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Ricardo F. Morin

3 de enero de 2026

Oakland park, Fl

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Poder, soberanía y el costo de la duplicidad

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La transición de Venezuela y la supervivencia de Ucrania constituyen ahora una sola prueba:  si el poder puede ser contenido sin ilusiones,  y si Estados Unidos es capaz de actuar con coherencia incluso cuando su presidente no logra percibirla plenamente.

Este texto no propone una política ni anticipa un desenlace.  Señala el umbral en el que la coherencia deja de ser discrecional y pasa a convertirse en una condición de supervivencia.

Estados Unidos no puede actuar en un escenario de manera que invalide los principios que afirma defender en otro.  Si la soberanía,  la integridad territorial,  la continuidad institucional y la responsabilidad jurídica se consideran vinculantes en Ucrania,  no pueden volverse flexibles,  provisionales o estratégicamente inconvenientes en Venezuela.  Y el principio inverso debe sostenerse igualmente:  si esos mismos principios se tratan como vinculantes en Venezuela,  no pueden relajarse,  reinterpretarse ni aplicarse de forma selectiva en Ucrania.  Una vez cruzada esa línea en cualquiera de los dos sentidos,  la coherencia se derrumba,  no solo en el plano retórico,  sino estructural.  El poder deja de estabilizar resultados y comienza a administrar el deterioro.

No se trata de una afirmación moral,  sino funcional.  El poder contemporáneo no fracasa por carecer de fuerza,  sino por perder consistencia interna.  Cuando los mismos instrumentos —sanciones,  acusaciones judiciales,  presión militar,  reconocimiento diplomático— se aplican según la conveniencia del momento y no conforme a principios,  dejan de restringir a los adversarios.  Los instruyen.  Rusia y China no necesitan imponerse militarmente si pueden demostrar que la legalidad misma es selectiva,  contingente y susceptible de reinterpretación por quien detente la ventaja circunstancial.

Por esta razón,  ninguna transición puede apoyarse en la personalización.  La confianza entre líderes no sustituye la verificación,  ni el trato personal puede reemplazar a las instituciones.  Esta vulnerabilidad es bien conocida en la diplomacia centrada en personalidades y ha sido especialmente visible bajo Donald Trump,  en su reiterada mala lectura de Vladimir Putin.  Sin embargo,  el peligro más profundo no es psicológico,  sino procedimental.  Una política que depende de quién habla con quién no resiste la presión.  Solo puede perdurar aquella que sigue siendo legible cuando las personalidades desaparecen.

Tampoco pueden proclamarse resultados antes de que existan las instituciones capaces de sostenerlos.  El control territorial sin autoridad civil no es estabilidad.  Las elecciones celebradas sin garantías de seguridad exigibles no son legitimidad.  El acceso a los recursos sin mecanismos de custodia,  auditoría y revisión jurídica no es recuperación,  sino extracción bajo otra denominación.  Cuando Estados Unidos acepta resultados sin estructuras,  aplaza el colapso en lugar de prevenirlo.

Igualmente corrosiva es la improvisación jurídica.  El derecho aplicado a posteriori —acusaciones justificadas retroactivamente,  sanciones reajustadas para acomodar hechos consumados— no limita el poder;  lo representa.  Cuando la legalidad se vuelve explicativa en lugar de normativa,  pierde su capacidad disciplinaria.  Los adversarios aprenden que las reglas son instrumentos narrativos,  no límites efectivos.

Por último,  no puede haber tolerancia alguna hacia la preservación de intermediarios coercitivos.  Una transición que deja intactas milicias,  financiadores opacos o estructuras de coerción paralelas no es una transición.  Es una redistribución del riesgo que garantiza una ruptura futura.  Los actores externos pueden ser contenidos,  auditados o retrasados,  pero no pueden ser apaciguados mediante la ambigüedad sin socavar todo el proceso.

La prueba es severa e implacable.   Si una acción adoptada en Venezuela o en Ucrania no pudiera defenderse, palabra por palabra, al aplicarse en el otro caso —o si una concesión aceptada en uno fuese condenada al reproducirse en el otro— entonces el axioma ya ha sido vulnerado.

Lo que,  por tanto,  debe mantenerse verdadero en ambos escenarios a la vez es lo siguiente:  el poder debe someterse al mismo estándar que invoca,  sin excepciones,  sin personalización y sin refugiarse en una conveniencia disfrazada de realismo.

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Autoridad donde la legitimidad aún no ha convergido

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Esta sección no evalúa la legitimidad democrática ni el mérito político.  Observa cómo se constituye y se ejerce la autoridad cuando la coherencia se encuentra bajo presión.

Una pregunta formulada durante una conferencia de prensa —relativa a la coalición opositora encabezada por María Corina Machado y a la victoria electoral de Edmundo González Urrutia— provocó una respuesta desdeñosa del presidente Donald Trump.  Al preguntársele por qué un liderazgo de transición no se articularía en torno a dicha coalición,  respondió que “no había respeto por ella,”  dando a entender una ausencia de autoridad dentro del país.

Tomada al pie de la letra,  la observación parece personal.  Leída de manera diagnóstica,  expone una distinción más consecuente:  la legitimidad no se traduce actualmente en autoridad dentro de Venezuela.  La misma distinción —entre legitimidad y autoridad exigible— ha marcado la resistencia de Ucrania ante la invasión rusa:   una legitimidad establecida internamente que debió ser defendida materialmente frente a la agresión externa.

La victoria electoral, el reconocimiento internacional y la credibilidad moral confieren legitimidad.  No confieren, por sí solos, poder exigible.  La autoridad, tal como existe sobre el terreno, deriva de la capacidad de imponer cumplimiento —ya sea mediante el control de instituciones coercitivas, de puntos críticos de recursos o de la maquinaria operativa del Estado.  En Ucrania, esa autoridad se ejerce de forma defensiva para preservar un orden soberano ya legítimo frente a la agresión externa.   En Venezuela, la autoridad persiste con independencia del resultado electoral, sostenida por instituciones y mecanismos desvinculados de la legitimidad.

En este sentido,  la cuestión planteada por la observación de Trump no es si la coalición de Machado es legítima,  sino qué otorga actualmente autoridad dentro del país —y quién es capaz de hacer cumplir decisiones,  evitar la fragmentación o imponer obediencia.  La respuesta no es retórica ni normativa.  Se trata de cómo la autoridad se constituye y se ejerce actualmente, bajo las condiciones presentes.

La reciente discusión en torno al involucramiento de Estados Unidos con actores venezolanos ha vuelto esta distinción operativa, más que abstracta.   La marginación de María Corina Machado no ha girado en torno a cuestiones de legitimidad democrática, mandato electoral o reconocimiento internacional.  Ha girado en torno a su negativa a participar en arreglos transaccionales con los estratos tecnocráticos y financieros existentes que actualmente ejercen control dentro del Estado.   En contraste, figuras como la Vice Presidente Delcy Rodríguez son tratadas como interlocutoras viables precisamente porque detentan una autoridad ejecutable mediante la continuidad de aquellos mecanismos —coercitivos, financieros y administrativos— que persisten con independencia de la legitimidad.  La criminalidad, en esta lógica, no resulta descalificadora. Constituye una prueba de control.  Lo que se privilegia no es la credibilidad moral, sino la capacidad de negociación bajo presión.

Esta distinción importa porque las transiciones que confunden legitimidad con autoridad tienden a derivar en desorden o enquistamiento.   La autoridad negociada sin legitimidad produce represión.   La legitimidad afirmada sin autoridad produce parálisis.   Una transición duradera exige que ambas converjan, pero no parten del mismo punto ni convergen a través de los mismos medios.

En Ucrania, legitimidad y autoridad están alineadas, aunque tensionadas por la agresión externa; en Venezuela, la autoridad persiste en ausencia de legitimidad.  Tratar estas condiciones como moral o procedimentalmente equivalentes oscurece las obligaciones que imponen.   Cuando el apoyo se condiciona con mayor severidad allí donde la legitimidad está intacta que allí donde está ausente, la coherencia cede paso a un desequilibrio ético.

La observación de Trump no aclara la estrategia de Estados Unidos.  Sin embargo, expone la línea de falla a lo largo de la cual la política corre ahora el riesgo de fracturarse: si la autoridad es evaluada y transformada en relación con la legitimidad, o acomodada al margen de ella en nombre del orden.  La elección no es neutral.  Determina si el poder refuerza o socava los principios que invoca.

La distinción entre legitimidad y autoridad no invalida la exigencia de coherencia.  La afila.  Cuando la coherencia se abandona de forma selectiva, el colapso deja de ser un riesgo y pasa a ser un resultado.

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