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Ricardo F. Morín

1 de Febrero de 2026

Oakland Park, FL

La palabra activismo funciona hoy en el lenguaje público como un dispositivo de descalificación más que de descripción.  Aparece cuando alguien protesta, informa o cuestiona la forma en que se ejerce el poder.  La palabra no explica lo ocurrido ni si se siguieron las normas.  Asigna sospecha a la persona que habla.  Una vez que la palabra entra en una oración, la atención se desplaza de los hechos a las intenciones, y la indagación se detiene antes de poder avanzar.

Este uso lingüístico de activismo depende de presentar el orden existente como algo que no admite cuestionamiento legítimo.  Lo que ya existe se describe como normal, legal y necesario.  Aquello que lo cuestiona se etiqueta como activismo.  La estructura de la frase supone que la autoridad no necesita justificarse, mientras que quienes se ven afectados por ella sí.  De este modo, el lenguaje distribuye legitimidad de antemano y protege al poder de la explicación.

Las órdenes ejecutivas recientes en materia migratoria hacen que este mecanismo sea concreto y visible.  Políticas que antes se describían como control fronterizo se han extendido profundamente al interior del país.  Agentes federales operan ahora en ciudades, pueblos, lugares de trabajo y viviendas privadas lejos de cualquier frontera.  Este cambio no es solo geográfico.  Modifica quién queda expuesto al poder del Estado y bajo qué supuestos.

La aplicación migratoria en el interior del país trata ahora en la práctica como intercambiables a categorías de personas que son distintas.  El objetivo declarado es detener a personas con antecedentes penales y asumir custodia de quienes ya están arrestados.  Al mismo tiempo, las operaciones están diseñadas para recoger a cualquiera que esté presente, cercano o vagamente asociado.  Personas sin antecedentes penales son detenidas junto a personas acusadas de delitos.  Residentes de larga data, personas mayores, trabajadores con familia e incluso ciudadanos quedan atrapados en los mismos operativos.  Las distinciones legales permanecen en el papel pero se derrumban en la ejecución.

Esta mezcla operativa se presenta por las autoridades como coherente, pero su coherencia se afirma más de lo que se demuestra.  Detener a una persona condenada por un delito violento y arrestar a un vecino sin historial criminal se describen como partes de una misma misión.  El lenguaje sugiere unidad y propósito.  En la práctica, objetivos distintos se combinan por escala, no por claridad.  El resultado es que nadie puede saber dónde termina la aplicación de la ley, y la incertidumbre misma se convierte en la condición dominante.

El perfilamiento aporta el método práctico que permite sostener esta expansión.  Lejos de la frontera, los agentes no pueden basarse en cruces o violaciones documentadas.  Se apoyan en la apariencia, el acento, la ubicación o la asociación.  Las personas son detenidas no por lo que han hecho, sino por lo que se supone que son.  La ciudadanía, la residencia y la legalidad dejan de funcionar como protecciones confiables en el momento del encuentro.

La respuesta comunitaria surge cuando estas prácticas se vuelven visibles en la vida cotidiana.  En lugares como Montana, los residentes han visto a vecinos sacados de sus hogares en horas tempranas, a personas mayores retiradas casi sin vestir, a niños detenidos junto a adultos y a pueblos alterados por grandes despliegues federales.  En otras partes del país, ciudadanos han muerto durante operativos de aplicación migratoria.  A medida que estos hechos se repiten, dejan de parecer excepcionales y comienzan a registrarse como condiciones que se espera que la población tolere.

La protesta pública surge de este reconocimiento del daño y no de una actuación ideológica.  Las personas se reúnen, hablan y exigen respuestas porque se ha cruzado algo familiar.  Su reacción se basa en lo que han visto y vivido.  Sin embargo, esta respuesta suele descartarse como activismo, un término que evita examinar la conducta que la provocó y cuestiona en cambio si reaccionar era permitido.

La etiqueta activismo desplaza la responsabilidad de la acción estatal hacia la respuesta cívica.  La palabra no pregunta si la aplicación de la ley fue legal, proporcionada o humana.  Pregunta si la gente debió haber objetado.  De este modo, la conducta de la autoridad queda fuera de escrutinio y la disidencia pasa a ser el objeto del juicio.  La rendición de cuentas se invierte.

El mismo recurso lingüístico se aplica al periodismo que documenta estos hechos.  Cuando los periodistas registran redadas, publican testimonios o muestran imágenes de arrestos, su trabajo a veces se descarta como periodismo activista.  La acusación no es que los hechos sean falsos, sino que fueron reunidos con una intención indebida.  La precisión se sustituye por sospecha, y el acto mismo de documentar se trata como una falta.

Este patrón de lenguaje altera gradualmente la forma en que se entiende la democracia.  La vida democrática depende de cuestionar a la autoridad, revisar decisiones y objetar cuando se produce daño.  Bajo la gramática del activismo, estas acciones se tratan como interrupciones.  La aceptación silenciosa es elogiada.  El escrutinio se presenta como exceso.  La estabilidad se eleva por encima de la justicia.

La consecuencia ética de este desplazamiento es la negación de la agencia cívica ordinaria.  Cuando a trabajadores, padres y vecinos se les dice que al hablar se convierten en activistas, dejan de ser tratados como ciudadanos capaces de razonar.  Son tratados como obstáculos que deben gestionarse.  La autoridad deja de explicarse y pasa a afirmar la continuidad como justificación suficiente.

Una definición cada vez más estrecha de pertenencia nacional avanza junto a este cambio lingüístico.  La pertenencia se mide por el silencio.  La lealtad se mide por la obediencia.  La diferencia se trata como amenaza.  La supremacía no entra por una declaración abierta, sino por la repetición, a medida que se pide una y otra vez a las personas que acepten lo que ya no se les permite cuestionar.

Una sociedad plural no puede sostenerse bajo una gramática que trata el cuestionamiento como desviación.  Dicha sociedad no depende de un origen compartido, una cultura única o una creencia uniforme.  Depende del reconocimiento de que ningún grupo posee en exclusividad el significado de la nación.  Cuando el lenguaje se usa para descartar a quienes señalan daños o exigen explicaciones, la democracia no se defiende.  Se redefine silenciosamente contra las personas a las que debería servir.

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