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El proyecto político de Donald J. Trump no se desarrolla como un programa ideológico coherente, sino como una campaña sostenida de disrupción, tanto a nivel nacional como internacional.   No emerge de él una visión del mundo definida, sino un patrón de desestabilización que debilita instituciones, alimenta la división pública y da prioridad a la lealtad por encima de la legalidad, al espectáculo sobre el contenido.

Los aranceles siguen siendo una herramienta preferida—no para establecer una política comercial duradera, sino para provocar confrontaciones, eludir los canales de negociación y reafirmar el dominio del poder ejecutivo.    Estas medidas suelen dirigirse tanto a aliados como a adversarios, generando incertidumbre económica y socavando los sistemas multilaterales.

Las instituciones educativas se enfrentan a una creciente censura.   Desde intentos de retirar financiación a programas que abordan la desigualdad sistémica hasta presiones sobre universidades consideradas ideológicamente opositoras, el objetivo no parece ser la reforma, sino la supresión—especialmente de aquellos espacios que promueven el pensamiento crítico, la revisión histórica o la investigación independiente.

La política migratoria difumina la línea entre legalidad y criminalidad.   Inmigrantes con estatus legal, incluidos residentes de largo plazo, están siendo deportados bajo interpretaciones amplias de “amenaza”, a menudo a países con los que no tienen ningún vínculo significativo.   El objetivo declarado de perseguir a miembros de pandillas o riesgos para la seguridad nacional se vuelve indistinguible de una ofensiva más generalizada contra inmigrantes legales sin antecedentes penales.   El resultado es un clima de miedo, diseñado no solo para aplicar políticas, sino para provocar la auto-deportación masiva.   La incertidumbre se convierte en una herramienta de coacción.   Al final, estas acciones buscan cumplir promesas de campaña más que aplicar una reforma migratoria estructurada, profundizando la sensación de caos sin resolver causas de fondo.

Las agencias administrativas están siendo debilitadas de manera sistemática.    Se reemplaza la experiencia técnica por lealtades políticas, se obstruye la supervisión independiente y se eluden normas consolidadas.   Aunque formalmente no se desmantela el poder ejecutivo, muchas de sus instituciones quedan inoperantes, dejando al poder legislativo y judicial una carga desproporcionada en el equilibrio institucional.

Las instituciones jurídicas tampoco escapan.   Despachos de abogados prominentes que trabajan en litigios relacionados con derechos civiles, regulación ambiental o inmigración son objeto creciente de presiones políticas o campañas de desprestigio.   Estas dinámicas forman parte de un esfuerzo más amplio por reconfigurar el ámbito jurídico para favorecer la alineación con el ejecutivo, en detrimento de la independencia institucional.

Incluso los criterios para definir el antisemitismo se ven alterados dentro de esta reconfiguración del discurso público.    Lo que antes era un marco de consenso para identificar y combatir la intolerancia se redefine cada vez más con fines políticos.    En algunos casos, la crítica a políticas estatales—particularmente respecto a aliados estratégicos de EE. UU.—se califica de antisemita, aunque se exprese dentro de marcos legales o de derechos humanos.   Al mismo tiempo, se minimizan o ignoran discursos antisemitas tradicionales en sectores extremistas cuando coinciden con objetivos estratégicos más amplios.    El resultado es una politización del antisemitismo que socava tanto la defensa genuina como la protección efectiva.

En el ámbito internacional, las relaciones con potencias como Rusia, Irán y China están marcadas por una ambigüedad estratégica.    Los objetivos declarados fluctúan—oscilan entre la negociación y la provocación, entre gestos hacia la paz y confrontaciones abiertas.   Esta falta de coherencia, junto con la incapacidad de comunicar principios diplomáticos claros, genera incertidumbre entre aliados y adversarios por igual.   Debilita la credibilidad de la política exterior estadounidense y desestabiliza los marcos diplomáticos existentes.   La ambigüedad se convierte en la política misma:   permite máxima flexibilidad, pero con mínima responsabilidad.

Lo que une estas acciones dispares no es una ideología unificada, sino un modo de gobernar:   el caos como método, la disrupción como estrategia.   La erosión de la estabilidad institucional no es un efecto colateral—es una intención deliberada.   A través de provocaciones constantes, ruptura de normas y redefinición de conceptos clave, el movimiento político de Trump reconfigura las expectativas públicas y desafía la estructura misma de las instituciones democráticas de EE. UU.

No se trata de una reflexión histórica:   es un proceso en curso, que se desarrolla en tiempo real, con consecuencias que se extienden desde los tribunales hasta las aulas, desde la política fronteriza hasta la diplomacia global.

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Ricardo Federico Morín Tortolero

17 de abril de 2025

En tránsito de Florida a Pensilvania