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Triangulación 8: Lente de incoherencia procedimental
56 x 76 cm
Acuarela y lápiz de cera sobre papel
2007
Ricardo Morin
Noviembre 2025
Oakland Park, Florida
Resumen
Este ensayo examina cómo los procedimientos que rigen el uso de la fuerza, la clasificación de los conflictos y la formulación del derecho de legítima defensa se apartan de los principios declarados en tres ámbitos de la política exterior de los Estados Unidos: el ataque marítimo cerca de Trinidad, la guerra entre Ucrania y Rusia, y el conflicto que involucra a Israel, Palestina y países adyacentes. El análisis rastrea cómo surgen las inconsistencias cuando el lenguaje oficial no se alinea con las normas establecidas, cuando los criterios cambian según circunstancias comparables y cuando la base declarada de una acción se modifica en función de necesidades políticas más que de coherencia procedimental. La comparación muestra cómo estas divergencias contribuyen a la inestabilidad y debilitan la claridad interpretativa en los asuntos internacionales.
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El reportaje de The Washington Post titulado “‘Kill them all’: Hegseth’s battlefield rhetoric shaped Trump-era strike” (https://www.washingtonpost.com/national-security/2025/11/28/hegseth-kill-them-all-survivors-boat-strike/) describe una operación militar estadounidense cerca de Trinidad en la que una pequeña embarcación que se creía transportaba estupefacientes fue atacada tras ser identificada erróneamente. El secretario de Defensa Pete Hegseth emitió una orden verbal de “matar a todos”, y el ataque causó la muerte de la mayoría de los ocupantes. Cuando la vigilancia aérea identificó a dos supervivientes aferrados a los restos, se ordenó un segundo ataque que también acabó con sus vidas. Las explicaciones posteriores al Congreso presentaron este segundo ataque como una acción destinada a eliminar un peligro para la navegación, aun cuando la presencia de supervivientes ya había sido confirmada. La Oficina de Asesoría Legal (Office of Legal Counsel, OLC), cuyo dictamen posterior justificó las acciones como parte de un conflicto armado con grupos narcoterroristas designados, introdujo una clasificación jurídica que se apartaba de los hechos expuestos en los informes iniciales. Estos elementos conforman un único conjunto de materiales a partir del cual puede examinarse la coherencia procedimental.
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La irregularidad procedimental se hace visible cuando se ordenan los pasos de la operación: una presunción no verificada sobre la identidad de la embarcación, una orden que trató a todos los ocupantes como combatientes, un segundo ataque ejecutado después de haberse identificado a los supervivientes y una justificación jurídica posterior basada en una clasificación que reinterpretaba la operación como parte de un conflicto armado. Cada paso descansó en un principio distinto: presunción, orden, reinterpretación y reclasificación. La divergencia entre estos principios muestra cómo el procedimiento se modificó para ajustarse al encuadre deseado, en lugar de guiar la acción según un criterio estable. Esta modificación no implica motivación; demuestra cómo el lenguaje administrativo puede separarse de los criterios que normalmente rigen el uso de la fuerza.
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Una disyunción procedimental similar aparece cuando las posiciones estadounidenses respecto a Ucrania y Rusia se analizan junto al caso de Trinidad. Estados Unidos condena públicamente los ataques rusos contra civiles ucranianos, citando violaciones de distinción, proporcionalidad y responsabilidad bajo las leyes de los conflictos armados. Sin embargo, los debates sobre reducir el apoyo a Ucrania han introducido una inversión en la que los compromisos procedimentales utilizados para condenar a Rusia no se aplican con la misma consistencia cuando se consideran las consecuencias de disminuir la asistencia a un Estado que defiende su soberanía. El desplazamiento entre la insistencia en las normas jurídicas y el cálculo político muestra cómo los procedimientos pueden adoptar nuevas formas según la circunstancia, aun cuando los principios declarados no cambian. La inconsistencia no reside en las declaraciones, sino en las inversiones procedimentales que aparecen cuando el apoyo a Ucrania se entrelaza con cálculos estratégicos más amplios.
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El conflicto que involucra a Israel, Palestina y Estados vecinos como Irán, Líbano y Yemen revela otra forma de divergencia procedimental. Estados Unidos afirma el derecho de Israel a la legítima defensa, pero evita reconocer en términos procedimentales equivalentes la reivindicación palestina de autodeterminación. Los mismos criterios invocados para justificar las acciones de una de las partes no se extienden a la otra cuando busca afirmar su soberanía, aunque ambas reivindicaciones surgen dentro de una misma circunstancia territorial y política. Esta asimetría se vuelve más evidente al considerar los ataques regionales: los procedimientos empleados para justificar las respuestas israelíes a amenazas provenientes de Irán, Líbano o Yemen difieren de los aplicados a las acciones palestinas, aun cuando operan en un entorno interconectado donde las consecuencias de un enfrentamiento influyen en los demás. La divergencia refleja una evasión procedimental que estabiliza una posición mientras deja a la otra sin una vía articulada hacia el reconocimiento o la resolución.
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Cuando se examinan conjuntamente las tres circunstancias —el ataque cerca de Trinidad, la evolución de la postura hacia Ucrania y Rusia, y la asimetría procedimental en el conflicto israelo-palestino—, sus diferencias no ocultan el patrón común. En cada caso, los procedimientos que normalmente rigen el uso de la fuerza o el reconocimiento de la soberanía se apartan de los principios invocados públicamente. En Trinidad, la divergencia adopta la forma de una reclasificación posterior a los hechos. En Ucrania, aparece como una inversión en la aplicación de los principios de protección civil e integridad territorial. En Israel y Palestina, surge como una aplicación parcial del derecho a la legítima defensa sin un reconocimiento correspondiente de los requisitos procedimentales asociados a la soberanía. La alineación entre los casos proviene de la forma en que los procedimientos se modifican para ajustarse a necesidades políticas en lugar de guiar la acción conforme a criterios estables.
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Esta alineación no se basa en la equivalencia de los conflictos, sino en la consistencia de las desviaciones procedimentales. Cada caso muestra cómo el mismo vocabulario —conflicto armado, legítima defensa, soberanía y protección de civiles— funciona de manera distinta según el actor al que se aplique. Los procedimientos asociados a estos términos cambian según la circunstancia, no según el principio. Como resultado, el significado de cada término se vuelve inestable. Lo que cuenta como conflicto armado en Trinidad, defensa soberana en Ucrania o uso legítimo de la fuerza en Gaza depende no de un estándar procedimental uniforme, sino del marco político seleccionado en cada instancia.
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Una política exterior coherente requiere que los procedimientos que rigen el uso de la fuerza, el reconocimiento de la soberanía y la clasificación de los conflictos permanezcan constantes entre circunstancias. El ataque de Trinidad muestra cómo los procedimientos pueden ser reorganizados a posteriori para proteger la narrativa de una operación. La evolución de la postura respecto a Ucrania demuestra cómo los compromisos procedimentales pueden debilitarse cuando las consideraciones estratégicas adquieren prioridad. El tratamiento de las reivindicaciones palestinas y de la legítima defensa israelí revela cómo puede aplicarse selectivamente un mismo procedimiento dentro de una misma región. En conjunto, estas inconsistencias muestran cómo la falta de coherencia procedimental reduce la claridad interpretativa y complica las relaciones de las que depende la estabilidad internacional.
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El examen de estos casos desde un único lente no los equipara; identifica la incoherencia procedimental que aparece cuando los principios que rigen el uso de la fuerza, el reconocimiento de la soberanía y la clasificación de los conflictos no se alinean con las acciones emprendidas. El resultado es un ámbito de asuntos internacionales en el que la base declarada de una acción varía según la circunstancia, y en el que el lenguaje procedimental se adapta a las necesidades políticas en lugar de ofrecer un estándar estable para la toma de decisiones. Las inferencias que se desprenden quedan en manos del lector, quien podrá juzgar cómo la falta de coherencia procedimental influye en la credibilidad de la conducta estadounidense en el exterior.
Observaciones sobre la percepción 