*
Autoritarismo y espectáculo
Por Ricardo Morín. En tránsito hacia y desde NJ, 22 de agosto de 2025
El autoritarismo en la era actual no se presenta con símbolos uniformes. Surge tanto en democracias como en Estados de partido único, en países con economías en declive y en aquellos que presumen de un crecimiento acelerado. Lo que une estos contextos no es la forma formal de gobierno, sino la manera en que el poder actúa sobre los individuos: la autonomía se restringe, la dignidad se niega y la disidencia se reclasifica como amenaza. El control se mantiene no solo mediante la coerción, sino también mediante la apropiación de valores universales —paz, tolerancia, armonía, seguridad— vaciados de su contenido y reutilizados como instrumentos de silencio. El resultado es una política en la que los seres humanos son tratados como prescindibles y el espectáculo sirve tanto de distracción como de justificación.
En Estados Unidos, la Carta de Derechos garantiza libertades, pero su fuerza práctica se debilita por la desigualdad estructural y el control concentrado de la comunicación. Tras los atentados del 11 de septiembre, la Ley USA PATRIOT autorizó una vigilancia generalizada en nombre de la defensa de la libertad, normalizando el monitoreo de las comunicaciones privadas (ACLU 2021). Movimientos de protesta como las manifestaciones de Black Lives Matter en 2020 llenaron las calles, pero su urgencia fue absorbida por los circuitos de la cobertura mediática, el enfrentamiento partidista y la monetización corporativa (New York Times 2020). Lo que comienza como protesta a menudo concluye como espectáculo: filmado, reproducido y reencuadrado hasta que el mensaje original se desplaza por la circulación. Mientras tanto, la epidemia de opioides, la indigencia masiva y la quiebra médica revelan cómo millones de vidas se toleran como prescindibles (CDC 2022). Su sufrimiento se reconoce en estadísticas, pero rara vez se atiende en políticas, tratado como un daño colateral dentro de un orden que valora la visibilidad más que el remedio.
Venezuela ofrece un caso más directo. La Ley contra el Odio, aprobada en 2017 por una asamblea constituyente sin legitimidad democrática, se presentó como una medida para proteger la tolerancia y la paz. En la práctica, se ha utilizado para procesar a periodistas, estudiantes y ciudadanos por expresiones que en una sociedad democrática pertenecerían de lleno al ámbito del debate (Amnistía Internacional 2019). Más recientemente, la creación del Consejo Nacional de Ciberseguridad ha ampliado esta lógica, colocando a los administradores de grupos de WhatsApp y Telegram en la posición de vigilantes, multiplicando el miedo y la autocensura entre vecinos y colegas (Transparencia Venezuela 2023). Al mismo tiempo, la privación funciona como instrumento de disciplina: el acceso a alimentos y medicinas se distribuye selectivamente, convirtiendo la escasez en un medio de control (Human Rights Watch 2021). Las concentraciones televisadas y los plebiscitos del Estado representan unidad y lealtad, pero la realidad es una sociedad fracturada por el exilio, con más de siete millones de ciudadanos en el exterior y los que permanecen atados más por necesidad que por consentimiento (ACNUR 2023).
Rusia combina la represión con el teatro patriótico. La Ley de 2002 sobre la Lucha contra la Actividad Extremista y el estatuto de “agentes extranjeros” de 2012 han desmantelado sistemáticamente el periodismo independiente y la sociedad civil (Human Rights Watch 2017), mientras que la ley de 2022 contra la “desacreditación de las fuerzas armadas” criminalizó incluso describir la guerra como guerra (BBC 2022). Se ha detenido a ciudadanos por portar carteles en blanco, mostrando cómo cualquier acto, por simbólico que sea, puede ser castigado si se interpreta como disidencia (Amnistía Internacional 2022). La guerra en Ucrania ha revelado el costo humano de este sistema: reclutas provenientes de regiones pobres y de minorías son enviados al frente, consumiendo sus vidas en nombre de la proyección nacional. En el interior, la televisión estatal ridiculiza la disidencia como traición o manipulación extranjera, mientras desfiles, conmemoraciones y elecciones gestionadas convierten la coerción en deber. La promesa oficial de seguridad y unidad se sostiene no en la convivencia, sino en la negación sistemática de voces plurales, reforzada a la vez por la ley, la propaganda y la representación ritual.
China ilustra el modelo tecnológicamente más integrado. La Ley de Ciberseguridad de 2017 y la Ley de Seguridad de Datos de 2021 obligan a empresas e individuos a someterse al control estatal sobre la información digital, extendiendo la vigilancia a todas las capas de la sociedad (Creemers 2017; Kuo 2021). Las plataformas de redes sociales obligan a los administradores de grupos a supervisar contenidos, trasladando la responsabilidad de la conformidad a los propios ciudadanos (Freedom House 2022). Al mismo tiempo, el espectáculo satura el espacio público: el festival de compras del Día del Soltero en noviembre genera miles de millones en ventas, presentado como prueba de prosperidad y cohesión, mientras los medios estatales exhiben logros tecnológicos como triunfos nacionales (Economist 2021). Comunidades enteras, particularmente en Xinjiang, son designadas como objetivos de reeducación y vigilancia. Se cierran mezquitas, se restringen lenguas y se suprimen tradiciones, todo en nombre de la armonía (Amnistía Internacional 2021). Se invoca la estabilidad, pero la realidad es la negación sistemática de la dignidad: la identidad reducida a una categoría administrativa, la vida cultural desmantelada a voluntad y la existencia misma condicionada a la conformidad con los designios del poder estatal.
En conjunto, estos casos revelan una lógica común. Estados Unidos mercantiliza la disidencia y normaliza el abandono como condición permanente de la vida pública. Venezuela utiliza la privación para imponer disciplina y el cumplimiento resultante se presenta públicamente como lealtad al Estado. Rusia exige sacrificio y transforma la coerción en deber patriótico. China fusiona vigilancia y prosperidad e ingenieriza la conformidad. Comunidades enteras son suprimidas en nombre de la armonía. Los registros difieren —comercial, ritual, militarizado, digital— pero el patrón es compartido: la disidencia es despojada de legitimidad, las vidas son tratadas como prescindibles y los valores universales se invierten para justificar la coerción.
*
Referencias
- ACLU: “Surveillance under the USA PATRIOT Act. American Civil Liberties Union, 2021. Expone cómo tras el 11-S se amplió la vigilancia estatal en nombre de la seguridad, reduciendo derechos de privacidad.
- Amnesty International: Venezuela: “Ley contra el Odio usada para silenciar la disidencia”. Amnesty International, 2019. (Este reporte analiza el uso de la ley de 2017 para procesar ciudadanos y periodistas bajo la retórica de la tolerancia.)
- Amnesty International: “China: Uighurs and Other Muslim Minorities Subjected to Crimes against Humanity”. Amnesty International, 2021. (Este reporte documenta la represión masiva en Xinjiang, incluyendo detenciones arbitrarias, vigilancia y restricciones culturales.)
- Amnesty International: “Russia: Arrests for Blank Signs Show Absurd Repression of Dissent”. Amnesty International, 2022. (Este reporte evidencia cómo cualquier acto simbólico puede ser castigado como disidencia en Rusia.)
- BBC: “Russia Passes Law Banning Criticism of Ukraine War”. BBC News, 2022. (BBC reporta la aprobación de la ley que penaliza críticas a la guerra en Ucrania.)
- CDC: “Drug Overdose Deaths in the U.S. Top 100,000 Annually”. Centers for Disease Control and Prevention, 2022. (El CDC proporciona datos sobre la epidemia de opioides en EE.UU., mostrando vidas tratadas como prescindibles.)
- Creemers, Rogier: “Cybersecurity Law of the People’s Republic of China: Translation with Annotations”. Leiden University, 2017. (Traducción y análisis de la Ley de Ciberseguridad china que institucionaliza el control estatal sobre la información digital.)
- Economist: “China’s Singles’ Day: The World’s Biggest Shopping Festival”. The Economist, 2021. (Este reporte explica cómo el consumo masivo se convierte en espectáculo estatal que exhibe cohesión y prosperidad.)
- Freedom House: “Freedom on the Net 2022: China”. Freedom House, 2022. (Este reporte detalla cómo se delega la censura a los propios ciudadanos, en particular a administradores de grupos en línea.)
- Human Rights Watch: “Russia: Government vs. Rights Groups”. Human Rights Watch, 2017. (HRW analiza las leyes de “agentes extranjeros” que desmantelaron el periodismo independiente y las ONG.)
- Human Rights Watch: “Venezuela’s Humanitarian Emergency: Large-Scale UN Response Needed to Save Lives”. Human Rights Watch, 2021. (HRW expone cómo la escasez de alimentos y medicinas se usa como herramienta de control político.)
- Kuo, Lily: “China Passes Sweeping Data Privacy Law”. The Guardian, 2021. (Kuo informa sobre la Ley de Seguridad de Datos que amplía el control estatal sobre la información digital.)
- New York Times: “How Black Lives Matter Changed the Way Americans Fight for Justice”. The New York Times, 2020. (NYT describe cómo las protestas de 2020 fueron absorbidas como contenido mediático y corporativo, perdiendo impacto político directo.)
- Transparencia Venezuela: “Consejo Nacional de Ciberseguridad: Un Nuevo Mecanismo de Control Ciudadano”. Transparencia Venezuela, 2023. (TV explica cómo el Estado amplía la vigilancia digital y fomenta la autocensura comunitaria.)
- UNHCR: “Venezuelan Refugee and Migrant Crisis”. United Nations High Commissioner for Refugees, 2023. (UNHCR Ofrece cifras de la diáspora venezolana, destacando el costo humano de la represión y la privación.)
Tags: autoritarismo, censura, China, Comparaciones Globales, Derechos humanos, Disidencia, espectáculo, Estados Unidos, Libertad, poder, política, Rusia, Silencio, Venezuela, Vigilancia
Observaciones sobre la percepción 
Leave a comment