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« Desenmascarar la desilusión: Serie III—Parte II »

February 18, 2026

El resentimiento, la fuerza y ​​la arquitectura del poder.


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“Geometric Allegory”, pintura digital 2023 por Ricardo Morín (artista visual estadounidense nacido en Venezuela–1954)

Ricardo F. Morin

25 de Diciembre de 2025

Oakland Park, Fl

Nota del autor

Los capítulos que siguen parten de la medida establecida anteriormente.    No retoman la virtud como ideal ni la ética como aspiración, sino como conjunto de restricciones cuya ausencia produce consecuencias identificables.    El análisis no se organiza en torno a intenciones ni a programas declarados, sino a procesos de acumulación mediante los cuales esas restricciones fueron desplazadas.

El resentimiento político, una vez movilizado como fuente de legitimidad, dejó de ser una condición social a ser abordada y pasó a operar como instrumento de gobierno.    La autoridad militar, históricamente presente en la formación institucional de Venezuela, dejó de funcionar como elemento de contención y asumió un papel constitutivo en la identidad política del Estado.    Las estructuras partidarias, lejos de mediar entre sociedad y poder, se rigidizaron en asimetrías que neutralizaron la oposición y transformaron el pluralismo en fragmentación.

Estos procesos no se produjeron de forma aislada ni pueden atribuirse a un único actor o momento.    Emergieron a partir de una convergencia de afecto político, coerción y diseño institucional.    La desilusión que aquí se examina no es de orden emocional.    Es estructural:    el resultado de ideales que se mantienen como símbolos una vez que sus límites operativos han sido eliminados.

La « Parte II » sigue estos mecanismos en secuencia.    Lo que se observa no es una ruptura con la geometría ética delineada anteriormente, sino su deformación progresiva.    La virtud persiste en el lenguaje mientras la restricción desaparece en la práctica.    El discurso político conserva pretensiones universales incluso cuando el poder se concentra y la rendición de cuentas se disuelve.    El resultado no es solo un régimen autoritario, sino una forma de organización política en la que la desilusión se vuelve sistémica:    producida, sostenida y normalizada.


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La primera señal

Sobre el resentimiento político y social

1

Tras la fractura de la democracia venezolana, el resentimiento político y social adquirió centralidad como forma de articulación pública.    Originado en la desigualdad persistente, en agravios históricos y en promesas incumplidas, ese resentimiento pasó a operar como recurso político.    Su movilización permitió a Hugo Chávez reorganizar el descontento social en torno a la Revolución Bolivariana, no como respuesta a la crisis, sino como base de legitimación del movimiento.

2

El discurso de Chávez se apoyó de manera sistemática en referencias a la explotación colonial y a la corrupción política del siglo XX, construyendo una narrativa en la que las élites eran presentadas como responsables del deterioro social.    La desigualdad persistente entre ámbitos rurales y urbanos, entre sectores vinculados a la renta petrolera y comunidades empobrecidas, fue integrada como elemento central de esa formulación.    A través de esta operación retórica, Chávez se posicionó como mediador exclusivo del agravio y como portavoz de una promesa de justicia económica. [1]

3

Detrás del lenguaje de inclusión y equidad se implementaron políticas cuya eficacia dependía de condiciones transitorias.    Los programas sociales conocidos como Misiones produjeron efectos inmediatos, pero carecieron de sostenibilidad estructural.    Financiadas por una renta petrolera volátil, estas iniciativas abordaron consecuencias visibles sin alterar los mecanismos subyacentes y reforzaron la dependencia del Estado respecto a los ingresos petroleros y al control centralizado. [2]

4

Aun cuando gozaron de aceptación inicial, estas políticas introdujeron nuevas formas de desigualdad.    El acceso a los beneficios estatales comenzó a condicionarse por la lealtad política, lo que incentivó la fragmentación y erosionó la confianza entre los mismos sectores a los que se dirigían.    La corrupción administrativa y la ineficiencia operativa limitaron su alcance, acumularon promesas incumplidas y profundizaron la polarización social.

5

El culto a la personalidad

El carisma personal de Chávez facilitó la conversión del resentimiento en capital político.    La identificación progresiva entre el líder y la nación diluyó las distinciones entre disenso y deslealtad, de modo que la crítica comenzó a presentarse como una forma de traición.    Este proceso consolidó un culto a la personalidad que redujo los costos políticos de la centralización del poder.

6

Tal como se examinó en el Capítulo VI, Crónicas de Hugo Chávez, la autoconstrucción de Chávez como representante del pueblo coexistió con prácticas que redujeron el espacio del pluralismo y normalizaron la conformidad.    Esta combinación reforzó su control político al tiempo que erosionó las capacidades institucionales de la democracia.    La reiteración de agravios históricos operó como marco legitimador que desplazó la atención de estos efectos acumulativos.

7

El resentimiento

La Revolución Bolivariana se sostuvo mediante la activación de divisiones culturales preexistentes, en particular aquellas vinculadas a clase, raza y región.    La retórica política, organizada en un esquema de antagonismo binario, amplificó el resentimiento y reforzó la lealtad de la base gobernante al presentar el conflicto social como una oposición irreconciliable.    Este encuadre dificultó la cooperación entre sectores distintos y fragmentó las condiciones necesarias para una supervisión política amplia y sostenida por parte de la oposición.

8

Este encuadre antagonista se proyectó también sobre el sector privado.    Las expropiaciones, los controles de precios y la deslegitimación pública de la actividad empresarial redujeron la capacidad operativa de la empresa privada y reforzaron la dependencia respecto del Estado.    Estas medidas contribuyeron al deterioro económico, reorientaron la atribución de responsabilidades hacia actores definidos como adversarios y mantuvieron activos los ciclos de resentimiento. [3]

9

Su atracción

La movilización del resentimiento no operó únicamente como reacción frente a la desigualdad, sino como un mecanismo que se alimentó de ella.    Al canalizar agravios históricos y contemporáneos, se estructuró un movimiento que ofrecía una narrativa de reparación mientras consolidaba dinámicas de división.    Las referencias a la unidad y al progreso funcionaron como dispositivos legitimadores y produjeron efectos duraderos de desconfianza, expectativas no satisfechas y debilitamiento institucional. [4]

10

Cuando el resentimiento pasa a operar como principio de gobierno, tiende a socavar las estructuras destinadas a sostener la vida institucional.    Aunque el discurso político ofreció expectativas de reparación, el funcionamiento del sistema amplificó las mismas desigualdades que declaraba corregir.


Notas finales – Capítulo IX

  • [1] Luis Vicente León, Chávez: La Revolución No Será Televisada (Caracas: Editorial Planeta, 2008), 112–127.
  • [2] Luis Vicente León, Misiones Sociales: ¿Un gobierno de dependencia? (Caracas: Editorial Alfa, 2011), 45–59.
  • [3] MIchael F. A., Sargeant, The Venezuelan Military Under Chávez: Political Influence and Militarization (Nueva York: Columbia University Press, 2013), 150–165.
  • [4] Gustavo Coronel, Venezuela: The Collapse of a Democracy (Miami: Editorial Santillana, 2015), 203–220.

*

*

La segunda señal

Emblema del Ejército Bolivariano.

El pilar sólido del poder: la fuerza militar

1

La dinámica descrita anteriormente muestra que las fuerzas armadas operaron no solo como institución, sino como eje de articulación política.   Desde la independencia en 1811, la autoridad militar ha desempeñado un papel persistente en la configuración del Estado venezolano, como reflejan las constituciones de los siglos XIX y XX.   Esta continuidad no responde únicamente a coyunturas políticas, sino a una concepción arraigada del poder militar como principio de orden.   A lo largo de casi dos siglos, la vida política se organizó de manera recurrente en torno a figuras caudillistas cuya legitimidad dependía del respaldo castrense.   En este marco, las fuerzas armadas dejaron de funcionar como elemento contingente y pasaron a constituir una estructura estable de gobierno.   La reconfiguración del poder militar emprendida por Chávez se inscribe en esta tradición y debe ser entendida como una adaptación de ese patrón histórico a una nueva forma de control estatal.

2

Tras la independencia, la vida política venezolana se desarrolló bajo condiciones de inestabilidad persistente, en las que el liderazgo militar asumió funciones de orden en un Estado fragmentado.   Las primeras décadas estuvieron atravesadas por disputas entre facciones, desde la rivalidad entre Simón Bolívar y José Antonio Páez hasta conflictos posteriores encabezados por jefes militares, incluidos los enfrentamientos de los federalistas azules en la década de 1860 y el ascenso de Cipriano Castro a finales del siglo XIX y comienzos del XX.   En ese contexto, la jerarquía castrense y su capacidad de acción concentrada consolidaron su posición como fuerza decisiva.   La orientación política del país se definió de manera recurrente fuera de los espacios parlamentarios, mientras que el gobierno civil, marcado por la discontinuidad, mostró una capacidad limitada para articular un orden político duradero.

3

Este legado se manifiesta en figuras contemporáneas como el general en jefe Vladimir Padrino López y el general en jefe Diosdado Cabello, cuya trayectoria refleja la integración sostenida de lo militar en la estructura política del Estado.   Padrino López, en su función como ministro de la Defensa, encarna la continuidad de la autoridad castrense dentro del aparato gubernamental.   Su relación con Nicolás Maduro, fundada en lealtad institucional y afinidad con el proyecto bolivariano, ha contribuido a su posición como actor central en la estabilidad del gobierno.   Diosdado Cabello, cuya carrera transita entre ámbitos militares y civiles, articula su influencia a partir de ese doble registro.   En conjunto, ambas figuras ilustran la persistencia de una lógica política en la que disciplina organizativa y capacidad coercitiva permanecen estrechamente vinculadas.

4

Vladimir Padrino López es descrito con frecuencia como una figura disciplinada y pragmática, capaz de combinar la formación militar con habilidades de gestión política en un entorno institucional inestable.   En su discurso público, ha insistido en el papel de las fuerzas armadas como garantes del orden y de la continuidad del Estado.   Más allá de esa presentación, su posición ha adquirido relevancia en la articulación interna del poder bajo el gobierno de Nicolás Maduro.   Su estilo, caracterizado por una diplomacia medida, contrasta con enfoques más confrontacionales y le ha permitido operar como interlocutor tanto dentro del aparato estatal como en escenarios externos.   De este modo, su influencia se ejerce no solo a través de funciones formales, sino también mediante su capacidad para mediar y adaptarse a tensiones internas del sistema político.

5

El papel atribuido a Padrino López en las prácticas represivas del Estado lo ha situado como una figura controvertida en el análisis político.   Diversas investigaciones y señalamientos lo han vinculado con redes de corrupción militar y con economías ilícitas, incluidas actividades relacionadas con el narcotráfico y la minería ilegal.   Estas imputaciones no permiten establecer responsabilidades judiciales en este contexto, pero sí introducen un grado de opacidad en torno a su posición institucional.   En ese marco, su figura aparece asociada tanto a la noción de estabilidad como a una influencia cuyo alcance efectivo permanece indeterminado.   Algunos observadores han planteado que, en escenarios de crisis, podría desempeñar un papel de intermediación dentro del propio sistema de poder.

6

El análisis de las estructuras contemporáneas de poder requiere situarlas dentro de una secuencia histórica más amplia.   Aunque Hugo Chávez suele ser presentado como el principal artífice del orden autocrático vigente, su trayectoria se inscribe en tradiciones previas de militarización y movilización populista.   Su ascenso no constituyó una anomalía, sino la convergencia de procesos políticos y sociales acumulados a lo largo de casi dos siglos.   Reducir la explicación a su figura individual oscurece las condiciones estructurales que hicieron posible ese desenlace.   En este sentido, el recorrido de Venezuela hacia formas concentradas de poder solo puede entenderse a partir de su evolución institucional y constitucional.


La tercera señal

1

Desde finales del siglo XX, el sistema político venezolano entró en una fase de transformación sostenida, condicionada por una inestabilidad socioeconómica persistente que afectó de manera desigual a distintos sectores sociales.   El orden democrático establecido en 1958 se estructuró inicialmente en torno a un bipartidismo funcional entre Acción Democrática (AD) y el Partido Social Cristiano (COPEI), formalizado a través del Pacto de Puntofijo como mecanismo de estabilización institucional y alternancia en el poder. [1][2][3]    Con el paso del tiempo, ese esquema tendió a concentrar la representación política y a restringir la incorporación de corrientes alternativas, en particular aquellas situadas fuera del consenso dominante.   Esta dinámica redujo la capacidad del sistema para absorber demandas sociales emergentes y contribuyó a una disminución progresiva de su legitimidad. [4]

2

Durante las décadas de 1980 y 1990, una combinación de desequilibrios económicos, aumento de la desigualdad y deterioro de la credibilidad institucional debilitó de manera sostenida el sistema bipartidista.   La expansión de la deuda externa, junto con la caída de los ingresos petroleros, intensificó tensiones sociales preexistentes. [5][6]   En 1989, los acontecimientos conocidos como el Caracazo expusieron de forma abrupta la distancia acumulada entre las estructuras de gobierno y amplios sectores de la población. [7]    Las medidas de ajuste asociadas a ese episodio pusieron de manifiesto límites estructurales del modelo político y económico vigente, así como fracturas persistentes en el entramado social. [8]

3

En este contexto de desgaste institucional y fractura social, el Movimiento V República (MVR), encabezado por Hugo Chávez, se consolidó como fuerza política dominante tras su victoria electoral en 1999.   Su discurso combinó apelaciones redistributivas con la promesa de reorganizar el Estado a partir de los ingresos petroleros.   En 2007, el MVR fue absorbido en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), un proceso que redujo la pluralidad interna y produjo una estructura partidaria más centralizada, diseñada para disciplinar la toma de decisiones y asegurar la ejecución de políticas. [9][10][11]

4

La muerte de Hugo Chávez en 2013 alteró los equilibrios internos del Partido Socialista Unido de Venezuela y abrió un proceso de disputa por la sucesión.   El ascenso de Nicolás Maduro se produjo en un contexto de faccionalismo persistente, marcado por tensiones entre los sectores civiles y militares del aparato estatal.   Su consolidación en el poder se apoyó en un uso instrumental del marco legal:   reinterpretaciones constitucionales, subordinación del poder judicial y administración estratégica de los procesos electorales para preservar una apariencia de continuidad institucional.   Paralelamente, prácticas extralegales —incluidas la represión selectiva, la restricción del espacio mediático y la cooptación de órganos del Estado— pasaron a desempeñar un papel central en la reproducción del control político. [12] [13][14]

5

Pese a la aparición de nuevas organizaciones opositoras, el Partido Socialista Unido de Venezuela mantuvo su posición dominante dentro del sistema político.   La fragmentación interna de la oposición se consolidó como un factor estructural, alimentado por desacuerdos estratégicos y por divergencias persistentes respecto a las formas de relación con el poder establecido.   De manera simultánea, el aparato estatal desplegó mecanismos judiciales y electorales orientados a dividir, neutralizar o reconfigurar a los actores opositores, lo que redujo de forma sostenida su capacidad de articulación y de competencia efectiva.

6

La incapacidad de los partidos opositores para articular un frente coordinado se mantuvo como una vulnerabilidad persistente dentro del sistema político.   Esta condición fue incorporada de manera recurrente en la práctica gubernamental, lo que limitó la posibilidad de que la oposición se presentara como alternativa operativa.   Episodios clave, como el referéndum revocatorio de 2004 —en el que Hugo Chávez retuvo el mandato— y la Sentencia 156 del Tribunal Supremo de Justicia en 2017, que suspendió las funciones de la Asamblea Nacional controlada por la oposición, profundizaron esta asimetría institucional. [15] [16][17]

7

A medida que la fragmentación del espacio político se intensificó, surgieron nuevas formaciones opositoras y se ensayaron estrategias alternativas.   En un momento dado, el sistema llegó a registrar hasta cuarenta y nueve partidos (véase Apéndice: Ítem B). Sin embargo, esta expansión organizativa no se tradujo en capacidad de coordinación ni en competencia efectiva frente al partido gobernante.   La multiplicación de estructuras partidarias operó, en la práctica, como un factor adicional de dispersión.   Las divergencias estratégicas internas —entre enfoques orientados al diálogo y otros de carácter confrontacional— fueron absorbidas por el funcionamiento del sistema político mediante mecanismos de cooptación, fragmentación inducida y administración selectiva de reglas judiciales y electorales, lo que contribuyó a neutralizar desafíos sostenidos a la posición dominante.


Notas finales – Capítulo XI

  • [1] John D. Martz, Acción Democrática. Evolution of a Modern Political Party in Venezuela (Princeton: Princeton University Press, 1966). Ofrece una historia detallada del partido Acción Democrática (AD) en una tesis doctoral sobre Venezuela. https://doi.org/10.1215/00182168-46.4.468
  • [2] Steve Ellner, “Venezuelan Revisionist Political History, 1908–1958: New Motives and Criteria for Analyzing the Past”, Latin American Research Review (The Latin American Studies Association), vol. 30, núm. 2 (1995): 91–121. El artículo ofrece un contexto crítico para la historia del partido socialcristiano COPEI. https://www.jstor.org/stable/2503835
  • [3] Samuel Paltiel Handlin, “The Politics of Polarization: Legitimacy Crises, Left Political Mobilization, and Party System Divergence in South America” (Tesis doctoral, Ciencia Política: University of California, Berkeley, otoño de 2011), 8, 39–48, 54, 59, 73, 79, 81–86, 91–93, 95, 116, 168, 172.
  • [4] David J. Myers, “The Struggle to Legitimate Political Regimes in Venezuela: From Pérez Jiménez to Maduro”, Latin American Research Review (Cambridge University Press, 23 de octubre de 2017). DOI: https://doi.org/10.25222/larr.240
  • [5] Miriam Kornblith y Daniel H. Levine, “Venezuela: The Life and Times of the Party System”, Kellogg Institute for International Studies, University of Notre Dame, Working Paper núm. 197, junio de 1993. https://pdba.georgetown.edu/Parties/Venezuela/Leyes/PartySystem.pdf
  • [6] Javier Corrales, Fixing Democracy: The Venezuela Crisis and Global Lessons (Cambridge: Cambridge University Press, 2021), 99–133.
  • [7] Margarita López Maya, “The Venezuelan Caracazo of 1989: Popular Protest and Institutional Weakness”, Journal of Latin American Studies (2003), 35, 117–137. DOI: 10.1017/S0022216X02006673
  • [8] Moisés Naím, Paper Tigers and Minotaurs: The Politics of Venezuela’s Economic Reforms (Washington: The Carnegie Endowment for International Peace, 1993). https://observacionessobrelanaturalezade.com/wp-content/uploads/2025/12/ce199-papertigersandminotaurs.pdf
  • [9] “Dossier No. 61: The Strategic Revolutionary Thought and Legacy of Hugo Chávez Ten Years After His Death” (Monthly Review Online, Tricontinental: Institute for Social Research, 1 de marzo de 2023). https://mronline.org/2023/03/01/dossier-no-61-the-strategic-revolutionary-thought-and-legacy-of-hugo-chavez-ten-years-after-his-death/
  • [10] Marta Harnecker, Understanding the Venezuelan Revolution: Hugo Chávez Talks to Marta Harnecker (Nueva York: Monthly Review Press, 2005), 45–47.
  • [11] Barry Cannon, Hugo Chávez and the Bolivarian Revolution: Populism and Democracy in a Globalised Age (Manchester: Manchester University Press, 2009), 101–103.
  • [12] Gregory Wilpert, Changing Venezuela by Taking Power: The History and Policies of the Chávez Government (Londres: Verso Books, 2007), 102–104.
  • [13] Javier Corrales y Michael Penfold, Dragon in the Tropics: Hugo Chávez and the Political Economy of Revolution in Venezuela (Washington: Brookings Institution Press, 2011), 19–24, 30–34.
  • [14] Tiago Rogero, “Evidence shows Venezuela’s election was stolen—but will Maduro budge?”, The Guardian, 6 de agosto de 2024. https://www.theguardian.com/world/article/2024/aug/06/venezuela-election-maduro-analysis
  • [15] Gustavo Delfino y Guillermo Salas, “Analysis of the 2004 Venezuela Referendum: The Official Results Versus the Petition Signatures”, Project Euclid, noviembre de 2011. DOI: 10.1214/08-STS263
  • [16] Rafael Romo, “Venezuela’s high court dissolves National Assembly”, CNN, 30 de marzo de 2017. https://www.cnn.com/2017/03/30/americas/venezuela-dissolves-national-assembly/index.html
  • [17] Margarita López Maya, “Venezuela’s Hugo Chávez: Savior or Danger?”, Latin American Perspectives, vol. 29, núm. 6 (2002): 88–103. Ofrece un contexto crítico para el referéndum revocatorio de 2004. https://www.jstor.org/stable/2692130

« Desenmascarar la desilusión: Serie I »

January 7, 2026

*

« Geometric Allegory », pintura digital 2023 de Ricardo Morin (artista visual estadounidense nacido en Venezuela en 1954)

A mis padres

Prefacio

1

« Desenmascarar la desilusión » sigue una línea de indagación presente a lo largo de mi trabajo:   el examen de la identidad, la memoria y las relaciones que emergen cuando la vida se despliega a través de fronteras culturales.   Aunque he vivido fuera de Venezuela por más de cinco décadas y me naturalicé ciudadano de los Estados Unidos hace veinticuatro años, mi vínculo con el país de nacimiento permanece como un punto de referencia persistente.   La distancia entre estas condiciones —pertenencia y separación— constituye el trasfondo sobre el cual este relato toma forma.

Este trabajo forma parte de un proyecto autobiográfico más amplio que reúne experiencias, observaciones y preguntas acumuladas a lo largo del tiempo.   Aunque su origen es personal, no procede como confesión ni como memoria.   Su método es secuencial más que expresivo:   la exposición individual se sitúa dentro de fuerzas históricas y estructuras políticas que han configurado la vida venezolana a lo largo de generaciones.   La intención no es reconciliar estas tensiones, sino hacerlas visibles mediante recurrencia, registro y consecuencia.

“Serie I” introduce los primeros núcleos temáticos de esta indagación.   Los episodios aquí reunidos no desarrollan una tesis única ni buscan conclusiones definitivas.   Señalan puntos de fricción donde la experiencia privada se cruza con el poder público, y donde los relatos políticos ejercen presión sobre la vida ordinaria.   A través de estos encuentros surgen patrones —no como abstracciones, sino como condiciones que modifican la forma en que se ejerce la autoridad, se desplaza la responsabilidad y se restringe la agencia.

Los capítulos que siguen examinan las presiones generadas por la desigualdad sistémica y rastrean las condiciones contemporáneas de Venezuela hasta su formación histórica.   El gobierno autocrático y el consentimiento popular no aparecen como fuerzas opuestas, sino como elementos que se entrelazan y debilitan mutuamente.   En este entramado, la verdad no desaparece; se vuelve menos accesible de manera uniforme y más fácilmente desplazable por el relato.

Cuando el discurso público se ve modelado por la propaganda y la desinformación, las estructuras autoritarias adquieren mayor resistencia.   Recuperar la verdad bajo tales condiciones no resuelve el conflicto político, pero delimita el campo dentro del cual este opera.   La agencia cívica no emerge como ideal, sino como condición que se sostiene —o se pierde— a través de la práctica y la consecuencia.

Este trabajo no propone explicaciones deterministas ni remedios simples.   Avanza por acumulación, señalando patrones que persisten a pesar de los cambios de contexto.   Lo que solicita al lector no es adhesión, sino atención: a la evidencia, a la secuencia y a las condiciones bajo las cuales la libertad política puede ejercerse de manera significativa.

Escribiendo desde Bala Cynwyd, Pensilvania, y Fort Lauderdale, Florida, permanezco consciente de la distancia entre los entornos desde los cuales se compone este trabajo y las condiciones que examina.   Esa distancia no confiere autoridad; impone responsabilidad.

Ricardo Federico Morín
Bala Cynwyd, Pensilvania, 21 de enero de 2025


Tabla de contenidos

  • Capítulo I – Un lenguaje escrito.
  • Capítulo II – Nuestra imprudencia.
  • Capítulo III – Punto de vista.
  • Capítulo IV – Un diálogo.
  • Capítulo V – Resumen.
  • Capítulo VI – Crónicas de Hugo Chávez (§§ I–XVII).
  • Capítulo VII – El modo alegórico.
  • Capítulo VIII – El gobierno ideal y el poder de la virtud.
  • Capítulo IX – La primera señal:  Sobre el resentimiento político y social.
  • Capítulo X – La segunda señal:  El pilar sólido del poder; Las fuerzas armadas.
  • Capítulo XI – La tercera señal:  La asimetría de los partidos políticos.
  • Capítulo XII – La cuarta señal:   Autocracia (§§ 1–9); Venezuela (§§ 10–23); La asimetría de las sanciones (§§ 24–32).
  • Capítulo XIII – La quinta señal:  La república empeñada.
  • Capítulo XIV – La primera cuestión:  Partidismo, No-partidismo y Antipartidismo.
  • Capítulo XV – La segunda cuestión:  Sobre las verdades parciales y la anarquía represiva.
  • Capítulo XVI – La tercera cuestión:   El clarín de la democracia.
  • Capítulo XVII – La cuarta cuestión:  Sobre los derechos humanos.
  • Capítulo XVIII – La quinta cuestión:  Sobre la naturaleza de la violencia.
  • Capítulo XIX – La cuestión última:   Sobre la liberación de la injusticia.
  • Agradecimientos.
  • Epílogo.
  • Posdata.
  • Apéndice:   Nota del autor, Nota preliminar.   A) Constituciones venezolanas [1811–1999], Poderes y departamentos de gobierno.  B) Evolución de los partidos políticos:  1840–2024.   C) Algunas leyes promulgadas por la Asamblea Nacional.   D) Nota aclaratoria sobre la coerción interna, la presencia extranjera y la intervención:
  • Bibliografía.

Un lenguaje escrito

La estabilidad suele buscarse allí donde no puede asegurarse.   La experiencia lo demuestra de forma reiterada.   Incluso las intenciones cuidadosas tienden a conducir a terrenos inciertos, donde la comprensión llega después de la consecuencia.   Frente al escritorio, cuando la luz de la tarde alcanza la página, la escritura adquiere una función práctica:   se convierte en un medio para ordenar aquello que, de otro modo, permanecería inestable.   El acto no resuelve la vulnerabilidad, pero la registra.   Si el tiempo modifica tales condiciones sigue siendo incierto; lo que sí puede hacerse es darles forma.

Lo que sigue se desplaza de las condiciones de la escritura a las condiciones que esta debe enfrentar.


Nuestra imprudencia

Our painful struggle to deal with the politics of climate change is surely also a product of the strange standoff between science and political thinking.

« Nuestra dolorosa dificultad para abordar la política del cambio climático es, sin duda,
también producto del extraño enfrentamiento entre la ciencia y el pensamiento político ».
— Hannah Arendt, La condición humana [1958] (traducción del autor)

1

La pandemia de COVID y los incendios que se extendieron por Canadá en 2023, entre otros acontecimientos recientes, hicieron visibles condiciones que ya se encontraban en funcionamiento.   Estos hechos no introdujeron vulnerabilidades nuevas, sino que revelaron hasta qué punto los sistemas existentes dependen de incentivos económicos y hábitos políticos que privilegian la extracción por encima de la preservación.   Durante el período en que el humo de los incendios alcanzó el noreste de los Estados Unidos, la luz diurna en algunas zonas de Pensilvania se vio alterada de manera perceptible y registró el alcance de acontecimientos que se desarrollaban a considerable distancia.   Tales episodios no se sitúan al margen de los arreglos económicos vigentes; coinciden con un modelo que trata las condiciones naturales como mercancías y absorbe su degradación como un costo externo.

2
Los incendios en California en 2025, al igual que los ocurridos en Canadá en 2023, no se presentan como episodios aislados. [1]   Forman parte de una secuencia configurada por el descuido ambiental, la inercia política y la expansión industrial sostenida.   Condiciones como la desertificación, la escasez de recursos y el desplazamiento de poblaciones ya no aparecen únicamente como proyecciones futuras; se registran cada vez más como circunstancias presentes.   Las evaluaciones científicas indican que estos patrones tienden a intensificarse en ausencia de cambios estructurales. [1][2][3]  Lo que se hace visible, con el paso del tiempo, no es un fallo singular, sino un sistema que continúa operando conforme a prioridades que favorecen el rendimiento inmediato por encima de la continuidad a largo plazo.

3
La cuestión del equilibrio no se plantea únicamente como un problema técnico.   Surge dentro de un campo moral y político configurado por supuestos económicos dominantes.   El tratamiento de la naturaleza —y, más recientemente, de la inteligencia artificial— como mercancía refleja una trayectoria en la que asuntos vinculados a la supervivencia compartida se traducen de manera creciente en términos de mercado.   En tales condiciones, consideraciones que anteriormente pertenecían al ámbito de la responsabilidad colectiva pasan a ser reformuladas como variables dentro de sistemas de cálculo.

4
Estos patrones ejercen una presión creciente sobre las condiciones necesarias para la supervivencia colectiva.   Las respuestas frente a tales circunstancias varían, y oscilan entre la indiferencia y la urgencia, aunque la urgencia no produce necesariamente claridad.   Lo que se vuelve reconocible, a través de instancias reiteradas, es una tendencia a que la crisis reaparezca sin que se produzcan ajustes sostenidos.   Esta recurrencia guarda paralelismo con las historias políticas examinadas en los capítulos que siguen, donde advertencia y consecuencia con frecuencia no llegan a coincidir.


Notas finales del capítulo II


Punto de vista

1

Las conversaciones con mi editor, Billy Bussell Thompson (BBT), han acompañado el desarrollo de este trabajo a lo largo del tiempo.   Su atención al método de investigación y a la estructura del argumento contribuyó a precisar su alcance y orientación.   Estos intercambios, realizados con frecuencia a distancia y sin formalidades, formaron parte del proceso mediante el cual fue tomando forma el presente relato.   Tras un período prolongado de incertidumbre acerca de cómo abordar la figura de Hugo Chávez, los contornos de « Desenmascar la desilusión » comenzaron a definirse de manera gradual.

2
Hugo Chávez se consolidó como un dirigente político cuya autoridad se ejerció en oposición al liberalismo político. [1]  Mientras su discurso público subrayaba la identificación con los sectores pobres, los beneficios materiales del poder se concentraron en un círculo reducido. [2]  A lo largo de su mandato, las instituciones democráticas en Venezuela experimentaron un debilitamiento progresivo, y la práctica de gobierno adoptó formas cada vez más autoritarias.   Estos procesos resultan más legibles cuando se sitúan dentro del registro histórico y se examinan a partir de la práctica documentada, más que desde la afirmación retórica.

3
Los acontecimientos que siguieron al fin del gobierno de Chávez se caracterizan por el desorden y por consecuencias aún no resueltas.   Su persistencia remite a cuestiones de responsabilidad histórica y colectiva que permanecen abiertas.   Examinar el registro del liderazgo autocrático —tanto sus ambiciones como sus fracasos— ofrece un modo de aproximarse al problema de la justicia en Venezuela sin presuponer resolución.   A través de este examen, tensiones duraderas se hacen visibles como condiciones que requieren comprensión, no como conclusiones ya establecidas.


Notas finales del capítulo III

  • [1] El término caudillo tiene su origen en el español y se ha utilizado históricamente para describir a un dirigente que ejerce una autoridad política y militar concentrada.   En el contexto venezolano, el término adquiere una resonancia particular y se asocia con figuras vinculadas al período posterior a la independencia del siglo XIX.  Dichos dirigentes tendieron a consolidar el poder mediante una combinación de autoridad personal, lealtad de facciones armadas y la promesa —ya fuese sustantiva o retórica— de mantener el orden en condiciones de inestabilidad.  Mientras algunos fueron considerados defensores de causas locales o nacionales, otros quedaron asociados a prácticas que facilitaron formas de gobierno autoritario y debilitaron las estructuras institucionales.  El concepto de caudillo continúa operando en la cultura política venezolana como una categoría descriptiva aplicada a formas de liderazgo que combinan apoyo popular con poder concentrado.

Un diálogo

Una serie de conversaciones entre BBT y el autor acompañó el examen de la política y la historia venezolanas desarrollado en esta sección.   Estos intercambios configuraron un espacio transicional en el que la indagación reflexiva dio paso al registro histórico, permitiendo que cuestiones de interpretación, responsabilidad y documentación fueran abordadas mediante el diálogo, más que a través de la exposición directa.

1
—RFM:
« Mi escritura se ha ocupado de la evolución del panorama político venezolano, con atención particular a la aparición de formas de gobierno autoritarias.   El interés se ha centrado menos en la doctrina abstracta que en la manera en que determinadas políticas se tradujeron en condiciones cotidianas para la población. »

2
—BBT:
« Examinar cómo el liderazgo autoritario configura las condiciones políticas resulta necesario, aunque el propio término suele ser objeto de disputa y aplicación desigual.   En el caso de Chávez, el uso de la propaganda no fue excepcional en su forma, pero sí constante como instrumento de gobierno.   ¿De qué modo circularon los relatos oficiales durante su mandato y qué efectos produjeron, con el tiempo, sobre la percepción pública? »

3
—RFM:
« La propaganda no es exclusiva de Chávez; opera como un instrumento recurrente en distintos sistemas políticos.   En Venezuela, los medios oficiales atribuyeron de manera sistemática las dificultades económicas a interferencias externas, más que a decisiones de política interna.   Al mismo tiempo, las condiciones materiales se deterioraron, con la aparición de escasez derivada de una gestión económica deficiente, posteriormente agravada por restricciones externas.   Los grupos de oposición difundieron también contra-relatos, que a su vez generaron respuestas por parte del Estado.   Estos intercambios se desarrollaron en un contexto histórico marcado por conflictos civiles y alineamientos propios de la Guerra Fría, dando lugar a un entorno informativo fragmentado.   En ese marco, la responsabilidad por el deterioro económico fue desplazada con frecuencia, mientras la percepción pública se gestionó mediante la repetición más que mediante la resolución.   Las reformas sociales y económicas invocadas como justificación no produjeron, con el tiempo, las reducciones de pobreza y desigualdad que se habían prometido. »

4
—BBT:
« Para representar con cierto grado de precisión las condiciones políticas de Venezuela, es necesario atender a la manera en que la población común se encontró con estas dinámicas en la vida diaria.   ¿Cómo se desenvolvieron tales condiciones en la práctica, especialmente allí donde el discurso político intersectó con la necesidad económica inmediata? »

5
—RFM:
« El colapso económico posterior al declive del modelo petrolero intensificó la pobreza y ejerció una presión sostenida sobre los servicios públicos.   Examinado en secuencia, este período muestra cómo los legados coloniales y las prácticas autoritarias convergieron en la configuración del chavismo.   Episodios como los disturbios de 1989, conocidos como El Caracazo, registraron una desafección generalizada hacia los partidos establecidos y las instituciones democráticas.   En tales condiciones, la exigencia de asegurar necesidades básicas prevaleció con frecuencia sobre la participación en principios políticos de carácter abstracto. »

6
—BBT:
« La claridad narrativa depende en parte de reconocer los supuestos que orientan la interpretación. Cuando dichos supuestos se hacen explícitos y se someten a examen, el relato se vuelve menos directivo y más accesible, permitiendo que el lector siga el registro sin ser conducido hacia una posición predeterminada. »

7
—RFM:
« Ningún relato prescinde de la interpretación, incluido este.   La escritura ofrece un medio para aproximarse a la historia de Venezuela —su formación colonial, los episodios de gobierno autoritario y los períodos de disrupción política— sin clausurar lecturas alternativas.   Un relato coherente no necesita ser exhaustivo; permanece abierto en la medida en que atiende a las implicaciones y a las consecuencias, más que a la resolución. »

8
—BBT:
« El propio intercambio subraya la importancia de una narración cuidadosa al abordar el registro político y social de Venezuela.   Considerar múltiples puntos de vista no resuelve la complejidad, pero permite que emerja un relato más coherente sin reducir esa historia a un único marco explicativo. »

El intercambio marcó una transición de la indagación reflexiva al registro histórico.


Resumen

1

« Desenmascar la desilusión » examina la secuencia mediante la cual el proyecto político articulado bajo Hugo Chávez asumió forma autocrática.   En lugar de atribuir este resultado a una causa única, la indagación procede rastreando cómo las decisiones de liderazgo se desplegaron dentro de una convergencia de condiciones históricas, disposiciones institucionales, presiones económicas y alineamientos geopolíticos.   El relato no parte de una conclusión, sino del registro.

2
La atención se mantiene en la forma en que se ejerció la autoridad y en cómo sus efectos se manifestaron dentro de la sociedad venezolana.   Las circunstancias históricas, el diseño institucional y las influencias externas se examinan no para simplificar el registro, sino para hacer visibles las interdependencias a través de las cuales el poder se consolidó con el tiempo.   Lo que emerge no es una tesis explicativa, sino una configuración cuya coherencia solo puede evaluarse mediante una atención sostenida a la secuencia y a la consecuencia.


« Una Hacienda independiente »

July 27, 2025

*

Ricardo Morin
Una pregunta bordada
CGI
2025

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A la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal—
en reconocimiento al reto constante de conciliar la independencia institucional con la responsabilidad pública.


*

Por Ricardo Morín

27 de Julio de 2025


Resumen

Este ensayo examina la validez conceptual de una tesorería independiente, libre del control ejecutivo y regida por un razonamiento económico a largo plazo, no partidista. Sostiene que la alineación de las instituciones fiscales con liderazgos políticos de corto plazo genera riesgos estructurales que comprometen la transparencia, la sostenibilidad y la confianza pública. En contraste, una tesorería autónoma —que opere bajo mandatos legales claros y dirigida por expertos profesionales— puede fomentar la estabilidad fiscal y la integridad, preservando a la vez la supervisión democrática esencial. El análisis rechaza tanto la subordinación ejecutiva como el absolutismo tecnocrático, proponiendo un modelo institucional equilibrado en el que la independencia funcione como una forma de moderación comprometida. Este concepto se refiere al límite estructurado y lícito del ejercicio de autoridad en favor del interés público a largo plazo, una disciplina fundamentada no en la desconexión, sino en la ética, la transparencia y la legalidad. Este planteamiento, abstraído de cualquier contexto nacional específico, se aplica ampliamente al diseño teórico de una gobernanza fiscal sólida.


El caso de una Tesorería Independiente

La cuestión de cómo debe estructurarse una tesorería —ya sea subordinada al liderazgo político o actuando de forma autónoma— plantea preocupaciones fundamentales sobre la integridad institucional, la responsabilidad fiscal y la rendición de cuentas democrática. Aunque las tesorerías son con frecuencia parte del aparato ejecutivo, existe un argumento teórico sólido para dotarlas de independencia política. Una tesorería alejada del control directo de las administraciones gobernantes y guiada por la experiencia económica, el pensamiento a largo plazo y mandatos públicos definidos puede proporcionar una base más estable y con mayor coherencia ética para la política fiscal.

En el centro de este argumento está el hecho de que las decisiones fiscales —como establecer el nivel de impuestos, asignar el gasto público o gestionar la deuda— trascienden con mucho la duración de los ciclos electorales o los periodos de los mandatos políticos. Si las operaciones de la tesorería responden a prioridades políticas de corto plazo, la política fiscal puede distorsionarse por razones oportunistas, mediante recortes de impuestos insostenibles, aumentos de gasto planificados políticamente o la ocultación de proyecciones de deuda incómodas. Estas distorsiones socavan tanto la credibilidad de la gestión fiscal como la estabilidad a largo plazo que sostiene la confianza pública y la solvencia financiera.

Un conjunto común de distorsiones incluye oleadas de gasto previas a los ciclos electorales que anteponen los beneficios políticos inmediatos al equilibrio fiscal duradero; la infraestimación estratégica o reclasificación de déficits para ocultar la verdadera condición fiscal; y la aplicación parcial de la normativa tributaria, donde las autoridades fiscales favorecen o perjudican selectivamente a ciertos grupos por motivos políticos. Estas prácticas no solo amenazan la sostenibilidad financiera, sino que también debilitan el papel de la tesorería como guardiana neutral de los recursos públicos.

La moderación comprometida es clave para enfrentar estos desafíos. Este concepto alude a un compromiso estructurado con los límites éticos y la gobernanza responsable. Es una forma de autoridad que se vincula voluntariamente al interés público, resistiendo tanto la captura política como la arrogancia tecnocrática. La moderación comprometida no equivale a la ausencia de poder, sino a su ejercicio disciplinado y transparente, fundamentado en la ley, la deliberación y la rendición de cuentas a largo plazo. Subraya el papel de la tesorería como custodio del bien público a lo largo de las transiciones políticas y los ciclos económicos.

Una tesorería autónoma, regulada por estatutos claros y dotada de expertos no partidistas, puede anclar la gestión fiscal en objetivos duraderos como la sostenibilidad, la equidad intergeneracional y la coherencia institucional. Su función no es sustituir la toma de decisiones democráticas, sino garantizar que dichas decisiones se ejecuten con coherencia, imparcialidad y competencia profesional. De la misma manera que ciertas instituciones responsables de la estabilidad macroeconómica están protegidas de las presiones políticas inmediatas, una tesorería también debería estarlo, especialmente en funciones como la previsión fiscal, la recaudación y la emisión de deuda.

La credibilidad de una tesorería independiente va más allá de su funcionamiento interno. Un comportamiento fiscal fiable y profesional infunde confianza en ciudadanos, inversores e instituciones. Cuando la gobernanza financiera no está sujeta a cambios abruptos ni manipulaciones partidistas, fomenta la confianza y favorece la inversión a largo plazo. Asimismo, la independencia contribuye a evitar la politización de la aplicación fiscal, reduciendo la tentación de utilizar la tributación o la regulación como instrumentos de favoritismo o represalia política.

Sin embargo, la independencia institucional no está exenta de riesgos. Las decisiones fiscales no son meramente técnicas, sino también morales y distributivas, ya que afectan a valores sociales, justicia y visiones diversas sobre el bien común. Excluir por completo estas decisiones del debate democrático puede derivar en excesos tecnocráticos, rigidez ideológica o desconexión de las condiciones reales. La experiencia profesional por sí sola no legitima decisiones que inciden en el bienestar y las prioridades sociales.

La solución no es la independencia absoluta, sino un equilibrio cuidadoso entre aislamiento y rendición de cuentas. Una tesorería diseñada para garantizar la neutralidad a largo plazo debe estar sujeta a mandatos claros, evaluaciones transparentes y procesos públicos visibles. Su liderazgo debería nombrarse mediante métodos plurales que reduzcan la captura por una única facción, y sus actuaciones deberían someterse a informes abiertos, auditorías independientes y control legal. Aunque protegida de la destitución arbitraria o la interferencia de corto plazo, debe responder, en última instancia, al marco legal y ético establecido por la sociedad a través de sus instituciones representativas.

Además, cualquier diseño institucional debe incorporar mecanismos de respuesta coordinada ante emergencias. Ninguna tesorería, por muy independiente que sea, debe quedar estructuralmente paralizada en momentos de crisis graves. Los protocolos temporales de colaboración con las autoridades políticas —limitados por ley y por tiempo— garantizan que la flexibilidad no comprometa la integridad.

En última instancia, la validez de una tesorería independiente no se basa únicamente en la competencia técnica, sino en preservar la confianza cívica. Cuando la gobernanza fiscal se rige por reglas y no por impulsos, por análisis en lugar de la improvisación, y por administración imparcial en lugar de intereses partidistas, se convierte en una fuerza estabilizadora de la vida pública. La forma institucional debe reflejar un compromiso doble: con la competencia profesional y la legitimidad democrática. La independencia, en este sentido, no es aislamiento sino moderación comprometida —un compromiso estructural con límites éticos y gobernanza responsable. Es el ejercicio disciplinado y transparente del poder, basado en la ley, la deliberación pública y la rendición de cuentas a largo plazo. Esta disciplina protege el papel de la tesorería como custodio del bien público en los cambios políticos y económicos.

Cualquier sociedad que desee asegurar la integridad a largo plazo de sus finanzas públicas debe enfrentarse a los incentivos estructurales que orientan su tesorería. Si la autoridad fiscal queda expuesta a agendas políticas efímeras, la sostenibilidad siempre será frágil. Pero si esa autoridad se aleja demasiado de la voz pública, corre el riesgo de perder la legitimidad en que se apoya. El reto consiste en construir instituciones duraderas sin que dejen de ser sensibles, disciplinadas sin opacidad e independientes sin renunciar a la responsabilidad.

*



Bibliografía anotada

  • Blyth, Mark: Austerity: The History of a Dangerous Idea. New York: Oxford University Press, 2013 (Blyth explica cómo la austeridad, presentada como una necesidad técnica, ha sido utilizada históricamente como un instrumento político para reconfigurar el poder económico. Su análisis es crucial para comprender por qué una tesorería independiente no debe concebirse como una promotora automática de políticas restrictivas, sino como una institución comprometida con la sostenibilidad fiscal con responsabilidad social.)
  • Brunner, Roger: “Independent Fiscal Authorities: A Comparative Analysis”, Public Finance Quarterly 21 (4): 482–505. Thousand Oaks: Sage Publications, 1993 (Brunner ofrece un análisis comparativo de diferentes modelos de autoridades fiscales independientes. Su estudio proporciona una base empírica para evaluar cómo la independencia institucional puede equilibrarse con mecanismos eficaces de rendición de cuentas democrática.)
  • Goodhart, Charles, y Dimitrios Tsomocos: The Challenge of Fiscal Independence. London: CEPR Press, 2021 (Este volumen examina los desafíos conceptuales y prácticos que supone desvincular la política fiscal de las presiones políticas a corto plazo. Su aportación resulta clave para fundamentar el argumento de que la independencia fiscal requiere límites claramente definidos y legitimidad democrática para evitar la tecnocracia autorreferencial.)
  • Lledó, Victor, y Teresa Ter-Minassian: “Fiscal Councils and Independent Fiscal Institutions”. Washington: IMF Working Paper WP/22/47. International Monetary Fund, 2022 (Este trabajo del Fondo Monetario Internacional ofrece una visión detallada de las instituciones fiscales independientes en múltiples jurisdicciones. Subraya que la eficacia de dichas instituciones depende tanto de su diseño legal como de su integración en procesos democráticos transparentes.)
  • Ooms, Thomas: “Fiscal Policy and the Risk of Politicization”. Journal of Economic Perspectives 32 (3): 75–92. Nashville: American Economic Association, 2018 (Ooms argumenta que la politización de la política fiscal genera distorsiones significativas en la asignación de recursos. Su artículo apoya la idea de que una tesorería institucionalmente protegida puede reducir el riesgo de decisiones motivadas por intereses partidistas.)
  • Stiglitz, Joseph E.: Economics of the Public Sector. New York: W. W. Norton, 2000 (Este manual clásico ofrece un marco exhaustivo sobre la economía del sector público. La discusión de Stiglitz sobre los fallos de mercado y el papel de las instituciones proporciona una base teórica sólida para justificar el diseño cuidadoso de una tesorería con independencia estructural y responsabilidad pública.)
  • Wehner, Joachim: Legislatures and the Budget Process: The Myth of Fiscal Control. New York: Palgrave Macmillan, 2010 (Wehner cuestiona la presunción de que los parlamentos ejercen un control efectivo sobre el presupuesto público. Su obra sugiere que, ante esa debilidad legislativa, el fortalecimiento institucional de la tesorería puede ser un paso necesario para asegurar la transparencia y la disciplina fiscal).