignorar tales violaciones indica que las reglas comunes han dejado de acarrear consecuencias; esta quiebra en la aplicación crea las condiciones para nuevos daños.   En tales circunstancias, el castigo funciona como un acto de preservación:   restablece límites jurídicos y afirma que ninguna persona o grupo se sitúa por encima de las normas que rigen la vida colectiva.  Sin embargo, la legitimidad de esta respuesta depende de la proporción y de la contención.  Cuando el castigo se convierte en la respuesta automática a toda infracción, deja de servir a la justicia y consolida, en su lugar, una cultura de retribución.   El castigo cumple su finalidad únicamente cuando se aplica después de que la explicación razonada, el procedimiento justo y la reparación tangible han fracasado en resolver la violación; bajo esas condiciones, el castigo restituye los límites del orden sin extender el daño más allá de lo necesario.

11

La clemencia funciona como una condición limitante dentro de los sistemas de castigo, más que como una negación de la justicia.  Allí donde los sistemas jurídicos conservan mecanismos de indulto, revisión o ajuste proporcional, el castigo permanece acotado por su propósito cívico original.   Los sistemas que aplican el castigo sin posibilidad de mitigación o terminación tratan la duración como autoridad y convierten la consecuencia en permanencia.   Bajo tales condiciones, el castigo deja de responder a una infracción específica y establece, en cambio, una relación duradera de dominación.

La disponibilidad de la clemencia modifica el funcionamiento del castigo al introducir límites temporales y proporcionales.  Estos límites impiden que la autoridad punitiva se extienda más allá de las circunstancias que justificaron su aplicación inicial.   Cuando el procedimiento jurídico excluye tales límites, la aplicación persiste de manera independiente de la conducta que la motivó, y la legalidad se reduce a repetición en lugar de juicio.   En esa condición, el castigo se administra como una práctica continua más que como una respuesta razonada.

Los sistemas que incorporan la clemencia preservan una distinción entre ley y mando al permitir que el castigo concluya una vez cumplido su propósito declarado.   Allí donde se mantiene esa distinción, el castigo sigue siendo un instrumento dentro de la ley y no un sustituto de ella.  Allí donde no se mantiene, el castigo opera sin referencia a la restauración y la pertenencia cívica es reemplazada por una exposición continuada a la sanción.

12

Estos principios no son abstracciones, sino salvaguardias que mantienen el ejercicio del poder sujeto a la ley.   Cuando las instituciones aplican el castigo dentro de esos límites, la ley conserva su credibilidad porque la consecuencia permanece vinculada a la razón.  Cuando las instituciones exceden esos límites, el castigo reemplaza a la ley como fuente de autoridad y el conflicto se expande en el espacio que la razón ha abandonado.  En esa condición, el castigo ya no resuelve la transgresión; la reproduce.  La justicia subsiste únicamente cuando la ley habla con una claridad que el poder no puede reescribir.

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« La Constitución en nosotros »

August 10, 2025
Ricardo Morin
« La Constitución en nosotros »
CGI
2025







Política (del griego politikós, “de, por o relativo a los ciudadanos”) es la práctica y teoría de la influencia de las personas en el ámbito cívico o individual.












~





Por Ricardo Motin





10 de Agosto de 2025; Toronto, Canada 





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Desde sus primeras formulaciones, los marcos constitucionales han sido algo más que pactos jurídicos; han encarnado declaraciones de filosofía política, definiendo cómo debe organizarse el poder, cómo ha de ser contenido y ante quién debe rendir cuentas. La gobernanza contemporánea prolonga, en gran medida, aquellos experimentos, moldeados por siglos de ensayo y adaptación. Sin embargo, esas formas pueden mantenerse en apariencia mientras se vacían de contenido. En no pocos Estados actuales, las constituciones proclaman la libertad al tiempo que la acotan, definen derechos de manera excluyente y preservan los intereses de una élite gobernante. El partidismo explota las limitaciones y vulnerabilidades ajenas como justificación para la exclusión; la autocomplacencia moral se convierte en herramienta de dominación, acallando la oposición y reprimiendo la disidencia. El valor de un marco constitucional, por tanto, no se mide sólo por su letra, sino también por la integridad ética de quienes lo sostienen. Sin ética, la política pierde su sentido; sin virtud cívica, la ley deja de servir a la paz y se convierte en un instrumento de dominio.





La separación de poderes, defendida con vigor por Montesquieu, se sustenta en la convicción de que la libertad sobrevive cuando el poder está obligado a contener al poder. Este principio se desvirtúa cuando las instituciones, aun conservando su fachada, se subordinan a intereses partidistas o personales. En los últimos años, diversos Estados han preservado formalmente un poder judicial independiente mientras lo sometían en la práctica a procesos de designación controlados por el Ejecutivo o el partido gobernante. Este vaciamiento no es sólo una falla técnica; refleja una cultura política en la que la ambición, el miedo o la indiferencia de los ciudadanos permiten la evasión de los mecanismos destinados a protegerlos, desvinculando la solidez institucional y la responsabilidad cívica.





Las constituciones históricas siguen influyendo en la manera en que las comunidades políticas imaginan la autoridad. Legan principios que, en su mejor versión, ofrecen marcos adaptables para afrontar nuevos retos sin renunciar a su núcleo esencial: que la legitimidad de un Gobierno descansa no en la fuerza de sus gobernantes, sino en la solidez de las estructuras que los limitan. 





Pero estas estructuras sólo perduran cuando los ciudadanos rechazan la duplicidad y el sectarismo. Las divisiones ideológicas no deben endurecerse hasta convertirse en lealtades exclusivas hacia el propio grupo a expensas de un marco cívico compartido. Sólo perduran cuando los ciudadanos resisten la idolatría del poder, porque la autoridad pierde su legitimidad en el momento en que se la trata como sagrada o incuestionable. Y sólo perduran cuando los ciudadanos repudian el culto a la personalidad, en el cual un líder es elevado por encima de la crítica mediante la construcción de imágenes, la propaganda y la lealtad personal.





La durabilidad del orden constitucional, entonces, no reside únicamente en los textos escritos o en los arreglos institucionales. Descansa por igual en la ética cívica de quienes los habitan. Cuando la ambición, el miedo o la indiferencia llevan a los ciudadanos a tolerar la duplicidad o a rendirse a la lealtad sectaria, los límites al poder se tornan frágiles. En cambio, cuando prevalecen la vigilancia y la responsabilidad, las constituciones conservan su fuerza como escudo y como brújula: protegiendo contra el gobierno arbitrario y orientando la vida política hacia la justicia y la moderación.





La verdadera reforma no es únicamente institucional, sino también interior: una revolución en la esfera íntima y colectiva, en la que cada persona asume la responsabilidad de actuar con integridad, apertura y compromiso con el bien común, en armonía consigo misma y con los demás. Sólo mediante la alineación de las estructuras institucionales con la responsabilidad cívica puede una Constitución conservar su sentido y sostenerse como resguardo frente al poder arbitrario.





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Bibliografía anotada





    

  • Ginsburg, Tom, y Huq, Aziz: How to Save a Constitutional Democracy. Chicago: University of Chicago Press, 2018. (Hinsburg y Huq examinan las vías legales e institucionales por las que las democracias se debilitan, desde la manipulación de la composición de los tribunales hasta la erosión de los organismos de control independientes. A partir de ejemplos comparativos de Estados Unidos, Hungría y otros países, muestra cómo los mecanismos constitucionales pueden emplearse para consolidar el poder preservando una fachada de legalidad.)
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  • Landau, David: “Abusive Constitutionalism.” UC Davis Law Review 47 (1). Davis: University of California, School of Law, 2013. (Landau desarrolla el concepto de “constitucionalismo abusivo” para describir cómo los gobernantes explotan el cambio constitucional para afianzar su poder. Utiliza casos de América Latina y otras regiones para ilustrar cómo las enmiendas y reinterpretaciones debilitan los contrapesos, modifican los sistemas electorales y socavan la independencia judicial.)
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  • Levitsky, Steven, y Way, Lucan: Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes after the Cold War. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. (Levitsky y Way analizan regímenes que preservan las instituciones formales de la democracia pero las manipulan para asegurar la supremacía del partido gobernante. Introduce el concepto de “autoritarismo competitivo” como marco para entender cómo las normas constitucionales se vacían de contenido mientras se mantienen las formas democráticas.)
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  • Levitsky, Steven, y Ziblatt, Daniel: How Democracies Die. Nueva York: Crown, 2018. (Levitsky y Ziblatt sostienen que las democracias modernas suelen declinar por el declive gradual de las normas más que por golpes de Estado. Muestra cómo los líderes explotan las ambigüedades constitucionales, manipulan la composición de los tribunales y utilizan la ley como arma para reprimir a la oposición, erosionando tanto la confianza cívica como la integridad institucional.)
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« La pugna por un acuerdo moral »

				June 12, 2025

				

					

Hay heridas que permanecen porque aún no hemos forjado un consenso moral:





“…E pluribus unum”






Participantes portando banderas estadounidenses en la marcha por los derechos civiles de Selma a Montgomery, Alabama, 1965.
Fotografía de Peter Pettus; copia en gelatina de plata (reimpresión de 1999–2000).         
Imagen de archivo en dominio público, cortesía de la División de Impresos y Fotografías de la Biblioteca del Congreso.
Participantes portando banderas estadounidenses en la marcha por los derechos civiles de Selma a Montgomery, Alabama, 1965.
Fotografía de Peter Pettus; copia en gelatina de plata (reimpresión de 1999–2000).         
Imagen de archivo en dominio público, cortesía de la División de Impresos y Fotografías de la Biblioteca del Congreso.







Unidades de la Guardia Nacional en formación durante una protesta civil, California, junio de 2025.
Foto de Spencer Platt / Getty Images, vía NPR. 
Una imagen contundente de poder enfrentando protesta—donde la disidencia pública se enfrenta con la militarización del Estado.






La imagen pone de relieve un momento decisivo en nuestra vida cívica: aquel en que las expresiones de disenso no se enfrentan con diálogo, sino con la politización de la fuerza militarizada al servicio de la marca del poder ejecutivo.         Refleja una pauta inquietante: cuando las demandas de justicia e inclusión se tergiversan como amenazas partidistas, y la defensa de la pluralidad se toma por una provocación.










Existe una brecha cada vez más profunda en nuestro país, intensificada por el regreso en 2025 de la administración Trump y el proyecto del movimiento M.A.G.A. de “reformar” Estados Unidos mediante la alteración de los principios constitucionales que han sostenido nuestra democracia durante generaciones.         Este movimiento ha envalentonado a algunos que afirman estar bajo asedio—en especial por parte de los afroamericanos—a quienes acusan de albergar un ‘odio irracional’.         Sin embargo, esta acusación ignora una verdad más profunda:         quienes la sostienen suelen negarse a reconocer su propia complicidad en las condiciones que generan sufrimiento e indignación.         Se consideran inocentes mientras desestiman la experiencia vivida de los demás.





Esta disonancia revela un tribalismo persistente—un complejo de superioridad disfrazado de patriotismo, a menudo dirigido contra comunidades marginadas.         Corroe la empatía y sofoca la responsabilidad.





No obstante, disentir es la savia de la democracia.         Y aunque podamos apreciar este país—sus paisajes, su riqueza cultural y sus ideales fundacionales—también debemos enfrentar la tarea inconclusa de la justicia.         Celebrar la Constitución mientras se ignora el legado de la esclavitud, la segregación y la desigualdad sistémica es devaluar tanto nuestra historia como nuestro futuro.





Esto se manifiesta con especial claridad en nuestro sistema de justicia penal.         La necesidad de una reforma ya no es una postura partidista; es un imperativo moral.         Las comunidades racializadas siguen siendo desproporcionadamente vigiladas, criminalizadas y sometidas a violencia bajo el pretexto del orden público.         Muchos departamentos de policía en todo el país han fallado en su deber de proteger a quienes más lo necesitan—quienes han sido excluidos por falta de oportunidades, educación y apoyo.         Cuando estas condiciones se responden no con compasión, sino con brutalidad, presenciamos el rostro más atroz de la crueldad.





Se puede amar profundamente a este país, pero ese amor debe ser activo—comprometido con la equidad, no con la nostalgia.         La justicia y la igualdad no son premios por callar; son el derecho de nacimiento de todas las personas que habitan esta tierra.





El movimiento “Black Lives Matter” no es una amenaza para los valores estadounidenses; es un llamado a cumplirlos.         No es odio protestar contra la injusticia.         El odio reside en silenciar la disidencia, en pisotear los derechos ajenos mientras se reclama superioridad moral.         Una y otra vez, quienes ostentan el poder se han distanciado de los oprimidos, especialmente de aquellos privados del derecho al voto.         Esta indiferencia persiste hasta que la solidaridad se vuelve ineludible.





Relativizar el asesinato de jóvenes afroamericanos—o guardar silencio—es negarse a comprender el largo historial del racismo en Estados Unidos.         Los gestos de inclusión no sustituyen a la verdad.         La justicia real no requiere medias tintas, sino una determinación sincera y valiente.





Y ahora, ese mismo aparato represivo se despliega con renovada contundencia contra las personas inmigrantes, contra quienes forman parte del colectivo LGBTQ en Estados Unidos, y contra el principio mismo de la diversidad.







—como lo demuestra la militarización innecesaria de una milla cuadrada de Los Ángeles en junio de 2025, donde las protestas localizadas fueron amplificadas por el gobierno federal como si se tratara de una insurrección nacional—







La movilización de tropas para sofocar protestas pacíficas —sustituyendo a las fuerzas del orden por despliegues militares—, la criminalización de quienes buscan refugio, y el empeño por revertir los derechos conquistados por las personas homosexuales no son políticas aisladas.         Son síntomas de la misma aberración moral del poder ejecutivo como marca política:        el miedo a la pluralidad.





Este miedo ha tomado como blanco incluso a las iniciativas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI).                 Estos programas, nacidos de las luchas por los derechos civiles y destinados a remediar la exclusión histórica, se han convertido en chivos expiatorios.         La DEI no amenaza el mérito; es una vía hacia la justicia. No se trata de ortodoxia política, sino de garantizar acceso, visibilidad y dignidad para quienes han sido marginados durante demasiado tiempo.         La oposición a la DEI no es un debate neutral—es un intento calculado de suprimir el pluralismo que da sentido a la democracia.





—A menudo, ese pluralismo se reduce a una caricatura.         En ciertos círculos partidistas, el término “woke” se ha convertido en un arma para ridiculizar cualquier esfuerzo de inclusión o reparación, tachándolo de absurdo, elitista o peligroso.         Lo que comenzó como un llamado a mantenerse alerta ante la injusticia ha sido degradado hasta convertirse en una burla—menos un argumento que un reflejo automático, utilizado no para esclarecer, sino para silenciar.





Pero la justicia no pierde su urgencia porque se la ridiculice.





Prohibir las oficinas dedicadas a la diversidad, desmantelar los programas de inclusión o etiquetar el trabajo por la equidad como adoctrinamiento ideológico no refleja fortaleza, sino miedo.         Tales acciones socavan los valores fundamentales de libertad y justicia, sustituyendo una ciudadanía inclusiva por una conformidad impuesta.





El afán por revertir los derechos LGBTQ, demonizar los movimientos por la justicia racial y silenciar las iniciativas de diversidad forman parte de una misma lógica.         No son agravios aislados, sino expresiones de una visión del mundo intolerante que busca imponerse a través de la exclusión —ecos del macartismo, aquella campaña de comienzos de los años cincuenta liderada por el senador Joseph McCarthy, cuyas acusaciones televisadas sobre una supuesta infiltración comunista cautivaron a la nación y convirtieron la sospecha en arma política; fue un espectáculo público que transformó el miedo a la diferencia en doctrina nacional.         No son señales de una república fuerte.         Son las marcas de una nación debilitada por el miedo.





A ello contribuye la mayoría republicana en el Congreso—quienes, al respaldar a Trump y las políticas disruptivas del movimiento M.A.G.A., agravan el déficit moral al reducir drásticamente los impuestos a los multimillonarios, mientras desestabilizan la infraestructura social y política del país.         Han contribuido al aumento de la inflación mediante aranceles a importaciones extranjeras y promueven una política exterior que incrementa la inestabilidad mundial, todo ello en beneficio de una ínfima élite oligárquica a costa del bien común.





Amar a este país es rechazar ese miedo y la frágil cobardía que lo sustenta.         Amar esta nación es defender su pluralismo.         Amarla es afrontar sus contradicciones, no con cinismo, sino con determinación.





No somos una unión perfecta, pero seguimos siendo una unión.         El camino hacia adelante no está en el pasado. Comienza donde vive la justicia:         en la búsqueda de la verdad, en la compasión, en la valentía.





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PostScript





    

  • Project 2025 y la maquinaria de la conformidad
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Entre los ejemplos más claros de cómo el miedo a la pluralidad ha sido codificado como estrategia política figura Project 2025 —un ambicioso plan para reestructurar el gobierno federal de EE.UU., impulsado por The Heritage Foundation (La Fundación del Patrimonio) y ahora activamente respaldada por la administración Trump.         Aunque sus arquitectos invocan el lenguaje de la libertad y la reforma constitucional, su objetivo subyacente no es la renovación democrática, sino la consolidación ideológica.





Project 2025 no se conforma con reducir el tamaño del gobierno.         Pretende desmantelar el Estado administrativo, eliminar las protecciones del servicio civil y sustituir a los funcionarios públicos de carrera por leales partidistas.         Bajo la consigna de “drenar el pantano”, propone una purga —no para restaurar el equilibrio constitucional, sino para empoderar a una elite ejecutiva estrechamente alineada.         Esto deja de ser conservadurismo para convertirse en autoritarismo ejecutivo revestido de populismo.





Incluso su retórica de “recuperar el país” revela su verdadera intención:         no restaurar una democracia pluralista, sino imponer uniformidad —cultural, política y moral.         Las iniciativas DEI deben ser demolidas, la educación pública reconfigurada para reflejar una ideología singular, y la disidencia dentro del gobierno neutralizada.         No son reformas; son instrumentos de control.





Este plan no es una anomalía:         es su culminación.         La nostalgia, el resentimiento y el miedo se han transformado en la materia prima de políticas concretas.         Y lo que revela es una profunda contradicción:         quienes invocan con más fuerza la Constitución ahora buscan reescribirla en la práctica, reemplazando la promesa de We the People con el dominio de We alone.





Esto dejó de ser hipotético esta semana, cuando llegamos al barrio de Capitol Hill.         Frente a la sede de The Heritage Foundation presenciamos una protesta en plena confrontación:         dos bandos opuestos, uno defendiendo los derechos reproductivos, el otro revestido de ira bajo pretexto moral.         El más ruidoso —un grupo de madres conservadoras— no dialogaba, sino que gritaba con desprecio:         no defendían argumentos, sino que condenaban la legitimidad misma del desacuerdo moral.





No eran defensores de la vida.         Eran agentes de control sobre cómo vivir.





Lo que presencié ante la Heritage Foundation no fue un arrebato aislado.         Fue la manifestación local de un proyecto nacional en desarrollo.         The Heritage Foundation ya no solo comenta la política; está construyendo la estructura para un giro autoritario ya en curso.         En estrecha sincronía con la administración Trump —reconocida o no— Heritage no está ofreciendo recomendaciones, está diseñando una maquinaria de conformidad.





Esta máquina no tolera la pluralidad.         Redefine la disidencia como insubordinación, la diversidad como decadencia, y la gobernanza como lealtad a una voluntad única.         No es restauración del orden constitucional, sino una repudiación calculada.





Y lo que propone Project 2025 no es solo un cambio administrativo.         Es un plan para capturar ideológicamente el lenguaje, la ley y la vida pública.         Reemplaza We the People con un mandato desde arriba: Only us.





Esta es la herida que no sanará —a menos que la enfrentemos.





    

  • De camino a Union Station
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Mientras abandonábamos Capitol Hill con destino a Union Station para regresar a Pennsylvania, las calles evidenciaban signos de celebración inminente.         Se levantaron barricadas.         Vehículos militares ocupaban las avenidas.         Los preparativos estaban en marcha para un desfile militar con tanques, tropas y fanfarrias marciales.          Oficialmente, era para conmemorar el 250 aniversario del Ejército de los EE. UU.          Pero el momento (sábado 14 de junio, cumpleaños de Trump), junto con la pompa y el encuadre presidencial, hicieron difícil ver el evento como algo más que un espectáculo orquestado.          El simbolismo desdibujó la línea entre honrar el servicio militar y apropiárselo para la glorificación personal.          Se sintió menos como un cumpleaños y más como una coronación.





Al cruzar uno de los cruces cerrados, un hombre afroamericano en una elegante silla de ruedas motorizada nos adelantó por la derecha.         Sin mediar palabra, nos miró —dos hombres caminando juntos— y, con serena determinación, dijo:         “Cuidado, el Día del Juicio Final está pronto a llegar”.





No respondimos.         Él siguió su camino.





Fue un instante silencioso, pero cargado de significado.         Un juicio —claro y moral— pronunciado sin confrontación, pero con intención.         Una acusación casual, pero escalofriante.         Incluso alguien con visibilidad marcada como vulnerable había interiorizado el reflejo nacional hacia la condena.         Las extremas actitudes ya no se hallan sólo en plataformas o políticas:         están filtrándose en las aceras.





Me volví a mi esposo y le pregunté:         “¿Cuánto crees que durará todo este odio?”





No desvió la mirada.         “Puede que no vivamos para verlo terminar”, dijo, “pero pasará”.





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Ricardo F. Morín





Capitol Hill, D.C., 10 de junio de 2025






									


				
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