La resiliencia suele presentarse como un término descriptivo. Nombra una capacidad observada bajo presión, una tendencia a resistir cuando las condiciones no pueden modificarse de inmediato. En este sentido, la resiliencia parece neutral, incluso recomendable. Señala supervivencia donde el colapso era posible, continuidad donde se esperaba interrupción.
Con el tiempo, sin embargo, la resiliencia deja de ser simplemente observada y comienza a ser celebrada. Lo que antes se registraba pasa a elogiarse. La resistencia se eleva a virtud, y la capacidad de persistir bajo tensión se presenta como prueba de fortaleza. En este desplazamiento, la atención se aleja sutilmente de las condiciones que hicieron necesaria la resistencia.
Una vez elogiada, la resiliencia se vuelve exigible. El lenguaje de la admiración cede paso al de la obligación. Lo que algunos lograron bajo presión empieza a tratarse como lo que todos deberían lograr. La resistencia deja de ser excepcional y se vuelve normativa. La capacidad de soportar sustituye la pregunta por las causas que exigen soportar.
En este punto, la resiliencia opera una inversión silenciosa. Las condiciones permanecen intactas, mientras la responsabilidad migra hacia quienes están expuestos a ellas. Las estructuras quedan sin examen, mientras se anima a los individuos a adaptarse. El ajuste se traslada de los sistemas a los sujetos. Lo que no puede repararse debe soportarse.
Esta inversión posee una dimensión temporal. La resiliencia se presenta como fortaleza orientada al futuro, una promesa de que la persistencia será finalmente recompensada. El daño se aplaza en lugar de afrontarse. La recuperación se invoca en lugar de la reparación, y se pide al tiempo que absorba lo que la política o la estructura no resuelven.
El peso ético de este desplazamiento se distribuye de forma desigual. A quienes menos capacidad tienen para alterar sus circunstancias se les exige con mayor frecuencia resiliencia. Quienes poseen mayor poder para cambiar las condiciones quedan menos expuestos a las exigencias de adaptación. La resiliencia, aunque celebrada como universal, se impone de manera asimétrica.
A medida que la resiliencia se convierte en expectativa, la disidencia se atenúa sin desaparecer. La queja no se prohíbe, pero se recodifica. Cuestionar las condiciones se interpreta como impaciencia. Negarse a soportar se presenta como deficiencia. La resistencia se convierte en medida de madurez, y el silencio se confunde con el consentimiento.
Lo que la resiliencia es, entonces, es una capacidad para soportar condiciones que no se han elegido. Es un hecho descriptivo del comportamiento humano bajo presión. Nombra la supervivencia allí donde las alternativas son limitadas.
Lo que la resiliencia no es es una ética. No es una justificación del daño ni una prueba de que las condiciones sean aceptables. La capacidad de soportar no confiere legitimidad a lo que se soporta.
Ricardo Morín Baluarte Anteriormente titulada Buffalo Series, Nº 3 Óleo sobre lino, 60 × 88 pulgadas 1980 Exhibida: Hallwalls Contemporary Arts Center, Buffalo, Nueva York, mayo de 1980. Destruida mientras se encontraba bajo custodia de terceros y existente únicamente como registro archivístico digital.
*
Ricardo F. Morín.
23 de diciembre de 2025.
Kissimmee, Florida.
*
No llegué a conocer las fronteras que más tarde gobernarían mi escritura a través de la instrucción ni de la doctrina, sino por una observación hecha incidentalmente por mi padre cuando yo era todavía un niño. Él afirmó, sin vacilación ni desarrollo ulterior, que no podía imaginar su existencia bajo un sistema político que amenazara la libertad individual y la autonomía privada, y que la vida bajo tales condiciones dejaría de ser una vida que pudiera habitar. La formulación era extrema, pero incluso entonces resultaba evidente que no estaba concebida como propuesta, amenaza ni puesta en escena. Funcionaba, más bien, como un límite: una indicación de hasta dónde la supervivencia, una vez despojada de dignidad, dejaría de merecer el nombre de vida.
La fuerza de aquella afirmación no residía en su contenido literal, sino en la claridad con la que establecía un límite. Las expresiones extremas suelen atraer atención por exceso, pero esta operaba de otro modo. No buscaba reacción ni adhesión. Cerraba una puerta. Lo que se marcó fue el punto en el que el juicio dejó de ser negociable, no porque el compromiso se volviera difícil, sino porque la continuidad misma perdió coherencia. Lo que se marcaba no era expresión, sino diagnóstico. Identificaba un umbral más allá del cual resistir equivaldría a consentir la propia negación.
Esa distinción —entre vivir y simplemente persistir— tardaría años en adquirir todo su peso. Es posible seguir con vida y, sin embargo, dejar de habitar las condiciones bajo las cuales la acción, la responsabilidad y la elección siguen siendo inteligibles. El cuerpo perdura; los términos de la autoría no. Lo que se cede en tales casos no es comodidad ni ventaja, sino la autoría de la propia conducta: la capacidad de seguir siendo el origen responsable de los propios actos.
Solo más tarde la ironía histórica otorgó a aquel recuerdo de infancia un marco más amplio. Mi padre murió un año antes de que Venezuela ingresara en un orden político prolongado que normalizó la humillación cívica y desplazó la responsabilidad individual. Esta coincidencia no confiere previsión ni vindicación. Simplemente subraya la naturaleza del límite que él había articulado. No pretendió anticipar desenlaces ni arrogarse una comprensión superior. Identificó una condición que no estaba dispuesto a habitar, con independencia de cuán común, administrativamente justificada o socialmente impuesta llegara a volverse.
Lo que se transmitió a través de aquella afirmación no fue una ideología, ni siquiera una posición política, sino una negativa. Fue la negativa a tratar la dignidad como contingente, y la negativa a aceptar la adaptación como intrínsecamente neutral. Tales negativas no son dramáticas. No se anuncian como virtudes. Operan en silencio, delimitando lo que uno no hará, lo que uno no dirá, y lo que no permitirá que atraviese sus actos a cambio de continuidad, seguridad o aprobación.
Escribir, he llegado a entender, no está exento de las restricciones que gobiernan la acción. La forma simbólica no suspende la responsabilidad. El lenguaje actúa. Enmarca posibilidades, distribuye responsabilidades y habilita ciertas respuestas mientras clausura otras. Escribir sin atender a lo que las propias palabras habilitan es tratar la expresión y la conducta, como si pertenecieran a órdenes distintos. No lo hacen. El mismo límite que rige la acción rige el lenguaje: no se deben habitar formas que exijan el abandono habitual de la autonomía.
La responsabilidad autoral no implica exhibición moral ni representación de la virtud. La responsabilidad en la escritura no consiste en adoptar la postura correcta ni en alinearse con conclusiones aprobadas. Consiste en rechazar métodos que sustituyen la claridad por la coerción, la humillación o la presión retórica. Exige atención no solo a lo que se afirma, sino a lo que se permite continuar mediante el tono, la implicación y la omisión. La precisión aquí no es una preferencia estilística; es una disciplina moral.
La contención, en este sentido, no es pasividad sino un método de autoría. Es una forma de interrupción en la circulación de aquello que uno no consiente trasmitir. Negarse a amplificar lo que uno no consiente transmitir es un acto de selección y un ejercicio de agencia. En un entorno donde el exceso, la indignación y la urgencia reactiva suelen confundirse con seriedad, la contención se convierte en un modo de preservar la autoría sobre la propia participación. La contención limita el alcance, pero conserva la coherencia entre lo que se dice y lo que se vive.
Tal contención inevitablemente tiene un costo. La urgencia es más que velocidad; es la condición bajo la cual la reflexión misma comienza a aparecer como una desventaja. La reflexión sirve como una salvaguarda procedimental de la agencia y de la autoría —y con ellas, de la responsabilidad ética— incluso cuando las circunstancias no pueden gobernarse y uno se ve obligado a elegir dentro de la restricción.La contención resiste la urgencia, estrecha el alcance y renuncia a ciertas formas de reconocimiento. Estas pérdidas no son accidentales; son constitutivas. Aceptar todos los registros o plataformas disponibles en nombre de la relevancia equivale a tratar la supervivencia como el bien supremo. El límite articulado tiempo atrás indica lo contrario: que existen condiciones bajo las cuales la continuidad exige un precio demasiado alto.
La responsabilidad autoral, entonces, no es una cuestión de expresión sino de alineación entre lenguaje y acción. Se pregunta si el lenguaje que uno emplea habita el mismo terreno ético que la propia conducta. Pregunta si las formas que uno adopta exigen concesiones que uno rechazaría en la acción. La obligación no es persuadir ni prevalecer, sino permanecer responsable ante los límites que uno ha reconocido.
Lo que permanece no es una doctrina sino una postura: una postura que se mantiene sin dramatización, sin escapatoria y sin concesión a formas que prometen continuidad a costa de la dignidad. Esta postura no se anuncia como resistencia ni busca exención de las consecuencias. Se mantiene firme sin apelación. Al hacerlo, afirma que la autoría —como la autonomía— comienza allí donde ciertas límites dejan de cruzarse.
*
Lo que queda sin abordar es la condición más frágil que subyace a la autoría misma: la forma en que el pensamiento precede a la agencia y, en ocasiones, recoloca al autor antes de que pueda asumirse una postura.
El recuerdo de mi padre aparece como un blanco móvil —no una idea que se desliza fuera de control, sino un estándar que se desplaza bajo mis pies mientras yo aún avanzaba. No lo invité en el sentido de una intención o de un plan. Tampoco lo resistí. Noté que se movía antes de poder decidir qué exigía.
Esa experiencia resulta inquietante porque viola una suposición reconfortante: que el pensamiento es algo que desplegamos, y no algo que nos recoloca en relación con lo que enfrentamos.
La incertidumbre acerca de si lo había invitado es en sí misma una señal de que no estaba instrumentalizando mi pensamiento. Cuando el pensamiento es convocado como herramienta, permanece fijo. Cuando emerge en respuesta a algo que importa, se mueve, porque se ajusta a la realidad en lugar de organizarla. Ese movimiento solo se experimenta como una pérdida de control si la autoría se entiende como dominio más que como capacidad de respuesta.
Acepté la incomodidad de no saber si había convocado aquello que ahora reclamaba atención. Esto era resistencia en movimiento, no parálisis del juicio. La pregunta surge únicamente cuando el pensamiento sigue lo bastante vivo como para ser desplazado.
El blanco se movía porque estaba ligado al terreno de la percepción, no al yo que percibía.
Ricardo F. Morín La irracionalidad, la propaganda y el tribalismo CGI 2026
1. Una afirmación política entra ordinariamente en la vida pública a través de instituciones. Una ley se debate, se promulga, se interpreta, se impugna. Un discurso se pronuncia desde un cargo conocido, ante un público definido, sujeto a réplica y registro. La autoridad, en estos casos, surge de la responsabilidad y de la restricción.
2. El texto aquí examinado no satisface ninguna de estas condiciones.
3. El texto atribuye a una transmisión anónima el poder de alterar el estatus jurídico. El texto presenta a un orador no como un ciudadano que habla, sino como una conciencia que dicta. El texto declara efectos que ningún estatuto, ninguna orden ejecutiva y ningún tribunal poseen autoridad para producir. El texto anuncia asentimiento nacional en ausencia de cualquier foro capaz de conceder asentimiento.
4. No aparece promulgación alguna. No ocurre interpretación alguna. No es posible revisión alguna.
5. Nada en esta secuencia se argumenta. Nada en esta secuencia se demuestra. Nada en esta secuencia es susceptible de verificación.
6. La autoridad no se deriva de cargo, de ley ni de responsabilidad. La autoridad se asigna por disposición narrativa.
7. El orador recibe legitimidad moral por reconocimiento únicamente. La ley es desplazada por el espectáculo. El público es situado como testigo de un veredicto que precede a la deliberación. El silencio es tratado como confirmación. La inmovilidad es tratada como consentimiento.
8. Lo que aparece como denuncia funciona como sustitución.
9. El lugar de las instituciones es ocupado por una voz. El lugar del argumento es ocupado por la proclamación. El lugar del juicio es ocupado por la reacción.
10. El resultado no es persuasión. El resultado es conversión.
11. Los ciudadanos no son interpelados como agentes capaces de impugnar afirmaciones. Los ciudadanos son interpelados como espectadores invitados a recibir una escena moral cuyo significado ha sido fijado de antemano.
12. Cuando un testimonio inventado es recibido como registro político, el límite entre acontecimiento y deseo desaparece. Cuando el espectáculo es tratado como veredicto, la corrección pierde autoridad. Cuando la conciencia es producida como actuación, ninguna institución permanece capaz de restringir a la conciencia.
13. Esto no es desinformación en el sentido ordinario.
14. Este fenómeno es la sustitución del juicio por autoridad fabricada.
15. La autoridad se adhiere ordinariamente a un cargo antes de adherirse a una voz, porque el cargo proporciona los límites bajo los cuales el discurso puede reclamar consecuencia. Existe un tribunal, por eso habla un juez. Existe una cámara, por eso habla un legislador. Existe una administración, por eso habla un ejecutivo. En cada caso la legitimidad precede a la enunciación, y el público puede localizar la responsabilidad localizando el foro en el que se formula la afirmación.
16. El texto aquí examinado invierte ese orden. El texto presenta una voz cuya legitimidad no se funda en ningún cargo que pueda nombrarse, en ninguna jurisdicción que pueda definirse ni en ningún foro que pueda reconocerse. No se declara delegación alguna. No es visible mandato alguno. No se asume responsabilidad alguna. Sin embargo, la voz habla como si estuviera habilitada para dictar sobre materias cuya fuerza depende, en la vida cívica ordinaria, de promulgación, interpretación y revisión.
17. Esta inversión importa porque el cargo establece el ámbito bajo el cual una afirmación puede operar, la jurisdicción fija el alcance de los efectos, y el procedimiento somete tanto el ámbito como el alcance a impugnación y registro. Una afirmación que surge bajo estas restricciones puede ser impugnada porque la legitimidad puede ser impugnada. La afirmación aquí no surge bajo restricción; la afirmación surge por recepción. La legitimidad depende del reconocimiento en lugar de la jurisdicción, y el reconocimiento no es una categoría cívica que admita examen.
18. Puede disputarse un mandato. Puede negarse la jurisdicción de un tribunal. Puede invocarse el procedimiento y exigir réplica. El reconocimiento no ofrece instrumento equivalente. El reconocimiento confiere autoridad sin especificar alcance, y el reconocimiento permite que una voz se presente como conciencia sin aceptar las obligaciones que hacen a la conciencia responsable en la vida pública.
19. El efecto no es meramente que una voz hable fuera de cargo. El efecto es que el papel del cargo es reemplazado. En un sistema en el que la legitimidad precede al discurso, el discurso puede limitarse porque el foro puede limitarse. En un sistema en el que la legitimidad sigue al discurso, el discurso se expande hasta que algo externo impone un límite.
20. El texto no se apoya en límite alguno de esa naturaleza. El texto presenta la legitimidad moral como completa en el momento de la enunciación, y el texto trata la recepción como confirmación. El público es situado menos como un público capaz de impugnar que como un testigo de una proclamación cuya autoridad se presume en lugar de ganarse.
21. En tal disposición la pretensión de hablar conlleva consecuencia sin jurisdicción, y la autoridad aparece allí donde ninguna institución puede ser identificada como fuente de autoridad.
22. La autoridad que no surge de cargo no puede apoyarse en procedimiento. El procedimiento requiere foro. El foro requiere jurisdicción. La jurisdicción requiere mandato. Ninguno está presente aquí.
23. La afirmación por tanto no procede por secuencia. La afirmación procede sin premisas, sin fundamentos y sin anticipación de réplica. La enunciación no argumenta. La enunciación proclama.
24. Lo que ordinariamente requeriría promulgación es declarado completo. Lo que ordinariamente requeriría interpretación es declarado resuelto. Lo que ordinariamente requeriría revisión es presentado como definitivo. El veredicto precede al foro.
25. Esta inversión altera la función misma del discurso. El discurso ya no busca asentimiento mediante razonamiento. El discurso produce asentimiento por declaración. El juicio ya no sigue a la deliberación. El juicio se instala antes de que la deliberación pueda ocurrir.
26. Una vez que la proclamación es recibida como veredicto, la prueba se vuelve irrelevante.
27. Una vez que el argumento es retirado de la secuencia, el asentimiento ya no surge del juicio. El asentimiento surge del reconocimiento. La afirmación no pide ser examinada. La afirmación pide ser recibida. La fuerza de la afirmación depende menos de lo que la afirmación establece que de a quién la afirmación se dirige.
28. El público no es invitado a considerar si el veredicto se sigue de la ley ni si la autoridad invocada posee legitimidad para dictar. El público es invitado a reconocerse en el veredicto.
29. Este desplazamiento altera la función del acuerdo. En ámbitos deliberativos, el asentimiento sigue a la impugnación. Uno acepta una conclusión porque ha sopesado una afirmación frente a alternativas. Aquí, el asentimiento precede a cualquier ponderación. El veredicto llega ya formado, y la recepción suministra confirmación.
30. El acuerdo ya no señala convicción, sino afiliación, una postura definida menos por convicción que por posición.
31. El reconocimiento, en esta disposición, realiza el trabajo que antes realizaba el argumento. Aceptar la afirmación es afirmar pertenencia a una posición moral ya definida. El veredicto no obliga porque el veredicto sea correcto. El veredicto obliga porque el veredicto identifica.
32. Quienes reciben el veredicto no lo hacen como jueces de coherencia, sino como participantes en la postura que el veredicto confiere. La afirmación triunfa no persuadiendo a adversarios, sino consolidando a quienes ya están dispuestos a aceptarla.
33. Esta función explica la ausencia de procedimiento. La deliberación introduciría fractura. La impugnación introduciría diferenciación. La revisión expondría divergencia. Ninguna sirve al propósito en curso.
34. La afirmación por tanto elude toda etapa en la que pudiera aparecer el desacuerdo. La afirmación ofrece en su lugar un juicio ya concluido cuyo efecto principal es ordenar reconocimiento y rechazo.
35. El resultado no es creencia en el sentido ordinario, sino afiliación, una postura definida menos por convicción que por posición. Asentir es adoptar una posición dentro de una alineación moral cuyos límites son trazados por la recepción misma. Quienes aceptan son confirmados. Quienes dudan son marcados.
36. La autoridad, en esta forma, no gobierna por medio de la ley. La autoridad gobierna por identificación.
37. Una vez que la legitimidad es conferida por recepción, los límites restantes no pueden sostenerse.
38. Una vez que la autoridad es producida de esta manera, la sustitución se vuelve inevitable. En esta disposición el cargo cede ante la presencia, la jurisdicción cede ante el reconocimiento, el procedimiento cede ante la proclamación, y el juicio cede ante la reacción, hasta que ningún límite permanece capaz de detener la expansión que sigue.
39. Cada sustitución elimina un límite. Cada sustitución amplía el alcance. Cada sustitución disuelve responsabilidad.
40. Lo que permanece es una forma de autoridad que no puede ser impugnada porque no permanece foro alguno en el que pueda ocurrir impugnación.
41. La consecuencia para la ciudadanía sigue directamente. Un ciudadano participa ordinariamente en el juicio sopesando afirmaciones, impugnando legitimidad e invocando procedimiento. Aquí, ese papel desaparece. El ciudadano ya no es situado como participante en deliberación. El ciudadano es situado como receptor de veredicto.
42. La agencia cede ante la recepción, el juicio cede ante la alineación y la responsabilidad cede ante la lealtad, hasta que el desacuerdo mismo ya no puede aparecer como acto cívico.
43. En esta postura el desacuerdo deja de ser un acto cívico. El desacuerdo se vuelve una ruptura de afiliación. La duda se vuelve deslealtad. La corrección se vuelve defección.
44. Una vez que el juicio es desplazado de este modo, la reparación se vuelve imposible. La corrección presupone foro. La revisión presupone jurisdicción. La réplica presupone legitimidad. Ninguna permanece disponible.
45. Un veredicto que llega sin foro no puede ser devuelto a impugnación. Una autoridad que surge sin cargo no puede ser sometida a revisión. Una afirmación que gobierna mediante reconocimiento únicamente no puede ser corregida sin amenazar la pertenencia misma.
46. La persistencia de la fabricación no sigue de confusión, sino de función. La fabricación perdura porque la fabricación estabiliza alineación. La fabricación circula porque la fabricación confirma posición. La fabricación resiste corrección porque la corrección disolvería la postura que la fabricación sostiene.
47. La autoridad, una vez separada de cargo y restricción, no desaparece. La autoridad reaparece en forma alterada. El veredicto se separa del foro. La conciencia se separa de la responsabilidad. El asentimiento se separa de la deliberación.
48. Lo que permanece es una pretensión de gobernar sin jurisdicción.
49. Esto no es la corrupción del juicio. Esto es desplazamiento.
50. El juicio ya no se ejerce. El juicio se produce.
Las reflexiones de los capítulos anteriores conducen finalmente a una indagación más histórica, en la que el siguiente archivo, « Crónicas de Hugo Chávez », se convierte en otra lente desde la cual me acerco a la experiencia venezolana.
*
Ricardo F. Morin
25 de Diciembre de 2025
Oakland Park, Fl.
*
Capítulo VI
Crónicas de Hugo Chávez
~
1
Hugo Chávez, quien encabezó la Revolución Bolivariana, nació el 28 de julio de 1954 en Sabaneta, Venezuela. Murió el 5 de marzo de 2013, a las 4:25 p. m. VET (8:55 p. m. UTC) en Caracas, a los 58 años. Como líder de la revolución, Chávez dejó una huella discernible en la historia política de Venezuela. Reconstruir esta historia es volver sobre un paisaje cuyas consecuencias siguen moldeando la vida venezolana.
En el núcleo del chavismo se encuentra una fusión deliberada de nacionalismo, poder centralizado y participación militar en la política. Esta fusión dio forma a su visión de una nueva Venezuela: ferozmente independiente y orgullosamente socialista.
Hugo Chávez (11 años), sexto grado, 1965 (Foto: Reuters).
2
La infancia de Hugo Chávez transcurrió en un pequeño pueblo de los Llanos, en el estado Barinas, al noroeste del país. Esta región posee una historia de cacicazgos indígenas (es decir, “jefaturas”, “dominios” o “formas de gobierno”) que se remonta a tiempos precolombinos. [1] Chávez fue el segundo de seis hermanos y sus padres tuvieron dificultades para mantener a la familia numerosa. Como consecuencia, él y su hermano mayor, Adán, fueron enviados a vivir con su abuela paterna, Rosa Inés, en la ciudad de Barinas. Tras la muerte de ella, Chávez honró su memoria con un poema que concluye con una estrofa que revela la profundidad de ese vínculo:
Entonces, / abrirías tus brazos / y me abrazarías / cual tiempo de infante / y me arrullarías / con tu tierno canto / y me llevarías / por otros lugares / a lanzar un grito / que nunca se apague. [2]
3
En su segundo año de bachillerato, Chávez conoció a dos maestros influyentes, José Esteban Ruiz Guevara y Douglas Ignacio Bravo Mora, quienes le ofrecieron orientación más allá del currículo regular. [3][4] Lo introdujeron al marxismo-leninismo como marco teórico y despertaron su fascinación por la Revolución Cubana y sus principios, un punto de inflexión más visible en retrospectiva de lo que pudo serlo en aquel momento.
4
A los 17 años, Chávez ingresó en la Academia Militar de Venezuela, en Fuerte Tiuna (Caracas), con la esperanza de compaginar la formación castrense con su pasión por el béisbol. Soñaba con convertirse en un pitcher zurdo, pero sus habilidades no estuvieron a la altura de esa ambición. A pesar de su inicial falta de interés por la vida militar, persistió en su entrenamiento y se graduó de la academia en 1975, ubicado cerca del final de su promoción.
5
La carrera militar de Chávez comenzó como subteniente, con la tarea de capturar guerrilleros de izquierda. Mientras los perseguía, empezó a identificarse con su causa y llegó a creer que luchaban por una vida mejor. Para 1977, estaba dispuesto a abandonar su carrera militar y unirse a la guerrilla. En busca de orientación, recurrió a su hermano Adán, quien lo convenció de permanecer en las fuerzas armadas insistiendo: « Te necesitamos allí ». [5] Chávez experimentó entonces un renovado sentido de propósito y entendió su misión como un llamado. En 1982, junto con sus compañeros militares más cercanos, formó el Movimiento Bolivariano Revolucionario-200 (MBR-200): su objetivo era difundir su interpretación del marxismo dentro de las fuerzas armadas y, en última instancia, preparar un golpe de Estado. [6]
6
El 4 de febrero de 1992, el teniente Chávez y sus aliados militares iniciaron una revuelta contra el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez. Sin embargo, la rebelión fue rápidamente sofocada. Rodeado y superado en número, Chávez se rindió en el Cuartel de la Montaña —actual museo de historia militar en Caracas, cercano al palacio presidencial— bajo la condición de que se le permitiera dirigirse a sus compañeros por televisión. Los instó a deponer las armas y evitar más derramamiento de sangre. Proclamó: « Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados… ». [7] La transmisión marcó el inicio de su proyección política. Sus palabras resonaron en todo el país y sembraron las bases de su futuro político.
Chávez anuncia su arresto en cadena nacional e insta a los insurgentes a rendirse.
7
En 1994, el recién electo presidente Rafael Caldera Rodríguez lo indultó. [8] Con esta segunda oportunidad, Chávez fundó el Movimiento V República (MVR) en 1997 y agrupó a socialistas afines en torno a su causa. [9] Mediante una campaña centrada en apelaciones populistas, obtuvo una victoria electoral a los 44 años.
8
En su primer año como presidente, Chávez disfrutó de una aprobación del 80%. Sus políticas buscaban erradicar la corrupción, ampliar los programas sociales para los pobres y redistribuir la riqueza nacional. Jorge Olavarría de Tezanos Pinto, inicialmente un simpatizante, se convirtió hacia el final de las elecciones en una de las voces opositoras más destacadas. Acusó a Chávez de socavar la democracia venezolana mediante el nombramiento de oficiales militares en cargos gubernamentales. [10] Al mismo tiempo, Chávez elaboraba un nuevo texto constitucional que le permitiría colocar militares en poderes públicos.
La nueva Constitución, ratificada el 15 de diciembre de 1999, abrió paso a las « megaelecciones » del año 2000, en las cuales Chávez aseguró un mandato de seis años. Aunque su partido no obtuvo control absoluto de la Asamblea Nacional, gobernó mediante Leyes Habilitantes, que permitían legislar por decreto. [11][12]
Mientras Chávez impulsaba reformas para reorganizar las instituciones del Estado, no se cumplieron los requisitos constitucionales. La designación de los magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ) se llevó a cabo sin rigor, lo que generó inquietudes sobre su legitimidad y competencia. Cecilia Sosa Gómez, la presidenta saliente de la CSJ, declaró que el Estado de derecho había sido « sepultado » y que la Corte se había « autodisuelto ». [13][14]
9
Aunque algunos venezolanos vieron en Chávez una alternativa fresca al inestable sistema democrático, dominado por tres partidos desde 1958, otros sectores expresaron preocupación a medida que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) consolidaba el poder y se convertía en el único partido gobernante. [15] Los poderes Legislativo y Ejecutivo se centralizaron cada vez más, y las garantías judiciales de los derechos ciudadanos se debilitaron.
Los estrechos vínculos de Chávez con Fidel Castro y su deseo de modelar a Venezuela según el sistema cubano —bautizado popularmente como «VeneCuba»— encendieron nuevas alarmas. [16]Además, silenció emisoras de radio independientes y antagonizó a Estados Unidos y otras naciones occidentales, mientras fortalecía sus relaciones con Irak, Irán y Libia.
A comienzos de 2002, su aprobación había caído al 30%, y las marchas anti-Chávez se hicieron frecuentes.
10
El 11 de abril de 2002, una manifestación masiva de más de un millón de personas marchó hacia el palacio presidencial exigiendo la renuncia del presidente Chávez. La protesta se volvió violenta cuando agentes de la Guardia Nacional y paramilitares encapuchados abrieron fuego contra la multitud. [17]
El trágico suceso —la Masacre de Puente Llaguno— provocó una rebelión militar que llevó al arresto de Chávez y a la conformación de un gobierno de transición encabezado por Pedro Francisco Carmona Estanga. [18]
Sin embargo, la gestión de Carmona fue efímera: suspendió la Constitución, disolvió la Asamblea Nacional y la Corte Suprema, y destituyó a diversos funcionarios. En un plazo de cuarenta y ocho horas, las Fuerzas Armadas retiraron su respaldo a Carmona.
El vicepresidente, Diosdado Cabello Rondón, fue reintegrado como presidente y restituyó a Chávez en el poder. [19]
11
El fallido golpe de Estado fortaleció a Chávez, quien purgó su círculo interno e intensificó su confrontación con la oposición. En diciembre de 2002, la oposición organizó un paro nacional destinado a forzar su renuncia. El paro afectó a la empresa estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), que generaba aproximadamente el 80% de los ingresos por exportaciones del país. [20]
Chávez respondió despidiendo a sus 38.000 empleados y reemplazándolos con leales a su causa. Para febrero de 2003, el paro se había desvanecido y Chávez recuperó el control total de los ingresos petroleros.
12
Entre 2003 y 2004, la oposición impulsó un referendo para revocar el mandato de Chávez, pero el aumento de los ingresos petroleros —que financiaban programas sociales populares— reforzó su apoyo. [21]
A finales de 2004, su popularidad había repuntado y el referendo fue derrotado contundentemente. En diciembre de 2005, la oposición boicoteó las elecciones legislativas y protestó contra el Consejo Nacional Electoral (CNE). [22]
Para entonces, el control legislativo recaía casi por completo en la coalición de Chávez. [23] Lo que siguió no representó una desviación de esta trayectoria, sino su prolongación mediante políticas formales.
13
En diciembre de 2006, Chávez consiguió un tercer mandato presidencial, una victoria que amplió el alcance de la iniciativa ejecutiva. Nacionalizó industrias clave —oro, electricidad, telecomunicaciones, gas, acero, minería, agricultura y banca— junto con numerosos sectores menores. [24][25][26][27][28][29]
Presentó un paquete de reformas constitucionales destinadas a ampliar los poderes del Ejecutivo y su control sobre el Banco Central de Venezuela (BCV). En una medida controvertida, modificó unilateralmente los derechos de propiedad y permitió que el Estado confiscara bienes privados sin supervisión judicial. Incluso propuso convertirse en presidente vitalicio.
Sin embargo, en diciembre de 2007, la Asamblea Nacional rechazó por escaso margen sus amplias reformas.
14
En febrero de 2009, Chávez volvió a presentar sus propuestas controvertidas, esta vez con éxito. Inspirándose en la asesoría cubana, intensificó la represión del disenso. [30]
Ordenó la detención de opositores electos y cerró todas las estaciones privadas de televisión.
15
En junio de 2011, Chávez anunció que se sometería a una cirugía en Cuba para extirpar un tumor. La noticia generó confusión y preocupación en el país. [31] A medida que su salud se deterioraba, los votantes comenzaron a cuestionar su capacidad para gobernar.
Aun así, en 2012, desafiando su frágil estado, Chávez hizo campaña contra Henrique Capriles y obtuvo una victoria presidencial sorpresiva. [32]
16
Chávez durante la campaña electoral, febrero de 2012.
En diciembre de 2012, Chávez se sometió a su cuarta operación en Cuba. Antes de partir de Venezuela, anunció su plan de transición y designó al vicepresidente Nicolás Maduro como su sucesor, acompañado de una poderosa troika encabezada por Diosdado Cabello (jefe militar) y Rafael Darío Ramírez Carreño (administrador de PDVSA). [33][34][35]
Tras la cirugía, Chávez fue trasladado el 11 de diciembre al Hospital Militar Universitario Dr. Carlos Arvelo —adscrito a la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV)— en Caracas, donde permaneció incomunicado, alimentando aún más las especulaciones.
Algunos funcionarios desestimaron los rumores de asesinato, mientras que otros, incluida la exfiscal general Luisa Ortega Díaz, afirmaron que Chávez había muerto el 28 de diciembre. [36]
El gabinete de Maduro negó vehementemente tales acusaciones e insistió en que no se había cometido ningún crimen. En medio de la incertidumbre, Maduro solicitó a la Asamblea Nacional posponer indefinidamente la juramentación presidencial, lo que agravó la crisis política.
17
La Asamblea Nacional accedió a la solicitud de Maduro y votó a favor del aplazamiento de la juramentación.
Chávez falleció el 5 de marzo. Su cuerpo fue embalsamado en tres etapas distintas sin que se realizara una autopsia, lo que alimentó nuevas sospechas y teorías conspirativas.
Treinta días después, Maduro asumió la presidencia en un contexto de persistente incertidumbre política. [37]
Notas Finales—Capítulo VI
§ 2
[1] Charles S. Spencer y Elsa M. Redmond, Prehispanic Causeways and Regional Politics in the Llanos of Barinas, Venezuela (Cambridge: Cambridge University Press, 2017). Resumen: «… relacionados con la dinámica política de la organización cacical durante la fase Gaván Tardía». Publicado en Latin American Antiquity, vol. 9, n.º 2 (junio de 1998): 95-110. https://doi.org/10.2307/971989
[4] L’Atelier des Archive, « Interview du révolutionnaire: Douglas Bravo au Venezuela [circa 1960] » (transcripción: «… conceptos injuriosos en contra de la revolución cubana…» [min. 1:11-14]), YouTube, 14 de octubre de 2016. https://www.youtube.com/watch?v=1cx2D5VM8VM
§ 5
[5] “Hugo Chavez Interview,” YouTube. Extracto de transcripción y marca de tiempo no disponibles. Cita original en español « … si no, quizá me voy del Ejército, no, no puedes irte, me dijo Adán, no, te necesitamos allí, ¿pero quién me necesita? ». Consultado el 12 de octubre de 2023.
[9] Gustavo Coronel, « Corruption, Mismanagement, and Abuse of Power in Hugo Chávez’s Venezuela », Center for Global Liberty & Prosperity: Development Policy Analysis, n.º 2 (CATO Institute, 27 de noviembre de 2006). https://www.issuelab.org/resources/2539/2539.pdf
[11] Mario J. García-Serra, «The ‘Enabling Law’: The Demise of the Separation of Powers in Hugo Chavez’s Venezuela», University of Miami Inter-American Law Review, vol. 32, n.º 2 (primavera-verano 2001): 265-293. https://www.jstor.org/stable/40176554
[26] James Suggett, « Venezuela Nationalizes Gas Plant and Steel Companies, Pledges Worker Control », Venezuelanalysis, 23 de mayo de 2009. https://venezuelanalysis.com/news/4464/
[37] « Cuerpo de Chávez fue tratado tres veces para ser conservado: … intervenido con inyecciones de formol para que pudiera ser velado », El Nacional de Venezuela – Gda, 27 de enero de 2024, 05:50; actualizado el 22 de marzo de 2013, 20:51. https://www.eltiempo.com/amp/archivo/documento/CMS-12708339
Este ensayo examina la promesa del beneficio descendente (teoría trickled-down) no como una teoría económica, sino como un axioma. Indaga el momento en que una hipótesis discutida deja de requerir demostración y comienza a operar como justificación permanente. En ese punto, deja de explicar resultados. Los autoriza.
La promesa del beneficio descendente suele presentarse como un mecanismo mediante el cual la acumulación genera beneficio general. La concentración se describe como provisional, la desigualdad como temporal y la recompensa como finalmente compartida.
Estas afirmaciones desplazan la atención de la verificación hacia la expectativa. La promesa sustituye a la prueba. Lo que se describe como distribución depende de una retención previa. Se afirma que el beneficio fluye solo después de haber sido asegurado en otro lugar.
Un mecanismo que requiere la desigualdad para justificar la igualdad anula su propia premisa. La lógica depende del aplazamiento. Quienes están llamados a esperar no son quienes deciden. La contradicción se vuelve ética cuando la paciencia se asigna de manera desigual. Quienes deben confiar durante más tiempo son quienes menos pueden absorber la demora. Quienes se benefician primero no están expuestos al fracaso en la misma medida. El riesgo no se comparte. El tiempo no es recíproco.
La promesa del beneficio descendente no impone por la fuerza. Gobierna mediante la garantía. Exige que la desigualdad se soporte en el presente a cambio de un beneficio que no puede reclamarse.
Lo que la promesa del beneficio descendente es, entonces, es un relato que estabiliza la concentración al postergar la rendición de cuentas. Lo que no es es un mecanismo distributivo ni una ética mutua.
Cuando la promesa sustituye a la demostración, la promesa del beneficio descendente deja de examinarse y comienza a funcionar como axioma.
Un estudio diagnóstico de cómo la vida pública continúa funcionando cuando el juicio es limitado y las condiciones permanecen inestables
*
Ricardo Morín Mantra: Dominios de acción 21 x 28,5 pulgadas Acuarela, grafito, ceras, tinta y gesso sobre papel 2003
Nota:
Nada de lo que diga pertenece a la obra.
La obra no necesita palabras.
Ya habla en su propio medio, para el cual el lenguaje no tiene equivalente.
Ricardo F. Morín
18 de diciembre de 2025
Oakland Park, Fl
Prefacio
Este trabajo no fue escrito para sostener una posición ni para cerrar un debate. Surgió de una atención sostenida a condiciones que no podían ser ignoradas sin distorsión. Escribir, en este sentido, no es una expresión de propósito, sino una consecuencia de la conciencia.
Las páginas que siguen no reclaman autoridad por pericia ni por urgencia. Parten del reconocimiento de que el juicio debe actuar con frecuencia bajo condiciones incompletas, y de que la claridad, cuando aparece, lo hace de manera gradual y sin garantía. Lo que aquí se ofrece no es una conclusión, sino una continuidad: un esfuerzo por mantenerse fiel a lo que puede observarse cuando la atención se sostiene.
Este estudio no procede de la especialización constitucional, de la autoridad institucional ni de la proximidad profesional al ejercicio del gobierno. Procede de la observación. Sus afirmaciones surgen de una atención sostenida a la manera en que la vida pública continúa funcionando bajo condiciones en las que el juicio está limitado, la información permanece incompleta y, aun así, las decisiones deben tomarse.
En ámbitos donde el conocimiento acreditado suele determinar la legitimidad, escribir desde fuera de la autoridad formal puede dar lugar al rechazo antes incluso de la lectura. Ese riesgo es real. Sin embargo, las condiciones examinadas aquí no pertenecen exclusivamente a dominios técnicos. Se presentan cotidianamente a ciudadanos, funcionarios, instituciones y sistemas por igual. El juicio bajo incertidumbre no es una actividad especializada; es una condición compartida.
La ausencia de credenciales formales no exime a este trabajo del rigor. Exige otro tipo de disciplina: contención en la afirmación, precisión en la descripción y fidelidad a lo que puede observarse sin presuponer dominio. El análisis no pretende resolver cuestiones constitucionales ni proponer soluciones institucionales. Examina cómo la gobernanza persiste cuando la claridad es parcial, cuando la autoridad opera a través de múltiples dominios y cuando la continuidad depende menos de la certeza que del ajuste.
Si este trabajo posee algún valor, no será porque hable desde la autoridad, sino porque atiende con cuidado a la forma en que la autoridad funciona cuando ninguna posición —experta o no— puede reclamar pleno control sobre las condiciones que enfrenta.
Nota del autor
Este trabajo aclara una confusión presente en numerosas culturas políticas: la tendencia a tratar república y democracia como ideales intercambiables, en lugar de entenderlos como componentes distintos de la gobernanza. Los capítulos observan cómo los arreglos políticos continúan operando cuando las categorías heredadas dejan de esclarecer lo que está ocurriendo.
El método es observacional. La vida política se describe tal como se experimenta: decisiones tomadas sin conocimiento pleno, términos utilizados por hábito e instituciones que se ajustan internamente mientras conservan su forma exterior. El análisis parte de los límites del juicio como condición cotidiana: las personas deben actuar antes de comprender plenamente las circunstancias en las que actúan.
Lo que sigue no propone un modelo ni defiende una tradición. Traza cómo el lenguaje, las instituciones y las expectativas se separan a lo largo de distintos dominios de acción, y cómo la vida pública continúa operando bajo condiciones que no permiten una claridad plena.
Capítulo I
Los límites del juicio en la vida pública
*
1
La vida pública depende de formas de juicio desiguales, moldeadas con frecuencia por las presiones que enfrentan las personas. Los individuos llegan a las cuestiones políticas con experiencias distintas, niveles diversos de conocimiento y condiciones variables desde las cuales ponderan lo que se les presenta. Estas diferencias no impiden la toma de decisiones colectivas, pero condicionan la claridad con la que se perciben los términos y los arreglos políticos. Todo lo que sigue —la organización de la autoridad, la estructura de la participación y el modo en que ambas se describen— se desarrolla dentro de una claridad limitada y variable.
2
Los términos políticos permanecen estables incluso cuando se comprenden en grados distintos. Palabras como república y democracia poseen significados diferenciados —una refiere a un arreglo de autoridad, la otra a un método de participación— y, sin embargo, se utilizan con frecuencia de manera indistinta. Los términos conservan familiaridad aun cuando la claridad necesaria para mantenerlos separados varía según la circunstancia. Como resultado, el debate público puede apoyarse en un lenguaje establecido sin corresponder siempre a los arreglos efectivamente vigentes.
3
Una república designa un arreglo en el cual la autoridad reside en cargos públicos y se ejerce mediante instituciones, no a través del gobierno personal. Una democracia designa el método mediante el cual las personas participan en las decisiones públicas, ya sea de forma directa o representativa. La república describe cómo se contiene la autoridad; la democracia, cómo se organiza la participación. Dado que estos términos remiten a dimensiones distintas de la vida política —una estructural, la otra procedimental— un mismo sistema puede combinar ambas. Estados Unidos ilustra esta combinación: la autoridad es institucional y pública, mientras que la participación se organiza mediante elecciones y decisiones colectivas.
4
El discurso público suele recurrir a términos familiares para describir arreglos políticos sin examinar cómo se organizan efectivamente la autoridad y la participación. Las referencias amplias sustituyen el funcionamiento institucional concreto, permitiendo que el lenguaje permanezca continuo incluso cuando las circunstancias se modifican. Los términos persisten no porque describan con precisión los arreglos actuales, sino porque ofrecen un vocabulario estable a través del cual la vida pública puede seguir siendo discutida mientras se adapta.
5
Patrones de este tipo aparecen en muchas sociedades. Cuando las circunstancias son inestables, la autoridad tiende a concentrarse; cuando las condiciones son más estables, la participación suele ampliarse. La dirección no es uniforme entre países ni períodos, pero el patrón es reconocible: la autoridad se concentra o se dispersa en respuesta a las condiciones, no al lenguaje utilizado para describir la vida política. Lo que varía es la claridad con la que una sociedad distingue entre la estructura que contiene la autoridad y el método mediante el cual ocurre la participación.
6
Este desplazamiento entre autoridad concentrada y autoridad dispersa se manifiesta de manera distinta según el contexto nacional. En Venezuela, las referencias a la república han acompañado con frecuencia períodos de fortalecimiento de la conducción ejecutiva, aun cuando no se consoliden procedimientos duraderos de participación. En Estados Unidos, el énfasis suele invertirse. La participación se afirma de manera más visible en el umbral electoral, mientras que la autoridad se ejerce posteriormente a través de procesos institucionales que restringen la intervención pública en lugar de ampliarla.
Tras las elecciones presidenciales, decisiones de alto impacto se desarrollan mediante canales estructurados que limitan la participación por diseño: la selección de nominados, el control de los tiempos de confirmación, la gestión de vacantes estratégicas y la secuenciación de los procedimientos dentro del Comité Judicial del Senado. Las votaciones de confirmación y la concesión de cargos de duración indefinida trasladan aún más la autoridad desde el electorado hacia ámbitos institucionales protegidos. De este modo, la participación alcanza su punto máximo en el momento de la selección y se retrae a medida que la autoridad avanza.
Los términos difieren, pero el patrón converge: en ambos casos, la participación pública se reduce a medida que la autoridad decisoria se consolida.
7
La vida pública resulta más inteligible cuando la distinción entre estructura y participación permanece visible. La república identifica cómo se dispone la autoridad mediante cargos e instituciones; la democracia identifica cómo se organiza la participación mediante procedimientos colectivos. Cuando estos términos se emplean sin esa distinción, la atención se desplaza del funcionamiento institucional hacia la denominación. El debate gira en torno al lenguaje más que a los procesos, y el movimiento de la autoridad se vuelve más difícil de seguir.
8
Ninguna combinación única de estructura y participación satisface todas las exigencias que se imponen a la vida pública. La autoridad concentrada permite rapidez, pero restringe la inclusión; la participación amplia incrementa la inclusión, pero ralentiza la coordinación. La mayoría de los gobiernos combinan estos elementos en proporciones variables, y esas proporciones cambian conforme cambian las condiciones. La relación entre autoridad y participación se vuelve más clara en ciertos períodos y más opaca en otros.
9
Cuando esta relación no es clara, las personas se orientan por lo que resulta más visible. Para algunos, la referencia es la acción ejecutiva; para otros, los cuerpos representativos; muchos responden principalmente a resultados inmediatos. Estos puntos de referencia configuran la experiencia del sistema incluso cuando su estructura formal permanece intacta.
10
La vida pública continúa no porque sus condiciones estén resueltas, sino porque las decisiones no pueden esperar a una certeza plena. La autoridad actúa mientras las circunstancias permanecen incompletas, y la participación ocurre sin una anticipación total de sus efectos. El sistema perdura por esta necesidad: las decisiones se toman bajo visibilidad parcial, los términos sobreviven más allá de su precisión y las instituciones se ajustan internamente sin perder su forma exterior. Lo que mantiene unida a la vida pública no es la claridad, sino la necesidad de proceder en su ausencia.
10
La vida pública continúa no porque sus condiciones estén resueltas, sino porque las decisiones no pueden esperar a una certeza plena. La autoridad actúa aun cuando las circunstancias son incompletas, y la participación ocurre aun cuando sus efectos no pueden anticiparse del todo. El sistema perdura por esta necesidad: se decide en entornos parcialmente visibles, con términos que no siempre corresponden a las condiciones vigentes y mediante instituciones que se ajustan sin perder su forma. Lo que mantiene unido al sistema no es la claridad, sino la necesidad de proceder en su ausencia.
Capítulo II
La acción ejecutiva bajo incertidumbre
*
1
La acción ejecutiva es el dominio en el que las decisiones son menos postergables. A diferencia de los cuerpos deliberativos, el ejecutivo está estructurado para actuar antes de que las condiciones se estabilicen. La presión del tiempo, la información incompleta y las señales contradictorias definen su entorno operativo. Esto no vuelve excepcional al juicio ejecutivo; hace más visibles sus límites.
2
Dado que las decisiones ejecutivas son observables públicamente, con frecuencia se convierten en el principal punto de referencia desde el cual se interpreta la vida política. Órdenes, declaraciones, nombramientos y acciones de cumplimiento resultan más visibles que los procesos que las preceden o las siguen. La visibilidad produce una impresión de control incluso cuando los resultados permanecen inciertos.
3
La autoridad del ejecutivo suele describirse como personal, aunque se ejerce mediante mecanismos institucionales. Las decisiones atribuidas a una figura se ejecutan a través de agencias, procedimientos y discrecionalidades delegadas. Esta ejecución estratificada permite que la acción avance mientras la responsabilidad se distribuye entre estructuras que permanecen en gran medida fuera de la vista.
4
Los períodos de incertidumbre tienden a comprimir la autoridad hacia el ejecutivo. Cuando la coordinación se ralentiza en otros ámbitos, la acción ejecutiva ocupa el espacio disponible. Esta concentración no requiere un cambio en la estructura constitucional; ocurre dentro de las formas existentes, a medida que las responsabilidades se estrechan y los plazos se acortan.
5
El juicio público suele centrarse en la apariencia de decisión más que en las condiciones que la rodean. La rapidez se confunde con claridad; la repetición, con determinación. La cuestión de si una decisión podría haber sido distinta queda desplazada por si fue tomada de manera visible y sin titubeos.
6
Este enfoque altera la percepción de la rendición de cuentas. Dado que la acción ejecutiva es inmediata, absorbe elogios y reproches incluso cuando los resultados dependen de factores que exceden su control. El dominio ejecutivo se sobrecarga simbólicamente y comienza a funcionar como sustituto del sistema en su conjunto.
7
Con el tiempo, esta dinámica reconfigura las expectativas. Se espera que los ejecutivos resuelvan condiciones que ningún cargo individual puede gestionar por sí solo. Cuando los resultados no satisfacen esas expectativas, la insatisfacción se personaliza en lugar de volverse estructural. El juicio se estrecha hacia las figuras, no hacia los procesos.
8
La persistencia de la acción ejecutiva bajo incertidumbre no indica un fracaso en otros ámbitos. Refleja la necesidad de actuar en entornos donde la demora tiene costos propios. El ejecutivo no elimina la incertidumbre; opera dentro de ella.
9
Tal como se establece en el Capítulo I —Los límites del juicio en la vida pública—, la distinción entre estructura y método se mantiene intacta. La autoridad ejecutiva es un componente estructural de la república. Su prominencia bajo incertidumbre no convierte al sistema en gobierno personal ni disuelve otras formas de participación. Modifica su visibilidad relativa.
10
La acción ejecutiva continúa porque las decisiones no pueden esperar a que las condiciones se estabilicen. Lo que el público observa no es dominio, sino movimiento. El ámbito parece decisivo no porque resuelva la incertidumbre, sino porque debe actuar mientras la información relevante permanece en flujo.
Capítulo III
Desplazamiento administrativo y sustitución procedimental
*
1
La acción administrativa opera a distancia de la atención pública, no porque se oculte, sino porque se despliega mediante estructuras diseñadas para la continuidad más que para la visibilidad. Las normas se aplican, los procedimientos se ajustan y las prioridades se reordenan dentro de organismos cuyo trabajo sostiene la gobernanza sin ocupar el primer plano de la vida política. Estas acciones rara vez se presentan como decisiones discretas, pero moldean los resultados con la misma eficacia que los actos legislativos o las órdenes ejecutivas.
2
Aunque el poder ejecutivo soporta el peso más visible de la acción, no actúa en soledad. La autoridad circula a través de una estructura interna densa —departamentos, oficinas y jerarquías administrativas— que traduce la orientación ejecutiva en práctica efectiva. Dentro de esta estructura coexisten distintas orientaciones temporales: algunas responden a la inmediatez del mandato político; otras operan dentro de marcos constitucionales y legales concebidos para asegurar duración, estabilidad y memoria institucional.
3
Lo que en el espacio público aparece como un acto ejecutivo unitario es, en la práctica, el borde visible de un proceso distribuido. Las autoridades administrativas no sustituyen la función legislativa ni interpretan la ley en sentido judicial. Aplican estatutos, reglamentos y precedentes existentes a circunstancias concretas, ejerciendo discrecionalidad únicamente dentro de límites ya definidos. La gobernanza continúa a través de esta aplicación no porque la interpretación se expanda, sino porque la ejecución debe proseguir incluso cuando la acción legislativa directa está ausente o se retrasa.
4
La sustitución procedimental ocurre cuando la toma de decisiones formales no puede avanzar al mismo ritmo que los acontecimientos. Cuando la legislación se estanca o la autoridad ejecutiva alcanza sus límites constitucionales, los procesos administrativos absorben responsabilidad ajustando la aplicación de las normas vigentes. Se afinan directrices, se reordenan prioridades de cumplimiento y se recalibran recorridos procedimentales para que la acción continúe sin alterar el marco legal.
5
El efecto de este ajuste es acumulativo, no declarativo. Los procedimientos adquieren fuerza mediante su uso sostenido a lo largo del tiempo, entre casos y oficinas. Lo decisivo no es el anuncio de una decisión, sino la consolidación de una práctica que se vuelve operativa por repetición. La autoridad se ejerce por continuidad de aplicación, no por proclamación ni exhibición.
6
Dado que la responsabilidad se distribuye entre organismos y rutinas, el juicio público suele tener dificultades para identificar dónde ocurre el cambio. Los resultados aparecen sin un momento único de decisión al que puedan atribuirse. Esta dispersión no elimina la responsabilidad, pero la vuelve más compleja. Los efectos se experimentan antes de que se comprendan sus orígenes procedimentales, si es que llegan a comprenderse.
7
Con el tiempo, este modo de gobernanza reconfigura las expectativas públicas. Las personas pueden percibir que las condiciones han cambiado sin tener claridad sobre quién actuó o de qué manera. La insatisfacción se adhiere al sistema en su conjunto más que a actores identificables, no porque la autoridad esté ausente, sino porque opera a través de canales que no coinciden con los relatos públicos de decisión y responsabilidad.
8
El desplazamiento administrativo no señala una ruptura institucional. Refleja la necesidad de sostener la gobernanza bajo restricción. Cuando las decisiones formales no pueden adoptarse con la rapidez requerida, los procedimientos se adaptan para que la autoridad continúe funcionando sin exceder sus límites legales. El sistema no se suspende; ajusta sus trayectorias.
9
Este dominio ilustra la separación entre forma y operación establecida en el capítulo inicial. La estructura constitucional de la autoridad permanece intacta, mientras que su ejecución desplaza énfasis y secuencia. Lo que cambia no es quién detenta el poder, sino cómo ese poder se despliega bajo condiciones que no permiten una resolución explícita.
10
La gobernanza persiste a través de estas sustituciones porque la acción no puede detenerse. La autoridad avanza no abandonando sus límites, sino trabajando dentro de ellos. La continuidad de la vida pública depende menos de decisiones visibles que de la capacidad institucional de aplicar marcos existentes a circunstancias cambiantes, de manera imperfecta y sin pretensión de cierre definitivo.
Capítulo IV
Ritual electoral y persistencia de la forma
*
1
Las elecciones son el rasgo más reconocible de la participación democrática. Proporcionan una estructura recurrente mediante la cual la implicación pública se organiza y se exhibe. Su regularidad genera una sensación de continuidad incluso cuando las condiciones circundantes cambian.
2
Como ritual, las elecciones afirman la participación mediante la repetición. Los procedimientos permanecen familiares —campañas, votación, certificación, transición— y establecen una secuencia compartida que señala orden y legitimidad. Estas formas exteriores sostienen la confianza en el proceso, incluso cuando los resultados permanecen inciertos.
3
Las elecciones perduran no porque resuelvan el conflicto, sino porque organizan la confianza en el punto de selección. No zanjan el desacuerdo; hacen posible la coordinación continuada al establecer un momento reconocido de autorización.
4
Una vez organizada la confianza en el punto de selección, la atención pública se desplaza de los mecanismos de participación hacia la visibilidad de los resultados. Ganar y perder sustituyen el examen de cómo la participación se traduce en política, administración o ejecución. El ritual satisface la expectativa de involucramiento, mientras la atención se aparta de los trayectos mediante los cuales la autoridad opera después de la selección.
5
Este énfasis en el resultado refuerza la estabilidad simbólica. Mientras las elecciones se celebren según lo previsto y los resultados sean reconocidos, el sistema parece intacto. Las preguntas sobre cómo se toman las decisiones posteriormente —cómo se transporta, distribuye y limita la autoridad— reciben una atención menos sostenida.
6
Las discrepancias entre la elección electoral y la experiencia vivida suelen atribuirse a individuos más que a trayectorias institucionales. La insatisfacción se personaliza, mientras la distancia estructural entre participación y gobernanza permanece en gran medida sin examinar.
7
Los rituales electorales persisten porque cumplen una función estabilizadora. Marcan transiciones, renuevan la legitimidad y proporcionan un punto de referencia compartido para la vida pública. Su perdurabilidad no depende de su capacidad para resolver presiones subyacentes, sino de su aptitud para preservar la coordinación en presencia del desacuerdo.
8
A medida que cambian las condiciones, la participación puede volverse más expresiva que efectiva. El voto señala presencia y alineamiento, incluso cuando no modifica de manera sustantiva las trayectorias administrativas o ejecutivas. La expresión permanece visible; la influencia se vuelve más incierta.
9
La democracia, entendida como método, permanece visible y activa. Lo que fluctúa es el grado en que la participación alcanza los dominios donde las decisiones se ajustan de forma continua, y donde la autoridad sigue operando después del momento del voto.
10
La vida pública continúa mediante este arreglo porque la acción no puede detenerse en el punto de selección. Las decisiones prosiguen mientras las condiciones evolucionan, la información se acumula de forma desigual y la responsabilidad se desplaza entre dominios. Lo que perdura no es la resolución, sino la continuidad: la gobernanza avanza mediante ajuste, no mediante clausura, sostenida por instituciones que actúan sin reclamar finalidad.
Ricardo F. Morin Escatología Acuarela, gouache, corrector blanco y tinta negra sobre papel 14″x20″ 2004
Ricardo F. Morín
11 de enero de 2026
Oakland Park, Fl
1. Las civilizaciones describen periódicamente su presente como un momento singularmente peligroso. Estas afirmaciones rara vez se apoyan en comparaciones históricas o en análisis institucionales. Surgen, más bien, de una falla de escala: la incapacidad de distinguir entre perturbación y colapso, entre incertidumbre y final, entre incoherencia y apocalipsis.
2. Los momentos de peligro civilizatorio real no son hipotéticos. La peste negra eliminó a un tercio de la población europea. La Guerra de los Treinta Años devastó regiones enteras. El siglo XX combinó guerra industrializada, genocidio y la aparición de la aniquilación nuclear. Estos episodios no necesitaron lenguaje profético para ser reconocidos como catastróficos. Su magnitud era mensurable. Sus efectos, materiales. Sus causas, rastreables.
3. La retórica apocalíptica aparece no cuando el peligro es mayor, sino cuando la comprensión falla. Convierte la incertidumbre en drama moral. Cuando los procesos políticos se vuelven opacos, cuando los resultados resisten la previsión y cuando la autoridad actúa sin un patrón inteligible, la explicación se retira. En su lugar entra la escatología: un relato que simplifica la complejidad, asigna culpas absolutas y promete clausura.
4. La figura del Anticristo pertenece a este registro. No es una categoría analítica. Es una condensación simbólica del miedo. Al situar el peligro total en una sola persona, el pensamiento escatológico libera a la sociedad de examinar instituciones, incentivos y límites. Sustituye la indagación causal por la revelación.
5. Este encuadre también distorsiona la responsabilidad. Las civilizaciones no se desintegran por individuos aislados. Se deterioran mediante fallas acumulativas de gobernanza, adaptación y legitimidad. Estos procesos se desarrollan de manera desigual, a menudo reversible, y sin finalidad predeterminada. No se anuncian con señales. No culminan según calendario.
6. La escatología prospera allí donde la explicación se retira. Ofrece certeza emocional donde el análisis exige paciencia. Resulta persuasiva porque promete el fin de la ambigüedad, no porque aclare las causas. Al transformar el desorden político en lucha cósmica, desvía la atención de condiciones examinables hacia mitos que no admiten corrección.
7. El peligro del pensamiento apocalíptico no reside en exagerar el riesgo, sino en desviar la atención. Entrena a los ciudadanos a buscar presagios en lugar de causas, villanos en lugar de condiciones, destino en lugar de decisiones. Con ello, profundiza la misma impotencia que pretende describir.
8. Lo que el presente requiere no es profecía, sino proporción. No teatro moral, sino discernimiento. No el lenguaje de la revelación, sino la disciplina de comprender cómo opera el poder, dónde falla y cómo puede ser limitado.
9. Allí donde la explicación regresa, la superstición retrocede. Donde se restablece la claridad, el apocalipsis pierde su fuerza.
Ricardo F. Morin Viabilidad Frotados con acuarela y corrector blanco sobre papel vegetal para dibujo 50,8 x 76,2 cm 2005
Ricardo F. Morín
11 de Enero de 2026
Oakland Park, Fl
1. La pregunta suele plantearse en términos de por qué ciertos regímenes corruptos se convierten en objeto de acción política mientras otros, no menos comprometidos, no lo hacen. A primera vista, esto parecería exigir una explicación moral comparativa. En realidad, no es así. La dificultad no radica en la falta de información, sino en la suposición de que tales acciones están guiadas por un sistema coherente y generalizable de principios.
2. Lo que puede observarse no es la aplicación de un principio entre distintos casos, sino decisiones adoptadas uno a uno. La acción política no sigue una regla que pueda aplicarse de antemano a diferentes regímenes. Por esa razón, las comparaciones entre Venezuela, Arabia Saudita, Rusia o Argentina oscurecen más de lo que aclaran. Presuponen un criterio de decisión que, en la práctica, no orienta la acción.
3. Las acciones examinadas aquí son aquellas emprendidas por Donald Trump en su condición de actor político. Su nombre se introduce no para explicar el comportamiento mediante la personalidad o la intención, sino para situar la responsabilidad. El análisis parte de decisiones observables y de las circunstancias en las que dichas decisiones fueron tomadas, y no de suposiciones sobre carácter, motivo o disposición.
4. La pregunta relevante no es, por tanto, por qué algunos regímenes son confrontados y otros ignorados, sino en qué circunstancias un país presenta pocos obstáculos a la acción, y qué intereses inmediatos se alinean para hacerla viable. Esta reformulación desplaza el análisis del juicio moral hacia las circunstancias observables.
5. Entendida en estos términos, la cuestión admite una respuesta, no como regla, sino como un relato de cómo se toman decisiones en casos concretos. No existe manera de inferir, a partir del nivel de corrupción por sí solo, si la acción ocurrirá. Sí existe, en cambio, una forma de explicar por qué, en determinadas circunstancias, la acción avanza.
6. En el caso venezolano confluyen varias condiciones.
7. En primer lugar, la resistencia externa inmediata es limitada. Venezuela carece de aliados dispuestos a imponer consecuencias materiales, militares o económicas en respuesta a presiones o a una intervención de alcance limitado.
8. En segundo lugar, las instituciones del Estado no actúan de manera coordinada. Los organismos administrativos, las fuerzas de seguridad y las autoridades políticas no operan de forma consistente bajo un mando único, lo que reduce la capacidad de articular una respuesta conjunta y facilita la acción externa.
9. En tercer lugar, Venezuela puede ser presentada públicamente como un caso excepcional —marcado por colapso, conductas delictivas y fallas administrativas— lo que permite exponer acciones ante audiencias internas sin necesidad de invocar un principio general que deba aplicarse en otros contextos.
10. En cuarto lugar, los intereses económicos se canalizan mediante negociaciones de corto plazo más que a través de compromisos duraderos. El petróleo venezolano, bajo sanciones y desorden administrativo, puede incorporarse a acuerdos circunstanciales sin exigir alianzas estables.
11. Por último, la presión ejercida sobre Venezuela no provoca una disrupción inmediata de mercados clave ni de equilibrios estratégicos mayores. A diferencia de los casos de Arabia Saudita o Rusia, la acción no desencadena respuestas económicas o militares en cadena.
12. Ninguno de estos factores constituye una explicación moral ni una doctrina rectora. Considerados en conjunto, describen cuándo una administración actúa mediante la política exterior: no porque la corrupción sea mayor, sino porque la resistencia es limitada, los intereses convergen con rapidez y puede sostenerse una justificación ante el público—condiciones ausentes en muchos casos de corrupción igualmente grave.
13. Esto no explica el mundo. Explica una decisión.
Este ensayo considera la inflación no como una variable técnica, sino como un axioma. Examina el momento en que la inflación deja de presentarse como un resultado de políticas y comienza a operar como una condición de fondo. En ese punto, deja de justificarse. Se soporta.
La inflación suele describirse como neutral. Se afirma que afecta a todos por igual, que surge de forma impersonal y que corrige excesos con el tiempo. Estas descripciones le confieren el estatuto de condición natural en lugar de decisión mediada por instituciones. Así, la indagación ética queda suspendida.
Lo que se presenta como general es, en la práctica, asimétrico. La inflación redistribuye valor a lo largo del tiempo. Quienes pueden postergar consumo, mantener activos o cubrir su exposición no se ven afectados del mismo modo que quienes dependen de salarios, alquileres u obligaciones fijas.
Una condición que produce desigualdad previsible mientras se presenta como neutral se contradice a sí misma. La contradicción se acentúa cuando la inflación se formula como inevitable. La inevitabilidad elimina la agencia de la decisión, pero conserva sus efectos. La responsabilidad se disuelve en explicación.
Se exige ajuste sin consentimiento y se prescribe la paciencia como virtud. La tensión ética no reside en el sacrificio, sino en la ausencia de reciprocidad. Quienes deciden no están expuestos en el mismo marco temporal que quienes absorben el costo.
La inflación opera de forma silenciosa. No impone por la fuerza, sino por normalización. Se acepta porque se explica y persiste porque se presenta como ineludible.
Lo que la inflación es, entonces, es un mecanismo distributivo inscrito en el tiempo. Lo que no es es neutral, impersonal ni equitativamente compartido.
Cuando esta distinción se oscurece, la inflación deja de examinarse y comienza a gobernar como axioma.
Ricardo F. Morín Borraduras Frotados de acuarela sobre papel de seda japonés 14″x20″ 2005
Ricardo F. Morín
10 de Enero de 2026
Oakland Park, Fl
*
1.
El debate público suele presentar la corrupción como una serie de escándalos aislados vinculados a individuos identificables. Ese encuadre es engañoso. La investigación periodística y los registros judiciales muestran que, en el caso venezolano, la responsabilidad se desplaza mediante acciones repetidas que permiten el beneficio ilícito mientras se oculta la rendición de cuentas.
2.
El documental de PBS Frontline que examina el ascenso y el papel de Alex Saab ofrece un punto de entrada claro. Saab no actuó como decisor político ni como figura simbólica. Según acusaciones formales de los Estados Unidos y reportajes de investigación sostenidos, actuó como testaferro fraudulento, canalizando contratos, activos y pagos para ocultar a los beneficiarios reales.
3.
La relevancia diagnóstica de Saab no reside en su perfil personal, sino en la acción que desempeñó. El testaferro no es un intermediario neutral. Presta su nombre para que la autoridad obtenga beneficios mientras niega responsabilidad por las consecuencias de sus decisiones. El firmante contractual no es el centro de decisión.
4.
Esta acción se repite en Venezuela en distintos ámbitos: ventas de petróleo realizadas mediante intermediarios, programas de importación de alimentos con productos sobrevalorados o en mal estado, proyectos de vivienda financiados y no concluidos, y transferencias financieras destinadas a evadir sanciones y controles. Las formas varían; la acción es la misma: se autoriza la conducta, el beneficio se concentra y la responsabilidad se desplaza.
5.
El mismo desplazamiento de responsabilidad se manifiesta en el uso de grupos armados irregulares que ejercen coerción sin una atribución formal. Sus acciones no requieren un mando demostrable. La ausencia de una cadena de autoridad rastreable no es coincidental, sino constitutiva: se aplica la fuerza mientras que la autoría permanece negable.
6.
En este punto, la corrupción individual da paso a una conducta delictiva sostenida en el tiempo. Fiscales estadounidenses han alegado que estas acciones financieras y logísticas coinciden con narcotráfico y lavado de dinero atribuidos a altos funcionarios civiles y militares, incluido Nicolás Maduro. Estas imputaciones se apoyan en alegaciones de coordinación, protección y beneficio.
7.
Lo que las acusaciones judiciales y la investigación periodística denominan Cartel de los Soles no depende de la existencia de una cadena de mando unificada. El término describe una situación en la que el tráfico de drogas depende del permiso, la tolerancia o la protección de autoridades estatales.
8.
Desde esta perspectiva, Saab no es una anomalía ni un cerebro aislado. Es un participante sustituible cuya remoción no interrumpe la conducta descrita. La persistencia de la actividad depende de la sustitución, no de jerarquía.
9.
Esta precisión despeja una confusión recurrente en el debate público. Describir estas acciones no implica emitir juicios morales ni expresar hostilidad ideológica. Implica identificar un fraude delegado mediante el cual la autoridad conserva una apariencia de legitimidad trasladando la exposición legal a intermediarios.
10.
Cuando estas acciones se extienden a través de ministerios, fronteras y mercados y se sostienen mediante poder coercitivo, superan la corrupción ordinaria. Constituyen criminalidad organizada ejercida con capacidad estatal, con independencia de la forma organizativa.
11.
La relevancia del trabajo de Frontline no reside en añadir un episodio más a una historia conocida. Reside en mostrar cómo el uso de testaferros permite que esta conducta persista en el tiempo. De ello no se desprende vindicación, sino claridad sobre por qué la rendición de cuentas no se logra sustituyendo individuos.
Observaciones sobre la percepción 