Ricardo F. Morín
Apartarse
Imagen generada por ordenador (CGI)
2026
Las leyes se redactan en el lenguaje de la paz, pero por sí solas no bastan para asegurarla. Una ley prescribe conductas: prohíbe la violencia, protege a las personas vulnerables e impone deberes a quienes gobiernan. Las sanciones pueden contener conductas sin que medie convicción ética, y la ley puede ofrecer a los perjudicados medios para obtener reparación. Sin embargo, la aplicación de la ley depende de personas que la acatan, la eluden o la manipulan. Cuando la ley se aplica al servicio de los intereses que debía contener, aumenta la distancia entre lo escrito y lo que se hace.
La misma distancia se advierte entre las naciones. La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio fue aprobada en 1948, y desde entonces se han cometido genocidios. El derecho internacional prohíbe la esclavitud y el trabajo forzoso, pero ambos persisten en todo el mundo. En el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los cinco miembros permanentes disponen de derecho de veto, cuyo ejercicio ha bloqueado proyectos de resolución relativos a atrocidades masivas. Los procedimientos de la institución siguen su curso con plena regularidad: se celebran sesiones, se presentan informes, se numeran resoluciones. Entretanto, continúa ocurriendo aquello que dichos procedimientos debían impedir. Allí donde prevalecen los intereses económicos o estratégicos, cede el deber de actuar, y esa claudicación queda consignada con la misma pulcritud formal que todo lo demás.
Las doctrinas políticas pueden encubrir esta distancia, así como justificar las formas de organización que causan daño. Una democracia proclama la igualdad de sus ciudadanos y tolera su exclusión. El capitalismo se justifica mediante la promesa de recompensar el esfuerzo, mientras la propiedad otorga ventajas que el esfuerzo por sí solo no permite obtener. El comunismo promete la desaparición de las clases e instaura una clase que administra al resto de la sociedad. El fascismo promete la unidad y la grandeza nacionales; la sumisión a sus gobernantes se exige como prueba de lealtad a la nación. Las doctrinas difieren entre sí, y lo que proclaman no tiene el mismo valor. Una promesa puede ser traicionada o servir para hacer aceptable la subordinación. La izquierda, el centro y la derecha se acusan mutuamente y rara vez examinan las lealtades que rigen su propio juicio. Cuando la acusación sustituye al examen, el debate político gira en un remolino de acusaciones y contraacusaciones: el intercambio continúa, pero las lealtades que rigen el juicio permanecen intactas.
El silencio ante la injusticia responde a causas distintas. Una persona agotada por las exigencias de la subsistencia puede reconocerla y carecer de fuerzas o de medios para oponerse a ella. Quien dispone de medios para actuar puede quedar tan absorto en el entretenimiento que la inquietud ante la injusticia se amortigüe antes de dar lugar a un juicio. El agotamiento y la indiferencia pueden producir el mismo silencio público, si bien entrañan responsabilidades distintas. Quienes se benefician de ese silencio no necesitan distinguir sus causas.
Entretanto, los bienes comunes pasan a manos privadas, y algunas líneas celulares desarrolladas a partir de tejido humano se patentan y se venden. Una patente no acredita que la persona cuyo tejido hizo posible la investigación comprendiera el uso comercial de ese material ni que lo consintiera. Cuando se prescinde del consentimiento, la apropiación llega hasta la materia del propio cuerpo. El derecho interviene aquí tanto para limitar la conducta como para determinar a quién corresponde el control. El cumplimiento de una norma no demuestra la legitimidad ética de lo que autoriza.
Cada persona se forma entre vínculos que todavía no está en condiciones de juzgar: una nación, una región, una secta, un texto sagrado, un partido, las lealtades que una institución cultiva mediante su propaganda. Esos vínculos le dan arraigo y la unen a otras personas. Cuando la lealtad se impone al juicio, la pertenencia al grupo sirve de criterio para juzgar el valor de los demás. Quien queda fuera aparece entonces como rival, como inferior o como alguien cuya suerte resulta indiferente. El sentimiento de superioridad que de ahí nace no se percibe como un agravio a la humanidad ajena. Se vive como pertenencia. Los reformadores y los dirigentes pueden seguir sujetos a las mismas lealtades que aquellos a quienes dirigen, y la explotación perdura cuando la fidelidad a una institución sirve para disculpar lo que esta hace.
La división interior de la persona y la división entre las naciones se enlazan mediante las instituciones que los individuos sostienen. El temor con que una persona acude a una negociación, la codicia que pone en la balanza un contrato y una vida, la envidia que mide a una nación por la riqueza de otra: todo ello se incorpora a la vida pública por medio de decisiones, contratos y políticas. Una institución puede contener estas disposiciones o conferirles una fuerza duradera. Sus normas pueden conservar una ventaja más allá de la vida de quienes la obtuvieron. El poder para mantener o modificar esas normas se distribuye de manera desigual, y la responsabilidad varía en consecuencia. El estancamiento sostenido por ese vórtice de acusaciones políticas se reproduce en la persona cuyo juicio permanece sometido a sus lealtades.
Reconocer esta correspondencia supone perder la certeza de que el desorden está por entero fuera de uno mismo. Tal reconocimiento no garantiza remedio alguno. Sitúa la división tanto en la institución como en la persona y revela cómo cada una sostiene la de la otra. El bloqueo del Consejo está también en ti, y el tuyo está allí.
Ricardo F. Morín
12 de octubre de 2026
Tags: apego, ética, ideología, indiferencia, instituciones, ley, Pertenencia, poder, responsabilidad
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