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Una pregunta bordada
CGI
2025
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A la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal—
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Por Ricardo Morín
27 de Julio de 2025
Resumen
Este ensayo examina la validez conceptual de una tesorería independiente, libre del control ejecutivo y regida por un razonamiento económico a largo plazo, no partidista. Sostiene que la alineación de las instituciones fiscales con liderazgos políticos de corto plazo genera riesgos estructurales que comprometen la transparencia, la sostenibilidad y la confianza pública. En contraste, una tesorería autónoma —que opere bajo mandatos legales claros y dirigida por expertos profesionales— puede fomentar la estabilidad fiscal y la integridad, preservando a la vez la supervisión democrática esencial. El análisis rechaza tanto la subordinación ejecutiva como el absolutismo tecnocrático, proponiendo un modelo institucional equilibrado en el que la independencia funcione como una forma de moderación comprometida. Este concepto se refiere al límite estructurado y lícito del ejercicio de autoridad en favor del interés público a largo plazo, una disciplina fundamentada no en la desconexión, sino en la ética, la transparencia y la legalidad. Este planteamiento, abstraído de cualquier contexto nacional específico, se aplica ampliamente al diseño teórico de una gobernanza fiscal sólida.
El caso de una Tesorería Independiente
La cuestión de cómo debe estructurarse una tesorería —ya sea subordinada al liderazgo político o actuando de forma autónoma— plantea preocupaciones fundamentales sobre la integridad institucional, la responsabilidad fiscal y la rendición de cuentas democrática. Aunque las tesorerías son con frecuencia parte del aparato ejecutivo, existe un argumento teórico sólido para dotarlas de independencia política. Una tesorería alejada del control directo de las administraciones gobernantes y guiada por la experiencia económica, el pensamiento a largo plazo y mandatos públicos definidos puede proporcionar una base más estable y con mayor coherencia ética para la política fiscal.
En el centro de este argumento está el hecho de que las decisiones fiscales —como establecer el nivel de impuestos, asignar el gasto público o gestionar la deuda— trascienden con mucho la duración de los ciclos electorales o los periodos de los mandatos políticos. Si las operaciones de la tesorería responden a prioridades políticas de corto plazo, la política fiscal puede distorsionarse por razones oportunistas, mediante recortes de impuestos insostenibles, aumentos de gasto planificados políticamente o la ocultación de proyecciones de deuda incómodas. Estas distorsiones socavan tanto la credibilidad de la gestión fiscal como la estabilidad a largo plazo que sostiene la confianza pública y la solvencia financiera.
Un conjunto común de distorsiones incluye oleadas de gasto previas a los ciclos electorales que anteponen los beneficios políticos inmediatos al equilibrio fiscal duradero; la infraestimación estratégica o reclasificación de déficits para ocultar la verdadera condición fiscal; y la aplicación parcial de la normativa tributaria, donde las autoridades fiscales favorecen o perjudican selectivamente a ciertos grupos por motivos políticos. Estas prácticas no solo amenazan la sostenibilidad financiera, sino que también debilitan el papel de la tesorería como guardiana neutral de los recursos públicos.
La moderación comprometida es clave para enfrentar estos desafíos. Este concepto alude a un compromiso estructurado con los límites éticos y la gobernanza responsable. Es una forma de autoridad que se vincula voluntariamente al interés público, resistiendo tanto la captura política como la arrogancia tecnocrática. La moderación comprometida no equivale a la ausencia de poder, sino a su ejercicio disciplinado y transparente, fundamentado en la ley, la deliberación y la rendición de cuentas a largo plazo. Subraya el papel de la tesorería como custodio del bien público a lo largo de las transiciones políticas y los ciclos económicos.
Una tesorería autónoma, regulada por estatutos claros y dotada de expertos no partidistas, puede anclar la gestión fiscal en objetivos duraderos como la sostenibilidad, la equidad intergeneracional y la coherencia institucional. Su función no es sustituir la toma de decisiones democráticas, sino garantizar que dichas decisiones se ejecuten con coherencia, imparcialidad y competencia profesional. De la misma manera que ciertas instituciones responsables de la estabilidad macroeconómica están protegidas de las presiones políticas inmediatas, una tesorería también debería estarlo, especialmente en funciones como la previsión fiscal, la recaudación y la emisión de deuda.
La credibilidad de una tesorería independiente va más allá de su funcionamiento interno. Un comportamiento fiscal fiable y profesional infunde confianza en ciudadanos, inversores e instituciones. Cuando la gobernanza financiera no está sujeta a cambios abruptos ni manipulaciones partidistas, fomenta la confianza y favorece la inversión a largo plazo. Asimismo, la independencia contribuye a evitar la politización de la aplicación fiscal, reduciendo la tentación de utilizar la tributación o la regulación como instrumentos de favoritismo o represalia política.
Sin embargo, la independencia institucional no está exenta de riesgos. Las decisiones fiscales no son meramente técnicas, sino también morales y distributivas, ya que afectan a valores sociales, justicia y visiones diversas sobre el bien común. Excluir por completo estas decisiones del debate democrático puede derivar en excesos tecnocráticos, rigidez ideológica o desconexión de las condiciones reales. La experiencia profesional por sí sola no legitima decisiones que inciden en el bienestar y las prioridades sociales.
La solución no es la independencia absoluta, sino un equilibrio cuidadoso entre aislamiento y rendición de cuentas. Una tesorería diseñada para garantizar la neutralidad a largo plazo debe estar sujeta a mandatos claros, evaluaciones transparentes y procesos públicos visibles. Su liderazgo debería nombrarse mediante métodos plurales que reduzcan la captura por una única facción, y sus actuaciones deberían someterse a informes abiertos, auditorías independientes y control legal. Aunque protegida de la destitución arbitraria o la interferencia de corto plazo, debe responder, en última instancia, al marco legal y ético establecido por la sociedad a través de sus instituciones representativas.
Además, cualquier diseño institucional debe incorporar mecanismos de respuesta coordinada ante emergencias. Ninguna tesorería, por muy independiente que sea, debe quedar estructuralmente paralizada en momentos de crisis graves. Los protocolos temporales de colaboración con las autoridades políticas —limitados por ley y por tiempo— garantizan que la flexibilidad no comprometa la integridad.
En última instancia, la validez de una tesorería independiente no se basa únicamente en la competencia técnica, sino en preservar la confianza cívica. Cuando la gobernanza fiscal se rige por reglas y no por impulsos, por análisis en lugar de la improvisación, y por administración imparcial en lugar de intereses partidistas, se convierte en una fuerza estabilizadora de la vida pública. La forma institucional debe reflejar un compromiso doble: con la competencia profesional y la legitimidad democrática. La independencia, en este sentido, no es aislamiento sino moderación comprometida —un compromiso estructural con límites éticos y gobernanza responsable. Es el ejercicio disciplinado y transparente del poder, basado en la ley, la deliberación pública y la rendición de cuentas a largo plazo. Esta disciplina protege el papel de la tesorería como custodio del bien público en los cambios políticos y económicos.
Cualquier sociedad que desee asegurar la integridad a largo plazo de sus finanzas públicas debe enfrentarse a los incentivos estructurales que orientan su tesorería. Si la autoridad fiscal queda expuesta a agendas políticas efímeras, la sostenibilidad siempre será frágil. Pero si esa autoridad se aleja demasiado de la voz pública, corre el riesgo de perder la legitimidad en que se apoya. El reto consiste en construir instituciones duraderas sin que dejen de ser sensibles, disciplinadas sin opacidad e independientes sin renunciar a la responsabilidad.
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Bibliografía anotada
- Blyth, Mark: Austerity: The History of a Dangerous Idea. New York: Oxford University Press, 2013 (Blyth explica cómo la austeridad, presentada como una necesidad técnica, ha sido utilizada históricamente como un instrumento político para reconfigurar el poder económico. Su análisis es crucial para comprender por qué una tesorería independiente no debe concebirse como una promotora automática de políticas restrictivas, sino como una institución comprometida con la sostenibilidad fiscal con responsabilidad social.)
- Brunner, Roger: “Independent Fiscal Authorities: A Comparative Analysis”, Public Finance Quarterly 21 (4): 482–505. Thousand Oaks: Sage Publications, 1993 (Brunner ofrece un análisis comparativo de diferentes modelos de autoridades fiscales independientes. Su estudio proporciona una base empírica para evaluar cómo la independencia institucional puede equilibrarse con mecanismos eficaces de rendición de cuentas democrática.)
- Goodhart, Charles, y Dimitrios Tsomocos: The Challenge of Fiscal Independence. London: CEPR Press, 2021 (Este volumen examina los desafíos conceptuales y prácticos que supone desvincular la política fiscal de las presiones políticas a corto plazo. Su aportación resulta clave para fundamentar el argumento de que la independencia fiscal requiere límites claramente definidos y legitimidad democrática para evitar la tecnocracia autorreferencial.)
- Lledó, Victor, y Teresa Ter-Minassian: “Fiscal Councils and Independent Fiscal Institutions”. Washington: IMF Working Paper WP/22/47. International Monetary Fund, 2022 (Este trabajo del Fondo Monetario Internacional ofrece una visión detallada de las instituciones fiscales independientes en múltiples jurisdicciones. Subraya que la eficacia de dichas instituciones depende tanto de su diseño legal como de su integración en procesos democráticos transparentes.)
- Ooms, Thomas: “Fiscal Policy and the Risk of Politicization”. Journal of Economic Perspectives 32 (3): 75–92. Nashville: American Economic Association, 2018 (Ooms argumenta que la politización de la política fiscal genera distorsiones significativas en la asignación de recursos. Su artículo apoya la idea de que una tesorería institucionalmente protegida puede reducir el riesgo de decisiones motivadas por intereses partidistas.)
- Stiglitz, Joseph E.: Economics of the Public Sector. New York: W. W. Norton, 2000 (Este manual clásico ofrece un marco exhaustivo sobre la economía del sector público. La discusión de Stiglitz sobre los fallos de mercado y el papel de las instituciones proporciona una base teórica sólida para justificar el diseño cuidadoso de una tesorería con independencia estructural y responsabilidad pública.)
- Wehner, Joachim: Legislatures and the Budget Process: The Myth of Fiscal Control. New York: Palgrave Macmillan, 2010 (Wehner cuestiona la presunción de que los parlamentos ejercen un control efectivo sobre el presupuesto público. Su obra sugiere que, ante esa debilidad legislativa, el fortalecimiento institucional de la tesorería puede ser un paso necesario para asegurar la transparencia y la disciplina fiscal).
Observaciones sobre la percepción 