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« La lógica de la extracción »

March 18, 2026

Ricardo F. Morín
Serie Triangulación Nº 2
37″ x 60″ x 2″
Óleo sobre lino
2006

Ricardo F. Morín

10 de Marzo de 2026

Oakland Park, Florida

1

Las sociedades modernas describen el progreso mediante un vocabulario de invención y expansión.  Sin embargo, las consecuencias que con frecuencia se observan en la vida económica surgen de arreglos institucionales que preceden a las propias innovaciones.

Las nuevas tecnologías aparecen como descubrimientos; los mercados aparecen como oportunidades; el crecimiento aparece como el resultado natural del ingenio humano.  Este lenguaje crea una imagen del desarrollo que enfatiza la creatividad mientras oculta una estructura más duradera que se encuentra debajo.  Los gobiernos, las autoridades jurídicas y las instituciones comerciales rara vez inician sistemas de crecimiento económico únicamente a partir de la invención.  Comienzan cuando las instituciones convierten condiciones que antes pertenecían a la vida humana compartida en recursos que pueden poseerse, medirse e intercambiarse.

La tierra se convierte en propiedad; el trabajo se convierte en trabajo asalariado; el conocimiento se convierte en datos.  Los ríos que antes suministraban agua libremente a las comunidades cercanas ahora aparecen en los mercados financieros como activos negociables.  Cada transformación amplía el campo de la actividad económica porque reorganiza lo que anteriormente era común.  La narrativa del progreso celebra la innovación que sigue a esta conversión; sin embargo la expansión suele depender primero de la extracción que hizo posible esa innovación.  El desarrollo económico se despliega por lo tanto mediante un acto institucional recurrente:  la conversión de condiciones compartidas en sistemas organizados de propiedad.

2

La primera gran transformación ocurrió cuando la tierra y el trabajo entraron en los sistemas económicos modernos como mercancías.  Las sociedades anteriores cultivaban la tierra y organizaban el trabajo mediante obligaciones locales, derechos consuetudinarios y prácticas comunales.  Las economías modernas introdujeron un arreglo diferente.  Los sistemas jurídicos definieron la tierra como propiedad transferible; esta definición permitió que haciendas, plantaciones y sitios industriales circularan dentro de los mercados.

La producción industrial también requirió un suministro estable de trabajo que pudiera medirse y compensarse en términos monetarios.  Los contratos salariales cumplieron ese requisito.  Los trabajadores intercambiaron horas de esfuerzo por ingresos; los empleadores calcularon la producción mediante unidades previsibles de trabajo.

Esta reorganización institucional creó la base del crecimiento industrial.  Las fábricas y la agricultura comercial no dependían únicamente de la maquinaria; dependían también de sistemas jurídicos y económicos que convirtieron la tierra y el trabajo en insumos capaces de sostener una producción continua.  La Revolución Industrial se expandió por lo tanto no sólo mediante la invención sino también mediante la reorganización sistemática de los recursos humanos y naturales en instrumentos económicos.

3

La expansión industrial pronto exigió recursos que iban más allá de la tierra y el trabajo.  Las fábricas requerían fuentes concentradas de energía capaces de sostener la producción mecánica a gran escala.  El carbón proporcionó la primera solución; el petróleo siguió con una eficiencia aún mayor.

Las industrias extractivas surgieron para suministrar estos combustibles.  Las compañías mineras desarrollaron tecnologías capaces de extraer carbón de capas geológicas profundas; las empresas petroleras perforaron pozos que alcanzaron depósitos bajo tierra y mar.  Ferrocarriles, oleoductos y rutas marítimas conectaron estos sitios de extracción con los centros industriales.

Los gobiernos y las corporaciones aseguraron el acceso a estos recursos mediante acuerdos territoriales, concesiones de perforación y alianzas estratégicas que protegían rutas marítimas e infraestructura energética.  Las potencias industriales negociaron derechos de perforación y controlaron corredores marítimos que transportaban combustible hacia fábricas y ciudades.  Estos arreglos vincularon territorios distantes con las demandas energéticas de las sociedades industriales en expansión.  La energía se convirtió en la sustancia que sostenía las economías industriales; el control de los flujos energéticos se convirtió en una medida de influencia geopolítica.  La expansión económica dependió por lo tanto no sólo de la invención técnica sino también de la capacidad de los Estados para organizar y proteger sistemas de extracción de recursos a través de las fronteras nacionales.

4

A finales del siglo XX apareció una transformación que parecía apartarse de este patrón material.  Las redes digitales crearon entornos en los que la actividad humana podía registrarse, almacenarse y analizarse.  Las empresas que operaban estas redes pronto reconocieron que la información generada por la interacción cotidiana poseía valor económico.

Las búsquedas, las compras en línea, los intercambios sociales, las señales de ubicación y los historiales de navegación formaron registros detallados del comportamiento.  Las plataformas digitales desarrollaron algoritmos capaces de procesar estos registros e identificar patrones dentro de ellos.  Los sistemas publicitarios utilizaron esos patrones para relacionar productos con consumidores probables; las empresas compraron acceso a esas predicciones porque buscaban aumentar las ventas.

Las personas que buscan información, se comunican con amigos o se desplazan por las ciudades rara vez perciben que estas acciones ordinarias generan los flujos de datos que sostienen los mercados digitales.  Estos sistemas parecen impersonales; sin embargo siguen siendo construcciones humanas.  Ingenieros diseñan las plataformas, legisladores autorizan los marcos jurídicos que permiten la recolección de datos, e inversionistas financian la infraestructura que organiza esta información en ganancias.  La autoridad del sistema descansa por lo tanto en decisiones tomadas por actores identificables que participan en su funcionamiento.  El comportamiento humano se convierte en un recurso medible dentro de la economía digital, y la actividad cotidiana entra en sistemas de cálculo que transforman la experiencia ordinaria en insumo económico.

5

La inteligencia artificial extiende este sistema informacional hacia un nuevo dominio.  Los sistemas de aprendizaje automático requieren vastas colecciones de lenguaje, imágenes y actividad registrada.  Los desarrolladores reúnen estos materiales mediante grandes conjuntos de datos que recopilan expresión escrita, material visual y rastros de comportamiento provenientes de numerosas fuentes.

Periódicos, libros, fotografías, investigaciones académicas y conversaciones en línea se convierten en material de entrenamiento para estos sistemas.  Los procesos computacionales analizan estos materiales y ajustan parámetros internos hasta que emergen patrones reconocibles de lenguaje o percepción.  Los modelos resultantes parecen generar conocimiento de manera independiente; sin embargo su estructura depende de las expresiones humanas que formaron el material de entrenamiento.

La actividad intelectual colectiva se convierte por lo tanto en la sustancia a partir de la cual los sistemas de inteligencia artificial derivan sus capacidades.  Las empresas que controlan estos sistemas poseen la arquitectura mediante la cual este conocimiento se transforma en inteligencia computacional.  La creatividad humana permanece como origen; los sistemas propietarios gobiernan el acceso a las capacidades resultantes.

6

La aparente inmaterialidad de este entorno digital oculta una base física sustancial.  La computación requiere hardware capaz de conducir electricidad, almacenar información y realizar cálculos complejos.  Estos dispositivos dependen de minerales extraídos de la tierra.

El cobre conduce la corriente eléctrica a través de circuitos y líneas de transmisión.  El litio y el cobalto estabilizan baterías que alimentan sistemas portátiles.  Los elementos de tierras raras crean imanes que operan dentro de turbinas y componentes electrónicos.  El silicio forma la base de la fabricación de semiconductores.

Las operaciones mineras extraen estos materiales de depósitos geológicos; las instalaciones de refinamiento los separan y procesan en formas utilizables; las plantas de fabricación los ensamblan en procesadores, sistemas de memoria y centros de datos.  La economía digital descansa por lo tanto sobre una cadena de producción material que se extiende desde la extracción mineral hasta la infraestructura computacional.

Los Estados compiten intensamente dentro de este sistema porque el control de las cadenas de suministro mineral influye en la capacidad tecnológica.  Los países ricos en cobre, litio y elementos de tierras raras negocian nuevas asociaciones con potencias industriales que requieren estos materiales.  El desarrollo tecnológico vuelve así a conectar la innovación digital con las realidades geopolíticas de la extracción de recursos.

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Los sistemas construidos sobre la extracción rara vez se presentan con ese lenguaje.  Los defensores de cada era tecnológica suelen describir el desarrollo como una progresión inevitable que ninguna sociedad puede alterar.  La industrialización llevó esa descripción; la dependencia del petróleo también la llevó; la expansión digital repitió la misma afirmación.  Expresiones como “el futuro digital no puede detenerse” o “la inteligencia artificial transformará todo” presentan los sistemas tecnológicos como resultados inevitables.

Esta descripción cumple una función importante.  Cuando un sistema parece inevitable, la crítica de su estructura pierde urgencia.  La discusión pública se desplaza desde el examen de cómo las instituciones organizan los recursos hacia la adaptación al sistema que esas instituciones ya han creado.

Los ciudadanos repiten estas expresiones en la discusión pública y en la conversación privada; al hacerlo refuerzan la apariencia de que los sistemas tecnológicos operan más allá de la elección humana.  Esta repetición libera a los individuos de la carga de cuestionar las estructuras que gobiernan la vida económica y permite que los sistemas de extracción continúen sin un escrutinio sostenido.  Sin embargo los sistemas tecnológicos no surgen independientemente de decisiones políticas.  Los gobiernos establecen derechos de propiedad, regulan industrias y autorizan estructuras de inversión.  Las empresas diseñan plataformas, infraestructuras y mercados que canalizan recursos hacia sistemas de producción.  La narrativa de la inevitabilidad oculta estos arreglos y alienta a las sociedades a aceptar los sistemas tecnológicos como desarrollos naturales en lugar de instituciones moldeadas por decisiones deliberadas.

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La secuencia histórica revela un patrón recurrente.  Cada etapa del crecimiento moderno identifica condiciones de la vida que las instituciones pueden reorganizar como recursos económicos.  La tierra, el trabajo, la energía, la información y el conocimiento han entrado en esta secuencia en distintas épocas.

Estos recursos se originan dentro del entorno compartido de la sociedad humana y del mundo natural.  Las comunidades cultivan la tierra; los trabajadores aplican habilidad y esfuerzo; las generaciones contribuyen conocimiento y expresión.  Las instituciones económicas establecen mecanismos que reorganizan estas condiciones compartidas en sistemas de propiedad.  El derecho de propiedad asigna control sobre la tierra; la infraestructura industrial organiza el trabajo y la energía; las plataformas digitales recopilan información conductual; los sistemas computacionales ensamblan el conocimiento humano en modelos propietarios.

La tensión dentro de este proceso se vuelve visible cuando el recurso no puede describirse plausiblemente como de origen privado.  El agua ofrece el ejemplo más claro.  Ningún individuo la produce y toda sociedad depende de ella.  Sin embargo los sistemas financieros y jurídicos tratan cada vez más el acceso al agua como un activo que puede poseerse, negociarse o controlarse mediante estructuras de inversión.  Cuando las instituciones transforman un recurso tan evidentemente común en un vehículo de propiedad, la separación entre origen y control se vuelve inconfundible.

Las instituciones económicas no operan separadas de la autoridad política.  Los Estados establecen los marcos jurídicos que transforman los recursos comunes en sistemas de propiedad y producción.  A través de estos marcos los gobiernos conceden acceso a la tierra, la energía, la información y la infraestructura tecnológica.  Estos arreglos generan riqueza para las empresas y los inversionistas que operan dentro de ellos; también fortalecen la posición estratégica de los Estados que supervisan estos sistemas.

Las comunidades políticas se enfrentan por lo tanto a una responsabilidad difícil.  Deben decidir si los recursos que sostienen la vida colectiva permanecen sujetos a la autoridad pública o se convierten en instrumentos de propiedad concentrada.

Los gobiernos suelen tratar los recursos comunes no sólo como fundamentos de la actividad económica sino también como instrumentos de ventaja geopolítica.  Estados rivales compiten para asegurar el control de estos recursos y de las industrias que dependen de ellos.  Las disputas ideológicas acompañan esta competencia; sin embargo la estructura subyacente permanece similar entre sistemas rivales.  La prosperidad y la influencia surgen de instituciones que convierten recursos comunes en formas concentradas de riqueza y autoridad.

Las sociedades modernas continúan persiguiendo la innovación y la expansión; la historia de su desarrollo muestra que el crecimiento ha dependido repetidamente de esta conversión.  El progreso amplía la producción y el conocimiento; sin embargo con frecuencia separa la propiedad de los recursos comunes que hicieron posible esa expansión.  La pregunta duradera es si las sociedades pueden sostener el avance mientras mantienen la alineación entre los recursos que pertenecen a todos y los sistemas que gobiernan su uso.


« Una Hacienda independiente »

July 27, 2025

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Ricardo Morin
Una pregunta bordada
CGI
2025

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A la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal—
en reconocimiento al reto constante de conciliar la independencia institucional con la responsabilidad pública.


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Por Ricardo Morín

27 de Julio de 2025


Resumen

Este ensayo examina la validez conceptual de una tesorería independiente, libre del control ejecutivo y regida por un razonamiento económico a largo plazo, no partidista. Sostiene que la alineación de las instituciones fiscales con liderazgos políticos de corto plazo genera riesgos estructurales que comprometen la transparencia, la sostenibilidad y la confianza pública. En contraste, una tesorería autónoma —que opere bajo mandatos legales claros y dirigida por expertos profesionales— puede fomentar la estabilidad fiscal y la integridad, preservando a la vez la supervisión democrática esencial. El análisis rechaza tanto la subordinación ejecutiva como el absolutismo tecnocrático, proponiendo un modelo institucional equilibrado en el que la independencia funcione como una forma de moderación comprometida. Este concepto se refiere al límite estructurado y lícito del ejercicio de autoridad en favor del interés público a largo plazo, una disciplina fundamentada no en la desconexión, sino en la ética, la transparencia y la legalidad. Este planteamiento, abstraído de cualquier contexto nacional específico, se aplica ampliamente al diseño teórico de una gobernanza fiscal sólida.


El caso de una Tesorería Independiente

La cuestión de cómo debe estructurarse una tesorería —ya sea subordinada al liderazgo político o actuando de forma autónoma— plantea preocupaciones fundamentales sobre la integridad institucional, la responsabilidad fiscal y la rendición de cuentas democrática. Aunque las tesorerías son con frecuencia parte del aparato ejecutivo, existe un argumento teórico sólido para dotarlas de independencia política. Una tesorería alejada del control directo de las administraciones gobernantes y guiada por la experiencia económica, el pensamiento a largo plazo y mandatos públicos definidos puede proporcionar una base más estable y con mayor coherencia ética para la política fiscal.

En el centro de este argumento está el hecho de que las decisiones fiscales —como establecer el nivel de impuestos, asignar el gasto público o gestionar la deuda— trascienden con mucho la duración de los ciclos electorales o los periodos de los mandatos políticos. Si las operaciones de la tesorería responden a prioridades políticas de corto plazo, la política fiscal puede distorsionarse por razones oportunistas, mediante recortes de impuestos insostenibles, aumentos de gasto planificados políticamente o la ocultación de proyecciones de deuda incómodas. Estas distorsiones socavan tanto la credibilidad de la gestión fiscal como la estabilidad a largo plazo que sostiene la confianza pública y la solvencia financiera.

Un conjunto común de distorsiones incluye oleadas de gasto previas a los ciclos electorales que anteponen los beneficios políticos inmediatos al equilibrio fiscal duradero; la infraestimación estratégica o reclasificación de déficits para ocultar la verdadera condición fiscal; y la aplicación parcial de la normativa tributaria, donde las autoridades fiscales favorecen o perjudican selectivamente a ciertos grupos por motivos políticos. Estas prácticas no solo amenazan la sostenibilidad financiera, sino que también debilitan el papel de la tesorería como guardiana neutral de los recursos públicos.

La moderación comprometida es clave para enfrentar estos desafíos. Este concepto alude a un compromiso estructurado con los límites éticos y la gobernanza responsable. Es una forma de autoridad que se vincula voluntariamente al interés público, resistiendo tanto la captura política como la arrogancia tecnocrática. La moderación comprometida no equivale a la ausencia de poder, sino a su ejercicio disciplinado y transparente, fundamentado en la ley, la deliberación y la rendición de cuentas a largo plazo. Subraya el papel de la tesorería como custodio del bien público a lo largo de las transiciones políticas y los ciclos económicos.

Una tesorería autónoma, regulada por estatutos claros y dotada de expertos no partidistas, puede anclar la gestión fiscal en objetivos duraderos como la sostenibilidad, la equidad intergeneracional y la coherencia institucional. Su función no es sustituir la toma de decisiones democráticas, sino garantizar que dichas decisiones se ejecuten con coherencia, imparcialidad y competencia profesional. De la misma manera que ciertas instituciones responsables de la estabilidad macroeconómica están protegidas de las presiones políticas inmediatas, una tesorería también debería estarlo, especialmente en funciones como la previsión fiscal, la recaudación y la emisión de deuda.

La credibilidad de una tesorería independiente va más allá de su funcionamiento interno. Un comportamiento fiscal fiable y profesional infunde confianza en ciudadanos, inversores e instituciones. Cuando la gobernanza financiera no está sujeta a cambios abruptos ni manipulaciones partidistas, fomenta la confianza y favorece la inversión a largo plazo. Asimismo, la independencia contribuye a evitar la politización de la aplicación fiscal, reduciendo la tentación de utilizar la tributación o la regulación como instrumentos de favoritismo o represalia política.

Sin embargo, la independencia institucional no está exenta de riesgos. Las decisiones fiscales no son meramente técnicas, sino también morales y distributivas, ya que afectan a valores sociales, justicia y visiones diversas sobre el bien común. Excluir por completo estas decisiones del debate democrático puede derivar en excesos tecnocráticos, rigidez ideológica o desconexión de las condiciones reales. La experiencia profesional por sí sola no legitima decisiones que inciden en el bienestar y las prioridades sociales.

La solución no es la independencia absoluta, sino un equilibrio cuidadoso entre aislamiento y rendición de cuentas. Una tesorería diseñada para garantizar la neutralidad a largo plazo debe estar sujeta a mandatos claros, evaluaciones transparentes y procesos públicos visibles. Su liderazgo debería nombrarse mediante métodos plurales que reduzcan la captura por una única facción, y sus actuaciones deberían someterse a informes abiertos, auditorías independientes y control legal. Aunque protegida de la destitución arbitraria o la interferencia de corto plazo, debe responder, en última instancia, al marco legal y ético establecido por la sociedad a través de sus instituciones representativas.

Además, cualquier diseño institucional debe incorporar mecanismos de respuesta coordinada ante emergencias. Ninguna tesorería, por muy independiente que sea, debe quedar estructuralmente paralizada en momentos de crisis graves. Los protocolos temporales de colaboración con las autoridades políticas —limitados por ley y por tiempo— garantizan que la flexibilidad no comprometa la integridad.

En última instancia, la validez de una tesorería independiente no se basa únicamente en la competencia técnica, sino en preservar la confianza cívica. Cuando la gobernanza fiscal se rige por reglas y no por impulsos, por análisis en lugar de la improvisación, y por administración imparcial en lugar de intereses partidistas, se convierte en una fuerza estabilizadora de la vida pública. La forma institucional debe reflejar un compromiso doble: con la competencia profesional y la legitimidad democrática. La independencia, en este sentido, no es aislamiento sino moderación comprometida —un compromiso estructural con límites éticos y gobernanza responsable. Es el ejercicio disciplinado y transparente del poder, basado en la ley, la deliberación pública y la rendición de cuentas a largo plazo. Esta disciplina protege el papel de la tesorería como custodio del bien público en los cambios políticos y económicos.

Cualquier sociedad que desee asegurar la integridad a largo plazo de sus finanzas públicas debe enfrentarse a los incentivos estructurales que orientan su tesorería. Si la autoridad fiscal queda expuesta a agendas políticas efímeras, la sostenibilidad siempre será frágil. Pero si esa autoridad se aleja demasiado de la voz pública, corre el riesgo de perder la legitimidad en que se apoya. El reto consiste en construir instituciones duraderas sin que dejen de ser sensibles, disciplinadas sin opacidad e independientes sin renunciar a la responsabilidad.

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Bibliografía anotada

  • Blyth, Mark: Austerity: The History of a Dangerous Idea. New York: Oxford University Press, 2013 (Blyth explica cómo la austeridad, presentada como una necesidad técnica, ha sido utilizada históricamente como un instrumento político para reconfigurar el poder económico. Su análisis es crucial para comprender por qué una tesorería independiente no debe concebirse como una promotora automática de políticas restrictivas, sino como una institución comprometida con la sostenibilidad fiscal con responsabilidad social.)
  • Brunner, Roger: “Independent Fiscal Authorities: A Comparative Analysis”, Public Finance Quarterly 21 (4): 482–505. Thousand Oaks: Sage Publications, 1993 (Brunner ofrece un análisis comparativo de diferentes modelos de autoridades fiscales independientes. Su estudio proporciona una base empírica para evaluar cómo la independencia institucional puede equilibrarse con mecanismos eficaces de rendición de cuentas democrática.)
  • Goodhart, Charles, y Dimitrios Tsomocos: The Challenge of Fiscal Independence. London: CEPR Press, 2021 (Este volumen examina los desafíos conceptuales y prácticos que supone desvincular la política fiscal de las presiones políticas a corto plazo. Su aportación resulta clave para fundamentar el argumento de que la independencia fiscal requiere límites claramente definidos y legitimidad democrática para evitar la tecnocracia autorreferencial.)
  • Lledó, Victor, y Teresa Ter-Minassian: “Fiscal Councils and Independent Fiscal Institutions”. Washington: IMF Working Paper WP/22/47. International Monetary Fund, 2022 (Este trabajo del Fondo Monetario Internacional ofrece una visión detallada de las instituciones fiscales independientes en múltiples jurisdicciones. Subraya que la eficacia de dichas instituciones depende tanto de su diseño legal como de su integración en procesos democráticos transparentes.)
  • Ooms, Thomas: “Fiscal Policy and the Risk of Politicization”. Journal of Economic Perspectives 32 (3): 75–92. Nashville: American Economic Association, 2018 (Ooms argumenta que la politización de la política fiscal genera distorsiones significativas en la asignación de recursos. Su artículo apoya la idea de que una tesorería institucionalmente protegida puede reducir el riesgo de decisiones motivadas por intereses partidistas.)
  • Stiglitz, Joseph E.: Economics of the Public Sector. New York: W. W. Norton, 2000 (Este manual clásico ofrece un marco exhaustivo sobre la economía del sector público. La discusión de Stiglitz sobre los fallos de mercado y el papel de las instituciones proporciona una base teórica sólida para justificar el diseño cuidadoso de una tesorería con independencia estructural y responsabilidad pública.)
  • Wehner, Joachim: Legislatures and the Budget Process: The Myth of Fiscal Control. New York: Palgrave Macmillan, 2010 (Wehner cuestiona la presunción de que los parlamentos ejercen un control efectivo sobre el presupuesto público. Su obra sugiere que, ante esa debilidad legislativa, el fortalecimiento institucional de la tesorería puede ser un paso necesario para asegurar la transparencia y la disciplina fiscal).