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Ricardo F. Morín

Noviembre de 2025

Oakland Park, Florida

Nota del autor

La idea de reducir el tamaño del Estado en los Estados Unidos ha reaparecido en distintas administraciones, aunque el déficit persiste y las obligaciones centrales de la vida pública (la Seguridad Social, Medicare, el creciente costo sanitario y el desequilibrio fiscal de largo plazo) siguen sin resolverse en el plano estructural. Las iniciativas presentadas como programas de eficiencia suelen desviar la atención de estos compromisos persistentes. Este ensayo examina la distancia entre la ejecución de la reforma y las realidades que persisten bajo dicha ejecución, y pregunta qué queda oculto cuando una representación de reforma se presenta como transformación —en particular los intereses corporativos que se benefician cuando se reducen las funciones regulatorias y de supervisión del Estado.

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El reciente cierre del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) revela algo más que una insuficiencia administrativa.   La iniciativa comenzó con la promesa extravagante de ahorrar varios billones de dólares y terminó con una afirmación imposible de verificar que equivalía a cerca del tres por ciento del presupuesto federal.   La disparidad no es un error técnico, sino uno simbólico.   Esta disparidad expone un patrón político en el que se anuncia una reforma de gran alcance, se escenifica su ejecución y el resultado es un gesto que guarda escasa relación con la proporción de la aspiración.   Lo que al principio había parecido una reestructuración disciplinada del Estado se convirtió, en cambio, en un ejemplo de cómo la ambición puede separarse de la factibilidad.

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El lenguaje de la eficiencia ha ejercido durante mucho tiempo un atractivo casi irresistible.   Ese lenguaje sugiere una visión de la administración liberada del exceso, guiada por la prudencia y alineada con la virtud fiscal.   Sin embargo, la eficiencia funciona como una metáfora más que como un principio.   Esta metáfora oculta supuestos sobre lo que debe hacer el Estado, lo que requieren los ciudadanos y lo que exige la complejidad contemporánea.   Uno de esos supuestos sostiene que las obligaciones públicas pueden cumplirse con menos instrumentos; otro afirma que unas instituciones más reducidas sirven mejor al interés público.   Ambos supuestos pasan por alto que las sociedades intrincadas necesitan una capacidad institucional robusta y que dicha capacidad implica necesariamente un costo.

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Cuando tales programas chocan con las realidades operativas de la administración, sus límites se vuelven evidentes.   Las agencias federales existen porque las responsabilidades que asumen no pueden ser gestionadas únicamente por la iniciativa privada.   Estas agencias coordinan infraestructuras, regulan los mercados, vigilan los riesgos sistémicos y median en los conflictos entre intereses grandes y a menudo contrapuestos.   Los intentos de reducir de manera severa estas funciones rara vez producen los ahorros previstos, porque las necesidades subyacentes no desaparecen.   Los reformadores se enfrentan a una verdad sencilla:   las funciones indispensables no pueden eliminarse sin consecuencias.

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Lo que surge en su lugar es una apariencia sin contenido.  La promesa de reducir el tamaño del Estado satisface una demanda cultural de contención visible, aunque el resultado satisfaga poco más.  Esa promesa afirma un relato en el que la burocracia se imagina como el obstáculo para el bienestar nacional y la reducción institucional como el remedio.  Sin embargo, la apariencia de reforma suele sustituir a una reforma sustantiva.  Las actuaciones procedimentales se elevan a la categoría de resultados, y la declaración de cambio se acepta como prueba de que el cambio ha ocurrido.

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Tras esta representación se perfila una estrategia más profunda.  Cuando el Estado se debilita, el alcance de la supervisión pública se reduce.   Esa reducción no elimina la autoridad, sino que la reasigna.  En ausencia de instituciones públicas sólidas, los centros de poder no gubernamentales (corporaciones, individuos de gran patrimonio y otras entidades de control privado que operan sin responsabilidad electoral) asumen una esfera de influencia más amplia y funcionan con menos obligaciones y casi ninguna transparencia.   La retórica de achicar el Estado encubre, por tanto, un movimiento distinto:  la expansión de la discrecionalidad fuera de los cauces de la rendición democrática de cuentas.

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Esta expansión se vuelve más visible en la consolidación de la riqueza.  Cuando las capacidades regulatorias y de investigación se reducen, también disminuyen las restricciones sobre las grandes fortunas.  El capital concentrado amplía su alcance a través de los sectores productivos, las infraestructuras, los datos y los sistemas de información.  Los esfuerzos por limitar el alcance del Estado operan, por tanto, como un escudo bajo el cual el poder privado se acumula con una resistencia mínima.  Lo que se presenta como la eliminación de restricciones burocráticas se convierte, en la práctica, en la eliminación de las restricciones que limitan el poder privado frente al escrutinio público.

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Tales condiciones alimentan la tentación autocrática.   Cuando la riqueza opera más allá de los contrapesos institucionales, la frontera entre influencia y autoridad comienza a desdibujarse.   Los actores privados adquieren la capacidad de modelar políticas, orientar el discurso público y redefinir normas sin un mandato democrático.   La crítica al “gran Estado” se convierte en un medio para crear condiciones en las que los actores privados actúan como soberanos informales:   poderosos, no elegidos e indispensables —cada vez más— para el funcionamiento ordinario de la vida cívica.

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No es casualidad que esta retórica aparezca a menudo en el lenguaje del populismo.   Los llamamientos a las frustraciones públicas convierten los desequilibrios estructurales en agravios culturales.   La burocracia se presenta como el adversario, incluso cuando el verdadero obstáculo para la dignidad cívica reside en la creciente distancia entre el poder concentrado y el interés público.   Lo que se ofrece como una defensa del pueblo suele promover intereses muy alejados de aquellos que afirma representar.

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Estas dinámicas reflejan un patrón recurrente:   el atractivo de la riqueza concentrada, el debilitamiento de las restricciones públicas y la afirmación de que el progreso puede invocarse sin ser compartido.   El llamado a reducir el tamaño del Estado se inscribe en este patrón más amplio.   Ese llamado funciona como una iteración contemporánea de una estrategia conocida, en la que la retórica reformista oculta la concentración de ventaja.   El patrón persiste porque su lenguaje de superficie resulta persuasivo mientras sus mecanismos subyacentes permanecen ocultos.

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Si existe una vía efectiva, no reside en disminuir las instituciones, sino en fortalecer los mecanismos a través de los cuales estas rinden cuentas ante una sociedad diversa.   La medida del Estado no es su tamaño, sino su integridad:   su capacidad para responder a la complejidad sin ceder sus responsabilidades a la autoridad privada.   Lo que se debilita cuando las instituciones se reducen no es la eficiencia, sino la democracia misma.   Defender la esfera pública exige aclarar lo que se pierde cuando la reforma se limita a una apariencia únicamente formal, cuando la eficiencia se convierte en un lenguaje destinado a encubrir el poder en lugar de distribuirlo.

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