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« Desenmascarar la desilusión:  Serie V »

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“Alegoría geométrica”,  pintura digital 2023 de Ricardo Morín  (artista visual estadounidense nacido en Venezuela–1954)

 

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Ricardo F. Morín

26 de Diciembre de 2025

Oakland Park, Fl

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Nota del autor

 

Esta entrega prolonga el Capítulo XII,  “El cuarto signo”,  tras la exposición inicial sobre la autocracia (§§ 1–9).  Su atención se concentra en Venezuela,  examinando §§ 10–25,  donde el marco previamente establecido se somete a una verificación situada.  El capítulo se cierra en una entrega independiente dedicada a “La asimetría de las sanciones” (§§ 26–34).

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Capítulo XII:  Parte 2

 

 

Venezuela

 

10

Para comprender las consecuencias prácticas de la autocracia y de la concentración del poder que la acompaña,  me remito a la obra de Rafael Arráiz Lucca,  Venezuela:   1830 a nuestros días:   Breve historia política [2016].  Allí se presenta una reconstrucción continua de la trayectoria venezolana desde la independencia hasta el presente. [1]   El autor examina transformaciones políticas,  económicas y sociales,  atendiendo tanto a los conflictos iniciales como al ascenso de liderazgos militares.  Su análisis incluye la irrupción de Hugo Chávez,  la formulación de su proyecto ideológico y los efectos acumulativos de sus políticas.  Asimismo,  considera la persistencia de ese legado bajo el gobierno de Nicolás Maduro.  En su lectura,  ambas presidencias encarnaron formas de poder que tendieron a centralizar la autoridad y a restringir la disidencia.

 

11

La trayectoria política del país ha quedado marcada por una prolongada impronta militar.  Desde la independencia en 1811,  veinticinco oficiales ocuparon la presidencia,  acumulando 172 años de ejercicio gubernamental y afianzando la gravitación castrense en la vida política. [2]  La transición hacia la democracia representativa en 1961 introdujo un quiebre significativo,  al abrir un período de treinta y ocho años de gobiernos civiles en el marco del Pacto de Punto Fijo (véase el Capítulo XI).  Este ciclo,  sin embargo,  no estuvo exento de tensiones.  Los acontecimientos del Caracazo en 1989 y el intento de golpe de 1992 evidenciaron la fragilidad del orden civil y la persistencia del recurso al liderazgo militar en contextos de crisis. [3][4]

 

12

El Caracazo y la represión que le siguió expusieron fracturas sociales profundas que socavaron la confianza en la gobernanza civil.  Para amplios sectores,  el desorden y la desilusión reactivaron la percepción de las fuerzas armadas como instancia de contención y orden,  una imagen arraigada en la tradición del caudillismo.  El ascenso de Chávez puede leerse como una consecuencia directa de ese trasfondo histórico:  una figura militar que se ofreció como respuesta a los límites de la política civil.  La violencia posterior a los disturbios,  sumada a la incapacidad estructural para responder a las desigualdades que estos condensaban,  preparó el terreno para el retorno de inclinaciones autocráticas,  formuladas ahora en clave populista.  Se inauguró así una etapa autoritaria configurada tanto por las tensiones del presente como por herencias no resueltas del pasado.

 

13

La presidencia de Hugo Chávez prolongó una tradición autoritaria ya visible durante el régimen del general Marcos Pérez Jiménez. [5]  Como en aquella etapa,  el ingreso petrolero constituyó el sostén principal de la acción gubernamental. [6]

 

14

La noción de “democracia participativa” promovida por Chávez se presentó como un mecanismo de incorporación de sectores históricamente excluidos.  Los consejos comunales y las misiones sociales,  concebidos bajo ese principio,  operaron en la práctica como dispositivos de control político asociados a la ideología bolivariana.  El acceso y la participación quedaron condicionados por la lealtad al liderazgo,  lo que derivó en la exclusión sistemática de quienes disentían.  Esta articulación de populismo y autoridad redefinió la disidencia como falta de compromiso nacional y debilitó la centralidad del derecho,  subordinando los poderes legislativo y judicial al ejecutivo.

 

15

El respaldo explícito de Chávez a Nicolás Maduro en 2012 acentuó la deriva autoritaria. [7]  Diversas organizaciones opositoras —Vente Venezuela,  Primero de Justicia,  Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular— denunciaron la instrumentalización del Consejo Nacional Electoral. [8][9][10][11][12]

 

16

Tras la muerte de Chávez,  Maduro enfrentó cuestionamientos similares en los procesos electorales de 2013 y 2018.  Organismos regionales e internacionales coincidieron en sus objeciones,  entre ellos la Organización de los Estados Americanos,  el Grupo de Lima,  el Grupo de Contacto Internacional y el Grupo de los Siete. [13][14][15]  Human Rights Watch y Amnistía Internacional también pusieron en duda la legitimidad del proceso. [16][17]   Una excepción fue el debate en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (comunicado SC/13719),  que sostuvo la primacía de una resolución interna del conflicto. [18][19]

 

17

Tras la suspensión de Venezuela del Mercosur en 2016,  las respuestas regionales variaron y se ajustaron con los cambios de gobierno. [20][21]  Argentina y Brasil modificaron sus posiciones entre el respaldo a medidas de presión y la apelación a la mediación. [22][23]  Colombia osciló entre la ruptura diplomática y el restablecimiento de vínculos bajo un enfoque de no intervención. [24]  Chile mantuvo una postura sostenida a favor de sanciones y remitió el caso venezolano a la Corte Penal Internacional. [25][26]  Perú expulsó al embajador venezolano tras la disolución de la Asamblea Nacional por el Tribunal Supremo de Justicia y regularizó la situación migratoria. [27]  México pasó de la condena inicial a una política de mediación. [28][29][30]

 

18

En el período previo a las elecciones presidenciales de 2024,  María Corina Machado fue inhabilitada tras imponerse en las primarias de su coalición. [31]  El Tribunal Supremo de Justicia fundamentó su decisión en alegaciones de apoyo a sanciones extranjeras,  presuntos actos de corrupción y responsabilidades vinculadas a Citgo,  filial estadounidense de Petróleos de Venezuela,  S.A.  La negativa a permitirle acceso a los cargos formulados constituyó una vulneración manifiesta del debido proceso.  Su exclusión dejó a Edmundo González Urrutia como candidato unitario de la oposición. [32]

 

19

Ambas campañas recurrieron a prácticas de intimidación.  La coalición opositora desplegó observadores en miles de centros de votación,  mientras el gobierno intensificó la censura informativa y las acciones represivas.  Tras la proclamación de resultados,  las protestas derivaron en muertes extrajudiciales,  detenciones y restricciones severas a la prensa independiente. [33]

 

20

La oposición coordinó su labor con observadores internacionales —entre ellos la Organización de los Estados Americanos,  la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea,  el Centro Carter y la Misión de Estados Unidos ante las Naciones Unidas— para registrar irregularidades. [34][35][36][37]  El gobierno retuvo datos electorales desagregados,  alegando intrusiones informáticas,  e impuso restricciones a los observadores. [38]  El Centro Carter concluyó que el proceso no alcanzó estándares aceptables de transparencia,  equidad e imparcialidad. [39]

 

21

Maduro acusó a Machado y a González de incitar desórdenes y anunció investigaciones por “usurpación de funciones” e “insurrección militar”.  El 8 de agosto de 2024,  González salió del país rumbo a España tras recibir salvoconducto.

 

22

Para situar el estado institucional venezolano,  resulta pertinente atender a los diagnósticos ofrecidos por índices internacionales.  El Índice de Democracia de The Economist Intelligence Unit,  el Índice Global de Libertad de Freedom House y el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional permiten observar,  desde métricas distintas,  el deterioro sostenido del orden democrático.

 

23

El Índice de Democracia asigna valores más altos a sistemas considerados más abiertos.  Freedom House y Transparencia Internacional emplean escalas inversas,  en las que puntajes bajos reflejan restricciones severas y altos niveles de corrupción.

 

24

Según el Índice de Democracia,  Venezuela figuró en 2008 como el país menos democrático de Sudamérica y,  en 2022,  ocupó el puesto 147 de 167. [40]  En 2023,  Freedom House registró niveles mínimos de libertad,  mientras que el Índice de Percepción de la Corrupción asignó al país 13 puntos sobre 100,  situándolo entre los casos más graves a escala global. [41]

 

25

Los informes de Transparencia Internacional correspondientes al período 2012–2023 confirman la persistencia de esa situación. [42]  En 2023,  Venezuela obtuvo 13 puntos sobre 100 y se ubicó en el puesto 177 de 180.  En conjunto,  estos indicadores delinean un panorama coherente de concentración del poder y de deterioro institucional prolongado.

NOTAS FINALES

 

§ 10

  • [1]  Rafael Arráiz Lucca,  Venezuela:  1830 a nuestros días:  Breve historia política (Caracas:  Editorial Alfa,  2016),  15–151,  212–237.  Esta obra ofrece una reconstrucción sostenida de la trayectoria política venezolana desde la independencia.  Su valor reside en mostrar cómo la recurrencia del poder militar,  lejos de ser episódica,  se integra de forma estructural en la formación del Estado.   

§ 11

  • [2]  José Gregorio Petit Primera,  “Presidentes de Venezuela (1811–2012).  Un análisis estadístico-descriptivo”.  Revista Venezolana:  Análisis de Coyuntura (Caracas:  Universidad Central de Venezuela,  XXII-1,  2016),  47–56.  El estudio cuantifica la ocupación militar de la presidencia y permite medir su persistencia como patrón de gobierno.  
  • [3]  El Pacto de Punto Fijo fue un acuerdo político suscrito por Acción Democrática (AD), Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI) y Unión Republicana Democrática (URD).  Su objetivo fue garantizar alternancia,  estabilidad institucional y contención del autoritarismo tras la caída de Marcos Pérez Jiménez (1952–1958).  Si bien permitió una transición democrática prolongada,  también consolidó estructuras partidarias cerradas y exclusiones acumulativas.  

§ 13

  • [5]  Fredy Rincón Noriega, El Nuevo Ideal Nacional y los planes económico-militares de Pérez Jiménez,  1952–1957 (Caracas:  Ediciones Centauro,  1981).  
  • Judith Ewell, The Indictment of a Dictator:  The Extradition and Trial of Marcos Pérez Jiménez (College Station:  Texas A&M University Press,  1981).  
  • Ambos estudios documentan un modelo de centralización autoritaria sostenido por planificación estatal y control militar.  
  •  [6]  Aunque con orientaciones divergentes,  tanto Pérez Jiménez como Chávez estructuraron su acción gubernamental sobre la renta petrolera.  En el primer caso,  esta sostuvo proyectos de modernización infraestructural.  En el segundo,  permitió programas de redistribución que incrementaron la dependencia estructural del Estado respecto del ingreso energético.  

 § 15

  • [12]  El Consejo Nacional Electoral,  órgano encargado de la supervisión electoral, ha sido objeto de acusaciones persistentes de parcialidad.  Diversos actores opositores sostienen que su composición fue progresivamente alineada con el poder ejecutivo, limitando la credibilidad del proceso electoral.  

 

§ 16

  • [13]  El Grupo de Lima, constituido en agosto de 2017, agrupó a Estados americanos con el propósito de coordinar respuestas diplomáticas frente a la crisis venezolana.  
  • [14]  El Grupo de Contacto Internacional, integrado por la Unión Europea,  Costa Rica,  Ecuador y Uruguay, abogó por elecciones verificables y expresó reservas sobre la imparcialidad del Consejo Nacional Electoral.  
  • [15]  El Grupo de los Siete (G7) condenó irregularidades electorales y reclamó supervisión independiente.  
  • [19]  En este debate,  el Consejo optó por una postura de no intervención directa, ofreciendo mediación sin asumir supervisión electoral.  

 

§ 17

  • [21]  Mercosur, Mercado Común del Sur, bloque regional creado en 1991 para promover integración económica.  
  • [30]  México asumió labores de mediación tras las elecciones presidenciales de julio de 2024,  con respaldo de Brasil y Colombia.  

 

§ 18

 

 

§ 19

 

§ 20

  • [38]  La ausencia de resultados electorales desagregados impide auditorías verificables y debilita la legitimidad del proceso.  
  • [39]  La Organización de los Estados Americanos señaló la falta de verificación independiente de los resultados electorales.  

 

§ 24

 

§ 25

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This entry was posted on March 25, 2026 at 6:00 am and is filed under Ensayo político, Diagnóstico institucional, Venezuela, Poder y autoridad. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

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