Ricardo F. Morín Un acuerdo para disentir Acuarela, gouache, corrector líquido y tinta negra sobre papel 14″x20″ 2005
Ricardo F. Morín
9 de enero de 2026
Oakland Park, Fl.
Algunos antagonismos no reclaman vindicación, sino claridad
*
Nuestro intercambio reveló no un desacuerdo susceptible de resolución, sino una desalineación que no podía repararse mediante una argumentación adicional. Lo que en un inicio pareció una diferencia analítica fue dejando ver una divergencia más profunda en la manera misma de abordar la comprensión. En ese punto, la explicación dejó de aclarar y comenzó a oscurecer.
Hay momentos en la vida en los que las relaciones antagónicas deben ser afrontadas no para prevalecer, sino para reconocer límites. No todo cuestionamiento constituye una invitación al intercambio, ni toda afirmación de autoridad merece respuesta. Cuando el discurso se desplaza de la indagación hacia la autoafirmación, la tarea deja de ser la persuasión y pasa a ser el reconocimiento: de lo que puede compartirse, de lo que no, y de cuándo la distancia se convierte en una forma de integridad y no de evasión.
El distanciamiento, así entendido, no supone una abdicación de la razón ni una retirada del rigor. Supone el reconocimiento de que la autoridad intelectual no surge de la superioridad moral, de la acumulación de fuentes ni de la exigencia de ser reconocido como correcto. Una autoridad que no tolera límites se socava a sí misma por la postura que adopta.
El distanciamiento, entonces, no es ni silencio ni concesión. Es un apartamiento que tiene peso: liberador y decepcionante, real y conmovedor. No ofrece consuelo, pero afirma la vida misma al negarse a persistir en la distorsión. Lo que permanece no es la victoria, sino una verdad preservada mediante la contención.
La autoridad intolerante de los límites sucumbe a la soberbia por sí misma.
Ricardo F. Morín Retrato de un presidente III Acuarela, gouache, tinta negra y corrector blanco sobre papel 35,5 x 51 cm 2003
Ricardo F. Morín
7 de enero de 2026
Oakland Park, Fl.
1.
El momento presente no se manifiesta como una crisis de ideología, sino como una crisis de secuencia. Lo que se pone a prueba no es el contenido de los principios declarados, sino el orden en el que autoridad, revisión y justificación llegan a producirse. Las decisiones avanzan antes de que se hayan formulado las condiciones que normalmente las autorizarían, y se espera que la coherencia siga a la acción en lugar de gobernarla. Esta inversión no elimina la ley, las instituciones ni la legitimidad. Las desplaza. Aquello que antes determinaba si una acción debía proceder ahora interviene después de que la acción ya ha sido declarada.
2.
En Venezuela, esta inversión se hace visible a través de la creciente separación entre legitimidad y autoridad ejecutable. La victoria electoral, la credibilidad moral y el reconocimiento internacional continúan existiendo, pero ya no determinan quién es considerado operable. La interacción se orienta hacia quienes son capaces de imponer cumplimiento en el tiempo presente. La autoridad no se identifica por mandato, sino por continuidad con los mecanismos administrativos, financieros y coercitivos que aún ejercen control. El efecto no es confusión, sino selección. Quienes pueden ofrecer resultados inmediatos son elevados como interlocutores independientemente de su historial ético, mientras que quienes poseen legitimidad sin capacidad inmediata de imposición quedan relegados.
3.
Esta preferencia ha sido formulada a través de evaluación y no de insinuación. Informes relativos a una sesión informativa clasificada presentada a Donald Trump indican que los servicios de inteligencia estadounidenses concluyeron que figuras procedentes del aparato existente del madurismo estaban mejor posicionadas para asumir el control en caso de la salida de Maduro. La vicepresidenta Delcy Rodríguez fue identificada no por su legitimidad democrática o credibilidad pública, sino por su continuidad con los mecanismos administrativos, financieros y extractivos que continúan operando dentro del Estado. Su experiencia en la supervisión del sector petrolero y en la interlocución directa con actores comerciales fue considerada como una señal de fiabilidad operativa más que de legitimidad política. Lo que se evaluaba no era el carácter, sino la capacidad de imposición. La implicación criminal no descalificó; indicaba dominio sobre los sistemas a través de los cuales puede imponerse cumplimiento. En contraste, las figuras opositoras cuya autoridad derivaba de legitimidad electoral pero carecían de control inmediato sobre dichos mecanismos fueron consideradas no operables. La selección privilegió la negociabilidad bajo presión.
4.
Este modo de selección no se limita a un solo escenario ni a un momento específico. Reaparece allí donde la autoridad se ejerce antes de que exista coordinación. La operatividad prevalece sobre la cualificación normativa. La autoridad se deriva de la capacidad de transaccionar, imponer y estabilizar resultados en marcos temporales comprimidos. La legitimidad es reconocida, pero no determina la interlocución. Lo que gobierna es la capacidad de actuar de inmediato y de absorber las consecuencias con posterioridad.
5.
La misma inversión se manifiesta en Ucrania bajo condiciones distintas. Declaraciones públicas que afectan a la asistencia militar, la postura diplomática y la negociación han sido emitidas sin coordinación previa con aliados o con las instituciones encargadas de la planificación y la revisión. Estas declaraciones no aclaran el rumbo con antelación; obligan a responder a posteriori. Los aliados recalibran compromisos una vez que las consecuencias ya están en marcha. La planificación sigue a la afirmación. La coordinación se ajusta al anuncio. La cuestión no es si existe apoyo, sino si sus términos se introducen antes o después de los procesos que normalmente deberían regirlos.
6.
Este ordenamiento también es visible dentro del propio sistema estadounidense. En múltiples ocasiones a lo largo de varios años, Donald Trump ha actuado sobre la base de garantías emitidas por Vladimir Putin a pesar de la existencia de evaluaciones contrarias producidas por las agencias de inteligencia de Estados Unidos. Dichas instituciones no fueron desmanteladas ni silenciadas. Los informes continuaron. El análisis persistió. Lo que cambió fue su posición temporal. La inteligencia dejó de gobernar si una acción debía proceder y pasó a reconciliarse con compromisos ya asumidos. La verificación quedó rezagada frente a la afirmación. Las agencias diseñadas para anticipar riesgos se vieron obligadas a gestionar consecuencias que no habían autorizado.
7.
Una vez que este orden se vuelve perceptible, no permanece confinado a los responsables de la toma de decisiones. Instituciones, aliados y adversarios ajustan su comportamiento en consecuencia. Los actores diplomáticos tratan las declaraciones públicas como operativas incluso cuando su durabilidad es incierta. Las agencias encargadas de la planificación modelan escenarios en torno a posiciones que pueden cambiar sin previo aviso. Los aliados vacilan entre esperar aclaraciones o actuar para proteger su propia exposición. Los adversarios no son instruidos por políticas declaradas, sino por la secuencia demostrada: que los compromisos pueden preceder a la revisión, que las rectificaciones pueden seguir a la afirmación y que la coherencia no puede darse por supuesta.
8.
Lo que emerge no es parálisis, sino recalibración. Los sistemas continúan funcionando al absorber la volatilidad como condición permanente. La estabilidad ya no se produce mediante la previsibilidad, sino mediante la capacidad de ajustarse rápidamente a decisiones introducidas antes de que se hayan fijado sus términos rectores. Esta adaptación no resuelve la inversión; la normaliza. La gobernanza continúa, pero su fuerza coordinadora se debilita. El movimiento persiste sin medida.
9.
La consecuencia de este patrón incide directamente en la relación entre autoridad y legitimidad. La legitimidad continúa articulándose a través de elecciones, alianzas y reconocimiento formal. La autoridad, en cambio, se ejerce mediante la inmediatez: la capacidad de poner en marcha términos a los que otros deben adaptarse. Esto no anula la legitimidad; la relega. La autoridad deja de requerir justificación para operar. La legitimidad sobrevive como lenguaje, mientras la autoridad se consolida a través de la secuencia.
10.
Cuando la autoridad se ejerce con independencia de la legitimidad, la gobernanza puede seguir funcionando, pero deja de persuadir. Las decisiones se desplazan no porque sean aceptadas, sino porque ya están en curso. La revisión se convierte en acomodación. La ley pasa a explicar después de la acción en lugar de orientar antes de ella. El riesgo aquí no es la ausencia de legalidad, sino el desplazamiento. La restricción permanece formalmente intacta mientras pierde su capacidad de gobernar el tiempo.
11.
Esta condición no desemboca en un colapso inmediato. Persiste. Los sistemas constitucionales presuponen cooperación sin poder imponerla de antemano. Dependen de una contención ejercida de manera voluntaria, secuencial y, a menudo, en contra del interés inmediato. Cuando esa contención se debilita, las instituciones permanecen en pie, pero pierden su fuerza coordinadora. La autoridad llena el vacío dejado por la cooperación, a menudo en nombre de la continuidad. Lo que persiste es una gobernanza sin convergencia, poder sin persuasión y acción sin medida estable.
« Geometric Allegory », pintura digital 2023 de Ricardo Morin (artista visual estadounidense nacido en Venezuela en 1954)
A mis padres
Prefacio
1
« Desenmascarar la desilusión » sigue una línea de indagación presente a lo largo de mi trabajo: el examen de la identidad, la memoria y las relaciones que emergen cuando la vida se despliega a través de fronteras culturales. Aunque he vivido fuera de Venezuela por más de cinco décadas y me naturalicé ciudadano de los Estados Unidos hace veinticuatro años, mi vínculo con el país de nacimiento permanece como un punto de referencia persistente. La distancia entre estas condiciones —pertenencia y separación— constituye el trasfondo sobre el cual este relato toma forma.
Este trabajo forma parte de un proyecto autobiográfico más amplio que reúne experiencias, observaciones y preguntas acumuladas a lo largo del tiempo. Aunque su origen es personal, no procede como confesión ni como memoria. Su método es secuencial más que expresivo: la exposición individual se sitúa dentro de fuerzas históricas y estructuras políticas que han configurado la vida venezolana a lo largo de generaciones. La intención no es reconciliar estas tensiones, sino hacerlas visibles mediante recurrencia, registro y consecuencia.
“Serie I” introduce los primeros núcleos temáticos de esta indagación. Los episodios aquí reunidos no desarrollan una tesis única ni buscan conclusiones definitivas. Señalan puntos de fricción donde la experiencia privada se cruza con el poder público, y donde los relatos políticos ejercen presión sobre la vida ordinaria. A través de estos encuentros surgen patrones —no como abstracciones, sino como condiciones que modifican la forma en que se ejerce la autoridad, se desplaza la responsabilidad y se restringe la agencia.
Los capítulos que siguen examinan las presiones generadas por la desigualdad sistémica y rastrean las condiciones contemporáneas de Venezuela hasta su formación histórica. El gobierno autocrático y el consentimiento popular no aparecen como fuerzas opuestas, sino como elementos que se entrelazan y debilitan mutuamente. En este entramado, la verdad no desaparece; se vuelve menos accesible de manera uniforme y más fácilmente desplazable por el relato.
Cuando el discurso público se ve modelado por la propaganda y la desinformación, las estructuras autoritarias adquieren mayor resistencia. Recuperar la verdad bajo tales condiciones no resuelve el conflicto político, pero delimita el campo dentro del cual este opera. La agencia cívica no emerge como ideal, sino como condición que se sostiene —o se pierde— a través de la práctica y la consecuencia.
Este trabajo no propone explicaciones deterministas ni remedios simples. Avanza por acumulación, señalando patrones que persisten a pesar de los cambios de contexto. Lo que solicita al lector no es adhesión, sino atención: a la evidencia, a la secuencia y a las condiciones bajo las cuales la libertad política puede ejercerse de manera significativa.
Escribiendo desde Bala Cynwyd, Pensilvania, y Fort Lauderdale, Florida, permanezco consciente de la distancia entre los entornos desde los cuales se compone este trabajo y las condiciones que examina. Esa distancia no confiere autoridad; impone responsabilidad.
Ricardo Federico Morín Bala Cynwyd, Pensilvania, 21 de enero de 2025
Tabla de contenidos
Capítulo I – Un lenguaje escrito.
Capítulo II – Nuestra imprudencia.
Capítulo III – Punto de vista.
Capítulo IV – Un diálogo.
Capítulo V – Resumen.
Capítulo VI – Crónicas de Hugo Chávez (§§ I–XVII).
Capítulo VII – El modo alegórico.
Capítulo VIII – El gobierno ideal y el poder de la virtud.
Capítulo IX – La primera señal: Sobre el resentimiento político y social.
Capítulo X – La segunda señal: El pilar sólido del poder; Las fuerzas armadas.
Capítulo XI – La tercera señal: La asimetría de los partidos políticos.
Capítulo XII – La cuarta señal: Autocracia (§§ 1–9); Venezuela (§§ 10–23); La asimetría de las sanciones (§§ 24–32).
Capítulo XIII – La quinta señal: La república empeñada.
Capítulo XIV – La primera cuestión: Partidismo, No-partidismo y Antipartidismo.
Capítulo XV – La segunda cuestión: Sobre las verdades parciales y la anarquía represiva.
Capítulo XVI – La tercera cuestión: El clarín de la democracia.
Capítulo XVII – La cuarta cuestión: Sobre los derechos humanos.
Capítulo XVIII – La quinta cuestión: Sobre la naturaleza de la violencia.
Capítulo XIX – La cuestión última: Sobre la liberación de la injusticia.
Agradecimientos.
Epílogo.
Posdata.
Apéndice: Nota del autor, Nota preliminar. A) Constituciones venezolanas [1811–1999],Poderes y departamentos de gobierno. B) Evolución de los partidos políticos: 1840–2024.C) Algunas leyes promulgadas por la Asamblea Nacional. D) Nota aclaratoria sobre la coerción interna, la presencia extranjera y la intervención:
Bibliografía.
Capítulo I
Un lenguaje escrito
La estabilidad suele buscarse allí donde no puede asegurarse. La experiencia lo demuestra de forma reiterada. Incluso las intenciones cuidadosas tienden a conducir a terrenos inciertos, donde la comprensión llega después de la consecuencia. Frente al escritorio, cuando la luz de la tarde alcanza la página, la escritura adquiere una función práctica: se convierte en un medio para ordenar aquello que, de otro modo, permanecería inestable. El acto no resuelve la vulnerabilidad, pero la registra. Si el tiempo modifica tales condiciones sigue siendo incierto; lo que sí puede hacerse es darles forma.
Lo que sigue se desplaza de las condiciones de la escritura a las condiciones que esta debe enfrentar.
*
Capítulo II
*
Nuestra imprudencia
Our painful struggle to deal with the politics of climate change is surely also a product of the strange standoff between science and political thinking.
« Nuestra dolorosa dificultad para abordar la política del cambio climático es, sin duda, también producto del extraño enfrentamiento entre la ciencia y el pensamiento político ». — Hannah Arendt, La condición humana [1958] (traducción del autor)
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1
La pandemia de COVID y los incendios que se extendieron por Canadá en 2023, entre otros acontecimientos recientes, hicieron visibles condiciones que ya se encontraban en funcionamiento. Estos hechos no introdujeron vulnerabilidades nuevas, sino que revelaron hasta qué punto los sistemas existentes dependen de incentivos económicos y hábitos políticos que privilegian la extracción por encima de la preservación. Durante el período en que el humo de los incendios alcanzó el noreste de los Estados Unidos, la luz diurna en algunas zonas de Pensilvania se vio alterada de manera perceptible y registró el alcance de acontecimientos que se desarrollaban a considerable distancia. Tales episodios no se sitúan al margen de los arreglos económicos vigentes; coinciden con un modelo que trata las condiciones naturales como mercancías y absorbe su degradación como un costo externo.
2 Los incendios en California en 2025, al igual que los ocurridos en Canadá en 2023, no se presentan como episodios aislados. [1]Forman parte de una secuencia configurada por el descuido ambiental, la inercia política y la expansión industrial sostenida. Condiciones como la desertificación, la escasez de recursos y el desplazamiento de poblaciones ya no aparecen únicamente como proyecciones futuras; se registran cada vez más como circunstancias presentes. Las evaluaciones científicas indican que estos patrones tienden a intensificarse en ausencia de cambios estructurales. [1][2][3] Lo que se hace visible, con el paso del tiempo, no es un fallo singular, sino un sistema que continúa operando conforme a prioridades que favorecen el rendimiento inmediato por encima de la continuidad a largo plazo.
3 La cuestión del equilibrio no se plantea únicamente como un problema técnico. Surge dentro de un campo moral y político configurado por supuestos económicos dominantes. El tratamiento de la naturaleza —y, más recientemente, de la inteligencia artificial— como mercancía refleja una trayectoria en la que asuntos vinculados a la supervivencia compartida se traducen de manera creciente en términos de mercado. En tales condiciones, consideraciones que anteriormente pertenecían al ámbito de la responsabilidad colectiva pasan a ser reformuladas como variables dentro de sistemas de cálculo.
4 Estos patrones ejercen una presión creciente sobre las condiciones necesarias para la supervivencia colectiva. Las respuestas frente a tales circunstancias varían, y oscilan entre la indiferencia y la urgencia, aunque la urgencia no produce necesariamente claridad. Lo que se vuelve reconocible, a través de instancias reiteradas, es una tendencia a que la crisis reaparezca sin que se produzcan ajustes sostenidos. Esta recurrencia guarda paralelismo con las historias políticas examinadas en los capítulos que siguen, donde advertencia y consecuencia con frecuencia no llegan a coincidir.
Las conversaciones con mi editor, Billy Bussell Thompson (BBT), han acompañado el desarrollo de este trabajo a lo largo del tiempo. Su atención al método de investigación y a la estructura del argumento contribuyó a precisar su alcance y orientación. Estos intercambios, realizados con frecuencia a distancia y sin formalidades, formaron parte del proceso mediante el cual fue tomando forma el presente relato. Tras un período prolongado de incertidumbre acerca de cómo abordar la figura de Hugo Chávez, los contornos de « Desenmascar la desilusión » comenzaron a definirse de manera gradual.
2 Hugo Chávez se consolidó como un dirigente político cuya autoridad se ejerció en oposición al liberalismo político. [1] Mientras su discurso público subrayaba la identificación con los sectores pobres, los beneficios materiales del poder se concentraron en un círculo reducido. [2] A lo largo de su mandato, las instituciones democráticas en Venezuela experimentaron un debilitamiento progresivo, y la práctica de gobierno adoptó formas cada vez más autoritarias. Estos procesos resultan más legibles cuando se sitúan dentro del registro histórico y se examinan a partir de la práctica documentada, más que desde la afirmación retórica.
3 Los acontecimientos que siguieron al fin del gobierno de Chávez se caracterizan por el desorden y por consecuencias aún no resueltas. Su persistencia remite a cuestiones de responsabilidad histórica y colectiva que permanecen abiertas. Examinar el registro del liderazgo autocrático —tanto sus ambiciones como sus fracasos— ofrece un modo de aproximarse al problema de la justicia en Venezuela sin presuponer resolución. A través de este examen, tensiones duraderas se hacen visibles como condiciones que requieren comprensión, no como conclusiones ya establecidas.
Notas finales del capítulo III
[1]El término caudillo tiene su origen en el español y se ha utilizado históricamente para describir a un dirigente que ejerce una autoridad política y militar concentrada. En el contexto venezolano, el término adquiere una resonancia particular y se asocia con figuras vinculadas al período posterior a la independencia del siglo XIX. Dichos dirigentes tendieron a consolidar el poder mediante una combinación de autoridad personal, lealtad de facciones armadas y la promesa —ya fuese sustantiva o retórica— de mantener el orden en condiciones de inestabilidad. Mientras algunos fueron considerados defensores de causas locales o nacionales, otros quedaron asociados a prácticas que facilitaron formas de gobierno autoritario y debilitaron las estructuras institucionales. El concepto de caudillo continúa operando en la cultura política venezolana como una categoría descriptiva aplicada a formas de liderazgo que combinan apoyo popular con poder concentrado.
Una serie de conversaciones entre BBT y el autor acompañó el examen de la política y la historia venezolanas desarrollado en esta sección. Estos intercambios configuraron un espacio transicional en el que la indagación reflexiva dio paso al registro histórico, permitiendo que cuestiones de interpretación, responsabilidad y documentación fueran abordadas mediante el diálogo, más que a través de la exposición directa.
1 —RFM: « Mi escritura se ha ocupado de la evolución del panorama político venezolano, con atención particular a la aparición de formas de gobierno autoritarias. El interés se ha centrado menos en la doctrina abstracta que en la manera en que determinadas políticas se tradujeron en condiciones cotidianas para la población. »
2 —BBT: « Examinar cómo el liderazgo autoritario configura las condiciones políticas resulta necesario, aunque el propio término suele ser objeto de disputa y aplicación desigual. En el caso de Chávez, el uso de la propaganda no fue excepcional en su forma, pero sí constante como instrumento de gobierno. ¿De qué modo circularon los relatos oficiales durante su mandato y qué efectos produjeron, con el tiempo, sobre la percepción pública? »
3 —RFM: « La propaganda no es exclusiva de Chávez; opera como un instrumento recurrente en distintos sistemas políticos. En Venezuela, los medios oficiales atribuyeron de manera sistemática las dificultades económicas a interferencias externas, más que a decisiones de política interna. Al mismo tiempo, las condiciones materiales se deterioraron, con la aparición de escasez derivada de una gestión económica deficiente, posteriormente agravada por restricciones externas. Los grupos de oposición difundieron también contra-relatos, que a su vez generaron respuestas por parte del Estado. Estos intercambios se desarrollaron en un contexto histórico marcado por conflictos civiles y alineamientos propios de la Guerra Fría, dando lugar a un entorno informativo fragmentado. En ese marco, la responsabilidad por el deterioro económico fue desplazada con frecuencia, mientras la percepción pública se gestionó mediante la repetición más que mediante la resolución. Las reformas sociales y económicas invocadas como justificación no produjeron, con el tiempo, las reducciones de pobreza y desigualdad que se habían prometido. »
4 —BBT: « Para representar con cierto grado de precisión las condiciones políticas de Venezuela, es necesario atender a la manera en que la población común se encontró con estas dinámicas en la vida diaria. ¿Cómo se desenvolvieron tales condiciones en la práctica, especialmente allí donde el discurso político intersectó con la necesidad económica inmediata? »
5 —RFM: « El colapso económico posterior al declive del modelo petrolero intensificó la pobreza y ejerció una presión sostenida sobre los servicios públicos. Examinado en secuencia, este período muestra cómo los legados coloniales y las prácticas autoritarias convergieron en la configuración del chavismo. Episodios como los disturbios de 1989, conocidos como El Caracazo, registraron una desafección generalizada hacia los partidos establecidos y las instituciones democráticas. En tales condiciones, la exigencia de asegurar necesidades básicas prevaleció con frecuencia sobre la participación en principios políticos de carácter abstracto. »
6 —BBT: « La claridad narrativa depende en parte de reconocer los supuestos que orientan la interpretación. Cuando dichos supuestos se hacen explícitos y se someten a examen, el relato se vuelve menos directivo y más accesible, permitiendo que el lector siga el registro sin ser conducido hacia una posición predeterminada. »
7 —RFM: « Ningún relato prescinde de la interpretación, incluido este. La escritura ofrece un medio para aproximarse a la historia de Venezuela —su formación colonial, los episodios de gobierno autoritario y los períodos de disrupción política— sin clausurar lecturas alternativas. Un relato coherente no necesita ser exhaustivo; permanece abierto en la medida en que atiende a las implicaciones y a las consecuencias, más que a la resolución. »
8 —BBT: « El propio intercambio subraya la importancia de una narración cuidadosa al abordar el registro político y social de Venezuela. Considerar múltiples puntos de vista no resuelve la complejidad, pero permite que emerja un relato más coherente sin reducir esa historia a un único marco explicativo. »
El intercambio marcó una transición de la indagación reflexiva al registro histórico.
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Capítulo V
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Resumen
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1
« Desenmascar la desilusión » examina la secuencia mediante la cual el proyecto político articulado bajo Hugo Chávez asumió forma autocrática. En lugar de atribuir este resultado a una causa única, la indagación procede rastreando cómo las decisiones de liderazgo se desplegaron dentro de una convergencia de condiciones históricas, disposiciones institucionales, presiones económicas y alineamientos geopolíticos. El relato no parte de una conclusión, sino del registro.
2 La atención se mantiene en la forma en que se ejerció la autoridad y en cómo sus efectos se manifestaron dentro de la sociedad venezolana. Las circunstancias históricas, el diseño institucional y las influencias externas se examinan no para simplificar el registro, sino para hacer visibles las interdependencias a través de las cuales el poder se consolidó con el tiempo. Lo que emerge no es una tesis explicativa, sino una configuración cuya coherencia solo puede evaluarse mediante una atención sostenida a la secuencia y a la consecuencia.
La Doctrina Monroe suele tratarse como una política histórica. Cada vez más, sin embargo, opera como algo más elemental: un axioma. En esta forma, ya no argumenta su caso. Establece las condiciones bajo las cuales el argumento es admitido. Un axioma no persuade. Asume.
Cuando la Doctrina Monroe funciona de manera axiomática, deja de presentarse como una afirmación contingente sobre el orden hemisférico y se convierte en una premisa tácita sobre quién puede decidir, cuándo se justifica la intervención y qué formas de consentimiento se consideran suficientes. Lo que requiere examen no es la doctrina tal como fue escrita, sino el axioma tal como ahora circula.
El Axioma Monroe afirma autoridad unilateral mientras se presenta como responsabilidad regional. Presupone que la estabilidad en el hemisferio occidental es inseparable de la primacía estadounidense, y que dicha primacía no requiere autorización recíproca. No se solicita consentimiento; se interpreta la necesidad. La decisión precede a la deliberación.
Los intentos de rehabilitar la Doctrina Monroe asignándole un propósito benevolente no alteran su estructura. Tales revisiones cambian el tono más que la autorización. Una afirmación de autoridad unilateral no se vuelve mutua por intención. La benevolencia opera como una garantía ofrecida después de que el poder ha sido ejercido, no como un límite que opera antes de ello. La fatiga política puede explicar la aquiescencia, pero no suministra autorización. Lo que se soporta no queda por ello respaldado.
En su articulación contemporánea, el axioma rara vez declara dominio de forma abierta. En cambio, se presenta como renuente, inevitable o benevolente. La intervención no se enmarca como elección, sino como consecuencia. El agotamiento sustituye al consentimiento. La democracia se invoca no como un proceso a preservar, sino como un resultado prometido de antemano. Cuando la inevitabilidad sustituye al argumento, el axioma se vuelve autosellado. La oposición deja de ser desacuerdo; se reclasifica como negación de la realidad.
El Axioma Monroe no supera la prueba de la reciprocidad. Un principio que justifica la intervención hacia afuera pero la rechaza cuando se invierte no es un principio. Es una asimetría protegida por la costumbre. Cuando la autoridad unilateral deja de sentirse obligada a justificarse, el lenguaje normativo deja de esclarecer y comienza a anestesiar.
La hegemonía no suele operar mediante la dominación abierta. Opera mediante el consentimiento. El poder se vuelve duradero no porque sea temido, sino porque es aceptado como legítimo. El mecanismo central no es la represión, sino el acuerdo: la disposición de las personas ordinarias a reconocer una autoridad como natural, necesaria o inevitable.
En esta condición, el gobierno ya no depende principalmente de la fuerza. Depende de instituciones, estructuras económicas, sistemas técnicos y narrativas que modelan lo que aparece como normal y razonable. Con el tiempo, estos arreglos estrechan el rango de lo que puede ser cuestionado. La autoridad ya no necesita justificarse de manera reiterada. Pasa a definir los términos bajo los cuales la justificación es admitida.
Lo que emerge es una forma de gobierno en la que el objetivo primario del sistema ya no es el bien público, sino su propia continuidad. La estabilidad se convierte en el valor rector. El orden se trata como sustituto de la rendición de cuentas. La preservación de los arreglos existentes pasa a tener prioridad sobre los fines que esos arreglos estaban destinados a servir.
Estos sistemas no suelen colapsar mediante la confrontación. Se debilitan cuando el consentimiento comienza a retirarse. El cambio decisivo ocurre cuando las personas dejan de creer en las narrativas que sostienen la autoridad, dejan de aceptar la inevitabilidad de las estructuras existentes, y dejan de participar voluntariamente en su mantenimiento. En ese punto, el poder se ve forzado a justificarse de nuevo. Y una vez que la justificación se vuelve necesaria, la hegemonía ya ha comenzado a fallar.
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Sobre el Juicio Ejecutivo Autoautorizado
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A medida que la justificación hegemónica se debilita, la autoridad se desplaza de la legitimidad consensual al juicio ejecutivo. Lo que un axioma habilita en el plano doctrinal, la práctica ejecutiva lo completa en el plano de la justificación. La autoridad deja de presentarse como derivada procedimentalmente. Se presenta como autoautorizada. Las decisiones se enmarcan como juicios más que como acciones sujetas a revisión institucional. El lenguaje de la prudencia—estabilidad, temporalidad, coordinación—funciona no como un marco articulado, sino como una superficie justificatoria aplicada a posteriori.
En este modo, el poder no describe un proceso mediante el cual las decisiones fueron puestas a prueba, limitadas o evaluadas. Describe una certeza interna. El juicio se trata como garantía suficiente. La revisión se recodifica como demora. La restricción se reformula como irresponsabilidad. El poder ejecutivo se convierte simultáneamente en actor y auditor, colapsando la distinción entre la discrecionalidad ejercida dentro de una república y la soberanía afirmada por un individuo. Lo que persiste no es la ausencia de la ley, sino una reordenación del momento en el que se le permite manifestarse.
Esta transformación no rechaza el lenguaje democrático. Lo habita. En ese punto, la justificación misma se trata como innecesaria. La autoridad deja de explicarse ante las instituciones. Se explica solo ante sí misma.
Este desplazamiento no se detiene en la intervención. Se extiende a la manera en que la autoridad moral misma se articula en relación con el poder ejecutivo.
Esto no es un simple desliz metafórico de tono; es una sustitución axiomática expresada en lenguaje directo. El reconocimiento moral se convierte en una condición previa para la moderación continua. La soberanía legal se reformula como narrativa histórica. Las obligaciones de seguridad colectiva bajo la OTAN se invierten en una relación de deuda debida a la iniciativa ejecutiva estadounidense. La estructura de la justificación ya no procede del tratado, la ley o la reciprocidad institucional, sino de una autoridad narrativa de carácter unilateral. El episodio no ilustra una posición política; revela un modo de razonamiento en el que el poder ejecutivo deja de argumentar su caso y, en su lugar, declara las condiciones bajo las cuales el propio argumento será reconocido.
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Sobre la sustitución del reconocimiento y la deriva jurisdiccional
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Una ilustración procedimental reciente de esta lógica puede observarse en el tratamiento del resultado electoral venezolano de 2024. Esa elección produjo un locus identificable de legitimidad constitucional fundamentado en conteos documentados públicamente, corroborados por observación internacional, y reforzados por el reconocimiento externo previo de la coalición opositora representada por el partido de María Corina Machado. Estos elementos constituyeron conjuntamente un hecho jurídico: una autoridad derivada del procedimiento electoral y no de la negociación bilateral ni de la preferencia ejecutiva.
El compromiso posterior del poder ejecutivo de los Estados Unidos con Delcy Rodríguez como presidenta en funciones de Venezuela no impugnó ese resultado electoral. Lo desplazó operativamente. Este desplazamiento no surgió de una pretensión probatoria competidora sobre el conteo de votos ni de una impugnación jurídicamente articulada de la validez de la elección. Surgió de una preferencia estratégica externa por la estabilidad transaccional por encima de la continuidad constitucional. El reconocimiento fue así desvinculado de la legitimidad electoral y reasignado sobre la base de una funcionalidad expedita.
Esta maniobra refleja un error categorial con consecuencias institucionales. La influencia diplomática autoriza la negociación, la presión y el compromiso condicionado. La discreción en materia de política exterior autoriza la selección de estrategias alineadas con los intereses nacionales. Ninguna autoriza la redefinición del locus interno de soberanía dentro de otro Estado. Al tratar estos dominios como intercambiables, la práctica de política ejecutiva de los Estados Unidos convirtió la discreción en política exterior en una autoridad sustituta de asignación de soberanía. Lo que fue presentado como estadismo pragmático funcionó procedimentalmente como sustitución jurisdiccional.
El desplazamiento no puede estabilizarse invocando el realismo. El realismo explica por qué los Estados se comportan de manera instrumental. No suministra un aval jurídico para anular resultados electorales. El poder ejecutivo estadounidense no demostró que la elección venezolana de 2024 no hubiera generado una autoridad legítima. Demostró únicamente que la autoridad producida por esa elección resultaba operativamente inconveniente para la estrategia que estaba siendo seguida por la administración estadounidense. En términos institucionales, esto constituye no una corrección sino una anulación procedimental de la soberanía de otro país.
La consecuencia estructural se extiende más allá de la gobernanza venezolana. Cuando la legitimidad electoral puede ser suplantada por el aval bilateral, las elecciones dejan de funcionar como actos determinativos y se convierten en señales consultivas contingentes a la aprobación extranjera. La soberanía ya no se deriva del mandato interno sino del reconocimiento externo calibrado según la utilidad estratégica. La autoridad migra del proceso constitucional a la transacción diplomática.
Esta transformación no anuncia dominación. La normaliza. El reconocimiento se convierte en un instrumento para la reasignación de jurisdicción. La intervención se convierte en un método para la reasignación de legitimidad.
En este registro, la autoridad moral ya no funciona como una restricción externa sobre el poder. La distinción deja de operar como un límite impuesto a la autoridad y se convierte en un accesorio de ella. Cuando la posición moral se deriva de la proximidad a la certeza ejecutiva, la independencia se disuelve sin coerción. Lo que aparece como respaldo es, estructuralmente, una transferencia de juicio de la esfera moral a la política.
El fracaso del Axioma Monroe no se limita a su forma doctrinal original. Persiste porque el axioma ya no necesita presentarse como doctrina en absoluto. Su lógica ahora circula en un registro distinto—uno que no argumenta a favor de la autoridad unilateral, sino que la presupone al alterar los términos mediante los cuales se evalúa la legitimidad.
En este registro, el conflicto político ya no se trata como una relación entre agentes que operan bajo restricciones compartidas. Se reclasifica como una condición que debe ser gestionada más que como una posición a la que haya que responder. Una vez que ocurre este desplazamiento, la reciprocidad ya no funciona como prueba de legitimidad. La acción se justifica no por reversibilidad, sino por necesidad afirmada.
Dentro de este marco, la intervención ya no se juzga con arreglo a criterios reversibles. Se juzga en función de la urgencia. La demora se convierte en negligencia. La contención se vuelve complicidad. El lenguaje de los límites cede paso al lenguaje del cuidado, y la coerción se presenta no como dominación, sino como tratamiento. El axioma no es rechazado. Se vuelve innecesario.
Este desplazamiento produce una asimetría decisiva. Allí donde la reciprocidad antes contenía la legitimidad, el diagnóstico ahora autoriza la acción. La pregunta rectora ya no es si un acto podría defenderse, palabra por palabra, en caso de invertirse las posiciones, sino si la condición ha sido declarada terminal. Una vez formulada esa declaración, el consentimiento se vuelve secundario, la proporcionalidad se da por supuesta y la rendición de cuentas se pospone a una fase de recuperación indefinida.
Esta transformación tiene una consecuencia estructural. Cuando las comunidades políticas son redescritas como incapacitadas, la autoridad ya no se justifica en relación con iguales, sino en relación con una necesidad afirmada. Las medidas que de otro modo requerirían justificación son absorbidas en la administración ordinaria.
Bajo esta lógica, la acción ya no está restringida por estándares que deban permanecer reversibles. La autoridad procede por clasificación más que por justificación. Una vez que la legitimidad se fundamenta en una condición declarada, los criterios para poner fin a la intervención ya no operan de antemano.
Es en esta misma lógica desplazada que las reclamaciones materiales pueden formularse sin aparecer como incautaciones, y el control puede afirmarse sin ser nombrado como tal. Lo que sigue no es una excepción al axioma, sino una de sus expresiones más concretas.
Bajo esta lógica desplazada, la propiedad misma se vuelve condicional. La infraestructura desarrollada en Venezuela por empresas extranjeras se trata no como inversión realizada bajo la ley venezolana, sino como posesión continua de los Estados Unidos. Lo que fue construido dentro del territorio venezolano, regulado por su autoridad y posteriormente nacionalizado conforme a su ley se recodifica ahora como algo que nunca perteneció plenamente a Venezuela.
Bajo esta lógica, la nacionalización ya no se interpreta como un acto soberano. Lo que había sido establecido dentro del territorio venezolano, regulado por la autoridad venezolana y luego incorporado a la ley venezolana se reclasifica como un activo cuya propiedad se dice que precede a esa autoridad. La participación pasada se invoca no como involucramiento histórico, sino como prueba de un derecho continuo. El tiempo no se trata como un límite, sino como una confirmación.
Una vez aceptada esta redefinición, el deterioro de la industria petrolera venezolana ya no se entiende como un fracaso interno que afecte a los venezolanos. Se describe como un daño causado a los intereses de los Estados Unidos. La mala gestión dentro de Venezuela se traduce en perjuicio infligido a los Estados Unidos. La incapacidad de Venezuela para mantener su propia industria se convierte en prueba de que ya no debería controlarla.
A partir de allí, el razonamiento vuelve a desplazarse. La reclamación se reformula entonces en términos correctivos. El control se enmarca como el restablecimiento de una condición previa más que como el inicio de una nueva. Lo que se transfiere se describe como algo que nunca dejó plenamente de pertenecer a otro lugar. El desempeño sustituye al consentimiento como medida de legitimidad. La propiedad se vuelve condicional, evaluada según resultados más que según jurisdicción.
El argumento adopta entonces el lenguaje de la vulnerabilidad. La disrupción dentro de Venezuela se describe como exposición en otro lugar. La producción de energía se trata como una condición de estabilidad más que como un objeto de acuerdo. Lo que había sido gobernado mediante jurisdicción se presenta como un requisito de continuidad. Bajo este encuadre, la intervención se alinea con la prevención. La elección se vuelve indistinguible de la obligación.
En esta secuencia, la propiedad ya no se trata como una condición legal asentada. La jurisdicción se menciona, pero solo en la medida en que los resultados cumplen con expectativas externas. El control persiste mientras su base legal se vuelve contingente.
Las reclamaciones inicialmente enmarcadas como intereses se reformulan como expectativas permanentes. Esas expectativas se tratan luego como condiciones que deben cumplirse antes del consentimiento.
La transición de Venezuela y la supervivencia de Ucrania constituyen ahora una sola prueba: si el poder puede ser contenido sin ilusiones, y si Estados Unidos es capaz de actuar con coherencia incluso cuando su presidente no logra percibirla plenamente.
Este texto no propone una política ni anticipa un desenlace. Señala el umbral en el que la coherencia deja de ser discrecional y pasa a convertirse en una condición de supervivencia.
Estados Unidos no puede actuar en un escenario de manera que invalide los principios que afirma defender en otro. Si la soberanía, la integridad territorial, la continuidad institucional y la responsabilidad jurídica se consideran vinculantes en Ucrania, no pueden volverse flexibles, provisionales o estratégicamente inconvenientes en Venezuela. Y el principio inverso debe sostenerse igualmente: si esos mismos principios se tratan como vinculantes en Venezuela, no pueden relajarse, reinterpretarse ni aplicarse de forma selectiva en Ucrania. Una vez cruzada esa línea en cualquiera de los dos sentidos, la coherencia se derrumba, no solo en el plano retórico, sino estructural. El poder deja de estabilizar resultados y comienza a administrar el deterioro.
No se trata de una afirmación moral, sino funcional. El poder contemporáneo no fracasa por carecer de fuerza, sino por perder consistencia interna. Cuando los mismos instrumentos —sanciones, acusaciones judiciales, presión militar, reconocimiento diplomático— se aplican según la conveniencia del momento y no conforme a principios, dejan de restringir a los adversarios. Los instruyen. Rusia y China no necesitan imponerse militarmente si pueden demostrar que la legalidad misma es selectiva, contingente y susceptible de reinterpretación por quien detente la ventaja circunstancial.
Por esta razón, ninguna transición puede apoyarse en la personalización. La confianza entre líderes no sustituye la verificación, ni el trato personal puede reemplazar a las instituciones. Esta vulnerabilidad es bien conocida en la diplomacia centrada en personalidades y ha sido especialmente visible bajo Donald Trump, en su reiterada mala lectura de Vladimir Putin. Sin embargo, el peligro más profundo no es psicológico, sino procedimental. Una política que depende de quién habla con quién no resiste la presión. Solo puede perdurar aquella que sigue siendo legible cuando las personalidades desaparecen.
Tampoco pueden proclamarse resultados antes de que existan las instituciones capaces de sostenerlos. El control territorial sin autoridad civil no es estabilidad. Las elecciones celebradas sin garantías de seguridad exigibles no son legitimidad. El acceso a los recursos sin mecanismos de custodia, auditoría y revisión jurídica no es recuperación, sino extracción bajo otra denominación. Cuando Estados Unidos acepta resultados sin estructuras, aplaza el colapso en lugar de prevenirlo.
Igualmente corrosiva es la improvisación jurídica. El derecho aplicado a posteriori —acusaciones justificadas retroactivamente, sanciones reajustadas para acomodar hechos consumados— no limita el poder; lo representa. Cuando la legalidad se vuelve explicativa en lugar de normativa, pierde su capacidad disciplinaria. Los adversarios aprenden que las reglas son instrumentos narrativos, no límites efectivos.
Por último, no puede haber tolerancia alguna hacia la preservación de intermediarios coercitivos. Una transición que deja intactas milicias, financiadores opacos o estructuras de coerción paralelas no es una transición. Es una redistribución del riesgo que garantiza una ruptura futura. Los actores externos pueden ser contenidos, auditados o retrasados, pero no pueden ser apaciguados mediante la ambigüedad sin socavar todo el proceso.
La prueba es severa e implacable. Si una acción adoptada en Venezuela o en Ucrania no pudiera defenderse, palabra por palabra, al aplicarse en el otro caso —o si una concesión aceptada en uno fuese condenada al reproducirse en el otro— entonces el axioma ya ha sido vulnerado.
Lo que, por tanto, debe mantenerse verdadero en ambos escenarios a la vez es lo siguiente: el poder debe someterse al mismo estándar que invoca, sin excepciones, sin personalización y sin refugiarse en una conveniencia disfrazada de realismo.
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Autoridad donde la legitimidad aún no ha convergido
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Esta sección no evalúa la legitimidad democrática ni el mérito político. Observa cómo se constituye y se ejerce la autoridad cuando la coherencia se encuentra bajo presión.
Una pregunta formulada durante una conferencia de prensa —relativa a la coalición opositora encabezada por María Corina Machado y a la victoria electoral de Edmundo González Urrutia— provocó una respuesta desdeñosa del presidente Donald Trump. Al preguntársele por qué un liderazgo de transición no se articularía en torno a dicha coalición, respondió que “no había respeto por ella,” dando a entender una ausencia de autoridad dentro del país.
Tomada al pie de la letra, la observación parece personal. Leída de manera diagnóstica, expone una distinción más consecuente: la legitimidad no se traduce actualmente en autoridad dentro de Venezuela. La misma distinción —entre legitimidad y autoridad exigible— ha marcado la resistencia de Ucrania ante la invasión rusa: una legitimidad establecida internamente que debió ser defendida materialmente frente a la agresión externa.
La victoria electoral, el reconocimiento internacional y la credibilidad moral confieren legitimidad. No confieren, por sí solos, poder exigible. La autoridad, tal como existe sobre el terreno, deriva de la capacidad de imponer cumplimiento —ya sea mediante el control de instituciones coercitivas, de puntos críticos de recursos o de la maquinaria operativa del Estado. En Ucrania, esa autoridad se ejerce de forma defensiva para preservar un orden soberano ya legítimo frente a la agresión externa. En Venezuela, la autoridad persiste con independencia del resultado electoral, sostenida por instituciones y mecanismos desvinculados de la legitimidad.
En este sentido, la cuestión planteada por la observación de Trump no es si la coalición de Machado es legítima, sino qué otorga actualmente autoridad dentro del país —y quién es capaz de hacer cumplir decisiones, evitar la fragmentación o imponer obediencia. La respuesta no es retórica ni normativa. Se trata de cómo la autoridad se constituye y se ejerce actualmente, bajo las condiciones presentes.
La reciente discusión en torno al involucramiento de Estados Unidos con actores venezolanos ha vuelto esta distinción operativa, más que abstracta. La marginación de María Corina Machado no ha girado en torno a cuestiones de legitimidad democrática, mandato electoral o reconocimiento internacional. Ha girado en torno a su negativa a participar en arreglos transaccionales con los estratos tecnocráticos y financieros existentes que actualmente ejercen control dentro del Estado. En contraste, figuras como la Vice Presidente Delcy Rodríguez son tratadas como interlocutoras viables precisamente porque detentan una autoridad ejecutable mediante la continuidad de aquellos mecanismos —coercitivos, financieros y administrativos— que persisten con independencia de la legitimidad. La criminalidad, en esta lógica, no resulta descalificadora. Constituye una prueba de control. Lo que se privilegia no es la credibilidad moral, sino la capacidad de negociación bajo presión.
Esta distinción importa porque las transiciones que confunden legitimidad con autoridad tienden a derivar en desorden o enquistamiento. La autoridad negociada sin legitimidad produce represión. La legitimidad afirmada sin autoridad produce parálisis. Una transición duradera exige que ambas converjan, pero no parten del mismo punto ni convergen a través de los mismos medios.
En Ucrania, legitimidad y autoridad están alineadas, aunque tensionadas por la agresión externa; en Venezuela, la autoridad persiste en ausencia de legitimidad. Tratar estas condiciones como moral o procedimentalmente equivalentes oscurece las obligaciones que imponen. Cuando el apoyo se condiciona con mayor severidad allí donde la legitimidad está intacta que allí donde está ausente, la coherencia cede paso a un desequilibrio ético.
La observación de Trump no aclara la estrategia de Estados Unidos. Sin embargo, expone la línea de falla a lo largo de la cual la política corre ahora el riesgo de fracturarse: si la autoridad es evaluada y transformada en relación con la legitimidad, o acomodada al margen de ella en nombre del orden. La elección no es neutral. Determina si el poder refuerza o socava los principios que invoca.
La distinción entre legitimidad y autoridad no invalida la exigencia de coherencia. La afila. Cuando la coherencia se abandona de forma selectiva, el colapso deja de ser un riesgo y pasa a ser un resultado.
Observaciones sobre la percepción 